“La aprobación del convenio supondría un incumplimiento de las Bases del Presupuesto de esta Diputación, puesto que en el expediente no se justifica suficientemente la ausencia de concurrencia competitiva al no acreditarse que el Club Deportivo Ultra Sanabria es el único con capacidad para la organización de los eventos deportivos”. Varios funcionarios de la Diputación de Zamora alertaron en varias ocasiones de los reparos que había para firmar el convenio para organizar maratones de trail running (Ultra Sanabria entre ellos) y otorgar las subvenciones de 100.000, 120.000, 180.000 y 180.000 euros entre 2021 y 2024, que ahora investiga la Justicia.

Los funcionarios también remitieron al informe del Consejo de Cuentas de 2016 que advertía de que la “falta de motivación” en el pago de subvenciones restaba objetividad y no contribuía “a la ejecución más eficiente de las medidas subvencionadas”.

Los dos últimos presidentes de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP) y Francisco Requejo (ex de Ciudadanos y ahora en Zamora Sí) obviaron estas advertencias y siguieron adelante con la concesión de las subvenciones, aunque en circunstancias distintas. Ahora han sido citados como investigados en una causa judicial por supuesto fraude en subvenciones. Faúndez, que informó él mismo a los medios que estaba siendo investigado, ya ha presentado un recurso de reposición. “En el momento en que llegue la providencia tendremos tres días para presentar el recurso”, ha explicado esta semana a los medios.

El Juzgado abrió diligencias el año pasado y la Diputación de Zamora decidió suspender el contrato de patrocinio de ese año y personarse como perjudicada. El PSOE de Zamora se ha personado ya en la causa. También se está investigando al actual diputado de Deportes, Juan del Canto, y el exdiputado del área y actual portavoz municipal del PP en el ayuntamiento de la capital, Jesús María Prada.

El exdiputado de Deportes no había recibido aún la citación cuando elDiario.es se ha puesto en contacto con él. Prada asegura que no sabe ni qué delitos se le imputan y defiende que se realizaron los procedimientos administrativos de manera “normal”. “Hace tres años que no estoy en la Diputación y la única información que tengo es por los medios de comunicación”, explica.

Requejo ignoró los reparos de los altos funcionarios

elDiario.es ha accedido a los expedientes de 2021 a 2024 relativos al convenio firmado para cada año para entregar las subvenciones nominativas al club deportivo Ultra Sanabria. La concesión y firma de tres de los cuatro convenios se resolvieron con los reparos de la Intervención y otros altos funcionarios, a los que ignoró Francisco Requejo —que gobernaba en coalición con el PP—, quien firmó un decreto de “levantamiento de reparo” porque no se justificaba lo suficiente la ausencia de concurrencia competitiva. El exdiputado delegado de Deportes, Jesús María de Prada, que también está siendo investigado, dictó una orden ocho días después del informe de fiscalización en el que ordenaba que se continuara con el procedimiento. Requejo no ha respondido a las preguntas de este medio.

En varios ejercicios se excluyeron algunos gastos que el club intentó incluir como concepto subvencionable como bebida alcohólica o gastos de alojamiento y manutención cuyos destinatarios no se aclararon. Además, el club no desglosó el coste de cada una de las pruebas, ni indicó la tarifa de inscripción.

En 2024, la interventora y el secretario general reclamaron más transparencia en la financiación y pautas “objetivas, razonables y proporcionadas” para garantizar el principio de igualdad. Además, según los expedientes de 2024 se produjeron algunos defectos formales (pagos sin la factura correspondiente) o facturas incompletas, que no fueron abonadas por la Diputación de Zamora.

El informe de fiscalización se resolvió “con advertencias” y pidió exigir que el club utilizara la imagen de las instituciones relacionadas con la Diputación que patrocinaran los eventos para “evitar duplicidades en la financiación”, como sucedió con Alimentos de Zamora en 2023 o con la adquisición de material deportivo en 2021: en ambos casos se rechazó pagar una cantidad porque que ya había sido abonada. El secretario general incluyó recomendaciones pero aprobó el convenio, que fue respaldado en la Junta de Gobierno ordinaria del 26 de junio de 2024.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Ultra Sanabria, que no ha respondido.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Guadalajara y agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara han llevado a cabo un operativo contra el fraude en materia de hidrocarburos que se ha saldado con la detección de una gasolinera que habría suministrado gasóleo bonificado tipo B a vehículos no autorizados.

Además, se detectaron cerca de una decena infracciones en turismos y el uso fraudulento del gasoil en un camión de gran potencia fiscal, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

La actuación fue llevada a cabo por funcionarios de la Unidad Operativa de Guadalajara de Vigilancia Aduanera y componentes del Destacamento del Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Guadalajara, tras obtener información sobre posibles irregularidades en la comercialización de carburantes en una estación de servicio de la provincia.

Durante estas actuaciones, los investigadores realizaron comprobaciones directas en vehículos mediante la extracción de pequeñas muestras del combustible de los depósitos para verificar si estaban utilizando gasóleo bonificado de tipo B o C, destinado exclusivamente a usos agrícolas o determinados sectores autorizados.

Este carburante se distingue por su característica tonalidad rojiza, lo que permite una primera identificación visual que posteriormente se confirma mediante análisis en laboratorios acreditados.

Las muestras recogidas se precintan y se remiten a la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Guadalajara para su análisis y tramitación administrativa.

Como resultado de estas actuaciones se detectaron cerca de una decena infracciones en turismos. También se detectó el uso fraudulento en un camión de gran potencia fiscal. Todos ellos fueron denunciados por infracciones a la Ley de Impuestos Especiales por utilización de gasóleo bonificado en vehículos no autorizados.

En relación con la estación de servicio, los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave o muy grave tipificada en la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales.

Además, podría estar incumpliendo normativa complementaria en materia de control de hidrocarburos y distribución de productos petrolíferos.

Estos dispositivos se enmarcan dentro de una estrategia dirigida a reforzar la vigilancia sobre los impuestos especiales en materia de hidrocarburos y evitar prácticas que generen competencia desleal entre los sectores autorizados para utilizar este tipo de carburantes.

La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.

Fraude en la facturación, pero no en la hoja de quirófano. Fuentes sanitarias han insistido a este diario que la trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha afectado a pacientes. Según su relato, cada prótesis posee un número de serie único, con el objetivo de monitorizar su trazabilidad. A efectos de facturación figuran los códigos de prótesis caducadas, pero no sospechan que se hayan podido usar en intervenciones quirúrgicas. No constan prótesis caducadas en la hoja de quirófano de ninguna intervención: “Hemos llegado a ver ocho pegatinas de facturación, aunque en la hoja de quirófano solo constaba una”, han relatado, indicando que los implicados llegaron a facturar productos copiando los códigos a mano.

Según las mismas fuentes, hubo fraude en la facturación, y en los partes de implantes figuraba un mayor número de prótesis -algunas caducadas- y se facturaban todas ellas. Sin embargo, en las historias clínicas de los pacientes “sí que aparece el material adecuado”.

Sobre por qué la trama pudo mantenerse en activo durante años, fuentes sanitarias han recordado que los implicados estaban totalmente permeados en todas las fases relativas a la gestión de las prótesis, desde su adquisición hasta su facturación: “Había toda una cadena que oscurecía el fraude”, han detallado.

En el año 2024 la Unidad de Inspección Médica del SMS envió a Fiscalía el primer informe alertando de posibles irregularidades. Más tarde, en el año 2025, se inició una investigación en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía.

En principio, la Policía Nacional había asegurado en un comunicado que se habían llegado a “utilizar en las operaciones médicas productos sanitarios caducados”. Por el momento, el Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca ha comprobado que los 380 pacientes intervenidos por los dos facultativos investigados no han tenido una complicación derivada de prótesis caducadas. Se espera que, de cara al verano, se habrá comprobado a los pacientes uno a uno.

En total, once personas han sido detenidas. Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros. Fuentes sanitarias han asegurado que la Comunidad “ya ha recuperado parte del dinero”, aunque se desconoce la cuantía.

El Tribunal de Instancia de Murcia acordó este jueves la libertad provisional de dos de los investigados con medidas cautelares. Se trata del médico de la Arrixaca y del comercial de la empresa el sector médico Logimed. El magistrado instructor, titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción, sí aprecia indicios “de todos o algunos de los delitos” por los que se ha abierto el procedimiento. Según fuentes sanitarias, el facultativo no está actualmente en activo. Se desconoce si están apartados del servicio el resto de implicados que forman parte del SMS.

Deberán comparecer quincenalmente ante el órgano judicial, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibida la salida del territorio nacional mientras se tramite la causa.

La oposición pide la dimisión del consejero de Salud

Podemos ha solicitado la intervención de la Alta Inspección Sanitaria del Estado en la trama de las prótesis caducadas del SMS. La formación morada ha alertado de la “práctica sistemática” de derivaciones a la sanidad privada que lleva a cabo la Consejería de Salud: “Es en hospitales privados donde se han implantado los materiales caducados, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes. Un entramado corrupto que ha operado durante cinco años sin que nadie diera la señal de aviso”, ha alertado su portavoz en la Región de Murcia, Víctor Egío.

Por su parte, el secretario del PSOE en la Región de Murcia y delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, ha exigido la dimisión del consejero de Salud: “Cualquiera puede estar entre los afectados”.

Compraban productos sanitarios sin homologar a precios inflados y los empleaban en centros sanitarios de la Región de Murcia. Así operaban, presuntamente, los once detenidos por fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros.

De acuerdo con el diario local La Verdad, entre los detenidos se encuentra el antiguo comercial de la empresa del sector médico Logimed, dos exjefes de la central de compras del SMS y dos médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca. Según la investigación de la Policía Nacional, que comenzó en enero del año 2025, el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento. Se facturaban servicios que “debían ser gratuitos” y por material sanitario que “no había sido utilizado”. En operaciones médicas, incluso, se llegaron a emplear productos sanitarios “caducados”: “Un riesgo para la salud pública”, han definido desde la Policía Nacional.

El presunto entramado criminal introducía datos falsos en el sistema contable “con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos”, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. En total, la investigación ha identificado al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, “desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible”.

Según las investigaciones, los implicados tenían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contaban con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación: “Junto con la ausencia de licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público”, ha explicado la Policía Nacional. Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

Se ha consolidado como una herramienta fundamental para millones de usuarios que buscan inmediatez y sencillez en sus transacciones financieras diarias. Sin embargo, la popularidad de Bizum no ha pasado inadvertida para los ciberdelincuentes, quienes explotan la agilidad del sistema para ejecutar fraudes cada vez más sofisticados. El Banco de España, de hecho, ha emitido alertas advirtiendo sobre el incremento de estas prácticas delictivas que afectan directamente a la seguridad de los usuarios. 

Los atacantes emplean diversas técnicas con el fin de manipular y presionar a sus víctimas en momentos de distracción o urgencia. Este entorno digital cambiante exige que la ciudadanía esté plenamente informada sobre los riesgos asociados a las nuevas funcionalidades de pago instantáneo. La clave para no caer en el engaño reside en comprender profundamente el funcionamiento técnico de las herramientas que utilizamos en nuestros dispositivos móviles.

Ante la creciente vulnerabilidad, las autoridades financieras insisten en la necesidad de extremar la precaución durante cualquier operación monetaria realizada de forma telemática. El núcleo de esta estafa emergente, conocida como Bizum inverso, reside en un cambio sutil pero letal de la operación financiera estándar. Mientras que en un envío normal el emisor transfiere fondos, en este fraude el delincuente utiliza deliberadamente la opción de solicitud de dinero. La víctima recibe una notificación en su terminal que, a primera vista, parece un ingreso de fondos pendiente de ser aceptado por el usuario. Sin embargo, al pulsar sobre el mensaje para confirmar la acción, el usuario está autorizando realmente un cargo directo en su propia cuenta bancaria. 

El dinero se transfiere de manera instantánea al estafador, dejando al estafado con un saldo negativo inesperado y con pocas posibilidades de reversión. Los criminales aprovechan que muchos usuarios desconocen que Bizum permite tanto enviar como pedir cantidades específicas de dinero a cualquier contacto. Este desconocimiento técnico es el pilar fundamental sobre el que se construye el éxito de esta peligrosa y habitual modalidad de robo digital. Es fundamental leer con extremo detenimiento cada palabra de las notificaciones bancarias antes de proceder a cualquier validación.

Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano son el escenario predilecto donde estos ciberdelincuentes despliegan sus anzuelos más efectivos. Aplicaciones populares suelen ser el canal de comunicación inicial entre el estafador y su víctima potencial. El proceso comienza cuando un supuesto comprador contacta con un vendedor mostrando un interés inmediato y excesivo por un producto anunciado recientemente. Para asegurar la reserva, el atacante propone realizar un pago rápido a través de Bizum como una supuesta señal de buena voluntad. En lugar de efectuar el ingreso prometido, envía una solicitud de cobro bajo el pretexto de que es el trámite necesario para la transacción. El vendedor, ansioso por cerrar la venta, suele actuar con rapidez y acepta la notificación sin revisar los detalles financieros del mensaje. Al finalizar el proceso, la persona descubre con asombro que no ha recibido ninguna señal, sino que ha regalado su propio capital. 

Este tipo de engaño se repite con frecuencia debido a la confianza ciega que los usuarios depositan en la aplicación del banco. La efectividad del Bizum inverso no se debe a un fallo técnico de la aplicación, sino a la manipulación psicológica del individuo. Los estafadores suelen utilizar excusas de urgencia extrema o problemas técnicos ficticios para presionar al usuario y evitar que este reflexione. Al generar una sensación de prisa, logran que la víctima actúe de manera impulsiva sin analizar la veracidad de la notificación recibida. 

Los mensajes a menudo están redactados de forma confusa o contienen enlaces externos que redirigen a sitios web maliciosos y fraudulentos. En ocasiones, los delincuentes incluso suplantan la identidad de empresas conocidas o servicios oficiales para ganar una capa extra de credibilidad. El Banco de España subraya que estos criminales son expertos en detectar la falta de familiaridad de las personas con la tecnología. Por ello, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de seguridad de las transacciones financieras online.

Un concepto fundamental que todo usuario debe interiorizar es que recibir dinero mediante este sistema no requiere ninguna acción adicional. Cuando alguien nos envía fondos de forma legítima, el ingreso se refleja automáticamente en nuestro saldo bancario sin intervenciones manuales del receptor. Cualquier notificación que nos inste a aceptar, confirmar o validar un ingreso recibido debe ser tratada de inmediato como una alarma. La aplicación de Bizum únicamente solicita la intervención del usuario cuando este va a realizar un pago o autorizar una solicitud ajena. Por lo tanto, si uno está esperando cobrar una venta, jamás debería tener que pulsar botones de confirmación en su pantalla móvil.

Bloquear y denunciar

Para prevenir estos incidentes, es vital adoptar una serie de hábitos de seguridad robustos en nuestra interacción con las finanzas digitales. Siempre se debe desconfiar de compradores que acepten precios elevados de inmediato sin negociar ni preguntar por el estado del objeto. Es recomendable verificar el perfil, la antigüedad y las valoraciones de cualquier persona que nos contacte en una red de compraventa. Nunca se deben compartir datos personales sensibles ni información bancaria privada con individuos desconocidos a través de chats o llamadas telefónicas. Si un supuesto conocido nos pide dinero, es prudente confirmar su identidad mediante otro canal de comunicación como una llamada directa.

Si desgraciadamente ya se ha producido la estafa, el tiempo de reacción es un factor crítico para intentar mitigar el daño económico. Lo primero que debe hacer el afectado es contactar inmediatamente con su entidad bancaria para informar de la transacción fraudulenta realizada. Es fundamental solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas o tarjetas si se sospecha que las credenciales han sido comprometidas seriamente. Aunque las operaciones en este sistema suelen ser irreversibles, el banco evaluará si existe alguna posibilidad legal de recuperar el dinero. El siguiente paso obligatorio es interponer una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía. Para que la investigación sea efectiva, se deben aportar todas las pruebas posibles como capturas de mensajes y números de teléfono.

El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra se enfrenta a una petición fiscal global de 15 años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras 14 personas por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

También están implicadas una veintena de empresas por el presunto fraude entre marzo y octubre de 2020 después de que los investigadores detectaran una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

A Parra el fiscal también le pide una multa de 30 millones de euros y seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el delito contra la hacienda pública. También le exige otra multa de 15 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales, según el escrito acusatorio.

Competencia desleal en gasolineras

La acusación pública destaca que Parra, además del dinero defraudado, presuntamente hizo competencia desleal “reprochable”, ya que “reventó” el mercado y presumía diciendo que tenía la gasolina más barata de España en sus gasolineras.

Para el fiscal, Parra no solo se enriqueció injustamente al apoderarse del IVA que debía haber ingresado a Hacienda, sino que parte del combustible se vendió a las estaciones de servicio de las que él era propietario, lo que le dio la posibilidad de disponer de materia prima a precios inferiores a los de mercado.

El ministerio público mantiene que Joaquín Parra fue supuestamente “el cabecilla de la operación” y entre los implicados hay familiares (un hijo y su mujer), así como amigos y trabajadores de su plena confianza.

Joaquín Parra y su hijo ya habían sido detenidos con anterioridad a este caso como responsables de la mercantil Carburantes Nafta en otro procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (precisamente por fraude del IVA en la venta de hidrocarburos).

Por el presunto fraude que se va a juzgar en Málaga, Parra estuvo en prisión preventiva desde julio de 2021 (siendo presidente del CD Badajoz) a julio de 2022.

Liquidaciones de IVA anómalas

La investigación se inició en 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos.

Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre de personas de confianza que participaban activamente en el fraude.

Estas empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 un total de 13,1 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Un complejo entramado societario

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también logró descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.

Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga (en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital), además de en Sevilla y Madrid.

El dinero defraudado, según el fiscal, permitía a los detenidos llevar un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.

Los investigadores creen también que Parra podría haber desviado un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio 'Nuevo Vivero'. 

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha denunciado lo que considera “un escándalo” en la gestión del alcalde, Francisco Cañizares (PP), tras destinarse cerca de 4.500 euros de fondos del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) “a sufragar gastos relacionados con un acto del Partido Popular Europeo celebrado en la capital”.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha acusado al regidor de realizar “una utilización partidista y absolutamente vergonzosa del dinero público” y ha advertido de que “este asunto no termina aquí, porque el PSOE seguirá exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas”, explican desde la formación política.

Según ha explicado Martínez en rueda de prensa, el Gobierno municipal habría cargado al Plan Estratégico del IMPEFE varias facturas vinculadas directamente a un encuentro político del Partido Popular Europeo. Entre los gastos asegura el PSOE “se encuentran 2.500 euros para la sonorización del acto, 1.820 euros destinados a una cena y otros 170 euros correspondientes a una visita cultural, alcanzando un importe cercano a los 4.500 euros”.

“No estamos hablando de dinero abstracto, sino de recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que deberían destinarse a generar empleo, apoyar al pequeño comercio, a autónomos y autónomas, a planes de formación y a oportunidades laborales para jóvenes y personas desempleadas”, ha lamentado Martínez.

La Guardia Civil ha tramitado tres actas de denuncia en La Rioja contra una empresa de transportes tras detectar que tres de sus camiones utilizaban, presuntamente, gasóleo bonificado tipo B, un carburante reservado exclusivamente para el sector agrícola y otros usos específicamente regulados.

La actuación tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 399 de la carretera N-232, en el término municipal de Agoncillo-Recajo. Agentes del Equipo de Transportes y del Destacamento de Tráfico de Logroño interceptaron los vehículos para realizar un control integral que abarcó desde la verificación del combustible y la estiba de la carga hasta el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, así como la vigencia de toda la documentación reglamentaria.

Durante la inspección técnica de los depósitos, los agentes detectaron el presunto uso indebido del gasóleo bonificado. Esta práctica constituye una infracción administrativa grave de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, ya que no solo supone un fraude a la Hacienda Pública, sino que también genera una situación de competencia desleal frente a las empresas del sector que cumplen la normativa.

Las sanciones por el uso de combustible agrícola en vehículos no autorizados oscilan entre los 601 y los 12.000 euros, cuantías que podrían duplicarse en caso de reincidencia. Además de la sanción económica, la normativa vigente contempla la inmovilización y el precinto del vehículo por un periodo de entre uno y doce meses.

Batería de infracciones adicionales

Más allá del fraude relacionado con el uso indebido de combustible bonificado, la inspección exhaustiva de los tres camiones permitió detectar diversas irregularidades que afectan a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Todas estas infracciones son responsabilidad directa de la empresa titular de los vehículos, al ser la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que sus unidades circulen con todas las garantías legales y técnicas exigidas.

Propuestas de sanción:

Las actas por las infracciones detectadas han sido remitidas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, así como a la Consejería de Transportes del Gobierno de La Rioja, organismos encargados de la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas (un hombre y una mujer) por dos delitos de fraude de subvenciones en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de falsedad documental, según ha informado el cuerpo a través de un comunicado.

El heredero de una de las parcelas que se utilizaban para el fraude denunció ante la Policía Nacional de Andalucía que uno de los investigados había cobrado las ayudas de la PAC entre 2021 y 2025 por una parcela en Valcabado (Zamora) que en realidad no tenía arrendada ni tenía permiso para cobrar las ayudas europeas.

Los agentes del Eprona (Equipo de Investigación del Seprona) han llevado el caso. El comunicado señala que los investigados solicitaron en un único trámite las ayudas de la PAC de varias parcelas “reflejando datos que no se ajustan a lo legalmente establecido”.

Esta es la última investigación sobre fraude de fondos europeos en Castilla y León Recientemente, la Guardia Civil ha detenido al exalcalde de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual (PSOE), como investigado por delitos económicos, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria bajo supervisión de la Fiscalía Europea. El fraude fiscal de Pascual habría alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

Hace tres años, la Guardia Civil también informó de que investigaba a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la PAC con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. Se trataba de 22 personas físicas y ocho empresas acusadas de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

La Agencia Tributaria ha informado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Mascarillas que la cuota que presuntamente defraudó el empresario Víctor de Aldama con los contratos para la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes ascendió a 2,4 millones de euros. No obstante, especifica que la cuota exigible al conseguidor es de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, los inspectores apuntan a que tanto Aldama como la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, emplearon “mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal correspondiente al ejercicio 2020” porque sabían que los beneficios obtenidos por esa intermediación en la compra de material sanitario “iban a ser relevantes”.

En este sentido, en sus conclusiones, la Agencia Tributaria indica que Soluciones de Gestión minoró la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, “las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa”. Así, en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2019 que presentó en julio de 2020, esa mercantil ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos (todos adjudicados antes de julio de 2020, salvo el del Gobierno de Canarias). Y así, en dicha declaración generó una base imponible negativa de 800.000 euros, originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada. Y esa operación concreta, es lo que ponen los inspectores en cuestión.

Advierten así, que esa base imponible negativa “se compensó de manera falaz en el ejercicio 2020” con el objetivo de “reducir la carga impositiva derivada de los importantes beneficios obtenidos en el negocio de las mascarillas”. Y subraya que el principal interesado en esta minoración de la base imponible era el empresario Juan Carlos Cueto, “titular real del Grupo Cueto” e investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Cueto, un “control efectivo”

Por otro lado, recuerdan que la mayor parte de los beneficios del negocio millonario de las mascarillas se “residenciaron” en las entidades controladas por Aldama y por Cueto, y por eso entiende que existen indicios de responsabilidad penal por un delito contra la Hacienda Pública vinculado al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2020.

En el caso de Aldama, incide que vehiculó a través de las sociedades “interpuestas de manera artificiosa” Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL la facturación de “sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal”.

Añade que también se considera que hay indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública para Soluciones de Gestión por esa minoración de la cuota a declarar. E incide en que Cueto “ejercía el control efectivo sobre dicha entidad sobre la contratación pública adjudicada”.

Un any i mig després de ser arrestat a Taiwan amb diverses ordres de detenció internacional a l’esquena, l'empresari mallorquí Salvador Llinàs ha acceptat aquest dimecres una condemna de quatre anys i deu mesos de presó per estafar 20 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 3.500 cotxes a diversos països europeus. L'acusat es va apoderar de vehicles que prèviament havia llogat a entitats financeres i concessionaris, mai no va retornar els turismes i va acabar revenent-los de manera il·legal.

Llinàs s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Balears, on les parts han pactat una sentència de conformitat que rebaixa de manera notable la petició inicial de la Fiscalia, que s'elevava a nou anys de presó. A més de la pena de presó, l'empresari haurà d'abonar una multa d'uns 2.800 euros, mentre que la resta de reclamacions econòmiques seguiran el seu curs en la jurisdicció civil.

Els fets es remunten al 2018, quan Llinàs era administrador únic d'IMT Holding Spain, matriu de les societats Balear Sport Car i Autoclik. Aquesta última operava també en altres països europeus com Itàlia, França, Portugal i Bèlgica sota un model de negoci basat en el lloguer de vehicles sense conductor.

Tal com ha reconegut el mateix acusat, el frau va consistir a vendre cotxes que no eren de la seva propietat. Tot i que els contractes de renting o leasing prohibien expressament la seva venda o cessió, Llinàs va ignorar aquestes condicions i va procedir a comercialitzar-los a particulars i empreses, presentant factures que simulaven que tenia plena capacitat per disposar dels vehicles.

En molts casos, els compradors rebien el cotxe, però no la documentació original, ja que l'empresari no n’era el titular real. L'operativa també es va estendre a l'estranger, on va arribar a vendre desenes de vehicles adquirits mitjançant finançament bancari, vulnerant igualment les condicions contractuals.

La investigació calcula que es va desprendre de manera fraudulenta de fins a 3.568 vehicles repartits per diferents llocs d'Espanya, com Barcelona, Madrid, Alacant, Màlaga o Canàries, i diversos països europeus, generant un perjudici econòmic milionari.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclik, les oficines es trobaven buides. No hi quedava res ni ningú.

D'acord amb les perquisicions dutes a terme en el seu moment, Llinàs havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fuga, tal com van publicar en el seu moment Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va posar en marxa diverses empreses, entre elles Iberico Food Services Co. i, al juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte de Da'an, a Taipei, al qual va denominar Malavida, operat per xefs d'Espanya i dels Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a la taula... com la vida indulgent”, es promocionava el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de cerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va dotar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada donada la gravetat dels càrrecs en contra seva, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat”.

Llinàs va ser detingut el 20 d'octubre de 2024 a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per revendre'ls posteriorment de manera il·lícita. Posteriorment, va ser traslladat a Alemanya, on va romandre prop d'un mes en presó provisional abans de ser lliurat a Espanya en virtut d'una ordre europea de detenció.

El cas, que ha afectat tant empreses de lloguer com compradors particulars, continuarà obert en l'àmbit civil per dirimir les indemnitzacions derivades del frau.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.

Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza ha detectado recientemente un intento de fraude dirigido a un centro educativo de la provincia, en el que una persona ajena al organismo se hizo pasar por el director provincial para solicitar el ingreso de una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria.

Desde la Dirección Provincial se informa de que no se remiten nunca indicaciones de este tipo sin los cauces administrativos oficiales y debidamente acreditados. Tras tener conocimiento de los hechos, desde el Servicio Provincial se ha actuado de manera inmediata, informando a las direcciones de todos los centros educativos mediante correo electrónico y nota GIR, con el fin de alertar y prevenir posibles situaciones similares.

No obstante, y ante la gravedad de este tipo de prácticas fraudulentas, se ruega la máxima difusión de este aviso para evitar que puedan producirse nuevos intentos de estafa que deriven en perjuicios económicos o administrativos.

El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que impide realizar cualquier comunicación comercial telefónica a través de números que no comiencen por el prefijo 400. La medida, que forma parte del Plan Antiestafas, fija octubre como fecha límite para que las operadoras bloqueen cualquier intento de contacto publicitario que no utilice esta nueva numeración.

“En el día de hoy hemos publicado en el BOE una instrucción que va a obligar a que todas las operadoras telefónicas obliguen a todas las empresas a hacer las llamadas comerciales, siempre con un número 400”, ha detallado el ministro Óscar López este martes en un evento de AMETIC, la patronal tecnológica. “Esta medida entrará en vigor a partir de octubre y por lo tanto, todos los ciudadanos que sepan que a partir de octubre solo podrán recibir llamadas comerciales que entren de un número 400 y el resto serán bloqueadas”.

Los nuevos números 400 serán unidireccionales. Esto significa que los ciudadanos podrán recibir la comunicación, pero el sistema les impedirá devolver la llamada a ese mismo número. Con esta restricción, el Gobierno busca neutralizar las estafas de rellamada, en las que los ciberdelincuentes intentan que la víctima contacte con números de tarificación especial dejándole un gancho en un primer contacto.

Además de la imposición del nuevo prefijo, las operadoras de telecomunicaciones también deberán permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a los números 400.

Registro de nombres contra el fraude por SMS

El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. Con el objetivo de frenar las suplantaciones de identidad de empresas e instituciones a través de SMS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro oficial donde todos los organismos deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como remitentes.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”. A partir del 7 de junio, las operadoras tienen la orden de bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no figure en esta base de datos verificada.

Estas medidas se suman a un protocolo previo que, desde marzo de 2025, prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente, obligando al uso de números cortos, fijos locales o rangos gratuitos (800 y 900).

El ministro ha defendido que esas primeras medidas han servico para frenar millones de contactos publicitarios y estafas. “Con las medidas que hemos puesto hasta ahora, hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS”. Según datos del sector, compañías como Telefónica interceptan actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día antes de que lleguen al terminal del usuario final.

La nueva normativa se aplicará a todas las compañías, con la única excepción de las pequeñas operadoras de luz, gas y teléfono que posean menos de un 5% de cuota de mercado, cuenten con menos de 250 trabajadores o facturen menos de 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento tras la entrada en vigor, los ciudadanos podrán denunciar directamente ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.

Recibir llamadas desde números desconocidos forman parte de la rutina diaria de muchas personas, pero en algunos casos esconden intentos de fraude. En los últimos años, este tipo de estafas se ha extendido aprovechando la facilidad con la que se puede contactar con cualquier persona a través del teléfono móvil. Los delincuentes utilizan estrategias cada vez más elaboradas para generar confianza, desde aparentar ser una empresa conocida hasta simular situaciones urgentes que requieren una respuesta inmediata.

El problema no está solo en la llamada en sí, sino en cómo se gestiona ese primer contacto. En muchos casos, la persona que recibe la comunicación no dispone de tiempo para comprobar la información y actúa de forma rápida ante la presión. Ese margen reducido de reacción es precisamente lo que buscan quienes están detrás de este tipo de engaños, ya que facilita que se compartan datos personales o bancarios sin verificar previamente su uso.

Para intentar reducir este riesgo, la Policía Nacional ha reforzado sus mensajes de prevención con recomendaciones concretas que pueden aplicarse en el día a día. Entre ellas destaca el método LAP, una pauta sencilla que propone analizar cada llamada en tres pasos antes de decidir cómo actuar. Su objetivo es introducir un filtro básico que permita identificar señales de alerta y evitar decisiones impulsivas ante contactos inesperados.

Método LAP: cómo aplicarlo paso a paso

El método LAP se basa en tres acciones: localizar, autor y propósito. Estas fases permiten evaluar una llamada desde distintos ángulos antes de decidir cómo actuar.

Paso 1. Localización

El primer paso, localización, consiste en revisar el número que aparece en pantalla antes de responder. La recomendación es fijarse especialmente en el prefijo. En España, los números nacionales comienzan por +34, por lo que cualquier llamada con un prefijo distinto puede ser motivo de precaución si no se espera contacto desde el extranjero. Los intentos de fraude suelen utilizar numeraciones internacionales o combinaciones que imitan teléfonos locales para generar confianza. Por ello, si no existe relación con el país de origen o no se espera ninguna llamada, lo más prudente es no responder.

Paso 2: Autoría

El segundo paso, autor, se aplica en caso de haber contestado. En este punto, la clave es comprobar quién está al otro lado de la línea. Para hacerlo, se puede pedir algún dato que permita confirmar la identidad del interlocutor. Si la persona no puede acreditar quién es o afirma representar a una entidad con la que no existe relación, la recomendación es finalizar la llamada. Esta verificación resulta especialmente relevante en un contexto en el que la suplantación de identidad es una técnica frecuente.

Paso 3: Propósito

El tercer paso, propósito, se centra en entender el motivo de la llamada. Aquí se evalúa qué tipo de información solicita el interlocutor y con qué objetivo. Una señal clara de alerta es la petición de datos personales, bancarios o cualquier información sensible. También lo es la insistencia en obtener una respuesta inmediata. En estos casos, las indicaciones son claras: no facilitar datos, mantener la calma y colgar cuanto antes. Tras ello, se recomienda bloquear el número para evitar nuevos intentos de contacto.

Recomendaciones adicionales ante llamadas sospechosas

Una de las pautas más repetidas por las autoridades es evitar reaccionar con prisa. Muchas de estas llamadas están diseñadas para generar sensación de urgencia, lo que reduce la capacidad de análisis. Ante este tipo de situaciones, se recomienda detenerse unos segundos, escuchar con atención y no tomar decisiones inmediatas. Esa pausa puede ser suficiente para detectar incoherencias o elementos sospechosos en el mensaje.

También se insiste en no facilitar información personal en llamadas que no han sido iniciadas por el propio usuario. Datos como contraseñas, códigos de verificación o información bancaria no deben compartirse en este tipo de comunicaciones. Si durante la conversación se solicita alguno de estos elementos, la recomendación es interrumpirla. Este tipo de peticiones se considera un indicio claro de intento de fraude.

Otra medida importante es comprobar la información por vías independientes. Esto implica no dar por válida la llamada sin contrastar previamente el contenido. En caso de duda, lo más recomendable es colgar y contactar directamente con la entidad correspondiente utilizando sus canales oficiales. Este paso permite confirmar si la comunicación es legítima sin exponerse a posibles engaños.

Por último, se aconseja utilizar las herramientas disponibles en el teléfono para reforzar la protección. Bloquear números sospechosos puede evitar nuevas llamadas, y algunas funciones permiten identificar contactos potencialmente peligrosos. Aun así, estas opciones deben entenderse como un complemento, ya que la clave sigue siendo mantener una actitud prudente y aplicar criterios de verificación en cada caso.

Tanto el método LAP como estas recomendaciones buscan ofrecer una respuesta práctica ante un problema que forma parte del uso cotidiano del teléfono. La combinación de revisión del número, comprobación de la identidad y análisis del motivo de la llamada permite reducir de forma significativa el riesgo de caer en una estafa.

La Guardia Civil y la Jefatura de Tráfico en La Rioja detectan por primera vez el uso de “gafas inteligentes” para el fraude en exámenes de conducir. En lo que va de año, veinte personas han sido interceptadas utilizando métodos tecnológicos para copiar en los examenes en Logroño y Calahorra.

La estrecha colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil ha permitido interceptar, por primera vez, a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes -smart glasses- para transmitir las imágenes del examen al exterior, “marcando un hito en la detección del fraude tecnológico”.

Este hallazgo supone un punto de inflexión en las inspecciones rutinarias que realiza el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil junto al equipo de examinadores de la Dirección General de Tráfico. Si bien el uso de “pinganillos” y teléfonos móviles ocultos es recurrente, la incorporación de gafas de alta tecnología evidencia una creciente profesionalización de las redes que suministran estos equipos.

El dispositivo permitía al aspirante captar la pantalla del examen de forma natural, sin movimientos sospechosos, enviando la señal en tiempo real a una persona situada en el exterior, quien le dictaba las respuestas correctas a través de un minúsculo audífono.

Pagaban entre 1.300 y 2.500 euros

Desde comienzos de año, las inspecciones realizadas en las sedes de Logroño y Calahorra han permitido identificar a un total de 20 personas de distintas nacionalidades con edades comprendidas entre los 24 y los 59 años. Los implicados, residentes en provincias como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda externa de manera fraudulenta. La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial califica estas conductas como infracciones muy graves. Como consecuencia, se han aplicado las siguientes medidas a los implicados:

Estas actuaciones resultan fundamentales para garantizar la seguridad vial. Permitir que personas que no poseen los conocimientos teóricos básicos obtengan un permiso de conducción mediante fraude supondría un grave riesgo para la integridad y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. La detección y persecución de estas prácticas evita que conductores sin la formación necesaria accedan a la circulación, protegiendo así al conjunto de la sociedad.

Ambas instituciones mantienen una vigilancia constante y continúan adaptando sus protocolos de inspección ante la aparición de nuevas herramientas tecnológicas que intentan vulnerar la transparencia de los procesos administrativos.

Crisis de consecuencias impredecibles en Grecia. Dos ministros y un viceministro del Gobierno conservador de Grecia han presentado este viernes su dimisión, después de que la Fiscalía Europea (EPPO) haya solicitado al Parlamento griego que les retire la inmunidad para facilitar la investigación por una supuesta malversación de subsidios comunitarios al sector agrícola.

Se trata del ministro de Agricultura, Kostas Tsiaras; el de Protección Civil y Crisis Climática, Yannis Vardinoyannis; y el viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopulos, investigados los tres por la EPPO por hechos acaecidos en 2021 cuando eran solo diputados.

También ha presentado su dimisión Kostas Skrekas, secretario general de Nueva Democracia (ND), el partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Skrekas es uno de los once diputados conservadores para los que la EPPO solicita al Parlamento levantar su inmunidad.

Desde el año pasado, las autoridades griegas han detenido a decenas de personas que obtuvieron de forma ilegal subsidios millonarios por parte de OPEKEPE, la agencia estatal encargada de distribuir los fondos agrícolas europeos, después de declarar propiedades de tierra o ganado inexistentes. La prensa griega indica que desde 2019 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida. 

La oposición pide elecciones anticipadas

“Las dimisiones de ministros no son suficientes. La responsabilidad política de los escándalos, la corrupción y la podredumbre recae en el propio Mitsotakis. En estos casos, la solución la tienen las urnas y el pueblo”, señaló en un comunicado el partido izquierdista Syriza.

Nikus Andrulakis, presidente del mayor partido de oposición, el socialista Pasok, pidió también este jueves en el Parlamento convocar elecciones anticipadas debido al escándalo.

Antes de las dimisiones Mitsotakis había adelantado que este viernes anunciaría una reestructuración de su gabinete, por lo que ya se esperaba la salida del Gobierno de los ministros supuestamente implicado en el fraude.

El 1 de abril, el Fiscal Jefe Europeo solicitó al Parlamento griego la revocación de la inmunidad de 11 diputados en activo en el marco de una investigación sobre un presunto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Cinco exdiputados también están siendo investigados. Paralelamente, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Atenas (Grecia) remitió al Parlamento helénico información sobre la presunta implicación de un exministro y del viceministro de Desarrollo Rural y Alimentación.

La EPPO mantiene varias investigaciones en curso sobre un presunto esquema de fraude organizado que involucra a funcionarios de la Agencia de Pago y Control para la Orientación y Garantía de Ayudas Comunitarias. Para que la fiscalía europea pueda continuar con la investigación y establecer los hechos, buscando tanto pruebas incriminatorias como exculpatorias, se solicitó la revocación de la inmunidad de los 11 diputados en activo.

La investigación se centra en presuntos delitos y faltas contra los intereses financieros de la UE, incluyendo instigación a la violación de la confianza, fraude informático y falsificación de declaraciones con el fin de obtener para otro un beneficio ilícito.

La voluntad de las partes de llegar a un acuerdo ha retrasado hasta el 27 de abril el juicio contra el exdirector gerente de una bodega riojana, según ha señalado el TSJR. El juicio estaba señalado para esta mañana, en la Audiencia Provincial, si bien ha sido suspendido a petición de las partes que han solicitado tiempo para poder llegar a un acuerdo. Se ha vuelto a señalar para el 27 de abril a las 9,45 horas.

El Fiscal solicita una pena de 4 años de cárcel para el exdirector gerente que se apropió de importantes cantidades de dinero de su empresa sin justificar, para su propio beneficio, y cargó en las cuentas de la sociedad más gastos por múltiples viajes que no guardaban relación con su actividad comercial. Entre todo ello, el acusado habría podido defraudar más de 1,9 millones de euros

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, J.B.O., mayor de edad y sin antecedentes penales, fue director gerente y consejero delegado de un grupo vinícola riojano durante más de 11 años hasta que en el año 2014 se le despidió. Por sus cargos J.B.O. tenía asignadas retribuciones importantes que podían aumentar con ingresos extraordinarios. Además disponía de tarjetas 'VISA' de acuerdo a las prestaciones laborales que realizaba y siempre en beneficio de la empresa.

La calificación explica que durante cuatro años -de 2010 a 2014- éste, en perjuicio de la sociedad y de sus miembros, realizó retiradas de efectivo y lo hacía sin justificación por importe de 267.815,90 euros, con el ánimo de apropiarse de esas cantidades. Las retiradas se realizaban desde cuentas bancarias o de la caja de la empresa y eran registradas como gastos “sin ninguna facturación o recibo o liquidación de gastos”.

Además cargó en las cuentas de la sociedad -a través de varias tarjetas y aprovechándose de las mismas en beneficio propio para la realización de múltiples viajes que no guardaban relación con la empresa- 512.000 euros en un cargo y 421.000 euros en otro. También percibió en concepto de una asesoría realizada por una consultoría, sin justificar, un importe total de 722.130,14 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de Administración desleal y otro continuado de Apropiación Indebida por lo que procede imponer al acusado la pena de 4 años de prisión así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros. Por responsabilidad civil deberá indemnizar a la empresa en la cantidad defraudada.