La Guardia Civil ha alertado de una modalidad de estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por agentes del cuerpo para ganarse la confianza de las víctimas. Este tipo de fraude se apoya en la apariencia de una comunicación oficial para conseguir que la persona siga las indicaciones de quien llama sin comprobar antes si realmente está hablando con un miembro de la institución.

La suplantación de organismos públicos puede resultar especialmente convincente cuando durante el contacto aparecen elementos que parecen legítimos. Por este motivo, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones ante cualquier llamada inesperada y comprobar siempre por canales oficiales quién está detrás de ella antes de facilitar información personal, realizar una gestión o seguir instrucciones relacionadas con cuentas bancarias.

El objetivo de estas llamadas es conseguir datos personales o financieros mediante engaño. La forma de actuar puede cambiar de un caso a otro, pero la recomendación general es desconfiar de cualquier petición de información sensible y finalizar la comunicación cuando existan dudas sobre su procedencia. Para dar credibilidad al fraude, los estafadores recurren a diferentes métodos con los que intentan mantener el contacto con la víctima.

En qué consiste la estafa

Uno de los recursos utilizados para que la llamada parezca legítima es el número que aparece en la pantalla. Según la agencia EFE, en este caso las víctimas habían recibido llamadas del número de teléfono de la Comandancia de Madrid (918073900) en las que un supuesto agente del cuerpo les informaba de que habían sido víctimas de una estafa y de los pasos a realizar para evitar que esta se materializara.

Pero, según ha informado la propia Guardia Civil, aunque el teléfono pueda mostrar una numeración aparentemente vinculada a este organismo, esto no significa que el contacto proceda realmente del cuerpo. Los autores aprovechan esa apariencia para presentarse como agentes e intentar ganarse la confianza de la víctima. Por tanto, el teléfono que figura durante la llamada forma parte del engaño y no permite confirmar por sí solo quién está al otro lado.

Una vez iniciada la conversación, los delincuentes plantean una situación relacionada con el dinero de la persona. Pueden asegurar que ha sufrido una estafa, que existe algún problema con sus cuentas o que mantiene una deuda pendiente. Después, ofrecen una supuesta ayuda para recuperar fondos o evitar pérdidas y empiezan a solicitar información personal y bancaria, como contraseñas, códigos de verificación recibidos por SMS o los datos completos de una tarjeta. Todo ello suele ir acompañado de presión para actuar rápidamente e incluso de amenazas sobre posibles consecuencias legales, una detención o el embargo de fondos, con el objetivo de generar miedo y evitar que la víctima compruebe la información por su cuenta.

El engaño puede continuar mediante una segunda comunicación. Los supuestos agentes pueden facilitar otro número de teléfono para seguir desde allí con las gestiones, bajo el argumento de proteger el dinero o bloquear determinados movimientos. En realidad, se busca continuar recopilando información que pueda facilitar el acceso a las cuentas bancarias de la víctima. El cambio de número ayuda además a transmitir la sensación de que se está siguiendo un procedimiento oficial, aunque el contacto sigue siendo con las personas que están detrás de la estafa.

Otra de las variantes consiste en llevar la conversación a WhatsApp. A través del chat, los estafadores pueden pedir la instalación de una aplicación de asistencia remota, que presentan como necesaria para solucionar el supuesto problema. Si se descarga siguiendo sus instrucciones y se conceden los permisos solicitados, los delincuentes pueden llegar a controlar el dispositivo a distancia. En ese momento, el riesgo ya no se limita a los datos facilitados durante la llamada, sino que puede afectar también a la información y los servicios disponibles en el teléfono.

Qué hacer ante una de estas llamadas

La principal recomendación es colgar cuando durante la conversación aparezcan amenazas, peticiones de dinero o solicitudes de información sensible. No deben facilitarse datos personales, contraseñas, credenciales bancarias, códigos de verificación enviados por SMS ni números completos de tarjetas en una llamada de estas características. Tampoco conviene seguir las indicaciones de alguien que diga actuar en nombre de la Guardia Civil únicamente porque el teléfono que aparece en pantalla parezca pertenecer a un organismo oficial.

Si durante la llamada se habla de una cuenta bancaria o de un posible movimiento fraudulento, la comprobación debe hacerse directamente con la entidad a través de sus canales habituales. De esta forma se puede confirmar si existe realmente alguna incidencia y comunicar una posible operación sospechosa sin continuar el contacto con los estafadores. La misma precaución debe aplicarse ante cualquier supuesto aviso oficial: la identidad de quien llama debe comprobarse de manera independiente antes de proporcionar datos o realizar una gestión.

También debe rechazarse cualquier petición para instalar aplicaciones de soporte o control remoto en el teléfono. Las autoridades no solicitarán contraseñas ni pedirán descargar este tipo de herramientas como requisito para solucionar una incidencia comunicada mediante una llamada. Si se indica que hay que instalar un programa, conceder permisos en el dispositivo o realizar algún paso para permitir el acceso a distancia, lo recomendable es cortar la comunicación y no seguir ninguna de esas instrucciones.

Por último, conviene comprobar siempre que se está utilizando un canal oficial. Que un número parezca legítimo, que la persona conozca algunos datos básicos o que plantee una situación urgente no demuestra que la llamada sea auténtica. Ante cualquier duda, lo adecuado es finalizar el contacto y buscar por separado los teléfonos o canales oficiales de la Guardia Civil. De este modo se puede confirmar si existe realmente algún problema antes de facilitar información o realizar cualquier acción.

Durante meses, obtener una cita para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en Cantabria se ha convertido en una misión casi imposible. Lo que debería ser un trámite administrativo gratuito y fluido derivó en un colapso que ha estado alimentado un lucrativo mercado negro. Sin embargo, tras la presión ejercida por el Colegio de la Abogacía de Cantabria y diversas organizaciones sociales, la Delegación del Gobierno de Cantabria ha implantado un nuevo sistema para tratar de impedir el fraude mediante la automatización de las citas. Es decir, que a partir de ahora la cita llega directamente a cada persona, no tienen que estar pendientes de pedirla y que no haya disponibles en el plazo que se les exige.

La crisis de las citas para “huellas” -el paso final para obtener la tarjeta de la residencia o su renovación- alcanzó su punto álgido a principios de año. Adriana Villegas Rey, miembro de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria (ICA) y responsable de la sección de Extranjería, describe un escenario de desesperación para los usuarios: “Antes te metías y daba igual la hora; no había citas, no había citas, no había citas”. Esta escasez no era fruto de la casualidad, sino que se veía agravada por una red de “conseguidores” que acaparaban los turnos disponibles.

Villegas relata cómo el fraude se hacía evidente a través de plataformas como Mil Anuncios o Wallapop, donde proliferaban ofertas para gestionar citas a cambio de dinero. Los testimonios que llegaban a los despachos de abogados y a las ONG eran alarmantes: clientes que confesaban haber pagado entre 50, 100 y hasta 150 euros o 200 euros por un turno que legalmente es gratuito. “Teníamos mensajes, teníamos números de teléfono... incluso llegamos a aportar grabaciones de cómo un cliente le decía a su abogado que había pagado 60 euros y tenía la cita para dentro de tres días”, ha explicado la letrada.

Según ha podido comprobar elDiario.es, estos anuncios aún persisten pero los pocos que mantienen un contacto telefónico directo responden que lo hacían pero que “ahora ya no” (conseguir citas a cambio de dinero). Otros piden contactar por whatsapp o mensajes a través de las propias plataformas para preservar su identidad: “Si le corre prisa conseguir una cita para poder proseguir con la tramitación de su documentación, contacte ya por mensajería privada y le ayudo a obtener la huella para lo antes posible en toda España. Citas rápidas y baratas”, reza un anuncio.

La red de obtención de citas no se limita exclusivamente a los anuncios en internet, sino que también ha estado presente en el tejido empresarial local. Según ha descrito Adriana Villegas, en una comunidad “pequeña como es Cantabria”, se ha detectado que determinadas empresas, especialmente en el sector de la hostelería -donde existe un gran movimiento de trabajadores-, conseguían turnos de manera irregular para sus empleados. “Teníamos testimonios de usuarios que nos decían que su jefe iba a hablar con alguien y así conseguían la cita”, relata la responsable del ICA, quien ha destacado la “intranquilidad” que esto generaba entre los abogados, al ver cómo quienes no pagaban o no tenían estos contactos se quedaban sin opción de tramitar su huella.

Quejas formales a la Delegación del Gobierno

Ante esta situación, en marzo de este año, el Colegio de la Abogacía se quejó a la Delegación del Gobierno de Cantabria y a la Policía Nacional. Simultáneamente, Arianne Cobo, abogada del Movimiento por la Paz (MPDL) en Cantabria, denunció el asunto ante el Defensor del Pueblo y la propia Delegación debido a la ausencia absoluta de citas en Santander.

“La queja la presentamos en marzo, que fueron los meses más problemáticos”, recuerda Cobo, quien añade que la administración respondió inicialmente prometiendo un incremento de la plantilla para solventar el tapón administrativo. Adriana Villegas destaca que, en una comunidad pequeña como Cantabria, el problema resultaba incomprensible: “Que esto ocurra en Madrid o Barcelona se puede entender por la presión migratoria, pero en Cantabria no había este problema, tampoco en provincias vecinas como Burgos o Asturias”.

Las reuniones mantenidas entre el ICA, el delegado del Gobierno, la Policía Nacional y la Abogacía del Estado fueron clave para trasladar la gravedad de los hechos. Según Villegas, el Colegio proporcionó a la Policía Nacional toda la documentación y datos recopilados sobre los números de teléfono y métodos de pago utilizados por las redes de reventa de citas.

Automatización como en otras provincias

La solución técnica al problema ha llegado de la mano de la automatización. Una solución aplicada ya en otras provincias como Tarragona, Castellón o Alicante, según explica Villegas. Se trata de poner en marcha un sistema donde la propia Oficina de Extranjeros asigna la cita de oficio.

Bajo este nuevo modelo, cuando un ciudadano extranjero recibe la resolución favorable de su autorización de residencia, el sistema le asigna automáticamente un día y hora para acudir a poner las huellas. “Ahora hay resoluciones que ya vienen con la cita asignada o que te indican que te llegará un correo en unos días con el turno”, detalla Villegas. Este cambio elimina la necesidad de que el interesado -o los especuladores- tengan que monitorizar la página web de la administración constantemente.

La abogada Arianne Cobo confirma que el sistema ya está dando sus primeros frutos: “Desde esta semana en la oficina de MPDL Cantabria ya hemos recibido varias concesiones con ese sistema de citas que parece que va a funcionar bien y acabará con la problemática”.

Por su parte, Villegas asegura que, desde junio, la situación ha cambiado radicalmente y que incluso para los trámites donde no hay asignación automática -como peticiones de asilo o cédulas de inscripción-, ya es posible encontrar turnos disponibles de forma ordinaria.

Congelación de cuentas bancarias y despidos

El colapso de las citas no era un mero inconveniente burocrático; tenía consecuencias vitales para los trabajadores extranjeros. Villegas recuerda casos de personas que han tardado hasta tres meses en conseguir una cita tras obtener su permiso de arraigo. Aunque la resolución favorable permite trabajar, la falta de la tarjeta física (TIE) generaba problemas graves con las entidades bancarias. “Los bancos, si no veían el NIE renovado, congelaban las cuentas de muchos ciudadanos”, ha lamentado la responsable de la sección de Extranjería del ICA. Asimismo, algunas empresas amenazaban con dar de baja a trabajadores si no presentaban el documento físico actualizado.

Unión de abogacía y tercer sector

Un factor determinante para resolver esta crisis ha sido la creación de la sección de Extranjería dentro del Colegio de la Abogacía de Cantabria, hace aproximadamente un año y medio. Esta sección no solo agrupa a abogados particulares y del turno de oficio, sino que integra a representantes de organizaciones como Movimiento por la Paz, Cáritas, Cruz Roja, Cantabria Acoge e incluso sindicatos como Comisiones Obreras. “Es muy bueno porque estamos en contacto todos; tenemos un chat de WhatsApp muy activo para contarnos novedades y resoluciones”, explica Adriana Villegas. La abogada incide en que esta red de colaboración permitió detectar el fraude de forma rápida y actuar de manera coordinada ante la administración.

Villegas reconoce igualmente que en este caso la colaboración con la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional ha sido “excepcional” para atajar el problema. Los profesionales de la extranjería en Cantabria celebran que el sistema que antes empujaba a muchos solicitantes a recurrir a locutorios o intermediarios fraudulentos haya sido corregido por la tecnología y la voluntad política.

Problemática “controlada”, según la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional, su portavoz Carlos Méndez ha confirmado a elDiario.es que la problemática está actualmente “controlada” gracias a un plan de choque para dar respuesta a la gran demanda de solicitudes. Este refuerzo policial ha permitido incrementar las horas de servicio, incluyendo turnos de tarde de lunes a viernes y aperturas extraordinarias durante varios sábados. Méndez ha admitido que una clave importante para evitar irregularidades reside en que el sistema de citas es ahora estrictamente individualizado para cada gestión y número de documento.

Según ha detallado el portavoz, la confirmación del turno llega de forma personalizada al solicitante mediante SMS y correo electrónico, lo que impide que terceros puedan acaparar citas para otros. Como resultado de estas medidas y del refuerzo de personal, la Policía asegura que actualmente es posible obtener cita para la semana siguiente o incluso, de forma puntual, para el día después.

La Policía Nacional no ha detallado si se han tomado medidas contra los presuntos vendedores de citas de los que el Colegio de la Abogacía ha facilitado pruebas y teléfonos. No obstante, desde el Colegio de la Abogacía aseguran que mantendrán las puertas abiertas y el canal de comunicación con la Policía Nacional para denunciar cualquier nueva incidencia que pueda surgir. “La administración nos ha dicho que la información que pasamos está sirviendo y que nos mantendrán informados”, ha asegurado Villegas.

Unidas por Extremadura ha registrado una propuesta de Ley para la creación de la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, para “prevenir, investigar y denunciar” este tipo de casos de “mala gestión del dinero público”, norma que contemplaría multas de hasta 100.000 euros. Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, n éste sería un organismo “independiente” que se encargaría que “no viene a generar más burocracia” sino, a “proteger el dinero de los extremeños y las extremeñas”.

De Miguel ha indicado que esta oficina, una herramienta “muy útil para evitar que la corrupción campe a sus anchas” a su juicio, ya existe en otras comunidades como Andalucía, Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana, recoge el partido en nota de prensa. “Queremos ver si el Partido Popular y Vox, que ahora parecen tan adalides de la lucha contra la corrupción, están decididos a hacer algo”, ha señalado la portavoz de Unidas por Extremadura.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha indicado que “se pueden hacer dos cosas”, por un lado “utilizarla como arma arrojadiza contra el adversario político”, o “poner herramientas que realmente eviten que el dinero público se malgaste y se derroche”. “Nosotros somos de la segunda opción”, ha dicho De Miguel, quien ha reclamado que se ponga esta herramienta en funcionamiento porque es “la más útil y más eficaz para luchar contra la corrupción en las administraciones públicas”.

De esta forma, ha reclamado a las instituciones “transparencia” y con el dinero público así como “cultura contra la corrupción”, y ha asegurado que éste debería ser un asunto “de consenso”. “Hay que identificar dónde podemos mejorar para que el dinero público no se vaya a donde no se debe”, ha explicado sobre una de las funciones de esta oficina.

Denuncias anónimas

La propuesta de ley recoge que la oficina tendría entre sus funciones la de prevención con la elaboración de códigos éticos y de buenas prácticas, así como la formación en integridad pública, la investigación y lucha contra la corrupción, colaboración institucional y protección de denunciantes.

Según la iniciativa de Unidas, estaría dirigida por una persona elegida por la Asamblea de Extremadura por mayoría de tres quintos que acredite más de diez años de experiencia en prevención y lucha contra la corrupción y que gozaría de independencia, inamovilidad y régimen estricto de incompatibilidades.

Se crearía un canal específico para que cualquier ciudadano pudiera presentar denuncias, quejas o sugerencias relacionadas con posibles irregularidades y se admitirían las denuncias anónimas.

En cuanto a las infracciones, la ley tipificaría de muy graves, como obstruir investigaciones, represaliar denunciantes o presentar denuncias falsas dolosas, con multas que irían de los 30.001 y a los 100.000 euros.

También graves como impedir denuncias o incumplir el deber de colaboración, con multas de entre 3.001 y 30.000 euros; y leves como no denunciar hechos obligatorios o responder fuera de plazo a requerimientos, con apercibimiento o entre 300 y 3.000 euros.

Continúa la investigación de la presunta trama de fraude de prótesis vasculares en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS). El magistrado del Tribunal de Instancia de Murcia (sección de Instrucción, plaza 7) José Fernández Ayuso ha encomendado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que examine la totalidad de las intervenciones quirúrgicas practicadas por el cirujano investigado en la trama. “Esto es, un análisis exhaustivo de las treinta intervenciones que ya se disponen de la muestra proporcionada, a la que se sumarian las otras 462 intervenciones que el servicio de inspección informó que habría realizado ese doctor”, ha detallado el auto, al que ha tenido acceso este diario.

Ahora, la Consejería de Salud tendrá que facilitar a la UDEF la documentación del resto de intervenciones del cirujano. Deberá aportar el informe de alta de los pacientes, la totalidad de los partes de implante que consten, los pedidos realizados a raíz de estas intervenciones y las facturas emitidas, además de todos los informes posteriores.

“Una vez que se haya realizado esa investigación y se haya determinado el total de cirugías en las que se hubieran implantado supuestamente prótesis o material caducado es cuando se llevará a cabo la oportuna pericial médica para determinar si el hecho de la implantación de esas prótesis o material caducado, en su caso, hubiera afectado al estado de salud de los pacientes intervenidos”, ha detallado el juez instructor.

El juez ha citado a declarar a doce de los catorce investigados a los que hasta ahora no ha tomado declaración. Han sido citados para mediados de septiembre todos los investigados menos el cirujano Rubén T. M. y el comercial de Logimed. Entre las personas que deberán prestar declaración está el exjefe de Servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), Vicente F. G.; el jefe de sección de la UAI, Manuel N. G.; y el exjefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca, Antonio C. A.

Lo que ya se considera como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia dejó a lo largo de siete años un agujero en las arcas públicas por valor de unos 6,9 millones de euros. Esta es tan solo una estimación, por lo que el juez encomendó a la Intervención General del Estado una pericial para poder detallar el alcance del perjuicio económico sufrido por el SMS.

Dos posibles afectados

Hasta el momento la UDEF solo había podido analizar un total de 30 intervenciones realizadas por R.T.M. En esa muestra, hallaron irregularidades “en la totalidad de la muestra”: al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

La UDEF encontró cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados” e identificó un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”. En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advirtieron los investigadores.

Por el momento la UDEF ha identificado dos pacientes a los que posiblemente se les implantó una prótesis caducada. Uno de los afectados, de 65 años, reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia. Según un comunicado del Defensor del Paciente, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

El grupo municipal de Vox en Mula deberá reintegrar a las arcas públicas 4.224,20 euros que percibió durante 2025 en concepto de asignación económica para gastos de grupos políticos. El Pleno de la Corporación aprobó la semana pasada, con los votos de PSOE, PP e IU y la ausencia del propio concejal de Vox durante el debate, instar al reintegro de esa cantidad, según consta en la propuesta de acuerdo de la Comisión de Hacienda.

El dinero se había destinado, según las facturas presentadas, al alquiler de un local utilizado como sede del grupo. Pero un informe de fiscalización del 11 de junio concluye que no existe “la debida justificación del gasto” y que hay “documentación indiciaria” de que los fondos podrían haber generado un beneficio directo o indirecto para miembros de la Corporación, en contra de lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Según se extrae de la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, el concejal de Vox, Pedro Sevilla Monedero, es uno de los herederos —con un 25% de la propiedad— del inmueble alquilado, cuya explotación gestiona la mercantil Grupo Resermu S.L., administrada por su hermano, socio único de la empresa. El propio informe de Intervención lo resume como un conflicto de intereses “real” derivado de un vínculo familiar directo. La mercantil gestora del bajo no tiene como actividad principal la explotación de inmuebles, sino las instalaciones eléctricas.

“Pudiera ocurrir que al formar parte D. Pedro Sevilla de la herencia yacente propietaria del local, se viera beneficiado por la renta del alquiler que percibe la mercantil que explota el local”, aventura el documento.

“Bandera roja”

El caso llegó a Intervención después de que una denuncia interna, presentada el 10 de marzo, alertara de que el local era “una simple cochera sin uso real como sede” y de que el edificio tenía una segunda planta sin regularizar catastralmente, algo que confirmó después el servicio de catastro municipal: “Mi sorpresa es cuando observo que la sede de PP, PSOE e IU existen físicamente, pero no la de Vox”, relata el escrito, presentado en el buzón de denuncias del consistorio.

El Comité Antifraude del Ayuntamiento abrió expediente y encargó un informe jurídico externo a la consultora ACAL, especializada en administración pública.

El documento advierte sin rodeos sobre el fondo del asunto: “Pudiera entenderse que D. Pedro Sevilla está beneficiando a su hermano al destinar fondos públicos al pago de un alquiler donde el arrendador es una mercantil propiedad de su hermano”, señala el informe, que concluye: “Estamos ante una bandera roja” que justifica una fiscalización a fondo.

El Comité Antifraude había requerido además al concejal que suscribiera una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, algo que, según el informe de Intervención, “no ha sido presentada” pese a la solicitud, lo que la propia Intervención califica como “un vicio formal insubsanable” y “una clara obstrucción a las potestades de control del Ayuntamiento”.

Pese a las presuntas irregularidades, el hermano del concejal defiende la legalidad del arrendamiento una vez el Comité Antifraude abre expediente, argumentando que se trata de una “relación jurídica privada consentida por los legítimos titulares del inmueble”.

El dictamen, fechado el 11 de mayo, no aprecia una incompatibilidad automática del concejal según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al no ser este contratista del Ayuntamiento: “Estamos ante una relación entre privados en la que no es parte del Ayuntamiento, sino un concejal del Ayuntamiento”.

Pero sí concluye que el contrato de arrendamiento aportado —firmado únicamente por Sevilla y sin que en ninguna de sus cláusulas se mencione el precio de la renta— carece de un elemento esencial para su validez como negocio jurídico: “La única mención a la renta la encontramos en el acta de la asamblea extraordinaria del 18/12/2024, donde sí se mencionó que el precio sería de 360 euros mensuales”, detalla el informe. En el documento se recuerda que “el Ayuntamiento de Mula carece de potestades para declarar la nulidad de un contrato del que no es parte”.

La versión de Vox

Sevilla ha admitido públicamente que devolverá el dinero. En una nota de prensa difundida por Vox Mula, el concejal asegura que “los gastos que hemos presentado no son justificables para la subvención”, aunque insiste en que las facturas eran legales y estaban declaradas fiscalmente por la empresa arrendadora. El local, sostiene el concejal, “se usa para pagar un alquiler de un despacho para atender a los ciudadanos y de almacén de material” y que no se hace uso de él como “sede para actos políticos” del partido.

Sevilla sostiene que se ausentó tanto de la votación interna del partido —en la que, según el acta de la asamblea extraordinaria de Vox del 18 de diciembre de 2024, se aprobó por mayoría absoluta alquilar ese local— como del pleno y de la comisión informativa municipal, “para no crear un conflicto de interés”. El concejal enmarca las críticas recibidas como “difamaciones” que denunciará “según la gravedad” de cada caso.

“El hecho de que D. Pedro se ausentara de la votación ya evidencia que era consciente de la falta de apariencia de imparcialidad de su elección, en caso de participar, y por eso se abstuvo”, recuerda el informe.

El propio grupo político ya había decidido, en una asamblea posterior celebrada el 18 de diciembre de 2025 —antes de que el caso trascendiera públicamente—, no volver a hacer uso de la subvención municipal durante 2026.

Fraude de agua

El episodio del local no es el único asunto abierto para la dirección de Vox en Mula. El pasado 19 de junio, una inspección del Servicio Municipal de Aguas, gestionado por Aqualia, detectó en una propiedad arrendada por la coordinadora local del partido, Alicia Tudela López, una conexión directa e irregular a la red de abastecimiento, sin contador y sin contrato que la amparase, según el acta de inspección elaborada con presencia de la Policía Local.

“Se encuentra dicha finca conectada mediante una tubería o latiguillo directamente a la red de abastecimiento (sin contador), así como carecer de contrato que lo ampare”, describen desde Inspección.

El informe constata además la manipulación del registro y de los precintos del contador, así como una reconexión no autorizada tras un corte previo por impago. Aqualia calificó los hechos como infracción grave, conforme al punto 10 del acuerdo entre la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y remitió a Tudela una comunicación formal, fechada el 23 de junio, requiriéndole que se pusiera en contacto con la compañía para regularizar la situación.

La coordinadora de Vox en Mula, Alicia Tudela, afirma, sin embargo, que la vivienda se encontró ocupada “hasta hace unos meses”. “La vivienda es de mi hermana, la tengo alquilada pero ahora mismo está deshabitada; vamos por allí de vez en cuando para llevar cajas”, con el objetivo de arreglarla. Tudela asegura, además, que ha sido víctima “doblemente” de esta situación: por una parte, porque el domicilio estaba ocupado y por otra “porque en estos momentos estamos intentando reestablecer los suministros, pero el Ayuntamiento nos está dificultando las gestiones por ser yo la coordinadora de Vox”.

“Mi hermana vive en el extranjero, nosotros habíamos denunciado ya el enganche del agua; no entiendo por qué nos denuncian ahora a nosotros”, concluye Tudela.

La Guardia Civil en La Rioja, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), ha investigado a dos varones, de 37 y 29 años, y residentes en Zaragoza, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y uso de documento oficial falso, tras detectarse una suplantación de identidad durante la realización de un examen teórico para la obtención del permiso de conducción.

Los hechos tuvieron lugar en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico en Calahorra, donde se desarrollan las pruebas oficiales para la obtención de distintas autorizaciones administrativas para conducir. Durante los controles de identidad previos al inicio de la prueba, dispositivos habituales en este tipo de exámenes para garantizar la seguridad y la legalidad del proceso, los agentes, en coordinación con funcionarios de la Jefatura, detectaron irregularidades en la documentación aportada por uno de los aspirantes al permiso de la clase B.

 Esta persona presentó un permiso de residencia y un certificado médico que levantaron sospechas entre los agentes. Tras un análisis de la documentación, se observaron divergencias en los elementos de seguridad, el sistema de impresión, las alineaciones y otros parámetros oficiales, concluyéndose que se trataba de documentación falsificada.

Aunque la fotografía del documento coincidía con la persona que realizaba la prueba, los datos filiatorios no se correspondían con su verdadera identidad. Este individuo resultó ser un varón de 29 años y residente en Zaragoza, quien ya disponía de permiso de conducción en vigor desde el año 2025.

Las gestiones posteriores permitieron determinar que esta persona estaba suplantando la identidad de otro varón, de 37 años, natural de Ghana y también residente en Zaragoza, al que presuntamente habría ofrecido su “experiencia” y conocimiento del idioma para realizar el examen en su nombre a cambio de una contraprestación. Este tipo de fraudes trasciende el ámbito delictivo para convertirse en una amenaza real en la carretera. Intentar obtener un permiso de conducción mediante el engaño no es un simple atajo burocrático; es una temeridad que pone en riesgo la vida de todos los usuarios de la vía, al pretender situar al volante a personas que carecen de los conocimientos teóricos más elementales para garantizar una circulación segura.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La Hacienda foral de Navarra y el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) se personarán como acusación particular en la causa judicial contra el expresidente del Club Deportivo Tudelano y del Ribera Fútbol Sala Ramón Lázaro, que está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha señalado que el INDAF “ha tomado la decisión de iniciar el procedimiento para personarse como acusación particular en la causa”. “Al ser un organismo autónomo, se ha solicitado a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que remita y formule la correspondiente querella criminal al haberse apreciado la existencia de hechos y operaciones que puedan ser constitutivos de delito de fraude de subvenciones y falsificación documental, presuntamente porque podrían haberse alterado facturas u otros documentos mercantiles para acceder a un mayor volumen de subvenciones y porque presuntamente también estas subvenciones podrían no haberse destinado al objeto de la subvención de la convocatoria”, ha indicado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha añadido que la Hacienda foral también se va a personar en la misma causa. Esnaola ha explicado que se revisarán los datos de la causa para tratar de determinar si los hechos afectan a la última temporada o a varias.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

Tras el escándalo del fraude de las prótesis vasculares en la Región de Murcia, la cúpula sanitaria, administrativa y gestora del Hospital Virgen de la Arrixaca ha defendido la “trayectoria ejemplar” del centro sanitario. Han rechazado “la presunta actuación irregular” de la trama, que afecta a la Sección de Radiología Vascular Intervencionista y al Servicio de Cirugía Cardiovascular.

“Rechazamos con firmeza la presunta actuación irregular de personas concretas, y compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades”, han reclamado en un comunicado. Al tiempo, han apelado a la “responsabilidad” y “rigor” de quienes realizan manifestaciones públicas, “con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población”.

El manifiesto lo han firmado treinta y cinco jefes de los Servicios Médicos, cinco supervisores de Enfermería, once jefes de los Servicios Administrativos y quince miembros de la Dirección -entre ellos el gerente, Amancio Marín-, en representación de “los servicios asistenciales del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca”.

“El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas; sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos”, han recordado en el documento.

Los firmantes han recordado que el hospital tiene una “trayectoria ejemplar” de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, “procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad”.

El manifiesto concluye solicitando a las distintas administraciones públicas que pongan de su parte para la mejora del centro hospitalario: “Pedimos que desde las Instituciones se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, y tan necesarias, para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia, y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro Hospital y sus profesionales”-

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares. Algunos de los implicados eran personal de este centro médico, ahora apartados del servicio.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

En el auto en que ha dictado su puesta en libertad, el magistrado detalla una amplia red de delitos: pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes. Todos ellos cometidos durante su etapa al frente de los equipos CD Tudelano (de la Segunda: RFEF) y el Club Ribera de fútbol sala. Se da la circunstancia de que Lázaro vendió el Tudelano hace unas semanas y puso en venta el Ribera.

“Ramón Lázaro desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Futbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito”, expone el juez en su auto en el que se recogen mensajes, llamadas interceptadas por la policía y el seguimiento de movimientos bancarios. Una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de la Europol y la Interpol para el rastreo de los flujos de dinero internacionales con la compra de criptomonedas.

Y es que fue esa última operación que realizó Ramón Lázaro antes de que el magistrado emitiera la orden de su arresto el pasado 8 de junio. Según se recoge en el auto, de nueve páginas, Lázaro pretendía invertir en criptodivisas los 1,43 millones de euros que iba a percibir por la venta del CD Tudelano para “tenerlo debajo de la alfombra unos meses” y establecer “una segunda capa de seguridad” para que fueran inembargables, tal y como le explicó a su asesor financiero en una conversación telefónica intervenida.

Así, el 27 de mayo transfirió 900.000 euros y, posteriormente otros 530.000 euros, a una cuenta bancaria en Alemania que funcionaría, según el juez, como una “pasarela” para transferir el dinero al Reino Unido y a Irlanda del Norte con “la finalidad” de convertirlo en criptomonedas. Durante el registro de su domicilio el 8 de junio la Policía se incautó de un dispositivo con las claves de su monedero digital y el juez pudo bloquear y embargar 530.000 euros antes de que Lázaro llevara a cabo la operación.

Pero la mayoría de los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente antes de la venta del equipo y que se remontan al año 2022, cuando lo adquirió. Entre ellos se encontraría el desvío ilícito de fondos del Tudelano y del Ribera Navarra, el otro club del que era propietario, para la compra de inmuebles que ponía a nombre de su mujer. En total cuatro inmuebles para los que utilizó 735.000 euros de las cuentas de los dos equipos de su propiedad.

Amaños y apuestas

También se le atribuye el haber amañado partidos comprando a jugadores de equipos rivales y haber utilizado esos amaños para realizar apuestas ilegales. En el auto se recogen conversaciones de Ramón Lázaro con futbolistas a los que les dice cosas como que “con dinero se soluciona todo” o “el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno”. El magistrado destaca un diálogo con un jugador del Oviedo B, equipo contra el que el Tudelano se jugaba el ascenso a Primera RFEF, y que le pedía a cambio 10.000 euros:

-Quiero (emoticono de dinero) pero no vale dejarme perder yo si quiero juegue o no juegue no meto gol a cambio de algo.

-Pues tú dirás a cambio de que (sic).

-Mira juegue de titular o no juegue de titular q (sic) no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo.

-Yo el viernes 5000 euros y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.

-Trato 5000 el viernes y sábado no meto gol. Trato cerrado. Si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta y ahora marcho a dormir mañana hablamos, nos vemos el viernes.

Estos amaños, según el juez, eran utilizados a su vez por Ramón Lázaro para participar en apuestas deportivas. Así, se recoge una conversación que tiene con una persona que, según el magistrado, se dedicaba a trasladar el dinero proveniente de los amaños. Esta persona le pregunta si apuesta a “Tudelano todo?”, “osea (sic) los 6 mil”, antes del partido que va a enfrentar al Tudelano con el Ejea, con cuyos jugadores se había acordado el amaño (“localiza a 10 y os doy 1000 euros a cada uno”). Lázaro le responde que “Si” (sic).

Doblaje de patrocinios y subvenciones fraudulentas

El juez también le imputa haber organizado un sistema de “doblaje de patrocinios deportivos” para favorecer a empresarios locales que efectuaban importantes aportaciones, en concepto de patrocinio, que Ramón Lázaro “reintegraba gran parte, en efectivo, a dicho patrocinador, sin desde luego declarar tal operación a la Hacienda Pública”, apunta el magistrado. “Sabemos que todos los patrocinadores cogen dinero en B, o cantáis y nos decís que patrocinadores cogen dinero en B, o no negociamos”, se recoge en una de las conversaciones intervenidas. “Si no se hace con el regalo, no hay nadie”, apostilló.

También se le imputa un delito de falsedad documental por inflar facturas para poder acceder a subvenciones públicas. Una de esas subvenciones, concedida por el Gobierno de Navarra, fue utilizada según el juez “para su exclusivo lucro personal”. En concreto se refiere al intento de compra del Osasuna Magna (comúnmente conocido como Xota). El auto incluye una conversación de Ramón Lázaro con el gerente de este equipo en el que le informa de que ha cobrado “225.000 euros de la subvención” y tras revisar el contrato que ha realizado para la compra del Osasuna Magna, comprueba que el 31 de mayo de 2026 le vence “un pago de 100.000 euros”, con lo cual solo le restarían por pagar “35.000 euros”. El gerente le responde que están “mal de dinero” por lo que Lázaro realiza el pago de los 135.000 euros que quedan por pagar para formalizar la compra del club. “Por tanto, parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de fútbol sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota”, concluye el juez.

Con todo, tras prestar declaración, el juez ha decidido dejarlo en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga porque le ha retirado el pasaporte, ni de destrucción de pruebas porque ya se han realizado los registros y se le han intervenido dispositivos y se le han bloqueado las cuentas bancarias.

“La aprobación del convenio supondría un incumplimiento de las Bases del Presupuesto de esta Diputación, puesto que en el expediente no se justifica suficientemente la ausencia de concurrencia competitiva al no acreditarse que el Club Deportivo Ultra Sanabria es el único con capacidad para la organización de los eventos deportivos”. Varios funcionarios de la Diputación de Zamora alertaron en varias ocasiones de los reparos que había para firmar el convenio para organizar maratones de trail running (Ultra Sanabria entre ellos) y otorgar las subvenciones de 100.000, 120.000, 180.000 y 180.000 euros entre 2021 y 2024, que ahora investiga la Justicia.

Los funcionarios también remitieron al informe del Consejo de Cuentas de 2016 que advertía de que la “falta de motivación” en el pago de subvenciones restaba objetividad y no contribuía “a la ejecución más eficiente de las medidas subvencionadas”.

Los dos últimos presidentes de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP) y Francisco Requejo (ex de Ciudadanos y ahora en Zamora Sí) obviaron estas advertencias y siguieron adelante con la concesión de las subvenciones, aunque en circunstancias distintas. Ahora han sido citados como investigados en una causa judicial por supuesto fraude en subvenciones. Faúndez, que informó él mismo a los medios que estaba siendo investigado, ya ha presentado un recurso de reposición. “En el momento en que llegue la providencia tendremos tres días para presentar el recurso”, ha explicado esta semana a los medios.

El Juzgado abrió diligencias el año pasado y la Diputación de Zamora decidió suspender el contrato de patrocinio de ese año y personarse como perjudicada. El PSOE de Zamora se ha personado ya en la causa. También se está investigando al actual diputado de Deportes, Juan del Canto, y el exdiputado del área y actual portavoz municipal del PP en el ayuntamiento de la capital, Jesús María Prada.

El exdiputado de Deportes no había recibido aún la citación cuando elDiario.es se ha puesto en contacto con él. Prada asegura que no sabe ni qué delitos se le imputan y defiende que se realizaron los procedimientos administrativos de manera “normal”. “Hace tres años que no estoy en la Diputación y la única información que tengo es por los medios de comunicación”, explica.

Requejo ignoró los reparos de los altos funcionarios

elDiario.es ha accedido a los expedientes de 2021 a 2024 relativos al convenio firmado para cada año para entregar las subvenciones nominativas al club deportivo Ultra Sanabria. La concesión y firma de tres de los cuatro convenios se resolvieron con los reparos de la Intervención y otros altos funcionarios, a los que ignoró Francisco Requejo —que gobernaba en coalición con el PP—, quien firmó un decreto de “levantamiento de reparo” porque no se justificaba lo suficiente la ausencia de concurrencia competitiva. El exdiputado delegado de Deportes, Jesús María de Prada, que también está siendo investigado, dictó una orden ocho días después del informe de fiscalización en el que ordenaba que se continuara con el procedimiento. Requejo no ha respondido a las preguntas de este medio.

En varios ejercicios se excluyeron algunos gastos que el club intentó incluir como concepto subvencionable como bebida alcohólica o gastos de alojamiento y manutención cuyos destinatarios no se aclararon. Además, el club no desglosó el coste de cada una de las pruebas, ni indicó la tarifa de inscripción.

En 2024, la interventora y el secretario general reclamaron más transparencia en la financiación y pautas “objetivas, razonables y proporcionadas” para garantizar el principio de igualdad. Además, según los expedientes de 2024 se produjeron algunos defectos formales (pagos sin la factura correspondiente) o facturas incompletas, que no fueron abonadas por la Diputación de Zamora.

El informe de fiscalización se resolvió “con advertencias” y pidió exigir que el club utilizara la imagen de las instituciones relacionadas con la Diputación que patrocinaran los eventos para “evitar duplicidades en la financiación”, como sucedió con Alimentos de Zamora en 2023 o con la adquisición de material deportivo en 2021: en ambos casos se rechazó pagar una cantidad porque que ya había sido abonada. El secretario general incluyó recomendaciones pero aprobó el convenio, que fue respaldado en la Junta de Gobierno ordinaria del 26 de junio de 2024.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Ultra Sanabria, que no ha respondido.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Guadalajara y agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara han llevado a cabo un operativo contra el fraude en materia de hidrocarburos que se ha saldado con la detección de una gasolinera que habría suministrado gasóleo bonificado tipo B a vehículos no autorizados.

Además, se detectaron cerca de una decena infracciones en turismos y el uso fraudulento del gasoil en un camión de gran potencia fiscal, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

La actuación fue llevada a cabo por funcionarios de la Unidad Operativa de Guadalajara de Vigilancia Aduanera y componentes del Destacamento del Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Guadalajara, tras obtener información sobre posibles irregularidades en la comercialización de carburantes en una estación de servicio de la provincia.

Durante estas actuaciones, los investigadores realizaron comprobaciones directas en vehículos mediante la extracción de pequeñas muestras del combustible de los depósitos para verificar si estaban utilizando gasóleo bonificado de tipo B o C, destinado exclusivamente a usos agrícolas o determinados sectores autorizados.

Este carburante se distingue por su característica tonalidad rojiza, lo que permite una primera identificación visual que posteriormente se confirma mediante análisis en laboratorios acreditados.

Las muestras recogidas se precintan y se remiten a la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Guadalajara para su análisis y tramitación administrativa.

Como resultado de estas actuaciones se detectaron cerca de una decena infracciones en turismos. También se detectó el uso fraudulento en un camión de gran potencia fiscal. Todos ellos fueron denunciados por infracciones a la Ley de Impuestos Especiales por utilización de gasóleo bonificado en vehículos no autorizados.

En relación con la estación de servicio, los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave o muy grave tipificada en la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales.

Además, podría estar incumpliendo normativa complementaria en materia de control de hidrocarburos y distribución de productos petrolíferos.

Estos dispositivos se enmarcan dentro de una estrategia dirigida a reforzar la vigilancia sobre los impuestos especiales en materia de hidrocarburos y evitar prácticas que generen competencia desleal entre los sectores autorizados para utilizar este tipo de carburantes.

La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.

Fraude en la facturación, pero no en la hoja de quirófano. Fuentes sanitarias han insistido a este diario que la trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha afectado a pacientes. Según su relato, cada prótesis posee un número de serie único, con el objetivo de monitorizar su trazabilidad. A efectos de facturación figuran los códigos de prótesis caducadas, pero no sospechan que se hayan podido usar en intervenciones quirúrgicas. No constan prótesis caducadas en la hoja de quirófano de ninguna intervención: “Hemos llegado a ver ocho pegatinas de facturación, aunque en la hoja de quirófano solo constaba una”, han relatado, indicando que los implicados llegaron a facturar productos copiando los códigos a mano.

Según las mismas fuentes, hubo fraude en la facturación, y en los partes de implantes figuraba un mayor número de prótesis -algunas caducadas- y se facturaban todas ellas. Sin embargo, en las historias clínicas de los pacientes “sí que aparece el material adecuado”.

Sobre por qué la trama pudo mantenerse en activo durante años, fuentes sanitarias han recordado que los implicados estaban totalmente permeados en todas las fases relativas a la gestión de las prótesis, desde su adquisición hasta su facturación: “Había toda una cadena que oscurecía el fraude”, han detallado.

En el año 2024 la Unidad de Inspección Médica del SMS envió a Fiscalía el primer informe alertando de posibles irregularidades. Más tarde, en el año 2025, se inició una investigación en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía.

En principio, la Policía Nacional había asegurado en un comunicado que se habían llegado a “utilizar en las operaciones médicas productos sanitarios caducados”. Por el momento, el Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca ha comprobado que los 380 pacientes intervenidos por los dos facultativos investigados no han tenido una complicación derivada de prótesis caducadas. Se espera que, de cara al verano, se habrá comprobado a los pacientes uno a uno.

En total, once personas han sido detenidas. Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros. Fuentes sanitarias han asegurado que la Comunidad “ya ha recuperado parte del dinero”, aunque se desconoce la cuantía.

El Tribunal de Instancia de Murcia acordó este jueves la libertad provisional de dos de los investigados con medidas cautelares. Se trata del médico de la Arrixaca y del comercial de la empresa el sector médico Logimed. El magistrado instructor, titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción, sí aprecia indicios “de todos o algunos de los delitos” por los que se ha abierto el procedimiento. Según fuentes sanitarias, el facultativo no está actualmente en activo. Se desconoce si están apartados del servicio el resto de implicados que forman parte del SMS.

Deberán comparecer quincenalmente ante el órgano judicial, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibida la salida del territorio nacional mientras se tramite la causa.

La oposición pide la dimisión del consejero de Salud

Podemos ha solicitado la intervención de la Alta Inspección Sanitaria del Estado en la trama de las prótesis caducadas del SMS. La formación morada ha alertado de la “práctica sistemática” de derivaciones a la sanidad privada que lleva a cabo la Consejería de Salud: “Es en hospitales privados donde se han implantado los materiales caducados, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes. Un entramado corrupto que ha operado durante cinco años sin que nadie diera la señal de aviso”, ha alertado su portavoz en la Región de Murcia, Víctor Egío.

Por su parte, el secretario del PSOE en la Región de Murcia y delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, ha exigido la dimisión del consejero de Salud: “Cualquiera puede estar entre los afectados”.

Compraban productos sanitarios sin homologar a precios inflados y los empleaban en centros sanitarios de la Región de Murcia. Así operaban, presuntamente, los once detenidos por fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros.

De acuerdo con el diario local La Verdad, entre los detenidos se encuentra el antiguo comercial de la empresa del sector médico Logimed, dos exjefes de la central de compras del SMS y dos médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca. Según la investigación de la Policía Nacional, que comenzó en enero del año 2025, el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento. Se facturaban servicios que “debían ser gratuitos” y por material sanitario que “no había sido utilizado”. En operaciones médicas, incluso, se llegaron a emplear productos sanitarios “caducados”: “Un riesgo para la salud pública”, han definido desde la Policía Nacional.

El presunto entramado criminal introducía datos falsos en el sistema contable “con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos”, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. En total, la investigación ha identificado al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, “desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible”.

Según las investigaciones, los implicados tenían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contaban con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación: “Junto con la ausencia de licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público”, ha explicado la Policía Nacional. Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

Se ha consolidado como una herramienta fundamental para millones de usuarios que buscan inmediatez y sencillez en sus transacciones financieras diarias. Sin embargo, la popularidad de Bizum no ha pasado inadvertida para los ciberdelincuentes, quienes explotan la agilidad del sistema para ejecutar fraudes cada vez más sofisticados. El Banco de España, de hecho, ha emitido alertas advirtiendo sobre el incremento de estas prácticas delictivas que afectan directamente a la seguridad de los usuarios. 

Los atacantes emplean diversas técnicas con el fin de manipular y presionar a sus víctimas en momentos de distracción o urgencia. Este entorno digital cambiante exige que la ciudadanía esté plenamente informada sobre los riesgos asociados a las nuevas funcionalidades de pago instantáneo. La clave para no caer en el engaño reside en comprender profundamente el funcionamiento técnico de las herramientas que utilizamos en nuestros dispositivos móviles.

Ante la creciente vulnerabilidad, las autoridades financieras insisten en la necesidad de extremar la precaución durante cualquier operación monetaria realizada de forma telemática. El núcleo de esta estafa emergente, conocida como Bizum inverso, reside en un cambio sutil pero letal de la operación financiera estándar. Mientras que en un envío normal el emisor transfiere fondos, en este fraude el delincuente utiliza deliberadamente la opción de solicitud de dinero. La víctima recibe una notificación en su terminal que, a primera vista, parece un ingreso de fondos pendiente de ser aceptado por el usuario. Sin embargo, al pulsar sobre el mensaje para confirmar la acción, el usuario está autorizando realmente un cargo directo en su propia cuenta bancaria. 

El dinero se transfiere de manera instantánea al estafador, dejando al estafado con un saldo negativo inesperado y con pocas posibilidades de reversión. Los criminales aprovechan que muchos usuarios desconocen que Bizum permite tanto enviar como pedir cantidades específicas de dinero a cualquier contacto. Este desconocimiento técnico es el pilar fundamental sobre el que se construye el éxito de esta peligrosa y habitual modalidad de robo digital. Es fundamental leer con extremo detenimiento cada palabra de las notificaciones bancarias antes de proceder a cualquier validación.

Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano son el escenario predilecto donde estos ciberdelincuentes despliegan sus anzuelos más efectivos. Aplicaciones populares suelen ser el canal de comunicación inicial entre el estafador y su víctima potencial. El proceso comienza cuando un supuesto comprador contacta con un vendedor mostrando un interés inmediato y excesivo por un producto anunciado recientemente. Para asegurar la reserva, el atacante propone realizar un pago rápido a través de Bizum como una supuesta señal de buena voluntad. En lugar de efectuar el ingreso prometido, envía una solicitud de cobro bajo el pretexto de que es el trámite necesario para la transacción. El vendedor, ansioso por cerrar la venta, suele actuar con rapidez y acepta la notificación sin revisar los detalles financieros del mensaje. Al finalizar el proceso, la persona descubre con asombro que no ha recibido ninguna señal, sino que ha regalado su propio capital. 

Este tipo de engaño se repite con frecuencia debido a la confianza ciega que los usuarios depositan en la aplicación del banco. La efectividad del Bizum inverso no se debe a un fallo técnico de la aplicación, sino a la manipulación psicológica del individuo. Los estafadores suelen utilizar excusas de urgencia extrema o problemas técnicos ficticios para presionar al usuario y evitar que este reflexione. Al generar una sensación de prisa, logran que la víctima actúe de manera impulsiva sin analizar la veracidad de la notificación recibida. 

Los mensajes a menudo están redactados de forma confusa o contienen enlaces externos que redirigen a sitios web maliciosos y fraudulentos. En ocasiones, los delincuentes incluso suplantan la identidad de empresas conocidas o servicios oficiales para ganar una capa extra de credibilidad. El Banco de España subraya que estos criminales son expertos en detectar la falta de familiaridad de las personas con la tecnología. Por ello, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de seguridad de las transacciones financieras online.

Un concepto fundamental que todo usuario debe interiorizar es que recibir dinero mediante este sistema no requiere ninguna acción adicional. Cuando alguien nos envía fondos de forma legítima, el ingreso se refleja automáticamente en nuestro saldo bancario sin intervenciones manuales del receptor. Cualquier notificación que nos inste a aceptar, confirmar o validar un ingreso recibido debe ser tratada de inmediato como una alarma. La aplicación de Bizum únicamente solicita la intervención del usuario cuando este va a realizar un pago o autorizar una solicitud ajena. Por lo tanto, si uno está esperando cobrar una venta, jamás debería tener que pulsar botones de confirmación en su pantalla móvil.

Bloquear y denunciar

Para prevenir estos incidentes, es vital adoptar una serie de hábitos de seguridad robustos en nuestra interacción con las finanzas digitales. Siempre se debe desconfiar de compradores que acepten precios elevados de inmediato sin negociar ni preguntar por el estado del objeto. Es recomendable verificar el perfil, la antigüedad y las valoraciones de cualquier persona que nos contacte en una red de compraventa. Nunca se deben compartir datos personales sensibles ni información bancaria privada con individuos desconocidos a través de chats o llamadas telefónicas. Si un supuesto conocido nos pide dinero, es prudente confirmar su identidad mediante otro canal de comunicación como una llamada directa.

Si desgraciadamente ya se ha producido la estafa, el tiempo de reacción es un factor crítico para intentar mitigar el daño económico. Lo primero que debe hacer el afectado es contactar inmediatamente con su entidad bancaria para informar de la transacción fraudulenta realizada. Es fundamental solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas o tarjetas si se sospecha que las credenciales han sido comprometidas seriamente. Aunque las operaciones en este sistema suelen ser irreversibles, el banco evaluará si existe alguna posibilidad legal de recuperar el dinero. El siguiente paso obligatorio es interponer una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía. Para que la investigación sea efectiva, se deben aportar todas las pruebas posibles como capturas de mensajes y números de teléfono.

El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra se enfrenta a una petición fiscal global de 15 años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras 14 personas por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

También están implicadas una veintena de empresas por el presunto fraude entre marzo y octubre de 2020 después de que los investigadores detectaran una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

A Parra el fiscal también le pide una multa de 30 millones de euros y seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el delito contra la hacienda pública. También le exige otra multa de 15 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales, según el escrito acusatorio.

Competencia desleal en gasolineras

La acusación pública destaca que Parra, además del dinero defraudado, presuntamente hizo competencia desleal “reprochable”, ya que “reventó” el mercado y presumía diciendo que tenía la gasolina más barata de España en sus gasolineras.

Para el fiscal, Parra no solo se enriqueció injustamente al apoderarse del IVA que debía haber ingresado a Hacienda, sino que parte del combustible se vendió a las estaciones de servicio de las que él era propietario, lo que le dio la posibilidad de disponer de materia prima a precios inferiores a los de mercado.

El ministerio público mantiene que Joaquín Parra fue supuestamente “el cabecilla de la operación” y entre los implicados hay familiares (un hijo y su mujer), así como amigos y trabajadores de su plena confianza.

Joaquín Parra y su hijo ya habían sido detenidos con anterioridad a este caso como responsables de la mercantil Carburantes Nafta en otro procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (precisamente por fraude del IVA en la venta de hidrocarburos).

Por el presunto fraude que se va a juzgar en Málaga, Parra estuvo en prisión preventiva desde julio de 2021 (siendo presidente del CD Badajoz) a julio de 2022.

Liquidaciones de IVA anómalas

La investigación se inició en 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos.

Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre de personas de confianza que participaban activamente en el fraude.

Estas empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 un total de 13,1 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Un complejo entramado societario

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también logró descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.

Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga (en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital), además de en Sevilla y Madrid.

El dinero defraudado, según el fiscal, permitía a los detenidos llevar un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.

Los investigadores creen también que Parra podría haber desviado un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio 'Nuevo Vivero'. 

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha denunciado lo que considera “un escándalo” en la gestión del alcalde, Francisco Cañizares (PP), tras destinarse cerca de 4.500 euros de fondos del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) “a sufragar gastos relacionados con un acto del Partido Popular Europeo celebrado en la capital”.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha acusado al regidor de realizar “una utilización partidista y absolutamente vergonzosa del dinero público” y ha advertido de que “este asunto no termina aquí, porque el PSOE seguirá exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas”, explican desde la formación política.

Según ha explicado Martínez en rueda de prensa, el Gobierno municipal habría cargado al Plan Estratégico del IMPEFE varias facturas vinculadas directamente a un encuentro político del Partido Popular Europeo. Entre los gastos asegura el PSOE “se encuentran 2.500 euros para la sonorización del acto, 1.820 euros destinados a una cena y otros 170 euros correspondientes a una visita cultural, alcanzando un importe cercano a los 4.500 euros”.

“No estamos hablando de dinero abstracto, sino de recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que deberían destinarse a generar empleo, apoyar al pequeño comercio, a autónomos y autónomas, a planes de formación y a oportunidades laborales para jóvenes y personas desempleadas”, ha lamentado Martínez.

La Guardia Civil ha tramitado tres actas de denuncia en La Rioja contra una empresa de transportes tras detectar que tres de sus camiones utilizaban, presuntamente, gasóleo bonificado tipo B, un carburante reservado exclusivamente para el sector agrícola y otros usos específicamente regulados.

La actuación tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 399 de la carretera N-232, en el término municipal de Agoncillo-Recajo. Agentes del Equipo de Transportes y del Destacamento de Tráfico de Logroño interceptaron los vehículos para realizar un control integral que abarcó desde la verificación del combustible y la estiba de la carga hasta el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, así como la vigencia de toda la documentación reglamentaria.

Durante la inspección técnica de los depósitos, los agentes detectaron el presunto uso indebido del gasóleo bonificado. Esta práctica constituye una infracción administrativa grave de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, ya que no solo supone un fraude a la Hacienda Pública, sino que también genera una situación de competencia desleal frente a las empresas del sector que cumplen la normativa.

Las sanciones por el uso de combustible agrícola en vehículos no autorizados oscilan entre los 601 y los 12.000 euros, cuantías que podrían duplicarse en caso de reincidencia. Además de la sanción económica, la normativa vigente contempla la inmovilización y el precinto del vehículo por un periodo de entre uno y doce meses.

Batería de infracciones adicionales

Más allá del fraude relacionado con el uso indebido de combustible bonificado, la inspección exhaustiva de los tres camiones permitió detectar diversas irregularidades que afectan a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Todas estas infracciones son responsabilidad directa de la empresa titular de los vehículos, al ser la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que sus unidades circulen con todas las garantías legales y técnicas exigidas.

Propuestas de sanción:

Las actas por las infracciones detectadas han sido remitidas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, así como a la Consejería de Transportes del Gobierno de La Rioja, organismos encargados de la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas (un hombre y una mujer) por dos delitos de fraude de subvenciones en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de falsedad documental, según ha informado el cuerpo a través de un comunicado.

El heredero de una de las parcelas que se utilizaban para el fraude denunció ante la Policía Nacional de Andalucía que uno de los investigados había cobrado las ayudas de la PAC entre 2021 y 2025 por una parcela en Valcabado (Zamora) que en realidad no tenía arrendada ni tenía permiso para cobrar las ayudas europeas.

Los agentes del Eprona (Equipo de Investigación del Seprona) han llevado el caso. El comunicado señala que los investigados solicitaron en un único trámite las ayudas de la PAC de varias parcelas “reflejando datos que no se ajustan a lo legalmente establecido”.

Esta es la última investigación sobre fraude de fondos europeos en Castilla y León Recientemente, la Guardia Civil ha detenido al exalcalde de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual (PSOE), como investigado por delitos económicos, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria bajo supervisión de la Fiscalía Europea. El fraude fiscal de Pascual habría alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

Hace tres años, la Guardia Civil también informó de que investigaba a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la PAC con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. Se trataba de 22 personas físicas y ocho empresas acusadas de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

La Agencia Tributaria ha informado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Mascarillas que la cuota que presuntamente defraudó el empresario Víctor de Aldama con los contratos para la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes ascendió a 2,4 millones de euros. No obstante, especifica que la cuota exigible al conseguidor es de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, los inspectores apuntan a que tanto Aldama como la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, emplearon “mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal correspondiente al ejercicio 2020” porque sabían que los beneficios obtenidos por esa intermediación en la compra de material sanitario “iban a ser relevantes”.

En este sentido, en sus conclusiones, la Agencia Tributaria indica que Soluciones de Gestión minoró la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, “las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa”. Así, en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2019 que presentó en julio de 2020, esa mercantil ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos (todos adjudicados antes de julio de 2020, salvo el del Gobierno de Canarias). Y así, en dicha declaración generó una base imponible negativa de 800.000 euros, originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada. Y esa operación concreta, es lo que ponen los inspectores en cuestión.

Advierten así, que esa base imponible negativa “se compensó de manera falaz en el ejercicio 2020” con el objetivo de “reducir la carga impositiva derivada de los importantes beneficios obtenidos en el negocio de las mascarillas”. Y subraya que el principal interesado en esta minoración de la base imponible era el empresario Juan Carlos Cueto, “titular real del Grupo Cueto” e investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Cueto, un “control efectivo”

Por otro lado, recuerdan que la mayor parte de los beneficios del negocio millonario de las mascarillas se “residenciaron” en las entidades controladas por Aldama y por Cueto, y por eso entiende que existen indicios de responsabilidad penal por un delito contra la Hacienda Pública vinculado al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2020.

En el caso de Aldama, incide que vehiculó a través de las sociedades “interpuestas de manera artificiosa” Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL la facturación de “sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal”.

Añade que también se considera que hay indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública para Soluciones de Gestión por esa minoración de la cuota a declarar. E incide en que Cueto “ejercía el control efectivo sobre dicha entidad sobre la contratación pública adjudicada”.