Tras casi diez años peleando contra jueces y políticos, los vecinos de la barriada Guadalquivir de la localidad sevillana de Coria del Río no ven el final de un proceso que les está costando la vida. El archivo de la causa judicial impulsada por ellos mismos ha ahondado en su indignación, sintiendo que sus lamentos no llevan a nada para los organismos públicos.

Los vecinos afectados, representados por Rogelia Gómez, portavoz de la Asociación de vecinos afectados por tóxicos de Coria del Río, afirman que el efecto de los gases “es perjudicial para la salud sí o sí”. Por ello, tienen una sensación de que están presenciando su propia muerte. “Aquí nos están matando. Estamos muriendo como chinches”, exclama desesperada Gómez en conversación con este periódico.

Insiste en que la inhalación de gases tóxicos va a continuar siendo una constante en sus vidas, mientras que Catalina García, consejera de Salud hasta 2024 y actual titular de Medio Ambiente, y Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, no depurarán responsabilidades por el momento, según ha determinado el juzgado.

“Ocho muertos” en un mes

El origen del caso se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir alertaron de intensos olores a combustible que llegaban incluso al interior de sus casas, algo que habría provocado problemas de salud en numerosos afectados. Según se apuntó, los gases nocivos vendrían de una gasolinera próxima, lo que provocó la apertura de una investigación judicial por un presunto delito medioambiental. Aunque la causa fue archivada a finales de 2024, se reabrió después de que la Fiscalía confirmara la existencia de un “perjuicio comprobado en la salud y una afectación acreditada” en los vecinos.

“Ocho personas han muerto en este último mes, cuatro de ellas de muerte súbita, y tres en la misma calle”, lamenta la portavoz. Además, aseguran que hay una gran inactividad por parte de los médicos, que no quieren verse involucrados en este asunto. “Nunca habrá un informe forense que reconozca que las muertes son provocadas por la inhalación de los gases tóxicos”, afirma Gómez.

Durante el invierno, los vecinos afectados han tenido que tener las ventanas completamente abiertas por recomendación del SEPRONA, ya que el calor favorece la conservación de los gases tóxicos. “Pasamos los inviernos sin calefacción y las ventanas abiertas, da igual el frío que haga”, declara la portavoz. 

“No podemos dejar esta herencia”

El escrito, al que ha tenido acceso Sevillaeldiario.es, indica que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, “únicamente estaría procediendo a citar o valorar a aquellas personas cuyas analíticas dieron resultado positivo”. Además, pide “que se haga examen integral de todos los perjudicados”, en especial “a todos los menores afectados”.

Este último revés judicial les ha pillado por sorpresa, ya que Gómez asegura que “hay hasta 13 informes que nos avalan” pero que “no se han tenido en cuenta”. Por otro lado, indica que dilatar el tema solo beneficia a la Junta de Andalucía, que “se defiende con los equipos jurídicos de la Administración”, mientras que los vecinos tienen que pagar a sus abogados. Pese a todo, no van a cesar en su lucha y aseguran que “llegaremos al Supremo y Estrasburgo”, añadiendo que “no podemos dejar esta herencia”. 

La presidenta de la asociación de afectados indica que el asunto es “algo muy gordo que no interesa que vea la luz”, y acusa del drama medioambiental a las “negligencias políticas” que se suceden, acusándoles de ser “una panda de mafiosos”.

Varios ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidas dos consejeras, no serán finalmente procesados por el caso de los gases tóxicos de la barriada del Guadalquivir, en el municipio sevillano de Coria del Río, una contaminación que sufren unas 4.000 personas. El colectivo que las aglutina, la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río, denunció a altos responsables de Salud (entre ellas, las dos consejeras) por un presunto delito de “prevaricación omisiva”, es decir, por inacción ante lo que estaba ocurriendo. La resolución judicial no es firme y todavía puede ser recurrida.

La denuncia –que llevó al juez a incoar las diligencias previas que ahora se cierran– incluía a Catalina García, consejera hasta 2024 de Salud y actual titular de Medio Ambiente, y a Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Hernández cesó en el cargo el pasado mes de octubre arrastrada por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

La entidad denunciante apuntó en total contra seis altos cargos, entre ellos la ex delegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), acusándoles de “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha decretado –en un auto al que ha tenido acceso este periódico– el sobreseimiento y archivo de la causa “por no quedar debidamente justificada la perpetración de delito alguno, quedar esclarecido el hecho y no ser necesario la práctica de diligencias de investigación”.

Hasta cinco presuntos delitos

El caso que derivó en el señalamiento de las consejeras se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir denunciaron fuertes olores a gasolina incluso en el interior de sus viviendas, lo que habría derivado en problemas de salud de numerosos afectados. Los gases tóxicos provendrían presuntamente de una gasolinera cercana, lo que dio lugar a una investigación judicial por un posible delito contra el medio ambiente. El caso fue archivado a finales de 2024, pero se reactivó al confirmar la Fiscalía la existencia de “daño constatado en la salud y afección demostrada” a los vecinos.

En este contexto, la asociación vecinal decidió actuar también contra varios responsables sanitarios, a los que acusaban de no tomar cartas en el asunto para atajar el problema. En concreto, el año pasado les acusó de los delitos contra el medio ambiente, de prevaricación omisiva y prevaricación medioambiental omisiva, lesiones y tratos degradantes.

En cambio, el instructor considera que una querella “exige la existencia de una mínima apariencia de tipicidad penal” y que, como en este caso, “cuando resulta la inexistencia de indicios de la perpetración de un ilícito penal, la instrucción agota su función”. La base de la denuncia es la inacción de los altos cargos de Salud, algo que el auto descarta porque en todo momento actuaron conforme a la información que tenían.

Informes de Salud descartando riesgos

En concreto, señala que reclamó un informe a la actual Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia para determinar los pasos dados por los querellados. “Los informes declaran que no hay riesgo significativo y que en el momento de emisión de los tóxicos no se puede concluir la existencia de un riesgo para la salud”, fue la respuesta obtenida.

Eso sí, el juez recuerda que esta conclusión “no es definitiva” y que están pendientes informes forenses para conocer el alcance de las lesiones en el marco de la causa que se sigue por un posible delito ambiental. Pero los ahora exculpados tomaron decisiones “basándose en dichos informes en el momento en que fueron emitidos”, de ahí que no accedieran a las peticiones que hacía la asociación, lo que “no supone automáticamente la comisión de un delito de prevaricación omisiva”.

En cuanto a la prevaricación administrativa o medioambiental, tanto activa como omisiva, “trata de castigar supuestos arbitrios, circunstancias que no han sido acreditadas en el presente procedimiento”. Si no se da este caso, argumenta el magistrado, “tampoco queda probada la relación causal de la inactividad de la administración con las lesiones denunciadas”.

Tirón de orejas a los denunciantes

Asimismo, no aprecia pruebas del “trato degradante denunciado”, ya que no acceder a las peticiones del colectivo vecinal “no conlleva la comisión de un delito de trato degradante”. Y cierra su auto con un tirón de orejas a los denunciantes: “No se puede acudir a la jurisdicción penal para obtener lo que se ha rechazado en sede contencioso-administrativa, máxime cuando la vía penal es la última ratio”.

Así que su conclusión es que “no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la causa”, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de la misma. La decisión no es firme porque todavía los querellantes pueden interponer recurso de reforma o de apelación.

En la localidad sevillana de Coria del Río, a escasos kilómetros de la capital andaluza, existe una de las curiosidades genealógicas más fascinantes del mundo: más de 700 vecinos comparten el apellido Japón. Este fenómeno no es una coincidencia lingüística, sino el resultado directo de la llegada de una expedición de samuráis en el año 1614, cuyos descendientes han mantenido viva la herencia del “País del sol naciente” a orillas del Guadalquivir. Se estima que de todas las personas que llevan este apellido en toda España, casi mil, la gran mayoría se concentran en este pequeño pueblo de 30.000 habitantes, convirtiéndolo en un referente tan particular de esta herencia cultural.

Para comprender este vínculo histórico, es necesario retroceder hasta 1613, cuando partió desde Sendai la Embajada Keicho, considerada la primera misión diplomática oficial de Japón hacia Occidente. Esta aventura fue impulsada por el noble Date Masamune y liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga, quien se embarcó en el galeón San Buenaventura con el objetivo de establecer relaciones comerciales y religiosas con la corona española y el Vaticano. La expedición representaba un puente audaz entre dos mundos que apenas comenzaban a conocerse.

El trasfondo de esta ambiciosa expedición mezclaba la necesidad económica con el fervor religioso de la época. Por un lado, un terrateniente de Sendai buscaba nuevas rutas comerciales tras verse afectado por un tsunami, mientras que el franciscano Fray Luis Sotelo vio en la misión una oportunidad para expandir el cristianismo y ganar influencia frente a los jesuitas en territorio nipón. Así, la comitiva, compuesta por unos 180 tripulantes entre samuráis, marinos y comerciantes, emprendió un periplo que los llevaría a cruzar el Pacífico y el Atlántico en una auténtica odisea.

Tras una escala en Nueva España (actual México), donde atravesaron el territorio desde Acapulco hasta Veracruz, la expedición alcanzó finalmente las costas españolas en octubre de 1614. El puerto de entrada fue Sanlúcar de Barrameda, desde donde iniciaron el ascenso por el río Guadalquivir para llegar a Sevilla. Fue durante este trayecto fluvial cuando la delegación japonesa recaló por primera vez en Coria del Río, un punto estratégico donde la navegación se complicaba antes de alcanzar la capital hispalense, lo que les obligó a alojarse temporalmente en la localidad.

La llegada de los orientales generó una enorme expectación en la Sevilla del Siglo de Oro, donde fueron recibidos con honores antes de continuar su viaje hacia el centro de la península. En diciembre de 1614, Hasekura Tsunenaga logró finalmente una audiencia con el rey Felipe III en Madrid para presentar sus propuestas de comercio y entablar lazos diplomáticos. Como muestra de buena voluntad y compromiso con los acuerdos buscados, el embajador samurái fue bautizado en la fe cristiana bajo el nombre de Felipe Francisco Hasekura.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos y el bautismo del líder de la misión, las negociaciones se estancaron debido a cambios políticos y religiosos drásticos en el archipiélago japonés. Mientras la delegación se encontraba en España, el shogunato de Japón prohibió el catolicismo y comenzó una persecución contra los cristianos, lo que restó interés al monarca español por consolidar el tratado. Felipe III, distraído por otros asuntos de Estado, permitió que las aspiraciones de la Embajada Keicho se diluyeran sin alcanzar un pacto comercial definitivo.

Cuando llegó el momento de emprender el viaje de regreso en 1617, tras haber visitado también al papa en Roma, no todos los miembros de la expedición decidieron volver a su patria. Un grupo de aproximadamente 30 japoneses, entre los que se encontraban samuráis y comerciantes, optó por establecerse definitivamente en Coria del Río. Las tierras andaluzas les ofrecieron un refugio donde podían practicar su nueva fe libremente y comenzar una vida alejada de la inestabilidad y la persecución religiosa que azotaba a Japón en aquel momento. La integración de estos hombres en la sociedad coriana dio lugar al nacimiento de una nueva estirpe cuando comenzaron a formar familias con mujeres de la localidad. Sin embargo, surgió un problema administrativo inesperado: los apellidos japoneses originales resultaban extremadamente difíciles de pronunciar y escribir para los sacerdotes y funcionarios de la época. 

Ante esta barrera lingüística, el cura encargado de los bautismos tomó la decisión pragmática de inscribir a los descendientes con el apellido “Japón” para identificar claramente su procedencia, una tradición que se consolidó a partir de 1646. Aunque el origen de este linaje permaneció como una anécdota local durante siglos, la historia cobró una relevancia renovada gracias a la investigación de vecinos como Virginio Carvajal Japón, quien comenzó a indagar en sus raíces niponas. El interés internacional cristalizó en el año 2013, cuando el entonces príncipe heredero y actual emperador, Naruhito, visitó esta localidad de Sevilla para conmemorar el cuarto centenario de la expedición. Este evento institucional reforzó los lazos entre el municipio sevillano y Sendai, ciudad con la que actualmente se encuentra hermanado.

Un legado visible

El legado de aquellos samuráis del siglo XVII es hoy visible en cada rincón del pueblo, donde los símbolos de ambas culturas conviven en armonía. En el Paseo de Carlos Mesa, junto al río que los trajo hasta aquí, se erige una estatua de Hasekura Tsunenaga ataviado con su kimono y catana, vigilando el cauce del Guadalquivir. Cerca de allí, se encuentran cerezos plantados por personalidades niponas, cuyos pétalos protagonizan cada primavera la festividad del Hanami, una tradición dedicada a la contemplación de las flores que une a ambos pueblos.

La espiritualidad japonesa también ha encontrado su lugar en este rincón de Andalucía mediante la celebración anual del Toro Nagashi, un rito donde se lanzan farolillos de papel al río en honor a los difuntos. Coria del Río ostenta el título de ser el único lugar fuera de Japón donde se realiza esta ceremonia, atrayendo a numerosos visitantes y delegaciones niponas que buscan reconectar con su pasado. La oferta cultural se completa con la Semana de la cultura japonesa, que incluye talleres de origami, caligrafía, conciertos de música tradicional y exposiciones de kimonos.

Finalmente, esta fusión cultural ha llegado incluso a la gastronomía y el ocio moderno, con productos innovadores como la crema de sake al estilo coriano, que mezcla la bebida nipona con arroz con leche. La historia de los “samuráis del Guadalquivir” ha saltado también a la ficción con películas como “Los Japón” y diversas obras literarias que exploran la aventura de Hasekura. De este modo, lo que comenzó como una fallida misión comercial en 1614 se ha transformado en un orgullo identitario para cientos de sevillanos que hoy llevan su origen samurái en el apellido.

Los vecinos de la barriada Guadalquivir del municipio sevillano de Coria del Río afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de una gasolinera han formalizado ante los juzgados una nueva denuncia por la vía penal, contra diferentes cargos de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía a los que atribuyen diferentes presuntos delitos. Entre las denunciadas están las consejeras de Salud, Rocío Hernández, y su predecesora y actual titular de Medio Ambiente, Catalina García, a las que se acusa de prevaricación.

Según la letrada Sara Domínguez, de In Diem Abogados y representante legal del colectivo de afectados, “no se trata únicamente de denunciar un daño consumado, sino de poner fin a una situación de desprotección jurídica y administrativa que no puede prolongarse más”. En esta situación, sostiene, “la legalidad exige actuación frente a amenazas ciertas a la salud colectiva”, ya que más de 4.000 personas viven hoy sobre este foco contaminante activo.

La denuncia se dirige contra la actual consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual responsable autonómica de Medio Ambiente, Catalina García; la exdelegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los presuntos delitos que se les imputan son los de prevaricación por omisión, omisión del deber de socorro, lesiones imprudentes o dolosas y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

“Inacción prolongada” de la administración

El argumento de los vecinos afectados es que la administración sanitaria habría incurrido en una supuesta “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. La situación que sufren las familias ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado, médicos, técnicos ambientales y asociaciones científicas.

La consejera Rocío Hernández manifestaba de su lado, meses atrás, que el estudio epidemiológico anunciado en 2023 fue realizado y remitido al juzgado que instruye la causa penal inicial de este asunto, así como que fue acometida una “revisión retrospectiva” de la situación sanitaria de los afectados. A esto se añadió un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta “específica” para estos vecinos, y “múltiples reuniones con expertos” de diversa índole.

Desde su punto de vista, no ha sido acreditada una “relación causal” entre las afecciones de los vecinos y la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera, algo que sí sostiene la Fiscalía. En paralelo, el pasado mes de marzo era conformada por parte de la Consejería de Medio Ambiente una mesa de trabajo promovida en cumplimiento de la proposición no de ley (PNL) aprobada por el Parlamento de Andalucía en febrero de 2024 a instancias del PSOE.

Los avisos de la Fiscalía

Rogelia Gómez, portavoz del colectivo, manifestaba no obstante en declaraciones a Europa Press que en dicha mesa de trabajo, la Consejería de Medio Ambiente había “olvidado” contar con “los principales” actores en el asunto, que no son otros que los propios “vecinos afectados”.

Ello, en un marco en el que pesa el informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, sobre el “foco contaminante” de la gasolinera. La investigación “confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas”.

A juicio de la Fiscalía de Medio Ambiente, “se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado”, que conforman “aguas, suelos y salud de los habitantes”. A ello añade que “se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio”.

Se constata “la afección generada”

Siempre, “como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado”, según este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General. En definitiva, que se constata “la afección generada por la contaminación tanto al medio natural, como a la salud de las personas”.

En el asunto pesa además un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta, sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera. En él expone que las “elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación”.

La situación de los terrenos

En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto de 2024 y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa de la estación de servicio deriva del “seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control”, señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como “el informe final del proyecto” de descontaminación.

Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que “si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación”. A ello se añadía que “no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación”.

La sentencia del TSJA

Sobre el asunto pesa también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero de 2024. En la misma, se ordena al Ayuntamiento de Coria del Río –gobernado por el andalucista Modesto González, investigado en la causa penal– que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.

El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta “inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos”, ordenando al ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados. Eso sí, sin acceder a ordenar el plan de “realojo” pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.

El olor a gasolina, a aceite rancio, a “gases que arañan la garganta”, se ha vuelto parte del paisaje para los vecinos de la barriada del Guadalquivir, en Coria del Río (Sevilla). Lo mismo que el cansancio, los mareos, los vómitos, las consultas médicas sin respuestas claras. Lo que empezó como una sospecha ciudadana terminó siendo confirmado por la Fiscalía General del Estado, por médicos, por técnicos ambientales y por asociaciones científicas. Y sin embargo, la respuesta institucional “nunca ha estado a la altura”.

Más de 4.000 personas viven hoy sobre un foco contaminante activo. Tienen miedo de dormir con las ventanas cerradas, pero también de abrirlas. Tienen miedo del agua que corre por los sumideros, del vapor invisible que se cuela por las rendijas. Algunos, como Rogelia Gómez, han desarrollado patologías graves: “dolores musculares”, “problemas respiratorios”, “vértigos”. Rogelia es una de las pocas que ha conseguido un diagnóstico médico claro: “recomendación de abandonar el domicilio por riesgo de exposición a sustancias tóxicas”. Una recomendación que dice no poder permitirse cumplir.

Ella asegura que, desde 2018, la asociación de vecinos que preside ha documentado casos de “leucemia, tumores, alteraciones neurológicas, abortos, niños con enfermedades renales... En cada bloque hay, al menos, un caso grave perfectamente compatible con la exposición prolongada a hidrocarburos aromáticos”. El informe del Instituto Nacional de Toxicología, elaborado a partir de los análisis realizados por el Seprona en aquel año, concluyó que la concentración de benceno en la barriada superaba en 16 veces el máximo permitido por la legislación vigente.

Además, aquel informe detectó la presencia de compuestos orgánicos volátiles derivados de hidrocarburos en domicilios particulares. El documento advertía de una “afección a la salud humana” y respaldaba la existencia de un “riesgo” para las personas debido a la exposición continuada. Estas conclusiones, sumadas a las de otros organismos, han llevado a los vecinos a considerar que su barrio ya no es un entorno seguro para vivir. “Nos están dejando morir”, repite Rogelia en cada entrevista, en cada pleno, en cada protesta, manifestando el diagnóstico compartido que ya asumen los vecinos sobre la inacción administrativa.

El debate institucional

La barriada del Guadalquivir ha vuelto al centro del debate institucional andaluz tras las declaraciones del Gobierno central. En una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria de Vox ha aclarado que las competencias en el caso de la contaminación por hidrocarburos en esta zona recaen sobre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Esta afirmación, emitida el pasado 9 de abril, llega en un momento clave, tras años de inacción, y refuerza la sensación de abandono que denuncian los más de 4.000 vecinos afectados.

“Existe un procedimiento de recuperación voluntaria de suelos. La competencia en materia de contaminación de suelos corresponde a la comunidad autónoma, salvo la declaración de suelos contaminados que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde a los ayuntamientos”, precisa el documento del Ejecutivo. También subraya que el Ayuntamiento de Coria del Río es responsable del otorgamiento de la licencia de actividad a la gasolinera contaminante y de la gestión del saneamiento.

Esta comunicación institucional coincide con la reciente constitución del grupo de trabajo promovido por la Junta en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz hace más de un año. La mesa, que cuenta con representación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, las empresas de abastecimiento de aguas y saneamiento Emasesa y Aljarafesa y las consejerías implicadas —Sostenibilidad, Salud, Industria y Agricultura—, ha arrancado sin incluir a los principales afectados: los vecinos. Tampoco se ha incluido a colectivos ecologistas, pese a su papel clave en la denuncia y seguimiento del caso. Su constitución se produce tras la publicación del informe de la Fiscalía General del Estado que confirmaba el daño sustancial en suelos, aguas y salud.

La primera reunión se ha limitado a anunciar nuevas mediciones de la calidad del aire y una inspección en la gasolinera, sin detallar plazos ni compromisos vinculantes. Para Rogelia Gómez, se trata de un gesto más de cara a la galería: “Se ha constituido porque el informe de la Fiscalía les obligaba, y para ver si nos callamos de una vez”.

“Tira y afloja de competencias”

Y es que, para los vecinos, este “tira y afloja de competencias” ha sido la tónica desde el principio de su lucha: “Ninguna administración ha asumido la responsabilidad para actuar de forma decisiva. Las únicas respuestas que nos dan son que ellos no tienen las competencias. Vamos a hablar con uno, y nos mandan a otro, y así nos tienen, rebotando a ver si nos cansamos”, dice Rogelia.

En 2021, el Ayuntamiento archivó el expediente de declaración de suelo contaminado. La justicia lo obligó a retomarlo dos años después, en una sentencia firme. La administración local también ha rechazado dos veces poner en marcha un plan de emergencia sanitaria y se ha opuesto a la creación de una comisión de seguimiento o a destinar fondos para investigar el impacto médico.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha asegurado que la descontaminación está en curso, aunque reconoce que las concentraciones de contaminantes en las aguas siguen siendo “demasiado altas” como para certificarlo. Tampoco ha entregado, tras dos años de espera, el informe epidemiológico comprometido por el Servicio Andaluz de Salud. La jueza del caso penal lo lleva reclamando sin éxito desde enero de 2023. Rogelia afirma que, “mientras ellos se pasan la pelota, 138 personas están siendo tratadas en el Virgen del Rocío por afecciones compatibles con la exposición a estos gases”.

En los últimos años, la Asociación de Vecinos ha presentado estudios de casos por calles, simulado vertidos ante las delegaciones de Medio Ambiente, y exigido una y otra vez participar en la toma de decisiones administrativas. Sin éxito. Esta exclusión ha sido denunciada también por Ecologistas en Acción, que lleva desde 2018 acompañando a los vecinos y alerta del efecto acumulativo de los contaminantes. Su diagnóstico es claro: la gasolinera no retiró los tanques en mal estado hasta 2024, y la tubería del colector que pasa por debajo de la estación sigue filtrando sustancias tóxicas. El informe de la Junta de agosto de ese mismo año reconoce que no se han delimitado bien los suelos afectados ni realizado correctamente los controles de seguimiento.

Tampoco se han inspeccionado todos los posibles focos de contaminación. Vecinos y ecologistas han denunciado la existencia de pozos negros bajo antiguas naves industriales, algunos de ellos edificados. El Ayuntamiento los descartó sin investigar. La jueza ha ordenado en varias ocasiones su revisión, sin resultado.

Las familias que viven en la barriada del Guadalquivir no tienen alternativa. Muchas de ellas, como Rogelia, son “pensionistas sin posibilidad de marcharse”. El caso de Silvia, madre de dos adolescentes con problemas respiratorios, es uno de los tantos que se han documentado a lo largo de estos años. Y Nuria, que tuvo que abandonar Coria para que su hijo recién nacido fuera atendido en Canarias, guarda un informe que relaciona su nefrocalcinosis con la exposición prenatal al benceno.

El drama de Coria del Río no es sólo ambiental. Es social, institucional y político. Un caso que parece acumular negligencias, ocultaciones y retrasos en los procesos. Un ejemplo de cómo el envenenamiento lento y sostenido de un barrio entero puede quedar diluido entre competencias cruzadas, recursos judiciales y silencios administrativos. Pero también es, pese a todo, una historia de resistencia.

Una mañana en la barriada Gutiérrez Pérez de Coria del Río, un municipio de Sevilla a orillas del Guadalquivir y a unos 17 kilómetros de la capital, es un ir y venir cotidiano de sus vecinos a cualquier recado, con la bolsa de la compra, con parada en el bar, con cualquier destino. Nada fuera de lo normal. Lo que muchos no saben es que las viviendas en las que habitan y que pagan religiosamente en régimen de alquiler pertenecen todas ellas al mayor tenedor individual de inmuebles de España.

elDiario.es reveló hace unos días los datos inéditos de los grandes propietarios que figuran en el Catastro como titulares de más de diez viviendas en todo el país y su distribución en cada municipio. De ese listado anonimizado nadie sabe, a tenor de sus gestos, pero en este pueblo milenario todos los vecinos consultados en la barriada saben quién da nombre al lugar: Joaquín Gutiérrez Pérez, alcalde de Coria del Río entre 1969 y 1976.

Una puerta metálica cerrada a cal y canto en la Calle Dolores Maldonado, junto a la sede de la Asociación de Vecinos Santa Mónica, por lo visto hace las veces de oficina de la vivienda del sobrino de aquel alcalde y que es la persona que gestiona todos los pisos. Todos conocen a Mariano, pero advierten que su 'despacho' solo abre una o dos veces por semana. “Si ves a una persona muy flaca, con un buen coche y con un moreno postizo es él”, comenta con cierta desgana un parroquiano dicharachero en el bar de la esquina. “Mejor que un padre”, resume un trabajador encargado del mantenimiento de los bloques de viviendas, que datan de los años 60 y a los que se les nota el paso del tiempo, al menos exteriormente, pero con la familia siempre presente en el nomenclátor de la barriada: calle Joaquina Pérez, calle Francisco Gutiérrez, etc.

El de mantenimiento marca sin preguntar en su móvil. Al otro lado del teléfono habla Mariano Gutiérrez, que se define como “apoderado” de las “14 personas dueñas” de las viviendas que heredaron dicho patrimonio inmobiliario, todos ellos hijos y nietos de Joaquín Gutiérrez Pérez. “En el Registro de la Propiedad puede que no esté bien recogido”, se escuda al preguntarle quién es la persona física tenedor de 627 viviendas en Coria, el 4,7% del total del municipio, como ha analizado elDiario.es. Para la información desvelada por este periódico se ha utilizado el listado de titulares catastrales con más de 10 inmuebles de uso residencial dados de alta como sujetos pasivos del IBI y los registros del número de inmuebles de esos tenedores en cada municipio. “Claro, pero hay 14 socios. Ven a la oficina y te explico”, señala el apoderado.

A la descripción del parroquiano solo le faltó añadir pelo engominado, camisa y corbata. “Tráeme el chaleco que aquí hace un frío que pela”, le dice a la persona que le acompaña. La oficina es pequeña, efectivamente hace frío y el anfitrión trata de mitigarlo con una estufa. En el local tiene numerosos estantes repletos de papeles y carpetas. “En 35 años que llevo en este negocio es la primera vez que hablo con un periodista”, confiesa. ¿Usted sabe que todas las viviendas que maneja su familia en Coria le convierten en la persona propietaria con más viviendas de España, doblando en inmuebles al siguiente en la lista, de Valencia, que tiene 318 viviendas (el 0,07% del municipio)?

“Mucho volumen, pero pocas nueces”

La pregunta no parece sorprenderle y pasa rápidamente a tratar de desechar la idea que el visitante pueda llevarse: “Todas estas viviendas nacieron con un fin social que yo lo he querido seguir manteniendo. Aquí hay mucho volumen, pero pocas nueces, porque tengo los alquileres más baratos de Coria”, repite durante la conversación, replicando lo sostenido por varios de los vecinos consultados antes.

Mariano gestiona desde 1990 el patrimonio de los Gutiérrez Pérez, una familia “pudiente” de Coria, según el relato de los vecinos. No solo en esta barriada, de unas 350 casas de 45-60 m2, de dos dormitorios en general, sino también en “la Gutiérrez Pérez de arriba”, donde hay unos bloques que albergan un centenar de viviendas construidas en el boom del ladrillo de finales de los 90, junto a la histórica Piscina de Coria. La piscina también es propiedad de los Gutiérrez Pérez, si bien una parte de ese terreno se vendió a la otrora gran empresa promotora de viviendas AIFOS, que derivó en la mayor suspensión de pagos de Andalucía. “Aquí venía media Sevilla a bañarse los fines de semana en los 80 cuando no existía el Guadalpark”, comenta un vecino.

Mariano, que prefiere no ser fotografiado, tira de memoria pero de un modo fresco pese al paso de los años. “Mi abuelo José Gutiérrez fundó esta barriada con unas ayudas que daba Franco para construir viviendas de protección. Luego su hijo Joaquín llegó a ser alcalde. Tenía cinco hermanos, que tuvieron 14 hijos, y que ahora disponen de las viviendas”.

Uno de los vecinos con los que habló SevillaelDiario.es comentaba que también existe una tercera barriada Gutiérrez Pérez pero en la vecina localidad de La Puebla del Río. “Eso es de un familiar”, apunta Mariano sin mayor detalle, apuntando en la barriada de Coria en la que nos encontramos. “El 60-70% de las viviendas son de renta antigua y pagan entre 25 y 100 euros al mes”. “Son pisos subrogados, cuya renta se actualiza con el IPC. Algunos empezaron pagando tres pesetas a finales de los 60. También los hay que pagan unos 250 euros, o 300, porque son contratos que se han hecho nuevos”, explica. “Son pisos descatalogados, de renta libre, y podría poner el precio que quisiera, pero no lo hago”, presume. “Si las pusiera a 500 euros me las quitaban de las manos”, asegura.

Otro vecino que paseaba por la zona criticaba que a algunos les hacían pagar el IBI pese a estar de alquiler. “Ha habido denuncias, pero el propietario las ha ganado todas”, explicaba. “Es que eso viene en los contratos”, afirma con seguridad el apoderado de los dueños de los pisos, que se jacta de tener “una lista de espera desbordada”, de medio centenar de aspirantes a “los alquileres más baratos de Coria”, pero “se mueve poco porque los hijos se quedan con las casas de sus padres y tal”. En los últimos años, es cierto que es la zona donde se concentra más población inmigrante en el pueblo, de acuerdo a los datos del propio Ayuntamiento y como también reconoce el apoderado.

Durante la conversación con Gutiérrez sale otro nombre también muy conocido en la zona, Manuel Leflet Alvarado, que regenta una promotora inmobiliaria creada en 2000, y a quien algunos vecinos también le atribuyen una gran cantidad de viviendas en Coria del Río y en otros puntos de la provincia, así como hoteles en Coria, Sanlúcar la Mayor o Dos Hermanas. Sin embargo, Leflet sería una empresa y Gutiérrez Pérez figura como persona propietaria, por eso figura en la lista del Catastro mencionada. El apoderado no quiere entrar en detalles, pero le asigna “otro tipo de negocio”. “Son rentas más caras”, apuntaba previamente uno de los vecinos consultados.

La XVII Semana de Cultura Japonesa regresa a Coria del Río, ofreciendo una experiencia inmersiva en la tradición y modernidad de Japón. Durante tres días, del 17 al 19 de octubre, este evento cultural permitirá a vecinos y visitantes de los alrededores disfrutar de talleres, espectáculos, exposiciones y gastronomía japonesa.

Actividades destacadas:

Inauguración y conferencias

La Semana comenzará el 17 de octubre a las 20:00 horas con la presentación de publicaciones de la Asociación Hispano Japonesa Hasekura Tsunenaga, a cargo de destacados académicos como Fernando Rodríguez-Izquierdo (Universidad de Sevilla) y Florentino Rodao (Universidad Complutense de Madrid). Además, habrá una conferencia especial sobre “El Japón misterioso” el viernes 18 de octubre.

El viernes 18, a las 20:30 horas, el Centro Cultural de la Villa Pastora Soler acogerá un espectáculo presentado por Kyoko Gasha, donde actuarán Kimono Flamenco, el Coro Hasekura, junto al Coro Toma de Nueva York y el Coro Dabar.

La Semana de Cultura Japonesa de Coria del Río se ha consolidado como un evento clave en la provincia de Sevilla, ofreciendo una inmersión completa en la rica y variada cultura japonesa. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de un ambiente único, lleno de arte, tradición y entretenimiento.

Entre una marea de banderas arcoíris, aplausos entusiastas y un ambiente cargado de emoción, la Alameda de Hércules se transformó en el epicentro de la celebración del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla que daba el pistoletazo de salida a un fin de semana de actividad y reivindicación. Este año, la esperada noche tuvo como protagonista a Pastora Soler como pregonera, sumándose a la lista de nombres como María del Monte, Vanesa Martín o Alex O'Doherty. Las críticas que surgieron desde algunos sectores sobre su elección por no pertencer al colectivo quedaron despejadas cuando tomó la palabra con un discurso lleno de empatía y apoyo. Es más, algunos asistentes como Ángela, a pesar de la reticencia previa reconoció la necesidad de “aliados” como Soler.

De hecho, Soler no dudó en criticar a las instituciones que en estas últimas semanas han retirado las banderas LGBIQ+ o han mostrado su desprecio por la diversidad. “Ya es hora de que cuelguen las banderas que quitaron de los ayuntamientos; ya está bien de LGTBIfobia”, espetó en referencia a Consistorios como los de Valencia y Toledo que mandaron a la policía, o a las declaraciones que algunos políticos comparando las asociaciones LGTBIQ+ con “asociaciones de bigotudos que fuman”.

En esta misma línea crítica y de apoyo al colectivo, la artista se dirigió también a los centros educativos que han retirado publicaciones LGTBIQ+ de sus bibliotecas: “Ya es hora de que devuelvan esos libros a los colegios”. “Como madre me duele que haya padres que no dejen a sus hijos ser quienes quieran ser, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan con miedo y vergüenza”, lamentó Soler. “Ya está bien de tanta censura en los tiempos que corren”.

Hueco para la memoria y para lo emotivo

Con una bata de color rosa fucsia y un vestido arcoiris, Pastora Soler llegó a la Alameda sobre un autobús de dos pisos. Ya en el escenario, envuelta en los vítores de un público ansioso por escuchar sus palabras. Su discurso fue una demostración de su compromiso como aliada. “No hace falta pertenecer al colectivo para apoyarlo”, afirmó con determinación. Hubo tiempo también para la memoria. La coriana rememoró la historia de la lucha LGTBIQ+ en la Alameda de Hércules, un lugar emblemático para el colectivo, y rindió homenaje a figuras como Miguel de Molina y Rocío Jurado.

Pero el pregón de Soler no fueron solo palabras, sino también un espectáculo. Entre las canciones que interpretó la cantante sonó su emblemático tema “Quédate conmigo”, adaptado para la ocasión como una llamada a Sevilla a la unión y al apoyo a los derechos LGTBIQ+. El escenario fue testigo además de algunos momentos emotivos, como la entrega de manos de la artista drag Frana Gabana del mantón arcoiris con lunares que ya es emblema del Orgullo sevillano desde que lo vistiera María del Monte en 2022.

Apoyo institucional “insuficiente”

Pese al buen ambiente, no faltaron críticas a la gestión del Ayuntamiento de Sevilla. Muchos asistentes manifestaron su descontento por lo que consideran falta de información de las actividades y la poca promoción del pregón, así como un apoyo institucional “insuficiente”. Ángela lo expresaba así: “Ha sido una vergüenza que no hubiera información con tiempo de antelación suficiente, que no se haya promocionado y que aquí haya la mitad del público que hay normalmente”. A Adrián le hubiera gustado que se hubiera hecho “una mayor inversión y un cartel mejor por parte del Ayuntamiento de Sevilla”, sumándose a las críticas que el cartel de este año ha recibido por parte de diferentes asociaciones LGTBIQ+

A pesar de las críticas y la menor afluencia comparada con otros años, en el evento se vieron sobre todo caras de disfrute. Como señaló Paloma, disfrutó más de la parte musical que del discurso, pero reconoció la importancia de las palabras de Soler. Carlos, a su lado, mostró su acuerdo y resaltó la conexión emocional que se logró durante la noche. La jornada se cerró con una apoteosis de banderas multicolor ondeando al viento y un claro mensaje de que “la diversidad es una fuerza que no puede ser ignorada ni silenciada”

El Ayuntamiento de Coria del Río ha inaugurado oficialmente el pantalán municipal tras la ampliación que ha experimentado en los últimos meses y lo ha hecho con unos paseos por el Guadalquivir.

La ampliación consiste en dos nuevos módulos flotantes para el atraque de 24 metros cuadrados, conectados con dos nuevas pasarelas de acceso desde el pantalán existente, de 16 metros cuadrados (8 x 2) cada una, con los elementos auxiliares que la completen, formando así un rectángulo en el que el lado más largo será el paralelo al río. 

La superficie total de lámina de agua ocupada es de 584,79 metros cuadrados, y el presupuesto de ejecución material asciende a cerca de 120.000 euros. 

El alcalde, Modesto González (Unión Andalucista), se dirigió a los asistentes para destacar la importancia de recuperar la actividad del río, que siempre ha sido parte fundamental de la historia coriana.

La Fundación Franz Weber ha solicitado esta mañana la retirada de cualquier promoción u oferta dirigida a personas menores de edad para acceder a la futura corrida de toros de Coria del Río, después de varios años sin esta actividad, por ser contraria a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño. 

 En este caso los promotores ofertan un descuento para niños, sin concretar franja de edad, con entradas por tan solo 10 euros. 

Los naturalistas, con estatus consultivo en este Comité de los Derechos del Niño, con especialistas en derechos de la infancia, han advertido que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos. 

 Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, explica: “Diferentes especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior.”  

 “La exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión hacia animales y también personas”. 

 La Fundación urge a las administraciones públicas implicadas, en especial al Ayuntamiento de Coria del Río por su papel de colaborador, a trabajar por la protección de la infancia y la adolescencia, instando la retirada de cualquier tipo de publicidad o promoción que busque fomentar su acceso a actividades lesivas para su desarrollo social, moral, intelectual o psíquico. 

Contenidos violentos con refuerzo positivo

En estas convocatorias se pueden ver las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos, explican desde la Fundación.

Además, los naturalistas explican que la presencia va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales. 

La Policía Nacional ha detenido a ocho individuos en Coria del Río (Sevilla) en relación con un altercado entre vecinos. Durante la operación, se incautaron drogas, armas blancas, una catana, una escopeta, un revólver y una considerable cantidad de munición.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los agentes recibieron un aviso alrededor de las 20.00 horas del pasado miércoles acerca de un conflicto entre residentes en la calle Virgen de la Salud, en Coria.

Varias unidades policiales se desplazaron al lugar y, después de tomar control de la situación, procedieron a la detención de cinco personas por participar en la riña tumultuaria, otras dos por agredir a agentes de la autoridad y una última por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Dos heridos leves y un agente con lesiones

Durante la intervención policial, se realizaron cinco registros en el sitio, resultando en la incautación de diferentes tipos de sustancias estupefacientes, múltiples armas blancas, una catana, una escopeta, un revólver y abundante munición.

Gracias a la respuesta de las fuerzas de seguridad, en colaboración con la Policía Local de Coria, se logró evitar incidentes mayores. El incidente dejó dos heridos leves y un agente con lesiones de menor gravedad.

Los individuos detenidos serán presentados ante la Autoridad Judicial en la mañana del viernes, una vez concluidas las diligencias en la sede policial.

Cuenta Juan Manuel Suárez Japón que cuando Caballero Bonald visitó la estatua de Hasekura Tsunenaga en Coria del Río, a orillas del Guadalquivir, murmuró: “Más que historia, lo que aquí se contiene es mucha literatura”. Las palabras del escritor quedaron rondando al político y catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide, que muchos años después ha convertido la historia de los samuráis que visitaron Sevilla en el siglo XVII en una novela histórica, La katana perdida, recientemente publicada por Renacimiento.   

“Me jubilé en el 2015 y en el 2016 publiqué un libro de relatos, Aquello era Doñana, donde hablaba de la transformación en la marisma, la desaparición de la pesca, el papel que el propio río jugaba en la sociedad en mis años juveniles”, recuerda Suárez Japón, coriano de 1945. “El profesor José Manuel Rubio Recio, el catedrático con el que me formé, me lo presentó junto a Manolo Sanlúcar, y me dijo: ‘No sé si te va a gustar lo que voy a decirte, pero este es el mejor libro de Geografía Humana que tú has hecho’. Luego escribí una novela con carácter histórico, Los caminos de la orilla, sobre la emigración. Y finalmente, me metí con esto porque el mundo de lo japonés se ha ido metiendo en mi vida y ocupando la mayor parte de los espacios”.

En efecto, las conexiones histórico-culturales entre Japón y las tierras del sur español, y la comunidad de los apellidados Japón en Coria del Río han atraído en los últimos años el interés del escritor, autor de libros de referencia como Japones y japoneses a orillas del Guadalquivir (2007), De Sendai a Coria del Río: historias de japoneses y japones (2014), o La trastienda de Virginio (Memoria Gráfica) (2018). Asimismo, ha participado como autor invitado en la magna obra Japón archipiélago de cultura (2021), es fundador y vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Amistad Hispano Japonesa Hasekura y en 2016 el Gobierno de Japón, en nombre del Emperador, le otorgó la Orden del Sol Naciente, “la distinción más alta que ellos dan a extranjeros que ayudan a la amistad hispano-japonesa”.

Verdad y verosimilitud

Pero la ficción narrativa era un reto muy diferente a todo lo hecho antes: ahora se trataba de contar el viaje del noble japonés Hasekura Tsunenaga desde el puerto de Sendai hasta España en 1613, acompañado del monje franciscano español Luis Sotelo y de un nutrido séquito de samurais y comerciantes nipones, con el objetivo de establecer relaciones políticas y comerciales con la corona española y solicitar su apoyo para, entre otras cosas, acrecentar el cristianismo en su país.

“Cuando Hasekura viene a Sevilla, el presente de amistad que le entrega al Asistente de Sevilla es una carta que desaparece y no se encuentra hasta bien entrado el siglo XIX, y una katana, el arma síntesis de la lucha de los samuráis pero que, según descubrí entre las miles de lecturas que hice y sigo haciendo sobre Japón, había un tipo de katana que no tenía tanto carácter de arma como de pieza de orfebrería, y que los japoneses entregaban en las recepciones oficiales”, explica. “Esa katana llega a Sevilla, desaparece también, y nunca vuelve a encontrarse. Ese es el punto de partida de una trama en la que he mezclado tiempo pasado y presente, de la mano de un investigador español que trabaja en Japón y viene a indagar este asunto”.

En ella, el escritor ha tenido que combinar rigor científico e imaginación. “La novela es un producto de ficción, pero si es histórica tiene que ser respetuosa con los hechos, incluso añado un apéndice bibliográfico con los textos fundamentales sobre los cuales me he basado”, agrega Suárez Japón. “Leí hace algún tiempo, quizá en Juan Eslava Galán, que el concepto de novela histórica es complicado, porque novela es cualquier estudio al que puedes llamar como tal, e histórica significa no tanto la búsqueda de la verdad, como de la verosimilitud. La fabulación no puede ir contra los hechos reales”.

Un apellido inequívoco

¿Y por qué Coria? “Esta gente viene a Coria en un momento bueno, en que el pueblo es el antepuerto de Sevilla, aquí se completaban las cargas y se descargaban para que el barco pudiera entrar a puerto. Debió de haber una actividad muy grande”, comenta el autor. “El primer pueblo era Sanlúcar la Mayor, y el segundo era Coria. El hecho de que partieran de aquí y también regresaran fue determinante. Nadie sabe cuántos se quedaron ni dónde, pero como los propios japoneses han afirmado, nuestro apellido Japón solo puede tener un origen, y es la conexión de aquella época”.

“Eso hace que una parte de la trama la centre en el eje Sevilla-Coria”, concluye. “Pero para que el lector sepa quiénes son Hasekura, Luis Sotelo o Sebastián Vizcaíno, todo está filtrado a través de la figura de Eikichi Hayashiya, embajador japonés que estuvo aquí del 81 al 84, y volvió a Sevilla como jefe de la delegación que acompañó al príncipe Naruhito en el año 1992, con motivo de la Expo”.

Elogiado por autores de reconocido prestigio como José Calvo Poyatos o Fernando Iwasaki, Suárez Japón no tiene dudas de que La katana perdida no será su última novela. “Escribo sobre todo porque estoy jubilado, he tenido un accidente aórtico del que me he recuperado por suerte, pero necesito tener una actividad creativa e intelectual”, apostilla. “Decidí cerrar la maleta de la Geografía Humana, me jubilé en 2015 y me dedico ahora a leer y a escribir lo que me gusta. Necesito tener una tarea por delante que me anime a salir de la cama por la mañana y mantenerme activo. Estoy trabajando en algunos relatos, pero sin plazo y sin prisa. Lo que quiero es tener tareas por hacer”.    

El alcalde de Coria de Río (Sevilla), Modesto González (AxSí), ha pedido al portavoz del PP en el municipio sevillano, Andrés Parrado, que rectifique la frase pronunciada en el último pleno, en el que distinguió, según un comunicado enviado por González, entre mujeres lesbianas “y normales”.

Según el citado comunicado, la frase fue pronunciada durante el debate de la moción presentada en el pleno por el PSOE a favor de la igualdad de trato hacia la mujer LGTBI, según la cual “los hombres LGBTI tienen más oportunidades que ellas”, que desde el primer momento contó con el respaldo del resto del plenario, salvo del PP, que consideró discriminatorio el punto donde se solicitaba la creación de protocolos específicos para las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, algo que consideraba discriminatorio “entre la mujer lesbiana y la mujer normal”. 

La concejala de Andalucía X Sí, Silvia Gracia, le preguntó en ese momento por su afirmación, y “lejos de pedir disculpas o achacarlo a un desliz, ratifico su pensamiento contestándole: ‘Normal. La normalidad’, y volviendo a repetir que era discriminatorio”.

Para Gracia, “como políticos tenemos la responsabilidad de hablar solo de personas, tratando a toda la ciudadanía en las mismas condiciones de igualdad.”

Según Modesto González, “un representante municipal que ha accedido a su cargo por los votos de los corianos y corianas no puede despreciar de esta forma a un sector de la sociedad sólo porque piensen diferente a él, ni mucho menos valorar y juzgar a las personas según lo que él considere normal”. 

“Las palabras de un político tienen su repercusión, y si el portavoz del PP insinúa que una persona no es normal por su condición sexual, corremos el riesgo de que más personas lo crean y comiencen a pensar como él, tirando por tierra todo lo que hemos luchado por la igualdad desde hace años”, ha terminado. 

Ahí está Coria del Río (Sevilla), viendo pasar la historia. Como puerto privilegiado de la lámina de agua que invita, dejando atrás Doñana, a trajinar el Aljarafe y la misma Sevilla. Un pueblo milenario que otea su futuro a través de los túneles de la SE-40, con los ojos rasgados por los usos tradicionales que languidecen y la sombra de la tragedia del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante.

Y la tierra coriana inició la actual etapa de democracia cercana saltando sobre los escombros de la dictadura. “A la primera oportunidad, el pueblo de Coria rompe con el franquismo”, resume Juan Manuel Tejada, concejal de aquel primer Gobierno local del Partido Comunista de España (PCE) que encabezó el primer alcalde elegido en las urnas desde la Segunda República, Antonio Asenjo.

“En la campaña electoral entrábamos en casas y nos decían ‘rezo por vosotros, porque salgáis’… tenían el cartel de campaña, que era la foto de Antonio, en un marco con velas”, sonríe Tejada. Fueron las primeras “y únicas” elecciones que los comunistas ganaron en Coria.

Porque la democracia entró a saco por la ribera del Guadalquivir. El PCE arrasó aquel martes 3 de abril de 1979. Mayoría absoluta en los comicios que desterraban la dictadura de Francisco Franco: 4.690 votos (47,46% del total) y 11 de 21 concejales. Desde entonces, 9 de 14 alcaldías han sido para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con etapas andalucistas como la actual con Andalucía X Sí (AxSI).

La veta ancestral del Guadalquivir

Coria del Río está a las puertas de Sevilla, es atalaya de la comarca del Aljarafe y una de las tierras que acaricia el Parque Nacional de Doñana. Atesora esa veta ancestral del Guadalquivir, desde el trasiego de las civilizaciones históricas a trabajos que subsisten al tiempo y las crisis.

O la pesca. 'Mientras haya albures, no te apures' dice un refrán que ejemplifica el recurso económico que supone el gran cauce fluvial andaluz. Y la carpintería de ribera o el paso del río en barcaza, actividades que permanecen ancladas a la tradición. Y los ladrillos de taco coriano. E intentos de aunar historia y turismo, como el rastro de Japón en Sevilla, de esos ‘japones’ del sur de Europa.

Pero, ¿dónde está hoy el tajo? ¿Y mañana? “La SE-40, el futuro de Coria pasa por ahí”, responde sin dudar Juan Manuel Tejada. “Coria no es un sitio de paso, aquí si vienes es porque tienes que venir, y es la primera vez que el pueblo tiene la oportunidad de acoger una vía de comunicación de camino a algún sitio”, asiente.

La SE-40, y los proyectados túneles bajo el río Guadalquivir, aparecen como posible bisagra del rumbo histórico de Coria. “Desde punto de vista económico, no sé si estará en la mente de quienes gobiernan el Ayuntamiento, el término municipal son unas 6.000 hectáreas y unas 5.000 están en aquel lado del río, hasta ahora sólo con uso agrícola”.

Ahí, subraya, la vía de circunvalación conecta con “el polígono industrial Carretera de la Isla, que está saturado”. Oportunidad pintiparada para la “expansión económica”, dice, de Coria del Río. Un pueblo “que no tiene industria, cuya empresa más importante es el Ayuntamiento” y dependiente del “cinturón” de Sevilla.

Hoy sólo navega “lo lúdico”

Quizás la SE-40 para atacar los “déficits” que arrastra el pueblo. Como en “equipamiento público”. Una rémora que no solucionó, como en localidades del extrarradio sevillano, “ni el boom urbanístico”. Un problema que enlaza con el mismo que Coria vivía al ingresar en la nueva etapa democrática.

“¿Por qué ganamos nosotros las elecciones? Había una riqueza civil de conciencia política, de ganas de cambio en aquella pura transición, mucha sociedad civil organizada en torno al antifranquismo”, enumera. Como el propio Tejada, histórico sindicalista de CCOO al que Coria quiso homenajear en las calles.

Pero el que fuera concejal comunista en el 79, y alcalde tras la renuncia en aquel mandato de Asenjo, dio otro golpe de conciencia: dijo “no”, y que mejor pusieran a aquel trozo de pueblo “plaza de la Libertad”. Como así se llama hoy.

Retomando, aquellos “antecedentes” de “lucha antifranquista” metieron una victoria mayoritaria del Partico Comunista en el flamante Ayuntamiento ribereño con 11 concejales. Las elecciones locales españolas de 1979 dejaron segundo a los socialistas, con 7 ediles, y cerraba el plenario la derecha de la Unión de Centro Democrático (UCD) con un trío de escaños.

“Hoy está muerto, no queda nada de todo ese movimiento social, obrero y antifranquista”, lamenta Tejada. De aquellos polvos, estos lodos. “Con los datos actuales… la situación es frustrante, lo que hay es muy negativo”, continúa. La reivindicación fue quedando varada y ahora solo navega “lo lúdico”, confiesa.

La Memoria y Blas Infante

El PSOE ha sido el partido hegemónico en Coria con 9 de 14 alcaldías. Los socialistas tomaron el bastón de mando desde aquella victoria inicial del PCE y desde el 83 enlazaron triunfos hasta 1995. Ahí entró el Partido Andalucista, que caía en pleno mandato con una moción de censura que dejó al frente, de nuevo, al PSOE.

Y de ahí, hasta 2013, cuando una maniobra plenaria arrebató la Alcaldía a un PSOE en caída libre. La nueva moción de censura fue apoyada por Partido Popular, andalucistas e Izquierda Unida, crucial con su voto para torcer la legislatura.

El PA ha repetido en el despacho principal del Consistorio de la añeja calle Cervantes, con Modesto González como alcalde ahora en las filas de Andalucía X Sí (AxSI). El regidor ha bailado entre apoyos de comunistas, independientes exsocialistas y la derecha del PP. Ahora gobierna en solitario.

Blas Infante. Y la Memoria Histórica. “Quizás uno de los últimos movimientos sociales que tienen hilo con aquella memoria antifranquista”, recuerda Tejada enlazando con aquella sociedad “luchadora” del 79. O que tenían, matiza.

Lamenta la “indignidad” de trasladar el monumento a las víctimas del franquismo a espaldas de las propias víctimas dio una estocada casi mortal. “Una lástima”, refiere, en un pueblo “históricamente” atado a las “reivindicaciones”, páginas demostradas “claramente en toda su tradición anarquista y de la Segunda República”.

Coria, siempre viendo pasar la historia. Coria, siempre con la sombra que convirtió la Villa de la Alegría de Blas Infante en un portal vivo de la tragedia. Desde los símbolos de la patria andaluza que nacieron a orillas del antiguo río Betis al rastro de una memoria íntima todavía enterrada en fosas y cunetas. Y Coria del Río, con los túneles de la SE-40 como prismáticos desde los que atisbar un cierto futuro.

Unos desconocidos atacan una obra dedicada a la memoria histórica en el paseo fluvial de Coria del Río

El PSOE lamenta el suceso y pide que cesen los ataques a la memoria de las personas que sufrieron represalias en la Guerra Civil y posguerra

Seis meses después de que los vecinos de San Juan de Aznalfarache se levantasen viendo atacado su recién inaugurado monumento a las mujeres represaliadas en la Guerra Civil y posguerra, otro municipio sevillano se ha encontrado con un ataque a la defensa de su memoria histórica tras sufrir unas pintadas por parte de desconocidos: Coria del Río.

Este monumento, según denunció el PSOE de la localidad en sus redes sociales, fue atacado con pintadas con distintas frases en cada uno de sus cuatro lados. Aparentemente, todas las pintadas fueron realizadas por la misma persona, como puede desprenderse de la caligrafía de las mismas.

Entre otras frases que se podían leer en el monumento, la frase “putos rojos” tapaba algunos de los hombres a los que rinde homenaje el monolito. Una diana fascista en otro de sus lados también fue dejada por quien realizó las pintadas.

El PSOE coriano ha lamentado que “este es el trato que los intolerantes, anti demócratas o vándalos dispensan a un monumento que solo representa el recuerdo de buenas personas a las que arrebataron la vida”, preguntándose el mismo partido “hasta cuándo” se van a producir situaciones como esta.

El monumento se encuentra en el paseo fluvial junto al río Guadalquivir, donde fue ubicado en 2015, tras ser inaugurado oficialmente el 28 de noviembre de 2009. Es obra de la escultora sevillana Ángeles de la Torre Bravo y salió adelante mediante la iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Coria del Río (Asremehco).

El conjunto cuenta con una base de planta rectangular de piedra blanca, de caras rectas y de mediana altura, en cuyo frente se inscribe una leyenda relativa al objeto para el que fue concebido que sirve como base a la obra escultórica realizada en bronce, que representa a un grupo de personas que aparecen distribuidas alrededor de una barca.

El Ayuntamiento de Coria fue avisado durante el fin de semana por los vecinos del ataque sufrido por la obra. El alcalde, Modesto González, confirmó a eldiario.es Andalucía a través de su oficina de prensa que avisó inmediatamente a los servicios municipales de limpieza, que en la mañana del lunes se tomaron como un trabajo prioritario que las pintadas desapareciesen por completo, con el fin de devolver a esta obra de arte solidaria el aspecto que tenía hasta la pasada semana.

Ahora, una vez devuelto el aspecto original al monumento, se busca a los presuntos autores del ataque a la obra.

Precedente en San Juan de Aznalfarache

El ataque al monumento coreano tuvo un precedente muy cerca geográficamente el pasado 25 de octubre. El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache denunció a la Policía Nacional el ataque sufrido la madrugada anterior por el monolito dedicado a 15 mujeres de la localidad asesinadas en 1936, que no llevaba en pie ni 24 horas.

El monumento fue encontrado con todos sus azulejos arrancados, sin tener pistas de las personas que pudieron cometer este acto. Tampoco se dispuso de imágenes de cámaras de seguridad, al estar ubicado en una zona apartada de viviendas y locales comerciales.

En torno a este monolito se vivió cierta polémica en días anteriores, toda vez que el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, pidió al Ayuntamiento una ubicación distinta. Las protagonistas del monolito pasaron a sustituir al de la calle Cardenal Pedro Segura (Carazo -Burgos, 1880-Madrid, 1957), que desde aquel día se llama oficialmente “Paseo de las 9 aceituneras”.

Segura manifestaba “su pesar y su disgusto por una medida adoptada a toda prisa, con poca reflexión e información, a todas luces injusta y que revela un profundo desconocimiento de la biografía del Cardenal y de la historia reciente de la Archidiócesis de Sevilla”.

El Ayuntamiento, no obstante, mantuvo su intención e inauguró el paseo en homenaje a las mujeres asesinadas en octubre de 1936, cuyos cuerpos fueron arrojados a una fosa común del cementerio de Sevilla.

La iniciativa del cambio de nombre de la calle fue planteada meses atrás por la Plataforma de la Memoria Histórica de San Juan de Aznalfarache. Dos semanas después del ataque al monumento, el Ayuntamiento repuso los azulejos arrancados, y desde entonces no ha sufrido nuevos problemas.

Mareos, cefaleas, problemas respiratorios, insomnio, escozor de ojos. Desde hace más de tres años, Juan Carlos Herrera sufre problemas de salud por esta época del año. Lo relaciona con un olor pestilente procedente de los desagües y la tapa de alcantarilla que hay frente a su casa. No es el único que lo sufre. Un centenar de vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) han tenido que acudir al ambulatorio con síntomas similares y denuncian que desde hace varias semanas soportan los mismos malos olores y dolencias que han llevado al hospital a Juan Carlos Herrera hasta en cinco ocasiones en lo que va de año.

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha revelado este lunes que los culpables químicos tienen nombre: fenol y dimetilacetamida, dos compuestos de amplio uso industrial. “En la zona del río y en las conducciones que vierten agua del río se han detectado niveles más altos de lo normal de determinadas sustancias que, con toda seguridad, son las causantes de estos olores y estas molestias, que han denunciado los ciudadanos”, ha comunicado Fiscal. Son las conclusiones de un análisis realizado por la Consejería de Medio Ambiente.

El fenol se emplea en la industria textil, química, farmacéutica y petroquímica, mientras que la dimetilacetamida también está presente en la industria farmacéutica, textil y en la síntesis de pesticidas. Tanto el fenol como la dimetilacetamida son compuestos orgánicos. El fenol es especialmente tóxico y, en caso de inhalación, puede producir dolor de garganta, sensación de quemazón, tos, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, jadeo, dificultades para respirar y hasta pérdida del conocimiento, mientras que la dimetilacetamida causa náuseas y dolor de cabeza, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Desde la Consejería de Salud, advierten que dichas sustancias no son cancerígenas, recomiendan “mantener los domicilios suficientemente ventilados y, ante cualquier sintomatología, acudir al centro de salud” y hacen “un llamamiento a la tranquilidad”. Según Herrera, muchos vecinos han optado por irse a vivir a “hoteles o casas de familiares. Llevamos 40 días sufriendo estos problemas. Yo tengo una alcantarilla justo enfrente de mi casa y el olor entra por la ventana. También lo hace por los husillos y las tuberías de los baños”.

“Un aditivo presente en combustibles”

Desde Ecologistas en Acción aseguran que “vamos a interponer una denuncia en la Fiscalía. Creemos que están implicados tanto Emasesa, que gestiona las cañerías, como Aljarafesa, que tienen conocimiento de esto desde hace más de un mes. Puede ser una filtración de un oleoducto o de un vertido de otro tipo”. El alcalde de la localidad, Modesto González (PA), envió un escrito hace días al consejero de Medio Ambiente en el que revelaba que, tras las denuncias de los vecinos, Emasesa había tomado varias muestras en el alcantarillado y había “observado la presencia de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) que no deberían estar presentes en vertidos domésticos, y que se utilizan principalmente como aditivos presentes en combustibles”.

El alcalde de Coria señala en el escrito que el miércoles 11 de octubre encontraron “una arqueta que había sido manipulada. Cuando los operarios de Emasesa descubrieron dicha arqueta, el olor que se había presenciado en las últimas semanas estaba concentrado a niveles muy altos” y muchos vecinos se habían visto obligados “a abandonar sus viviendas” ante los problemas de salud ocasionados por los efluvios procedentes del alcantarillado. Según los vecinos, los problemas respiratorios y de cabeza desaparecen cuando pernoctan fuera de su domicilio y no inhalan los gases fétidos.

Perforaciones en el oleducto

En un escrito al Ayuntamiento, los vecinos de la barriada de Coria del Río creen que el problema radica en “fugas por malas perforaciones y vertidos al río”, así como a “bandas criminales dedicadas a las perforaciones ilegales del oleoducto de CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) que transcurre entre los términos de Huelva y Coria del Río (Sevilla)”.

El Ayuntamiento de Coria ha convocado para este martes a mediodía una junta de seguridad, donde se analizarán los resultados del informe de la Consejería de Medio Ambiente. Fiscal ha asegurado que “entre todas las partes vamos a intentar dar con la fuente emisora de esta sustancia”, se va a analizar la calidad del aire y van a “sancionar a quien haya sido responsables de el nivel tan alto de estas sustancias”.

Un trabajador del área de Turismo del Ayuntamiento la localidad sevillana de Coria del Río, A.B., tendrá que ocupar desde este lunes un nuevo despacho. El consistorio le ha buscado una nueva ubicación tras la revuelta popular producida en este pueblo de 30.000 habitantes ubicado en el extrarradio de la capital sevillana, a la orilla del Guadalquivir.

Que este trabajador laboral del consistorio coriano gobernado por el Partido Andalucista, haya llamado “muñecos” a las imágenes de Semana Santa le ha provocado perder su silla en el área de Turismo, y todo debido a una publicación en su perfil personal de Facebook el pasado 13 de abril, que el Ayuntamiento ha considerado que trascienden lo personal, sobre todo porque, además, criticaban al propio dispositivo del consistorio durante la Semana Santa para mantener las calles limpias al paso de las hermandades.

Este trabajador publicó un mensaje que decía textualmente; “Después de sacar los muñecos a la calle no olvidéis poner en la declaración de la renta la cruz a la casilla de la iglesia. Hay que cubrir gastos, ya hemos pagado con nuestros impuestos limpieza y seguridad. Así nos va”.

A través de la misma red social, el Ayuntamiento ha informado este sábado de que “repudia estas manifestaciones realizadas por un coriano que tiene la suerte de trabajar en su ayuntamiento desde hace muchos años. No estamos en absoluto de acuerdo ni con el contenido, ni mucho menos con las formas empleadas. Cualquiera, sea quien sea, para opinar debe emplear el respeto a los demás como base para no perder nunca la razón”.

“Defendemos nuestra Semana grande”

Además, el Ayuntamiento aclara que “este Gobierno va a seguir defendiendo la Semana Grande de nuestro pueblo, no por su interés religioso (para eso está el pueblo representado por sus Hermandades), sino por el nombre de Coria del Río y la importancia del movimiento económico que genera en nuestra localidad”.

Por ello, desde el próximo lunes el trabajador en cuestión “será trasladado a otra oficina municipal, dejando de prestar sus servicios en el Área de Turismo”. Al mismo tiempo, “esperamos que estas manifestaciones no se repitan, por el bien de Coria del Río y para evitar tener que adoptar otro tipo de medidas más drásticas”, termina el mismo comunicado.

El caso es que este asunto ha dividido a la localidad. Los hay que defienden que el Ayuntamiento ha hecho bien en “reubicar” a alguien que no defiende la imagen del pueblo a pesar de trabajar en el área de Turismo, y los hay que creen que alguien no puede usar su perfil personal en una red social para criticar una parte del pueblo que, al final, forma parte de su nómina. La polémica está servida.

Sofía Martos ha disputado 84 combates a lo largo de su trayectoria deportiva y ha sufrido solo tres derrotas. Ese extraordinario balance le ha servido para ser seis veces campeona del mundo de muay thai en distintas categorías, además de obtener varios títulos nacionales. Su primer combate fue con cuatro años. 

Sofía, apodada Sweet Killer, nació y vive en Coria del Río (Sevilla), muy lejos de Tailandia, la cuna de este deporte. Entre entrenamientos, clases y deberes, esta joven deportista sueña con triunfar en el circuito profesional del país asiático, donde este deporte se vive con enorme pasión. Aunque hay Federación de este deporte en casi todos los países del mundo.

En otra dimensión, esta andaluza, como en el caso de Carolina Marín en el bádminton, apuesta por un deporte que en una parte del mundo especialmente poblada concita a numerosos seguidores. Posiblemente aquí no saldrá en un informativo de máxima audiencia, pero si continúa su progresión, en el sudeste asiático será una celebridad.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado archivar las actuaciones iniciadas hace ya más de un año contra doce personas, la mayoría vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por protagonizar una acción reivindicativa por el derecho a la vivienda en el interior de una sucursal del Banco Santander en Sevilla. Entre ellas se encontraba también investigada la concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense Cristina Honorato, detenida aquel 11 de noviembre de 2015. La protesta, que consistió en permanecer en el interior del banco a pesar de las advertencias policiales, acabó con las detenciones, como se aprecia en el vídeo:

La Fiscalía presentó el pasado 17 de noviembre un escrito solicitando el sobreseimiento de las actuaciones por entender que no habían quedado suficientemente acreditados la comisión de los delitos de desórdenes públicos y de desobediencia por los que se había acordado la continuación del procedimiento. Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo en este juzgado, conocido por instruir el caso de los ERE, sigue el criterio del Ministerio Público y ha acordado el archivo, que será definitivo al no existir ya acusación, dado que la entidad bancaria desistió tras la declaración judicial de algunos investigados el pasado 16 de marzo.

La PAH había organizado para ese 11 de noviembre un día de acciones “en toda España” en solidaridad con las tres familias de la localidad de Coria del Río (Sevilla) que llevan casi 200 días acampadas en la puerta de una sucursal del Santander en protesta por hipotecas “abusivas” y tres casos “enquistados” de la Unión de Créditos Inmobiliarios, filial de la entidad, como explicó a este periódico una de las afectadas.

El último día del pasado año anunciaron que levantaban la acampada que habían protagonizado durante ocho meses al haber encontrado la solución a los casos por los que venían movilizándose. Tres de ellos ya declararon ante el juez por encerrarse once horas en el mismo Santander:

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Ignacio Vilaplana, ha dado por concluida la instrucción sobre la ocupación inconsentida el 11 de noviembre de 2015 en una sucursal del banco Santander en Sevilla, por parte de personas vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y atribuye a las 12 de los investigados su participación en la comisión de un presunto delito de desórdenes públicos y otro de desobediencia.

Entre las 12 personas investigadas está Cristina Honorato, concejal de Participa Sevilla en el consistorio de la capital hispalense. En el auto, el juez acuerda que se dé traslado a las acusaciones para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando acusaciones o el sobreseimiento de la causa, una resolución contra la que se puede interponer recurso.

Cabe recordar que los hechos se produjero el pasado 11 de noviembre. La PAH, previamente, había organizado un día de acciones “en toda España” en solidaridad con las tres familias de Coria del Río que llevaban casi 200 días acampadas en la puerta de una sucursal del Santander en protesta por hipotecas “abusivas” y tres casos “enquistados” de la Unión de Créditos Inmobiliarios, filial de la entidad.