La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) celebró en la última reunión del Consejo de Participación de Doñana que el pleno de este organismo había dado su visto bueno a la segunda fase de la restauración del arroyo El Partido, que tiene como objetivo básico favorecer la recarga natural del castigado acuífero del parque. Pero paradójicamente, en esa misma sesión se alertó del impacto negativo que va a tener en este proyecto la intención de reactivar el almacén de gas, que con su presencia “distorsiona” esta labor de renaturalización.

Así lo transmitió al Consejo de Participación Pablo Hidalgo, profesor de Botánica en la Universidad de Huelva (UHU), que analizó la compatibilidad de la actividad gasística con los criterios de la Red Natura 2000 en la que se incluye todo este entorno de Doñana... menos justo el punto en el que se ubica el almacén. De hecho, la llanura de inundación de este arroyo “abarca gran parte” del espacio que ocupan las instalaciones, en término municipal de Almonte.

“Lo mejor para proteger las especies es proteger su entorno”, y en esta filosofía se encuadran los principios de la Red Natura 2000. El Partido se presenta como “un corredor ecológico de primer nivel pero que discurre adyacente a la zona del gas”, lo que en última instancia afecta a esta restauración que acometen conjuntamente la Confederación Hidrográfica y la ONG ambiental SEO-Birdlife.

Para ello, se suscribió un convenio en el que se resaltaba “el gran valor natural” del arroyo, “una de las principales cuencas del Espacio Natural de Doñana”. Por ello, además de favorecer la conservación del medio natural, con esta acción de recuperación se busca el “incremento de la biodiversidad y promover la participación social”, así como reducir el riesgo de inundación en el entorno urbano de la aldea de El Rocío. Pero sobre todo, la intención es incrementar las tasas de infiltración al acuífero durante las crecidas a través de la recuperación de los brazos secundarios del arroyo, mejorando los aportes a los humedales y a las lagunas temporales.

“Parcialmente incompatibles”

Para Hidalgo, que fue invitado por el Consejo de Doñana a presentar su análisis, ambos proyectos son “parcialmente incompatibles”, lo que a su juicio tiene su origen en que esta colisión no se previó en su momento en una declaración de impacto ambiental que es de 2010. “Doñana ha crecido y ha incorporado territorio dentro del espacio de la Red Natura 2000, para la que El Partido es fundamental”, a excepción de las instalaciones de gas, “que a efectos legales no está dentro de la Red pero sí desde un punto de vista ambiental”.

Esto, en la práctica, “genera una distorsión”. “Por una cuestión legal se ha tenido que bordear, pero lo más sensato es que toda esta zona termine incorporada a la Red como el propio arroyo”, cuya renaturalización “se puede convertir en un emblema de restauración ambiental”.

Su degradación previa fue fulminante: en los años 50 estaba “impecable” porque sólo soportaba en su entorno actividades forestales, pero después “la presión ganadera y fresera” lo contaminó y transformó además su cauce. “El arroyo ha sobrevivido de milagro”, apostilla el experto, que recuerda que es un hermano menor de la Rocina y resalta la calidad de su bosque de ribera.

El complejo en el epicentro de esta polémica (Marismas Occidental, el único que sobrevivió de los cuatro previstos inicialmente) es propiedad de Trinity Energy Storage, que tiene autorización para dos pozos de inyección. Pero uno está inoperativo desde hace años, por lo que ahora ha solicitado realizar un nuevo sondeo (Marismas 3NE) para sustituirlo y explotar a mil metros de profundidad un almacén que requiere inyectar y extraer gas.

“Aunque solo sea por una cuestión estética”

Hidalgo tiene claro que unas instalaciones de este tipo “no procederían y sería impensable que se autorizaran hoy”. Al margen de que la zona tiene una “peligrosidad sísmica elevada” que hace poco recomendable el emplazamiento de la planta, considera que está “justificado” que el Consejo de Doñana haya planteado la necesidad de “complementar o actualizar” la evaluación de riesgos de la actividad para así analizar el impacto en la Red Natura 2000 y “en un espacio protegido que ha crecido y envuelto esta zona”.

Desde su punto de vista, “lo ideal sería que la actividad gasística cesara”, porque la restauración ahora en marcha aumentará la zona inundable y la hace todavía más “incompatible” con los usos ambientales propios de este enclave. Así que la mejor opción sería que desapareciera “aunque sólo sea por una cuestión estética”.

El Consejo de Participación de Doñana no sólo instó en su última reunión a que se revise la declaración de impacto ambiental, sino que también solicitó que se comunique a la Comisión Europea y a la Unesco la intención de aumentar la actividad de este almacén. “Y no es un buen momento para que Europa vuelva a poner el ojo en Doñana”, resume Hidalgo.

La reactivación del proyecto para almacenar gas a las puertas de Doñana ha arrastrado al parque a un bucle en el que vuelven a repetirse situaciones idénticas a hace una década, cuando estalló una cuestión que desinfló en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al denegar la autorización ambiental a Gas Natural Fenosa. Por entonces ya se esgrimieron informes del Instituto Geológico y Minero de España y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) alertando de los riesgos sísmicos asociados al proyecto, y de nuevo en ello se ha puesto el acento de cara a la nueva licencia solicitada.

El encargado de ello ha sido el geólogo Francisco M. Alonso Chaves, profesor de la Universidad de Huelva (UHU), que presentó un informe al respecto al Consejo de Participación de Doñana en su última reunión. Este órgano, cuya postura no es vinculante, pero sí muy determinante por simbólica –lo normal es no actuar en contra de su criterio–, ha puesto reparos al proyecto empresarial y ha solicitado “complementar o actualizar” su evaluación de riesgos, lo que en la práctica supone una nueva declaración de impacto ambiental al margen de la que se concedió en 2010.

Con este experto ya se entrevistó la delegación del Parlamento Europeo que, en 2018, visitó el parque para conocer los riesgos que sufre. ¿Y cuál es su opinión sobre este resucitado proyecto? “Que mejor que no se haga, porque hay más riesgos haciéndolo que dejando las cosas como están”.

“Peligrosidad sísmica elevada”

Al Consejo de Participación no se lo transmitió de manera tan tajante, “pero a buen entendedor con pocas palabras basta”. La información que puso sobre la mesa es que Doñana se ubica en un punto de “peligrosidad sísmica elevada”, que hay fallas en el entorno del yacimiento y que “inyectar fluidos modifica las condiciones físicas, especialmente cambios en los esfuerzos que soportan las rocas, por lo que habría que controlarlos muy bien para evitar alcanzar condiciones de fracturación y por consiguiente generación de terremotos inducidos por la actividad antrópica”. Así las cosas, y resumiendo, que “el almacén implica correr un riesgo que no merece la pena”.

El complejo en el epicentro de esta polémica (Marismas Occidental, el único que sobrevivió de los cuatro previstos inicialmente) es ahora propiedad de Trinity Energy Storage, que tiene autorización para dos pozos de inyección. Pero uno está inoperativo desde hace años, por lo que ahora ha solicitado realizar un nuevo sondeo (Marismas 3NE) para sustituirlo y explotar a mil metros de profundidad un almacén que requiere inyectar y extraer gas.

Alonso recuerda que Doñana se ubica cerca de la zona de fractura Azores-Gibraltar y en las proximidades del frente orogénico alpino de las Cordilleras Béticas, por lo que en este entorno “las rocas se deforman fracturándose desde hace millones de años”, lo que explica la concentración de la actividad sísmica actual y la que debió existir“. De hecho son abundantes los registros de terremotos de magnitud superior a 4, ”que genera energía equivalente a un ensayo nuclear“, el último y más grave de los cuales tuvo lugar en 1969: tuvo una magnitud de 7,8 grados y epicentro a 400 kilómetros del punto en el que se ubica el sondeo.

Encima, este enclave en el que se pretende levantar el sondeo es especialmente sensible a la intensidad sísmica, ya que en ella se produce una amplificación de las ondas sísmicas al propagarse a través de sedimentos muy blandos, un hecho conocido como “efecto sitio”.

“La peligrosidad sísmica no se puede cambiar”

“Hablamos de una zona sismogénica, con fallas tectónicamente activas muy cercanas al enclave de extracción”. Por ello, insta a “mirar todo el escenario completo”, ya que considera que el estudio ambiental que recibió el aval administrativo “quizás infravaloró la complejidad del escenario tectónico regional, incluida la existencia de fallas bajo el yacimiento y en su entorno”.

Además, y aunque siempre se ha esgrimido que se mejorarán las medidas de seguridad, “la peligrosidad sísmica de la zona no se puede cambiar”. Los avances científicos han impulsado un mejor conocimiento geológico de la región, por lo que ahora “tenemos más capacidad que nunca para evaluar la peligrosidad, la exposición y en definitiva el riesgo sísmico”.

A esto añade que la zona tiene un factor valor de aceleración sísmica “de los más altos de la Península Ibérica, y ese dato por sí solo ilustra sobre el incremento del riesgo sísmico en la zona en términos comparativos con otras regiones”. El referente principal es el gran terremoto de Lisboa de 1755, que impactó en buena parte de Andalucía y que, sin ir más lejos, afectó a la cercana ermita del Rocío y le provocó “daños muy severos”. Tanto, que cinco años después se levantó una nueva.

“El riesgo cero no existe”, apostilla Alonso, que se pone en un escenario que podría ser hasta peor si un hipotético terremoto ocurriese durante la celebración de la romería del Rocío. O en verano, con la urbanización playera de Matalascañas (el núcleo urbano más cercano al parque) abarrotada con hasta 300.000 personas.

Registros de tsunamis graves

Depósitos naturales de gas los ha habido siempre en Doñana, un recurso que se extrajo de unos sedimentos porosos que son ahora los que se utilizan como almacén. Pero el aprovechamiento que se pretende requiere introducir y extraer el gas, con el consiguiente riesgo de incrementar la presión. “Inyectar un fluido modifica las condiciones actuales del yacimiento y hace necesario controlar muy bien el estado de esfuerzos local, porque ”la sombra de El Castor va a estar siempre planeando“, un proyecto en Castellón que se canceló tras registrarse más de 500 terremotos inducidos por el ser humano.

Antes de tomar cualquier decisión, defiende, “haría falta promover un debate científico para la transferencia de conocimiento a quienes tienen la responsabilidad de decidir liderado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica”, departamento desde el que se insiste en que se está siguiendo “escrupulosamente la normativa, como no puede ser de otra manera”. España, se apunta en esta línea, “cuenta con un sistema de protección ambiental sólido y garantista”, por lo que “Doñana nunca se va a poner en peligro”.

Eso sí, los antecedentes no son para tomárselos a la ligera, sentido en el que Alonso recuerda que el terremoto de Lisboa provocó un maremoto con olas de entre 13 y 15 metros de altura. Y no ha sido el único, porque existen evidencias geológicas de que en nuestra era se han registrado al menos cinco grandes temblores de tierra que generaron tsunamis, y hay constancia geológica de al menos otros ocho con anterioridad.

El experto, en definitiva, apela al “sentido común” y a aparcar una iniciativa que “implica un riesgo que no es necesario”. “El ser humano es el principal factor de riesgo”, una ecuación compuesta por tres elementos (peligrosidad, exposición y vulnerabilidad) que se multiplican entre sí. Por ello, la clave para minimizar lo que pueda ocurrir es, sencilla y llanamente, reflexionar: “el proyecto incrementa el riesgo y las autoridades tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Estamos preparados para garantizar esa seguridad?”.

Horas antes de la celebración este viernes del Consejo de Participación de Doñana, la Junta de Andalucía ha desvelado que no va a respaldar tal cual la solicitud para realizar nuevos sondeos de gas en su entorno, una actividad que tiene licencia muy cerca del parque y para la que el Gobierno central prevé autorizar nuevos sondeos. En cambio, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno reclamará que la iniciativa se someta a un nuevo estudio ambiental, además que de se informe del proyecto tanto a la Comisión Europea como a la Unesco.

En la actualidad, la empresa Trinity Energy Storage ya explota un depósito de gas ubicado en término de Almonte, a las puertas del enclave natural. La compañía tiene autorización para dos pozos de inyección, pero uno está estropeado desde hace años y lo que quiere ahora es realizar un nuevo sondeo (Marismas 3NE) para sustituirlo y explotar a mil metros de profundidad un almacén que requiere inyectar y extraer gas.

El Ministerio para la Transición Ecológica entiende que el proyecto tiene licencia desde 2010, por lo que está obligado a autorizar esta nueva petición de la compañía. No opina lo mismo el Gobierno andaluz, que considera que los 15 años que han pasado desde que se le concedió autorización ambiental justifican una revisión de la misma. El objetivo sería analizar posibles riesgos al paraje natural, muy especialmente a sus aguas subterráneas, y que toda la información se le haga llegar a la Comisión Europea y a la Unesco.

Daños al acuífero y terremotos

De esta manera, la Junta se alinea con las tesis principales de las organizaciones ecologistas, que han reactivado la plataforma Salvemos Doñana para denunciar que, además de daños al acuífero, hay riesgo de que el sondeo provoque terremotos como ya ocurrió con el megaproyecto de El Castor en Castellón. Esta postura ya estuvo en la argumentación para que el Gobierno andaluz, en la etapa de la socialista Susana Díaz, denegara en 2016 nuevos permisos, una oposición que luego ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Así que, salvo que el Ministerio se saque un as de la manga, en estos momentos las posturas de los ejecutivos central y andaluz están enfrentadas. La Junta planteará su propuesta en el Consejo de Participación de Doñana, cuyos miembros (administraciones, ayuntamientos, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales y ambientales...) en principio votarán para fijar la postura de este órgano.

En todo caso, la resolución que salga no es vinculante para el Ministerio, ya que se trata de un órgano de consulta pero sin la obligación de que se aplique lo que decida. Eso sí, una postura en contra le pondría las cosas difíciles al Gobierno central de cara a la opinión pública para dar su visto bueno al proyecto.

Vaivenes políticos

La componente política no hay que perderla de vista, ya que por mucho que se pactase un acuerdo por Doñana, de aquí a menos de un año habrá elecciones autonómicas y la lucha por el relato ambiental es importante de cara a esta cita. De hecho, los permisos para el gas (la actividad se remonta a los años 70) han sufrido vaivenes en función de las circunstancias políticas.

El actual proyecto se dividió en su momento en cuatro partes, y la primera (Marismas Occidental) recibió autorización en 2010, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. La Junta, también gobernada por el PSOE, dio su visto bueno, pero se negó a hacer lo propio con las restantes tres propuestas cuando las activó un Gobierno central en el que ya estaba Mariano Rajoy (PP). El argumento fue que tenían un impacto mucho mayor que el sondeo ya en marcha, pero hubo también muchas presiones, con protestas ecologistas y hasta un llamamiento del Parlamento europeo a paralizar el depósito.

Para terminar de complicar la situación, el almacenamiento de gas se considera clave para garantizar una cierta independencia energética, puesta de manifiesto desde la invasión rusa de Ucrania. España cuenta con pocas instalaciones para ello, aunque las organizaciones ambientalistas consideran que el depósito de Doñana “no se demuestra necesario para cumplir un rol relevante en la seguridad energética” dado su pequeño tamaño (unos 100 millones de metros cúbicos) frente a los otros tres que hay en España, que superan los 1.000 millones.

Ya lo dijo hace un año en una entrevista con este periódico el biólogo Miguel Delibes: “Doñana siempre va a estar amenazada y siempre habrá que estar vigilantes para protegerla”. Como muestra de ello, ahora reaparece en el horizonte el proyecto del gas, que en realidad nunca ha desaparecido y de hecho está parcialmente activo. La petición de la empresa concesionaria para hacer un nuevo sondeo ha vuelto a sacudir el siempre frágil equilibrio político y social en el parque nacional, resucitando unas tensiones que están ahí y que ahora enfrentan a los colectivos ecologistas con el Gobierno central. La Junta de Andalucía se guarda su postura, aunque de partida no parece que vaya a bloquear la propuesta.

Las cartas se pondrán sobre la mesa el próximo viernes, 27 de junio, cuando se reunirá el Consejo de Participación de Doñana para analizar la iniciativa y expresar su postura, que no es vinculante pero sí muy determinante por simbólica. Por si no fuera poca la incertidumbre, la situación se ha alargado más de lo previsto porque inicialmente se convocó un consejo extraordinario (el de este viernes es el habitual de mediados de año) para abordar el proyecto, con la coincidencia de que se fijó el 28 de abril y el gran apagón de ese día obligó a suspenderlo porque impidió la intervención telemática de los representantes del Gobierno central.

Las posturas más claras de partida son las de las organizaciones ecologistas que se sientan en el Consejo, contrarias a esta propuesta, mientras que el Gobierno avanza que legalmente está obligado a autorizarla. También se opone el Ayuntamiento de Almonte, en cuyo término municipal se levanta el complejo gasístico, así que queda por saber qué hará la Junta de Andalucía. Por ahora se limita a señalar que se han hecho “recomendaciones o sugerencias” al expediente que se han transmitido al Ejecutivo central, con lo que en apariencia no expresa una opinión radicalmente en contra.

El Gobierno prevé dar permiso

Pero antes de avanzar en la cuestión política hay que hacer memoria, porque surge la duda: ¿lo del gas en Doñana no se había descartado ya hace unos años? Pues sí pero no, aunque es cierto que en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denegó la autorización ambiental y tumbó una iniciativa para almacenar gas de Gas Natural Fenosa (rebautizada luego Naturgy).

Aquello paralizó los planes para un gran complejo que se subdividió en cuatro partes, según los ecologistas para esquivar requisitos ambientales. Por el camino quedaron tres –Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo–, pero sí logró sobrevivir la primera que se puso en marcha, Marismas Occidental, que hoy explota Trinity Energy Storage tras comprar los correspondientes derechos. La compañía tiene autorización para dos pozos de inyección, pero uno está estropeado desde hace años y lo que quiere ahora es realizar un nuevo sondeo (Marismas 3NE) para sustituirlo y explotar a mil metros de profundidad un almacén que requiere inyectar y extraer gas.

La autorización la tiene que dar el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), cuya titular, Sara Aagesen (PSOE), ya ha anunciado que la previsión es conceder el permiso porque hablamos de una “instalación preexistente” y, por lo tanto, “desde el marco legal tienen derecho a solicitarlo”. De hecho ya “se ha iniciado la tramitación”, que se hará “con las máximas garantías ambientales” pero insistiendo en que se trata de un “procedimiento anclado en la ley”.

Informes ambientales “obsoletos”

Cuestión distinta es su afirmación de que el proyecto está “fuera del perímetro de Doñana”, a no más de medio kilómetro del enclave natural. Este mismo argumento, por cierto, fue el que esgrimió el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), para defender las bondades de la proposición de ley que impulsó con Vox y que iba a permitir indultar centenares de hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del parque, una propuesta que se bloqueó hace año y medio con el pacto que trajo la paz política.

Al otro lado del cuadrilátero tenemos a las organizaciones ecologistas, que han reactivado para la ocasión la plataforma Salvemos Doñana y que consideran un disparate las intenciones de Trinity Energy Storage, contra las que han presentado una quincena de alegaciones. Se critica, por ejemplo, que se le va a conceder permiso en base a una autorización ambiental de 2010, en base a unos informes que están “obsoletos” y que sustentan un proyecto que supone una nueva amenaza para Doñana, “especialmente a sus aguas subterráneas”.

“Tanto la metodología de evaluación como el conocimiento científico han evolucionado mucho”, y esto ha originado “una ingente información nueva tanto hidrogeológica como sísmica que debiera tenerse en cuenta”. La mención a que el manejo del gas pueda provocar temblores de tierra no es gratuita, ya que es un fantasma siempre presente como ocurrió por ejemplo con el proyecto de El Castor en Castellón, que se desestimó tras registrarse más de 500 terremotos.

El aspecto político y el económico

De paso, los colectivos ambientalistas recuerdan al Gobierno su compromiso con la descarbonización y que el proyecto es “incompatible” con la Ley de Cambio Climático, además de que “no se demuestra necesario para cumplir un rol relevante en la seguridad energética”. Se responde así a otro de los argumentos esgrimidos, la necesidad estratégica de aumentar las reservas de gas, que contrasta con el pequeño tamaño del depósito (unos 100 millones de metros cúbicos) frente a los otros tres que hay en España, que superan los 1.000 millones.

El Ministerio recuerda que el proyecto es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, de hecho hoy no podría obtener autorización. Pero también incide en el impacto económico, una cuestión en la que se incluyen las pérdidas acumuladas desde que el pozo no está operativo y el valor del gas que ya se acumula en las instalaciones, conceptos que en conjunto superan los 40 millones de euros.

Almonte no lo quiere

En cuanto a la Junta, su postura determinará si se va más allá de un proyecto empresarial y se escala al choque político, como ya ocurrió cuando se dieron las licencias. La explotación Marismas Occidental recibió el visto bueno con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente, mientras que los otros tres proyectos paralelos se activaron ya con Mariano Rajoy (PP) en el Gobierno, que tras unas dudas iniciales se encontró con la postura en contra del Ejecutivo autonómico de Susana Díaz (PSOE).

Fue precisamente la Junta la que, en 2016, denegó la necesaria autorización ambiental, lo que la empresa llevó a unos tribunales que acabaron dándole la razón a la administración autonómica. De por medio hubo protestas ecologistas y hasta un llamamiento del Parlamento europeo a paralizar el almacén, de ahí la importancia de la postura que adopte el Gobierno andaluz.

Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se admite que el proyecto gasístico “ahora mismo cuenta con autorización ambiental vigente”. No obstante, “entendemos que debido al transcurso del tiempo es necesario hacer una serie de recomendaciones o sugerencias para ser tenidas en cuenta por el Ministerio para la Transición Ecológica”, apuntan fuentes de este departamento, que añaden que ya se le han hecho llegar.

En cambio, el que sí expresa con claridad su postura contraria a la iniciativa es el Ayuntamiento de Almonte, en cuyo término municipal se levanta el complejo. Su alcalde, Francisco Bella (del partido local Ilusiona), entiende que confluyen intereses dispares, pero cree que “alguna vez debería de ganar Doñana” en este tipo de situaciones y considera que la postura del Consejo de Participación es negativa con respecto al proyecto. Si esto realmente cristaliza y se expresa una oposición formal al nuevo sondeo la última palabra seguirá siendo del Ministerio, aunque de cara a la opinión pública tendrá mucho más complicado justificar su autorización.

Un terremoto. Convertir un pedazo de Doñana en un almacén de gas ha pasado como un seísmo potencial sobre el espacio protegido. La Justicia ha puesto fin –de momento– a la amenaza de que Naturgy (Gas Natural) convirtiera un antiguo filón de gas natural en un almacén subterráneo.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de la empresa contra la Junta de Andalucía, que le denegó la autorización ambiental del proyecto Marismas Oriental.

La historia se remonta a hace más de una década, al año 2008, cuando la compañía gasística presentó un proyecto para ampliar sus instalaciones en el entorno de Doñana y convertirlo en un almacén de gas, donde llevaba ya varias décadas extrayendo el combustible fósil y distribuyéndolo a Andalucía occidental mediante un alambicado sistema de gasoductos.

Fin a los litigios

Para eludir su importante impacto ambiental, como ha llegado a denunciar el Parlamento Europeo, la empresa troceó el proyecto en cuatro partes: Saladillo, Aznalcázar, Marismas Occidental y Marismas Oriental. En la práctica, suponía 20 kilómetros más de gasoductos y 16 sondeos, capaces de extraer más de 8.000 gigavatios horas (gwh), la energía potencial estimada. Por su parte, las organizaciones ecologistas denunciaban que se había hecho así para “evitar la evaluación de impacto ambiental conjunta”.

El Tribunal Superior de Justicia ha puesto fin de este modo a años de litigios, informes, autorizaciones y paralizaciones de un proyecto, al que el Gobierno de España dio luz verde en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Durante dos años, la Junta de Andalucía bloqueó el proyecto hasta rechazar finalmente las actuaciones en la zona de Marismas Oriental, porque afectaba al espacio protegido. La Consejería de Medio Ambiente atendió al Consejo de Doñana, que solicitó la “no autorización de las actuaciones previstas”.

“Un triunfo para Doñana”

Gas Natural amenazó entonces con demandar al Gobierno andaluz por más de 350 millones de euros, pero el TSJA lo ha dejado claro en su fallo: desestiman el recurso contencioso administrativo de la empresa “contra las resoluciones administrativas a las que se refiere la presente controversia. Sin costas”.

Los grupos ecologistas, como WWF, han celebrado la sentencia. Para la organización verde, se trata de un “triunfo indudable en la lucha por conservar Doñana”.

“Valoramos muy positivamente la sentencia del TSJA, que reconoce, como hemos venido defendiendo desde 2010, al igual que otras organizaciones ecologistas y los informes del Espacio Natural dependiente de la Junta de Andalucía, que Doñana no puede ser un almacén de gas natural al ser incompatible esta nueva actividad con lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 2005 (PORN) de este espacio”, apunta WWF.

Para las organizaciones verdes no se trataba solo de un proyecto que afectaba a un espacio protegido y que podía generar seísmo, sino un sinsentido: un parque natural no debe contribuir al cambio climático, sino mitigarlo, argumentaban. “¿Por qué se tiene que construir en espacio protegido? Las actividades industriales son incompatibles con los parques nacionales. Los grupos ecologistas estamos en contra de los hidrocarburos y a favor de las renovables. Doñana no debe contribuir al cambio climático”, afirmaba en su momento Juan Romero, portavoz en Doñana de Ecologistas en Acción.

Riesgo sísmico

Hace más de tres años, salió a la luz un informe del CSIC que alerta del riesgo sísmico del proyecto y el Defensor del Pueblo, tras analizar más de una decena de informes del Instituto Geológico y Minero (IGME), exigía que se reevaluaran sus riesgos: “No parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno”.

Según el Defensor, había que “iniciar los trámites para evaluar individual y conjuntamente los impactos acumulativos de los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero”.

Mientras los tribunales españoles resolvían el litigio, Europa miraba al sur. Un grupo de eurodiputados viajaron a Andalucía en 2018 para evaluar las amenazas sobre Doñana y llevar una serie de recomendaciones a las autoridades españolas. El resultado fue contundente. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo recomendó que se suspendieran “todos los permisos concedidos hasta que se aclaren las irregularidades detectadas en la evaluación de impacto ambiental”.

El texto no admitía ambivalencias y exigía “una retirada provisional de los trabajos y una detención inmediata de las siguientes fases del proyecto gasístico para respetar los principios de precaución y prevención”. Europa recordaba que no estaban claras “las posibles consecuencias” de inyectar y almacenar gas en las cavidades subterráneas alrededor del parque nacional, y apuntaba al ejemplo del almacén Castor (Tarragona), que provocó numerosos seísmos.

Por una razón u otra, las instituciones públicas que han intervenido han terminado dando la razón a los ecologistas: Doñana no puede ser un almacén de gas. Y le han cortado el grifo. Ahora, si recurren, será el Tribunal Supremo el que tendrá la última palabra.

Europa juzgará a España por una década de expolio del agua de Doñana Medio ambiente. La denuncia llegó en 2010 y, tras dos avisos oficiales, llega a los jueces por haberse mantenido “el desvío de grandes cantidades de agua para la agricultura”: pozos ilegales y 3.000 hectáreas sin permisos han dejado el acuífero en mal estado y las lluvias no reponen lo que se extrae.

En efecto, la Comisión Europea acusa a España de no proteger adecuadamente Doñana, y por ello ha decidido ante el Tribunal Europeo la desprotección del humedal, corazón de este parque nacional gestionado por la Junta de Andalucía, ante la sobrexplotación de su acuífero para satisfacer las demandas del regadío y el turismo.

El Ejecutivo comunitario considera que no se están tomando medidas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan Doñana, espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. “El desvío de grandes cantidades de agua tanto para la agricultura como para las necesidades de los turistas locales está deprimiendo la capa freática”, ha descrito el Ejecutivo comunitario. El mal estado del acuífero está documentado por los propios informes del Gobierno. La disputa entre protección ambiental y la creciente industria del regadío –a base de fincas dedicadas al cultivo de fresas y frutos rojo– de gran rentabilidad ha terminado en la Corte europea.

Pero no sólo eso.

En septiembre pasado, un grupo de eurodiputados de la Comisión de Peticiones participó en una misión de investigación al espacio protegido para determinar el riesgo del almacén de gas y la sobreexplotación del acuífero –la delegación estudió el proyecto de Gas Natural para construir un gasoducto y un sitio de almacenamiento de gas en Doñana, compuesto por cuatro subproyectos: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas Occidental y Saladillo–. Y ya está redactado un informe preliminar, al que ha accedido eldiario.es. Las conclusiones se debatirán en la Comisión de Peticiones el 20 de febrero y el texto definitivo se aprobará a mediados de marzo, tras el periodo de enmiendas. 

El documento ha puesto su atención en el proyecto gasístico planeado alrededor del parque nacional. Una de las amenazas que la Unesco incluyó en la lista de peligros sobre el entorno natural y sobre el que el Instituto Geológico Minero concluyó en un informe en 2017 que presentaba “peligro” por riesgos de inundación.

La delegación estaba compuesta por el eurodiputado eslovaco  Pal Csáky (Partido Popular Europeo) y el griego Miltiados Kyrkos (S&D). También participarán los eurodiputados españoles  Rosa Estarás (PPE),  Soledad Cabezón (S&D), Marina Albiol (IU-GUE) y Florent Marcellesi (Equo-Verdes).

Estudio 'in situ'

La misión se reunió con la administración y con organizaciones que cuestionaron el hecho de que no se haya realizado un estudio adecuado sobre las consecuencias y los efectos de los cuatro proyectos sobre el medio ambiente y, en particular, sobre los sitios de la red Natura 2000, ecosistemas con especial protección por parte de la UE. La delegación también recibió quejas en relación con que los estudios de sismicidad en el área del proyecto se habían realizado con retraso y no se habían tenido en cuenta en el momento de la evaluación de impacto ambiental.

Así, el informe establece, en sus conclusiones preliminares sobre las implicaciones del proyecto de gas en Doñana, que para preservar un ecosistema único, y teniendo en cuenta el principio de precaución, “sería necesario un estudio integrado complementario de los cuatro proyectos de gas, incluyendo la evaluación sísmica para completar el análisis necesario de los efectos del proyecto en su conjunto”.

“El informe es aún un borrador”, afirma la eurodiputada Marina Albiol, “y vamos a trabajar junto a las organizaciones ecologistas para presentar de aquí a marzo una serie de enmiendas centradas en conseguir unas recomendaciones más ambiciosas, con medidas urgentes de actuación, que estén a la altura de la necesidad actual de protección y recuperación que necesita el Parque. Doñana es agua, pero no es esta la única amenaza. Celebramos que el borrador recoja varias demandas básicas respecto al proyecto que busca convertir el subsuelo del parque en un gigantesco almacén de gas”.

En ese sentido, la delegación también pide a la Comisión Europea que vigile “de cerca la situación en Doñana”, y a las autoridades españolas, “un plan de acción integral para la recuperación del acuífero, para cerrar los pozos ilegales y para detener de inmediato la extracción de agua existente y la extracción ilegal. El expolio del agua subterránea de la que se nutre el humedal ha hecho que el Gobierno decida declarar el acuífero sobreexplotado en la Junta de Gobierno de Doñana del próximo 21 de febrero. Eso permitirá, según ha especificado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ejercer un mayor control en la gestión del recurso. Un problema que ha generado un ambiente de amenazas por parte de los agricultores sin derechos de uso –agropiratas– para continuar con ese expolio.

El informe también pide que se asignen “más fondos” de la UE para promover actividades alternativas sostenibles en la zona; una purificación adecuada y una vigilancia continua del agua que fluye hacia Doñana, una gestión científica y técnica del agua.

David contra Goliat. Un grupo de ciudadanos contra una empresa del IBEX-35. La lucha contra la construcción de nuevos pozos, gaseoductos y almacenes de gas en el Parque de Doñana dura ya una década. A lo largo de este tiempo, las batallas se han librado sobre las mesas de los despachos de empresas, científicos, Gobiernos y defensores del pueblo.

Europa, de manera extraordinaria, se ha visto obligada a enviar una misión para que sus eurodiputados investiguen qué está pasando en Doñana con el gas y determinar si vulnera las normativas europeas de protección del medioambiente. ¿Se puede construir un almacén de gas en un espacio protegido? ¿Es peligroso? ¿Hay riesgo de contaminación? ¿Hay riesgos sísmicos?

La historia se remonta al año 2008, cuando Gas Natural (actual Naturgy), que cuenta desde hace décadas con pozos y gasoductos en el entorno de Doñana, presenta un proyecto de ampliación de sus instalaciones alrededor y dentro del espacio protegido. La empresa gasítica divide el proyecto en cuatro partes: Saladillo, Aznalcázar, Marismas Occidental y Marismas Oriental.

Las organizaciones ecologistas han insistido desde entonces que Gas Natural ha troceado el proyecto “para evitar la evaluación de impacto ambiental conjunta”. La propia empresa engloba todo el proyecto en su propia página web bajo la denominación de Proyecto Marismas y sostiene que “fue dividido por la Administración en cuatro sub-proyectos, en función de la diferente catalogación medioambiental de cada zona”. 

Durante los años siguientes, se han sucedido los informes científicos, las autorizaciones y las paralizaciones del proyecto por parte de las diferentes administraciones públicas. En el año 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía concedieron sus respectivas bendiciones al proyecto de Marismas Occidental, que se encuentra al borde del Parque Natural de Doñana. El Consejo de Participación se opone a todos los proyectos, pero el gabinete de Mariano Rajoy le termina dando su visto bueno a los tres restantes. La pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que debe conceder o denegar la llamada Autorización Ambiental Unificada (AAU).

A esas alturas del partido, hay otra pelota y está en el tejado de Europa, que tiene mucho que decir sobre Doñana, ya que forma parte de la red de espacios protegidos europeos Natura 2000. Cuatro organizaciones sociales y ecologistas acuden al Parlamento Europeo en busca de una protección efectiva de este patrimonio de la humanidad, reconocido como tal por la Unesco. Consideran que Doñana está amenazada y recurren a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la bisagra entre la sociedad civil y las instituciones europeas.

Las quejas, formuladas en 2008 por Club Doñana y en 2013 por Izquierda Unida y las asociaciones Mesa de la Ría y Primavera Andaluza, son las que han desembocado cinco años después en una misión que trata de dilucidar si el proyecto gasístico de Gas Natural en Doñana es perjudicial para el medio ambiente o no. 

Parlamento y Congreso, en contra

Durante ese lustro, sólo el proyecto de Marismas Occidental ha seguido adelante, mientras el Parlamento Andaluz y el Congreso de los Diputados se han opuesto a todos ellos. Un informe del CSIC salía a la luz hace más de un año y advertía que había riesgo sísmico, mientras el Defensor del Pueblo, tras analizar más de una decena de informes del Instituto Geológico y Minero (IGME), pedía que se reevaluaran los riesgos del proyecto: “no parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno”. 

El Defensor del Pueblo cree que hay que “Iniciar los trámites para evaluar individual y conjuntamente los impactos acumulativos de los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero”.

Pide que se suspendan los trabajos en Marismas Occidental hasta que no estén claros los riesgos y le solicita al Gobierno que deje claro el estado de la tramitación de las autorizaciones de Saladillo, Aznalcázar y Marismas Oriental.

La misión europea en Doñana

Durante tres días, desde el miércoles hasta el viernes de esta semana, la delegación de diputados europeos se ha reunido con los denunciantes, organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía, el defensor del pueblo andaluz, científicos, agricultores y responsables de Gas Natural para hacerse una idea, sobre el terreno, de las amenazas que sufre Doñana, en general, y con el gas, en particular.

La delegación estaba compuesta por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (Partido Popular Europeo), el griego Miltiados Kyrkos (Partido Socialista Euroepo) y el austriaco Thomas Waitz (Verdes). Y contaba con el apoyo de los eurodiputados españoles Rosa Estarás (Partido Populares Europeo), Soledad Cabezón (Socialistas Europeos) y Florent Marcellesi (Verdes).

El resultado de esta misión, en forma de informe, se llevará a la sede parlamentaria europea, donde, en cuestión de meses, se debería llegar a una resolución final con recomendaciones dirigidas tanto al gobierno de Susana Díaz, como al de Pedro Sánchez. Aunque no habría sanciones económicas directas, algo que corresponde al órgano ejecutivo, es decir, a la Comisión Europea, ésta si quedaría informada de la posible vulneración de leyes europeas medioambientales en España. Es decir, contaría con un instrumento más para sancionar económicamente al Estado español.

En diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo “muy probable” que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas “más bien para febrero”, según declaraciones recogidas por Europa Press de los europarlamentarios. Tras reunirse con el consejero de Medio Ambiente este miércoles, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky ha calificado de “seria” y “muy importante”.

El agua y el gas. Aunque el fuego, fue el que llamó la atención de todos, la sobreexplotación del acuífero y el almacén de Gas Natural son dos de las mayores amenazas que sufre el espacio natural de Doñana en estos momentos. Por eso, el Parlamento Europeo ha decidido tomar cartas en el asunto y determinar el verdadero alcance de los riesgos denunciados, hace ya cinco años, por varias asociaciones y organizaciones andaluzas .

La institución legislativa ha enviado una misión de eurodiputados que deben evaluar si en este espacio protegido, un punto de gran riqueza natural y clave para las aves que migran todos los años entre África y Europa, se está incumpliendo la normativa europea sobre medio ambiente.

El resultado de esta misión, en forma de informe, se llevará a la sede parlamentaria europea, donde, en cuestión de meses, se debería llegar a una resolución final con recomendaciones dirigidas tanto al gobierno de Susana Díaz, como al de Pedro Sánchez. Aunque no habría sanciones económicas directas, algo que corresponde al órgano ejecutivo, es decir, a la Comisión Europea, ésta si quedaría informada de la posible vulneración de leyes europeas medioambientales en España. Es decir, contaría con un instrumento más para sancionar económicamente al Estado español.

En diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo “muy probable” que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas “más bien para febrero”, según declaraciones recogidas por Europa Press de los europarlamentarios. Tras reunirse con el consejero de Medio Ambiente este miércoles, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky ha calificado de “seria” y “muy importante”.

“Una biodiversidad única”

El Parlamento Europeo recuerda, en un comunicado, que “con una extensión de 543 km2, de los cuales 135 km2 son protegidos, y una biodiversidad única en Europa, Doñana fue establecido como reserva de la naturaleza en 1969. La Unesco considera el Parque Nacional como una reserva de importancia mundial debido a la variedad de sus ecosistemas y el gran número de especies que aloja. Sin embargo, las modificaciones fluviales y la agricultura intensiva ponen en riesgo el paraje”.

Si en 2009 ya se denunció ante el Parlamento, que las autoridades españolas estaban desatendiendo la protección de Doñana, hace ya un lustro se denunció “una serie de proyectos de extracción, almacenaje y transporte de gas natural en el área próxima al emplazamiento Natura 2000 del parque de Doñana”.

La delegación está compuesta por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (Partido Popular Europeo), el griego Miltiados Kyrkos (Partido Socialista Euroepo) y el austriaco Thomas Waitz (Verdes). También participarán los eurodiputados españoles Rosa Estarás (Partido Populares Europeo), Soledad Cabezón (Socialistas Europeos) y Florent Marcellesi (Verdes).

La misión incluye reuniones con los denunciantes, organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía, el defensor del pueblo andaluz, científicos, agricultores y responsables de Gas Natural. Es decir, una visión global del problema con todas las partes involucradas y con visitas sobre el terreno.

“Una situación desesperada” 

Tras la reunión con los denunciantes este miércoles, Pilar González, peticionaria y responsable de la asociación Primavera Andaluza, asegura haber percibido “la voluntad de proteger toda la biodiversidad de Doñana (por parte de los eurodiputados), pero son conscientes de los equilibrios económicos que tienen que hacer”. 

Por su parte, el peticionario y biólogo Javier Castroviejo, presidente de Club Doñana, ha visto “un sincero interés de los europarlamentarios. Creo que no esperaban que la situación de Doñana fuera tan desesperada”. Desde la Mesa de la Ría, Rafael Gavilán asegura haberle transmitido a los europarlamentarios que en la zona de Doñana “no opera solo Gas Natural, sino otras empresas gasísticas como Repsol y Enagás.  Y que, por tanto, tienen que ser evaluados todos estos proyectos gasísticos. Los cuatro de Gas Natural y las actividades preexistentes de Enagás y Repsol”.

Desde WWF, Juanjo Carmona ha expresado su satisfacción con la reunión con los eurodiputados. “Estamos contentos de que se interesen por Doñana. El Parlamento Europeo es nuestro parlamento, que los ojos de nuestro parlamento esté en Doñana es importante, como le hemos dicho”, ha señalado Carmona.

“Se pueden estar incumpliendo directivas europeas”

Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, ha destacado este miércoles durante una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía que en Doñana “se pueden estar incumpliendo directivas europeas de hábitats, aves, aguas, evaluación ambiental, prevención y control integrado de contaminación; y protección de humedales”.

Albiol ha insistido en que “Europa no puede permanecer callada ante las amenazas que sufre Doñana. No queremos que haya un nuevo Castor, donde no se evalúo el riesgo sísmico y prevaleció el interés de la empresa sobre los intereses públicos. Doñana no se puede ver convertida en un almacén de gas”.

Posibles sanciones económicas

De hecho, la Comisión Europea ya ha dado un ultimátum a España para que proteja Doñana y pare la sobreexplotación del acuífero por parte, principalmente, de los cultivos ilegales. El órgano ejecutivo europeo acusó al Gobierno de “incumplir” con su obligación de proteger el parque natural, recriminándole que negara las “evidencias científicas” que apuntaban a la sobreexplotación del acuífero.

Europa criticaba que “las autoridades españolas se han abstenido de aplicar y ejecutar las medidas de control e inspección que habrían sido necesarias para lograr disuadir a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales”, añadiendo que “prohibir el regadío en las zonas más sensibles”.

No es la única institución internacional que tiene puesta la lupa sobre el espacio protegido. La Unesco llegó a dar un ultimátum a España para que tomara medidas, bajo la amenaza de incluir Doñana en su lista negra de patrimonio en peligro. Meses después, tras maniobras diplomáticas del Gobierno y la Junta, suavizó su amenaza. España está obligada a entregar un informe a finales de este año. En dicho informe debe figurar información sobre el dragado del Guadalquivir, el estado de las aguas subterráneas y  los proyectos de Gas Natural (Aznalcázar y Marismas Occidental).

Gas Natural troceó su proyecto gasístico en cuatro partes, para sacar adelante la autorización ambiental y poder transformar una antigua explotación de de hidrocarburos en un almacén gasístico, obteniendo luz verde para un de los cuatro proyectos. 

Un informe del Gobierno de finales del año pasado, al que tuvo acceso eldiario.es, criticaba que Gas Natural había rebajado la peligrosidad por inundaciones en un estudio de riesgos. El Instituto Geológico y Minero (IGME) señalaba que “las asignaciones de peligrosidades y el riesgo que se derivan de su utilización e interpretación son, cuando menos, cuestionables”.

Nueve años después de que se presentara la primera denuncia ciudadana en Bruselas en forma de petición, una delegación del Parlamento Europeo visitará durante los próximos tres días el parque natural de Doñana, un enclave medioambiental único y un verdadero puente de biodiversidad entre África y Europa.

Esta misión de investigación -promovida y defendida cada año durante los últimos cinco por el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo- nace del trabajo incansable de numerosas organizaciones políticas y asociaciones ecologistas que, hartas del abandono y la desprotección por parte de la Junta de Andalucía y de los diferentes Gobiernos centrales, decidieron acudir a las Instituciones europeas para evitar que uno de los parques naturales más importantes de Europa acabe convertido en un mero parqué especulativo en forma de almacén de gas.

Al igual que muchas otras organizaciones ecologistas, cuando desde IU registramos nuestra petición en el año 2013, lo hicimos porque entendimos que quienes rechazamos este proyecto especulativo y defendemos Doñana estamos jugando una partida con las cartas marcadas. Una partida trucada de inicio por los estrechos vínculos e intereses compartidos por el PSOE y el PP con la empresa Gas Natural-Fenosa, la encargada del proyecto.

Vínculos estrechados gracias a cuantiosas ayudas económicas concedidas por el anterior Gobierno de España a Gas Natural - como los 6,3 millones concedidos el pasado enero en relación al proyecto en Doñana- e intereses compartidos entre empresas y miembros de los partidos al frente de las administraciones competentes con forma de puertas giratorias y generosos salarios, como los recibidos por Felipe Gonzalez (PSOE) o Nemesio Fernández-Cuesta (PP) en su etapa como miembros del Consejo de Administración.

Si a esta relación casi simbiótica entre empresas y gobiernos sumamos la irresponsabilidad sistemática a la hora de proteger el medioambiente que nos convierte en el país líder de la UE en infracciones medioambientales, es comprensible la desconfianza de asociaciones y organizaciones sociales, pero también de las Instituciones europeas, hacia el Gobierno central y la Junta de Andalucía a la hora de proteger el parque Natural de Doñana.

Desconfianza ante gobiernos que aceptaron la fragmentación fraudulenta del proyecto de almacén de gas en cuatro subproyectos, dando por buena esta forma de ocultar su verdadero impacto medioambiental. Administraciones que fueron concediendo los permisos pertinentes a la vez que ignoraban el rechazo mayoritario de la ciudadanía y las numerosas irregularidades –cuando no ilegalidades- que dinamitan por los aires los dos principios rectores del derecho medioambiental europeo: la prevención y la precaución.

Irregularidades a la hora de dar por válida una Declaración de Impacto Ambiental que no recoge los efectos acumulativos del proyecto, no tiene en cuenta el elevado riesgo sísmico por las extracciones e inyecciones de gas en el terreno, ni tampoco analiza la “peligrosidad alta” por posible inundación de la zona.

A todas las organizaciones y asociaciones que estamos citadas a participar estos días en la misión nos toca trabajar para asegurar que los y las eurodiputadas conozcan durante su visita toda la verdad sobre este proyecto y sobre la alarmante situación en la que se encuentra actualmente el Parque Natural.

Mostrando la verdad, la principal conclusión de esta misión coincidirá con lo que piensa la inmensa mayoría de andaluzas y andaluces: el futuro de Doñana no pasa por convertirse en un gran almacén de gas, si no por medidas urgentes para su conservación y protección.

Pero mantener vivo este Patrimonio andaluz para la Humanidad requiere de la implicación de todas y cada una de nosotras y del refuerzo del imprescindible papel que están desempeñando para su conservación movimientos como la Plataforma Salvemos Doñana u organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o Greenpeace.

Ni esta misión, ni las Instituciones comunitarias van a salvar Doñana. Salvar Doñana pasa por conseguir que nuestros gobiernos se llenen de personas que entienden que el ecologismo y la protección del medioambiente, hoy en día, no son una opción más; son una obligación y una responsabilidad con nuestro presente y, sobre todo, con nuestro futuro como sociedad.

El diputado nacional del PSPV-PSOE por Castellón Artemi Rallo ha mostrado este viernes su “satisfacción” por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, y ha asegurado a Europa Press que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo “tan urgente” para la indemnización, “antepuso los intereses privados a los generales”.

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de “arbitraria e injustificada”, pues -ha añadido- el decreto ley “hacía que se abonara de forma inmediata -en 30 días- una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años”.

“Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado”, ha señalado el diputado, quien considera que el Gobierno “ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal”.

Rallo ha resaltado el papel que jugó el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que promovió el Grupo Parlamentario Socialista, para que se reparara esta situación lamentable”.

“Fuera de toda lógica”

El PSPV-PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional (TC), con el cual -según ha apuntado- adquiere “rango de verdad judicial” lo que el Partido Socialista ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy “no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar”.

Como el PSPV-PSOE puso de manifiesto en 2014, estaba “fuera de toda lógica” que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una “despiadada” política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, “a todas luces injusta”.

El PSPV ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma “tan rauda y veloz” una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez. “Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica”, ha concluido.

España ha desplegado en Cracovia una intensa ofensiva diplomática. Y ha dado sus frutos. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco ha rebajado sus presiones sobre Doñana hasta el punto de eliminar el ultimátum que lanzó a España: o atajaba las amenazas que penden sobre el espacio protegido o se verían obligados a meter Doñana en su lista negra. La sangre no ha llegado al río. El documento presentado a mediados de mayo se ha visto diluido hasta el punto de que se ha borrado de un plumazo el último párrafo, en el que se aseguraba que “si no se toman medidas urgentes para mejorar el estado del acuífero de Doñana”, el organismo de la ONU se vería obligado a considerar la inclusión del espacio protegido en su Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

No ha sido la única noticia que el organismo internacional le ha dado a España. El Gobierno español estaba obligado a entregar, según ese primer borrador, un nuevo informe el 1 de febrero de 2018, indicando las medidas tomadas contra las múltiples amenazan que asedian el espacio natural, como la sobreexplotación del acuífero por parte de alguno freseros, la creación de un almacén de Gas Natural a sus puertas, un suspendido (que no cancelado) dragado del Guadalquivir y numerosos proyectos mineros.

Dicho informe no se tendrá que entregar ahora hasta finales de 2018. Es decir, si el Gobierno tenía antes menos de un año para tomar medidas urgentes contra dichas amenazas, ahora contará con cerca de año y medio para mover ficha, con la tranquilidad añadida de que Doñana no corre, por ahora, el peligro de entrar en la lista negra de la Unesco.

Paradójicamente, la decisión se toma casi 24 horas después de que el Infoca diera por extinguido el incendio que ha arrasado más de 8.500 hectáreas del espacio protegido. Con las cenizas aún calientes, el organismo de la ONU ha decidido que las amenazas que se ciernen sobre Doñana no son tan urgentes para tomar medidas diplomáticas más drásticas.

Asimismo, el tono de la declaración se ha rebajado enormemente. Sobre el Dragado de profundización del Guadalquivir, que ha quedado suspendido, pero no cancelado. Ya no le exigen al Gobierno que lo cancele “definitivamente”, sino que “toma nota” de la intención de España de retirar el proyecto del próximo Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Palmadas en la espalda al Gobierno por su gestión

De las amenazas y la preocupación se ha pasado a algunas palmadas en la espalda. Cuba, Croacia y Portugal han logrado que se felicite a España por la información proporcionada sobre el estado del acuífero y “animan” a España a seguir con su gestión del agua para “garantizar el estado de conservación” de Doñana. Eso sí, recuerdan que la sobreexplotación del acuífero es “un peligro potencial” para este Patrimonio de la Humanidad y que hay que ponerle fin.

El organismo de la ONU exige que se envíen urgentemente los estudios de impacto ambiental de los proyectos de Gas Natural (Aznalcázar y Marismas Occidental) para evitar males (ambientales) mayores. Felicitan, eso sí, que no se autorizaran los proyectos de almacenamiento y transporte gasístico en la Marisma Oriental.

En cuanto a la mina de Aznalcóllar y el embalse del Río Agrio, la Unesco sigue considerando que se encuentran en un estado muy embrionario, pero piden al Gobierno que les tengan informado sobre cualquier tipo de proyecto agrícola, industrial o comercial que pueda afectar a Doñana en el futuro y que se evalúe globalmente los “impactos acumulados del uso del agua y de desarrollo agrario, industrial y comercial”.

La delegación española ha estado formada por miembros tanto de la Junta de Andalucía (Juan Pedro Castellano, director de Doñana), como del Gobierno de España (Montserrat Fernández, subdirectora del Organismo Autónomo Parques Nacionales). Teresa Lizaranzu, embajadora de España ante la Unesco, ha intervenido en la sesión, señalando que la administración ha cerrado ya 300 pozos que extraían agua del acuífero ilegalmente y ha solicitado, como finalmente se le ha concedido, que España no tenga que entregar el próximo informe hasta dentro de año y medio.

WWF: “El papel de España ha sido lamentable”

Juan Carlos del Olmo, director en España de WWF, organización ecologista presente en la reunión, señala que “el informe de la UICN, en el que se basa la Unesco, es clarísimo y durísimo con el estado de peligro en el que se encuentra el espacio protegido. El papel de España ha sido triste. Ha ido a la Unesco con una comisión, para tratar de descafeinar una decisión que era muy dura; a mí me recuerda a los malos estudiantes que en el último momento intentan cambiar las notas. Me parece lamentable”.

En cualquier caso, según el directivo de WWF, “lo importante, en cualquier caso, es que el dictamen sigue con el caso del Dragado y obliga a España a que lo quite del Plan Hidrológico. Eso es un paso muy importante. Con respecto a las extracciones de agua, se ha conseguido tocar el texto, pero es importante que se señale que si se continúa sobreexplotando el acuífero, se amenaza el espacio protegido. La espada de Damocles sigue ahí, porque las evidencias científicas son incontestables. Estamos satisfechos, porque el documento llama la atención sobre las amenazas”.

La Unesco no es el único organismo internacional que ha llamado la atención de España por el estado de conservación de Doñana. Hace un año, la Comisión Europea acusó al Gobierno de “incumplir” con su obligación de proteger el parque natural, recriminándole que negara las “evidencias científicas” que apuntaban a la sobreexplotación del acuífero.

Europa criticaba que “las autoridades españolas se han abstenido de aplicar y ejecutar las medidas de control e inspección que habrían sido necesarias para lograr disuadir a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales”, añadiendo que “prohibir el regadío en las zonas más sensibles”.

Ya lo hizo con el dragado y ahora lo hace con el agua. La Unesco le ha dado un ultimátum a España: o toma “medidas urgentes” contra la sobreexplotación del acuífero de Doñana o el espacio protegido puede entrar en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro.

El organismo internacional se expresa con dureza al señalar que “ni el compromiso de abandonar definitivamente el dragado ni las medidas urgentes necesarias para proteger el acuífero de Doñana se han puesto en marcha de modo satisfactorio”. España entregó su último informe a finales de 2016, después de que la Unesco pusiera el parque nacional en el punto de mira en 2011.

A través de su informe anual sobre el estado del Patrimonio de la Humanidad, le solicita ahora a España una respuesta satisfactoria para el 1 de Febrero de 2018: deben informar sobre el estado de conservación de Doñana y las mejoras que piensan llevar a cabo. La Unesco hace hincapié en la sobreexplotación del acuífero y lanza su ultimátum. “Si no se toman medidas urgentes para mejorar el estado del acuífero de Doñana”, la organización decidirá “la posible inclusión” del espacio protegido en su lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro.

De ese modo, le recomiendan al Gobierno que “controle y reduzca las extracción de agua subterránea” por parte de la agricultura de la fresa, otros frutos rojos y cítricos y que ponga en marcha la “plena aplicación” del Plan de la Corona Norte de Doñana. El conocido como Plan de la Fresa prevé el cierre de pozos y fincas ilegales en el entorno de Doñana. Según la Junta de Andalucía, ya se han cerrado 300 pozos, mientras que WWF denunciaba a principios de mes que los cultivos ilegales siguen creciendo en la zona.

“Preocupación” por los niveles de extracción

El organismo de la ONU muestra su “preocupación” por el informe anual de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que “concluía que los niveles de extracción de agua subterránea en el entorno de Doñana son insostenibles en la actualidad”.

Aunque consideran que la suspensión del dragado del Guadalquivir alivia la presión, no ven que sea, ni mucho menos, una medida definitiva. Coinciden así con la postura mantenida tanto por la organización ecologista WWF, como de Miguel Ángel Losada, el científico que lideró el exhaustivo informe sobre el dragado y que desaconsejó su puesta en marcha. Por esa razón, la organización de las Naciones Unidas ha presionado a la administración española para que tome “un compromiso permanente de cancelar este proyecto”. Exigen la cancelación y no la suspensión del dragado.

Desde WWF, que ha informado a la Unesco regularmente sobre el estado de Doñana, se muestran muy críticos con su situación y consideran que la ONU les da la razón. Su secretario general en España, Juan Carlos del Olmo, afirma que es hora de que el Gobierno central y la Junta de Andalucía “dejen de engañarse a sí mismos y empiecen a poner medidas firmes que permitan salvar Doñana. El cierre de pozos y fincas ilegales es inevitable, como lo es la renuncia definitiva y verificable al dragado”.

Otros proyectos que pueden amenazar Doñana

El almacén gasístico de Gas Natural, la mina de Aznalcóllar y el embalse del Río Agrio no pasan desapercibidos para el organismo internacional. La Unesco le pide al Gobierno que le envíe una evaluación de impacto ambiental del almacén de gas de Doñana (proyectos de Aznalcázar y de Marisma oriental), para evaluar cómo puede afectar al espacio protegido y evitar decisiones que sean “difíciles de revertir” en el futuro.

En cuanto a la mina de Aznalcóllar y el embalse del Río Agrio, la Unesco considera que se encuentran en un estado muy embrionario, pero piden al Gobierno que les tengan informado sobre cualquier tipo de proyecto agrícola, industrial o comercial que pueda afectar a Doñana en el futuro y que se evalúe globalmente los “impactos acumulados del uso del agua y de desarrollo agrario, industrial y comercial”.

'Tirón de orejas' de Europa

La Unesco no es el único organismo internacional que da un 'tirón de orejas' a España por el estado de Doñana. Hace un año, la Comisión Europea acusó al Gobierno de “incumplir” con su obligación de proteger el parque natural, recriminándole que negara las “evidencias científicas” que apuntaban a la sobreexplotación del acuífero.

Europa criticaba que “las autoridades españolas se han abstenido de aplicar y ejecutar las medidas de control e inspección que habrían sido necesarias para lograr disuadir a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales”, añadiendo que “prohibir el regadío en las zonas más sensibles”.

La Comisión recordaba que el Instituto Geológico Minero de España (IGME) “ha publicado un gran número de informes en los que se señala el grave deterioro que sufren extensas subzonas del acuífero”. Al igual que la Unesco, la Comisión Europea urgía a tomar medidas drásticas tanto al Gobierno central, como a la Junta de Andalucía. Europa afirmaba que el Plan de la Fresa de la Junta “no es suficiente por sí solo para resolver los problemas de sobreexplotación del acuífero y de degradación de los hábitats asociados”.

Doñana afronta el inicio de 2017 con el gas entre las amenazas a las que hacer frente, una realidad contra la que se ha alzado la ciudadanía con más de 140.000 firmas en una iniciativa promovida por EQUO a través de “change.org”, y que  se ha manifestado de forma masiva el pasado 26 de noviembre contra el proyecto de Gas Natural Fenosa que pretende convertir a coste cero el subsuelo de Doñana en un almacén de gas.

EQUO informa en un comunicado que, junto a la Plataforma “Salvemos Doñana” (que agrupa a diversos colectivos y organizaciones  conservacionistas además de contar con el apoyo de más grupos políticos) también apoyó el pasado mes de noviembre una manifestación en Doñana en la que participaron más de 3000 personas del entorno, logrando la adhesión de la mayoría de los municipios de la Comarca de Doñana contra esta barbarie.

Desde EQUO, continuamos con las acciones que vamos sumando a las de la Plataforma y las de todas las organizaciones; así, nuestro Coportavoz federal y diputado, Juan López de Uralde, ha registrado esta mañana unas preguntas dirigida al Gobierno, que pretende aclarar “cuál es el motivo que sirve para  justificar la subvención concedida a una empresa que, haciendo uso del patrimonio común de todos, se va a beneficiar de un negocio que lo pone en serio peligro.  Dándose la inaceptable situación de que, además de obtener beneficios privados de un bien público, se le va a hacer una donación, no se sabe muy bien en base a qué necesidad o perjuicio.”

Sobre el papel lo que se declara es que Gas Natural Fenosa va a recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 € de los presupuestos del Estado en concepto de “retribución por costes de operación y mantenimiento del depósito subterráneo en Doñana”.

Para EQUO contribuir con fondos públicos al mantenimiento de instalaciones que siendo para beneficio privado, ponen además en riesgo un territorio, unas actividades y unos recursos que son patrimonio común de todas, es indefendible.

Juantxo López de Uralde plantea una serie de preguntas en las que pone de manifiesto que “para el gobierno del PP todo está dicho en relación a este proyecto y no se plantea paralizarlo, aún cuando puede ocurrir que su impacto ambiental impida su ejecución, porque en tal caso qué sentido tendría la subvención concedida. Quizás viene a compensar los favores concedidos por Gas Natural al PP en concepto de suculentos cargos en Consejos de Administración o ayudarles a pagar las tasas municipales a las que el Tribunal Supremo los ha obligado en concepto de uso de suelo público para sus redes de transporte y distribución de gas.”

Por ello, desde EQUO Andalucía, su Coportavoz Isabel Brito, manifiesta el rechazo a la concesión de dinero público a un proyecto que “socava el interés general y sobre el que planea una gran falta de transparencia y un rechazo frontal de la ciudadanía”. “Mejorar la cuenta de resultados de Gas Natural Fenosa aún cuando a coste cero hipoteca el subsuelo de un territorio Patrimonio de la Humanidad es cuanto menos sospechoso y por esto es necesario que este gobierno dé explicaciones”, ha concluido Brito.

Juan López de Uralde y la diputada andaluza Carmen Molina fueron testigos del inicio de las obras en el perímetro del parque en septiembre de 2016. “Se dio prisa la empresa previendo la oposición que suscitaría su proyecto de ampliación inyección y extracción de gas. Actividades peligrosas y que no se han de permitir, teniendo en cuenta que desde el punto de vista energético se debería estar transitando hacia otro modelo basado en las energías limpias y generador de empleos verdes no deslocalizables”.

Según EQUO, estos proyectos de Gas Natural Fenosa y estás ayudas del Gobierno, son “demasiadas amenazas, muchos intereses, y ninguna consideración por un patrimonio común que necesitarán para el futuro las próximas generaciones y sobre el que tendrán que dar muchas explicaciones a la UNESCO en este año que empieza para justificar que no está en peligro Doñana.”

El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha ordenado a las dos acusaciones particulares personadas en la causa que actúen bajo la misma dirección letrada.

El instructor, Sebastián Isael Pla Martorell, ha determinado que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa, María José Boix Alfafar, la que defienda los intereses de otros dos particulares personados, Cabré Rius y Plana Garcés, tras expirar el plazo de 10 días otorgado por la Audiencia de Castellón para que se pusieran de acuerdo y designaran una sola defensa (letrado y procurador)

El juez elige a dicho abogado porque su cliente fue la primera que se personó en el procedimiento y para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento.

En noviembre de 2015 el instructor acordó la personación de las acusaciones particulares que lo solicitaron, pero unificadas bajo una misma dirección letrada. Las partes recurrieron esta decisión a la Audiencia Provincial de Castellón, quien estimó parcialmente su petición y acordó que fueran las mismas partes quienes designaran a su representante.

María José Boix Alfafar pertenece, como secretaria y tesorera, a la asociación de Afectados por la plataforma Castor, Aplaca, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción que los investigados por la causa depositen una fianza de 1.000 millones de euros ante el temor de que Escal UGS, como promotora del proyecto, se declare insolvente y ninguna entidad responda a las posibles compensaciones.

De acuerdo a esa cantidad a cada uno de los habitantes donde se sienten los seísmos le correspondería 12.000 euros de indemnización en caso de obtener una sentencia favorable. El área de influencia abarca las localidades de Benicarló, Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Vinaròs, con una población total de 86.284 habitantes.

Una montaña de tuberías se alza ya a las puertas de Doñana. Gas Natural ha pisado el acelerador para que el nuevo gasoducto y el almacén de gas sean una realidad cuanto antes. En Marismas Occidental, uno de los dos proyectos gasísticos en el entorno de Doñana aprobado en marzo por el gobierno en funciones, la actividad es frenética.

Hechas las expropiaciones necesarias, los cultivos se han retirado unos metros para dejar paso a terrenos baldíos. Al otro lado de la carretera, una cicatriz en forma de zanja marca el lugar por el que transcurrirá el nuevo gasoducto. Cuando se agote el gas, el frágil subsuelo de Doñana se rellenará de nuevo y servirá de depósito industrial de gas. Las protestas de los ecologistas y de partidos como Equo no han sido suficiente para parar este proyecto, que, según denuncian, pone en grave peligro el espacio protegido de Doñana. Después de que la Junta de Andalucía y el Gobierno central dieran su autorización al proyecto, las esperanzas para frenarlo están puestas en Europa.

Juantxo López de Uralde, diputado nacional de Equo, ha afirmado sobre el terreno que “estamos valorando cuáles son las posibilidades de poner una denuncia a nivel europeo. Son muchos los fondos europeos que se han dedicado a la conservación de Doñana. Europa es competente y debe tomar medidas”, por lo que están analizando presentar una queja “en la Comisión de Peticiones (del Parlamento Europeo) y que España tenga que responder”.

La preocupación es doble: que España siga contribuyendo al cambio climático con su consumo de energías fósiles y que cualquier incidente ponga en riesgo la conservación de un espacio protegido, donde conviven especies protegidas como el lince o el águila imperial y es un punto neurálgico del planeta para las aves que migran entre África y Europa.

Carmen Molina, parlamentaria en Andalucía de EQUO, ha subrayado que los principales riesgos son “las afectaciones al acuífero de Doñana” por contaminación químicas, mientras que Uralde ha apuntado a los seísmos provocados por la inyección de gas, tal y como ocurrió con el proyecto Castor de Castellón. “El riesgo sísmico no ha sido evaluado. El espacio natural más valioso de la Península Ibérica no puede convertirse en una instalación industrial”, ha recalcado.

Gas Natural sostiene que “los yacimientos como el de Marismas son los almacenes más seguros que existen, ya que han contenido el hidrocarburo, gas en este caso, durante millones de años. En el caso de Marismas, cuenta con un sello geológico formado por arcillas y margas de más de 700 metros de espesor, lo que garantiza su estanqueidad”.

Equo rebate dicha posición asegurando que “cuando se produce la extracción de gas, se queda un espacio vacío que puede provocar movimientos de tierra que generen grietas y facturas. La situación geológica no es la misma y se pueden producir escapes”.

La parlamentaria andaluza cree que la Junta “debería tomar cartas en el asunto y paralizar el proyecto dentro de sus competencias, ya que el gobierno está actuando de manera ilícita”, en referencia a la división en cuatro partes que hizo Gas Natural para soslayar la autorización conjunta del proyecto. Dos de ellos se rechazaron por desarrollarse directamente en espacio protegido.

La protesta ante las instituciones europeas, a las que ya ha acudido Izquierda Unida hasta en tres ocasiones, se une a otras medidas, como la recogida de firmas o varias iniciativas parlamentarias junto a sus socios de Podemos e IU en el Congreso de los Diputados.

Lista negra de la Unesco

La visita a las instalaciones de gas de Equo han coincido este miércoles con la campaña mundial de WWF para defender “uno de los espacios naturales más emblemáticos” y más amenazados del planeta junto al Arrecife de Belice y la Reserva de Selous (Tanzania). La organización ecologista ha recordado que antes del 1 de diciembre, España debe informar a la Unesco “explicando qué medidas ha tomado para evitar que Doñana sea declarada en peligro”, ya que se trata de patrimonio de la humanidad.

A la amenaza del almacén de gas, la ONG verde suma otros riesgos que acechan el espacio protegido: la sobreexplotación del acuífero por parte de la agricultura intensiva e ilegal (la Comisión Europea está a punto de sancionar a España por la desecación de lagunas y pérdida de biodiversidad), el dragado del Guadalquivir o los proyectos mineros a las puertas de Doñana.

Una “chapuza” de evaluación ambiental

En declaraciones a eldiario.es Andalucía, Juan Carlos del Olmo, director de WWF España, ha asegurado que “todas las amenazas son importantes. La sinergia de las cuatro puede tener un efecto muy grave para Doñana y todas tienen un común denominador: el agua. Todas ponen en riesgo el agua, que es el cáncer de Doñana, porque está contaminada o sobreexplotada. Como hemos visto en Daimiel, si no se aborda, será demasiado tarde. Doñana sin su acuífero no es absolutamente nada”.

La organización ecologista también ha acudido a las autoridades europeas, en este caso a la Comisión Europea, “por la defectuosa aplicación de la normativa ambiental, ya que se ha troceado el proyecto para ocultar el impacto del conjunto. La evaluación ha sido una chapuza”, concluye.

8.000 gigavatios horas (gwh). Según Gas Natural es la energía que Doñana aún guarda bajo su superficie en forma de hidrocarburos en el llamado proyecto Marismas. Cuando extraiga toda esa energía, la empresa gasística ya está autorizada para almacenar 10.000 gwh en la cavidad. Esa será la particular aportación de Doñana a un cambio global del que sus lagunas y sus anfibios ya son víctimas.

El gobierno central le dio sus las 'bendiciones' al proyecto en marzo, a pesar de estar en funciones. A los ecologistas y la Junta de Andalucía les preocupa no solo el nuevo almacén, sino los 72 kilómetros de gasoductos que, según la empresa, serpentearán a las puertas del Parque Nacional de Doñana.

“¿Por qué se tiene que construir en espacio protegido? Las actividades industriales son incompatibles con los parques nacionales”, asegura Juan Romero, portavoz en Doñana de Ecologistas en Acción.

Javier Madrid, director de Gestión del Medio Natural de la Junta, recuerda que no ha habido problemas con la extracción de gas en Doñana durante 30 años, “pero eso no significa que no los vayamos a tener ahora. El Ministerio (de Medio Ambiente) se ha negado a analizar el proyecto en conjunto. La amenaza de Gas Natural (de pedir una indemnización de 358 millones de euros por el veto) no deja lugar a dudas de que para nosotros Doñana es lo primero”.

El Ministerio de Medio Ambiente le aseguró a eldiario.es Andalucía en junio que el proyecto cuenta con “un elevado grado de protección ambiental”. Los grupos ecologistas sostienen lo contrario. Juan José Carmona, de la organización verde WWF,  lo compara con el proyecto de El Castor (Castellón), donde “se suponía que estaba todo muy bien pensado, pero hubo seísmos. Hay un riesgo bastante importante”.

Asimismo, WWF recuerda que Doñana es “un patrimonio de la humanidad, cuyos acuíferos se pueden ver contaminados. Es además una cuestión filosófica y moral”. Romero, de Ecologistas en Acción, abunda que “los grupos ecologistas estamos en contra de los hidocarburos y a favor de las renovables. Doñana no debe contribuir al cambio climático”.

Partidos políticos como Podemos también han manifestado su rechazo al proyecto, ya que “Doñana debe ser conservar la riqueza medioambiental y no convertirse en un espacio industrial”. “Cerca o en los límites de Doñana, estos proyectos de extracción o almacenamiento de gas natural provocarán daños irreversibles al medioambiente y a nuestra joya más preciada”, abundan. Tal y como señala Romero, se está recuperando el espíritu de 'Salvemos Doñana' como “plataforma amplia” de sindicatos, ecologistas, intelectuales y políticos para proteger el espacio protegido. El almacén de gas se ha convertido en la nueva punta de lanza.

La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) solicita al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que los investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gasdepositen una fianza de 1.000 millones de euros. La desorbitante cantidad responde a la estimación de indemnización para cada uno de los residentesde la zona donde se sienten y sufren los seísmos desde 2013. El área de influencia abarca las localidades de Benicarló, Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Vinaròs, con una población total de 86.284 habitantes, a cada uno de los cuales le correspondería 12.000 euros, de acuerdo a los cálculos del propio colectivo, constituido en marzo y que se ha personado en la causa penal.

Según la reclamación presentada el 29 de junio, las empresas Escal UGS SL (entidad concesionaria del proyecto), ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (socio al 66,67% de Escal), Castor Limited Partnership o CLP (socio al 33,33% de la entidad concesionaria) y Dundee Energy Limited (propietaria del 73,7% de Castor Limited Partnershio), así como el Gobierno español, tendrán que aportar a partes iguales el multimillonario depósito en el juzgado al responder de manera solidaria.

Desde Aplaca existe la sospecha de que Escal UGS, que debería hacer frente a hipotéticas indemnizaciones en el supuesto de una sentencia condenatoria, terminará por declararse insolvente a consecuencia de un vacío patrimonial. Así, la asociación ha constatado un reciente cambio de domicilio social de la empresa, habiendo además desaparecido la página web.

Los abogados del colectivo prevén que la solicitud presentada ante el juzgado de Vinaròs se admitirá a trámite antes de agosto. Otra cosa bien distinta será que el instructor de la causa acepte la reclamación.

En el escrito formulado por Aplaca se hace referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2016 (Sala de lo Civil, sección primera, ROJ 1420/2016), en el caso del hundimiento en Italia del buque Costa Concordia. En aquel procedimiento, una asociación de víctimasdemandó en nombre de sus adherentes a los responsables del hundimiento, reclamando para algunos de ellos indemnizaciones por daños corporales y para todos ellos una compensación por perjuicio moral.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida en Europa volverá a la carga en un mes. Así lo avanza la diputada Paloma López, quien sostiene que le darán “un poco de margen” a la Comisión Europea para que le pida “aclaraciones” al gobierno español sobre la aprobación del proyecto gasístico Marismas Occidental.

Aprobado el pasado 10 de marzo por el gobierno en funciones, el grupo de izquierdas ya manifestó sus “dudas fundadas sobre la legalidad” de la autorización que el gobierno le concedió en 2013 a Gas Natural “para obras de almacenamiento y extracción de gas en el subsuelo de Doñana” y que la Junta de Andalucía mantenía bloqueado “a la espera de una confirmación” de su validez.

López interrogó a la Comisión Europea sobre este proyecto a través del Parlamento Europeo el pasado 1 de abril. No solo planteaba si la “concesión de esta autorización administrativa podría haber infringido la normativa” europea, sino si la Comisión Europea iba a solicitar “un estudio de impacto ambiental conjunto para los cuatro subproyectos gasísticos, dada su evidente conexión”.

Aunque la Comisión negaba haber recibido ningún tipo de comunicación sobre dicha aprobación, ni sobre el incumplimiento de “la legislación ambiental de la UE (Unión Europea)”, el comisario europeo de Medio Ambiente Karmenu Vella le replicó a la parlamentaria que exigiría “aclaraciones” al gobierno de Rajoy, ya que se trataba de una “investigación anterior”.

Gobierno: “Elevado grado de protección ambiental”

En respuesta a eldiario.es Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que están “elaborando la información” solicitada por Bruselas para un proyecto concedido “tras analizar todas las cuestiones que permiten asegurar un elevado grado de protección ambiental”.

No es lo que sostienen ni Izquierda Unida ni las organizaciones verdes. En un recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la aprobación del proyecto, mantienen que habría que aplicar el principio de precaución, ya que “existe desacuerdo entre las autoridades nacionales y las regionales en lo relativo a la evaluación de los efectos acumulativos sobre la Red Natura 2000”.

Amenazas sobre el espacio protegido y riesgos sísmicos sin evaluar preocupan especialmente a los conservacionistas. Juan José Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, es tajante: “no tiene lógica ninguna que Doñana, un espacio protegido, contribuya al cambio climático con el almacenamiento de gas”.

“Un solo proyecto”

Carmona abunda en que se trata “de un solo proyecto que se trocea, porque a Gas Natural le interesa. Incluso los técnicos nos manifiestan que se trata de una sola unidad de explotación”, recalcando que el proyecto tiene un “impacto directo” sobre el uso de los terrenos, la fauna, los cauces de agua y la vegetación.

Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, cree que haber “subdivido” en cuatro proyectos lo que debía ser uno solo “sea posiblemente una irregularidad”. Según la europarlamentaria López, “no se pueden ir aprobando uno a uno y mucho menos por un gobierno en funciones” . Romero abunda que “dos de ellos afectan al Espacio Natural de Doñana y un tercero lo hace a un espacio de la Red Natura 2000”.

De los cuatro proyectos, dos no han sido aprobados por situarse en la Red Natura 2000, uno sí se aprobó por estar fuera de ella, y el de Marismas Occidental se encuentra una parte en Zona de Interés Comunitario Doñana Oeste-Norte, junto al espacio protegido. El proyecto se basa en 16 nuevos sondeos, 13 gasoductos de interconexión y el almacenamiento del gas en los pozos vacíos.

Romero critica que, tras 30 años en los que Gas Natural ha estado extrayendo gas en unos pozos que ahora han quedado agotados, la compañía pretenda ahora “ahorrarse una inversión millonaria en la construcción de depósitos de gas licuado, inyectándolo en el subsuelo de un espacio protegido que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco”.

Según Gas Natural, el almacenamiento “completaría el sistema gasista de Andalucía”, equilibraría “el balance andaluz de ”oferta (constante) y demanda (variable verano-invierno)“ y se trataría de ”un proyecto no especulativo“, porque ”el promotor recibe del sistema gasista una cantidad equivalente a la amortización de la inversión y su correspondiente actualización financiera por el aplazamiento de los pagos“.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye el ‘caso Castor’, amplía la investigación y eleva a 20 el número de imputados (anteriormente eran 18). Así, cita a declarar al exsubdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental, Ángel Muñoz, y al director General de Escal UGS en el momento de los hechos.

El juez responde así a la petición del Ministerio Fiscal, que solicitó estas nuevas diligencias en la causa abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de la provincial de Castellón. Los nuevos investigados están citados para el 30 y 31 de mayo. Además, un total de 13 testigos y cinco peritos van a tener que testificar ante el instructor entre el 1 y el 6 de junio.

Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a la empresa Escal UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en la plataforma Castor durante la tercera fase de inyección de gas colchón.

El procedimiento abierto por el ‘caso Castor’, que superará los 13.000 folios, ha sido declarado causa compleja por el número de investigados, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales.

La declaración de causa compleja, acordada por el magistrado el pasado mes de enero, permite ampliar el plazo de instrucción de 6 a 18 meses.

Cabe recorder que la Sección Primera de la Audiencia Provincal de Castellón confirmó recientemente la competencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs para que continúe investigando el ‘Caso Castor’. La Sala desestimó el recurso interpuesto por la empresa Escal UGS y su gerente, Recaredo del Potro, contra el auto del instructor que rechazó la cuestión de competencia planteada. Los recurrentes pedían que la causa, en la que hay ya 20 investigados por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, y tres delitos de prevaricación ambiental, se instruyera en los juzgados de Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha declarado “causa compleja” las diligencias del caso Castor, en las que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto del almacén subterráneo de gas de Escal UGS, que supuestamente provocaron seísmos en las provincias de Castellón y Tarragona en 2013. La consecuencia de esta decisión del juez es que el plazo máximo de instrucción se amplía de seis a 18 meses. La declaración fue propuesta por el fiscal y apoyada por la acusación popular representada por la asociación Arca Ibérica. La Abogacía del Estado se opuso con el argumento de que no era el momento procesal adecuado. 

El juez explica en un auto, hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, las razones de la complejidad del caso que le han llevado a apoyar la petición del fiscal. Por un lado, el número de 18 imputados “es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión”. Añade que la “revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, cual es Escal UGS -propietaria de la planta-, es también motivo de declaración de complejidad, atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su consejo de administración”.

Más de 13.000 folios 

El instructor de esta causa recuerda, además, que ya ha superado los 13.000 folios y considera que la naturaleza de los delitos investigados exigirán de la “realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis”. La instrucción está abierta por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El pasado 19 de octubre declaró ante el juez el primero de los 18 investigados en esta causa sobre la planta situada frente a la costa de Vinaròs, cuya actividad se paralizó después del incremento de la actividad sísmica en Castellón y Tarragona. Desde entonces, han declarado otras 15 personas.