El Parlamento europeo pide a España que paralice el almacén de gas en Doñana
El Parlamento europeo pide a la autoridades españolas que detengan el proyecto gasístico que se desarrolla en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Los diputados de la Comisión de Peticiones han aprobado recomendar que “se suspendan todos los permisos concedidos hasta que se aclaren las irregularidades detectadas en la evaluación de impacto ambiental”. También sugiere que se tomen “los pasos legales necesarios para terminar con todo el Proyecto Marismas” desarrollado por Gas Natural.
La recomendación se ha introducido en las votaciones del informe sobre la inspección que realizó un grupo de europarlamentarios a Doñana en septiembre pasado. El texto de este “compromiso” aprobado por la comisión parlamentaria que ha revisado eldiario.es llama a “una retirada provisional de los trabajos y una detención inmediata de las siguientes fases del proyecto gasístico para respetar los principios de precaución y prevención”.
El documento recuerda que “no se han estudiado las posibles consecuencias” de inyectar y almacenar gas en las cavidades subterráneas alrededor del parque nacional. También señala el antecedente del proyecto frustrado de almacén Castor (en el mar Mediterráneo frente a las costas de Tarragona) que “revelaron el peligro inherente a este tipo de infraestrcutura”.
En este sentido, las enmiendas han endurecido la postura parlamentaria al subrayar “el reconocimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica español de que las instalaciones de almacenamiento de gas de Doñana ya no se consideran estratégicas dentro del régimen de suministro de energía”, según la enmienda obtendia por el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, que califica el proyecto de “obsoleto”.
El informe “subraya que, a causa de su localización estratégica, Doñana es un entorno de biodiversidad único”, según la enmienda introducida por la diputada de Izquierda Unida, Marina Albiol por lo que ha aumentado su contundencia en cuanto al fin de las extracciones ilegales de agua para alimentar explotaciones irregulares de regadío por las que ha llevado a España ante los tribunales europeos: “Lamenta el uso permitido de tierras clasificadas como forestales por las autoridades locales para, entre otras cosas, cultivar fresas o que se perforen pozos sin autorización y pide que se tomen todas las medidas necesarias para poner fin a estas prácticas”, describe el informe. “Ahora la pelota está en el tejado de las instituciones españolas y andaluzas”, ha resumido Marcellesi tras las votaciones.
