El fantasma de una nueva avalancha migratoria sobre Balears ha vuelto al debate político, pero las cifras dibujan por ahora un escenario mucho menos excepcional. Mientras el PP reclama al Gobierno central explicaciones por un informe policial sobre llegadas de migrantes al archipiélago -que los conservadores interpretan como una confirmación de que las islas se encuentran bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de migrantes-, la ruta argelina se mantiene prácticamente estable: 4.934 personas llegaron por vía marítima entre enero y agosto, apenas un 1,7% más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

Frente al temor a que puedan desembarcar de golpe “100 o 200 pateras” -en palabras del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí-, las entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señalan que la ruta está “más o menos controlada”, como señala la directora general de esta organización, Mónica López, en declaraciones a elDiario.es.

La polémica saltó durante la semana pasada. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma en los días previos a la crisis fronteriza en Ceuta, si bien confirmó la existencia de un informe que se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras. El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después, la líder autonómica, Marga Prohens, compareció de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca del informe policial al que se refería Sánchez. La dirigente conservadora acusó al Ejecutivo central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y reclamó saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares. “Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, insistió Prohens.

Después de que saliera a la luz esta información, Vicent Marí (PP), presidente del Consell d’Eivissa, aseguró en una entrevista a Periódico de Ibiza y Formentera que tenía “pesadillas” alrededor de la idea de que pudieran “llegar aquí 100 o 200 pateras de golpe”, extremo que nunca ha ocurrido desde que se consolidara la ruta argelina. “Estamos asistiendo a un goteo constante de pateras desde una ruta consolidada que es Argelia, aunque el Gobierno lo niegue. Ya llegan más migrantes en patera a Baleares que a Canarias, con lo cual está claro que es una ruta consolidada”, afirmó Marí. Esta travesía se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos, como informó elDiario.es.

“La ruta está más o menos controlada”

“Nosotros entendemos que quien tiene esa información o quien puede tener esas alertas, lógicamente, es el Gobierno, el Ministerio del Interior y el CNI -que depende del Ministerio de Defensa-”, responde la portavoz de CEAR, a la pregunta sobre si considera posible que lleguen, de un plumazo, centenares de cayucos a las costas pitiusas. “Creo que las cifras respecto al año anterior suponen un incremento de unas 80 personas, con lo cual parece que esa ruta está más o menos controlada”. “Sobre que pudiera haber una previsión de llegadas de muchas embarcaciones, nosotros desde luego desconocemos el dato”, incide López.

La directora general de CEAR explica que la respuesta institucional que se ha ofrecido cuando se ha producido la llegada de embarcaciones precarias a los archipiélagos canario y balear “ha funcionado”. López diferencia así la acción gubernamental como consecuencia de la crisis -fronteriza primero y humanitaria después- de Ceuta, que considera “lenta”. “Balears sí que es verdad que el verano pasado tuvo una crisis importante de capacidad de acogida para las personas que estaban llegando”, reconoce. “Se han realizado traslados [de migrantes adultos] a la península y creo que la situación está más o menos normalizada”, añade.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican a este diario, en cuanto a los menores, que las derivaciones están reguladas por el Real Decreto-ley 2/2025. “No opera en Balears porque no está en contingencia migratoria extraordinaria. Solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Son 2.000 los menores trasladados desde esos territorios desde esos tres territorios de la península en los últimos 12 meses”, aseguran.

La lectura e interpretación que hace el Govern acerca de los datos, sin embargo, es otra. Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local afirman a este diario que incluso con los informes quincenales del Ministerio [del Interior], se demuestra que “se mantiene la tendencia al alza”, debido a la subida del 1,7%. La Conselleria compara estos datos con los de la ruta canaria, que se reduce un 57,4%. “Es decir, en Balears llegan ya prácticamente las mismas personas que a Canarias, que ha pasado de unas 12.000 el año pasado por estas fechas a poco más de 5.000”, puntualizan.

El Govern balear ve una tendencia al alza

Además, el Govern del PP -que legisla en en minoría con apoyos puntuales de Vox- considera que los informes quincenales “pueden variar mucho” de una quincena a otra, por varios motivos: mala mar, embarcaciones que han llegado dos días más tarde o porque las llegadas de los últimos días del mes entran en un informe o en el siguiente. “Querer concluir que ‘ya estamos mejor’ con estos datos es, como mínimo, precipitado”, consideran. A juicio del Ejecutivo autonómico, hay que tomar como referencia el último informe anual de riesgos de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), de junio, que señala que durante el primer trimestre de 2026 las llegadas cayeron un 40% en Europa y un 60% a través de la ruta canaria. En paralelo, aseguran que la ruta argelina hacia Balears sube un 17%, aunque este dato no aparece en el informe.

Concretamente, sobre la ruta del Mediterráneo occidental –que es más amplia que la argelina porque abarca Marruecos, Mauritania y Senegal, además de Argelia–, el informe señala que se espera que “continúe una tendencia estable y ligeramente al alza”, durante este 2026. Y añade que lo más destacable, en este sentido, es “el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos”, nacionalidades que anteriormente estaban más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental.

El último informe de Frontex señala "el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos", nacionalidades anteriormente más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental

El informe de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) atribuye estos cambios al endurecimiento de los controles en Libia, Túnez y Mauritania, que está desviando los flujos hacia Argelia “como punto de partida alternativo”. “La propia Argelia es tanto país de origen como de tránsito, y los argelinos representaron cerca del 54% de las detecciones en la ruta del Mediterráneo occidental en 2025”. Las causas son el desempleo juvenil estructural y el descontento de la población con la clase política, a juicio de la agencia europea.

El Ejecutivo insiste: “El ritmo de llegadas es inasumible”

“Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra”, afirma la Conselleria de Presidencia. Las fuentes consultadas señalan, así, que la tendencia al alza continúa y que este ritmo de llegadas “es inasumible para un territorio como Balears”. Añaden que a 9 de septiembre han contabilizado 484 personas en más de una veintena de cayucos.

En este 2026 han llegado casi 5.300 personas, según el recuento del Govern. “Además, están los 916 menores que tutelan actualmente los consells insulars, cuando la capacidad ordinaria establecida por el Estado es de 434”, apuntan. Por todo ello, el Ejecutivo autonómico reclama que Frontex tenga “una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas”.

Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra

Conselleria balear de Presidencia

El Ministerio del Interior, por su lado, explica a este diario que, a 31 de agosto de 2025, el incremento de llegadas en comparación con el año anterior ascendía al 78%. “Desde entonces la tendencia ha ido descendiendo progresivamente. Terminó 2025 en un ascenso del 24,5% y la tendencia durante 2026 ha sido de desaceleración hasta alcanzar algunos descensos o subidas leves”, apuntan. Así, Interior señala que se aplica “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas”. Una acción que, a juicio del Gobierno, está funcionando y que “evita en origen el 40% de las salidas irregulares”.

El Ministerio del Interior explica que se está aplicando “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas"

La repatriación colectiva de menores es ilegal

El posicionamiento de las administraciones autonómicas –el PP gobierna en todos los consells insulars, y también en el Govern– es que los menores no acompañados “tienen que estar con sus padres”. “Pensar que podemos acoger a todo el mundo, eso es estar equivocado. Hay que ayudar a estos países en origen. Los menores no tienen que estar en centros de acogida aquí en Ibiza o en cualquier otro lugar de España. Tienen que estar con sus padres”, afirmó Marí. Y añadió que si hace falta hay que “ayudar” a los países de origen para evitar la llegada de migrantes.

Independientemente de cuál sea la gestión que ejerza el Estado así como las comunidades autónomas para recibir la llegada de menores, la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo. Lo que puede hacer el Govern –ya lo ha hecho, sin éxito– es pedir la modificación del sistema de reparto, regulado por el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

En este sentido, López recuerda que para que los menores puedan volver con sus padres, hay que “cumplir unos estrictos procedimientos para no devolver a los menores a un contexto en el que no pueden estar”. “La premisa de que los niños siempre están mejor con sus padres no se cumple en todos los casos. Pero ni con niños migrantes ni con niños españoles”, advierte la directora general de CEAR.

En la misma línea, explica que hay que tener en cuenta “el interés superior del menor”, ya que en la legislación de un Estado de derecho tiene que haber “procedimientos que garanticen que esos niños no van a ser devueltos a un espacio en el que no se les va a tratar conforme al derecho”. Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, coincide: cualquier repatriación que se realice a niñas, niños y adolescentes “debe realizarse a través del procedimiento adecuado que está establecido siguiendo todas las garantías necesarias, escuchando a las niñas, niños y adolescentes y realizando una determinación del interés superior del menor”.

Las entidades piden “solidaridad interterritorial”

En cuanto a las crisis de acogida que se puedan generar debido a la llegada de menores, Graíño hace un llamamiento a todas las administraciones públicas para que “se comprometan con el principio de solidaridad interterritorial y que se activen, en este sentido, los mecanismos para activar soluciones que permitan, por ejemplo, traslados a la península de niñas, niños y adolescentes”. El mes pasado, el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron para abordar la atención a los menores en Ceuta, pese al plantón de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

“Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado, sin poder cubrir sus necesidades básicas e igualmente sin poder tener acceso digno y adecuado a la atención sanitaria”, lamenta Graíño, en referencia a la crisis humanitaria de Ceuta. Además, recuerda que todavía “hay muchísimas niñas que siguen sin estar identificadas debidamente de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”. “Esto debe realizarse con la máxima premura posible debido a que es una garantía para que puedan acceder al resto de sus derechos”, apunta.

Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado y sin poder cubrir sus necesidades básicas

Irene Graíño — Técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia

La directora general de CEAR, sin embargo, cree que el problema “no está en el reparto que se hace de los menores”, sino que está “en que las comunidades autónomas se niegan a asumir ese reparto”. “Ese, para mí, es el verdadero problema. Es un problema de facto. Ha pasado con Canarias, está pasando con Ceuta: hay comunidades autónomas que se niegan a asumir a esos menores en caso de que se activase la necesidad de reparto”, lamenta López.

La portavoz de CEAR señala que, al final, todo tiene que ver con “las políticas europeas, no solo con las españolas y no solo con las de las comunidades autónomas”. El contexto actual es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque las políticas de externalización de fronteras y securitarias son anteriores. López señala que el control de fronteras para impedir la llegada de migrantes lleva produciéndose, al menos, desde la década de los 2000. Entre ellos, cita los acuerdos de la UE y España con Mauritania, Marruecos y Turquía.

“Es una consecuencia de esa política de externalización de fronteras que para nosotros ha fracasado. Porque si estamos viviendo crisis migratorias como la que hemos vivido el mes pasado en Ceuta después de 20 años de políticas de externalización de fronteras y de control migratorio, es que algo está fallando”, advierte. CEAR propone, desde el principio de la crisis fronteriza que derivó en una crisis migratoria, el traslado de los migrantes a la península. “Ha funcionado en el caso balear y canario”. Así se evitaría que ciudades como Ceuta, o como podría pasar en el archipiélago canario –que tienen una frontera y un territorio limitado– “colapsen o tengan problemas de convivencia”, concluye.

El fantasma d’una nova allau migratòria sobre les Balears ha tornat al debat polític, però les xifres dibuixen, ara per ara, un escenari molt menys excepcional. Mentre el PP reclama al Govern central explicacions per un informe policial sobre les arribades de migrants a l’arxipèlag –que els conservadors interpreten com una confirmació que les illes es troben sota una alerta de “risc alt” davant una possible “entrada massiva” de migrants–, la ruta algeriana es manté pràcticament estable: 4.934 persones van arribar per via marítima entre gener i agost, només un 1,7% més que en el mateix període de 2025, segons dades del Ministeri de l’Interior.

Davant la por que puguin desembarcar de cop “100 o 200 pasteres” –en paraules del president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí–, entitats com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) assenyalen que la ruta està “més o menys controlada”, com assenyala la directora general d’aquesta organització, Mónica López, en declaracions a elDiario.es.

La polèmica va esclatar durant la setmana passada. En una compareixença al Congrés dels Diputats, el president del Govern, Pedro Sánchez, va negar que la Policia Nacional hagués advertit d’un “risc alt” a la ciutat autònoma els dies previs a la crisi fronterera a Ceuta, si bé va confirmar l’existència d’un informe que es referia a la Península i a les Balears: “També s’ha dit que la Policia Nacional havia advertit una setmana abans d’un risc alt a Ceuta. I no és correcte. Aquest informe va existir, però parlava exclusivament de les arribades marítimes a la península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera de Ceuta”, van ser les seves paraules. El document va ser elaborat pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), dependent de la Policia Nacional.

Menys de 24 hores després, la líder autonòmica, Marga Prohens, va comparèixer de manera extraordinària per sol·licitar “per tots els canals formals” informació sobre l’informe policial a què es referia Sánchez. La dirigent conservadora va acusar l’Executiu central d’“ocultar” una informació que, al seu parer, comprometia la seguretat de les illes, i va reclamar saber què va fer l’Estat des que en va tenir coneixement i per què no es va comunicar a les autoritats balears. “Creiem que és molt greu l’ocultació d’aquesta informació tan sensible al Govern de les Illes Balears”, va insistir Prohens.

Després que aquesta informació sortís a la llum, Vicent Marí (PP), president del Consell d’Eivissa, va assegurar en una entrevista al Periódico de Ibiza y Formentera que tenia “malsons” al voltant de la idea que poguessin “arribar aquí 100 o 200 pasteres de cop”, fet que mai no ha succeït des que es va consolidar la ruta algeriana. “Estem assistint a un degoteig constant de pasteres procedents d’una ruta consolidada que és Algèria, encara que el Govern ho negui. Ja arriben més migrants en pastera a les Balears que a les Canàries, de manera que és evident que és una ruta consolidada”, va afirmar Marí. Aquesta travessia s’ha consolidat com el creuament migratori més transitat per arribar a Espanya, per sobre de la ruta atlàntica cap a les Canàries, així com dels trajectes des del nord del Marroc, com va informar elDiario.es.

“La ruta està més o menys controlada”

“Nosaltres entenem que qui té aquesta informació o qui pot tenir aquestes alertes, lògicament, és el Govern, el Ministeri de l’Interior i el CNI –que depèn del Ministeri de Defensa–”, respon la portaveu de CEAR quan se li pregunta si considera possible que arribin, de cop, centenars de cayucos a les costes pitiüses. “Crec que les xifres respecte de l’any anterior suposen un increment d’unes 80 persones, de manera que sembla que aquesta ruta està més o menys controlada”. “Sobre el fet que pogués haver-hi una previsió d’arribada de moltes embarcacions, nosaltres, des de CEAR, desconeixem la dada”, insisteix López.

La directora general de CEAR explica que la resposta institucional que s’ha ofert quan s’ha produït l’arribada d’embarcacions precàries als arxipèlags canari i balear “ha funcionat”. López diferencia així l’actuació governamental a conseqüència de la crisi –primer fronterera i després humanitària– de Ceuta, que considera “lenta”. “És cert que les Balears l’estiu passat van tenir una crisi important de capacitat d’acollida per a les persones que arribaven”, reconeix. “S’han fet trasllats [de migrants adults] a la península i crec que la situació està més o menys normalitzada”, afegeix.

Fonts del Ministeri de Joventut i Infància expliquen a aquest diari, pel que fa als menors, que les derivacions estan regulades pel Reial decret llei 2/2025. “No opera a les Balears perquè no es troben en contingència migratòria extraordinària. Només a les Canàries, Ceuta i Melilla. Són 2.000 els menors traslladats des d’aquests territoris des d’aquests tres territoris de la península en els darrers dotze mesos”, asseguren.

La lectura i interpretació que fa el Govern sobre les dades, però, és una altra. Fonts de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local afirmen a aquest diari que, fins i tot amb els informes quinzenals del Ministeri [de l’Interior], es demostra que «es manté la tendència a l’alça», a causa de l’increment de l’1,7%. La Conselleria compara aquestes dades amb les de la ruta canària, que es redueix un 57,4%. “És a dir, a les Balears ja arriben pràcticament les mateixes persones que a les Canàries, que han passat d’unes 12.000 l’any passat per aquestes dates a poc més de 5.000”, puntualitzen.

El Govern balear veu una tendència a l'alça

A més, el Govern del PP –que governa en minoria amb suports puntuals de Vox– considera que els informes quinzenals “poden variar molt” d’una quinzena a l’altra, per diversos motius: mala mar, embarcacions que han arribat dos dies més tard o perquè les arribades dels darrers dies del mes entren en un informe o en el següent. “Voler concloure que ‘ja estem millor’ amb aquestes dades és, com a mínim, precipitat”, consideren. A parer de l’Executiu autonòmic, cal prendre com a referència l’últim informe anual de riscos de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes), del juny, que assenyala que durant el primer trimestre de 2026 les arribades van caure un 40% a Europa i un 60% a través de la ruta canària. Paral·lelament, asseguren que la ruta algeriana cap a les Balears augmenta un 17%, tot i que aquesta dada no apareix a l’informe.

Concretament, sobre la ruta de la Mediterrània occidental –que és més àmplia que l’algeriana perquè inclou el Marroc, Mauritània i el Senegal, a més d’Algèria–, l’informe assenyala que s’espera que “continuï una tendència estable i lleugerament a l’alça” durant aquest 2026. I afegeix que el més destacable, en aquest sentit, és “l’ús creixent de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans”, nacionalitats que anteriorment estaven més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l’Àfrica occidental.

L'últim informe de Frontex assenyala "el creixent ús de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans", nacionalitats anteriorment més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l'Àfrica occidental

L’informe de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) atribueix aquests canvis a l’enduriment dels controls a Líbia, Tunísia i Mauritània, que està desviant els fluxos cap a Algèria “com a punt de partida alternatiu”. “La mateixa Algèria és tant país d’origen com de trànsit, i els algerians van representar prop del 54% de les deteccions a la ruta de la Mediterrània occidental el 2025”. Les causes són l’atur juvenil estructural i el descontentament de la població amb la classe política, segons l’agència europea.

L'Executiu insisteix: “El ritme d'arribades és inassumible”

“Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra”, afirma la Conselleria de Presidència. Les fonts consultades assenyalen, així, que la tendència a l’alça continua i que aquest ritme d’arribades “és inassumible per a un territori com les Balears”. Afegeixen que, fins al 9 de setembre, han comptabilitzat 484 persones en més d’una vintena de caiucs.

Aquest 2026 han arribat gairebé 5.300 persones, segons el recompte del Govern. “A més, hi ha els 916 menors que actualment tutelen els consells insulars, quan la capacitat ordinària establerta per l’Estat és de 434”, apunten. Per tot plegat, l’Executiu autonòmic reclama que Frontex tingui “una presència permanent a les fronteres marítimes de les illes”.

Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra

Conselleria balear de Presidència

El Ministeri de l’Interior, per la seva banda, explica a aquest diari que, fins al 31 d’agost de 2025, l’increment de les arribades en comparació amb l’any anterior ascendia al 78%. “Des d’aleshores la tendència ha anat baixant progressivament. El 2025 va acabar amb un augment del 24,5% i la tendència durant el 2026 ha estat de desacceleració fins a assolir algunes davallades o pujades lleus”, apunten. Així, Interior assenyala que s’aplica “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d’origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones”. Una actuació que, segons el Govern, està funcionant i que “evita en origen el 40% de les sortides irregulars”.

El Ministeri de l'Interior explica que s'està aplicant “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d'origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones"

La repatriació col·lectiva de menors és il·legal

La posició de les administracions autonòmiques –el PP governa a tots els consells insulars, i també al Govern– és que els menors no acompanyats “han d’estar amb els seus pares”. “Pensar que podem acollir tothom és estar equivocat. Cal ajudar aquests països d’origen. Els menors no han d’estar en centres d’acollida aquí a Eivissa o en qualsevol altre lloc d’Espanya. Han d’estar amb els seus pares”, va afirmar Marí. I va afegir que, si cal, s’han d’“ajudar” els països d’origen per evitar l’arribada de migrants.

Independentment de quina sigui la gestió que exerceixin l’Estat i les comunitats autònomes per rebre l’arribada de menors, la repatriació col·lectiva és il·legal, segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem. El que pot fer el Govern –ja ho ha fet, sense èxit– és demanar la modificació del sistema de repartiment, regulat pel Decret llei 2/2025, que és la normativa que va aprovar el Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència.

En aquest sentit, López recorda que, perquè els menors puguin tornar amb els seus pares, cal “complir uns procediments estrictes per no retornar els menors a un context en què no puguin estar”. “La premissa que els nens sempre estan millor amb els seus pares no es compleix en tots els casos. Però ni amb nens migrants ni amb nens espanyols”, adverteix la directora general de CEAR.

En la mateixa línia, explica que cal tenir en compte “l’interès superior del menor”, ja que en la legislació d’un estat de dret hi ha d’haver “procediments que garanteixin que aquests nens no seran retornats a un espai on no seran tractats d’acord amb el dret”. Irene Graíño, tècnica d’incidència política de la Plataforma d’Infància, coincideix: qualsevol repatriació que es faci de nenes, nens i adolescents “s’ha de realitzar mitjançant el procediment adequat que està establert, seguint totes les garanties necessàries, escoltant les nenes, nens i adolescents i fent una determinació de l’interès superior del menor”.

Les entitats demanen “solidaritat interterritorial”

Pel que fa a les crisis d’acollida que es puguin generar a causa de l’arribada de menors, Graíño fa una crida a totes les administracions públiques perquè “es comprometin amb el principi de solidaritat interterritorial i que s’activin, en aquest sentit, els mecanismes per activar solucions que permetin, per exemple, trasllats a la península de nenes, nens i adolescents”. El mes passat, el Govern i les comunitats autònomes es van reunir per abordar l’atenció als menors a Ceuta, malgrat el boicot de tres comunitats governades pel PP i els responsables d’Infància de les quals són de Vox.

“Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer, en una situació d’extrema precarietat i vulnerabilitat, sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat, sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques i igualment sense poder tenir un accés digne i adequat a l’atenció sanitària”, lamenta Graíño, en referència a la crisi humanitària de Ceuta. A més, recorda que encara “hi ha moltíssimes nenes que continuen sense estar identificades degudament d’acord amb el que estableix el nostre ordenament jurídic”. “Això s’ha de fer amb la màxima celeritat possible, perquè és una garantia perquè puguin accedir a la resta dels seus drets”, assenyala.

Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer en una situació d'extrema precarietat i vulnerabilitat sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat i sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques

Irene Graíño — Tècnica d'incidència política de la Plataforma de la Infància

La directora general de CEAR, però, creu que el problema “no és en el repartiment que es fa dels menors”, sinó que està “en el fet que les comunitats autònomes es neguen a assumir aquest repartiment”. “Aquest, per a mi, és el veritable problema. És un problema de facto. Ha passat amb les Canàries, està passant amb Ceuta: hi ha comunitats autònomes que es neguen a assumir aquests menors en cas que s’activés la necessitat de repartiment”, lamenta López.

La portaveu de CEAR assenyala que, al final, tot té a veure amb “les polítiques europees, no només amb les espanyoles i no només amb les de les comunitats autònomes”. El context actual és el Pacte Europeu de Migració i Asil, tot i que les polítiques d’externalització de fronteres i de caràcter securitari són anteriors. López assenyala que el control de fronteres per impedir l’arribada de migrants es duu a terme, almenys, des de la dècada dels 2000. Entre d’altres, cita els acords de la UE i Espanya amb Mauritània, el Marroc i Turquia.

“És una conseqüència d’aquesta política d’externalització de fronteres que, per a nosaltres, ha fracassat. Perquè si vivim crisis migratòries com la que hem viscut el mes passat a Ceuta després de vint anys de polítiques d’externalització de fronteres i de control migratori, és que alguna cosa està fallant”, adverteix. CEAR proposa, des del principi de la crisi fronterera que va derivar en una crisi migratòria, el trasllat dels migrants a la península. “Ha funcionat en el cas balear i canari”. Així s’evitaria que ciutats com Ceuta, o com podria passar a l’arxipèlag canari –que tenen una frontera i un territori limitat–, “col·lapsin o tinguin problemes de convivència”, conclou.

La crisis de Ceuta ha dejado de ser solo un foco de tensión diplomática entre España y Marruecos para convertirse en un terreno donde múltiples actores se atacan siguiendo sus propios intereses. El último movimiento en esta escalada se ha producido en el terreno digital a través de un ataque de Jabaroot, un colectivo de hackers que lleva meses hostigando a Marruecos. El grupo publicó este lunes en Telegram una supuesta base de datos de unos 70.000 agentes de la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST), el servicio de inteligencia interior del régimen.

“El gran regalo para Europa, y especialmente para España, de Jabaroot”, afirmaba este actor en un mensaje publicado en árabe: “Aquí tienen los nombres, fechas de nacimiento y números de identificación de 70.000 agentes de los servicios de inteligencia y de seguridad marroquíes, que han operado por toda Europa en las tareas de inteligencia más sucias, como el espionaje, la instalación de dispositivos de escucha y el soborno de políticos y empresarios”.

La base de datos con la supuesta información de los agentes marroquís se colgó primero en un archivo descargable en Telegram y, posteriormente, en un foro alojado en Rusia utilizado habitualmente por los ciberdelincuentes para este tipo de acciones.

Horas después, Jabaroot elevó la apuesta. “¿A quién le interesan los datos originales de Pegasus relacionados con Pedro Sánchez?”, preguntaron, esta vez en un mensaje escrito en castellano. No obstante, el grupo no ha dado ninguna prueba ni de la existencia de tal archivo ni de estar en posesión de él.

Las fuerzas de ciberseguridad denominan a estos actores como hacktivistas (unión de hackers y activistas). Detrás de esta etiqueta conviven desde colectivos espontáneos hasta actores que pueden estar vinculados a intereses estatales. Muchos de ellos se han convertido en la vanguardia de la guerra híbrida: grupos coordinados para llevar a cabo ciberataques, acciones de desestabilización, campañas de desinformación o fabricación de documentación sensible. Crisis como la de Ceuta constituyen su ámbito de actuación ideal.

Los especialistas piden juzgar sus acciones con extrema cautela. “En el archivo que han publicado sobre Marruecos parece que puede haber datos que ya habían hecho públicos las instituciones marroquís y refritos de otras filtraciones antiguas. Pero hay que mirarlo todo muy bien porque hay mucha información”, explica a elDiario.es Rafael López, analista de ciberseguridad que ha entrevistado a miembros de otros grupos hacktivistas en el pasado.

López expresa “aún más dudas” sobre la posibilidad de que Jabaroot cuente con información del presidente de Gobierno español proveniente del software espía Pegasus. “No hay pruebas de que ese espionaje haya sucedido y menos de que hayan podido robarle ese archivo a Marruecos”, expresa. El experto pide máxima prudencia al descargar cualquier archivo subido por este tipo de actores, puesto que puede estar contaminado con todo tipo de software malicioso.

Jabaroot ha estado publicando comentarios sobre la crisis migratoria de Ceuta prácticamente desde su comienzo. El grupo se ha identificado en el pasado como argelino, el gran rival geopolítico de Marruecos, y ha llevado a cabo acciones contra el régimen alahuita en defensa de la causa del Sahara Occidental.

El grupo ha avisado de que podría publicar nueva información en las próximas horas. “Estén atentos a la lista nominal de los agentes de seguridad marroquíes que organizaron y coordinaron el plan relativo a Ceuta. (Jabaroot ha conseguido recuperar copias de órdenes de misión correspondientes a agentes que se desplazaron a Fnideq (Castillejos) antes y durante los acontecimientos)”, ha publicado en Telegram.

“Estamos ante posiblemente dos escenarios”, ha escrito posteriormente López en su perfil de Linkedin: “Una filtración histórica con repercusiones muy grandes a nivel geopolítico o ante un farol enorme que solamente busca desinformar, agitar el avispero y que comiencen a circular todas las teorías de la conspiración posibles”. “El objetivo será sembrar la incertidumbre, el caos”, concluye.

La organización de ayuda a personas migrantes Alarm Phone ha alertado de la desaparición de 26 personas que viajaban a bordo de una patera con rumbo a Balears desde Argelia.

Según ha informado la organización en un mensaje publicado en su cuenta de X, la embarcación partió de Tipasa, en la costa argelina. A bordo viajaban, según la información recabada por Alarm Phone, al menos 26 personas migrantes que trataban de alcanzar el archipiélago.

La alerta se produce apenas unos días después del naufragio de otra patera en la ruta entre Argelia y Balears en el que murieron 28 personas. La embarcación había zarpado de Boumerdés y llevaba a bordo a 32 migrantes. Solo cuatro de ellos fueron rescatados con vida.

Alarm Phone tuvo conocimiento el pasado lunes de que cuatro pasajeros de esa patera habían sido rescatados. Las otras 28 personas habrían perdido la vida durante la travesía por la conocida como ruta argelina, una de las principales vías de llegada irregular de migrantes a las Islas.

Boumerdés es, además, uno de los puntos habituales de salida de embarcaciones con destino a Balears, según recoge un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el nuevo caso, Alarm Phone ha señalado que Salvamento Marítimo está realizando labores de búsqueda en el mar para tratar de localizar a los 26 migrantes, aunque por el momento no han sido encontrados.

La organización, que documenta y alerta sobre emergencias y naufragios de personas migrantes en el Mediterráneo, ha advertido en los últimos días de varios incidentes en esta ruta, marcada por las largas travesías y el elevado riesgo de naufragio.

Cinco personas se sientan alrededor de una mesa en una de las aulas de la Nau Bostik, en Barcelona. Van a clase para aprender darija, la variedad del árabe que se habla en Marruecos. Quien guía la sesión es Talal El Khalloufy, un joven marroquí de 26 años que llegó solo a Catalunya hace tres años y que hoy enseña su lengua materna gracias a Prollema, un proyecto de la asociación La Muga que forma y remunera a jóvenes migrantes para que impartan clases de sus idiomas de origen.

“No queremos que nos vean solo como personas que necesitan ayuda. Los jóvenes migrantes podemos aportar mucho a la sociedad”, resalta Talal. En la misma línea opina Hadjer Rahou, joven argelina de 25 años que da clases en Girona de darija y árabe clásico: “Muchas veces la gente no es consciente de que tenemos potencial. Solo necesitamos que alguien nos escuche y valore nuestra formación y capacidades”.

En un momento de la clase que imparte Talal, una de las asistentes comenta que algunas palabras le recuerdan al catalán, lo que da pie a una conversación sobre los vínculos históricos entre las lenguas, y alumnos y profesor empiezan a buscar ejemplos: tawla recuerda a taula, c a balcó y blassa a plaça. Durante dos horas, los alumnos practican expresiones cotidianas, aprenden léxico y gramática, corrigen la pronunciación y hacen preguntas sobre la cultura marroquí.

“Pensaba que a nadie le interesaría nuestra lengua por la imagen negativa que a veces se tiene de nosotros. Descubrir que hay personas que quieren aprenderla cambia por completo la forma en que te sientes acogido”, afirma Amine Oubihi, otro de los jóvenes vinculados al proyecto.

Los alumnos de Talal cursan el intensivo que la fundación ha organizado durante el mes de julio en Barcelona. Consiste en dos sesiones semanales de dos horas durante un mes. A lo largo del año también se organizan cursos en Girona y Tarragona. Todos los profesores son jóvenes que emigraron solos y que, antes de incorporarse al proyecto, se encontraban en situación de exclusión social. Prollema les ofrece una formación que les capacita para impartir clases de sus lenguas maternas.

“Queríamos cambiar la mirada infantilizada y asistencialista con la que se suele acompañar a los jóvenes migrantes: dejar de verlos como objetos para reconocerlos como sujetos con voz, historias, experiencias y capacidad de decisión”, explican desde la asociación.

El proyecto, nacido en 2015 dentro de la asociación cultural La Muga, ofrece un salario a los docentes, además de una formación teórica y práctica de cinco meses que les habilita para impartir clases. Entre las lenguas que se enseñan se encuentran el amazig del Rif, el árabe clásico, el darija, el fula, el wolof y el mandinká. La entidad se financia con subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, además de las cuotas de los alumnos.

“Cuando llegas sola y sin papeles sientes que no tienes un lugar en la sociedad y que no vales nada, y proyectos como este te permiten demostrar quién eres”, señala Hadjer. “Quiero que la gente vea que las personas migrantes también podemos tener estudios o una carrera universitaria”. Para ella, dar clases es una forma de romper los estereotipos que todavía pesan sobre quienes migran.

Licenciada en Traducción e Interpretación en Argelia, se vio obligada a emigrar a España en busca de mejores condiciones económicas para ayudar a su familia. “Yo no he venido aquí porque quiera viajar, sino porque no me quedaba otra opción”, asegura. Mientras espera la regularización de su situación administrativa, sueña con poder trabajar con contrato y seguir ayudando a su familia para, algún día, regresar a su tierra.

“Las personas migrantes muchas veces no necesitamos solo dinero, sino que alguien nos escuche, nos entienda y nos dé la oportunidad de construir una nueva vida”, añade. Desde Prollema recalcan que su objetivo es que los jóvenes se sientan “escuchados, acompañados y capaces de proyectar un futuro”.

Talal llegó a Catalunya hace tres años desde Fez, su ciudad natal. Tras pasar varias noches durmiendo al raso por las calles de Girona, su educadora social le habló del proyecto y decidió apuntarse. Después de completar la formación y las prácticas, empezó a dar clases el año pasado.

Además de formación y empleo, Prollema también ofrece alojamiento mientras los jóvenes avanzan en su proceso de integración. Actualmente, Talal reside en la Nau Bostik, un centro cultural y social autogestionado en el barrio barcelonés de La Sagrera, el mismo lugar donde se imparten las clases. Allí también vivió durante un tiempo Amine, junto a otros participantes del proyecto.

La idea es que permanezcan allí hasta contar con unos ingresos estables que les permitan acceder a un alquiler. Los ingresos que obtienen con las clases no siempre son regulares, ya que no todos los meses hay suficientes grupos.

Otro de los aspectos que más valoran los jóvenes que dar clases va mucho más allá de la remuneración económica. Talal pasó una etapa especialmente dura durante su proceso de integración por el hecho de estar solo y sentirse discriminado. “Me afectó muchísimo sufrir discriminación. Más de una vez, cuando paso por delante de alguien, esconde el bolso, o si me siento en un banco o en un asiento, se levantan y se marchan”.

En ese contexto, asegura que empezar a dar clases en Prollema fue un refugio. “Para mí, Prollema es una joya. Me ayudó a coger fuerzas para seguir adelante. Ahora me siento mucho mejor y estoy viviendo una etapa muy bonita. Después de pasarlo realmente mal al principio de mi llegada, lo único que buscaba era, además de una tranquilidad económica, sentirme válido como persona”.

Amine destaca las relaciones personales que ha construido, tanto con otros jóvenes que atraviesan situaciones similares como con alumnos catalanes. “Más allá del trabajo o del intercambio cultural, cuando acabas de llegar y no conoces a nadie, lo que necesitas es una red de apoyo”. “Si no tienes a tu familia, a tus amigos ni a nadie que te apoye, es muy fácil acabar mal en un país extranjero”, sentencia.

Otro de los pilares de la iniciativa es que los jóvenes puedan conservar su identidad mientras construyen su nueva vida en Catalunya. “Una buena acogida es aquella que te permite construir un futuro sin tener que renunciar a quién eres”, señalan desde la asociación. Hadjer lo resume con claridad: “Pensar que porque una persona lleve hijab significa que no se integra en la sociedad es ignorancia pura. Yo hablo catalán y castellano, quiero trabajar y aportar mis cualidades aquí en Catalunya”.

Desde Prollema insisten en que no se trata de “dejar atrás la lengua, la cultura o la identidad para integrarse”, sino de poder conservarlas mientras se adquieren “las herramientas necesarias para formar parte de la comunidad”.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual interpreta que la Ley de Extranjeria no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habían dado la razon al demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Esas dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar el extremo recogido en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Supremo rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

El demandante alegaba en su recurso que se le había devuelto por la vía de los hechos al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

La Sala interpreta la Disposición adicional décima de la citada ley y sienta jurisprudencia. Los jueces tienen en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los “elementos de contención fronterizos” para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El fondo del asunto trataba de determinar si en el mar se podía aplicar la alusión de la ley a “los elementos de contención fronterizos”, tales como las vallas terrestres. El Supremo concluye que no será así. “No cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”, recoge el fallo del alto tribunal

La citada Disposición de la Ley no podrá extenderse a todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

En todo caso, el Supremo advierte de que si el Estado establece en el futuro “elementos de contencion en el mar para proteger la línea fronteriza” entonces sea de aplicación la citada disposición adicional de la ley.

El calendario del Mundial 2026 tiene un recorrido que ocupará más de cinco semanas completas seguidas de fútbol. El torneo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca y terminará el 19 de julio con la final prevista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La competición se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, una organización conjunta que amplía el alcance geográfico del campeonato, aunque eso obligará a ver los partidos de madrugada en España. Las ciudades anfitrionas se repartirán encuentros durante más de un mes y convertirán la edición de 2026 en una de las más extensas de la historia. Esa cita también devolverá la atención a algunos episodios que marcaron para siempre la memoria de los Mundiales.

Una victoria histórica abrió una situación favorable

Pocas historias representan mejor los límites de la competición deportiva que la llamada Desgracia de Gijón. El 25 de junio de 1982, Alemania Occidental y Austria disputaron el último encuentro del Grupo 2 en el estadio de El Molinón. Argelia ya había completado sus partidos y dependía de ese resultado para seguir adelante. Las cuentas eran sencillas. Una victoria alemana por uno o dos goles clasificaba a alemanes y austríacos, mientras que los argelinos quedaban fuera pese a haber ganado dos de sus tres encuentros.

La situación había nacido de una cadena de resultados que sorprendió al fútbol internacional. Argelia derrotó por 2-1 a Alemania Occidental en la jornada inaugural, una de las grandes sospresas de la historia de los Mundiales. Después cayó por 2-0 frente a Austria, pero cerró su participación con un triunfo por 3-2 ante Chile.

Aquella selección africana se convirtió en la primera de su continente que vencía dos partidos en una Copa del Mundo. Sin embargo, el calendario permitió que los dos equipos europeos afrontaran su duelo conociendo exactamente qué marcador les convenía.

Los aficionados reprobaron una tarde sin ambición

Horst Hrubesch marcó para Alemania Occidental en torno al minuto 10 y colocó el resultado que favorecía a ambos conjuntos. Hubo algunas aproximaciones iniciales, aunque el partido empezó a perder intensidad con rapidez. Cada avance con cierto peligro podía alterar el equilibrio que mantenía con vida a austríacos y alemanes, así que medida que pasaba el tiempo, los intentos de ataque disminuyeron hasta dejar una imagen que indignó a buena parte de los espectadores.

Los cerca de 41.000 aficionados presentes en Gijón asistieron a un espectáculo que muchos describieron como una renuncia abierta a competir. Alemania Occidental conservaba el balón sin buscar demasiado el segundo tanto y Austria evitaba cualquier acción que pudiera poner en peligro la diferencia mínima. El público respondió con silbidos y protestas. La sensación general era que ambos equipos habían encontrado un resultado satisfactorio y que ninguno tenía interés en modificarlo.

La indignación también llegó a las cabinas de retransmisión. El comentarista alemán Eberhard Stanjek afirmó: “Lo que está ocurriendo aquí es vergonzoso y no tiene nada que ver con el fútbol”. En Austria, Robert Seeger protagonizó una de las reacciones más recordadas al pedir a los espectadores que apagaran el televisor. Las críticas tampoco se limitaron a esos países. En el Reino Unido, varios comentaristas denunciaron que el encuentro dañaba la imagen de la competición y cuestionaron la actitud de los jugadores.

La repercusión alcanzó incluso a la prensa local. El periódico gijonés El Comercio tomó una decisión que se convirtió en símbolo de aquel episodio. Su crónica apareció en la sección de sucesos, una forma de expresar que lo ocurrido en el césped merecía una consideración distinta a la de un partido normal. En Argelia, el enfado fue enorme. La federación del país presentó una protesta ante FIFA, aunque el organismo concluyó que no existían pruebas para sancionar a ninguno de los dos equipos ya que ambos involucrados negaron haber pactado el resultado. No obstante, Hans-Peter Briegel, futbolista que estuvo en aquel partido, reconoció en 2007 que sí estaba todo arreglado.

FIFA cambió el sistema tras aquella controversia

La polémica no desapareció con el paso de los años. En Alemania se popularizaron expresiones como Pacto de no agresión de Gijón o Desgracia de Gijón. En Argelia, el encuentro pasó a ser recordado como un escándalo nacional y como uno de los episodios más dolorosos de su historia futbolística. La sensación de agravio permaneció viva durante décadas y se da la casualidad que Argelia y Austria han quedado encuadradas en el Grupo J de este próximo Mundia.

La consecuencia más duradera llegó desde los despachos. FIFA entendió que el problema estaba relacionado con el formato del torneo. Desde entonces, los últimos partidos de cada grupo comenzaron a disputarse de manera simultánea para impedir que dos equipos afrontaran un encuentro con información completa sobre los resultados de sus rivales. La medida se extendió después a numerosas ligas nacionales durante las jornadas finales.

Más de cuatro décadas después, la Desgracia de Gijón sigue apareciendo cuando se habla de integridad competitiva en el fútbol. El marcador terminó con un 1-0 para Alemania Occidental, pero la verdadera herencia de aquella tarde fue otra. El partido cambió las normas de los Mundiales y dejó una advertencia permanente sobre lo que puede ocurrir cuando el resultado pesa más que el juego.

El crucero Saphire Princess ha localizado este martes cinco cadáveres a unas 140 millas de la península de Cabo de Palos, en Cartagena. De acuerdo con Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, los cuerpos han sido subidos a bordo de la embarcación y han sido trasladados al Puerto de la ciudad esta mañana. A continuación han sido transportadas al Instituto de Medicina Legal para la correspondiente autopsia.

Por el momento se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Desde Delegación de Gobierno no descartan que los fallecidos fueran tripulantes de la patera rescatada el pasado lunes, localizada a unas 25 millas de Cartagena. En la pequeña embarcación ya fueron localizadas cinco personas, tres de ellas fallecidas. Sobre los dos supervivientes de la patera, hay un detenido acusado de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

Los tripulantes de esta patera fueron localizados por un buque militar francés, que alertó a Salvamento Marítimo. Según el testimonio de los dos supervivientes de la embarcación, partieron desde la zona costera de Mostaganem (Argelia) con 18 personas a bordo. De acuerdo con el diario local La Verdad, la Policía maneja la hipótesis de que 13 personas permanecen desaparecidas e investiga si los cinco cuerpos hallados este miércoles iban a bordo de esta patera.

El recorrido desde Argelia hasta la Región de Murcia suele completarse en unas 20 horas, pero la travesía de la patera localizada este lunes podría haber durado casi tres semanas. No se descarta un posible fallo en el motor o el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

En el primer trimestre del año, Estados Unidos se situó como el principal origen del gas natual licuado (GNL) suministrado a España, con un 36,6% del total en dicho periodo, seguido por Argelia, con el 29,6%, según los datos del boletín estadístico de Enagás de marzo de 2026 publicado este viernes.

Tras estos países, se situó Rusia, con un 18,1%, y Nigeria, con un 7,5% del total del gas suministrado a España en el primer trimestre.

El gas procedente de Rusia se duplicó en marzo con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzó en marzo los 9.807 GWh, para cubrir el 26,1% del total llegado a España y tocar unos niveles que no se veían desde mayo de 2023.

La Unión Europea ha aprobado una prohibición gradual de las importaciones de gas ruso (por gasoducto y GNL) para eliminar la dependencia de energía rusa para 2027.

Así, desde mediados de marzo se prohíbe la firma o modificación de contratos de importación de gas ruso y el reglamento contempla restricciones severas al GNL ruso adquiridos en mercados al contado (spot). También se prevé el objetivo de que todos los flujos de gas ruso por tubería cesen a más tardar el 30 de septiembre de 2027. En el caso de los contratos a largo plazo de importación de GNL, la prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.

En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

En el primer trimestre de 2026, Estados Unidos refuerza su liderazgo como primer suministrador, con 37.809 GWh (36,6% del total), seguido de Argelia, con 30.616 GWh (29,6%), y Rusia, con 18.763 GWh (18,1%).

Ningún sumnistrador de Oriente Próximo

En lo que va de año, España ha recibido gas natural desde 10 países de origen diferentes. Junto a Estados Unidos, Argelia y Rusia, figuran como suministradores países como Nigeria, Angola, Francia, Portugal, Congo, Camerún y Senegal, pero ninguno de Oriente Próximo, lugar afectado por el conflicto en Irán.

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos, actualmente en España se encuentran al 60% de capacidad y las plantas de regasificación al 65%.

Asimismo, hasta el pasado 8 de abril, el total de exportaciones ha crecido un 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 12,6 teravatios hora (TWh), y el total de salidas -demanda más exportaciones- ha crecido un 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 111 TWh.

En lo que se refiere a la demanda de gas natural en marzo, se incrementó un 1,3% con respecto al mismo mes de hace un año, hasta los 28.765 GWh, impulsada por la destinada al sector eléctrico que se disparó un 46,8%. Mientras, la convencional cayó un 9,3% en el mes.

La Guàrdia Civil ha localitzat amb vida 22 migrants que van salpar en pastera dimarts passat des d'Algèria cap a Balears, tal com han confirmat fonts de l'Institut Armat a elDiario.es. El rescat, produït a 34 milles al sud de Mallorca, ha tingut lloc en el marc del dispositiu de cerca articulat aquests dies arran de la desaparició de tres embarcacions amb 81 persones a bord, entre elles dos bebès i una desena de dones, que van sortir des del litoral algerià. Malgrat no disposar de coordenades precises que permetin delimitar l'àrea, un avió de Frontex i un altre de la Benemèrita continuen rastrejant la zona.

En paral·lel, va transcendir que la Marina Algeriana havia localitzat dues pasteres en els últims dies. No obstant això, Caminando Fronteras ha advertit que aquestes embarcacions podrien no correspondre's amb les denunciades com a desaparegudes. La Guàrdia Civil assegura, així mateix, no tenir constància de la troballa de totes dues pasteres.

L'alerta va ser traslladada la tarda d'aquest dijous per la pròpia organització humanitària després que familiars dels migrants que anaven a bord comuniquessin que portaven dies sense notícies dels seus afins després d'haver partit des d'Algèria rumb a l'arxipèlag balear.

Al llarg d'aquest dijous, un avió de Frontex ja va realitzar diverses batudes per a tractar de localitzar les pasteres mentre s'articulava l'operatiu, segons van informar des de la Delegació del Govern. La preocupació va créixer amb el pas de les hores i la falta de contacte amb les embarcacions, especialment en el cas d'una llanxa que havia partit el dimarts amb 22 persones a bord, set d'elles dones, en la seva majoria de nacionalitat somali i una d'origen sudanès. Segons l'organització, el telèfon d'un dels ocupants facilitat per la família ja no donava senyal.

L'ONG ha assenyalat a Europa Press que, després de conèixer aquesta informació, va sol·licitar a Salvament Marítim col·laboració per verificar si es tractava de les mateixes pasteres, però, segons l'entitat, l'organisme els hauria dit que no podien realitzar aquestes gestions. Més tard, l'organització sí que va poder constatar que no havien estat rescatades.

Segons explica la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, dues de les pasteres van sortir de les costes d'Algèria diumenge passat. Una d'elles portava 29 persones d'origen subsaharià a bord i la segona, a altres 30 subsaharians, entre ells tres dones i dos nadons.

Des de l'organització estan en contacte amb les famílies de les potencials víctimes, que s'han posat en contacte amb ells en no tenir notícies del seu parador malgrat haver transcorregut ja uns dies des que van salpar d'Algèria, i oferint-los acompanyament. També han traslladat aquesta informació a Salvament Marítim perquè eventualment puguin realitzar una recerca d'aquestes embarcacions.

La desaparició es produeix en una setmana en la qual han arribat a Balears 410 migrants a bord de 23 pasteres. En el que va d'any han estat localitzades 40 embarcacions d'aquest tipus a les illes amb un total de 798 ocupants, d'acord al recompte d'EFE a partir de les dades del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern.

Segons l'informe anual Monitoreo del Derecho a la Vida de Caminando Fronteras, almenys 1.037 persones van desaparèixer el 2025 en la ruta algeriana, que connecta el país magribí amb Balears i el llevant peninsular, considerada per l'organització com una de les més perilloses. Es tracta d'una dada que, a parer de la ONG, evidencia un patró estructural de desprotecció del dret a la vida al mar, agreujat per la demora sistemàtica o la no activació dels dispositius de recerca i rescat.

“Aquest territori és avui un laboratori: un espai on convergeixen la criminalització, la necropolítica i l'erosió progressiva del dret internacional, especialment en la protecció del dret a la vida”, asseveren des de l'entitat, qualificant fins i tot l'arxipèlag de “laboratori de la necrofrontera”.

Una ruta “negada i invisibilitzada”

Durant anys, tal com assevera l'informe, la ruta algeriana ha travessat múltiples transformacions, sent una ruta “negada i invisibilitzada per les institucions que no la reconeixien com a tal”. El passat mes de setembre, el Govern central va aprovar la declaració d'emergència migratòria a Balears en resposta a l'increment de persones migrants arribades a les costes de l'arxipèlag al llarg d'aquest any, acompanyada d'una inversió de 6,75 milions d'euros per reforçar l'atenció humanitària cap als nouvinguts.

L'informe subratlla que Balears és, a més, una de les zones amb major opacitat en relació amb les operacions de rescat desaparegudes al mar: persisteixen les cerques passives i la limitació dels operatius a les àrees properes al territori, juntament amb una escassa cooperació entre els països que comparteixen la protecció de les zones SAR -espais marítims delimitats que estan a càrrec d'un país en el cas que hi hagi que procedir a un rescat o a ajudar una embarcació-.

La Guardia Civil ha localizado con vida a 22 migrantes que zarparon en patera el pasado martes desde Argelia hacia Balears, tal como han confirmado fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. El rescate, producido a 34 millas al sur de Mallorca, ha tenido lugar en el marco del dispositivo de búsqueda articulado estos días a raíz de la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo, entre ellas dos bebés y una decena de mujeres, que salieron desde el litoral argelino. Pese a no disponer de coordenadas precisas que permitan acotar el área, un avión de Frontex y otro de la Benemérita continúan rastreando la zona.

Se da la circunstancia de que la Marina Argelina informó este jueves del rescate de dos de las embarcaciones, si bien la ONG Caminando Fronteras señala que podrían no ser las barcas cuyo paradero se desconoce. La Guardia Civil asegura, asimismo, no tener constancia del hallazgo de ambas pateras.

La alerta fue trasladada la tarde de este jueves por la propia organización humanitaria después de que familiares de los migrantes que iban a bordo comunicaran que llevaban días sin noticias de sus allegados tras haber partido desde Argelia rumbo al archipiélago balear.

A lo largo de este jueves, un avión de Frontex ya realizó varias batidas para tratar de localizar las pateras mientras se articulaba el operativo, según informaron desde la Delegación del Gobierno. La preocupación creció con el paso de las horas y la falta de contacto con las embarcaciones, especialmente en el caso de una lancha que había partido el martes con 22 personas a bordo, siete de ellas mujeres, en su mayoría de nacionalidad somalí y una de origen sudanés. Según la organización, el teléfono de uno de los ocupantes facilitado por la familia ya no daba señal.

La ONG ha señalado a Europa Press que, tras conocer esa información, solicitó a Salvamento Marítimo colaboración para verificar si se trataba de las mismas pateras, pero, según la entidad, el organismo les habría que no podían realizar esas gestiones. Más tarde, la organización sí que pudo constatar que no habían sido rescatadas.

Según ha explicado la responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, en base a la información de la que disponen, dos de las pateras salieron de las costas de Argelia el pasado domingo. Una de ellas llevaba 29 personas de origen subsahariano a bordo y la segunda, a otros 30 subsaharianos, entre ellos tres mujeres y dos bebés.

Desde la organización están en contacto con las familias de las potenciales víctimas, que se han puesto en contacto con ellos al no tener noticias de su paradero pese haber transcurrido ya unos días desde que zarparon de Argelia, y ofreciéndoles acompañamiento. También han trasladado esta información a Salvamento Marítimo para que eventualmente puedan realizar una búsqueda de estas embarcaciones.

La desaparición se produce en una semana en la que han llegado a Balears 410 migrantes a bordo de 23 pateras. En lo que va de año han sido localizadas 40 embarcaciones de este tipo en las islas con un total de 798 ocupantes, de acuerdo al recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Según el informe anual Monitoreo del derecho a la vida de Caminando Fronteras, al menos 1.037 personas desaparecieron en 2025 en la ruta argelina, que conecta el país magrebí con Baleares y el levante peninsular, considerada por la organización como una de las más peligrosas. Se trata de un dato que, a juicio de la organización, evidencia un patrón estructural de desprotección del derecho a la vida en el mar, agravado por la demora sistemática o la no activación de los dispositivos de búsqueda y rescate.

“Este territorio es hoy un laboratorio: un espacio donde convergen la criminalización, la necropolítica y la erosión progresiva del derecho internacional, especialmente en la protección del derecho a la vida”, aseveran desde la entidad, calificando incluso el archipiélago de “laboratorio de la necrofrontera”.

Una ruta “negada e invisibilizada”

Durante años, tal como asevera el informe, la ruta argelina ha atravesado múltiples transformaciones, siendo una ruta “negada e invisibilizada por las instituciones que no la reconocían como tal”. El pasado mes de septiembre, el Gobierno central aprobó la declaración de emergencia migratoria en Balears en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a las costas del archipiélago a lo largo de este año, acompañada de una inversión de 6,75 millones de euros para reforzar la atención humanitaria hacia los recién llegados.

El informe subraya que Balears es, además, una de las zonas con mayor opacidad en relación con las operaciones de rescate desaparecidas en el mar: persisten las búsquedas pasivas y la limitación de los operativos a las áreas cercanas al territorio, junto con una escasa cooperación entre los países que comparten la protección de las zonas SAR -espacios marítimos delimitados que están a cargo de un país en el caso de que haya que proceder a un rescate o a ayudar a una embarcación-.

El mismo año en que el discurso antimigratorio vivía un nuevo avance en España, las llegadas irregulares de migrantes, aquellas colocadas por la derecha en el centro de su rechazo a la inmigración, se desplomaban. Mientras las intervenciones de líderes de PP y Vox criticaban una supuesta política española de “fronteras abiertas”, la realidad en el terreno evidenciaba un cambio de tendencia que los datos oficiales acabaron por confirmar: el número de entradas clandestinas a suelo español ha caído en 2025 hasta su nivel más bajo desde 2022, según los datos del Ministerio del Interior. 

El mayor descenso de las entradas irregulares hacia Europa se ha registrado en España, especialmente en la ruta hacia Canarias. Las llegadas clandestinas a suelo español han disminuido un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, sostienen los datos de Frontex. 

La travesía hacia el archipiélago canario, una de las más peligrosas para llegar a Europa y convertida durante el último lustro en la principal vía de entrada irregular a España, ha experimentado una brusca reducción en 2025. Si en 2024 alcanzaron las costas canarias en inestables embarcaciones 46.843 personas, el año pasado lo hicieron 17.788, un 62% menos. La caída en el flujo hacia suelo español es muy superior a la disminución del 1% detectado en Italia, cuyas duras políticas han sido mencionadas como ejemplo en repetidas ocasiones por parte de Alberto Núñez Feijóo.

Principal razón: acuerdo con Mauritania

El principal factor que explica la reducción del flujo migratorio hacia España se encuentra a cientos de kilómetros de suelo español: el aumento del control migratorio por parte de Mauritania tras distintos acuerdos firmados con la Unión Europea y el Gobierno español para frenar las salidas de migrantes desde su territorio a cambio de cientos de millones de euros. 

En los últimos años, el país africano pasó a ser uno de los principales puntos de salida de cayucos, desde donde se embarcaron la mayoría de migrantes llegados a Canarias en 2024, buena parte solicitantes de asilo malienses empujados por el conflicto en su país. En marzo de ese mismo año, la UE selló con Mauritania un pacto de cooperación en materia migratoria para frenar las salidas de cayucos hacia las islas a cambio de una financiación de 210 millones de euros, una política de “cooperación fronteriza” defendida por las autoridades españolas y europeas, pero muy criticada por organizaciones de defensa de la población migrante ante la falta de mecanismos de control en materia de derechos humanos. 

Un año y medio después, las llegadas a Canarias caían al mismo tiempo que aumentaban las redadas, abusos y detenciones arbitrarias contra la población migrante residente en Mauritania, según han documentado organizaciones como Human Rights Watch. La ONG documentó el pasado agosto los abusos cometidos por la policía, guardia costera, marina, gendarmería y el Ejército de Mauritania en operativos fronterizos y de control migratorio. “Estos incluyen tortura, violación y otras formas de violencia; acoso sexual; detenciones y arrestos arbitrarios; condiciones inhumanas de detención; tratos racistas; extorsión y robos; y expulsiones sumarias y colectivas”, recoge la investigación. “Las represiones y violaciones se vieron agravadas por el respaldo continuo de la Unión Europea y España a la externalización del control migratorio en Mauritania, mediante años de apoyo a las autoridades fronterizas y de migración del país”, concluyó el informe.

No es una estrategia nueva. “Históricamente, el número de llegadas irregulares desciende o va en aumento no tanto por un cambio en los países de orígenes, sino por el estado de la cuestión de las relaciones bilaterales con los países que acaban conteniendo las salidas de migrantes”, resume Blanca Garcés, investigadora senior del Área de Migraciones del CIDOB (Barcelona Centre for Internacional Affairs). “No se debe tanto a cambios de fondo de los cambios estructurales de los países de origen, sino si los países terceros, como Marruecos o Mauritania, están ejerciendo ese papel de guardianes desde fuera”, añade. 

Medida “a corto plazo”

Pese a que dichos acuerdos pueden detener los flujos por un tiempo, su impacto suele ser temporal. No es, recalca, una medida con efectos estables. “Aunque esa política sí suele reducir las llegadas por esas rutas, lo hace solo en el corto plazo”, analiza la experta de CIDOB, que señala las consecuencias negativas de la llamada “cooperación fronteriza”: “Es una estrategia con muchos costes. Tiene costes en derechos humanos, porque se delega un control migratorio bajo nuestra financiación pero sin vigilancia; pero también coste económico y político, porque siempre se hace a cambio de algo”. 

Pero cuando una ruta migratoria se cierra, pronto acaba abriéndose otra, sostienen los expertos. “Cuando los factores que empujan a emigrar siguen estando, al final se encuentran otras rutas, más peligrosas”, recuerda Garcés, que recuerda el ejemplo de Marruecos. El país magrebí, tras sendos acuerdos con España y la UE, en el que se incluía el cambio de posición española con respecto al Sáhara Occidental, las autoridades alauíes aumentaron su vigilancia fronteriza y la represión contra los migrantes en tránsito. “Marruecos empezó a aumentar el control y el flujo se fue desplazando hacia el sur hasta que Mauritania pasó a ser el principal punto de salida, lo que daba lugar a rutas más largas y peligrosas”, añade. “Son vasos comunicantes”. 

Actualmente, todavía no se ha percibido que se haya abierto de forma clara una nueva ruta con un volumen de migrantes considerable desde Mauritania. En el caso de los trayectos con destino a España, las travesías desde Argelia hasta Baleares han subido un 24,5%. Sin embargo, los perfiles de quienes suelen utilizar este camino no corresponden por el momento a los que solían atravesar el Atlántico rumbo a Canarias, apunta la investigadora Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras. “La mayoría son argelinos, aunque desde hace dos años hay cada vez más presencia de subsaharianos, como somalíes o sudaneses que estaban en Túnez o Libia”, sostiene. Es decir, algunos de quienes trabajaban en ambos países a la espera de embarcarse a Italia, se han desplazado a Argelia para tratar de llegar a Europa pasando por Baleares. 

El descenso de llegadas irregulares a España no ha acabado con las muertes en el trayecto. Según el último balance de Caminando Fronteras, organización en contacto directo con familias de los migrantes desaparecidos y fallecidos, 3.090 personas perdieron la vida en las fronteras españolas entre el 1 de enero y el 15 de diciembre. Entre ellos 192 mujeres y 437 menores de edad. “El Gobierno español quiere vender como un éxito la reducción de llegadas, pero no es ningún triunfo porque no se ha protegido la vida de estas personas: las tragedias continúan y, en comparación con el año pasado, el porcentaje de muertes sigue aumentando”, cuestiona Maleno. Sus datos evidencian que, aunque los cruces han bajado, las condiciones extremas y los riesgos mortales en rutas como la argelina y canaria continúan atrapando a miles de personas migrantes en el mar.

Más inmigración, pero la que PP y Vox no critica

Que hayan bajado las llegadas irregulares no quiere decir que haya descendido la llegada de inmigrantes en España. En los últimos años el número de personas extranjeras residentes en España continúa en aumento, en lo que los sociólogos denominan ya como el último boom migratorio. Pero la mayoría no llega de manera clandestina por mar ni tierra, sino que aterriza en suelo español en avión con sus documentos en regla.

Mientras el discurso sobre inmigración de PP y Vox suele poner el foco en las entradas clandestinas de población africana, la mayoría de inmigrantes llegan a España a través de los aeropuertos y proceden de Latinoamérica. Aunque entran por un paso oficial con un visado de turista, buena parte de ellos acaban permaneciendo irregularmente cuando caduca su permiso de estancia. “8 de cada diez inmigrantes en situación irregular proceden de aeropuertos. Hay una singularidad muy particular: la irregularidad no va asociada a las llegadas irregulares. La mayoría llegan de forma regular”, dice la investigadora senior de CIDOB. 

El discurso antiinmigración, sin embargo, no suele reflejar esa dimensión de los flujos migratorios. “Los migrantes deseados por la derecha suelen ser los latinoamericanos, que constituyen la mayor parte de la situación irregular. Mientras que los que son problematizados suponen una ínfima parte de las personas sin papeles en España y la mayoría se encuentran de forma regular e incluso tienen la nacionalidad”, analiza Garcés, unas circunstancias que apuntan al racismo o la islamofobia vinculados a los mensajes imperantes en la extrema derecha.

Gráficos: Ainhoa Díez Ruiz.

Els conflictes armats, així com la inestabilitat política i la crisi humanitària que se’n deriven, continuen configurant la principal raó per la qual els migrants intenten assolir les costes de l’arxipèlag balear a través de la ruta del Mediterrani Occidental, més coneguda com a ruta algeriana. Aquesta travessia —una de les més perilloses per arribar a sòl europeu— s’ha consolidat com el pas migratori més transitat per arribar a Espanya, superant la ruta atlàntica cap a les Canàries, així com els trajectes des del nord del Marroc. La major part de les pasteres arriben a Formentera i Eivissa, mentre que Mallorca representa el principal punt de redistribució de migrants cap a la resta del territori espanyol.

L’any passat van morir 1.037 persones a través d’aquesta ruta, segons l’informe Derecho a la vida (2025) de l’organització Caminando Fronteras. És a dir, una de cada tres persones que van perdre la vida intentant arribar a territori espanyol ho van fer en travessar la ruta algeriana. Fins al 15 de desembre de 2025, un total de 3.090 migrants van morir després d’intentar arribar a Espanya, molts d’ells ofegats al mar. D’aquests, 437 eren menors i adolescents i 192 dones.

Només la ruta atlàntica, cap a les Canàries, va ser més mortífera que l’algeriana: 1.906 persones van morir a través d’aquesta via. L’estudi indica que hi ha hagut un descens del nombre d’arribades per aquesta ruta —que continua sent la que provoca més morts— a causa de la “intensificació dels mecanismes de control migratori i de l’externalització de fronteres cap a tercers països”, i no pas per millores en les condicions de vida de la ciutadania dels països emissors.

A diferència de l’arxipèlag canari, que ha experimentat un descens notable en l’arribada de pasteres, a les Balears hi ha hagut un increment del 24,5% el 2025, segons dades del Ministeri de l’Interior. Així, han arribat 7.321 migrants a través de la ruta algeriana en 401 embarcacions precàries, mentre que l’any anterior, el 2024, es van registrar 5.882 arribades. A més, es van recuperar 57 cossos sense vida en aigües properes a l’arxipèlag.

Mentre que a les Canàries hi ha hagut un descens notable en l’arribada de pasteres, a les Balears s’ha registrat un increment del 24,5% el 2025

Aquest dilluns, el director general d’Immigració i Cooperació al Desenvolupament del Govern, Manuel Pavón (PP), ha aprofitat per tornar a criticar la política fronterera del Govern de Pedro Sánchez i, en especial, del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Comença el 2026 com va acabar el 2025, amb una nova onada d’immigració irregular”, ha dit Pavón, després de l’arribada de set embarcacions durant els primers dies de l’any, amb 147 persones a bord. El Govern de Marga Prohens (PP) qualifica d'“insostenible” la crisi d’acollida i ha demanat en diverses ocasions al Govern que les Balears siguin “excloses del repartiment de menors” no acompanyats procedents de les Canàries.

“Obsessionar-se amb el control de fronteres és un fracàs”

Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat), creu que són evitables. “Són una conseqüència directa de la manca de canals migratoris normalitzats”, explica a elDiario.es i afegeix que les causes es troben en la proliferació de guerres i conflictes armats. Les dades evidencien, segons Valiente, que les polítiques “obsessionades” amb el “control de fronteres” per part d’Espanya i la UE han estat “un fracàs”.

Les morts al mar són una conseqüència directa de la manca de canals migratoris normalitzats. Les polítiques obsessionades amb el control de fronteres per part d’Espanya i la UE són un fracàs

Mauricio Valiente — Director general de CEAR

La ruta algeriana presenta característiques pròpies respecte a les altres rutes de la frontera occidental euroafricana. Principalment, pel perfil de procedència: hi ha un alt nombre de persones procedents de països del Corn d’Àfrica, principalment Somàlia, però també Sudan i Sudan del Sud. Somàlia és un estat fallit que viu una greu crisi humanitària. Des de 1991, el Govern somali manté un conflicte armat amb el grup gihadista Al Shabab i dues regions separatistes. Una d’elles és Somalilandia, que és important perquè dona accés al Mar Roig, un punt estratègic fonamental per al comerç global.

Sudan, que està immers en una guerra civil des de l’any 2023, viu una de les pitjors crisis humanitàries del món, amb més de 13 milions de desplaçats, segons Médicos Sin Fronteras. Una altra de les conseqüències ha estat el col·lapse del seu sistema sanitari, així com la devastació de les xarxes d’aigua, electricitat i sanejament. Al Sudan del Sud, l’acord de pau aconseguit després de la guerra civil (2013-2018) es troba en un estat fràgil a causa de les violacions sistemàtiques dels drets humans tant per part de les forces governamentals com dels grups de l’oposició, segons adverteix Amnistía Internacional.

A través de la ruta d’Algèria arriben també persones procedents de Somàlia, Sudan i Sudan del Sud, tres països amb greus condicions de vida

“Cal destacar la presència d’embarcacions compostes íntegrament per persones d’aquests països”, afirma l’informe de Caminando Fronteras, fent referència a aquests tres països. Tot i que la travessia ha estat utilitzada principalment per migrants algerians, la tendència dels últims anys ha convertit Algèria en un territori de trànsit per a persones que arriben procedents de l’Àfrica oriental i occidental, i del Sahel. Durant aquest trajecte és molt probable que pateixin vulneracions greus dels drets humans. En el cas del Sahel, es tracta d’un territori que travessa deu països i 3 milions de quilòmetres quadrats. Epicentre global del gihadisme, és una de les regions més inestables del planeta, on en els últims cinc anys han triomfat sis cops d'estat.

Tot i que bona part de les persones que arriben a Espanya des d’aquests territoris reuneixen els requisits per obtenir el reconeixement de l’estatus de refugiat, rarament passa. “És conseqüència de les polítiques migratòries”, argumenta Valiente. El portaveu de CEAR recorda que el 80% dels sol·licitants d’asil procedeixen d’Amèrica Llatina. “Les relacions que es mantenen amb alguns països llatinoamericans permeten que la immensa majoria puguin arribar per via aèria”, recorda.

Per tant, constitueixen una minoria les persones d’origen africà que sol·liciten asil a Espanya. “La percepció [contrària] té a veure amb l’impacte visual i mediàtic de les arribades, amb una repercussió molt més gran que la de qui arriba per via aeroportuària”, apunta Valiente. D’altra banda, existeix un manual de reassentament de persones refugiades, elaborat per ACNUR, que el Govern aplica fonamentalment a ciutadans procedents d’Amèrica Llatina i Síria, però no d’Àfrica, afirma l’expert.

Tot i que la travessia ha estat utilitzada principalment per migrants algerians, la tendència dels últims anys ha convertit Algèria en un territori de trànsit per a persones que arriben procedents de l’Àfrica oriental i occidental i del Sahel —epicentre global del gihadisme i una de les regions més inestables del planeta—

Irene Graíño, tècnica d’incidència política de la Plataforma d’Infància, explica a aquest diari que, en l’actual escenari, amb un augment dels fluxos migratoris procedents de Somàlia, Sudan i Sudan del Sud, és important reiterar que “gran part de les nenes, nens i adolescents no acompanyats són potencials sol·licitants de protecció internacional”. Graíño desglossa, entre les raons fonamentals d’aquest desplaçament forçós, les guerres i conflictes armats, la pobresa extrema o els desastres naturals. A més, lamenta que la infància migrada està sotmesa a “múltiples violències, entre elles, la violència de gènere”, en el cas de les nenes i adolescents.

En aquest sentit, l’experta adverteix que les devolucions col·lectives, com les que van tenir lloc a Ceuta el 2021, són “totalment contràries al dret”. I pel que fa a les reagrupacions familiars, “només s’hauran de realitzar sempre que siguin en el seu interès superior”. Per garantir la seva protecció, en la mateixa línia que Valiente, reclama ampliar i activar “les vies legals i segures per migrar, amb l’objectiu de garantir el seu dret a migrar en condicions segures i dignes”. Segons Graíño, la redirecció cap a aquestes polítiques “evitaria nombroses morts de nenes, nens i adolescents que, cada any, es veuen obligats a travessar fronteres molt perilloses”.

Finalment, reclama identificar el perfil de cada menor per conèixer si podrien ser potencials sol·licitants de protecció internacional, amb l’objectiu d’assegurar les seves “necessitats específiques”. Entre altres cobertures bàsiques que caldria garantir, considera urgent assegurar “un accés efectiu a l’atenció en salut mental” perquè “constitueix una dimensió central en el seu procés d’acollida i inclusió”.

Manca de voluntat política

L’informe de Caminando Fronteras es qüestiona si els naufragis al mar, que han posat fi a la vida de milers de persones, s’haurien pogut evitar. En la seva anàlisi, destaca que la ruta algeriana, especialment a la zona de les Balears, continua sent “una de les regions amb més opacitat pel que fa a les recerques de persones desaparegudes al mar”. Així, assenyala que els operatius de recerca es limiten a les àrees properes al territori i que existeix escassa cooperació entre els països que comparteixen les zones SAR, és a dir, de recerca i rescat.

Aquest és el motiu, segons l’informe, pel qual s’ha trobat un nombre tan elevat de persones mortes a les costes de l’arxipèlag balear, moltes de les quals “s’havien ofegat poc temps abans d’aparèixer a la platja”. La ruta algeriana travessa zones SAR amb responsabilitat compartida entre Algèria i Espanya, tot i que en alguns casos també podrien ser competència del Marroc o França.

L’estudi de Caminando Fronteras recull la situació del petit cementiri de Formentera, un espai ple de tombes sense nom, de persones que han perdut la vida sense que les seves famílies sàpiguen que aquest ha estat el seu destí final, com va informar aquest diari. A les làpides s’hi escriu la data de la troballa del cadàver de cada cos, com un acte de memòria per a les víctimes. Mentre que la pitiüsa del sud, així com Eivissa, representen els principals destins de les pasteres, Mallorca és el punt de redistribució cap a la península.

El cementiri de Formentera té un espai ple de tombes sense nom, de persones que han perdut la vida sense que les seves famílies sàpiguen que aquest ha estat el seu destí final

L’augment en l’arribada de migrants a les costes de l’arxipèlag balear també evidencia la manca de coordinació institucional per acollir els menors. Les competències en aquesta matèria són de les comunitats autònomes, que en el cas balear van ser delegades als consells insulars. Tot i això, no hi ha prou espais ni recursos habilitats, de manera que el Govern de Prohens (PP), pressionat per Vox, ha prioritzat l’enfocament basat en la seguretat i de control de fronteres que reclama al Govern de Pedro Sánchez, en lloc d’abordar la crisi des d’una perspectiva de protecció integral i de drets humans.

El Govern de Prohens (PP), pressionat per Vox, ha prioritzat l’enfocament de seguretat i de control de fronteres que reclama al Govern de Pedro Sánchez, en lloc d’abordar la crisi des d’una perspectiva de protecció integral i de drets humans

Així i tot, el Consell Insular d’Eivissa, on governa el PP amb majoria absoluta, va anunciar el 27 d’octubre de 2025 la inversió d’1,2 milions d’euros amb l’objectiu de garantir “la cobertura immediata i adequada” de l’atenció dels menors no acompanyats que arriben a Eivissa.

Paral·lelament, el Govern local va demanar a la Delegació del Govern a les Balears ampliar els tràmits de repatriació —iniciats per la Fiscalia per a set menors algerians— als 77 menors algerians que es troben sota la seva tutela, tot i que la repatriació col·lectiva és il·legal segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem.

Les institucions de l’arxipèlag balear demanen modificacions en el sistema de repartiment, que també ha estat motiu de conflicte i disputa en altres comunitats autònomes. En aquests moments, continua en vigor el Reial decret llei 2/2025, que és la normativa que va aprovar el Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència.

Qui en surt beneficiat

L’informe assenyala que la política de control migratori —també coneguda com a externalització de fronteres— genera un negoci de centenars de milions d’euros. Aquest finançament a tercers països, que té com a objectiu frenar els fluxos migratoris, també beneficia moltes altres empreses, entre elles el sector armamentístic global.

Al Senegal existeix un model d’externalització basat en l’increment d’intercepcions marítimes, reforç de la vigilància costanera i cooperació amb Frontex (Agència Europea de Guàrdia de Fronteres i Costes). A l’interior del país es produeixen detencions de senegalesos amb el pretext de ser “potencials migrants”, sense que es respectin els seus drets civils.

El 2024, la UE va destinar 30 milions d’euros a polítiques contra la migració irregular, addicionals a la resta de pressupostos, i s’han projectat altres 5,75 milions, per part de la Comissió Europea, per al reforç de les forces de seguretat senegaleses en matèria de control migratori. A més, hi ha una partida de la UE de 115 milions en diferents matèries, per als anys 2025-2027, de la qual no hi ha desglossament.

Al Marroc, els controls fronterers s’intensifiquen sobretot a Ceuta, Melilla i la ruta atlàntica cap a les Canàries. Hi ha campanyes específiques de detenció de migrants subsaharians, així com deportacions internes, i s’intercepten embarcacions que comporten la deportació dels migrants. Les autoritats espanyoles i de la UE, a través de Frontex, cooperen amb el règim marroquí.

Amb l’objectiu de reforçar patrulles i sistemes de vigilància, existeix un paquet de 500 milions (2021-2027), més altres 80 milions addicionals anunciats per Espanya el 2024. A la cooperació policial, el Govern ha destinat 30 milions d’euros, cosa que inclou la donació de vehicles. En anys anteriors (2021-2023) es van gastar 193 milions d’euros per a la “gestió migratòria, retorns voluntaris al Marroc i control migratori” en aquest període.

A Algèria, el sistema es basa en batudes en barris de migrants, detencions massives i expulsions “en cadena” cap al Níger (amb abandonament al desert d’Assamaka), sense garanties legals ni accés a l’asil. No existeix finançament directe per part de la UE que sigui significatiu, tot i que el país participa en iniciatives que es desenvolupen a través de diferents organitzacions, programes i projectes de cooperació regional finançats per la UE. Part d’aquesta cooperació es canalitza a través de l’instrument europeu NDICI, especialment en l’àmbit de la cooperació policial, implementada per Interpol.

Aquestes polítiques de “seguretat” i de control de la frontera sud estan motivades, segons Valiente, per l’“obsessió” de frenar els fluxos migratoris. “La sobreactuació de la UE està motivada per l’onada reaccionària que travessa el continent, una deriva que resulta rendible per a les forces d’extrema dreta”, argumenta el portaveu de CEAR. L’expert creu que cal exigir “molt més” al Govern de Pedro Sánchez en aquesta matèria, perquè ‘s’oposi amb claredat a aquesta tendència.

“Hem estat molt crítics amb la posició que ha mantingut el Govern respecte al Pacte Europeu de Migració i Asil, tot i que el seu suport s’hagi expressat de forma matisada”, indica, i adverteix que el principal beneficiari d’aquesta “sobreactuació” és l’extrema dreta. “Té resultats molt poc pràctics, fins i tot per als objectius que diu perseguir”, assegura.

“No són eficaces”, insisteix, i posa com a exemple el Govern ultradretà de Giorgia Meloni a Itàlia. “La creació de centres de detenció a Albània és una mesura que ha estat un autèntic ridícul per la seva inoperabilitat, però que serveix per construir una imatge de fermesa davant el seu electorat”, argumenta. El portaveu de CEAR lamenta que siguin polítiques que es tradueixen en “retallades de drets i llibertats”, que pateixen els migrants tant als seus països d’origen com quan emigren.

Los conflictos armados, así como la inestabilidad política y la crisis humanitaria derivadas de ellos, siguen configurando la razón principal por la cual los migrantes intentan alcanzar las costas del archipiélago balear a través de la ruta del Mediterráneo Occidental, más conocida como argelina. Esta travesía —una de las más peligrosas para alcanzar suelo europeo— se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos. La mayor parte de los cayucos llegan a Formentera y Eivissa, mientras que Mallorca representa el principal punto de redistribución de migrantes hacia el resto del territorio español.

El año pasado fallecieron 1.037 personas a través de esta ruta, según el informe Derecho a la vida (2025) de la organización Caminando Fronteras. Es decir, una de cada tres personas que perdieron la vida intentando alcanzar territorio español lo hicieron al atravesar la ruta argelina. Hasta el 15 de diciembre de 2025, un total de 3.090 migrantes murieron tras intentar llegar a España, muchos de ellos ahogados en el mar. De ellos, 437 eran menores y adolescentes y 192 mujeres.

Solo la ruta atlántica, hacia Canarias, fue más mortífera que la argelina: murieron 1.906 personas a través de esta vía. El estudio indica que ha habido un descenso del número de llegadas por esta vía —que sigue siendo la que más muertes causa— por la “intensificación de los mecanismos de control migratorio y por la externalización de fronteras hacia terceros países” y no debido a mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos de los países emisores.

A diferencia del archipiélago canario, que ha experimentado un notable descenso en la llegada de cayucos, en Balears ha habido un incremento del 24,5% en 2025, según datos del Ministerio del Interior. Así, han llegado 7.321 migrantes a través de la ruta argelina en 401 embarcaciones precarias, mientras que el año anterior, en 2024, fueron 5.882 las llegadas registradas. Además, recuperaron 57 cuerpos sin vida en aguas próximas al archipiélago.

Mientras que en Canarias ha habido un notable descenso en la llegada de cayucos, Balears ha experimentado un incremento del 24,5% en 2025

Este lunes, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern, Manuel Pavón (PP), ha aprovechado para volver a criticar la política fronteriza del Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial, del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Empieza 2026 como acabó 2025, con una nueva oleada de inmigración irregular”, ha dicho Pavón, tras la llegada de siete embarcaciones en los primeros días del año, con 147 personas a bordo. El Govern de Marga Prohens (PP) califica de “insostenible” la crisis de acogida y ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno que Balears sea “excluida del reparto de menores” no acompañados procedentes de Canarias.

“Obsesionarse con el control de fronteras es un fracaso”

Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), cree que son evitables. “Son una consecuencia directa de la falta de canales migratorios normalizados”, explica a elDiario.es y añade que las causas están en la proliferación de las guerras y conflictos armados. Los datos evidencian, según Valiente, que las políticas “obsesionadas” con el “control de fronteras” por parte de España y la UE han sido “un fracaso”.

Las muertes en el mar son una consecuencia directa de la falta de canales migratorios normalizados. Las políticas obsesionadas con el control de fronteras por parte de España y la UE son un fracaso

Mauricio Valiente — Director general de CEAR

La ruta argelina presenta características propias respecto a las otras rutas de la frontera occidental euroafricana. Principalmente, el perfil de procedencia: hay un alto número de personas procedentes de países del Cuerno de África, principalmente Somalia, pero también Sudán y Sudán del Sur. Somalia es un Estado fallido que vive una crisis humanitaria grave. Desde 1991, el Gobierno somalí mantiene un conflicto armado con el grupo yihadista Al Shabab y dos regiones separatistas. Una de ellas es Somalilandia, que es importante porque da acceso al Mar Rojo, punto estratégico fundamental para el comercio global.

Sudán, que está inmerso en una guerra civil desde el año 2023, vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 13 millones de desplazados, según Médicos Sin Fronteras. Otra de las consecuencias ha sido el colapso de su sistema sanitario, así como la devastación de las redes de agua, electricidad y saneamiento. En Sudán del Sur, el acuerdo de paz alcanzado tras la guerra civil (2013-2018) se encuentra en un estado frágil debido a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos de la oposición, como advierte Amnistía Internacional.

A través de la ruta de Argelia vienen también personas procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, tres países con graves condiciones vitales

“Hay que destacar la presencia de embarcaciones compuestas íntegramente por personas de estos países”, afirma el informe de Caminando Fronteras, en referencia a estos tres países. Pese a que la travesía ha sido utilizada principalmente por migrantes argelinos, la tendencia de los últimos años ha convertido Argelia en un territorio de tránsito para personas que llegan procedentes de África oriental y occidental, y del Sahel. Durante este trayecto es muy probable que sufran vulneraciones graves de los derechos humanos. En el caso del Sahel, se trata de un territorio que atraviesa diez países y 3 millones de kilómetros cuadrados. Epicentro global del yihadismo, es una de las regiones más inestables del planeta, donde en los últimos cinco años han triunfado seis golpes de Estado.

Pese a que buena parte de las personas que llegan a España desde estos territorios reúnen los requisitos para obtener el reconocimiento del estatus de refugiado, rara vez ocurre. “Es consecuencia de las políticas migratorias”, argumenta Valiente. El portavoz de CEAR recuerda que el 80% de los solicitantes de asilo proceden de América Latina. “Las relaciones que se mantienen con algunos países latinoamericanos permiten que la inmensa mayoría puedan llegar por vía aérea”, recuerda.

Por tanto, constituyen una minoría las personas de origen africano que solicitan asilo en España. “La percepción [contraria] tiene que ver con el impacto visual y mediático de las llegadas, con una repercusión mucho mayor que la de quienes llegan por vía aeroportuaria”, apunta Valiente. Por otro lado, existe un manual de reasentamiento de personas refugiadas, elaborado por ACNUR, que el Gobierno aplica fundamentalmente a ciudadanos procedentes de América Latina y Siria, pero no de África, afirma el experto.

Pese a que la travesía ha sido utilizada principalmente por migrantes argelinos, la tendencia de los últimos años ha convertido Argelia en un territorio de tránsito para personas que llegan procedentes de África oriental y occidental y del Sahel -epicentro global del yihadismo y una de las regiones más inestables del planeta-

Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, explica a este diario que en el actual escenario, con un aumento de flujos migratorios procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, es importante reiterar que “gran parte de las niñas, niños y adolescentes no acompañados son potenciales solicitantes de protección internacional”. Graíño desgrana, entre las razones fundamentales de este desplazamiento forzoso, las guerras y conflictos armados, la pobreza extrema o los desastres naturales. Además, lamenta que la infancia migrante está sometida a “múltiples violencias, entre ellas, violencia de género”, en el caso de las niñas y adolescentes.

En este sentido, la experta advierte que las devoluciones colectivas, como lo que ocurrió en Ceuta en 2021, son “totalmente contrarias a derecho”. Y en cuanto a las reagrupaciones familiares, “solo deberán realizarse siempre que sean en su interés superior”. Para garantizar su protección, en la misma línea que Valiente, reclama ampliar y activar “las vías legales y seguras para migrar, a fin de garantizar su derecho a migrar en condiciones seguras y dignas”. A juicio de Graíño, la redirección hacia estas políticas “evitaría numerosas muertes de niñas, niños y adolescentes que, cada año, se ven obligados a cruzar fronteras muy peligrosas”.

Finalmente, reclama identificar el perfil de cada menor para conocer si pudieran ser potenciales solicitantes de protección internacional con el objetivo de asegurar sus “necesidades específicas”. Entre otras coberturas básicas que habría que garantizar, cree que es urgente garantizar “un acceso efectivo a la atención en salud mental” porque “constituye una dimensión central en su proceso de acogida e inclusión”.

Falta de voluntad política

El informe de Caminando Fronteras se cuestiona si los naufragios en el mar, que han acabado con la vida de miles de personas, se podrían haber evitado. En su análisis, destaca que la ruta argelina, especialmente en la zona de Balears, sigue siendo “una de las regiones con mayor opacidad en relación con las búsquedas de personas desaparecidas en el mar”. Así, señala que los operativos de búsqueda se limitan a las áreas cercanas al territorio y que existe escasa cooperación entre los países que comparten las zonas SAR, es decir, de búsqueda y rescate.

Este es el motivo, según el informe, por el cual se ha encontrado un número tan elevado de personas fallecidas en las costas del archipiélago balear, muchas de las cuales “se habían ahogado poco tiempo antes de aparecer en la playa”. La ruta argelina atraviesa zonas SAR con responsabilidad compartida entre Argelia y España, aunque en algunos casos también podrían ser competencia de Marruecos o Francia.

El estudio de Caminando Fronteras se hace eco de la situación del pequeño cementerio de Formentera, un espacio lleno de tumbas sin nombre, de personas que han perdido la vida sin que sus familias sepan que ese ha sido su destino final, como informó este diario. En las lápidas se escribe la fecha de aparición del cadáver de cada cuerpo encontrado, como un acto de memoria para las víctimas. Mientras que la pitiusa del sur, así como Eivissa, representan los principales destinos de las pateras, Mallorca es el punto de redistribución hacia la península.

El cementerio de Formentera tiene un espacio lleno de tumbas sin nombre, de personas que han perdido la vida sin que sus familias sepan que ese ha sido su destino final

El aumento en la llegada de migrantes a las costas del archipiélago balear también muestra la falta de coordinación institucional para acoger a los menores. Las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas, que en el caso balear fueron delegadas a los consells insulares. Sin embargo, no hay suficientes espacios y recursos habilitados, por lo que el Govern de Prohens (PP), presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos.

El Govern de Prohens (PP), presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos

Aun así, el Consell Insular d’Eivissa, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, anunció el 27 de octubre de 2025 la inversión de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar “la cobertura inmediata y adecuada” de la atención de los menores no acompañados que llegan a Eivissa.

Paralelamente, el Gobierno local pidió a la Delegación del Gobierno en Balears ampliar los trámites de repatriación —iniciados por la Fiscalía para siete menores argelinos— a los 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela, pese a que la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.

Las instituciones del archipiélago balear piden modificaciones en el sistema de reparto, que ha sido motivo de conflicto y disputa también en otras comunidades autónomas. En estos momentos, sigue en vigor el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

Quiénes se benefician

El informe señala que la política de control migratorio —también conocida como externalización de fronteras— genera un negocio de cientos de millones de euros. Esta financiación a terceros países, que tiene como objetivo frenar los flujos migratorios, también beneficia a otras muchas empresas, entre ellas al sector armamentístico global.

En Senegal existe un modelo de externalización basado en el incremento de interceptaciones marítimas, refuerzo de vigilancia costera y cooperación con Frontex (Agencia Europea de Guardia de Frontera y Costas). En el interior del país se producen detenciones de senegaleses con el pretexto de ser “potenciales migrantes”, sin que se respeten sus derechos civiles. 

En 2024, la UE destinó 30 millones de euros para políticas contra la migración irregular, adicionales al resto de presupuestos y se han proyectado otros 5,75 millones, por parte de la Comisión Europea, para el refuerzo de las fuerzas de seguridad senegalesas en materia de control migratorio. Además, hay una partida de la UE de 115 millones en diferentes materias, para los años 2025-2027, de la que no hay desglose.

En Marruecos, los controles fronterizos se intensifican sobre todo en Ceuta, Melilla y la ruta atlántica hacia Canarias. Hay campañas específicas de detención de migrantes subsaharianos, así como deportaciones internas, y se interceptan embarcaciones que conllevan la deportación de los migrantes. Las autoridades españolas y de la UE, a través de Frontex, cooperan con el régimen marroquí.

Con el objetivo de reforzar patrullas y sistemas de vigilancia, existe un paquete de 500 millones (2021-2027), más otros 80 millones adicionales anunciados por España en 2024. A la cooperación policial, el Gobierno ha destinado 30 millones de euros, lo que incluye donación de vehículos. En años anteriores (2021-2023) se gastaron 193 millones de euros para la “gestión migratoria, retornos voluntarios a Marruecos y control migratorio” en dicho periodo.

En Argelia, el sistema se basa en redadas en barrios de migrantes, detenciones masivas y expulsiones “en cadena” hacia Níger (con abandono en el desierto de Assamaka), sin garantías legales ni acceso a asilo. No existe financiación directa por parte de la UE que sea significativa, aunque el país participa en iniciativas que se desarrollan a través de diferentes organizaciones, programas y proyectos de cooperación regional financiados por la UE. Parte de esta cooperación se canaliza a través del instrumento europeo NDICI, especialmente en el ámbito de la cooperación policial, implementada por Interpol.

Estas políticas securitarias y de control de la frontera sur están motivadas, según Valiente, por la “obsesión” de detener los flujos migratorios. “La sobreactuación de la UE está motivada por la ola reaccionaria que atraviesa el continente, una deriva que resulta rentable para las fuerzas de extrema derecha”, argumenta el portavoz de CEAR. El experto cree que hay que exigir “mucho más” al Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, para que “se oponga con claridad a esta tendencia”.

“Hemos sido muy críticos con la posición que ha mantenido el Gobierno respecto al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque su apoyo se haya expresado de forma matizada”, indica y advierte que el principal beneficiario de esta “sobreactuación” es la extrema derecha. “Tiene resultados muy poco prácticos, incluso para los objetivos que dice perseguir”, asegura.

“No son eficaces”, insiste, y pone como ejemplo el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni en Italia. “La creación de centros de detención en Albania es una medida que ha sido un auténtico ridículo por su inoperatividad, pero que sirve para construir una imagen de firmeza ante su electorado”, argumenta. El portavoz de CEAR lamenta que son políticas que se traducen en “recortes de derechos y libertades”, que sufren los migrantes tanto en sus países de origen como cuando emigran.

Les Balears s'han consolidat el 2025 com el tram més perillós de la ruta migratòria argelina cap a l'Estat espanyol. En total, 1.037 persones han mort o desaparegut a la travessia cap a Eivissa i Formentera durant l'últim any, d'acord amb l'informe Monitoreo Derecho a la Vida 2025, elaborat per l'ONG Caminando Fronteras, que alerta que 47 de les 70 embarcacions desaparegudes el 2025 corresponen a la ruta argelina, la majoria d'elles amb destinació a l'arxipèlag.

Es tracta d'una dada que, segons l'organització, evidencia un patró estructural de desprotecció del dret a la vida al mar, agreujat per la demora sistemàtica o la no activació dels dispositius de cerca i rescat.

“Aquest territori és avui un laboratori: un espai on convergeixen la criminalització, la necropolítica i l'erosió progressiva del dret internacional, especialment en la protecció del dret a la vida”, asseveren des de Caminando Fronteras, que arriben a qualificar l'arxipèlag de “laboratori de la necrofrontera”.

L'entitat recrimina que la lluita per les competències entre administracions i el “discurs polaritzat” són “una oportunitat per a les administracions de generar una frontera basada en la gestió del patiment i la normalització de la mort”. En concret, les illes d'Eivissa i Formentera concentren una gran part de les arribades, mentre que Mallorca actua com a punt de redistribució principal de persones cap a la península.

“Aquest conjunt de mesures revela la falta estructural de coordinació i de mitjans, així com una preocupant normalització de la vulneració de drets humans com a part de la gestió migratòria”, abunda l'informe, que recrimina que la política regional ha prioritzat “un enfocament centrat en la seguretat en detriment de les perspectives de drets humans i de protecció integral”, el que reflecteix, incideix, la tensió existent entre política d'acollida i la de contenció.

El document també apunta a una “preocupant reducció d'espais de diàleg” amb les organitzacions socials i entitats locals, que s'ha substituït amb acords entre grups parlamentaris regionals en els quals s'insta a la persecució de la solidaritat. “Les Balears són l'exemple de l'adaptació política a les narratives de por, control, criminalització i desprotecció de drets com a eines de gestió de la frontera”.

Una ruta “negada i invisibilitzada”

Durant anys, tal com assevera l'informe, la ruta argelina ha travessat múltiples transformacions, sent una ruta “negada i invisibilitzada per les institucions que no la reconeixien com a tal”. El passat mes de setembre, el Govern central va aprovar la declaració d'emergència migratòria a les Balears en resposta a l'increment de persones migrants arribades a les costes de l'arxipèlag al llarg d'aquest any, acompanyada d'una inversió de 6,75 milions d'euros per reforçar l'atenció humanitària cap als nouvinguts.

L'informe subratlla que les Balears és, a més, una de les zones amb major opacitat en relació amb les operacions de rescat desaparegudes al mar: persisteixen les cerques passives i la limitació dels operatius a les àrees properes al territori, juntament amb una escassa cooperació entre els països que comparteixen la protecció de les zones SAR -espais marítims delimitats que estan a càrrec d'un país en el cas que hi hagi que procedir a un rescat o a ajudar a una embarcació-.

Així mateix, l'organització assevera que la demora en l'activació dels serveis de cerca i rescat segueix sent significativa, a més de l'ús de mètodes passius de cerca, quan, precisa, “es necessitarien operatius proactius”. Un exemple de la necessitat d'abordar la situació dels protocols de serveis de rescat és, subratllen des de Caminando Fronteras, l'alt nombre de cadàvers que han arribat durant el 2025 a les costes de les Balears: “Molts d'ells s'havien ofegat poc temps abans d'aparèixer a la platja”.

Panteons sense nom

La conseqüència més visible d'aquesta frontera letal és l'acumulació de tombes sense identificar als cementiris de les Balears, especialment a Formentera, on desenes de persones han estat enterrades sense nom, sense cerimònia i sense que les seves famílies tinguin confirmació oficial de la seva mort.

L'informe denuncia també les traves administratives per denunciar desaparicions, així com la falta d'investigacions independents que determinin responsabilitats polítiques o tècniques en els naufragis. Aquesta impunitat, assenyala l'organització, és part central del model de gestió migratòria actual.

Balears se ha consolidado en 2025 como el tramo más peligroso de la ruta migratoria argelina hacia el Estado español. En total, 1.037 personas han muerto o desaparecido en la travesía hacia Eivissa y Formentera durante el último año, de acuerdo al informe Monitoreo Derecho a la Vida 2025, elaborado por la ONG Caminando Fronteras, que alerta de que 47 de las 70 embarcaciones desaparecidas en 2025 corresponden a la ruta argelina, la mayoría de ellas con destino al archipiélago.

Se trata de un dato que, según la organización, evidencia un patrón estructural de desprotección del derecho a la vida en el mar, agravado por la demora sistemática o la no activación de los dispositivos de búsqueda y rescate.

“Este territorio es hoy un laboratorio: un espacio donde convergen la criminalización, la necropolítica y la erosión progresiva del derecho internacional, especialmente en la protección del derecho a la vida”, aseveran desde Caminando Fronteras, quienes llegan a calificar el archipiélago de “laboratorio de la necrofrontera”.

La entidad recrimina que la lucha por las competencias entre administraciones y el “discurso polarizado” son “una oportunidad para las administraciones de generar una frontera basada en la gestión del sufrimiento y la normalización de la muerte”. En concreto, las islas de Eivissa y Formentera concentran una gran parte de las llegadas, mientras que Mallorca actúa como punto de redistribución principal de personas hacia la península.

“Este conjunto de medidas revela la falta estructural de coordinación y de medios, así como una preocupante normalización de la vulneración de derechos humanos como parte de la gestión migratoria”, abunda el informe, que recrimina que la política regional ha priorizado “un enfoque centrado en la seguridad en detrimento de las perspectivas de derechos humanos y de protección integral”, lo que refleja, incide, la tensión existente entre política de acogida y la de contención.

El documento también apunta a una “preocupante reducción de espacios de diálogo” con las organizaciones sociales y entidades locales, que se ha sustituido con acuerdos entre grupos parlamentarios regionales en los que se insta a la persecución de la solidaridad. “Balears es el ejemplo de la adaptación política a las narrativas de miedo, control, criminalización y desprotección de derechos como herramientas de gestión de la frontera”.

Una ruta “negada e invisibilizada”

Durante años, tal como asevera el informe, la ruta argelina ha atravesado múltiples transformaciones, siendo una ruta “negada e invisibilizada por las instituciones que no la reconocían como tal”. El pasado mes de septiembre, el Gobierno central aprobó la declaración de emergencia migratoria en Balears en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a las costas del archipiélago a lo largo de este año, acompañada de una inversión de 6,75 millones de euros para reforzar la atención humanitaria hacia los recién llegados.

El informe subraya que Balears es, además, una de las zonas con mayor opacidad en relación con las operaciones de rescate desaparecidas en el mar: persisten las búsquedas pasivas y la limitación de los operativos a las áreas cercanas al territorio, junto con una escasa cooperación entre los países que comparten la protección de las zonas SAR -espacios marítimos delimitados que están a cargo de un país en el caso de que haya que proceder a un rescate o a ayudar a una embarcación-.

Asimismo, la organización asevera que la demora en la activación de los servicios de búsqueda y rescate sigue siendo significativa, además del uso de métodos pasivos de búsqueda, cuando, precisa, “se necesitarían operativos proactivos”. Un ejemplo de la necesidad de abordar la situación de los protocolos de servicios de rescate es, subrayan desde Caminando Fronteras, el alto número de cadáveres que han llegado durante 2025 a las costas de Balears: “Muchos de ellos se habían ahogado poco tiempo antes de aparecer en la playa”.

En cuanto al resto de rutas migratorias, los cruces a nado hacia Ceuta continúan siendo una de las formas de tránsito más peligrosas, y en 2025 se ha constatado también un aumento de los intentos de llegada de nadadores a Melilla.

Cementerios sin nombre

La consecuencia más visible de esta frontera letal es la acumulación de tumbas sin identificar en los cementerios de Balears, especialmente en Formentera, donde decenas de personas han sido enterradas sin nombre, sin ceremonia y sin que sus familias tengan confirmación oficial de su muerte.

El informe denuncia también las trabas administrativas para denunciar desapariciones, así como la falta de investigaciones independientes que determinen responsabilidades políticas o técnicas en los naufragios. Esta impunidad, señala la organización, es parte central del modelo de gestión migratoria actual.

“El exilio nos ha marcado la vida a todos los que pertenecemos a esta generación tan extraña, a los nacidos en el Magreb sin que ninguno de nosotros supiera qué era el exilio ni por qué nuestros padres vivían tan lejos de España. Es un dolor a veces imperceptible que atraviesa a cientos de familias. Yo también soy exiliada, aunque naciera varios años después de la Guerra Civil. Siempre he dicho que soy un poco de ninguna parte, una unidad compuesta por tres países, Marruecos, donde nací y crecí, Francia, donde hice mi vida adulta, y España. Mi padre nunca quiso volver a saber nada de España. Quiso pasar página, olvidarse de todo lo que había sufrido. Pero este país, del que él fue expulsado a patadas cuando tenía 23 años, está en mis entrañas. Por eso he venido a vivir aquí: para decirles a todos los que quisieron matarlo que aquí estamos sus descendientes”.

En la casa de Cristine Hernández, en Santiago de la Ribera, los álbumes de fotos en blanco y negro apilados en las estanterías hablan por sí solos: ropas finas y sucias de polvo, tierra seca, sudor en la piel, un sol incisivo, un hombre joven y delgado que posa en la puerta de una ambulancia muy antigua, en pleno desierto. La noche del 30 de marzo de 1939, dos días después de haber huido para siempre de España desde Alicante a bordo del buque Stanbrook junto a otros 3.000 desconocidos, ese hombre, un médico extremeño llamado Arturo Hernández, observa recostado sobre la cubierta la silueta de Orán, en la prometedora Argelia francesa. En dos días de travesía por el Mediterráneo nadie ha pronunciado su nombre. Ninguna de esas personas, perseguidas todas por el franquismo, es consciente de que ese viaje que al principio no saben o no quieren llamar exilio será una pesadilla que dejará huella en todas las generaciones que vengan detrás.

Quién puede o se atreve a irse de un día para otro de su propio país, a romper con todo, con la vida que uno ha tenido siempre, con tal de no ser asesinado. Arturo Hernández cree, ingenuamente, que en Argelia nadie podrá averiguar su pasado, ni la razón por la que ha tenido que escapar a toda prisa, ni que su nombre figura ya escrito a máquina en una lista de futuros fusilados. Piensa que allí podrá estar a salvo y recuperar la libertad que después de tres años de guerra ya no sabe imaginar. “Pero se equivoca. Y solo tarda unas pocas horas en darse cuenta”, afirma Cristine, su hija, que ahora tiene 72 años.

Exiliados y prisioneros

La historiadora Victoria Fernández cifra en unas 12.000 las personas que abandonaron España rumbo al exilio en el norte de África, la mayor parte desde Cartagena y Alicante. Todas ellas fueron tratadas allí por las autoridades francesas como delincuentes. Primero fueron detenidas. Después, transportadas como ganado a decenas de campos de concentración. Aquel calvario duró cuatro años, hasta que en 1943 las tropas aliadas devolvieron la legalidad y los derechos humanos. La pregunta de por qué se trató así a los exiliados españoles sigue sobrevolando al cabo de tantísimo tiempo una de las diásporas más desconocidas de la historia reciente de España.

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Elche

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Murcia

Cartagena

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Kasserine

Melilla

2

1

Se dedica a curar a sus compañeros en cautiverio

Meheri-Zebbeus

Rabat

ARGELIA

1

Gabès

Hadjerat

Bou Arfa

3

4

MARRUECOS

TÚNEZ

Kenadsa

5

2

Colomb-Béchar

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Una vez libre, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 / "DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Cartagena

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Melilla

Kasserine

2

1

Meheri-Zebbeus

1

ARGELIA

Gabès

Bou Arfa

3

4

TÚNEZ

5

Colomb-Béchar

2

Kenadsa

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Una vez libre, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 /

"DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

La respuesta, para la investigadora Eliane Ortega, nieta de Gerardo Bernabéu, exiliado desde Alicante a Argelia y nacida en Orán en los años cincuenta, es simple. “En España se hizo correr la mentira de que todos los republicanos eran comunistas. Los franceses tuvieron miedo ante la horda de supuestos comunistas que llegaba a su país. Se creyeron un auténtico bulo. Para evitar el peligro, los encerraron y los sometieron a trabajos forzados, torturas y palizas”. Ortega lleva más de dos décadas tratando de averiguar lo que vivieron los españoles en el Magreb en aquellos años.

Solo 24 horas después de llegar a Orán, Arturo Hernández se convierte en un prisionero anónimo. Recorre dentro de cajas de camiones abarrotadas de exiliados la inmensidad desértica de un país mucho más grande que España. Primero lo llevan a la prisión de Morand. Allí los franceses eligen su destino: será médico en los campos de Colomb-Béchar (Argelia) y Bou Arfa (Marruecos). En ambos los republicanos, cuenta Ortega, construyeron tendidos ferroviarios bajo un calor asfixiante con apenas un litro de agua al día para beber y lavarse.

Hernández muere en 1991 en Annecy, Francia, sin volver a vivir nunca en España. Tras la liberación de los campos consigue trabajo en el hospital marroquí de Uchda. En esa ciudad forma su familia. Su historia, el testimonio de su hija, son un espejo del vendaval de desgracia y desarraigo que persiguió a los españoles que cruzaron el mar para no ser encarcelados o ejecutados por Franco.

4.000 expedientes de la diáspora 

Durante su investigación, Eliane Ortega ha recopilado 4.000 expedientes de prisioneros españoles en los campos de concentración norteafricanos. Comenzó a bucear en archivos argelinos tras leer el diario de su abuelo, en el que narra paso a paso el espanto. Gente común que sufrió sin compasión el hambre, la infección, la debilidad muscular, la tortura, el esfuerzo físico extremo, el frío, el calor, la muerte. “Había campos que eran como cárceles; había explotaciones agrícolas y minas tóxicas; había campos donde se construían las vías del tren o carreteras o puentes en pelotones de 250 trabajadores; había otros concebidos directamente para matar, en los que se pegaban palizas o se enterraban prisioneros vivos”, enumera.

“Hay muchas personas –prosigue Ortega– sepultadas en estos tres países sin que sus familias lo sepan. No se puede conocer con exactitud cuánta gente murió porque no se hacían listas de defunciones. El objetivo de las autoridades era tapar lo máximo posible aquella barbaridad”.

Ortega es hija del exilio. En Orán tuvo una niñez y una adolescencia apacibles en las que evitó las penurias de la posguerra española. “Toda mi familia tiene la condición tan desagradable de ser exiliada. Es una herida abierta, muy dolorosa, que una lleva dentro. Te obligan material, sentimental, política y económicamente a dejarlo todo atrás, a cancelar tus raíces, a cambio de sobrevivir. Duele y no se puede camuflar, por mucho que pase el tiempo”, dice.

Morir en el olvido

A muchos refugiados españoles, ni siquiera después de la muerte se les acabó el exilio. Manuel López Pinal, radiotelegrafista de la Armada republicana que escapó el 5 de marzo de 1939 de Cartagena con la flota naval, compuesta por 12 buques, un submarino y 4.093 personas, murió de tifus en agosto de ese mismo año debido a las condiciones del primer campo de concentración al que lo llevaron, una mina de fosfato en Meheri-Zebbeus, en la zona central de Túnez. Murió sin saber si alguien le recordaría, si sus padres o su novia llegarían a enterarse alguna vez de su desgracia.

El rastro de alguien que muere en un campo de concentración desaparece. A día de hoy, su sobrino, Xosé Manuel López, no ha logrado encontrar sus restos, que yacen enterrados en la negrura de alguna fosa común. Lo único que conserva de él es un simple certificado de defunción del hospital más cercano al campo. “Lo recluyeron en una mina rodeada por alambre de espino, vigilada a todas horas por soldados senegaleses armados. Lo hacían dormir sobre paja llena de piojos. El agua era insalubre. Era todo tan extremo que pronto comenzaron a proliferar las enfermedades. Mi tío fue víctima de fiebres tifoideas. Hubo decenas de muertos como él”, relata.

Xosé Manuel y su familia entera perdió a Manuel López Pinal a los 27 años y desde entonces lo dan por desaparecido. “No hemos podido ni pasar el duelo. Lo hemos buscado por todas partes. Queríamos llevarle flores, sentarnos un rato a su lado, hacer nuestro propio luto. El exilio es una marca indeleble de mi infancia y de mi vida. Es convivir con la idea o la carga de que hay algo que no está resuelto. Cuando hablamos de España y de descendientes de exiliados no hablamos del pasado, porque para nosotros sigue siendo el presente”.

Sobrevivir al campo de la muerte

En la misma flota naval de la que formaba parte Manuel López Pinal, y un mes antes de que Arturo Hernández pasara a ser designado médico de los campos, curando a sus compatriotas sin apenas medios, Juan Alcaraz, miembro de la CNT, huyó de Cartagena a los 18 años en el Miguel de Cervantes, el último barco militar que escapa del puerto cuando las tropas franquistas rodean la ciudad por los costados. Fue de los pocos civiles que logró internarse entre los marinos. También hubo, apunta Victoria Fernández, 20 mujeres y sus hijos pequeños. Fueron alojadas en un antiguo manicomio medio derruido de Bizerta.

“Que mi padre consiguiera una plaza en la flota fue 'una suerte'. Y digo esta última palabra entre comillas, porque él nunca se imaginó lo que iba a vivir. En España dos de sus hermanos mayores fueron detenidos y pasaron cuatro años en la cárcel. Pero mi padre, que era muy joven y no tenía ataduras, se fue sin avisar a nadie. Él creía que iba a la Francia de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero se había escapado de un infierno para meterse en otro mucho peor”, dice Jeannine Alcaraz, una de las hijas de Juan, de 79 años. Enseña una foto de su padre en uno de los campos, la mirada ya algo fatigada, incluso perdida.

Pasó primero, en Túnez, por Meheri-Zebbeus, de donde salió ileso, y por Gabès, campo ubicado a las puertas del Sáhara que el historiador tunecino Béchir Yazidi califica “de castigo”. Los franceses utilizaban vagones de trenes destinados a caballos para transportar a los detenidos españoles. En Gabès picaban piedra soportando temperaturas de más de 50 grados durante el día y bajo cero por la noche. Para las autoridades francesas, profundiza Yazidi, los exiliados no eran personas: eran despojos, figuras humanas sin identidad ni derechos.

Del desierto, Juan Alcaraz fue llevado a Argelia. Primero al campo de Khenchela, en las montañas del nordeste del país, y luego al de Kenadza, al oeste. Allí, explica Jeannine, conoció el verdadero miedo. “Mi padre, con su ímpetu de juventud, era de los que más protestaba contra las injusticias que todos estaban viviendo. Para intentar callarlo lo sometieron a torturas, como la tumba. Le obligaron a cavar un hueco en la tierra y a permanecer acurrucado en él durante siete días, sin poder moverse, alimentado de agua y pan duro”.

A Juan Alcaraz lo trasladaron después a Hadjerat. Ese nombre aún resuena con fuerza en la memoria y los apuntes de Eliane Ortega. Era conocido como el campo de la muerte. “Los altos mandos les prometían a los presos que no iban a salir vivos de allí. Les obligaban a ver cómo reventaban a latigazos a los demás”, explica la investigadora. El joven logró sobrevivir. No se sabe cómo. Nunca mencionó a su familia ni una sola palabra de todo ese periplo. El silencio es un factor común en cada exiliado que después intenta recuperar una vida ya trastocada para siempre. 

Juan Alcaraz fue camarero de bares y maître de hoteles de Orán y Francia el resto de su vida. Se mudó a Aviñón en 1964 tras la independencia argelina. No regresó a España hasta 1976, cuando Franco ya había muerto. Tenía hermanos pequeños a los que dejó en Cartagena siendo unos niños y no había vuelto a ver desde el 39. Murió en 2011, a los 91 años.

Reencuentro 11 años después

El exilio también podía engullir el porvenir de una familia entera varios años después de su comienzo. El teniente de navío Bonifacio Caparrós, cuyo hijo mayor, del mismo nombre, tiene hoy 85 años y vive en Cartagena, murió exiliado en Túnez en 1955 a los 43 años sin volver a pisar España. Estuvo cuatro años apresado en los campos de Meheri-Zebbeus y Kasserine y enfermó allí del corazón.

Caparrós eludió un seguro asesinato marchándose a bordo del acorazado Almirante Valdés. Su hijo Bonifacio, ahora parado junto al mar en el puerto de Cartagena, nació un mes después de que su padre huyera. Creció sin saber quién era ni dónde estaba. Las cartas que éste intentaba mandar a su mujer cuando estaba preso fueron censuradas por el régimen. Logró comunicarse con ellos después de la liberación, en 1943. Se quedó a vivir en Túnez capital. Encontró un empleo en un barco mercante y ahorró todo lo que pudo para traer a su familia consigo.

Durante ese tiempo, su mujer sirvió como criada a un coronel franquista. Era una parte de la humillación que el franquismo, cuenta Caparrós, hizo pasar a mujeres de los marinos huidos. En 1950 se habían cumplido 11 años desde su exilio, pero al fin lograron reencontrarse los tres en Túnez.  “Nos dimos un abrazo eterno nada más vernos. Acababa de conocer a mi padre. Estar allí era como haber ingresado en otro mundo de libertad. Recuerdo los desayunos de la pensión donde vivimos al principio, el olor del café, la consistencia del pan blanco, el sabor de la leche, del pescado o de la carne. Fue algo más sorprendente para mí, porque yo no conocía otra cosa. Fue sin duda la etapa más feliz de nuestra vida”, cuenta.

El bienestar duró pocos años. “Después de todo lo que pasó, del tiempo que tardó en reunirse con mi madre y conmigo, se puso mucho peor del corazón y murió”.

Bonifacio Caparrós fue enterrado en el cementerio de El Kram, en la capital. La familia regresó a España en 1962, tras la independencia de Túnez. El recién instaurado gobierno trasladó sus restos en el año 1970 sin dar ninguna información al respecto.

“Le destrozaron la vida por defender la democracia”

“El exilio es una cosa que te cambia el mundo, que ha impactado en la forma en que cada uno de nosotros, mis hermanos, que nacieron en Túnez, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, nos hemos ido abriendo camino en la vida. Toda la familia ha crecido con la pregunta de ‘dónde estará el abuelo’”, narra Bonifacio Caparrós. Esa pregunta, por fin, en el verano de 2023, encontró respuesta.

Cuando llegó a la tumba de su padre después de décadas de búsqueda, ya no una tumba, como él recordaba, sino una fosa común abandonada en la esquina de otro cementerio de la capital, Caparrós estaba nervioso. Dice que, al verla, sintió un alivio inmenso. Compró un ramo de flores en una tienda cercana al cementerio. Había traído de España una tela con los colores de la bandera republicana. La colocó junto a la placa de hormigón de la fosa en la que no hay inscrito ningún nombre.

“Sentí que tenía que dejar la bandera ahí con él. A mi padre le destrozaron la vida por defender esa bandera, esa legalidad democrática”, concluye. En el horizonte del puerto de Cartagena, un puerto bastante más luminoso que aquel de 1939, hay buques acorazados de guerra. Es imposible apreciarlo, porque lo borra la curvatura del mundo y la distancia, pero a lo lejos, a tan solo 200 kilómetros, está el Magreb de los migrantes: el Magreb de aquel exilio español.

La Fiscalia està tramitant, en aquests moments, una petició del Govern d’Algèria per repatriar set adolescents que van arribar al setembre en una embarcació recreativa a Eivissa. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar que el Ministeri Públic tramita expedients de devolució de set menors, d’entre 14 i 17 anys, després que els seus pares hagin “sol·licitat l’exercici de la pàtria potestat”. En la seva visita a Algèria, Marlaska es va entrevistar amb el ministre de l’Interior del país nord-africà, Said Sayoud, que va assegurar que la informació detallada sobre la situació dels menors era en mans de les autoritats espanyoles.

Es tracta d’un cas excepcional, atès que les Balears tutela altres 298 menors algerians a qui ningú reclama. Tanmateix, és utilitzat per les autoritats de l’arxipèlag balear per reclamar el retorn de tots els menors algerians —la qual cosa és il·legal, segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem— sense explicar quina és la situació de cadascun d’ells, ni concretar quin és el fonament tècnic o jurídic per justificar aquesta deportació col·lectiva. Marga Prohens (PP), presidenta del Govern, va afirmar que calia repatriar també els altres 298 menors al seu país d’origen, després que es fes pública la tramitació que duu a terme la Fiscalia. La Conselleria de Benestar Social del Govern no ha respost a la consulta sobre quina seria l’argumentació tècnica o jurídica per justificar la deportació dels 298 menors algerians tutelats per les administracions de l’arxipèlag balear.

Segons la presidenta balear, la totalitat dels menors no acompanyats, sota tutela dels consells insulars, tenen “contacte permanent amb els seus pares”. Per aquest motiu, va dir desconèixer “per què el Govern algerià ha sol·licitat la devolució d’aquests set menors ‘amb nom i llinatges’ i no la dels altres més de 300”. “On han de ser els menors, sempre que es pugui, és amb els seus pares”, va afirmar Prohens, i va afegir que per aquestes raons es demanava que la repatriació fos “total”. Segons la seva opinió, la reunió mantinguda entre Marlaska i el seu homòleg algerià estava envoltada d’“obscurantisme i dubtes sobre la gestió de la política migratòria”.

elDiario.es ha preguntat al Ministeri de l’Interior en què consisteix aquest procediment de repatriació. “L’assumpte no és competència del Ministeri de l’Interior. Durant la seva visita a Alger, el ministre de l’Interior només va esmentar el procediment iniciat per la Fiscalia, que és la responsable de coordinar totes les actuacions i analitzar la documentació tramesa per les autoritats algerianes, tal com va explicar Grande-Marlaska en la seva compareixença”, han respost les fonts consultades. Per qüestions d’agenda, tampoc no ha pogut respondre la Fiscalia, a qui es demanava quines són les circumstàncies per les quals es pot iniciar un expedient de devolució.

Fonts del Ministeri de Joventut i Infància, que dirigeix Sira Rego, expliquen a aquest diari que els dos casos consultats són diferents. En el primer, el dels set menors algerians, les famílies han demanat “la pàtria potestat dels seus fills”. Es tracta d’un precepte “contemplat legalment” que l’Estat espanyol ha d’atendre, indiquen. És a dir, “en aquest cas no es tracta de menors en situació de desemparament, com sí que és el cas de la resta de nins tutelats per les comunitats autònomes”, assenyalen. Les mateixes fonts afirmen que el Govern és coneixedor d’aquesta situació, però que intenta “generar confusió entre la població sobre unes situacions i altres”. “Recordam al Govern de les Balears que és una obligació legal la tutela digna dels i de les menors en situació de desemparament, i que els seus intents per intentar evitar aquesta responsabilitat tenen un component racista molt preocupant”, lamenten.

Augment en l’arribada de pasteres

A conseqüència de l’absència de vies legals i segures per migrar, la ruta balear s’ha consolidat com una de les principals per arribar a Europa des de països nord-saharians. A inicis d’octubre d’enguany s’han registrat 5.909 arribades de persones a les costes de l’arxipèlag balear, segons dades conjuntes del Ministeri de l’Interior i la Delegació del Govern. Aquest nombre supera lleugerament les 5.882 persones que hi van arribar l’any passat, una xifra que suposa un 158,3% més que el 2023, segons l’informe de Seguretat Anual de 2024. El document, elaborat pel Ministeri de l’Interior, agrupa les arribades dins un marc de control fronterer i de seguretat.

Entre les persones adultes també hi ha menors, que en la majoria dels casos es troben en una situació de desemparament, cosa que obliga l’Estat a assumir-ne la tutela legal. A Espanya, les competències en matèria de protecció de menors corresponen a les comunitats autònomes, tot i que en el cas balear estan transferides als consells insulars de cadascuna de les quatre illes. El repte que això representa per a les administracions públiques —que necessiten més recursos per atendre les arribades a causa de la manca de planificació i de recursos en el sistema d’acollida— no les eximeix de la seva responsabilitat legal envers els menors, tal com recorden tres organitzacions especialitzades consultades per elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infancia i Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

L’Estat ha de garantir la tutela dels menors

Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat), explica a elDiario.es que el fet que els menors puguin viure en el seu entorn familiar és la primera consideració que cal tenir en compte, però que també preval tant la seva opinió com el seu interès superior. “La reagrupació familiar és un dret del menor. El que passa és que darrere hi pot haver una expulsió”, afirma Valiente.

En el cas dels set menors algerians arribats a Eivissa, els expedients dels quals tramita la Fiscalia, indica que s’han de complir diverses garanties: que els menors vivien en un entorn familiar, que la família els està reclamant i que no hi ha una situació d’excepcionalitat que hagi provocat la seva sortida. Això darrer, tanmateix, té un marge d’interpretació “molt ampli”. “Quan es trenca el dret a la vida en família? Quan hi ha una situació d’explotació o persecució. L’Estat d’acollida ha de valorar les circumstàncies concretes de cada cas”, valora Valiente. A més, caldria escoltar també els menors per conèixer “què ha motivat la seva sortida”. “És una situació una mica excepcional que hagin arribat en embarcacions recreatives. Cal estudiar cada cas concret. En última instància, els jutges espanyols han de revisar la situació d’aquests menors en cas que s’acordi aquesta reagrupació familiar”, argumenta.

Almudena Escorial, responsable d’Incidència Política de la Plataforma de la Infancia, afirma a aquest diari, com Valiente, que cal “analitzar l’interès superior de cada infant”, és a dir, individualment. Ho exemplifica així: si uns pares reclamen la seva filla, però la volen casar, s’hauria de tenir en compte el seu benestar per damunt de la voluntat dels progenitors. “Encara que la reclamin, si els drets d’aquesta nina —o la seva vida— corren perill, en cap cas s’hauria de procedir a aquesta reagrupació familiar al seu país d’origen”, assegura Escorial.

L’experta en drets de la infància insisteix també que cal analitzar cada cas individualment. Per tant, no és possible expulsar col·lectivament 298 menors. Així, considera que el fet que una família reclami aquell nin o nina és un indici que estarà bé i que es garantiran els seus drets, però cal analitzar que no hi hagi cap circumstància que impedeixi que aquesta situació es doni satisfactòriament.

“En tot aquest procés és important que s’escolti el nin o la nina perquè pot donar claus sobre si és aconsellable o no la repatriació”, sosté Escorial, i afegeix que la legislació preveu que, per tal que es donin aquestes garanties, el menor també té dret a representació legal. En el cas d’aquests set expedients, l’experta adverteix que la Fiscalia podria descobrir que potser no és recomanable que algun d’ells torni al seu país d’origen.

En tot aquest procés és important que s’escolti el nin o la nina perquè pot donar claus sobre si és aconsellable o no la repatriació

Almudena Escorial — Responsable d’Incidència Política de la Plataforma de la Infancia

“No es pot fer”, insisteix Escorial quan se li demana si es pot retornar gairebé 300 menors al seu país d’origen. En aquest sentit, recorda la devolució il·legal de menors des de Ceuta al Marroc l’any 2021. “El Suprem s’ha pronunciat claríssimament i hi ha hagut sentències de tota mena. No es pot retornar de manera col·lectiva sense analitzar individualment cada cas”, adverteix l’experta. I insisteix que de res no serveix que hi hagi un acord de repatriació amb el país d’origen. És a dir, primer cal localitzar la família, després s’obre un expedient, el nin o la nina té accés a un advocat, cal escoltar-lo i tenir en compte la seva opinió, analitzar el cas i, finalment, prendre la decisió. “És complex”, conclou.

Fonts complementàries de la Plataforma de la Infància assenyalen a aquest diari que el retorn al país d’origen només és una solució duradora acceptable quan es compleixen tres requisits: que coincideixi amb l’interès superior del nin o nina; que es pugui garantir el benestar i la seguretat del menor al seu país d’origen, i que es respectin les garanties que exigeix la legislació (la llei d’estrangeria i el seu reglament, així com la llei de protecció jurídica del menor).

Plataforma de la Infancia assenyala que el retorn al país d'origen només és una solució duradora acceptable quan es compleixen tres requisits: coincideix amb l'interès superior del nen; es pot assegurar el benestar i la seguretat del menor al seu país d'origen i es respecten les garanties que exigeix la legislació

D’altra banda, tant Valiente com altres experts consultats recorden que les relacions entre Espanya i Algèria no són bones. De fet, no existeixen acords bilaterals de devolució de migrants entre tots dos països. “Em sorprendria molt que hi hagués familiars identificats reclamant la resta de menors”, reconeix el director general de CEAR, i insisteix que les comunitats autònomes tenen l’obligació d’exercir la tutela en el marc de la llei. “Desconec les peculiaritats de l’administració balear i dels consells insulars, però això és un tema menor. Qui té la tutela no pot renunciar-hi. Barrejar un cas amb l’altre no té cap sentit”, opina. Valiente es refereix al cas dels set menors reclamats pels seus progenitors, a diferència dels altres 298 nins i nines a qui ningú reclama.

En la mateixa línia s’ha expressat Ana Rosado, investigadora de la Frontera Sud a l’Associació Pro Drets Humans d’Andalusia (APDHA). “Perquè es doni aquesta repatriació als països d’origen ha d’existir un consentiment exprés del menor i que els pares o la institució que en tingui la tutela hi donin el seu consentiment i així es pugui produir aquesta repatriació”, assegura Rosado. La investigadora recorda que Espanya ha de comprovar i garantir que el sistema algerià sigui adequat per a aquesta acollida. Rosado, com Escorial, també recorda la devolució il·legal de menors des de Ceuta al Marroc l’any 2021. “Estan vulnerant els drets de la infància d’una manera sistemàtica. El principi de protecció i no-discriminació els és igual, per a ells prima la condició de persona estrangera”, lamenta l’experta.

Desconec les peculiaritats de l’administració balear i dels consells insulars, però això és un tema menor. Qui té la tutela no pot renunciar-hi. Barrejar un cas amb l’altre no té cap sentit [els set menors reclamats pels seus progenitors i els altres 298 nins i nines a qui ningú reclama]

Mauricio Valiente — Director general de CEAR

El PP demana la devolució dels menors algerians

El Consell Insular, on governa el PP amb majoria absoluta, va anunciar el 27 d’octubre la inversió d’1,2 milions d’euros amb l’objectiu de garantir “la cobertura immediata i adequada” de l’atenció als menors no acompanyats que arriben a Eivissa. “La proposta respon a la necessitat de dotar de recursos extraordinaris un servei que es troba en una situació límit a conseqüència del creixement continuat i imprevisible d’arribades”, va afirmar la institució insular.

En aquell mateix comunicat, el Govern local demana a la Delegació del Govern a les Balears que ampliï els tràmits de repatriació iniciats per a set menors d’origen algerià i els faci extensius als 77 menors algerians que es troben sota la seva tutela. A més, el Consell Insular insisteix que la situació dels centres d’acollida és “insostenible” i que és necessària una actuació “immediata i coordinada” amb el Govern per “garantir una resposta justa i equilibrada entre territoris”.

elDiario.es ha demanat al Consell Insular quina és l’argumentació tècnica o jurídica que justifiqui el retorn dels altres 77 menors a Algèria, tenint en compte que la institució eivissenca assumeix la tutela legal dels menors que es troben en situació de desemparament. “Precisament, que amb aquests set s’hagi iniciat un procediment de repatriació per part d’Algèria significa que aquest procediment existeix i exigim que s’apliqui”, responen les fonts consultades. “Són menors i han d’estar amb els seus pares”, afegeixen.

Carolina Escandell (PP), consellera de Benestar Social del Consell Insular, va explicar el 18 de juliol que Eivissa registra una ocupació del 231,25% pel que fa a les places específiques per a menors migrants. És a dir, s’han multiplicat per quatre en el darrer any. “Aquestes xifres són insostenibles i demostren que el sistema d’acollida a Eivissa es troba en una situació límit”, va opinar. La consellera del ram va reivindicar que el Consell Insular es compromet fermament amb la protecció dels drets de la infància i l’adolescència, però també va voler advertir que aquesta responsabilitat “només es pot exercir amb garanties si es disposa d’un finançament estable, una planificació coordinada” i una major coordinació institucional.

La llei permet el repartiment de migrants

La resposta que exigeix el Consell Insular pel que fa a una actuació “immediata i coordinada” amb el Govern per “garantir una resposta justa i equilibrada entre territoris” ja existeix, com ha recordat Mauricio Valiente, director general de CEAR, a aquest diari. Es tracta del Decret llei 2/2025, de 18 de març, de mesures urgents per garantir l’interès superior de la infància i l’adolescència davant situacions de contingències migratòries extraordinàries. És a dir, la normativa que va aprovar el Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència.

La modificació d’aquesta llei permet tirar endavant un sistema de repartiment per a les comunitats que acullin un nombre de menors que multipliqui per tres la seva capacitat d’acollida. Segons va explicar Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, l’acord permet que les comunitats autònomes, a través de la Conferència Sectorial, tenguin la possibilitat de modificar aquests criteris i els requisits de l’acord si així ho determinen de manera unànime. “Sempre que hi hagi acord, si una comunitat autònoma, sigui quina sigui, multiplica per tres la seva capacitat ordinària d’acollida, aquesta regió es podrà declarar ‘en contingència migratòria’. Aquesta comunitat traslladarà la seva situació perquè s’activin els mecanismes establerts per aquest decret llei”, va afirmar.

Aquest mecanisme és, precisament, el que recorda Valiente que tenen les comunitats autònomes per afrontar situacions com la de les Balears. Quan se sobrepassa la capacitat d’atenció als menors, incideix, “es poden repartir entre altres comunitats autònomes”. “El PP s’hi ha negat a desenvolupar-lo [l’acord], però és una llei. Hi ha un mecanisme legal previst”, insisteix el director general de CEAR.

El president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), vol derogar aquesta llei. Segons va explicar, el seu Executiu dona suport a l’estratègia acordada pel conjunt d’institucions de les Illes Balears (on el PP governa amb Vox com a soci principal, excepte a Eivissa i Formentera), que inclou la presentació d’un recurs legal contra el decret llei que regula l’acollida de menors migrants i la petició de la seva suspensió cautelar. Marí també va reclamar més col·laboració de Frontex per “frenar la ruta balear” i va exigir a l’Estat “més mitjans de seguretat i una actuació en origen, especialment amb Algèria”. “Qui té les competències per poder frenar aquesta crisi ha d’actuar d’una vegada”, va concloure.

La Fiscalía está tramitando, en estos momentos, una petición del Gobierno de Argelia para repatriar a siete adolescentes que llegaron en septiembre en una embarcación recreativa a Eivissa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el Ministerio Público tramita expedientes de devolución de siete menores, de entre 14 y 17 años, después de que sus padres hayan “solicitado el ejercicio de la patria potestad”. En su visita a Argelia, Marlaska se entrevistó con el ministro del Interior del país norteafricano, Said Sayoud, quien aseguró que la información detallada sobre la situación de los menores estaba en manos de las autoridades españolas.

Se trata de un caso excepcional, dado que Balears tutela a otros 298 menores argelinos a los que nadie reclama. Sin embargo, está siendo utilizado por las autoridades del archipiélago balear para reclamar el retorno de todos los menores argelinos —lo cual es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo— sin explicar cuál es la situación de cada uno de ellos, ni concretar cuál es el fundamento técnico o jurídico para justificar tal deportación colectiva. Marga Prohens (PP), presidenta del Govern, afirmó que había que repatriar también a los otros 298 menores a su país de origen, después de que se hiciera pública la tramitación que lleva a cabo la Fiscalía. La Conselleria de Bienestar Social del Govern no ha respondido a la consulta sobre cuál sería la argumentación técnica o jurídica para justificar la deportación de los 298 menores argelinos tutelados por las administraciones del archipiélago balear.

Según la presidenta balear, la totalidad de los menores no acompañados, bajo tutela de los consells insulares, tienen “contacto permanente con sus padres”. Por este motivo, dijo desconocer “por qué el Gobierno argelino ha solicitado la devolución de estos siete menores ‘con nombre y apellidos’ y no la de los otros más de 300”. “Donde tienen que estar los menores, siempre que se pueda, es con sus padres”, afirmó Prohens y añadió que por estas razones se solicitaba que la repatriación fuera “total”. En su opinión, la reunión mantenida entre Marlaska y su homólogo argelino estaba rodeada de “oscurantismo y dudas sobre la gestión de la política migratoria”.

elDiario.es ha preguntado al Ministerio del Interior en qué consiste este procedimiento de repatriación. “El asunto no es competencia del Ministerio del Interior. Durante su visita a Argel, el ministro del Interior solo mencionó el procedimiento iniciado por la Fiscalía, que es la responsable de coordinar todas las actuaciones y analizar la documentación remitida por las autoridades argelinas, como así explicó Grande-Marlaska en su comparecencia”, han respondido las fuentes consultadas. Por cuestiones de agenda, tampoco ha podido responder la Fiscalía, a la que se le consultaba cuáles son las circunstancias por las cuales se puede iniciar un expediente de devolución.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, explican a este diario que los dos casos consultados son distintos. En el primero, el de los siete menores argelinos, las familias han pedido “la patria potestad de sus hijos”. Se trata de un precepto “contemplado legalmente” que el Estado español tiene que atender, indican. Es decir, “en este caso no se trata de menores en situación de desamparo, como sí es el caso del resto de niños tutelados por las comunidades autónomas”, señalan. Las mismas fuentes afirman que el Govern es conocedor de esta situación, pero que trata de “generar confusión entre la población sobre unas situaciones y otras”. “Recordamos al Govern de Balears que es una obligación legal la tutela digna de los y las menores en situación de desamparo, y que sus intentos por tratar de evitar esta responsabilidad tienen un componente racista muy preocupante”, lamentan.

Aumento en la llegada de pateras

Como consecuencia de la ausencia de vías legales y seguras para migrar, la ruta balear se ha consolidado como una de las principales para llegar a Europa desde países norsaharianos. A inicios de octubre de este año se han registrado 5.909 llegadas de personas a las costas del archipiélago balear, según datos conjuntos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno. Este número supera ligeramente las 5.882 personas que llegaron el año pasado, una cifra que supone un 158,3% más que en 2023, según el informe de Seguridad Anual de 2024. El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, agrupa las llegadas dentro de un marco de control fronterizo y securitario.

Entre las personas adultas también se encuentran menores, que en la mayoría de los casos están en una situación de desamparo, lo que obliga al Estado a asumir su tutela legal. En España, las competencias en materia de protección de menores corresponden a las comunidades autónomas, aunque en el caso balear están transferidas a los consells insulares de cada una de las cuatro islas. El reto que esto representa para las administraciones públicas —que necesitan más recursos para atender las llegadas debido a la falta de planificación y recursos en el sistema de acogida—, no les exime de su responsabilidad legal con los menores, tal como recuerdan tres organizaciones especializadas consultadas por elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infancia y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El Estado debe garantizar la tutela de los menores

Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), explica a elDiario.es que el hecho de que los menores puedan vivir en su entorno familiar es la primera consideración que hay que tener en cuenta, pero que también prima tanto su opinión como su interés superior. “La reagrupación familiar es un derecho del menor. Lo que pasa es que detrás puede haber una expulsión”, afirma Valiente.

En el caso de los siete menores argelinos llegados a Eivissa, cuyos expedientes tramita la Fiscalía, indica que se tienen que cumplir varias garantías. Que los menores vivían en un entorno familiar, que la familia los está reclamando y que no hay una situación de excepcionalidad que haya provocado su salida. Esto último, sin embargo, tiene un margen de interpretación “muy grande”. “¿Cuándo se rompe el derecho a la vida en familia? Cuando hay una situación de explotación o persecución. El Estado de acogida tiene que valorar las circunstancias concretas de cada caso”, valora Valiente. Además, habría que escuchar también a los menores para conocer “qué ha motivado su salida”. “Es una situación un poco excepcional que hayan llegado en embarcaciones recreativas. Hay que estudiar cada caso concreto. En última instancia, los jueces españoles tienen que revisar la situación de estos menores en caso de que se acordara esa reagrupación familiar”, argumenta.

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de la Infancia, afirma a este diario, como Valiente, que hay que “analizar el interés superior de cada niño”, es decir, individualmente. Lo ejemplifica así: si unos padres reclaman a su niña, pero quisieran casarla, habría que tener en cuenta su bienestar por encima de la voluntad de sus progenitores. “Aunque lo reclamen, si los derechos de esa niña —o su vida— corren peligro, en ningún caso se debería proceder a esa reagrupación familiar a su país de origen”, asegura Escorial.

La experta en derechos de la infancia insiste también en que hay que analizar cada caso individualmente. Por tanto, no es posible expulsar colectivamente a 298 menores. Así, cree que el hecho de que una familia reclame a ese niño o niña es un indicio de que va a estar bien, y de que se van a asegurar sus derechos, pero hay que analizar que no haya ninguna circunstancia que impida que esa situación se vaya a dar satisfactoriamente.

“En todo este proceso es importante que se escuche al niño o niña porque puede dar claves sobre si es aconsejable o no la repatriación”, sostiene Escorial y añade que la legislación contempla que para que se den esas garantías el menor también tiene derecho a representación legal. En el caso de estos siete expedientes, la experta advierte de que la Fiscalía podría descubrir que a lo mejor no es recomendable que alguno de ellos vuelva a su país de origen.

En todo este proceso es importante que se escuche al niño o niña porque puede dar claves sobre si es aconsejable o no la repatriación

Almudena Escorial — Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de la Infancia

“No se puede hacer”, insiste Escorial cuando se le pregunta sobre si se puede devolver a casi 300 menores a su país de origen. En este sentido, recuerda la devolución ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021. “El Supremo se ha pronunciado clarísimamente y ha habido sentencias de todo tipo. No se puede devolver de manera colectiva sin analizar individualmente cada caso”, advierte la experta. E insiste en que de nada sirve que haya un acuerdo de repatriación con el país de origen. Es decir, primero hay que localizar a la familia, después se abre un expediente, el niño o niña accede a un abogado, hay que escucharle y tener en cuenta su opinión, analizar el caso y, finalmente, tomar la decisión. “Es complejo”, concluye.

Fuentes complementarias de la Plataforma de la Infancia señalan a este diario que el retorno al país de origen solo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen tres requisitos: coincide con el interés superior del niño; se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que exige la legislación (la ley de extranjería y su reglamento, así como la ley de protección jurídica del menor).

Plataforma de la Infancia señala que el retorno al país de origen solo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen tres requisitos: coincide con el interés superior del niño; se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que exige la legislación

Por otro lado, tanto Valiente como otros expertos consultados recuerdan que las relaciones entre España y Argelia no son buenas. De hecho, no existen acuerdos bilaterales de devolución de migrantes entre ambos países. “Me extrañaría mucho que hubiera familiares identificados reclamando al resto de menores”, reconoce el director general de CEAR e insiste en que las comunidades autónomas tienen la obligación de ejercer la tutela en el marco de la ley. “Desconozco las peculiaridades de la administración balear y los consells insulares, pero eso es un tema menor. Quien tiene la tutela no puede renunciar a ella. Mezclar un caso con el otro no tiene ningún sentido”, opina. Valiente se refiere al caso de los siete menores reclamados por sus progenitores a diferencia de los otros 298 niños y niñas a los que nadie reclama.

En la misma línea se ha expresado Ana Rosado, investigadora de la Frontera Sur en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “Para que se dé esa repatriación a los países de origen tiene que existir un consentimiento expreso del menor y que los padres o la institución que tenga su tutela den su consentimiento y así se produzca esa repatriación”, asegura Rosado. La investigadora recuerda que España tiene que comprobar y garantizar que el sistema argelino es adecuado para esa acogida. Rosado, como Escorial, también recuerda la devolución ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021. “Están vulnerando los derechos de la infancia de una manera sistemática. El principio de protección y no discriminación les da igual, para ellos prima la condición de persona extranjera”, lamenta la experta.

Desconozco las peculiaridades de la administración balear y los consells insulares, pero eso es un tema menor. Quien tiene la tutela no puede renunciar a ella. Mezclar un caso con el otro no tiene ningún sentido [los siete menores reclamados por sus progenitores y los otros 298 niños y niñas a los que nadie reclama]

Mauricio Valiente — Director general de CEAR

El PP pide la devolución de los menores argelinos

El Consell Insular, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, anunció el 27 de octubre la inversión de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar “la cobertura inmediata y adecuada” de la atención de los menores no acompañados que llegan a Eivissa. “La propuesta responde a la necesidad de dotar de recursos extraordinarios a un servicio que se encuentra en una situación límite como consecuencia del crecimiento continuado e imprevisible de llegadas”, afirmó la institución insular.

En ese mismo comunicado, el Gobierno local pide a la Delegación del Gobierno en Balears que amplíe los trámites de repatriación iniciados para siete menores de origen argelino y los haga extensivos a los 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela. Además, el Consell Insular insiste en que la situación de los centros de acogida es “insostenible” y que es necesaria una actuación “inmediata y coordinada” con el Gobierno para “garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios”.

elDiario.es ha preguntado al Consell Insular cuál es la argumentación técnica o jurídica que justifique el retorno de los otros 77 menores a Argelia, teniendo en cuenta que la institución ibicenca asume la tutela legal de los menores que se encuentran en situación de desamparo. “Precisamente que con estos siete se haya iniciado un procedimiento de repatriación por parte de Argelia significa que ese procedimiento existe y exigimos que se aplique”, responden las fuentes consultadas. “Son menores y deben estar con sus padres”, añaden.

Carolina Escandell (PP), consellera de Bienestar Social del Consell Insular, explicó el 18 de julio que Eivissa registra una ocupación del 231,25% en cuanto a las plazas específicas para menores migrantes. Es decir, se han multiplicado por cuatro en el último año. “Estas cifras son insostenibles y demuestran que el sistema de acogida en Eivissa está en situación límite”, opinó. La consellera del ramo reivindicó que el Consell Insular se compromete firmemente con la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, pero quiso advertir también que esta responsabilidad “solo se puede ejercer con garantías si se dispone de una financiación estable, una planificación coordinada” y mayor coordinación institucional.

La ley permite el reparto de migrantes

La respuesta que exige el Consell Insular en cuanto a una actuación “inmediata y coordinada” con el Gobierno para “garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios” ya existe, como ha recordado Mauricio Valiente, director general de CEAR, a este diario. Se trata del Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Es decir, la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

La modificación de esta ley permite sacar adelante un sistema de reparto para las comunidades que acojan a un número de menores que multiplique por tres su capacidad de acogida. Según explicó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, el acuerdo permitía que las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, tengan la posibilidad de modificar dichos criterios y los requisitos del acuerdo si así lo dictaminan de forma unánime. “En tanto en cuanto se tiene acuerdo, si una comunidad autónoma, sea cual sea, multiplica por tres su capacidad ordinaria de acogida, esa región se podrá declarar ‘en contingencia migratoria’. Esa comunidad trasladará su situación para que se activen los mecanismos marcados por este decreto-ley”, afirmó.

Este mecanismo es, precisamente, el que recuerda Valiente que tienen las comunidades autónomas para afrontar situaciones como la de Balears. Cuando se sobrepasa la capacidad de atención de menores, incide, “se pueden repartir entre otras comunidades autónomas”. “El PP se ha negado a desarrollarlo [el acuerdo] pero es una ley. Hay un mecanismo legal previsto”, insiste el director general de CEAR.

El presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), quiere derogar esta ley. Según explicó, su Ejecutivo apoya la estrategia acordada por el conjunto de instituciones de las Illes Balears (donde el PP gobierna con Vox como socio principal, menos en Eivissa y Formentera) que incluye la presentación de un recurso legal contra el decreto-ley que regula la acogida de menores migrantes y la petición de su suspensión cautelar. Reclamó, además, más colaboración de Frontex para “frenar la ruta balear” y exigió al Estado “más medios de seguridad y una actuación en origen, especialmente, con Argelia”. “Quien tiene las competencias para poder frenar esta crisis debe actuar de una vez”, concluyó.

La secretària d'Estat de Seguretat, Aina Calvo, ha advocat per una major cooperació dels efectius de Frontex als països d'origen com una forma de controlar els fluxos migratoris. Així s'ha expressat aquest dilluns en declaracions als mitjans de comunicació després de visitar el vaixell oceanogràfic de la Guàrdia Civil 'Duque de Ahumada', que es troba fondejat a l'estació naval de Porto Pi, a Palma.

Calvo ha defensat que “la capacitat operativa a origen” té molt a veure amb el fet que els fluxos migratoris hagin descendit un 40% en el conjunt d'Espanya al llarg dels últims anys, encara que ha admès que a Balears són ara “constants i intensos”. “Aquesta feina tècnica, aquest criteri tècnic de les forces i cossos de seguretat i del personal tècnic del Ministeri, el que ens aconsella és reclamar, demanar, sol·licitar major cooperació de Frontex a origen”, ha argumentat.

Espanya, ha assegurat, no és l'únic Estat membre de la Unió Europea que “està valorant aquesta necessitat de reenfocar els desplegaments a origen”. “Hem vist, provat i comprovat que el més important és mirar d'evitar que les embarcacions arribin al nostre país. Creiem que aquí seria una tasca molt més útil i ens permetria atacar d'arrel la problemàtica”, ha apuntat.

Això no treu, ha prosseguit, que el Govern vulgui comptar amb la presència de Frontex, compti amb els seus mitjans i mantingui converses constants amb l'agència europea. “Però els Estats membre decidim on creiem, en funció de les nostres capacitats, que és millor la intervenció”, ha insistit.

La secretària d'Estat, en aquesta línia, ha destacat “l'important feina” que el Ministeri de l'Interior porta a terme diàriament per aturar els fluxos migratoris i que se centra en tres línies principals. “La primera, un combat contundent i dur contra les xarxes criminals que trafiquen amb éssers humans. La segona, un control de fronteres que ofereix garanties de seguretat i que està arrelat a la garantia dels drets humans. I la tercera, molt important, la cooperació policial multilateral i bilateral”, ha desgranat.

Reunió amb Algèria

Calvo també ha considerat que la reunió que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va mantenir la setmana passada amb el seu homòleg algerià és “fonamental” per abordar la qüestió migratòria. “És importantíssima la predisposició de les autoritats algerianes a col·laborar amb el Govern i crec que és una bona notícia que ens permetrà tenir resultats esperançadors en els pròxims mesos”, ha assenyalat.

També ha qualificat les converses del ministre amb Algèria com “un punt d'esperança” que possiblement permetrà “apuntalar la capacitat operativa a origen amb la col·laboració de Frontex”. Preguntada sobre la possibilitat que s'actualitzi el protocol de retorns entre tots dos països, cosa que es va parlar a la reunió, la secretària d'Estat de Seguretat ha reiterat que és “molt esperançador” el contacte obert amb les autoritats algerianes. “Sempre ha existit cooperació policial, però sens dubte necessitem que s'intensifiqui. A partir d'ara s'inicien setmanes de feina important i veurem resultats, espero, en les pròximes setmanes o mesos”, ha aprofundit.

Repatriació

Una altra qüestió que es va abordar en el viatge de Marlaska a Algèria va ser la sol·licitud de repatriació de set menors del país nord-africà que van arribar sols a les costes d'Eivissa a bord d'una embarcació, una qüestió que ara mateix està en mans de la Fiscalia de Menors. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aprofitat aquest cas per exigir al Govern central la repatriació dels més de 300 menors algerians tutelats a Balears ja que, al seu parer, “on han d'estar és al seu país d'origen i amb els seus pares”.

Qüestionada al respecte, Calvo ha defensat que Algèria, com a estat sobirà, té la potestat de plantejar “de qui vol la repatriació o no”. “Això no depèn del Govern i menys d'una comunitat autònoma, depèn del país d'origen”, ha subratllat. El cas, ha insistit, està sent estudiat pel Ministeri Públic, “que és qui té la informació, la possibilitat, l'anàlisi i les entrevistes i qui compleix i vetlla per l'ordenament jurídic i la protecció dels menors”.

El Govern, ha indicat, no té res més a afegir al respecte. Tampoc, ha dit, coneix els motius que han portat Algèria a demanar la repatriació d'aquests set menors i no d'altres. “S'hauria de preguntar a Algèria, cada Estat és sobirà i utilitza els canals que té. No puc respondre a aquesta pregunta perquè jo no sóc Algèria”, ha dit. El funcionament del protocol, ha argumentat, seria el mateix si Espanya considerés que la situació d'un dels seus ciutadans “hagués d'obeir a una altra situació i reclamés a un tercer estat que actués”.