Un comentario se repite en algunas de las reacciones a la renuncia de Alba González Sanz como directora de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial y su posterior sustitución por la exdiputada Rita Bosaho: “Eso es racismo contra los blancos”. El falso argumento, usado de hipótesis para determinados artículos publicados en los últimos días, no es nuevo y suele ser habitual en los discursos de quienes se sienten amenazados por la lucha contra la discriminación racial, como también suele ocurrir como respuesta al auge del movimiento feminista.

A su vez, esa reacción es utilizada por la extrema derecha en distintos países, a pesar de no estar sustentada en datos. En Estados Unidos, donde alrededor del 23% de la población es racializada, varios estudios han profundizado en la base sobre la que surge la falsa idea del “racismo inverso” entre los ciudadanos blancos. Una investigación de las universidades de Harvard y Tufts analizó la visión de los blancos sobre el racismo como “un juego de suma cero que ahora están perdiendo”. Es decir, una suerte de batalla en la que las ganancias para unos significan la derrota de los otros, que, apuntan los autores, no se corresponde con la realidad.

“Es un hallazgo bastante sorprendente cuando se piensa en la amplia gama de desigualdades que aún existen en la sociedad, la mayoría de las cuales muestran que los estadounidenses negros tienen peores resultados que los blancos en áreas como ingresos, propiedad de la vivienda, salud y empleo”, señaló el profesor de Psicología de la Universidad de Tufts Samuel Sommers

“A medida que los estadounidenses blancos han percibido una menor discriminación contra las personas racializadas durante las últimas seis décadas, se ha producido un aumento de la sensación de sesgo contra los blancos”, sostenía el estudio firmado por Sommers y Michael I. Norton, publicado en 2011 en la revista Perspectivas de Ciencias Psicológicas. Los investigadores analizaron una muestra de 208 personas negras y 209 blancas, en la que valoraban en qué medida sentían que un grupo y otro eran objeto de discriminación en cada década, desde 1950 hasta el 2000.

La sensación de racismo hacia las personas blancas y las afrodescendientes en la década de 1950 fueron similares: ambos reconocían bajos niveles contra las personas no racializadas y bajo porcentaje en el caso contrario. Sin embargo, en la década de los 2000, los blancos calificaron la discriminación contra ellos como más frecuente que el racismo anti-negro: en concreto, un punto mayor en una escala de 10 puntos. Un 11% de ellos calificó con la puntuación más alta el supuesto racismo sufrido por las personas no racializadas.

En la misma línea, una investigación de la revista Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences concluyó que “el aumento de la diversidad racial, real o percibida, puede generar preocupaciones relevantes para la identidad entre los estadounidenses blancos”. Según el estudio, cuanto mayor proporción de población racializada percibían en sus regiones los ciudadanos estadounidenses, más declaraban sentirse víctimas del supuesto “racismo anti-blanco”.

El rédito político sacado por la extrema derecha

Según un reportaje de The Atlantic, la idea del llamado “racismo inverso” se hizo fuerte en EEUU en 1997 en respuesta a las iniciativas de “discriminación positiva” que intentaron implantarse en forma de cupos en ámbitos como la educación. Una encuesta del Instituto de Investigación de Religión Pública de 2016 indica que la mitad de todos los estadounidenses, el 57% de todos los blancos y el 66% de la clase trabajadora blanca creen que la discriminación contra los blancos es un problema tan grande en Estados Unidos como la discriminación contra los negros.

Estas estadísticas coinciden con el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyos votantes consideran que los blancos sufren más discriminación que cualquier otra minoría, según una encuesta del HuffPost /YouGov de 2016 recogida por The Atlantic. Este tipo de sensación percibida por una parte de la población blanca, y no sustentada por los datos, es exprimida por la extrema derecha, que sacude el discurso del racismo anti-blanco.

En España, este discurso encuentra sus semejanzas en la insistencia de Vox sobre la supuesta “discriminación de los españoles” a la hora de recibir ayudas sociales, una afirmación falsa. “Esas personas no tienen ninguna culpa de que se les den ayudas al alquiler. La tienen quienes han creado una legislación que discrimina a los españoles, porque les dicen que los españoles tienen arraigo y que se las arreglen con su familia”, afirmó Abascal en un mitin en el que leyó una lista de apellidos que él interpretaba como extranjeros.

La organización francesa “contra el racismo anti-blanco”

En Francia, el debate sobre el falso “racismo anti-blanco” rugió en septiembre de 2019 tras la respuesta del exfutbolista francés Lilian Thuram a una pregunta sobre el racismo en este deporte en una entrevista en un medio italiano. “Cuando hablamos de racismo, debemos ser conscientes de que el mundo del fútbol no es racista, sino que hay racismo en Italia, en Francia, en Europa y, en general, en la cultura blanca. Los blancos han decidido que son superiores a los negros y que pueden hacer cualquier cosa con ellos”, respondió Thurman a Corriere dello Sport.

La afirmación cayó como un jarro de agua fría en una parte de la población blanca francesa, donde existe una organización contra el “racismo anti-blanco”. Su presidente, Laurent de Béchade, respondió aportando una serie de cifras sobre la supuesta discriminación sufrida por el hecho de ser blancos. “Una de cada siete personas blancas en Francia ya ha sido víctima de racismo contra blancos, en forma de discriminación física o verbal”, indicó, apelando a un informe del Instituto de Estadística Francés. “Hay millones de personas que se ven afectadas por el racismo contra los blancos y que es, probablemente, incluso la forma más común de racismo generalizado en Francia ”, enfatizó.

Medios franceses, como AFP o Libération, no tardaron en desmentir dicha afirmación. El estudio al que Béchade se refería en ningún momento hablaba de personas de raza blanca. Según la agencia de noticias francesa, el presidente de la organización contra “el racismo anti-blanco” utilizó el “porcentaje de personas de la población de 'mayoría no empobrecida' que respondió 'sí' a la pregunta '¿alguna vez ha experimentado una situación racista?”.

“El racismo es un proceso de dominación blanca”

“No se puede hablar de racismo antiblanco. El racismo es un proceso histórico de dominación y opresión que surge de procesos colonizadores y de esclavitud, y que nunca ha afectado a las personas blancas”, sostiene Paula Guerra, presidenta de Sos Racismo Madrid. “Las poblaciones blancas no experimentan un sentimiento colectivo de opresión y de humillación por saber que son blancas, ese sentimiento de saber que tu padre, tu madre, tu hijo y tus nietos van a sufrir la misma humillación simplemente por ser una persona racializada en la inferioridad, ese sentimiento no lo experimenta la población blanca”, desarrolla la activista.

En España, la infrarrepresentación de ciudadanos racializados en las instituciones es una muestra más de la inexistencia de un racismo “anti-blanco”. En el Congreso de los Diputados sólo dos parlamentarios no son blancos. La primera vez que una mujer negra ocupó un escaño en el Parlamento español fue hace cuatro años. En el Gobierno, el único alto cargo ocupado por el momento por un ciudadano racializado corresponde a Bosaho.

La falta de estadísticas en España que contemplen la raza de los entrevistados, así como la inexistencia de un censo de personas no blancas, impide la ponderación de la discriminación social sufrida por estas. Por su parte, el Ministerio del Interior ha alertado de la infradenuncia que caracteriza a los casos de delitos de odio por motivos raciales. No obstante, diversos estudios con muestras más reducidas, como los informes de SOS Racismo, o estudios sociológicos elaborados por Red Acoge, así como las constantes denuncias difundidas por los colectivos antirracistas, dan cuenta de la discriminación sufrida por las personas racializadas en actividades tan cotidianas como la búsqueda de empleo, los traslados en el transporte público, su actividad laboral, salir de fiesta, intentar alquilar una vivienda o una simple conversación.

En 1961 John Howard Griffin publicó el libro 'Black like me', donde contaba su experiencia viajando durante seis semanas por Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. Viajar como un señor blanco por los estados sureños de Estados Unidos significaba que tenías preferencia en los asientos de los autobuses, mejor espacio en los lavabos y la opción de comer en los buenos restaurantes. Pero Howard Griffin hizo aquel viaje tras pasar por un tratamiento que oscureció su piel. A ojos de la sociedad pasó a ser un hombre negro, y se le trató como se trataba a los negros en aquella época: con las peores condiciones sociales, económicas y políticas.

Cuento esta historia a raíz de la polémica generada tras la renuncia de Alba González a encabezar la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Su sustituta es Rita Bosaho, primera diputada negra en la historia del Congreso. En el centro de todo este debate está un concepto que en los últimos años ha ido ganando presencia hasta ahora ser blandido por unos y otros para justificar o atacar el nombramiento de Bosaho y la renuncia de González: ¿Qué es ser racializado?

De entrada todos somos racializados. Todos formamos parte de alguna categoría racial o étnica por la que el resto nos identifica: blancos, negros, asiáticos, gitanos... Racializado no es la forma políticamente correcta de decir 'negro', sino que es una manera desde la que describir la categoría racial. Es una categoría más como pueden ser el género o la sexualidad. Estrictamente una persona racializada es alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio en base a la categoría racial que la sociedad le atribuye.

Siendo directos: negros y blancos somos igualmente racializados, pero la diferencia es que a partir de ahí las consecuencias no son las mismas en la sociedad para unos y otros. Miremos el caso del género: hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, pero la clasificación por géneros masculino o femenino aboca a las mujeres a vivir de lleno los asesinatos machistas, la violencia sexual, la brecha salarial, mientras a los hombres nos pone en el otro lado.

Recuerdo cuando una vez, al ir alquilar un piso por teléfono, la señora me atendió muy amablemente hasta que casi cerrando la conversación le dije que me llamaba Mohamed. Su tono cambió y cuando fui a la casa, sin dejarme entrar a verla, me explicó que no quería “a gente como yo”. No se refería a mi altura o a mi cabello rizado: sus pensamientos se centraron en todo lo negativo que podía tener meter a una persona negra en su casa. Lo hizo sin mirar mi caso concreto, sino aplicando la brocha gorda de los estereotipos: no me preguntó si era pobre o millonario, ni quiso saber si llevaba 10 años compartiendo piso impecablemente o si era mi primera experiencia. Solo vio el color de piel, y eso le bastó para negarme la oportunidad.

Detrás de este y de infinitos casos más está la racialización, y esta no solo tiene que ver con el color de piel, incluyen factores como el origen migrante, las formas de hablar, los rasgos físicos y así un largo etcétera. Dependiendo del contexto estas categorías varían, dejando unas consecuencias u otras, como cuando algunas revistas estadounidenses etiquetaron a Antonio Banderas como un “actor de color” al identificarle erróneamente como latino. El racismo impacta sobre tu categoría racial, y luego otros factores como el nivel económico juegan un papel u otro. Tyrese Rice fue un jugador de Fútbol Club Barcelona de basket al que una vez los agentes pidieron la documentación por estar cerca de un coche deportivo. Era su deportivo, pero para los agentes era un negro cerca de un coche de alta gama, y parece que eso no podía tenerlo de manera lícita.

Dejando esto de lado, en el mundo occidental podemos ver cómo se ha construido una sociedad en la cual todo los que no somos blancos hemos cargado con estereotipos con los que se han justificado discriminaciones de todo tipo. En Estados Unidos a este conjunto de las categorías raciales que sufren el racismo se le llama 'People of Color', y en ella están negros, latinos o asiáticos, pero no los blancos. Este es el ejemplo más claro que existe para entender a quienes se dirige el concepto de 'personas racializadas' tal y como se está usando mayoritariamente ahora.

¿Y esto por qué es importante? Volvamos a la investigación de John Howard Griffin. Es muy ilustrativa porque cuenta cómo la misma persona vive dos realidades completamente diferentes con solo pasar por un tratamiento de piel. Como blanco, sus problemas podrían venir de muchos sitios excepto por ser blanco, ya que la segregación racial formaba parte de su realidad, pero no le afectaba negativamente, sino que era un privilegio.

Eso no quiere decir que no la pudiera denunciar, como hizo con su libro, solo que no la vivía. Cuando llevó a cabo la transformación para el experimento vivió una parte de la realidad cotidiana de los negros en los Estados Unidos de aquella época, como sentarse en el fondo de los autobuses o utilizar baños para la 'colored people'. La otra parte va más allá del color de piel: un ejemplo son las posibilidades de tener estudios si naces en Harlem, un barrio copado por negros o en un cualquier barrio residencial de Texas copado por blancos.

El sistema ha evolucionado, pero la categoría racial sigue siendo un factor decisivo en el devenir de una persona. El racismo no es un conjunto de anécdotas, sino que es un sistema que nos afecta social, política y económicamente, en menor o mayor nivel, en Huesca, Madrid o Nueva York. Se ve muy bien en el caso de las paradas racistas injustificadas por parte de la Policía. Esta práctica es un hecho tanto en España como en Estados Unidos.

Aquí este problema lo cuantificó por primera vez un estudio de las universidades de Oxford y Valencia: por cada vez que la Policía paraba a una persona blanca sin motivo a una negra se la paraba siete veces. La propia Policía ha empezado a trabajarlo, en ciudades como Fuenlabrada e incluso en Madrid hasta la llegada del Gobierno de PP y Ciudadanos, que decidió suprimirlo. En EEUU el problema es el mismo, solo su historia legal y cultural esa situación puede terminar en asesinatos como los de Michael Brown o Trayvon Martin, ambos negros.

Este viernes nos despertamos con un artículo en El Español presidido por una imagen terrible analizando la llegada de Rita Bosaho al Ministerio de Igualdad y la renuncia de Alba González que explicaba que “si Alba fuese negra tendría trabajo; si Rita fuese blanca, no”. Eso, apuntando a un Gobierno en el que no hay ninguna cara que no sea blanca ni personas de origen migrante con visibilidad cuando, según los datos del INE, la población migrante es más del 10% de la población española. Al contrario, en España no vemos en puestos de poder y representación.

Se me hace incomprensible el escándalo por que una persona negra ocupe un puesto para el que alguna importancia puede tener vivir el racismo en primera persona, al igual que estamos entendiendo que es un valor que al frente de instituciones que hacen políticas dirigidas a las mujeres estén mujeres que vivan esa realidad. Otra cosa es la gran torpeza del Ministerio de Igualdad, liderado por Unidas Podemos, un partido que ha venido trabajando el discurso de la interseccionalidad pero que no la aplicó con el nombramiento inicial de Alba González en el apartado destinado a aplacar el racismo.

Al igual que en los últimos tiempos el movimiento feminista ha sido capaz de poner en el centro del debate la importancia de la paridad y la igualdad tanto en la representación como en las políticas, es importante hacerlo desde el antirracismo siguiendo los mismos pasos. La propia explicación de González a la renuncia lo decía: “Si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan. Hemos reorganizado el equipo de este Ministerio para que haya una presencia visible de mujeres pertenecientes a colectivos racializados”. A día de hoy ella va a seguir trabajando en el equipo, Rita Bosaho lo liderará y ambas deberán trabajar codo a codo para que el racismo forme parte del pasado de España.

Cuando el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes visitó España en 2018, sus miembros mantuvieron reuniones con distintos representantes del Gobierno para conocer la situación de los ciudadanos negros en el país. Encuentro tras encuentro, algo despertaba su extrañeza. El equipo, resalta en un informe presentado ante la ONU, “no habló con ningún afrodescendiente en sus múltiples reuniones con las autoridades, con la única excepción de una diputada nacional afrodescendiente”. Tras esa “infrarrepresentación”, decían, podía haber “prejuicios raciales”.

La única excepción citada por los expertos, aquella diputada negra, era Rita Bosaho (Unidas Podemos), la futura directora de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial en el Ministerio de Igualdad. Irene Montero ofreció el cargo a Bosaho tras recibir la renuncia de Alba González Sanz, quien había aceptado el puesto días antes. Su paso atrás se produjo para evitar las críticas de colectivos antirracistas, después de que distintos activistas racializados hubiesen empezado a transmitir su descontento a través de redes sociales.

“Si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan”, explicó González Sanz en su perfil de Twitter. “Hemos reorganizado el equipo de este Ministerio para que haya una presencia visible de mujeres pertenecientes a colectivos racializados. Eso significa que no asumiré la Dirección General”, anunció este miércoles la exconcejala de Gijón, quien continuará trabajando en el departamento dirigido por Irene Montero.

Las primeras críticas surgidas desde distintas comunidades racializadas, que habían preparado un comunicado que no llegó a difundirse, hacían referencia a una denuncia histórica de las entidades antirracistas, nacionales e internacionales, que luchan contra la discriminación: una mayor representación en las instituciones, así como en el resto de ámbitos de la vida pública.

Expertos de la ONU mostraron su “especial preocupación”

Tras su primera visita oficial a España, celebrada en febrero de 2018, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes llegó a la conclusión de que “la falta de representación de los afrodescendientes era endémica en los niveles estatal, regional y municipal, así como en las tres ramas del poder”. Este aspecto, continuaba, “contrasta duramente con el hecho de que en España la población afrodescendiente llega a dos millones de personas, según varios cálculos de la sociedad civil”.

En aquel momento, atendiendo al Grupo de Trabajo, las autoridades explicaron que la falta de representación “se debía a las características demográficas de la reciente migración africana y al requisito de poseer la nacionalidad española para ingresar en la administración pública”. Sus argumentos, sin embargo, no convencieron a los expertos de la ONU, que mostraron su “especial preocupación” al respecto.

“Teniendo en cuenta el considerable número de personas de ascendencia norteafricana que hay en España y la intensificación del flujo migratorio que se ha venido produciendo desde los años 90, la infrarrepresentación quizá se deba a prejuicios raciales y perpetúe los estereotipos de los afrodescendientes como migrantes y no como valiosos miembros contribuyentes de la sociedad española”, advirtieron entonces.

El Parlamento Europeo pide medidas a los Estados

En marzo de 2019, el Parlamento Europeo emitió una declaración para proteger los derechos de la población afrodescendiente, que también llamaba la atención acerca de la falta de referentes en las instituciones europeas. “Las personas de ascendencia africana están abrumadamente subrepresentadas en la política y las instituciones legislativas, a nivel europeo, nacional y local en la Unión Europea”, reza el documento.

En su declaración, la cámara comunitaria solicitó a los Estados miembros “el desarrollo de estrategias nacionales contra el racismo que aborden la presencia de personas de ascendencia africana en áreas como educación, vivienda, salud, empleo, policía, servicios sociales, el sistema de justicia, así como la representación política”. Todos los expertos consultados por este medio advierten de que la escasa representación se produce no solo en el caso de afrodescendientes, sino que también afecta a las comunidades gitana, musulmana, asiática y latinoamericana.

“Una victoria del movimiento antirracista”

El historiador Antumi Toasijé, director del Centro de Estudios Panafricanista, ve en el próximo nombramiento de Rita Bosaho una “victoria del movimiento antirracista”. “Normalizar nuestra presencia en todas las instituciones son victorias nuestras, pero también son generales, aunque necesitamos miles de victorias como esta para avanzar realmente”, valora en declaraciones a eldiario.es.

Toasijé echa la vista atrás para contextualizar los orígenes de la batalla de ciudadanos no blancos por sentirse representados en España. Uno de los hechos resaltados por el historiador se remonta a inicios del siglo XVI, con la proliferación de los “estatutos de limpieza de sangre”, unas “disposiciones paralegales” que establecían que para acceder a ciertos espacios se obligaba al candidato “a demostrar que tenía antepasados cristianos”. Con “cristianos”, matiza Toasijé, “se referían a personas blancas, que no tuviesen rastro de los que llamaban negro, moro, gitano... 'malas razas”.

El historiador esboza una conexión con las dificultades con las que, apunta, se chocan las personas no blancas para acceder a las instituciones. “En la actual sociedad española, esos estatutos de limpieza de sangre se ha reconvertido en esa creencia del 'tú acabas de llegar, yo merezco estar aquí antes porque llevo más tiempo aquí”, sostiene Toasijé. “Hoy en día existe una imagen de lo que son los españoles y españolas, pero esta idea de los 'españoles primero' viene de aquella época de la limpieza de sangre”.

En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la asamblea de la ONU en 1965, los países se comprometen a garantizar, sin “distinción de raza (...) u origen” el derecho a participar en el gobierno “y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas”.

Aquí entra la dificultad para demostrar que la falta de representación de personas migrantes o racializadas en las instituciones esconde prejuicios racistas, como alertaba el informe de los Expertos de la ONU. Algunas de las críticas surgidas tras el anuncio de la renuncia de Alba González Sanz y su sustitución por Rita Bosaho, que ha despertado el debate sobre la escasa presencia de personas racializadas en las instituciones, hacen referencia a algunos de los argumentos que ya sonaron hace más de una década con el establecimiento de cuotas de género en las listas electorales: centrarse en los méritos, más allá del sexo o la raza.

“Ante estos casos, se tiende a pensar que la declaración legal de la igualdad supone la igualdad social, son las ideas jacobinas de la igualdad mezcladas con la meritocracia. Desde su punto de vista, ya todas las personas son iguales. Pero una cosa es la ley y otra la realidad del día a día. Es bastante visible que la práctica social en España es racista”, apunta el director del Centro de Estudios Panafricanista, quien recuerda que en el Congreso de los Diputados sólo hay “dos personas de ascendencia africana visible” -Luc André Diouf (PSOE) e Ignacio Garriga (Vox).

Por eso, varios activistas antirracistas defienden la creación de cupos raciales equiparables a su presencia en la sociedad, como los impulsados en 2014 en el empleo público de Brasil. El principal escollo, indican, es la inexistencia de censo centrado en la diversidad étnico racial de la población española, un asunto polémico.

Lucía Mbomio, periodista y activista antirracista, aclara que las denuncias del movimiento no buscan elegir a una persona no blanca en función de su color de piel o de unos rasgos concretos. “No es una cuestión de melanina”, dice la reportera. “Es un error pensar que solo queremos eso. Lo que pedimos es que nos represente alguien que sepa lo que conlleva estar en la lucha antirracista, las necesidades del colectivo, sus logros o sus reivindicaciones, y todo lo que nos tenemos que formar para entender las experiencias que nos pasan o le pasan a otras personas por no ser blancas”, sostiene Mbomio, quien recuerda que esta reivindicación se encuentra más asumida en la sociedad en el caso de la política feminista y LGTBI.

Basha Changuerra, directora de Afroféminas, explica por qué defiende la necesidad de que una persona que haya sufrido racismo esté al frente de una institución que trata de atajar la discriminación. “La experiencia vivida te da una visión más completa, te aporta ciertos matices y sensibilidades que la teoría no puede cubrir”, sostiene la activista.

“El mismo día se anunciaron otros dos nombramientos. La directora del Instituto de la Mujer era una mujer. La persona que se encarga de LGTBI era una mujer lesbiana. Pero la directora de igualdad de trato y diversidad étnico racial era blanca”, destaca. La también escritora recuerda que, desde su creación en 1983, el Instituto de la Mujer ha estado liderado por mujeres. “Solo cuando se trata de igualdad de trato a minorías etnicas raciales parece que no hace falta”, cuestiona.

Changuerra considera que la presencia de los ciudadanos racializados en las instituciones debe ir más allá de los departamentos centrados en políticas antirracistas. “Es importante no solamente que se nos vea en la foto, no somos un trofeo, sino es imprescindible que se nos escuche desde los espacios de toma de decisiones. Nuestras perspectivas son necesarias para aplicar el antirracismo de forma transversal, no solo en politicas sociales”, señala.

Rita Bosaho es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y ha cursado un máster en Identidades e Integración en la Europa Contemporánea. Durante la anterior legislatura, en la que se convirtió en la primera diputada negra en España, siempre permaneció muy cerca de las comunidades racializadas organizadas. Fuentes cercanas a la exparlamentaria explican que la inclusión de la referencia a “étnico racial” en la ya existente Dirección de Igualdad de Trato y Diversidad, para dar más peso al antirracismo en el Ministerio, era una propuesta resultante del trabajo realizado por el grupo de migraciones de Podemos junto a Bosaho.

Para Mbomío, la Dirección liderada por la exparlamentaria de Unidas Podemos se puede traducir en un paso “para hablar de raza”. “Nunca se habla de raza y es importante para entender una serie de diferencias, de violencias que sufrimos por no ser blancas. Dicen que somos iguales, pero no lo somos”.

Alba González Sanz, elegida por Irene Montero para encabezar la nueva dirección general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad, ha decidido renunciar al cargo. Será sustituida por Rita Bosaho, de Unidas Podemos, que en la anterior legislatura se convirtió en la primera diputada negra en el Congreso, según ha confirmado Igualdad a eldiario.es.

González Sanz ha decidido dar un paso atrás porque considera que es “lo más correcto” para evitar el malestar de colectivos antirracistas por el hecho de que tal dirección no estuviera encabezada por una persona racializada.

Según ha podido saber eldiario.es, diferentes activistas antirracistas estaban preparando un comunicado en el que expresaban su descontento por el hecho de que se hubiera elegido para este cargo a una persona que no pertenece a las comunidades afectadas por la discriminación racial. Los colectivos que luchan contra el racismo llevan tiempo reclamando una mayor representatividad en las instituciones españolas, y en los últimos días habían empezado a aflorar en redes sociales las primeras críticas por el nombramiento.

“Si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan”, ha explicado González Sanz en su perfil de Twitter. “Hemos reorganizado el equipo de este Ministerio para que haya una presencia visible de mujeres pertenecientes a colectivos racializados. Eso significa que no asumiré la Dirección General”.

La hasta ahora concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón también ha dicho que “sus funciones y contenido eran más amplios de lo que se ha interpretado, teniendo que ver con la redistribución económica, la paridad y otros aspectos en los que he venido trabajando”. Ese fue, prosigue, el “motivo por el que acepté el puesto, con el empeño de trabajar por la igualdad”.

González Sanz, experta en políticas públicas de igualdad, continuará trabajando dentro del gabinete de la ministra Montero para “el desarrollo de políticas activas que impulsen la economía feminista y la redistribución de la riqueza”, que Igualdad considera algunas de sus “cuestiones transversales”.

Desde el ministerio han enfatizado que con la nueva dirección han tratado de satisfacer una “demanda histórica” de los colectivos de personas racializadas: que las políticas públicas relacionadas con la diversidad étnico racial, dicen, “tengan un lugar propio dentro de la Administración Pública”.

La nueva responsable de la dirección será Bosaho, licenciada en Historia con trayectoria profesional en el ámbito de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, sobre todo en Latinoamérica y África. Fuentes de Igualdad han destacado su “compromiso político reconocido en la lucha contra el racismo y la defensa de los derechos humanos”.

“Deseo mucho ánimo, suerte y buen tino a la compañera que ocupe el puesto, y me pongo a su disposición si en algo puedo serle de utilidad en la tarea, amplia y diversa, que tiene por delante”, ha zanjado González Sanz en la red social.

Es un hecho que en esa realidad plurinacional y diversa que es nuestro país de países, nuestras tradiciones a veces incorporan elementos que, para adaptarse a los tiempos y desde una perspectiva cultural democrática e inclusiva, necesitan hablarse, repensarse y replantearse.

Para la UNESCO, la cultura es un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En este contexto, las festividades forman parte de un patrimonio cultural inmaterial que es tradicional, actual y viviente al mismo tiempo. El patrimonio cultural inmaterial basa su legitimidad y su razón de ser en la capacidad de integrar conocimientos, ser representativo y estar basado en una comunidad. Por lo tanto, es en sí mismo un factor clave en el mantenimiento de la diversidad cultural amparado en una serie de derechos culturales, humanos y constitucionales que se desprenden de la dignidad humana.

Como mujer negra/afrodescendiente yalicantina, deseo contribuir a que este país cuente con un patrimonio cultural vivo, en el cual todas podamos sentirnos parte de la festividad. Para ello, se hace necesario reflexionar, incorporando todas las voces, para discernir sobre las significaciones heredadas y crear la posibilidad de buscar nuevas representaciones que atiendan a la diversidad étnico/racial que hay en nuestra sociedad.

Pienso que este proceso solo tendrá éxito si conseguimos crear un espacio de diálogo fraternal en el cual HABLEMOS, ESCUCHEMOS e interpelemos a nuestros vecinos y vecinas, a la gente que participa y se implica en nuestras fiestas y a aquellas voces críticas de la comunidad afrodescendiente y africana que quieren verse dignamente representadas para conseguir que nuestras fiestas populares sigan teniendo ese significado comunitario, y de esta manera, vivirlas, participar y emocionarnos con ellas.

En una sociedad plural como la nuestra, incorporar nuevas ópticas debe servir para enriquecer la fiesta e integrar a todas las que formamos parte de esta sociedad. Recordemos que no hace mucho en las fiestas sólo podían ser pajes los hombres, y gracias a la reformulación de la tradición, hoy también participan mujeres.

La comunidad africana y afrodescendiente de España ha querido entablar una conversación que no se agota aquí, que debe crecer para fomentar la creación de marcos, tanto legislativos como sociales, que tengan en cuenta la diversidad étnico- racial como una realidad política y social de nuestro país.

Estoy segura de que la inmensa mayoría de nuestras gentes desean un patrimonio cultural que contribuya al reconocimiento y disfrute de derechos humanos, culturales y constitucionales para todas las personas, ya sean blancas, afrodescendientes, o de cualquier otro origen étnico-racial presente en nuestra sociedad. Desde el diálogo, la convivencia, el respeto y, como decía al inicio, DESDE EL CORAZÓN.

El análisis de la situación actual de la Comunidad Valenciana pasa por señalar directamente aquellos componentes de la trama valenciana. El bloque restaurador, liderado por el Partido Popular, ese mismo, de los casos: Gürtel, Fabra, Blasco, Taula y así un largo etcétera; dan rostros y nombres a la oligarquía anti-valenciana que ha llevado a cabo durante 20 años, el expolio de nuestras riquezas culturales y materiales, la degradación de la esfera pública a través de políticas neoliberales de saqueo y austeridad. Ahora le toca a Mariano Rajoy dar explicaciones en uno de sus llamados “casos aislados”, mientras tanto, varios de los grandes cargos del PP lo escucharán desde diferentes cárceles; una de ellas, con un nuevo inquilino, Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre. Sin olvidar el amparo de otros grupos políticos como Ciudadanos y el propio PSOE que hacen de columnas para que se siga sosteniendo el PP.

En contraposición a la trama corrupta se encuentra el bloque del cambio, en el que nuestro partido Podemos asume un papel central, pero no exclusivo, conformado también por esas mayorías sociales que llevan años luchando contra las medidas de privatización de los sectores estratégicos públicos, articulando movilizaciones ciudadanas anti-neoliberales de defensa de lo social. También, son parte aquellos partidos aliados que buscan contrarrestar el deterioro social, económico y político de los 20 años de gobierno del Partido Popular. Acabamos de ser testigos de una muestra más del trato injusto hacia la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado presentados para el ejercicio del 2017, donde nuestra comunidad recibe un 33% menos que en el 2016. Obrint Podem se posiciona contra estos presupuestos que atentan contra los derechos sociales de las valencianas y los valencianos. Esta es una gran oportunidad para ver dónde se sitúa el PSPV, si en servir al pueblo valenciano o servir los intereses de la trama que ha secuestrado el PSOE y maniobra para asfixiar económicamente a la Generalitat.

Es una idea prioritaria de nuestro documento político reforzar el protagonismo de los movimientos sociales para desarrollar estructuras ciudadanas de carácter constituyente que posibiliten a corto, medio y largo plazo, la implementación de políticas de profundización democrática radical. En la que la ciudadanía ejerza una función protagónica en la tarea de un proyecto político emancipador que integre el feminismo popular, anti-capitalista y solidario con todas las mujeres trabajadoras, sus familias y entornos afectivos en todo el mundo.

En la estrategia de poner en marcha una corresponsabilidad en los trabajos: ámbitos laborales y de cuidados, queremos impulsar dos cambios estructurales:

La reorganización de los tiempos de vida y trabajo para romper la brecha de género existente en los cuidados.

La atención y cuidado de la sostenibilidad ambiental abandonando sectores extractivos y depredadores de los recursos naturales y de los ecosistemas que sostiene la vida, por ello, las instituciones públicas deben convertirse en dinamizadoras de la economía valenciana, tanto en actividades públicas como privadas, que ofrezcan productos y servicios de alto valor añadido.

Revertir las privatizaciones llevadas a cabo por las políticas neoliberales de la trama valenciana es una de las tareas por las cuales estamos en las instituciones. Desde ellas debemos dar un golpe directo al modelo privatista que se implantó en el ámbito de la educación, no podemos hacer políticas improvisadas en un campo tan importante como es el de la educación para la transformación social, para el avance de las clases populares en la defensa de los derechos sociales. Tenemos que avanzar juntas en crear mecanismos de participación democrática, en descentralizar y corresponsabilizar a los agentes educativos en los procesos de toma de decisiones en los centros. Queremos una educación laica, feminista, intercultural, es decir, para todas y todos, es la hora de defender su carácter público y transformador.

A pesar de algunos cambios que se han producido con el gobierno actual, necesitamos profundizar en la desprivatización de los servicios sanitarios, cuyo punto de resistencia ha sido liderado por las sanitarias y sanitarios públicos, quienes son las primeras que entienden que la gestión pública es más eficiente y efectiva. Tenemos que llevar a cabo las medidas urgentes que requiere la atención de las personas en situación de dependencia y de sus familias, especialmente el de las mujeres, sobre las que recae mayormente el peso de los cuidados, acompañadas por un aumento de la partida presupuestaria para cubrir todas las prestaciones relacionadas con la dependencia.

El patrimonio cultural que atesora la Comunidad Valenciana debe ser protegido por las instituciones y los poderes públicos. Por su carácter político, geográfico, histórico, literario y social, el valenciano, supone un rasgo de identidad que debe ser abanderado con vehemencia desde las instituciones públicas, desde el partido constituyente que queremos. En nuestras escuelas e institutos, en los barrios, en las televisiones públicas, en los centros culturales y en nuestros círculos como espacios de politización y formación que son, se debe fomentar la defensa de nuestra riqueza cultural, la cultura nunca puede ser un privilegio.

La defensa de una organización que luche contra el antigitanismo, la islamofobia, el racismo y la xenofobia son líneas prioritarias para el Podem que queremos construir. Tenemos la tarea fundamental de reforzar los mecanismos institucionales existentes que se dedican a la lucha contra la discriminación racial/étnica y xenófoba y que el partido se convierta en un espacio seguro donde no se reproduzca ninguna actitud discriminatoria por razón de etnia/raza.

Ya formamos parte de la declaración de las Cortes Valencianas para instar al gobierno al cierre del CIE de Zapadores, lugar que nos avergüenza como defensoras de los derechos humanos. Hicimos fuerza para la devolución de la sanidad a las personas migrantes indocumentadas, condenamos las identificaciones de la policía por perfil étnico/racial, somos una región de acogida para refugiados, etc., medidas que sin duda marcan el camino, pero que siguen siendo insuficientes.

Nuestro planteamiento político se rige por estos puntos programáticos esbozados, y unos cuantos más que se quedan fuera por cuestión de espacio. Podem debe ser un partido constituyente, Podem debe ser una herramienta política al servicio del movimiento popular. Puesto que, tanto el PSPV, con el posicionamiento de Ximo Puig a favor de una de las caras que forman el bloque restaurador, Susana Díaz, así como el papel de Compromís, atrapado en la lógica institucional y en las vacilaciones de sus principales líderes, hace que Podem tenga la necesidad imperiosa de adquirir el papel principal, que no exclusivo, de vertebrar la profundización del cambio en nuestra comunidad. No es simplemente soñar…, si no tener un País Valencià con derechos sociales, un País Valencià de una economía de valor añadido con perspectiva de sostenibilidad medioambiental, de un País Valencià en el que se descentraliza el poder hacia lo local, de un País Valencià feminista, libre de racismo, xenofobia, libre de antigitanismo e islamofobia, un País Valencià con identidad propia en el que todas las personas tengan derechos, un País Valencià para las mayorías sociales.

Para lograr muchos de los objetivos que están presentes en este artículo se hace necesaria una actitud muy vigilante en el cumplimiento del contenido y los plazos acordados en el Pacto del Botánico. Siendo una de las claves, la implicación de la sociedad civil organizada, los movimientos sociales y la ciudadanía en general en la defensa de lo acordado e incluso llevando, por no permitirlo los límites de acción de las instituciones, los mecanismos democráticos para la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía valenciana.

Desde que la constitución de la Organización Mundial del Comercio y su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sentaron las bases del actual sistema de patentes, éste se ha mostrado poco efectivo a la hora de desarrollar innovaciones centradas en las necesidades de la población, así como ineficiente e injusto por la centralidad del beneficio económico en el sistema actual de innovación biomédica.

En efecto, los precios no reflejan ni el valor terapéutico del producto ni los costes de I+D, sino que vienen fijados por criterios de marketing. Parece evidente que la forma de fijar los precios de un medicamento, cuya función, no lo olvidemos, es salvar vidas, no debería obedecer a los mismos criterios que otros mercados de bienes o servicios como el de televisores o muebles. Existe en definitiva un abismo moral entre el precio de un medicamento y el coste de su producción, reconocido incluso por algunos altos ejecutivos de la industria como Mike Kelly, CEO de Kantar Health: “El coste de producción de un medicamento es ínfimo en comparación con su precio de mercado”.

En los últimos años, el sistema fallido de innovación biomédica, que antes parecía afectar solamente a los países de rentas medias-bajas y bajas, ha comenzado a afectar también a los países de rentas medias-altas y altas, con el claro ejemplo de los nuevos medicamentos de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, o los nuevos medicamentos antitumorales, cuyos elevados precios ponen en riesgo la sostenibilidad y la solvencia de los sistemas sanitarios públicos de estos países.

El problema de fondo es que, al aplicar las leyes del mercado al sector farmacéutico, aparece lo que en la industria se califica como “fallos de mercado”, y que en realidad significa miles de vidas perdidas por culpa de las llamadas “enfermedades desatendidas” como el chagas, ébola y zika. Estos “fallos de mercado” están también en el origen de una de las mayores crisis de salud global a las que nos enfrentamos: la resistencia microbiana a antibióticos. La industria farmacéutica ha destinado pocos recursos al desarrollo de una nueva generación de antibióticos porque estos tratamientos tienden a ser cortos y no les ofrecen la rentabilidad de las enfermedades crónicas.

¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacer frente a un sistema que está diseñado para que los beneficios económicos sean los que guíen la investigación y desarrollo de nuevos fármacos? ¿De qué manera visibilizar los esfuerzos de investigación que se hacen con dinero público para que reviertan en un mejor acceso de la población a los medicamentos? ¿Cómo eliminar los rastros de corrupción dentro de la negociación-imposición de los precios de los medicamentos? ¿Cómo hacer que el acceso a los medicamentos como parte del derecho a la salud se conjugue con la existencia de incentivos que animen a la investigación de nuevos medicamentos?

Las respuestas a todas estas preguntas no son sencillas, pero al menos son preguntas que ya están siendo reconocidas, no sólo como legítimas, sino también como piedra angular de las políticas de innovación y legislación sobre medicamentos en los próximos años dentro de la Unión Europea y los Estados Miembros. Un informe publicado y presentado por los ministros de sanidad de Holanda y Bélgica concluyó que “mientras que generalmente se aceptan y reconocen los retos, no hay consenso en torno a si los elevados precios son resultado de una lógica de políticas de precio mal concebidas, un fracaso más generalizado de todo el sistema de desarrollo de medicamentos, o incluso resultado de valores y principios deshonestos sobre los que reposa el sistema de desarrollo de medicamentos”.

Este jueves el Parlamento Europeo ha votado un informe titulado Opciones para mejorar el acceso a medicamentos. En él se reconoce la necesidad de reformar el modelo actual de innovación en biomedicina para que responda a las necesidades reales de salud pública. A pesar de ser un paso en la dirección adecuada, queda mucho camino por recorrer, ya que aunque la UE tiene una oportunidad de oro para situarse a la vanguardia de la lucha por un modelo más justo, se enfrenta al modelo anacrónico e insolidario guiado por los criterios de mercado.

Diferentes colectivos de la sociedad civil se han esforzado para que dicho informe recogiera una apuesta real por la transparencia en los procedimientos de fijación de precios, por la introducción de criterios de interés público en la distribución de ayudas de investigación y por la creación de un nuevo marco de investigación biomédica que deje atrás el sistema de patentes y se centre en las necesidades en salud y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Sin embargo, la presión de la industria y de colectivos que siguen viendo en el ámbito del medicamento una oportunidad para vehiculizar importantes oportunidades de negocio hacen que esto no sea tan sencillo.

Con este artículo queremos clarificar cuáles creemos que han de ser los pilares fundamentales en los que se base un modelo de innovación biomédica que sirva para facilitar el acceso a los medicamentos y mejorar la salud de la población:

Transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de investigación, tanto con fondos públicos como privados, con importancia nuclear de las políticas de declaración y control de los conflictos de interés, así como de las políticas de publicación de datos en abierto para la potenciación del conocimiento compartido.

Fijación de criterios de interés público en el establecimiento de las líneas estratégicas de la Unión Europea y los estados miembros.

Impulso a la investigación con fondos públicos, vinculándola en su diseño a la detección de necesidades y facilitando los procesos de traslación a su aplicación clínica. En la actualidad, la investigación y desarrollo con fondos privados parasita a la realizada con fondos públicos, no viéndose representada esta última en la fijación de precios de medicamentos que, aunque en sus fases finales se hayan desarrollado por parte de la industria farmacéutica privada, se gestaron en sus fases de investigación básica a partir de fondos públicos. La realidad es que los europeos pagan dos veces por sus medicamentos: una a través de sus impuestos y otra cuando los compran.

Diseño de herramientas estandarizadas de cálculo de los costes de investigación y fabricación de medicamentos, de modo que el establecimiento de los precios no dependa de las cantidades dadas de forma unilateral por la industria fabricante de dichos productos.

Establecimiento de mecanismos de transparencia en la negociación y la fijación de precios de medicamentos; impulso a los procesos de compras comunes que logren disminuciones de los precios unitarios y la desvinculación de estos con los costes de producción (fabricación e investigación).

El desarrollo de estas medidas ha de hacerse monitorizando su impacto sobre la equidad y su distribución basada en la cobertura de las necesidades en salud de la población, sin convertir a los pacientes en el combustible de un sistema que hasta ahora se ha centrado en maximizar beneficios centrándose en las necesidades de rentabilidad y no de salud.

Hablando en plata, el actual sistema de innovación en biomedicina descansa habitualmente sobre resultados científicos manipulados, tiende a impedir la innovación derivada, obedece a principios de confidencialidad que privan al proceso científico de transparencia. Es, además, masivamente derrochador debido a la ausencia de datos compartibles, el solapamiento de investigación clínica y el derroche de gasto en marketing en detrimento de la I+D. Tal y como afirma Ian Chalmers, fundador de la Cochrane Collaboration, “más del 85% de los recursos invertidos son desperdiciados por causas prevenibles”.

Además, los conflictos de interés permean todo el proceso de desarrollo, aprobación y marketing de nuevos medicamentos. Puesto que el 89% de los fondos de la Agencia Europea de Medicamentos dependen de las tasas cobradas a la industria farmacéutica, no es sorprendente que muchos altos funcionarios de la EMA sean producto de “puertas giratorias”. La situación es tan grave que la Defensora del Pueblo Europeo ya ha expresado su preocupación y comenzado a investigar.

También las asociaciones de profesionales de la salud, e incluso de pacientes, son cortejados por la industria farmacéutica. El propio Consejo de Europa se ha quejado sobre los “efectos nocivos de la interacción entre la industria farmacéutica y los responsables de tomas de decisiones políticas en el sector de la salud”.

Cientos de lobistas de la industria ejercen una influencia asfixiante sobre las políticas públicas y menguan los esfuerzos de los defensores de la salud pública y representantes de la sociedad civil. Es urgente que se ponga la transparencia, la investigación pública y las necesidades en salud de la población en el centro del modelo de innovación biomédica y de la introducción de las innovaciones farmacéuticas en los sistemas públicos de salud, pero esto no se logrará manteniendo el actual marco de poder existente entre la Unión Europea, los estados miembros y las diferentes industrias que juegan un papel destacado en este ámbito. Para lograrlo es fundamental generar cambios dentro de los repartos de poder; las instituciones públicas han de hacer uso de posiciones dominantes de poder respecto a la industria farmacéutica, no solo por la institución, sino principalmente por las personas a las que representan. Las patentes no pueden estar por delante de los pacientes, así como el lucro no puede estar por delante de las necesidades en salud.

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Lola Sánchez Caldentey, diputada del Parlamento Europeo por Podemos.

Marta Sibina Camps, diputada por Barcelona G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Rita Bosaho Gori, diputada por Alicante G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La senadora Pilar Lima i les diputades en el Congrés Rita Bosaho i Àngela Ballester són les valencianes que formen part de la nova direcció de Podemos, el consell ciutadà estatal, després del triomf de Pablo Iglesias en Vistalegre 2.

Txema Guijarro, diputat per Alacant encara que va nàixer, va estudiar i viu a Madrid, també ha sigut triat. Com Lima i Bosaho, anava en la llista d'Iglesias. Ballester, que repeteix en l'òrgan, serà l'única valenciana identificada amb Íñigo Errejón en el consell. De les llistes d'Errejón, s'han quedat fóra Rosana Pastor, diputada en el Congrés, i Fabiola Meco, diputada en les Corts Valencianes.

Meco és la mà dreta del secretari general de Podem en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, qui va comparar el 'cesarisme' d'Iglesias amb el de Franco. Està per veure com afecta la derrota d'Errejón al partit en la Comunitat Valenciana, també dividit en faccions i amb un sector molt crític amb Montiel i el seu nucli dur, arrenglerat amb el gran derrotat en l'assemblea de Vistalegre.

La senadora Pilar Lima y las diputadas nacionales Rita Bosaho y Àngela Ballester son las valencianas que forman parte de la nueva dirección de Podemos, el consejo ciudadano estatal, tras el triunfo de Pablo Iglesias en Vistalegre 2.  

Txema Guijarro, diputado por Alicante aunque nació, estudió y vive en Madrid, también ha sido elegido. Como Lima y Bosaho, iba en la lista de Iglesias. Ballester, que repite en el órgano, será el único valenciano alineado con Íñigo Errejón en el consejo. De las listas de Errejón, se han quedado fuera Rosana Pastor, diputada en el Congreso, y Fabiola Meco, diputada en las Corts Valencianes.

Meco es la mano derecha del secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, quién comparó el cesarismo de Iglesias con el de Franco. Está por ver como afecta la derrota de Errejón al partido en la Comunidad Valenciana, también dividido en facciones y con un sector muy crítico con Montiel y su núcleo duro, alienado con el gran derrotado en la asamblea de Vistalegre.

He luchado para que la aceptación que tengo hacia los demás sea la misma que se tenga conmigo, aunque no siempre es así, tampoco en el Congreso

Ojalá esos prejuicios desaparezcan sea cual sea el color de las siglas del partido o la piel de sus señorías

Soy mujer, negra, feminista, diputada por Alicante y milito en Podemos. Convivo con muchas identidades y se supone que tendría que reconocerme en todas ellas, pero a menudo no es así. Me rebelo e insisto en la práctica radical “por encima de la identidad pura y simple”, como aboga la filósofa y activista afroamericana Ángela Davis.

La creación de las categorías es perversa porque genera doble o triple desprotección dentro de los propios sistemas de subordinación, por eso mis luchas como mujer negra son innumerables. A ellas me debo de por vida y ahora además me debo como diputada. Dígase, racismo, machismo, transfobia u homofobia, existen y siguen siendo los eslabones del sistema económico actual y de una sociedad patriarcal. Es muy difícil alcanzar la paz social y la igualdad si no logramos la transformación que postula Davis, cuando dice que “es más importante por tanto, lo que hacemos para facilitar la transformación radical que cómo te imaginas que eres”.

Como primera diputada negra que ocupa un escaño en el Congreso no imagino cómo soy pero si me reconozco desde las categorías creadas a partir la desigualdad y la injusticia. Tal vez porque no hay un encaje teórico que responda a las demandas que me harían sentirme cómoda y también por una cuestión básica de empoderamiento personal y de posicionamiento en la sociedad.

A lo largo de mi vida, he tenido que dar muchas explicaciones de quién era y por qué vine aquí sin haber nacido aquí, pero nadie jamás me ha preguntado qué aporto a mi sociedad de acogida y qué me aporta el vivir en primera persona un intercambio de culturas. A menudo tengo la sensación de que muchos matices se pierden en el camino al deparar más en las cosas que nos separa que en aquello que nos une a las personas, a las culturas y los pueblos.

Desde que tengo conciencia ideológica he intentado trabajar implementando fórmulas en militancias múltiples y con ellas he tratado de mirar al mundo que me rodea. He luchado para que la aceptación que tengo hacia los demás sea la misma que deseo se tenga conmigo a la hora de tratarme, aunque soy consciente que no siempre es así. Percibo que lo mismo ocurre en el Congreso.

Los acontecimientos que se han ido sucediendo en un espacio de tiempo tan relativamente corto los vivo con pasión y emoción y a medida que transcurre el tiempo noto como le voy cogiendo el pulso al trabajo parlamentario. Pienso que hay que estar en todos los niveles de las instituciones para cambiarlas porque es el mandato que hemos recibido de la ciudadanía.

El 2016 ha supuesto para mí una etapa muy intensa tanto en lo personal como en lo político. Anteriormente a la llegada de Podemos había participado de una manera muy activa en movimientos sociales, pero la experiencia como diputada me ha permitido comprobar la gran responsabilidad que entraña representar a los millones de hombres y mujeres que nos han votado.

Sería para mi una gran satisfacción acabar la legislatura habiendo contribuido desde la formación morada a abrir nuevas vías para que la realidad de la diversidad y las minorías étnicas y culturales que forman parte del mosaico de nuestro país quedasen representadas de manera mucho más normalizada.

Si el Congreso debe ser el reflejo de la sociedad tiene todo su sentido que el sentir y el ser que tenemos los diputados y diputadas en la calle lo traslademos también al Parlamento, aún a sabiendas que en muchos casos la educación es sesgada, que los comportamientos son hipócritas y que sigue habiendo en muchas mentes estereotipos no exentos de convencionalismos. Ojalá que esos prejuicios desaparezcan sea cual sea el color de las siglas del partido o el color de la piel de sus señorías.

Rita Bosaho es la primera diputada de raza negra que se va a sentar en el Congreso español. Será diputada nacional tras ser elegida como cabeza de lista de Compromís-Podem por Alicante. Trabaja como técnica sanitaria y todavía está en activo, hasta que su nombramiento sea oficial. Pidió 15 días de permiso en su trabajo para poder hacer la campaña electoral y sus compañeros le han cambiado turnos para poder ejercer de política. Española, nació en Guinea Ecuatorial tres años antes de la independencia del país. Es activista pro derechos humanos y de las mujeres. 

¿Es un avance o una anécdota que entre en el Congreso como diputada la primera mujer negra?

Desde luego muchas cosas deben cambiar si aún llama la atención que una persona de raza negra, hispanoguineana, porque culturalmente soy española, sea diputada. Es una muestra de que hace falta que esta sociedad avance.

¿Se siente un símbolo o una cuota?

No. Por otra parte, las cuotas deben existir. Las mujeres no estamos representadas, ni tampoco las minorías, y hay colectivos que no tienen voz.

Así que propone también cuotas para minorías.

Es una cuestión seria que requiere sentarse y trabajar. Pero por supuesto apoyo cualquier trabajo que nos ayude a que nos sintamos representados y parte de la sociedad.

Dicen algunos artículos que usted será la primera “diputada de color”.

¿Y dicen qué color? [Risas]. No quiero contestar con una ironía, pero no hay problema en decir que soy mujer y negra, hispanoguineana. Me reconozco en varias identidades y lo llevo con muchísimo orgullo.

¿El miedo a decir “negro” revela algunos prejuicios?

En la sociedad hay una carga de prejuicios y hay que combatirlos. Hay falta de aceptación con las pequeñas minorías. Hay que trabajar para mejorar.

¿Cómo lo va a hacer desde el Congreso?

Tengo una gran preocupación por los derechos humanos. También por que la violencia de género sea una cuestión de Estado o el blindaje de los derechos sociales. En nuestro programa tenemos propuestas muy interesantes de inmigración. Yo voy a trabajar con mi partido en todos los asuntos que son clave para nosotros y nuestro programa, no solo en cuestión de minorías.

¿Qué balance haría de la legislatura que ha acabado en temas de inmigración?

Las propuestas del PP no han sido buenas, los asuntos relativos a la inmigración no se resuelven con concertinas ni gastando presupuesto en pelotas de goma. Tenemos la necesidad de rescatar a las personas para que no tengan que salir de sus países. Todo ello basándonos en respetar los derechos humanos.

¿Desde su escaño, va a pedir a Rajoy que no vuelva a reunirse con el dictador de Guinea, Teodoro Obiang?

A mí me gustaría que de una vez por todas el Gobierno español tuviera unas relaciones con el gobierno de Guinea pensando en términos de derechos humanos y libertad, y de momento no están disfrutando en ese país de ninguno de los dos. Desde que Guinea tuvo la independencia de España no ha tenido un solo día de libertad. Habrá que ver qué relaciones se establecen con gobiernos dictatoriales.

¿Contempla la posibilidad de la gran coalición PP-PSOE para la legislatura en la que se estrena?

Se ha acabado el bipartidismo y la época del turno. Estas elecciones están empujando la nueva transición española y se abre un debate marcado por el cambio. Quien no entienda que este país es diverso y plurinacional no ha entendido nada. Si el PSOE hiciera eso, estaría entregando el gobierno al PP y la ciudadanía nos ha pedido otras cosas. Ambos partidos sumaron el 80% de votos en 2011 y ahora no superan el 50%. Eso quiere decir algo.