En cinco años, RedMaraña ha pasado de ser una iniciativa de colaboración cultural a convertirse en un espacio de encuentro entre ayuntamientos, profesionales, asociaciones y universidades populares de la provincia de Badajoz. Impulsada por la Diputación de Badajoz y la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), la red conecta experiencias, favorece el intercambio de conocimientos y explora nuevas formas de incorporar la cultura a las estrategias de desarrollo rural.

Desde su primer encuentro en Zafra, en noviembre de 2022, RedMaraña ha recorrido distintas comarcas de la provincia y ampliado sus ámbitos de trabajo, desde la gestión del patrimonio hasta la participación ciudadana y la cultura comunitaria. Su principal apuesta es que los municipios no afronten de forma aislada los desafíos del medio rural, sino que compartan recursos, aprendizajes y proyectos.

La iniciativa se articula como una estructura de cooperación que busca superar los encuentros puntuales y generar relaciones duraderas entre instituciones, profesionales y ciudadanía. Cinco años después de su puesta en marcha, el balance permite examinar qué ha aportado esta fórmula de trabajo, qué herramientas ha generado y qué posibilidades abre para el futuro de la cultura en el medio rural.

La propia denominación del proyecto resume su filosofía. Frente a la idea convencional de una red integrada por actores que colaboran de manera puntual, RedMaraña se define como una “red de redes”, un entramado estable de relaciones en el que confluyen ayuntamientos, asociaciones, gestores culturales, universidades populares, empresas creativas y ciudadanía organizada. Su objetivo va más allá de coordinar programaciones o intercambiar experiencias: busca generar vínculos duraderos capaces de fortalecer el tejido social y construir proyectos compartidos desde y para el territorio.

“Una maraña es algo mucho más compacto y difícil de romper”, ha explicado en distintas ocasiones Carmen Hernán, presidenta de AGCEX y principal impulsora técnica de la iniciativa. La imagen no es casual. Frente a estructuras rígidas o relaciones esporádicas, la maraña simboliza una red viva en la que cada actor refuerza al resto. La idea consiste en crear conexiones permanentes entre instituciones, profesionales y ciudadanía para que la cultura deje de entenderse como un servicio complementario y ocupe un lugar estratégico en las políticas públicas y en el desarrollo de los municipios.

Cultura como respuesta al reto demográfico

Desde su origen, RedMaraña ha situado el reto demográfico en el centro de su discurso. La hipótesis de partida es que los territorios rurales no solo necesitan infraestructuras o incentivos económicos para retener población, sino también proyectos capaces de generar participación social, oportunidades profesionales y sentimiento de pertenencia.

La Diputación de Badajoz asumió desde el principio esta visión. Durante la inauguración del primer encuentro se defendió el carácter imprescindible de los gestores culturales y se reivindicó la cultura como motor de transformación económica y social. También se subrayó que desde pequeñas localidades extremeñas pueden surgir iniciativas capaces de alcanzar un reconocimiento internacional, rompiendo los prejuicios que tradicionalmente han asociado innovación y creatividad a los grandes núcleos urbanos.

Esta visión conecta además con los principios de la Agenda 2030 y con distintas estrategias de dinamización territorial impulsadas en la provincia. La cultura aparece vinculada así a objetivos tan diversos como la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad, la participación ciudadana, la innovación y la mejora de la calidad de vida.

La aprobación del Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023-2027, presentado durante el segundo encuentro celebrado en Almendralejo, reforzó este planteamiento. El documento apuesta por una programación cultural equilibrada y accesible en toda la provincia, independientemente del tamaño de cada localidad, y consolidó la idea de la cultura como un derecho de ciudadanía y un instrumento de desarrollo.

Cinco encuentros para construir una red

La evolución de RedMaraña puede seguirse a través de sus encuentros anuales, auténticos espacios de reflexión, formación e intercambio de experiencias que han recorrido distintas comarcas de la provincia.

La primera edición permitió sentar las bases del proyecto. El encuentro supuso además el reencuentro presencial del sector cultural tras la pandemia y sirvió para identificar retos comunes, compartir diagnósticos y definir las grandes líneas de trabajo que marcarían el futuro de la red: lucha contra la despoblación, fortalecimiento profesional, desarrollo comunitario y construcción de alianzas estables.

Un año después, Almendralejo acogió la segunda edición. Más de 80 agentes procedentes de administraciones públicas, asociaciones, universidades, empresas y entidades culturales participaron en unas jornadas que evidenciaron el crecimiento de la iniciativa. Fue también el momento en que comenzaron a materializarse algunos de sus resultados, con ocho comarcas implicadas en procesos de diagnóstico y detección de necesidades culturales.

Las visitas técnicas a The Glow Animation Studio y al Museo de las Ciencias del Vino permitieron mostrar cómo las industrias creativas, el patrimonio y la innovación cultural pueden generar actividad económica y empleo en territorios alejados de los grandes centros de producción cultural.

La tercera edición, celebrada en Guareña en 2024, marcó un salto cualitativo en la madurez metodológica del proyecto. El debate dejó de centrarse únicamente en la creación de alianzas para profundizar en cuestiones más especializadas como la gestión del patrimonio arqueológico, la planificación estratégica, la comunicación cultural o las metodologías participativas.

Las jornadas incluyeron visitas al Centro de Interpretación Tarteso y al laboratorio ciudadano de Casas del Turuñuelo, además de mesas de trabajo orientadas a explorar nuevas formas de gestión y aprovechamiento social del patrimonio histórico.

La cuarta edición, desarrollada en Mérida, simbolizó la consolidación institucional de RedMaraña. El encuentro permitió estrechar la relación entre las dinámicas impulsadas desde los municipios y los espacios de decisión autonómicos, reforzando la interlocución entre el trabajo de base y las políticas culturales regionales.

Finalmente, Barcarrota ha acogido este año el quinto encuentro bajo el lema De Zafra a Barcarrota: cinco años del Encuentro RedMaraña. La cita ha servido para realizar un balance del primer lustro de actividad y abrir nuevas líneas de trabajo vinculadas a la cultura comunitaria, la salud, el bienestar colectivo y la participación en la Red Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria y Rural, ampliando así el horizonte de actuación de la iniciativa.

Un ecosistema de actores públicos y ciudadanía

Uno de los aspectos más singulares de RedMaraña ha sido su capacidad para reunir perfiles muy diversos alrededor de objetivos compartidos.

El proyecto ha contado con la implicación continuada de responsables de la Diputación de Badajoz, alcaldes, concejales y representantes de distintas administraciones locales. Junto a ellos han trabajado profesionales de la gestión cultural, personal técnico de mancomunidades, universidades populares, entidades patrimoniales, asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos.

Para Carlos Delgado, alcalde de Valverde de Burguillos, una localidad de apenas 270 habitantes, la red representa una oportunidad para conectar con otras poblaciones y entidades que muchas veces desarrollan proyectos similares sin llegar a conocerse. “Es una oportunidad para mejorar todo lo que desarrollamos, establecer contactos y crear sinergias con muchas asociaciones, ayuntamientos y otros pueblos que, sin esta red, no sería posible”, explica.

La experiencia de Patricia Miranda Toral, de la Universidad Popular de Oliva de la Frontera, ilustra también el alcance de la iniciativa. Ha participado en tres de los cinco encuentros celebrados por RedMaraña y, durante una de las mesas redondas, presentó la Pasión Viviente como proyecto cultural y ejemplo de participación ciudadana, así como la Ruta de los Contrabandistas.

Según explica, la red ha supuesto una oportunidad para compartir experiencias y establecer colaboraciones entre territorios. Considera además que estos espacios permiten visibilizar el trabajo cultural desarrollado en cada municipio y dar a conocer el papel que desempeñan las universidades populares como motores de participación y dinamización social.

Miranda destaca especialmente la posibilidad de aprender de otras experiencias y generar vínculos que ayuden a mejorar proyectos y encontrar apoyos para nuevas iniciativas. “Los pueblos tenemos mucho que aportar: desde el ámbito rural se generan proyectos, actividades y formas de participación ciudadana que contribuyen al desarrollo social y cultural de nuestros municipios y pueden servir de inspiración para otros territorios”, afirma. En su opinión, formar parte de RedMaraña fortalece el sentimiento de pertenencia a una comunidad más amplia y contribuye a reivindicar la cultura, la formación y la participación como herramientas esenciales para construir pueblos más dinámicos, democráticos y capaces de generar oportunidades.

Una visión muy similar comparte Beatriz Hernández Gómez, gestora cultural de la Mancomunidad Río Bodión, integrada por Medina de las Torres, Valencia del Ventoso y Valverde de Burguillos. Para ella, RedMaraña es “un salvavidas contra la soledad profesional y un motor de cohesión para nuestro territorio rural extremeño”.

“Supone conectar territorios y tejer una red humana y profesional de la que sentirnos parte. Significa no estar aislados, sino encontrarnos con compañeras y compañeros que comparten las mismas inquietudes, los mismos retos y la misma pasión por dar vida a nuestros pueblos”, explica.

A su juicio, la red funciona además como un espacio permanente de apoyo y formación. “RedMaraña nos da herramientas, visibilidad y respaldo institucional; nos fortalece frente a la fragilidad del medio rural y dota a nuestra labor de un sentido colectivo”, señala.

“En definitiva, para mí RedMaraña es la prueba de que la cultura en el medio rural no es un desierto, sino una red viva, colaborativa y llena de tejido social que sostiene, cohesiona y da dignidad a nuestros pueblos”, concluye.

El liderazgo técnico de AGCEX ha resultado fundamental para mantener viva esta estructura durante estos cinco años. Junto a Carmen Hernán, figuras como Ana Toro, coordinadora de RedMaraña, y Fernando Pascual, gestor cultural de la Mancomunidad Guadiana, han desempeñado un papel destacado en el diseño metodológico, el seguimiento de los procesos participativos y la construcción de espacios de encuentro entre profesionales y ciudadanía.

La incorporación de especialistas externos ha ampliado además el alcance del proyecto. Investigadores, arqueólogos, mediadores culturales, consultoras de innovación social y representantes de asociaciones profesionales de otras comunidades autónomas han contribuido a enriquecer los debates y a incorporar nuevas perspectivas sobre el desarrollo cultural del medio rural.

Para Manuel Candalija, director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación de la Diputación de Badajoz, RedMaraña responde a la necesidad de “mejorar la cooperación cultural entre los municipios de la provincia”, atendiendo a las diferencias de recursos y capacidad entre localidades grandes, pequeñas e intermedias.

“La principal fortaleza es seguir promoviendo el trabajo conjunto y la profesionalización del sector, con contratación de gestores culturales y empresas especializadas, además del intercambio de experiencias”, señala. En su opinión, el programa debe garantizar la continuidad de las iniciativas e integrarlas en las políticas culturales provinciales y locales. “El éxito se basa en mejoras reales para los municipios y la ciudadanía. Que los alcaldes vean que pertenecer a RedMaraña es positivo para sus localidades hace que el proyecto tenga una larga duración”, concluye.

Casos de éxito: de la arqueología a la animación internacional

La fortaleza de RedMaraña no se mide únicamente por la celebración de sus encuentros. Su principal valor reside en la capacidad para visibilizar y conectar experiencias que ya estaban transformando la realidad rural extremeña.

Uno de los ejemplos más recurrentes ha sido The Glow Animation Studio, la productora de Almendralejo que participó en la creación de Buñuel en el laberinto de las tortugas, una obra reconocida con algunos de los principales galardones del cine europeo e iberoamericano. El estudio se ha convertido en un símbolo de la capacidad de generar industria cultural de alto nivel desde una ciudad alejada de los grandes centros audiovisuales del país.

Patrimonio arqueológico

También el patrimonio arqueológico ha ocupado un lugar destacado en las reflexiones de la red. Las investigaciones sobre Tarteso desarrolladas en Casas del Turuñuelo, junto con las experiencias de divulgación impulsadas desde Guareña, Alconchel o Alburquerque, han demostrado cómo la investigación científica puede convertirse en un recurso cultural, educativo, turístico y económico para los municipios.

Las iniciativas vinculadas a la igualdad y la participación juvenil han estado igualmente presentes en los distintos encuentros. La Escuela de Jóvenes para Educar por la Igualdad La Sombrilla, en Alburquerque; la labor de FADEMUR Extremadura en defensa de las mujeres rurales; o los proyectos promovidos por la Asociación de Mujeres Músicas Extremeñas (MUMEX) ilustran cómo la cultura puede actuar como herramienta de transformación social y fortalecimiento comunitario.

El legado: nuevas formas de gobernar la cultura

Quizá el principal logro de RedMaraña haya sido la creación de estructuras estables de participación ciudadana en torno a la cultura. Entre ellas destacan los Consejos Locales de Cultura, como la experiencia piloto de Talarrubias, que incorpora a asociaciones y vecinos al diseño y evaluación de las políticas culturales.

La red también ha impulsado iniciativas permanentes como las ferias comarcales de asociacionismo, el programa juvenil Ajetreo, los recursos expositivos itinerantes de AGCEX o el dossier metodológico Replicando, elaborado junto a Fundación AlmaNatura para facilitar la transferencia de experiencias a otros territorios.

Cinco años después de su nacimiento en Zafra, RedMaraña se ha consolidado como una comunidad de cooperación entre administraciones, profesionales, asociaciones y ciudadanía. En un contexto donde el mundo rural suele abordarse desde las carencias, la red ha demostrado el potencial de la cultura, la participación y el trabajo colectivo para generar conocimiento, fortalecer los vínculos entre municipios y crear oportunidades de futuro.

La evolución demográfica de la provincia de Huesca tiene dos caras que no aparecen cuando se observa únicamente el número total de habitantes. Entre 2021 y 2025, el padrón censal pasó de 223.995 a 230.087 personas, un aumento de 6.092 habitantes. Pero durante ese mismo periodo la población de nacionalidad española descendió en 1.186 personas, de 195.514 a 194.328, mientras la población extranjera aumentó en 7.278, desde los 28.481 residentes de 2021 hasta los 35.759 de 2025. El saldo final es, por tanto, el resultado de dos movimientos en sentidos contrarios: la población española pierde efectivos y la extranjera los gana.

Los datos municipales del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten identificar dónde el aumento de migrantes ha compensado la pérdida local y ha cambiado el signo final de la evolución. El fenómeno no se produce de manera uniforme. Huesca capital, Monzón y Jaca, por ejemplo, ganaron población entre 2021 y 2025 y también aumentaron simultáneamente sus residentes de nacionalidad española. En Huesca, el padrón pasó de 53.377 a 55.033 habitantes, 1.656 más, mientras los españoles aumentaron en 43 y los extranjeros en 1.613.

Monzón ganó 1.034 habitantes, hasta los 18.465, con 57 españoles más y 977 extranjeros más. Jaca pasó de 13.351 a 14.012 habitantes, 661 más, y también registró saldos positivos en ambos grupos: 72 españoles y 589 extranjeros. Son casos de crecimiento demográfico compartido y sirven para distinguirlos de aquellos municipios en los que el aumento de extranjeros es el elemento que permite compensar una caída de la población española.

Barbastro pertenece a este segundo grupo. La capital del Somontano tenía 17.168 habitantes en 2021 y llegó a 17.799 en 2025, 631 más. El incremento se produjo a pesar de que la población de nacionalidad española se redujo en 95 personas, de 15.132 a 15.037. Al mismo tiempo, los residentes extranjeros aumentaron en 726, hasta alcanzar los 2.762. Es decir, el saldo extranjero fue más de siete veces superior a la pérdida de población española y permitió que el padrón municipal terminara el periodo con un crecimiento significativo. En términos porcentuales, la población extranjera pasó de representar el 11,9% del municipio en 2021 al 15,5% en 2025.

En Binéfar, el contraste es todavía más claro. El municipio pasó de 9.852 habitantes a 10.169, un aumento de 317 personas. Sin embargo, perdió 110 vecinos de nacionalidad española, que descendieron de 7.946 a 7.836. En sentido contrario, la población extranjera creció en 427 personas, desde 1.906 hasta 2.333. Sin ese aumento, el municipio habría terminado el periodo con un saldo negativo. Los extranjeros representaban en 2025 el 22,9% de la población de Binéfar, frente al 19,3% cuatro años antes. El dato refleja una transformación demográfica importante en una localidad que ha superado de nuevo los 10.000 habitantes gracias a un saldo migratorio en el que la población extranjera tiene un peso creciente.

También en Sabiñánigo la evolución total oculta dos movimientos contrapuestos. La localidad pasó de 9.360 habitantes en 2021 a 9.665 en 2025, 305 más, pero perdió 120 residentes de nacionalidad española, que bajaron de 8.212 a 8.092. La población extranjera, en cambio, aumentó en 425 personas, desde 1.148 hasta 1.573. El incremento extranjero fue, por tanto, suficiente para compensar con holgura la pérdida española y dejar un saldo total positivo. En cuatro años, la proporción de residentes extranjeros pasó del 12,3% al 16,3%. El caso resulta especialmente significativo porque muestra que este fenómeno no se limita a los municipios del eje agrícola oriental: también se produce en una localidad pirenaica cuya actividad económica está vinculada a la industria, los servicios y el turismo.

En los municipios pequeños, el mismo fenómeno tiene un impacto proporcional mucho mayor. Candasnos pasó de 404 habitantes en 2021 a 475 en 2025, 71 más. La población española, sin embargo, descendió de 374 a 366, mientras la extranjera pasó de 30 a 109 personas. El municipio ganó población pese a perder ocho residentes españoles y multiplicó por más de tres el número de extranjeros en cuatro años. En 2025, estos representaban casi el 23% del padrón. El aumento de 79 extranjeros explica por sí solo el saldo positivo de 71 habitantes del municipio.

Algo parecido sucede en Altorricón, donde la población pasó de 1.441 a 1.496 habitantes entre 2021 y 2025. El municipio perdió 24 residentes españoles, de 1.158 a 1.134, pero ganó 79 extranjeros, que pasaron de 283 a 362. El resultado fue un aumento de 55 habitantes. La población extranjera ya representaba en 2025 el 24,2% del padrón. En este caso, como en Binéfar, Binaced o Fraga, el crecimiento demográfico se produce en un territorio donde la actividad agrícola y agroindustrial constituye uno de los principales motores económicos y donde la incorporación de nuevos residentes extranjeros tiene una traducción directa en la composición del padrón.

Rumanos y marroquíes, entre las comunidades más asentadas

¿Quiénes son esos nuevos habitantes? En Huesca, Rumanía, Marruecos, Colombia, Bulgaria, Ucrania, Nicaragua, Venezuela, Argelia, Senegal y Malí figuran entre las nacionalidades con mayor presencia entre la población extranjera y los trabajadores extranjeros. En septiembre de 2025, por ejemplo, había 422 trabajadores de nacionalidad rumana afiliados en la provincia, 240 marroquíes, 94 colombianos, 81 búlgaros, 55 venezolanos, 44 malienses, 37 ucranianos, 30 nicaragüenses y 21 senegaleses. 

Los datos más recientes de la Estadística Continua de Población muestran que Colombia y Venezuela están ganando peso entre las nuevas llegadas a Aragón, junto con Marruecos. Durante el cuarto trimestre de 2025, las principales nacionalidades de las personas que llegaron a Aragón desde el extranjero fueron la colombiana, con 1.040 llegadas, la venezolana, con 790, y la marroquí, con 690. En sentido contrario, entre quienes emigraron al extranjero destacaron los rumanos, los marroquíes y los colombianos. En Huesca, además, la población nacida en el extranjero seguía aumentando a comienzos de 2026: eran 47.663 personas frente a 185.190 nacidas en España.

El efecto se multiplica en algunos pueblos muy pequeños. Albalatillo, en Los Monegros, pasó de 187 a 223 habitantes, 36 más, después de perder seis españoles y ganar 42 extranjeros. Velilla de Cinca pasó de 473 a 512, 39 más, con una pérdida de 21 españoles y un aumento de 60 extranjeros. En Castejón del Puente, la población creció de 341 a 359 habitantes pese a perder tres españoles y ganar 21 extranjeros. Y en Abizanda, uno de los municipios más pequeños de la provincia, el padrón aumentó de 145 a 161 habitantes después de perder tres españoles y sumar 19 extranjeros.

Els compradors estrangers paguen de mitjana 548.000 euros per un habitatge a Balears, enfront dels 304.000 euros que desembutxaquen els nacionals. La diferència, d'uns 244.000 euros, equival a un preu un 80% superior i reflecteix la distància entre els dos principals perfils de compradors en un mercat residencial que acumula un dèficit estimat de 17.000 habitatges respecte del creixement de la població durant el darrer quart de segle.

Així ho recull l'Observatori de l'Habitatge de les Balears (OHIB), presentat per la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. L'organisme constata que la població de les Illes va augmentar un 46,3% entre 2000 i 2025, mentre que el parc residencial va créixer un 31,5%. El desajust arriba al 14,7%, encara que el seu impacte varia de manera notable entre territoris: el dèficit estimat arriba al 54,3% a Formentera, al 43,2% a Eivissa, a l'11,4% a Mallorca i al 8,4% a Menorca.

El director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reynés, ha matisat que aquestes xifres són una estimació i que “no tenen per què coincidir amb la demanda real” d'habitatge a cada illa.

La diferència entre compradors nacionals i estrangers també es reflecteix en l'evolució de les operacions. Des del 2023, les compravendes realitzades per espanyols han augmentat gairebé un 31%, mentre que les protagonitzades per estrangers han crescut un 34,2%. A més, el perfil del comprador canvia segons el territori: als municipis costaners predominen els compradors estrangers, mentre que als municipis de l'interior són majoritaris els nacionals.

La dada adquireix especial rellevància en un mercat en què el preu dels habitatges anunciats als portals immobiliaris se situa molt per sobre de l'import efectiu de les operacions. Segons les dades presentades per la Conselleria, plataformes com Idealista situaven el 2025 el preu mitjà d'oferta en 5.224 euros per metre quadrat. Els registradors de la propietat, tanmateix, calculaven un preu real de 3.988 euros, mentre que l'OHIB el situava en 3.782 euros.

La diferència entre el preu anunciat i el preu estimat per l'Observatori arriba així al 38%. Reynés ha demanat “molta prudència” a l'hora d'utilitzar les dades dels portals immobiliaris, ja que es tracta de preus d'oferta i no necessàriament de l'import final de les compravendes.

El desfasament és encara més gran en alguns municipis. A Formentera arriba al 49,3%; a Palma, al 42,4%; a Maó, al 35,5%, i a Eivissa i Ciutadella supera el 31%.

L'habitatge turístic ocupa el 4,2% del parc residencial

L'Observatori també analitza l'evolució de l'habitatge destinat al lloguer turístic. Aquest parc va créixer un 132% entre 2015 i 2022, fins a assolir gairebé 26.500 habitatges. En els darrers tres anys se n'han eliminat 349, la qual cosa suposa un descens de l'1,3% sobre el total.

Malgrat aquesta reducció, els habitatges d'ús turístic encara representen el 4,2% del parc residencial de les Balears. A això s'hi suma el descens del 12,6% en el nombre d'anuncis d'habitatges turístics a les plataformes, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

“Les polítiques públiques han de focalitzar els esforços a detectar i sancionar els habitatges turístics il·legals, i reconduir el lloguer turístic cap al lloguer residencial”, ha defensat Reynés.

Un parc residencial envellit

Balears comptava el 2025 amb gairebé 619.000 habitatges, dels quals el 66% eren plurifamiliars. Mallorca concentrava prop de 480.000 habitatges; Eivissa, uns 75.500; Menorca, prop de 59.000, i Formentera, al voltant de 5.000.

La superfície mitjana dels habitatges plurifamiliars se situa en 128 metres quadrats, enfront dels 263 metres quadrats dels unifamiliars. La mitjana conjunta assoleix els 164 metres quadrats.

L'OHIB alerta així mateix de l'envelliment del parc residencial. El 56,5% dels edificis residencials va ser construït abans de la primera normativa energètica. A més, dels 175.677 certificats energètics registrats en aquests edificis, el 83,4% té una qualificació E, F o G.

Reynés ha assenyalat que els programes de rehabilitació energètica finançats amb fons Next Generation “han de tenir continuïtat durant els pròxims anys” per actualitzar un parc residencial “molt envellit”.

El Govern descarta declarar zones tensionades

L'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) disposa de més de 10.000 habitatges amb preus assequibles dins del conjunt del parc residencial de l'arxipèlag. Entre els demandants, gairebé la meitat es decanta per la compra d'habitatge públic, mentre que el 36,8% prefereix el lloguer i el 14,5% no mostra una preferència concreta.

Menorca és l'illa on més demandants opten pel lloguer, amb un 62,1%. A la resta, aquesta opció se situa per sota del 40%. A Mallorca, Eivissa i Formentera, la preferència per la compra ronda el 50%, mentre que a Menorca no arriba al 30%.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha defensat l'Observatori com “un instrument essencial per encertar en polítiques d'habitatge a curt, mitjà i llarg termini”. Mateo ha assegurat que l'Ibavi continuarà recopilant dades per orientar les futures decisions de l'Executiu autonòmic.

El conseller també ha insistit que el Govern “no adoptarà” la declaració de zones tensionades prevista en la legislació estatal d'habitatge. Al seu parer, aquesta mesura està “fracassant” als territoris on s'ha aplicat. “No és insubmissió ni desobediència”, ha conclòs.

“Generarem més habitatge assequible per a la gent d'aquí”, ha assegurat Mateo.

Los compradores extranjeros pagan de media 548.000 euros por una vivienda en Balears frente a los 304.000 euros que desembolsan los nacionales. La diferencia, de unos 244.000 euros, equivale a un precio un 80% superior y refleja la distancia entre los dos principales perfiles de compradores en un mercado residencial que acumula un déficit estimado de 17.000 viviendas respecto al crecimiento de la población durante el último cuarto de siglo.

Así lo recoge el Observatorio de la Vivienda de Baleares (OHIB), presentado por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. El organismo constata que la población de las Islas aumentó un 46,3% entre 2000 y 2025, mientras que el parque residencial creció un 31,5%. El desajuste alcanza el 14,7%, aunque su impacto varía de manera notable entre territorios: el déficit estimado llega al 54,3% en Formentera, al 43,2% en Eivissa, al 11,4% en Mallorca y al 8,4% en Menorca.

El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha matizado que estas cifras son una estimación y que “no tienen por qué coincidir con la demanda real” de vivienda en cada isla.

La diferencia entre compradores nacionales y extranjeros también se refleja en la evolución de las operaciones. Desde 2023, las compraventas realizadas por españoles han aumentado casi un 31%, mientras que las protagonizadas por extranjeros han crecido un 34,2%. Además, el perfil del comprador cambia según el territorio: en los municipios costeros predominan los compradores extranjeros, mientras que en los municipios del interior son mayoritarios los nacionales.

El dato adquiere especial relevancia en un mercado donde el precio de la vivienda anunciada en los portales inmobiliarios se sitúa muy por encima del importe efectivo de las operaciones. Según los datos presentados por la Conselleria, plataformas como Idealista situaban en 2025 el precio medio de oferta en 5.224 euros por metro cuadrado. Los registradores de la propiedad, sin embargo, calculaban un precio real de 3.988 euros, mientras que el OHIB lo situaba en 3.782 euros.

La diferencia entre el precio anunciado y el estimado por el Observatorio alcanza así el 38%. Reynés ha pedido “mucha prudencia” a la hora de utilizar los datos de los portales inmobiliarios, ya que se trata de precios de oferta y no necesariamente del importe final de las compraventas.

El desfase es todavía mayor en algunos municipios. En Formentera alcanza el 49,3%; en Palma, el 42,4%; en Maó, el 35,5%, y en Eivissa y Ciutadella supera el 31%.

La vivienda turística ocupa el 4,2% del parque residencial

El Observatorio también analiza la evolución de la vivienda destinada al alquiler turístico. Este parque creció un 132% entre 2015 y 2022, hasta alcanzar casi 26.500 viviendas. En los últimos tres años se han eliminado 349, lo que supone un descenso del 1,3% sobre el total.

Pese a esta reducción, las viviendas de uso turístico todavía representan el 4,2% del parque residencial de Baleares. A ello se suma el descenso del 12,6% en el número de anuncios de viviendas turísticas en plataformas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Las políticas públicas tienen que focalizar los esfuerzos en detectar y sancionar las viviendas turísticas ilegales, y reconducir el alquiler turístico hacia el alquiler residencial”, ha defendido Reynés.

Un parque residencial envejecido

Baleares contaba en 2025 con casi 619.000 viviendas, de las que el 66% eran plurifamiliares. Mallorca concentraba cerca de 480.000 viviendas; Eivissa, unas 75.500; Menorca, cerca de 59.000, y Formentera, alrededor de 5.000.

La superficie media de las viviendas plurifamiliares se sitúa en 128 metros cuadrados, frente a los 263 metros cuadrados de las unifamiliares. La media conjunta alcanza los 164 metros cuadrados.

El OHIB alerta asimismo del envejecimiento del parque residencial. El 56,5% de los edificios residenciales fue construido antes de la primera normativa energética. Además, de los 175.677 certificados energéticos registrados en estos edificios, el 83,4% tiene una calificación E, F o G.

Reynés ha señalado que los programas de rehabilitación energética financiados con fondos Next Generation “deben tener continuidad durante los próximos años” para actualizar un parque residencial “muy envejecido”.

El Govern descarta declarar zonas tensionadas

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) dispone de más de 10.000 viviendas con precios asequibles dentro del conjunto del parque residencial del archipiélago. Entre los demandantes, casi la mitad se decanta por la compra de vivienda pública, mientras que el 36,8% prefiere el alquiler y el 14,5% no muestra una preferencia concreta.

Menorca es la isla donde más demandantes optan por el alquiler, con un 62,1%. En el resto, esta opción se sitúa por debajo del 40%. En Mallorca, Eivissa y Formentera, la preferencia por la compra ronda el 50%, mientras que en Menorca no alcanza el 30%.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido el Observatorio como “un instrumento esencial para acertar en políticas de vivienda a corto, medio y largo plazo”. Mateo ha asegurado que el Ibavi seguirá recopilando datos para orientar las futuras decisiones del Ejecutivo autonómico.

El conseller también ha insistido en que el Govern “no adoptará” la declaración de zonas tensionadas prevista en la legislación estatal de vivienda. A su juicio, esta medida está “fracasando” en los territorios donde se ha aplicado. “No es insumisión ni desobediencia”, ha concluido.

“Vamos a generar más vivienda asequible para la gente de aquí”, ha asegurado Mateo.

El mercat laboral de la Comunitat Valenciana s’encamina cap a una transformació estructural profunda impulsada per l’envelliment poblacional i la baixa natalitat. Segons l’anàlisi “Inclusió i Ocupació davant el repte demogràfic”, elaborada per la Fundació Adecco a partir de les Projeccions de Població de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la població valenciana major de 64 anys augmentarà un 28,8% entre 2030 i 2040 (369.046 persones més), davant d’un tímid avanç del 3% en el col·lectiu en edat laboral (123.622 persones més). Aquesta bretxa implica que la franja d'edat més elevada creixerà a un ritme nou vegades superior al dels potencials treballadors cotitzants a la Seguretat Social.

Les estimacions situen el sostre de la força laboral valenciana (de 16 a 64 anys) al voltant de l’any 2035, moment en què s’assolirà la xifra rècord de 3.960.022 residents en aquesta franja. A partir d’aquesta data, l’indicador iniciarà un descens continuat fins a situar-se en 3.956.333 persones el 2040. Aquesta caiguda respon al pas gradual cap a la jubilació dels nascuts a partir de la segona meitat dels anys seixanta i durant la dècada dels setanta. El relleu no quedarà cobert per les noves generacions que s’incorporen als 16 anys, perquè les taxes de fecunditat es mantenen per davall del nivell de reemplaçament des de 2010.

Encara que les tres províncies valencianes guanyaran habitants totals en la dècada analitzada, amb un increment global del 8,8% (516.587 residents més fins a assolir una població de 6,39 milions de persones), la intensitat de la longevitat afectarà el territori amb matisos.

Així, a Alacant es passarà de 2.230.294 habitants el 2030 a 2.443.802 el 2040 (+9,6%). La població en edat de treballar augmentarà un 3,7%, mentre que el grup de 65 anys o més augmentarà un 30,8% fins a assolir els 657.095 residents. El 2040, el 26,9% dels alacantins serà major de 64 anys.

Castelló registrarà l'increment demogràfic més elevat relatiu. La seua població creixerà de 679.719 a 745.114 habitants (+9,6%). La població potencialment activa augmentarà un 3,9%, però la franja sènior de més de 64 anys augmentarà un 30,9% (45.715 persones més), per la qual cosa aquest col·lectiu suposarà el 26% del cens.

València experimentarà la pujada més gran en termes absoluts en passar de 2.969.470 a 3.207.154 ciutadans (+8%). El col·lectiu de 16 a 64 anys només creixerà un 2,7%, davant d’un increment del 26,8% entre els majors de 64 anys (168.764 persones més). Representarà la menor proporció de majors sobre el total provincial (24,9%), si bé suposarà quasi una quarta part de la seua població.

Majors de 50 anys

L’estudi remarca que la franja de 50 a 64 anys mantindrà un pes crucial en l’engranatge productiu autonòmic. El 2040, més d’un de cada tres ciutadans potencialment actius a la Comunitat Valenciana (el 34,5%) tindrà entre 50 i 64 anys. Malgrat que la distància numèrica entre aquest grup i els joves de 20 a 34 anys s’estretirà lleugerament durant els pròxims anys, els treballadors sèniors superaran en un 22,6% els més joves en l’horitzó projectat a 2040.

“L’edatisme és un obstacle que Espanya ha de superar. Durant massa temps s’ha associat l’edat a una menor capacitat d’aprenentatge, adaptació o productivitat, quan els professionals sèniors aporten experiència, coneixement, compromís i una visió estratègica indispensables per a les organitzacions. Prescindir d’aquests professionals és un contrasentit demogràfic i econòmic”, ha afirmat Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco.

El mercado laboral de la Comunitat Valenciana se encamina hacia una transformación estructural profunda impulsada por el envejecimiento poblacional y la baja natalidad. Según el análisis “Inclusión y Empleo ante el reto demográfico”, elaborado por la Fundación Adecco a partir de las Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población valenciana mayor de 64 años aumentará un 28,8% entre 2030 y 2040 (369.046 personas más), frente a un tímido avance del 3% en el colectivo en edad laboral (123.622 personas más). Esta brecha implica que la franja de mayor edad crecerá a un ritmo nueve veces superior a la de los potenciales trabajadores cotizantes a la Seguridad Social.

Las estimaciones sitúan el techo de la fuerza laboral valenciana (de 16 a 64 años) en torno al año 2035, momento en el que se alcanzará la cifra récord de 3.960.022 residentes en esa franja. A partir de esa fecha, el indicador iniciará un descenso continuado hasta fijarse en 3.956.333 personas en 2040. Esta caída responde al paso gradual hacia la jubilación de los nacidos a partir de la segunda mitad de los años sesenta y durante la década de los setenta. El relevo no quedará cubierto por las nuevas generaciones que se incorporen a los 16 años, debido a que las tasas de fecundidad se mantienen por debajo del nivel de reemplazo desde 2010.

Aunque las tres provincias valencianas ganarán habitantes totales en la década analizada con un incremento global del 8,8% (516.587 residentes más hasta alcanzar una población de 6,39 millones de personas), la intensidad de la longevidad afectará al territorio con matices.

Así, en Alicante se pasará de 2.230.294 habitantes en 2030 a 2.443.802 en 2040 (+9,6 %). La población en edad de trabajar repuntará un 3,7 %, mientras que el grupo de 65 años o más aumentará un 30,8 % hasta alcanzar los 657.095 residentes. En 2040, el 26,9 % de los alicantinos será mayor de 64 años.

Castellón registrará el mayor incremento demográfico relativo. Su población crecerá de 679.719 a 745.114 habitantes (+9,6 %). La población potencialmente activa repuntará un 3,9%, pero la franja sénior de más de 64 años repuntará un 30,9% (45.715 personas más), por lo que este colectivo supondrá el 26% del censo.

Valencia experimentará la mayor subida en términos absolutos al pasar de 2.969.470 a 3.207.154 ciudadanos (+8%). El colectivo de 16 a 64 años solo se crecerá un 2,7%, frente a un despegue del 26,8% en los mayores de 64 años (168.764 personas más). Representará la menor proporción de mayores sobre el total provincial (24,9%), si bien supondrá casi una cuarta parte de su población.

Mayores de 50 años

El estudio remarca que la franja de 50 a 64 años mantendrá un peso crucial en el engranaje productivo autonómico. En 2040, más de uno de cada tres ciudadanos potencialmente activos en la Comunitat Valenciana (el 34,5%) tendrá entre 50 y 64 años. Pese a que la distancia numérica entre este grupo y los jóvenes de 20 a 34 años se estrechará ligeramente durante los próximos años, los trabajadores sénior superarán en un 22,6% a los más jóvenes en el horizonte proyectado a 2040.

“El edadismo es un obstáculo que España debe superar. Durante demasiado tiempo se ha asociado la edad a una menor capacidad de aprendizaje, adaptación o productividad, cuando los profesionales sénior aportan experiencia, conocimiento, compromiso y una visión estratégica indispensables para las organizaciones. Prescindir de estos profesionales es un contrasentido demográfico y económico”, ha afirmado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (PP) ha anunciado este viernes que prevé que el próximo curso cuente con 72 aulas y 95 maestros menos en Infantil y Primaria, según datos provisionales. El argumento es la bajada demográfica y que el proceso de escolarización, que permanece abierto, registra 1.249 alumnos menos que en el curso anterior, a la fecha.

Como reacción, miembros de la Junta de Personal Docente han acudido a las puertas de la sede del Gobierno autonómico para denunciar el “recorte brutal” previsto en la escuela pública de Cantabria el próximo curso escolar. Sin embargo, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha dicho en su comparecencia que la decisión “es justo lo contrario de un recorte, es justo lo contrario de un desmantelamiento” de la educación pública, ha sostenido Silva, que ha argumentado que lo que se está haciendo es “una distribución” en función de la matrícula“.

“No se puede y no se deben mantener aulas abiertas si no hay alumnos”, ha defendido el titular de Educación, Sergio Silva, que ha ofrecido una rueda de prensa para “salir del paso” tras las críticas de algunos grupos o responsables municipales, de los sindicatos y miembros de la Junta de Personal Docente o el PSOE de Cantabria sobre el cierre de clases en el curso escolar 2026-2027.

“Nos acusan de estar cerrando aulas, pero no es así, simplemente no se abren porque no hay alumnos para ocuparlas”, ha manifestado el consejero, que ha apuntado que es algo que ocurre en toda la red, tanto en la pública como en la concertada. “Como hay menos niños, necesitamos menos aulas y, por lo tanto, menos docentes”, ha dicho.

Silva ha subrayado que el proceso de escolarización permanece abierto: en septiembre será el periodo extraordinario, además de las matrículas que se suman fuera de plazo, por lo que estas cifras son provisionales y “la realidad va a variar mucho”. En este punto, ha señalado que la propuesta inicial del lunes era 160 maestros menos y hoy son 95.

El consejero ha desmentido que hayan variado los criterios para calcular los cupos y de matriculación, como censuran los sindicatos, y ha sostenido que esta decisión responde a una gestión “realista, responsable, que atiende a una realidad”.

Además, ha apuntado que “no es un problema educativo, sino demográfico”. A su juicio, si se mantienen estructuras “sobredimensionadas” lo que se hace es “perjudicar” el sistema educativo en su conjunto.

En cuanto a la situación de Los Corrales de Buelna, donde se prevé cerrar dos aulas de dos años, en el José María Pérez y en el Gerardo Diego, ha apuntado que en el curso pasado había 45 niños de dos años y a fecha de hoy hay 25 matriculados. Mientras que en Comillas, ha indicado que el año pasado había siete niños de un año en el Jesús García y este curso solo uno, que se escolariza en el aula mixta con los de dos.

Desconocimiento de situación en la privada

En declaraciones a la prensa, Diegu San Gabriel, de la Junta de Personal Docente, ha manifestado que este “recorte” “se está intentando justificar con el descenso de la natalidad y de la matriculación”, si bien ha apuntado que se desconoce qué número de conciertos en la privada concertada, que “también tiene descenso de matrícula”, se van a suprimir.

“Lo que sabemos es que se están suprimiendo muchísimas líneas y puestos de trabajo en la escuela pública y eso es debido a que, además de la bajada de matrícula, hay un cambio en las condiciones del cálculo de cupos, que se están endureciendo y restringiendo para que haya menos dotación de personal en las escuelas públicas”, ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que también hay “un cambio en el criterio de matriculación”. “La famosa libertad de elección de centro parece que solo sirve para quienes eligen la privada concertada porque en familias que están eligiendo centros públicos se están derivando en condiciones que no se daban en otros años”, ha asegurado.

“Hay una serie de decisiones políticas que están generando estos recortes en la escuela pública de Cantabria”, ha sentenciado.

La pérdida de población se ha consolidado como una de las principales inquietudes de la sociedad asturiana. Así lo refleja ASTURDEMO25, la primera gran encuesta de la Cátedra Universitaria de Demografía de la Universidad de Oviedo dada a conocer este lunes, que sitúa el conjunto de problemas asociados al reto demográfico —envejecimiento, baja natalidad, despoblación y emigración juvenil— como la segunda preocupación de la ciudadanía, solo por detrás del acceso a la vivienda y por delante del desempleo.

El estudio, elaborado a partir de 800 entrevistas telefónicas realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revela que el 90,4% de los asturianos conoce el concepto de reto demográfico y que la mayoría lo considera un problema grave o muy grave. Además, el 45,7% cree que Asturias afronta una situación peor que la de otros territorios, una percepción especialmente acusada en el occidente y, en menor medida, en el oriente, donde los efectos de la despoblación se viven de forma más directa.

La investigación concluye que la ciudadanía identifica como principales causas de la baja natalidad las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral, el coste de criar hijos y la incertidumbre sobre el futuro. Frente a ello, las políticas que reciben un mayor respaldo son precisamente la construcción de vivienda, la estabilidad en el empleo juvenil y el mantenimiento de servicios públicos en el medio rural, ámbitos en los que existe un amplio consenso social, con independencia de la ideología.

El informe también analiza la percepción de la inmigración y dibuja una sociedad asturiana mayoritariamente favorable a este fenómeno. El 53,7% de los encuestados tiene una valoración positiva o muy positiva de la llegada de población extranjera y el 45,4% considera adecuado el volumen actual de inmigrantes en Asturias. No obstante, persisten algunas reticencias: el 65,2% cree que los inmigrantes reciben más ventajas en los programas sociales, el 49,2% los relaciona con problemas de integración y el 43,5% los asocia con la inseguridad y la delincuencia, lo que convierte este asunto en el más polarizado del debate demográfico.

El director de la Cátedra de Demografía, Óscar Rodríguez Buznego, ha defendido que el trabajo pretende cubrir la falta de datos representativos sobre la percepción ciudadana y servir de apoyo al diseño de políticas públicas. La encuesta también detecta una brecha entre el respaldo que reciben las medidas para combatir la despoblación y el escaso conocimiento que la ciudadanía tiene de las iniciativas ya impulsadas por el Principado, por lo que recomienda reforzar la comunicación institucional y evaluar el impacto de esas actuaciones. ASTURDEMO25 será la primera de una serie anual de estudios que la Universidad de Oviedo desarrollará durante los próximos cuatro años.

Los vecinos de San Felices protestaron el otro día porque van a cerrar la única oficina de banco que queda en el pueblo. Quedará solo un cajero automático, que es una de las soluciones que había propuesto el Gobierno de Cantabria para luchar contra la pérdida de población. En 2021 se subvencionó con dos millones de euros la instalación de 38 cajeros en lugares como Bárcena de Pie de Concha, Luena, Tudanca, Aguayo o Los Tojos. Los vecinos los utilizan fundamentalmente para sacar dinero: hasta ahora más de 22 millones de euros en cerca de 144.000 operaciones.

En Cieza, temen que cierre la escuela de Villasuso porque el próximo otoño no quedarán suficientes niños. En otros municipios de la geografía cántabra se quejan de la falta de comunicaciones.

Luena, por ejemplo, es un pueblo sin autobús de ida y vuelta. Si tienes que ir al médico o hacer un trámite en Santander no queda más remedio que hacer noche en la capital, si solo se depende del transporte público. El problema es que hay rutas en zonas rurales con muy pocos viajeros que no son rentables, aunque deberían mantenerse para evitar la desigualdad de servicios a sus vecinos. Precisamente por eso el Gobierno de Cantabria, ahora que está tramitando las nuevas concesiones de rutas, ha planteado el transporte a demanda para las zonas más despobladas. Pero parece que estos cambios no entrarán en funcionamiento durante esta legislatura.

Toros, cajeros automáticos, rebaja de impuestos y alojamientos turísticos. Hasta ahora las recetas para combatir la despoblación en los pueblos de Cantabria no está dando frutos. A duras penas se mantiene el equilibrio entre los escasos empadronamientos que se suman al censo rural y los fallecimientos de una población envejecida que no tiene relevo.

El Gobierno de Cantabria tramita estos días la ley de medidas fiscales contra la despoblación, que ya se puede consultar para hacer alegaciones. Un texto que parte del documento que elaboró el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. La receta que propone es fomentar el turismo rural y establecer rebajas fiscales, deducciones y 'medidas de discriminación positiva' en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, para incentivar que los médicos, por ejemplo, acepten trabajar en estos lugares, lo cual cada día es más complicado.

Habrá incentivos administrativos, profesionales o económicos y también se facilitará el teletrabajo a los empleados públicos que residan en estos municipios. También se reservará una parte del crédito de las ayudas para los vecinos de estas zonas y se incrementará -como mínimo- un 20% “la intensidad”, dice el texto legal, de la ayuda.

El apoyo a los bares-tienda es otra de las soluciones que contempla la ley porque estos establecimientos son un servicio indispensable y centro social de la vida de los pueblos. El texto normativo también habla de favorecer el relevo generacional en comercios o actividades rurales, impulsar mercados estacionales y promocionar y dar visibilidad comercial a productos autóctonos, artesanales, ecológicos y de proximidad.

El documento mezcla muchos aspectos como la sanidad, la educación o la lucha contra la soledad no deseada y plantea soluciones en turismo, cultura y seguridad, además de combatir la brecha digital. Es decir, conseguir una buena cobertura para que funcionen sin dificultad los móviles y se pueda teletrabajar desde cualquier punto de la geografía cántabra. Algo que ahora no es posible, hay zonas de sombra y con dificultades de señal.

La nueva Ley garantizará que habrá escuelas abiertas en los municipios en riesgo de despoblamiento, donde se impartirán clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de tres alumnos.

Expropiaciones para proyectos se interés público

Entre otras cuestiones, el proyecto de ley autoriza al Gobierno de Cantabria a hacer expropiaciones forzosas para proyectos o actuaciones declarados de interés público y “que puedan generar una significativa incidencia positiva en los municipios en riesgo de despoblamiento”.

Además, en todas las contrataciones del sector público autonómico se favorecerán “las adquisiciones de proximidad”: la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada. En los contratos menores se solicitará la participación “preferentemente” de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y autónomos para ejecutar las prestaciones de que se trate en municipios en riesgo de despoblamiento.

De hecho, en la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales.

Otras propuestas, para fijar población, sons recuperar antiguos oficios vinculados a la artesanía y a las artes, favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de personas jóvenes extutelados, dar servicios de cuidado para niños de hasta 3 años e impulsar lo que denominan 'casas amigas', como lugares para cuidar esos menores donde no exista infraestructura pública.

La futura ley quiere 'empoderar' a las personas mayores para garantizar “un envejecimiento activo” -y a la vez crear una red de voluntarios que las acompañen- y propone utilizar el helicóptero para emergencias sanitarias.

Otra de las cuestiones es que se apuesta por modelos de viviendas colaborativas para personas mayores, con discapacidad, necesidades especiales o en situación de soledad no deseada. Vivienda compartida o vivienda con apoyos e iniciativas compatibles con el cohousing, como modelos de comunidades autogestionadas, también se impulsan en esta nueva normativa.

81 pueblos con menos de diez habitantes

Actualmente hay 41 municipios en riesgo de despoblación de los 102 que tiene Cantabria. 81 pueblos de Cantabria tienen menos de diez habitantes. En seis pueblos solo está empadronada una persona. En otros, ya ha desaparecido hace años todo rastro humano. Porcieda lleva más de veinte años deshabitado y es un pueblo en venta que periódicamente es noticia en los medios. Sigue sin comprador. No es el único pueblo fantasma. Moroso, en Valderredible. Montabliz, en Bárcena de Pié de Concha. Beares y Enterría, en Camaleño. Vegaescobosa, en Luena. En todos ellos habita el silencio y el olvido.

Subvenciones taurinas para estimular empadronamientos

De todas las iniciativas que se ensayan contra la despoblación tal vez la más extravagante y controvertida es subvencionar corridas de toros en pueblos. La polémica medida del Gobierno autonómico del Partido Popular lleva tres años desarrollándose sin éxito: se han gastado 132.000 euros para conseguir cuatro nuevos habitantes en los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos: Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca. Es decir, cada empadronamiento cuesta 33.000 euros de dinero público.

En paralelo, el Ejecutivo cántabro ha apostado por facilitar la proliferación de alojamientos turísticos en los suelos rústicos, donde se están autorizando viviendas y apartamentos turísticos en suelo no urbanizable. La medida se justificó inicialmente para que los hijos pudiesen construirse una vivienda en el terreno de sus padres y quedarse a vivir en el pueblo. Aunque es común a todos los municipios, no solo como excepcionalidad en ayuntamientos despoblados. En cualquier caso, la normativa no permite específicamente el uso turístico del suelo rústico, pero se autoriza si el propietario lo registra como un único inmueble que integra diferentes apartamentos o alojamientos, por lo que en la práctica lo consiente. También en municipios sin problemas de despoblación.

Un texto legal contra la diáspora rural

Las medidas que propone el Gobierno en la futura Ley para hacer que los pueblos dejen de perder habitantes supone que todas las administraciones se sumen a la estrategia y que integren lo que denominan 'perspectiva demográfica' en todas sus decisiones y acciones. La idea es no solo atraer nuevos habitantes sino, en paralelo, “lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”, explica el Gobierno cántabro.

La normativa obliga a que el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria presente un informe anual sobre la situación demográfica y territorial de Cantabria, que analizará las medidas adoptadas. Ese informe se aprobará en el Consejo de Gobierno y después se enviará al Parlamento de Cantabria.

Los municipios se clasificarán en tres categorías: riesgo de despoblamiento, riesgo grave de despoblamiento y municipios con tratamiento especial y diferenciado, aquellos que deben ser protegidos por su ruralidad, el envejecimiento de su población o su emplazamiento geográfico de alta montaña. Los requisitos concretos de estas categorías -que se revisarán cada dos años- los decidirá el Consejo de Gobierno.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

La Rioja alcanzó su máximo histórico de población con 326.803 habitantes a 1 de enero de 2025, tras ocho años consecutivos de crecimiento demográfico. Así se desprende del monográfico ‘Principales características demográficas de La Rioja 2025’, estudio que ofrece una fotografía completa de la situación demográfica de la comunidad publicado hoy, día 27, por Riojastat, el Instituto de Estadística de La Rioja.

El monográfico analiza la distribución de la población por sexo y edad. Así, a comienzos de 2025, las mujeres representaban el 50,7% de los residentes en La Rioja, con una edad media de 46,6 años, frente a los 44,3 años de los hombres. Por cohortes de edad, la más numerosa fue la comprendida entre los 16 y los 44 años, que representaba un tercio de la población riojana. Le siguieron el grupo de los ciudadanos que tienen 65 o más años (22,5%) y el de los menores de 16 años (14,1%). Estos datos reflejan una estructura demográfica equilibrada, aunque marcada por el progresivo envejecimiento de la población.

Asimismo, el estudio confirma el aumento de la población extranjera residente en La Rioja, que alcanzó la cifra de 48.436 personas a 1 de enero de 2025, el 14,8% del total. Este colectivo creció en 1.702 personas durante el último año, el 3,6% más. Los países con mayor presencia en la comunidad autónoma son Rumanía, Marruecos, Colombia, Pakistán y Portugal.

Por otra parte, en 2024 se registraron 50 nacimientos más que el año anterior, pero también aumentó el número de defunciones, que ascendieron a 3.306 en total. Como resultado, el saldo vegetativo volvió a ser negativo (–1.257 personas) por undécimo año consecutivo.

El análisis por municipios constata también que, a 1 de enero de 2025, la población riojana no estaba distribuida de forma uniforme por el territorio. Así, el 60% de los habitantes (196.020 personas) residía en el área metropolitana de Logroño, mientras que solo el 6,2% vivía en los 134 municipios con menos de 500 habitantes.

Entre los municipios con una población superior a los 3.000 residentes destacó Autol por registrar la mayor proporción de población joven, seguido de Villamediana de Iregua y de Lardero.

La publicación completa puede consultarse en la página web de Riojastat: www.larioja.org/estadistica/es/publicaciones-indicadores/catalogo-publicaciones

Madrid sigue atrayendo más habitantes cada año desde hace más de una década, siguiendo una tendencia que solo se vio interrumpida durante la pandemia. En 2025, la pobración de la región subió en 135.316 personas hasta llegar a los 7.137.031 a finales de año, según datos difundidos hoy por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El crecimiento se mantiene similar a los años anteriores y se acelera con respecto al existente en los años previos a la pandemia. En dos décadas la Comunidad de Madrid ha pasado de los 6 millones de habitantes a los 7,1 y la proyección es que alcance los 8 millones en el año 2039, según un análisis elaborado por la Dirección General de Reequilibrio Territorial, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la distribución geográfica, casi la mitad de los madrileños vive en la capital y en la corona metropolitana (91%) y el resto en zonas rurales.

Los municipios más habitados son Madrid capital (3.506.730), junto con Móstoles (214.817), Alcalá de Henares (203.208), Leganés (195.734) y Getafe (193.238), que por primera vez asciende hasta la quinta posición, desplazando a Fuenlabrada (190.076), la única del grupo con más población que pierde habitantes con respecto al año anterior.

La lista de los municipios más poblados se completa con Alcorcón, Torrrejón de Ardoz, Parla, Alcobendas y Rivas Vaciamadrid.

La evolución de los municipios más poblados, excluyendo la ciudad de Madrid, muestra a los ayuntamientos de Móstoles y Alcalá de Henares en el podio de la región, seguidos de Leganés, con un importante ascenso en los últimos años, al igual que Getafe.

La población del Principado de Asturias se situó a fecha de 1 de enero de 2026 en 1.021.733 personas tras ganar a lo largo del pasado año un total de 6.605 habitantes, lo que supone un aumento del 0,65 por ciento, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Estadística Continua de Población refleja que Asturias ganó en el cuarto trimestre 939 habitantes, lo que representa un repunte del 0,09%.

De los 1.021.733 habitantes con los que contaba el Principado al inicio de este año, 533.593, el 52,22 por ciento, son mujeres, y 488.140, el 47,88%, son hombres.

El 12,5% ha nacido en el extranjero

El número de habitantes nacidos en el extranjero asciende en Asturias a 128.219, una cifra que representa el 12,54% de la población de la comunidad autónoma.

Los nacidos en el extranjero residentes en el Principado han aumentado en 2.592 personas en el cuarto trimestre y en 12.010 en el último año.

El 28% tiene 65 o más años

Por grupos de edad, 293.527 residentes en Asturias, el 28,72 por ciento, tienen 65 o más años. En el otro extremo, 98.185 habitantes del Principado tiene hasta 14 años; 143.539, hasta 19 años, y 187.500, hasta 24.

Según los datos del INE, la población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, que alcanzó los 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

Aragón es una comunidad marcada por la relevancia histórica de varios partidos regionalistas y por una población en su mayoría urbana. Identificada por los investigadores de Piedras de Papel como el Ohio español en 2015, los comicios en la comunidad suelen ser un avance de lo que pasa a nivel nacional ya que han predicho el ganador de todas las elecciones generales desde 1983.

Aunque es una comunidad con muchas zonas rurales, la mitad de sus habitantes residen en Zaragoza capital y solo un cuarto en municipios de menos de 10.000 habitantes. Con las elecciones autonómicas del 8 de febrero a la vuelta de la esquina, es inevitable preguntarse: ¿quién vota a quién en Aragón? ¿Hay diferencia entre ciudades y pueblos? ¿Y entre barrios ricos y pobres? ¿Condiciona la edad el voto en las distintas provincias?

En elDiario.es hemos analizado los resultados calle a calle de las elecciones de 2023 en Aragón y la encuesta preelectoral del CIS para hacernos una idea de los perfiles demográficos detrás de cada partido. Así, la renta parece ser el factor determinante a la hora de decidir el voto aragonés, pero cada provincia tiene sus propias preferencias electorales.

Como ocurre a nivel nacional, el apoyo a la derecha aumenta entre las zonas más ricas. El PP acapara casi la mitad de los votos entre el 10% con más renta de la comunidad, por el contrario, el PSOE es el partido favorito entre los votantes que se encuentran en los barrios más pobres de Aragón.

Eso sí, en Aragón la provincia es una unidad territorial y social clave para analizar el voto. También, por niveles de renta. En Zaragoza, el voto al PP se dispara entre los más ricos. En Huesca, el aumento del apoyo a los populares se aprecia ya en el 30% con más ingresos, mientras que Teruel es el territorio donde hay menos diferencias de renta se detectan en el voto.

En esta provincia se da una singularidad: la irrupción de Teruel Existe se disparó en los barrios más ricos, donde llegó a superar al PSOE. 

La concentración de la mitad de la población en la capital (Zaragoza) dibuja una brecha también entre zonas rurales y urbanas en el voto de la comunidad. Una diferencia que es clave por la influencia del sistema electoral, que premia a Huesca y Teruel con más escaños de los que les corresponden por población.

Así, los partidos regionales como el PAR o la coalición Existe consiguen sus mejores resultados en las zonas más despobladas. Por el contrario, la Chunta Aragonesista, Podemos o Vox suman más votos en Zaragoza y las ciudades más grandes.

Luego está el aumento de Existe en las localidades que tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes y que se debe a la influencia del municipio de Teruel, donde la coalición consiguió sus mejores resultados. No es casual: la despoblación es la principal preocupación para el 17% de los votantes de Teruel Existe, casi el doble que la media aragonesa.

La fuerza de las formaciones políticas más recientes (Vox y Podemos) en las zonas urbanas suele estar muy vinculada a la presencia de votantes jóvenes. Por ejemplo, los distritos censales de edad media más baja son los que más votaron a Vox (14%) en 2023. Sin embargo, es en las áreas más envejecidas donde el PP obtiene sus mejores resultados. 

El apoyo a la izquierda del PSOE (CHA, Podemos e IU) se dispara también en las áreas más jóvenes.

Aunque el “efecto Ohio” se ha diluido en los últimos ciclos electorales, Zaragoza sigue siendo un buen termómetro demográfico de España. La capital concentra una población que en términos de edad, nivel de renta y de estudios es muy similar a la media nacional, lo que permite observar tendencias que luego pueden reproducirse en las elecciones generales.

De cara al 8F, los datos individuales de la encuesta preelectoral del CIS dibujan un escenario similar al de 2023. Vox gana presencia e incluso superaría al PSOE entre los votantes de menos de 35 años, mientras que los votantes de más edad se mantienen fieles al bipartidismo. También es entre los jóvenes donde CHA, liderada en estos comicios por Jorge Pueyo, obtendría sus mejores resultados, con entre un 11% y un 12% de los votos. 

¿Y por género? Ellas prefieren a la izquierda y ellos a la derecha, sobre todo a Vox. Según el CIS, un 17,5% de los hombres aragoneses votarían a la formación de extrema derecha el 8F mientras que solo un 8,6% de mujeres optaría por la formación liderada por Santiago Abascal.

En el bloque de izquierdas, la mayor diferencia entre voto masculino y femenino está en el PSOE, por el que votarían hasta un 29% de las mujeres aragonesas y solo un 19% de los hombres. Esta diferencia también se refleja en las preocupaciones de unos y otros. Ellas mencionan con más frecuencia la sanidad como uno de los principales problemas, mientras que para los hombres está casi al mismo nivel que la inmigración.

La ocupación también influye en el voto. Las zonas con más población parada y jubilada tienden a inclinarse hacia la derecha. Siguiendo con la tendencia que se ve por edades, es en las áreas con menos jubilados donde Vox obtuvo en 2023 mejores resultados (un 13,8% de los votos).

En los barrios con más desempleo, el PSOE sigue siendo el partido más votado, con un 36%, pero destaca el avance de Vox, que alcanza el 12,6%. Sumado al PP, el bloque de derechas supera al PSOE, pese a que los populares obtienen aquí sus peores cifras.

El nivel educativo completa este retrato demográfico. Para estas elecciones, el CIS pronostica que las personas con estudios secundarios serán los que más voten a la derecha mientras que quienes no los tienen o completaron solo la etapa primaria prefieren al PSOE. Vox destaca especialmente entre los titulados en Formación Profesional, donde obtendría un 17,6% de los votos, y CHA encuentra su principal apoyo entre quienes cuentan con estudios secundarios (11,3%) o superiores (11,1%). 

¿Habrá grandes cambios en el voto respecto a las anteriores elecciones autonómicas? El CIS apunta a algunas transferencias importantes. Podemos sería uno de los grandes perjudicados: solo mantendría al 33,7% de sus anteriores votantes. El resto cambiarían al CHA (18%), IU-Sumar (15,5%) y PSOE (10%)

También el PAR sufriría la sangría de votos. Casi el 40% de sus antiguos votantes optarían por el PP en los nuevos comicios y un 11%, por Vox. Este último recibiría además el voto de un 20% de ciudadanos que se abstuvieron en las anteriores elecciones. 

Juan Antonio Módenes es uno de los pocos demógrafos españoles que lleva décadas analizando las políticas de vivienda. Profesor de Geografía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), recibe a elDiario.es en su despacho del Centro de Estudios Demográficos (CED), organismo académico del que es investigador asociado y que fue fundado en 1984 por la Generalitat para estudiar y asesorar sobre la evolución poblacional en Catalunya. 

Módenes reclama construir con urgencia más vivienda en las grandes áreas metropolitanas españolas para responder al aumento neto de la población y de los nuevos hogares, que en España están sobre todo asociados a la llegada de población extranjera. Un fenómeno, el migratorio, que Módenes advierte que añade dificultad a la planificación territorial por su funcionamiento por oleadas.

En una conferencia reciente lamentaba que el debate político sobre vivienda ha tenido poco en cuenta la demografía en los últimos años. ¿A qué lo atribuye?

En parte, porque la vivienda se considera un bien económico. Por otro lado, porque en España había en las últimas décadas una demanda bastante estable: tanto se construía, tanto se vendía. Cuando los niveles de fecundidad eran relativamente elevados, no había grandes oscilaciones de demanda por el flujo de migración. Era una demanda previsible, cada año parecido al anterior.

¿Cómo ha cambiado el escenario para que ahora sea tan importante la evolución demográfica en las políticas de vivienda?

Porque la demanda ya no es fija debido a los cambios demográficos, a los migratorios, a la crisis de la fecundidad, al envejecimiento de la población… Desde la demografía lo tenemos claro, mientras que desde otros ámbitos, no.

¿Cuál es su diagnóstico respecto a la creación de nuevos hogares en España y la oferta de vivienda disponible para ellos?

Con la estructura de población actual y con una estimación con base en las migraciones actuales, podríamos dar una cifra de crecimiento del stock de hogares de algo más 250.000 al año. Esto es el saldo neto, que cuenta el flujo de creación de hogares –entre jóvenes y migrantes, unos 500.000– y resta el flujo de disolución de hogares, es decir, aquellas que se vacían y en teoría vuelven al mercado –más de 200.000–. Si aproximadamente se crece en 250.000 hogares, deberíamos construir el mismo número, aunque aquí hay otros aspectos a tener en cuenta.

¿Por ejemplo?

El principal es si todas las viviendas que quedan vacías por la mortalidad de sus ocupantes volverán a ser nuevos hogares. Factores que lo pueden impedir son el derribo de viviendas antiguas o insalubres o que pasen a otros usos, principalmente turísticos. En realidad, hay que construir el saldo neto más todas aquellas viviendas que ya no vuelven a tener un uso estrictamente demográfico. Por lo tanto, la cifra debería ser algo superior a 250.000. En 2025, se construyeron entre 115.000 –las acabadas– y 140.000 –las iniciadas– viviendas. La tendencia es creciente, pero claramente insuficiente.

Además de la construcción, ¿qué peso puede jugar para satisfacer la demanda de vivienda la retirada de pisos turísticos o la rehabilitación de inmuebles degradados?

La rehabilitación no deja de ser intentar que viviendas antiguas liberadas vuelvan a ser ocupadas por demanda joven. Contamos que esos deberes ya deberíamos estar haciéndolos. Rehabilitar es imprescindible, pero debe ser complementario a la construcción. ¿Cuándo no deberíamos construir? Si no viniesen inmigrantes. Entonces el saldo sería prácticamente cero, porque estaríamos creando tantos hogares como los que se disuelven por mortalidad. Solo habría que gestionar el parque.

Hay que construir el saldo neto [de creación de nuevos hogares] más todas aquellas viviendas que ya no vuelven a tener un uso estrictamente demográfico. Por lo tanto, la cifra debería ser algo superior a 250.000. Actualmente en 2025 se construyen entre 115.000 –las acabadas– y 140.000 –las iniciadas– viviendas.

 ¿Considera que el déficit de vivienda disponible se debe principalmente a que la construcción no se ajusta a la llegada de población extranjera?

A principios de siglo, la demanda era mayor aún. Pero se construía lo que se necesitaba y más. El problema era de qué manera se construía. Ahora el problema no es que vengan inmigrantes, es que se construye poco. Los inmigrantes han sustituido una demanda que estaba ahí antes, que era la de los jóvenes que llegaban a la emancipación cuando la fecundidad era relativamente alta. Ese flujo de jóvenes ha disminuido y lo hemos sustituido por inmigrantes. Pero el flujo no es mucho mayor. Es decir, la creación de hogares por inmigrantes hoy es igual o menor que la de hace 20, 25, 30 años. Pero actualmente no se construye tanto.

En su conferencia en el Observatori de l’Habitatge de Barcelona (OH-B) recordaba que usted es de Santa Coloma de Gramenet, una ciudad que pasó de 30.000 a 130.000 habitantes en tan solo tres décadas.

Es un modelo urbanístico que no queremos repetir. Se construyó mal. Santa Coloma, Sant Adrià, L’Hospitalet, San Cosme… Pero es cierto que se construyó vivienda para unos inmigrantes que supusieron un shock de demanda en una Catalunya que pasó de tres millones de personas a mediados de siglo a seis millones a finales.

Si no aumenta el ritmo de construcción, ¿cuál cree que puede ser la consecuencia?

Puede pasar que a la larga la demanda se ajuste a la oferta. Desde el punto de vista demográfico, si no hay vivienda suficiente durante un tiempo puede haber procesos de sobreocupación, hacinamiento… Pero llegará un momento en que tanto los jóvenes como los inmigrantes dirán que no pueden continuar igual. Ya tenemos un sistema bastante restringido de demanda de los jóvenes, que hace muchos años que se emancipan de media los 30 años. ¡Pues imagínate! La emancipación puede retrasarse todavía más. Y puede llegar el caso que los inmigrantes digan que no quieren venir a España a vivir debajo de un puente.

Podemos imaginarnos una situación en que la emancipación todavía se retrase más. Y puede llegar el caso de que los inmigrantes digan que no quieren venir a España a vivir debajo de un puente. 

Uno de los temores de los activistas por la vivienda es que construir más no lleve acarreado un descenso de los precios disparados actuales. Como ocurrió con la burbuja de finales de los 2000.

Es que puede pasar perfectamente. El parque social debería ser importante y no marginal como ha sido hasta ahora. No hace falta que todos los jóvenes accedan a una vivienda de alquiler social, eso sería prácticamente utópico, pero sí que una parte significativa de la demanda pueda ser absorbida por estos alquileres, que te permiten jugar luego con los precios. Es lo que pasa en ciudades o países que tienen todavía vivienda social.

¿Cómo de importante es para la demografía de la vivienda que la población viva cada vez más años? ¿Añade tensión al mercado?

¿Qué pasaba antiguamente cuando una mujer quedaban viuda? Se iba a casa de los hijos, por lo tanto, se liberaba una vivienda a lo mejor con la señora de 60, 65 o 70 años. Ahora ya no se va y su esperanza de vida es mucho más alta, con lo cual la última persona en el hogar alcanza los 80, 85, incluso 90. Si antes se liberaba relativamente rápido, ahora se retiene, y eso hace que el flujo de disolución sea menor ahora. ¿Entonces qué hacemos? ¿Fomentamos la autonomía residencial o que vayan a residencias dentro de una red de calidad y liberamos viviendas para los jóvenes? Es interesante tenerlo en cuenta.

En el otro extremo de la pirámide, ¿la crisis de acceso a la vivienda también puede afectar a la fecundidad y a la crianza?

El comportamiento residencial liga con el comportamiento demográfico general y con la precariedad laboral. La fecundidad está muy afectada negativamente por las complicaciones para acceder a la vida adulta completa de la gente joven. No hace falta que un investigador de Barcelona o de otro país lo estudie, es algo que está súper demostrado. También hay interacción entre el acceso a la vivienda y los niveles de fecundidad si es más de propiedad o de alquiler, que genera bastante más inseguridad. El otro día mi hija, de 23 años, me dijo que quería ser madre joven, no esperar a los 30. Pero con su pareja decían que debían tener un piso de propiedad, no querían ser padres estando de alquiler sin saber si les iban a echar.

El parque social debería ser importante, que no sea marginal como ha sido hasta ahora.

¿Es más complicado planificar políticas de vivienda a largo plazo con movimientos demográficos vinculados a las migraciones, que funcionan por oleadas?

Ese es el gran reto que tenemos como demógrafos para seguir siendo útiles. Antes era fácil hacer nuestro trabajo, porque lo único que se necesitaba era la experiencia técnica de cálculo, pero era fácil pensar las hipótesis a partir de la fecundidad. Ahora al demógrafo se le pide imaginarse el futuro. No es tan importante saber calcular, que también, sino cómo dibujar esas hipótesis.

Como la inmigración viene por oleadas, el crecimiento futuro ya no es una línea que puedes proyectar, sino que tienes que imaginarte ciclos ¿Y cómo nos imaginamos los ciclos? Ese es el gran reto de las técnicas demográficas de proyección y de otras ciencias sociales, incluso de la economía. Debemos tener instrumentos de proyección demográfica y planificación territorial que sean fácilmente ajustables y que siempre estén alimentados por los nuevos datos.

Otro de los retos del aumento de la demanda es que no es equitativa territorialmente, sino que se concentra en determinadas regiones. El Banco de España constataba que el 50% del déficit de vivienda acumulado en España se concentra en cinco provincias: Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y Málaga.

El sistema territorial español cada vez más es de concentración en grandes ciudades. También la inmigración llega a estos sitios, es normal.

¿Qué hacemos entonces en ciudades que no pueden crecer muy significativamente en extensión? Es el caso del área metropolitana de Barcelona, por ejemplo.

Primero, reconocer el problema. Es realmente complicado. Si en el área de Barcelona te salen miles de hogares anuales en saldo neto, que tienes que construir, igual no tienes los instrumentos para hacerlo porque no tienes el suelo… ¿Cómo genero tantas decenas de miles de viviendas en esta área? ¿Dónde las sitúo? Eso es cierto que ya no es mi negociado [en referencia al análisis demográfico].

Una de las soluciones que plantea el Govern en Catalunya, y que se puede debatir en otras urbes, es crecer en segundas o incluso terceras coronas metropolitanas.

Esto se exploró en Catalunya por parte de Oriol Nel·lo como secretario de Planificación Territorial (2003-2011), para descongestionar el centro. Me parece bien, es una opción. Pero aquí debemos entender cuál es el sistema de bienestar familiar que tenemos en España, que es muy familiarista. Todavía dependemos mucho de las redes familiares. Para ubicar la demanda de los jóvenes en nuevos espacios urbanos debes garantizar no solo que haya vivienda, sino que haya trabajo, movilidad, y ver cómo quedan las redes familiares, si se necesitan o no.

Está muy bien irte con 25 años a vivir a 200 kilómetros de casa y bajar los domingos a comer, pero cuando tus padres tienen 85 años ya te preocupas más. Con esta anécdota quiero decir que con un sistema de bienestar nórdico de hace unas décadas, con servicios públicos eficientes, no necesitas tanta red familiar y puedes irte a vivir a 500 kilómetros, pero aquí debemos estudiarlo bien para no romper las estructuras de apoyo social. De nuevo no sé si la respuesta a esto corresponde a un demógrafo.

Para ubicar la demanda de los jóvenes en nuevos espacios urbanos debes garantizar no solo que haya vivienda, sino que haya trabajo, movilidad, y ver cómo quedan las redes familiares

En Catalunya ha emergido el debate sobre el crecimiento demográfico a raíz de la posibilidad de saltar de los ocho millones alcanzados actualmente a los diez en 2050. ¿Cómo se prepara ese escenario si las previsiones son tan variables?

Podemos hacer planificación estratégica a largo plazo, a partir de sets de hipótesis. Qué pasaría si la inmigración sigue igual, si la fecundidad es más alta, o si ambos indicadores son negativos. Para mí, nos tenemos que centrar en un plazo de diez o quince años, que ahí sí que el nivel de incertidumbre es más manejable. La planificación dura, la que tiene que ver con hacer tal vía de comunicación, o tantas viviendas, o esa desalinizadora, a diez o quince años.

Partidos de extrema derecha, o de derecha tradicional, afirman que el crecimiento poblacional en Catalunya es insostenible. Como demógrafo, ¿considera el aumento de población algo extraordinario?

Catalunya lleva 150 años creciendo por inmigración. Sin ella, ahora estaríamos a niveles de principios del siglo XX, con dos o tres millones de habitantes. Históricamente, hemos optado por el camino de la modernización y el crecimiento industrial, con Barcelona como motor catalán y español, y eso aquí y en todas partes conlleva inmigración. Holanda ha crecido por inmigración desde el siglo XVII.

Catalunya lleva 150 años creciendo por inmigración. Históricamente hemos optado por el camino de la modernización y el crecimiento industrial, y eso aquí y en todas partes conlleva inmigración.

Para cerrar de nuevo con la vivienda, ¿ha estudio casos recientes de regiones o países que consigan mitigar estos problemas?

La crisis de la vivienda es bastante generalizada. En todas partes se identifica un problema de déficit de oferta: en Inglaterra, en Estados Unidos… Tenemos modelos de éxito antiguos, como Viena, con una presencia importante del parque social que regula el mercado. Otros países, como Holanda, tenían un sistema muy bueno de arquitectura social que servía como un agente importante del mercado de la vivienda, pero este modelo está desapareciendo por las restricciones europeas. China tiene muchísimos problemas de accesibilidad y de burbujas, con lo que tampoco es un modelo de éxito. Estados Unidos, que era un país en el que la movilidad residencial era muy fácil, ahora lo está dejando de ser por los problemas del mercado.

¿Es optimista en el caso español?

Tenemos que perseverar en el optimismo, pero no lo soy. Tenemos que insistir en que la política es útil. Un Gobierno que se supone de izquierdas está teniendo muchos problemas para solucionarlo. Necesitamos políticas de vivienda que sean sensibles a la demanda, y que combinen construir lo que sea necesario con gestionar un parque de vivienda.

La población extremeña mayor de 64 años crecerá un 10% en 15 años, al pasar de los 235.953 ciudadanos censados en 2024, un 22,37% de los habitantes, a los 325.839 previstos en 2039, un 32,03%, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura.

La edad media de la población se sitúa en 45,78 años de acuerdo con el censo de 2024, y ha aumentado más de diez años en los últimas cuatro décadas. En concreto, el número de personas de 100 y más años ha crecido un 15,8% respecto del censo de población de 2011.

La esperanza de vida al nacer se situó en 83,13 años, mayor en las mujeres (85,99 años) que en los hombres (80,36 años), aunque en los últimos 40 años aumentó más en los hombres (7,79 años) que en las mujeres (7,17 años).

Según el censo de 2023, el 22,3% de la población de 65 y más años no tenía estudios, el 29,5% había alcanzado un nivel de estudios de educación primaria, el 28,5% la primera etapa de educación secundaria y similar y el 9% grados, másteres o doctorado universitarios. En el caso de la población extranjera, ha pasado del 0,30 % en 2003 al 1,12% en 2024.

Respecto a las migraciones desde otras comunidades autónomas hacia Extremadura, se registraron 1.630 movimientos de personas mayores de 64 años, de los que 1.017 fueron de nacidos en la región.

En Extremadura, a 1 de octubre de 2025, el número de pensiones se cifró en 197.418, el 71,3% correspondientes a pensiones de jubilación y el 25,8% a viudedad. Un 4,7% de la población mayor de 64 años se encuentra ocupada, mayoritariamente en el sector servicios (65%).

El número de hogares en los que el sustentador principal tiene más 65 años fue de 145.014, según los datos de la encuesta de presupuestos familiares en 2023, en la que el 43,5% de estos hogares estuvo compuesto por una persona y el 36,7% por una pareja sin descendientes.

Respecto a sus condiciones de vida, un 27 % de estos mayores se situó en riesgo de pobreza en 2024, considerando el umbral nacional y un 15,4 % considerando el umbral de pobreza de Extremadura.

Respecto de 2010, en ambos casos se observó un descenso del 35 % y un aumento del 16,4 %, respectivamente.

Además, en 2024 el 87,3 % de los fallecidos en Extremadura fueron personas de 65 y más años, siendo las principales causas de fallecimiento las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las patologías del sistema respiratorio.

En 2024, 131 personas de 65 años y más contrajeron matrimonio en Extremadura y 25 se inscribieron como víctimas de violencia de género.

¿Cómo se vota en la Extremadura rural? ¿Y en las áreas con mayor poder adquisitivo? ¿Votan distinto los jóvenes respecto a los mayores? ¿Cuál es la brecha demográfica que marcará el resultado del 21D?

En elDiario.es hemos analizado los resultados calle a calle de las elecciones de 2023 en Extremadura y la encuesta preelectoral del CIS para hacernos una idea de los perfiles demográficos detrás de cada partido. Los datos son claros: el eje que vertebra el voto en la región este 21D es la diferencia entre quienes viven en la ciudad y en el campo. 

Extremadura, con una población de un millón de habitantes, es una de las comunidades más envejecidas de España. Es, además, una de las regiones en las que más peso tienen la agricultura y ganadería en el PIB. Un marcado carácter rural en la comunidad con mayor porcentaje de población viviendo en municipios pequeños: una de cada tres personas reside en una localidad de menos de 5.000 habitantes.

La fuerza del PSOE en las últimas autonómicas de 2023 salió precisamente de estas zonas rurales, donde los apoyos socialistas se dispararon. Dentro del bloque de la izquierda, por el contrario, la coalición Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) gana presencia en los municipios más grandes. Pero es en las grandes ciudades —que superan los 50.000 habitantes— donde la derecha es mayoría. El PP consiguió más del 40% de los apoyos y Vox obtuvo 1 de cada 10 votos.

La brecha de participación entre zonas rurales y ciudades también juega un papel importante en estas elecciones. En las anteriores, solo un 16% de la población se abstuvo en los municipios de menos de 1.000 habitantes, un porcentaje que aumenta cuanto más grande es el municipio y alcanza el 36% en las localidades con más de 50.000 habitantes. Es decir, cuanto más pequeño es el municipio, más activa políticamente es su población. Al menos, en elecciones autonómicas.

Las principales preocupaciones de la gente en esta comunidad pasan, en el caso de los jóvenes, por el estado de las infraestructuras, como la llegada del tren y los peajes. Para la población adulta, el paro y la agricultura son los temas más acuciantes, según figura en los datos del CIS preelectoral. Las distintas prioridades se ven reflejadas en un voto que el 65% de la población ya tiene decidido antes del comienzo de la campaña. Mientras, los más jóvenes decidirán en el último momento. 

Si en 2023 el PSOE fue el partido más votado en la comunidad (aunque quien llegó a gobernar fue el PP con el apoyo de Vox), este año el avance del CIS vaticina un batacazo para el partido de Miguel Ángel Gallardo, pasando del 39% al 31%, y un crecimiento en los partidos de derechas, donde el principal beneficiado sería Vox, que pasaría del 8% a concentrar un 17% de los votos. 

Unos apoyos que se distribuyen por edad entre partidos tradicionales y nuevos partidos, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Vox, liderado en Extremadura por Óscar Fernández, recibe el apoyo, sobre todo, de los hombres. El bipartidismo tradicional, PP y PSOE, logra más apoyo entre las personas mayores mientras que Vox y Unidas por Extremadura son más populares entre los adultos jóvenes. Esta brecha está marcada además por el género: ellos son más de derechas y ellas, más de izquierdas.

Esta brecha entre el campo y la ciudad coincide con la edad. Los municipios menos poblados suelen ser los más envejecidos y dibuja diferencias de voto en función de la ocupación de los residentes.

Así, los datos muestran que es en los municipios donde más jubilados hay donde más respaldo reciben los partidos tradicionales. Por el contrario, los municipios en los que más de la mitad de los residentes están trabajando apoyan más a la derecha, superando el 50% de los votos. Mientras, donde hay más paro, el PSOE gana peso.

El bloque de izquierdas obtuvo la mitad de los votos solo en las localidades con menos de un 40% de ocupados y en aquellas con más de un 11% de parados. Los datos individuales de la encuesta preelectoral del CIS dibujan un escenario similar para las elecciones del 21 de diciembre. El PSOE saca sus mejores resultados entre jubilados, parados y empleados poco cualificados. 

Para estas elecciones, las encuestas dibujan un avance de Vox por dos vías: entre los directivos y gerentes y también entre los empleos de baja cualificación. Sus mayores apoyos están entre los trabajadores agrícolas, operadores de instalaciones y máquinas, ocupaciones elementales y artesanos.

Más renta, más voto a la derecha

La brecha urbano-rural se deja ver una vez más en la distribución del voto según el decil de renta del municipio. A pesar del peso de la agricultura y la ganadería en el PIB extremeño, las zonas agrícolas también son las que suelen concentrar rentas más bajas. 

Si dividimos los barrios extremeños en diez grupos iguales según su nivel de renta, el 10% más pobre es el que más vota a la izquierda. Más de la mitad de los votos van a parar al PSOE o a Unidas por Extremadura. Una cifra que se reduce a medida que aumenta el nivel de renta hasta llegar al 10% más rico en el que el voto al PSOE se reduce a la mitad y triunfan PP y Vox.

Una tendencia muy vinculada a la brecha entre el campo y la ciudad, ya que las zonas más ricas de Extremadura están en los barrios con mayor renta de las capitales de Badajoz, Cáceres o Mérida.

Esa brecha de zonas ricas y urbanas se ve también en el nivel de estudios de los residentes. Así, el PP y Vox encuentran su mayor apoyo en los barrios donde más gente ha pasado por la universidad. También Unidas por Extremadura recibe la mayoría de sus votos de las localidades con más población con estudios superiores, mientras que el PSOE es más popular entre los que tienen estudios secundarios. 

Es una tendencia que se mantendría estas elecciones, según el avance del CIS, que pronostica que el 38% de las personas con estudios superiores, donde las mujeres son mayoría, votarían al PP. El apoyo al PSOE desciende cuanto más alto es el nivel de estudios de la persona y el voto a Unidas por Extremadura sigue la tendencia inversa, es más popular entre los graduados universitarios, superando a Vox. 

Aunque la mayor parte del voto del partido liderado por María Guardiola se posiciona a la derecha en la escala ideológica, el PP también habría ganado el terreno al PSOE entre los moderados extremeños según el avance del CIS para las próximas elecciones. Entre los que se posicionan en el centro, los populares adelantan a los socialistas.

También Vox recibiría casi los mismos votos que los socialistas entre quienes se ubican en un 5 de la escala ideológica. Así, el PSOE y Unidas por Extremadura serían la opción para aquellos que se consideran de izquierdas.

¿Qué se puede esperar entonces de estas elecciones de Extremadura? Parece que el voto a los partidos de la derecha mantiene su fuerza en sus caladeros habituales: zonas urbanas, de renta alta y tasa de paro baja. Pero además podría pescar nuevos votantes de la izquierda: una de cada diez personas que apoyaron al PSOE en 2023 apoyarían hoy al PP.

Al mismo tiempo, aunque muchos que votaron a Vox volverían a los populares, el partido de extrema derecha también se llevaría un pellizco de antiguos votantes del PP.

Hasta después de los 35 años Julia no se planteó tener hijos. Primero no le apetecía “cargar con esa responsabilidad” y luego fueron los trabajos precarios e inestables los que la llevaron a retrasar la decisión hasta después de los 30. Cuando su situación económica mejoró, optó por congelar sus óvulos. “Decidí pagar para ganar tiempo, para cuando encontrara una pareja estable y poder plantearme ser madre con mis óvulos cinco años más jóvenes”, asume.

Desde hace una década España arrastra una tendencia a la baja en el número de nacimientos. El año 2024 no ha sido distinto y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico: 318.005 bebés en todo el país, unos 100.000 nacimientos menos que en 2014. También ha batido otro nuevo récord: menos madres menores de 35 años que nunca, una edad en la que la fertilidad de las mujeres empieza a descender más pronunciadamente y aumentan las dificultades para concebir, según recuerda la Guía para el Estudio y Tratamiento de la Infertilidad de la Organización Mundial para la Salud. 

Al tiempo que cae la natalidad y baja el número de madres jóvenes, se produce un auge en la congelación de óvulos, los nacimientos por reproducción asistida y las clínicas de fertilidad. Se genera así la paradoja de un país en el que hay menos niños, pero donde las mujeres intentan extender sus opciones de ser madres todo lo posible.

Según los últimos datos de la Encuesta de Fecundidad, el 72% de mujeres de entre 25 y 29 años desean tener dos hijos o más, y casi la mitad de mujeres mayores de 45 años desearía haber sido madre. La realidad es que las mujeres en España acaban teniendo 1,1 hijos de media. “No es que las mujeres no quieran tener hijos”, aclara Elisa Gil, ginecóloga especialista en medicina reproductiva y miembro de la junta de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). “Las habrá que no, lógicamente, pero las mujeres quieren seguir teniendo hijos. Esta brecha entre la natalidad real y la deseada es donde tenemos que ahondar”, agrega. 

Una brecha donde el deseo de ser madre y el momento biológico ideal no siempre coinciden por la precariedad laboral, el difícil acceso a la vivienda, la dificultad de encontrar pareja unida a la falta de corresponsabilidad en la crianza, la penalización de la maternidad en el mercado laboral y la falta de políticas reales a favor de los cuidados, según explican distintos expertos consultados por este medio. 

“Infertilidad estructural”

Cuando las condiciones sociales, económicas y políticas dificultan la concepción y crianza de los hijos se habla de “infertilidad estructural”. En este tipo de contextos desfavorables las mujeres retrasan la decisión de ser madres a la espera de que se dé una situación más adecuada. 

“Si estructuralmente se retrasa la maternidad, las mujeres que se lo pueden permitir se guardan las espaldas para poder tener hijos en el futuro”. Así lo explica Ariadna Ayala Rubio, doctora en antropología social especializada en reproducción asistida y parentesco y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. “La congelación es una opción que es bueno que la población conozca, pero puedes conocerla y aun así no poder acceder a ella”, añade Dolors Manau, Jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínic de Barcelona. “No es un tratamiento infalible y, además, lo natural es que la mujer o la pareja puedan tener hijos cuando ellas quieran”.

Las mujeres que congelan sus óvulos se han multiplicado casi por 30 en una década en España. En 2014, al menos 1.132 mujeres congelaron ovocitos o embriones, ocho años después la cifra ha crecido hasta las 5.011, según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Estas cifras no incluyen a quienes recurren a la congelación por cuestiones médicas-oncológicas. 

Madres mayores de 35 años

Desde 1975 hasta la actualidad, la tendencia está clara. Cada vez se tienen menos hijos y la maternidad se retrasa. Si hace 50 años las madres de menos de 35 años eran casi 9 de cada 10, ahora representan 6 de cada 10.

“Lo que hemos visto, con el paso de los años, es que de 25 a 29 se ha ido pasando a 30 a 34 y ahora se va moviendo hacia edades más avanzadas hasta que llega la menopausia, que es un límite biológico”, explica el demógrafo y profesor de Sociología en la UCM, Alberto Sanz, quien advierte de que esta tendencia va a intensificarse si no se hace nada al respecto. “En realidad, el problema no es que las mujeres quieran decidir sobre su cuerpo ni sobre su futuro laboral. El problema es que la sociedad no da las oportunidades, los recursos necesarios para decidir acerca de cómo y cuándo se pueden tener los hijos”, añade. 

El cambio de tendencia en las edades para ser madre es común en toda España, pero es más pronunciado en las comunidades más envejecidas y también menos dinámicas a nivel migratorio. En Galicia, Euskadi y Cantabria casi la mitad de los nacimientos registrados en los últimos años ya son de madres mayores de 40 años. Vemos el aumento de este grupo de edad en el gráfico y también cómo se acorta cada vez más la diferencia entre las madres mayores y menores de 35 en todo el territorio español. 

Esta caída de la natalidad es un fenómeno mundial. El número de hijos por mujer en todo el mundo se ha reducido a la mitad en el último siglo con 2,2 nacimientos por mujer, una tendencia que se repite en países distintos como Estados Unidos, India, Dinamarca, Colombia, Kenia o China. España está junto a Italia o Japón entre los 20 países con la natalidad más baja en todo el mundo. Y es el segundo país de Europa con menor promedio de hijos por mujer, solo por detrás de Malta. 

Este descenso no se puede atribuir a un único factor: guarda relación con cambios en la mentalidad y las prioridades, un mayor nivel educativo, la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, menos presión social, el modelo de familia y la llegada de los anticonceptivos, píldoras y preservativos, que en España se despenalizaron a partir de 1978. También por la falta de políticas de apoyo a favor de la crianza y la desigualdad salarial y de reparto de cuidados. 

En dos décadas, las mujeres españolas han pasado de tener su primer hijo a los 29 a tenerlo a los 32 años. También ocurre entre las mujeres de origen extranjero, pese a que tienden a tener más hijos y contribuyen más a mantener la natalidad. 

Cambios en la mentalidad

Entre todos los cambios, el de mentalidad y el modelo de familia han tenido un gran peso. “Vivimos en una sociedad en la que los individuos tienen unas expectativas importantes de cara a su vida. Y entonces la paternidad y la maternidad siguen siendo experiencias importantes, pero no son las experiencias centrales”, destaca el demógrafo Sanz. También influye que “cada vez se es menos consciente de que la fertilidad tiene un tiempo y de que llega un momento en que no es fácil tener un hijo mediante el embarazo natural”, explica María Isabel Jociles Rubio, catedrática de Antropología Social en la UCM. “Es lo que antes llamaban vulgarmente como ‘se te pasa el arroz”, incide.

En el caso de la formación educativa, las mujeres con estudios superiores, que suelen ser las que también acceden a puestos de trabajo más estables y mejor remunerados, suelen tener menor fecundidad. Tal y como apunta Alberto Sanz, una mayor educación también exige más años de formación con lo que la posibilidad de tener hijos se plantea más tarde: “Hay una apuesta muy alta para ingresar en un mercado laboral que es muy exigente, muy competitivo, y que evidentemente aparta a las mujeres de cualquier otra actividad que les pueda distraer de eso”.

“Para muchas mujeres con estudios, la maternidad es un coste de oportunidad muy elevado y deciden posponer y acaban, a la larga, teniendo menos hijos”. En España, el coste de la maternidad en el mercado laboral comienza con el nacimiento del primer hijo, donde los ingresos de ellas se reducen un 11% durante el primer año mientras que en ellos se mantiene, según constató el Banco de España en 2020. Una brecha de género (ya que los padres no la sufren) que se arrastra y que 10 años después asciende hasta el 28%.

Eso sí, aunque la economía familiar es un factor a tener en cuenta, la renta per se no guarda relación con una mayor o menor fecundidad, según detalla Sanz, quien ahonda en que son los escenarios de incertidumbre lo que influye en tener hijos o no. En un contexto en el que el acceso a la vivienda es difícil y donde las parejas ni siquiera pueden pagarse una vivienda con su propio sueldo, comenta, “no es tanto el dinero que tengas” sino que “simplemente no ves la posibilidad de tener confianza [en el futuro] porque no sabes si vas a poder conservar esa vivienda o te van a subir el alquiler y lo vas a tener que dejar o vas a tener que volver a vivir con tus padres”. 

De hecho, ni siquiera los famosos “cheque-bebé” son una solución determinante porque, aseguran los expertos, aunque las ayudas sociales son importantes, son puntuales. “La maternidad y paternidad son para siempre, por eso se necesitan cambios troncales, que conviertan a nuestro entorno y realidad en un lugar seguro y accesible a las familias y a los hijos”, declaran desde la SEF. 

Un asunto de toda la sociedad

De esta manera, el retraso de la maternidad tiene que ver más con las condiciones económicas y laborales, que son ajenas a las decisiones de las mujeres. “Esto no es un problema biológico-médico o de decisión de las mujeres sino un problema de salud del país, siempre se carga con que la mujer se retrasa, pero se retrasa la mujer y la pareja que tiene al lado. No es la mujer la culpable, sino la manera en que vivimos”, incide Manau.

Eso no quita para que las mujeres sí carguen con una sensación de culpabilidad impuesta, tanto para las que no desean ser madres como quienes sí quieren serlo, pero la retrasan. Julia lo siente y lo ve en su círculo cercano. “Hay una culpa no explícita de: '¿cómo quieres ser madre si te pones con 38 años? Ahora solamente te queda in vitros'. Existe una tendencia a culpabilizar”, lamenta.

“El retraso de la edad de la maternidad no puede resolverse solo en una clínica”, incide en esta entrevista a elDiario.es la experta Sara Lafuente‑Funes. Su estudio “Reflexiones críticas sobre la política reproductiva” (2024) enfatiza en cómo el retraso de la maternidad se está abordando de manera privada e individual, pero no desde la esfera colectiva ni política: “Las tecnologías les dan tiempo en un entorno que las deja solas para resolver la maternidad (o su ausencia) en medio de la incertidumbre y la soledad”. 

Dado el contexto, cada vez más mujeres recurren a la opción de congelar sus óvulos. “Aunque las mujeres decidan postergar su maternidad, los ovarios siguen envejeciendo pronto”, especifica la ginecóloga Manau. Todo ello para “ganar tiempo” y poder tener descendencia en el futuro.

Una medida que en España es posible desde la aprobación en el año 2006 de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida y que se ha vuelto una opción cada vez más recurrente. Pero esta técnica, recuerdan las expertas consultadas, es solo un parche y no es apta para todos los bolsillos. “Aunque algunas se encuentran en situaciones más precarias, estas mujeres están bien ubicadas dentro de los sistemas socioeconómicos españoles”, detalla el informe de Lafuente. 

Este tratamiento, sin incluir el precio de las fecundaciones, incluye la vitrificación (el proceso de congelación), que ronda los 2.000 euros iniciales, a lo que se suma una cuota por mantenerlos que va de los 150 a los 400 euros al año. A eso se añade el coste de la medicación para la estimulación ovárica, que oscila entre 800 euros y 1.000 euros, según la información de varias clínicas, que también ofrecen financiación bancaria. 

Reproducción asistida

Otro síntoma del retraso de la maternidad guarda relación con las fecundaciones in vitro o inseminaciones artificiales, a las que acuden quienes tienen dificultades para concebir en las que el elemento de la edad es clave. 

En 2014, los niños nacidos por fecundación in vitro o inseminación artificial representaban un 6% del total. Para 2022, uno de cada diez bebés que nacieron en España ya lo hicieron por alguna técnica de reproducción asistida.

La falta de medidas estructurales reales que mejoren las condiciones de vida es lo que explica, en parte, la tendencia que ha hecho que España haya pasado de un crecimiento poblacional de 10 por cada mil habitantes en los años 70 a una década en la que muere más gente de la que nace. 

Desde el año 2008, el movimiento natural de la población está en descenso, es el síntoma del envejecimiento de la población unido a una persistente caída de la natalidad.

Una caída que hasta el momento solo se aborda con soluciones parciales como las ayudas económicas puntuales o las técnicas de reproducción asistida. Unas tecnologías sobre las que hay una proyección “excesivamente optimista”, según detallan las expertas, que da a mujeres como Julia la sensación de poder “ganar tiempo”, pero que no mitigan la “infertilidad estructural” que continúa condicionando cuándo y cómo ser madre para quienes lo desean.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha subrayado este miércoles que los datos sobre la situación de la inmigración en la región demuestran que la población extranjera “no quita trabajo a nadie, no satura los servicios públicos y aporta más al sistema de lo que consume”. Además, ha señalado que no genera inestabilidad y contribuye a fijar población en una comunidad con un grave problema demográfico.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa acompañada por el responsable confederal de Migraciones del sindicato, Cesc Poch, con motivo del taller que UGT impartirá a sus delegados bajo el título ‘Prevención de bulos racistas y discursos de odio en el ámbito laboral’. El objetivo es que dispongan de herramientas para identificar y rebatir bulos, prevenir que los discursos de odio se normalicen en los centros de trabajo y frenar la criminalización de las personas migrantes, que puede derivar en discriminaciones laborales.

Según los datos aportados por el sindicato, a 1 de octubre de 2025 Extremadura contaba con 50.053 residentes extranjeros, el 4,75 % de la población, lo que la convierte en la región con menor presencia de población extranjera del país (0,66 % del total nacional). Aun así, la llegada de estas personas está ayudando a frenar la pérdida demográfica.

El 79,5 % de esta población tiene entre 15 y 64 años, y un 80 % se encuentra en edad laboral. Solo el 6,1 % supera los 65 años y un 14,4 % tiene entre 0 y 14 años, lo que para UGT evidencia su arraigo. La mayoría son mujeres (52 %) y cubren sectores con falta de mano de obra, como el empleo de hogar, los servicios sociales y sanitarios, el transporte o el almacenamiento.

En el plano laboral, a octubre de 2025 había en Extremadura 21.255 afiliados extranjeros, el 5,1 % de los cotizantes, con un crecimiento anual del 14,35 %. En cuanto a su procedencia, el 62 % procede de fuera de la Unión Europea, principalmente de Marruecos, Colombia y Brasil, mientras que la población europea llega sobre todo de Rumanía y Portugal.

Para Sánchez, estos datos permiten concluir que la población extranjera en Extremadura “es un activo demográfico y laboral” y que su presencia favorece el desarrollo económico, social y poblacional de la región.

Por su parte, Cesc Poch ha recordado que en España se jubilarán 5 millones de personas en la próxima década, mientras que solo entrarán en el mercado laboral 1,7 millones, una diferencia que no puede compensarse con la actual tasa de natalidad. “Es una fantasía de la extrema derecha pensar que la migración se parará y dejará de existir”, ha advertido.

Poch ha insistido en que las personas migrantes llegan a España porque hay trabajo y porque quieren construir un proyecto de vida. De hecho, de los más de 900.000 empleos creados en el país desde 2021, unos 700.000 han sido ocupados por personas de origen extranjero. “Eso sostiene el buen momento de la economía española”, ha destacado.

El dirigente sindical ha reclamado también medidas para atajar la inmigración irregular, “que le viene bien a la patronal y a la ultraderecha”, y ha defendido avanzar en las contrataciones en origen “con todos los derechos”. Para ello, ha dicho, es imprescindible la participación sindical y disponer de información detallada sobre las empresas contratantes para poder valorar las condiciones laborales y de vivienda.

En este sentido, ha criticado que, salvo en Huelva y Alicante, este año no se hayan convocado las comisiones de flujos migratorios provinciales, encargadas de garantizar que las contrataciones en origen ofertadas hayan pasado previamente por los servicios de empleo de cada territorio.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la Junta de Castilla y León está esperando un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para trabajar en la Ley contra la despoblación, que prometió el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en 2020 y de la que no se ha vuelto a saber nada. Esta norma tendrá que esperar al próximo gobierno que se constituya tras las elecciones, previstas para marzo de 2026.

“Es una Ley que exige un consenso y todo esto que estamos haciendo: la Estrategia de Dinamización Demográfica, este Consejo, el informe de la OCDE que es muy importante”, ha enumerado Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que “lo más urgente” era blindar por Ley los Servicios Públicos básicos en el medio rural. En septiembre de 2024, las Cortes de Castilla y León aprobaron —con los votos favorables de PP y Vox— esta Ley con el rechazo de todos los partidos de la oposición, porque pensaban que no garantizaría el mantenimiento de estos servicios.

El jefe de la división regional de Desarrollo Regional y Gobernanza multinivel de la OCDE, José Enrique Garcilazo, ha señalado que está terminando la primera fase del proyecto en el que participa Castilla y León, que está subvencionado por la Comisión Europea. “En cuanto lo tengamos todo listo vendremos a reportar todos los resultados”, ha avanzado Garcilazo, que ha preferido no dar un plazo para esta presentación.

La OCDE: “Esto va más allá de los cambios electorales”

También ha explicado que están viendo una “megatendencia estructural” en algunos países cuya población está decreciendo —entre ellos, Letonia, Japón, Corea y Lituania—, con dinámicas muy diferentes dentro de los territorios. “Los retos son mucho más fuertes para las regiones rurales. El 47% de las regiones rurales que están cerca de las ciudades están perdiendo población en los últimos 20 años”, ha indicado Garcilazo. Desde la OCDE se está trabajando con los gobiernos nacionales, autonómicos y locales para ver cómo se puede afrontar a largo plazo esta tendencia. “Esto va más allá de los cambios electorales y de los cambios de gobierno. Muchos países de Asia como Japón y Corea están desarrollando una visión a 40 o 50 años para ver cómo pueden afrontar la situación”, ha señalado Garcilazo.

El Consejo para la Dinamización Demográfica, en el que están representados distintos sectores económicos, políticos y administrativos para evaluar políticas públicas para hacer frente al reto demográfico. “Es un órgano vivo, asesor y de participación social”, ha insistido Suárez-Quiñones, que ha destacado que la población ha crecido “de manera sostenida” desde 2022, con casi 40.000 habitantes más que hace tres años.

“Vamos por buen camino”, ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha mencionado algunos pilares como la actividad económica o la calidad de vida como puntos de atracción de esta nueva población.

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María Ángeles Armisén, ha ensalzado el valor de estas administraciones para enfrentar el reto demográfico a través de medidas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 tres años, la atención a domicilio para las personas mayores y los servicios sanitarios, entre otros. “Somos interlocutores muy válidos con el día a día de los ciudadanos para coordinarnos como estamos haciendo con la Junta de Castilla y León”, ha reiterado.