En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

La Rioja alcanzó su máximo histórico de población con 326.803 habitantes a 1 de enero de 2025, tras ocho años consecutivos de crecimiento demográfico. Así se desprende del monográfico ‘Principales características demográficas de La Rioja 2025’, estudio que ofrece una fotografía completa de la situación demográfica de la comunidad publicado hoy, día 27, por Riojastat, el Instituto de Estadística de La Rioja.

El monográfico analiza la distribución de la población por sexo y edad. Así, a comienzos de 2025, las mujeres representaban el 50,7% de los residentes en La Rioja, con una edad media de 46,6 años, frente a los 44,3 años de los hombres. Por cohortes de edad, la más numerosa fue la comprendida entre los 16 y los 44 años, que representaba un tercio de la población riojana. Le siguieron el grupo de los ciudadanos que tienen 65 o más años (22,5%) y el de los menores de 16 años (14,1%). Estos datos reflejan una estructura demográfica equilibrada, aunque marcada por el progresivo envejecimiento de la población.

Asimismo, el estudio confirma el aumento de la población extranjera residente en La Rioja, que alcanzó la cifra de 48.436 personas a 1 de enero de 2025, el 14,8% del total. Este colectivo creció en 1.702 personas durante el último año, el 3,6% más. Los países con mayor presencia en la comunidad autónoma son Rumanía, Marruecos, Colombia, Pakistán y Portugal.

Por otra parte, en 2024 se registraron 50 nacimientos más que el año anterior, pero también aumentó el número de defunciones, que ascendieron a 3.306 en total. Como resultado, el saldo vegetativo volvió a ser negativo (–1.257 personas) por undécimo año consecutivo.

El análisis por municipios constata también que, a 1 de enero de 2025, la población riojana no estaba distribuida de forma uniforme por el territorio. Así, el 60% de los habitantes (196.020 personas) residía en el área metropolitana de Logroño, mientras que solo el 6,2% vivía en los 134 municipios con menos de 500 habitantes.

Entre los municipios con una población superior a los 3.000 residentes destacó Autol por registrar la mayor proporción de población joven, seguido de Villamediana de Iregua y de Lardero.

La publicación completa puede consultarse en la página web de Riojastat: www.larioja.org/estadistica/es/publicaciones-indicadores/catalogo-publicaciones

Madrid sigue atrayendo más habitantes cada año desde hace más de una década, siguiendo una tendencia que solo se vio interrumpida durante la pandemia. En 2025, la pobración de la región subió en 135.316 personas hasta llegar a los 7.137.031 a finales de año, según datos difundidos hoy por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El crecimiento se mantiene similar a los años anteriores y se acelera con respecto al existente en los años previos a la pandemia. En dos décadas la Comunidad de Madrid ha pasado de los 6 millones de habitantes a los 7,1 y la proyección es que alcance los 8 millones en el año 2039, según un análisis elaborado por la Dirección General de Reequilibrio Territorial, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la distribución geográfica, casi la mitad de los madrileños vive en la capital y en la corona metropolitana (91%) y el resto en zonas rurales.

Los municipios más habitados son Madrid capital (3.506.730), junto con Móstoles (214.817), Alcalá de Henares (203.208), Leganés (195.734) y Getafe (193.238), que por primera vez asciende hasta la quinta posición, desplazando a Fuenlabrada (190.076), la única del grupo con más población que pierde habitantes con respecto al año anterior.

La lista de los municipios más poblados se completa con Alcorcón, Torrrejón de Ardoz, Parla, Alcobendas y Rivas Vaciamadrid.

La evolución de los municipios más poblados, excluyendo la ciudad de Madrid, muestra a los ayuntamientos de Móstoles y Alcalá de Henares en el podio de la región, seguidos de Leganés, con un importante ascenso en los últimos años, al igual que Getafe.

La población del Principado de Asturias se situó a fecha de 1 de enero de 2026 en 1.021.733 personas tras ganar a lo largo del pasado año un total de 6.605 habitantes, lo que supone un aumento del 0,65 por ciento, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Estadística Continua de Población refleja que Asturias ganó en el cuarto trimestre 939 habitantes, lo que representa un repunte del 0,09%.

De los 1.021.733 habitantes con los que contaba el Principado al inicio de este año, 533.593, el 52,22 por ciento, son mujeres, y 488.140, el 47,88%, son hombres.

El 12,5% ha nacido en el extranjero

El número de habitantes nacidos en el extranjero asciende en Asturias a 128.219, una cifra que representa el 12,54% de la población de la comunidad autónoma.

Los nacidos en el extranjero residentes en el Principado han aumentado en 2.592 personas en el cuarto trimestre y en 12.010 en el último año.

El 28% tiene 65 o más años

Por grupos de edad, 293.527 residentes en Asturias, el 28,72 por ciento, tienen 65 o más años. En el otro extremo, 98.185 habitantes del Principado tiene hasta 14 años; 143.539, hasta 19 años, y 187.500, hasta 24.

Según los datos del INE, la población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, que alcanzó los 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

Aragón es una comunidad marcada por la relevancia histórica de varios partidos regionalistas y por una población en su mayoría urbana. Identificada por los investigadores de Piedras de Papel como el Ohio español en 2015, los comicios en la comunidad suelen ser un avance de lo que pasa a nivel nacional ya que han predicho el ganador de todas las elecciones generales desde 1983.

Aunque es una comunidad con muchas zonas rurales, la mitad de sus habitantes residen en Zaragoza capital y solo un cuarto en municipios de menos de 10.000 habitantes. Con las elecciones autonómicas del 8 de febrero a la vuelta de la esquina, es inevitable preguntarse: ¿quién vota a quién en Aragón? ¿Hay diferencia entre ciudades y pueblos? ¿Y entre barrios ricos y pobres? ¿Condiciona la edad el voto en las distintas provincias?

En elDiario.es hemos analizado los resultados calle a calle de las elecciones de 2023 en Aragón y la encuesta preelectoral del CIS para hacernos una idea de los perfiles demográficos detrás de cada partido. Así, la renta parece ser el factor determinante a la hora de decidir el voto aragonés, pero cada provincia tiene sus propias preferencias electorales.

Como ocurre a nivel nacional, el apoyo a la derecha aumenta entre las zonas más ricas. El PP acapara casi la mitad de los votos entre el 10% con más renta de la comunidad, por el contrario, el PSOE es el partido favorito entre los votantes que se encuentran en los barrios más pobres de Aragón.

Eso sí, en Aragón la provincia es una unidad territorial y social clave para analizar el voto. También, por niveles de renta. En Zaragoza, el voto al PP se dispara entre los más ricos. En Huesca, el aumento del apoyo a los populares se aprecia ya en el 30% con más ingresos, mientras que Teruel es el territorio donde hay menos diferencias de renta se detectan en el voto.

En esta provincia se da una singularidad: la irrupción de Teruel Existe se disparó en los barrios más ricos, donde llegó a superar al PSOE. 

La concentración de la mitad de la población en la capital (Zaragoza) dibuja una brecha también entre zonas rurales y urbanas en el voto de la comunidad. Una diferencia que es clave por la influencia del sistema electoral, que premia a Huesca y Teruel con más escaños de los que les corresponden por población.

Así, los partidos regionales como el PAR o la coalición Existe consiguen sus mejores resultados en las zonas más despobladas. Por el contrario, la Chunta Aragonesista, Podemos o Vox suman más votos en Zaragoza y las ciudades más grandes.

Luego está el aumento de Existe en las localidades que tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes y que se debe a la influencia del municipio de Teruel, donde la coalición consiguió sus mejores resultados. No es casual: la despoblación es la principal preocupación para el 17% de los votantes de Teruel Existe, casi el doble que la media aragonesa.

La fuerza de las formaciones políticas más recientes (Vox y Podemos) en las zonas urbanas suele estar muy vinculada a la presencia de votantes jóvenes. Por ejemplo, los distritos censales de edad media más baja son los que más votaron a Vox (14%) en 2023. Sin embargo, es en las áreas más envejecidas donde el PP obtiene sus mejores resultados. 

El apoyo a la izquierda del PSOE (CHA, Podemos e IU) se dispara también en las áreas más jóvenes.

Aunque el “efecto Ohio” se ha diluido en los últimos ciclos electorales, Zaragoza sigue siendo un buen termómetro demográfico de España. La capital concentra una población que en términos de edad, nivel de renta y de estudios es muy similar a la media nacional, lo que permite observar tendencias que luego pueden reproducirse en las elecciones generales.

De cara al 8F, los datos individuales de la encuesta preelectoral del CIS dibujan un escenario similar al de 2023. Vox gana presencia e incluso superaría al PSOE entre los votantes de menos de 35 años, mientras que los votantes de más edad se mantienen fieles al bipartidismo. También es entre los jóvenes donde CHA, liderada en estos comicios por Jorge Pueyo, obtendría sus mejores resultados, con entre un 11% y un 12% de los votos. 

¿Y por género? Ellas prefieren a la izquierda y ellos a la derecha, sobre todo a Vox. Según el CIS, un 17,5% de los hombres aragoneses votarían a la formación de extrema derecha el 8F mientras que solo un 8,6% de mujeres optaría por la formación liderada por Santiago Abascal.

En el bloque de izquierdas, la mayor diferencia entre voto masculino y femenino está en el PSOE, por el que votarían hasta un 29% de las mujeres aragonesas y solo un 19% de los hombres. Esta diferencia también se refleja en las preocupaciones de unos y otros. Ellas mencionan con más frecuencia la sanidad como uno de los principales problemas, mientras que para los hombres está casi al mismo nivel que la inmigración.

La ocupación también influye en el voto. Las zonas con más población parada y jubilada tienden a inclinarse hacia la derecha. Siguiendo con la tendencia que se ve por edades, es en las áreas con menos jubilados donde Vox obtuvo en 2023 mejores resultados (un 13,8% de los votos).

En los barrios con más desempleo, el PSOE sigue siendo el partido más votado, con un 36%, pero destaca el avance de Vox, que alcanza el 12,6%. Sumado al PP, el bloque de derechas supera al PSOE, pese a que los populares obtienen aquí sus peores cifras.

El nivel educativo completa este retrato demográfico. Para estas elecciones, el CIS pronostica que las personas con estudios secundarios serán los que más voten a la derecha mientras que quienes no los tienen o completaron solo la etapa primaria prefieren al PSOE. Vox destaca especialmente entre los titulados en Formación Profesional, donde obtendría un 17,6% de los votos, y CHA encuentra su principal apoyo entre quienes cuentan con estudios secundarios (11,3%) o superiores (11,1%). 

¿Habrá grandes cambios en el voto respecto a las anteriores elecciones autonómicas? El CIS apunta a algunas transferencias importantes. Podemos sería uno de los grandes perjudicados: solo mantendría al 33,7% de sus anteriores votantes. El resto cambiarían al CHA (18%), IU-Sumar (15,5%) y PSOE (10%)

También el PAR sufriría la sangría de votos. Casi el 40% de sus antiguos votantes optarían por el PP en los nuevos comicios y un 11%, por Vox. Este último recibiría además el voto de un 20% de ciudadanos que se abstuvieron en las anteriores elecciones. 

Juan Antonio Módenes es uno de los pocos demógrafos españoles que lleva décadas analizando las políticas de vivienda. Profesor de Geografía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), recibe a elDiario.es en su despacho del Centro de Estudios Demográficos (CED), organismo académico del que es investigador asociado y que fue fundado en 1984 por la Generalitat para estudiar y asesorar sobre la evolución poblacional en Catalunya. 

Módenes reclama construir con urgencia más vivienda en las grandes áreas metropolitanas españolas para responder al aumento neto de la población y de los nuevos hogares, que en España están sobre todo asociados a la llegada de población extranjera. Un fenómeno, el migratorio, que Módenes advierte que añade dificultad a la planificación territorial por su funcionamiento por oleadas.

En una conferencia reciente lamentaba que el debate político sobre vivienda ha tenido poco en cuenta la demografía en los últimos años. ¿A qué lo atribuye?

En parte, porque la vivienda se considera un bien económico. Por otro lado, porque en España había en las últimas décadas una demanda bastante estable: tanto se construía, tanto se vendía. Cuando los niveles de fecundidad eran relativamente elevados, no había grandes oscilaciones de demanda por el flujo de migración. Era una demanda previsible, cada año parecido al anterior.

¿Cómo ha cambiado el escenario para que ahora sea tan importante la evolución demográfica en las políticas de vivienda?

Porque la demanda ya no es fija debido a los cambios demográficos, a los migratorios, a la crisis de la fecundidad, al envejecimiento de la población… Desde la demografía lo tenemos claro, mientras que desde otros ámbitos, no.

¿Cuál es su diagnóstico respecto a la creación de nuevos hogares en España y la oferta de vivienda disponible para ellos?

Con la estructura de población actual y con una estimación con base en las migraciones actuales, podríamos dar una cifra de crecimiento del stock de hogares de algo más 250.000 al año. Esto es el saldo neto, que cuenta el flujo de creación de hogares –entre jóvenes y migrantes, unos 500.000– y resta el flujo de disolución de hogares, es decir, aquellas que se vacían y en teoría vuelven al mercado –más de 200.000–. Si aproximadamente se crece en 250.000 hogares, deberíamos construir el mismo número, aunque aquí hay otros aspectos a tener en cuenta.

¿Por ejemplo?

El principal es si todas las viviendas que quedan vacías por la mortalidad de sus ocupantes volverán a ser nuevos hogares. Factores que lo pueden impedir son el derribo de viviendas antiguas o insalubres o que pasen a otros usos, principalmente turísticos. En realidad, hay que construir el saldo neto más todas aquellas viviendas que ya no vuelven a tener un uso estrictamente demográfico. Por lo tanto, la cifra debería ser algo superior a 250.000. En 2025, se construyeron entre 115.000 –las acabadas– y 140.000 –las iniciadas– viviendas. La tendencia es creciente, pero claramente insuficiente.

Además de la construcción, ¿qué peso puede jugar para satisfacer la demanda de vivienda la retirada de pisos turísticos o la rehabilitación de inmuebles degradados?

La rehabilitación no deja de ser intentar que viviendas antiguas liberadas vuelvan a ser ocupadas por demanda joven. Contamos que esos deberes ya deberíamos estar haciéndolos. Rehabilitar es imprescindible, pero debe ser complementario a la construcción. ¿Cuándo no deberíamos construir? Si no viniesen inmigrantes. Entonces el saldo sería prácticamente cero, porque estaríamos creando tantos hogares como los que se disuelven por mortalidad. Solo habría que gestionar el parque.

Hay que construir el saldo neto [de creación de nuevos hogares] más todas aquellas viviendas que ya no vuelven a tener un uso estrictamente demográfico. Por lo tanto, la cifra debería ser algo superior a 250.000. Actualmente en 2025 se construyen entre 115.000 –las acabadas– y 140.000 –las iniciadas– viviendas.

 ¿Considera que el déficit de vivienda disponible se debe principalmente a que la construcción no se ajusta a la llegada de población extranjera?

A principios de siglo, la demanda era mayor aún. Pero se construía lo que se necesitaba y más. El problema era de qué manera se construía. Ahora el problema no es que vengan inmigrantes, es que se construye poco. Los inmigrantes han sustituido una demanda que estaba ahí antes, que era la de los jóvenes que llegaban a la emancipación cuando la fecundidad era relativamente alta. Ese flujo de jóvenes ha disminuido y lo hemos sustituido por inmigrantes. Pero el flujo no es mucho mayor. Es decir, la creación de hogares por inmigrantes hoy es igual o menor que la de hace 20, 25, 30 años. Pero actualmente no se construye tanto.

En su conferencia en el Observatori de l’Habitatge de Barcelona (OH-B) recordaba que usted es de Santa Coloma de Gramenet, una ciudad que pasó de 30.000 a 130.000 habitantes en tan solo tres décadas.

Es un modelo urbanístico que no queremos repetir. Se construyó mal. Santa Coloma, Sant Adrià, L’Hospitalet, San Cosme… Pero es cierto que se construyó vivienda para unos inmigrantes que supusieron un shock de demanda en una Catalunya que pasó de tres millones de personas a mediados de siglo a seis millones a finales.

Si no aumenta el ritmo de construcción, ¿cuál cree que puede ser la consecuencia?

Puede pasar que a la larga la demanda se ajuste a la oferta. Desde el punto de vista demográfico, si no hay vivienda suficiente durante un tiempo puede haber procesos de sobreocupación, hacinamiento… Pero llegará un momento en que tanto los jóvenes como los inmigrantes dirán que no pueden continuar igual. Ya tenemos un sistema bastante restringido de demanda de los jóvenes, que hace muchos años que se emancipan de media los 30 años. ¡Pues imagínate! La emancipación puede retrasarse todavía más. Y puede llegar el caso que los inmigrantes digan que no quieren venir a España a vivir debajo de un puente.

Podemos imaginarnos una situación en que la emancipación todavía se retrase más. Y puede llegar el caso de que los inmigrantes digan que no quieren venir a España a vivir debajo de un puente. 

Uno de los temores de los activistas por la vivienda es que construir más no lleve acarreado un descenso de los precios disparados actuales. Como ocurrió con la burbuja de finales de los 2000.

Es que puede pasar perfectamente. El parque social debería ser importante y no marginal como ha sido hasta ahora. No hace falta que todos los jóvenes accedan a una vivienda de alquiler social, eso sería prácticamente utópico, pero sí que una parte significativa de la demanda pueda ser absorbida por estos alquileres, que te permiten jugar luego con los precios. Es lo que pasa en ciudades o países que tienen todavía vivienda social.

¿Cómo de importante es para la demografía de la vivienda que la población viva cada vez más años? ¿Añade tensión al mercado?

¿Qué pasaba antiguamente cuando una mujer quedaban viuda? Se iba a casa de los hijos, por lo tanto, se liberaba una vivienda a lo mejor con la señora de 60, 65 o 70 años. Ahora ya no se va y su esperanza de vida es mucho más alta, con lo cual la última persona en el hogar alcanza los 80, 85, incluso 90. Si antes se liberaba relativamente rápido, ahora se retiene, y eso hace que el flujo de disolución sea menor ahora. ¿Entonces qué hacemos? ¿Fomentamos la autonomía residencial o que vayan a residencias dentro de una red de calidad y liberamos viviendas para los jóvenes? Es interesante tenerlo en cuenta.

En el otro extremo de la pirámide, ¿la crisis de acceso a la vivienda también puede afectar a la fecundidad y a la crianza?

El comportamiento residencial liga con el comportamiento demográfico general y con la precariedad laboral. La fecundidad está muy afectada negativamente por las complicaciones para acceder a la vida adulta completa de la gente joven. No hace falta que un investigador de Barcelona o de otro país lo estudie, es algo que está súper demostrado. También hay interacción entre el acceso a la vivienda y los niveles de fecundidad si es más de propiedad o de alquiler, que genera bastante más inseguridad. El otro día mi hija, de 23 años, me dijo que quería ser madre joven, no esperar a los 30. Pero con su pareja decían que debían tener un piso de propiedad, no querían ser padres estando de alquiler sin saber si les iban a echar.

El parque social debería ser importante, que no sea marginal como ha sido hasta ahora.

¿Es más complicado planificar políticas de vivienda a largo plazo con movimientos demográficos vinculados a las migraciones, que funcionan por oleadas?

Ese es el gran reto que tenemos como demógrafos para seguir siendo útiles. Antes era fácil hacer nuestro trabajo, porque lo único que se necesitaba era la experiencia técnica de cálculo, pero era fácil pensar las hipótesis a partir de la fecundidad. Ahora al demógrafo se le pide imaginarse el futuro. No es tan importante saber calcular, que también, sino cómo dibujar esas hipótesis.

Como la inmigración viene por oleadas, el crecimiento futuro ya no es una línea que puedes proyectar, sino que tienes que imaginarte ciclos ¿Y cómo nos imaginamos los ciclos? Ese es el gran reto de las técnicas demográficas de proyección y de otras ciencias sociales, incluso de la economía. Debemos tener instrumentos de proyección demográfica y planificación territorial que sean fácilmente ajustables y que siempre estén alimentados por los nuevos datos.

Otro de los retos del aumento de la demanda es que no es equitativa territorialmente, sino que se concentra en determinadas regiones. El Banco de España constataba que el 50% del déficit de vivienda acumulado en España se concentra en cinco provincias: Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y Málaga.

El sistema territorial español cada vez más es de concentración en grandes ciudades. También la inmigración llega a estos sitios, es normal.

¿Qué hacemos entonces en ciudades que no pueden crecer muy significativamente en extensión? Es el caso del área metropolitana de Barcelona, por ejemplo.

Primero, reconocer el problema. Es realmente complicado. Si en el área de Barcelona te salen miles de hogares anuales en saldo neto, que tienes que construir, igual no tienes los instrumentos para hacerlo porque no tienes el suelo… ¿Cómo genero tantas decenas de miles de viviendas en esta área? ¿Dónde las sitúo? Eso es cierto que ya no es mi negociado [en referencia al análisis demográfico].

Una de las soluciones que plantea el Govern en Catalunya, y que se puede debatir en otras urbes, es crecer en segundas o incluso terceras coronas metropolitanas.

Esto se exploró en Catalunya por parte de Oriol Nel·lo como secretario de Planificación Territorial (2003-2011), para descongestionar el centro. Me parece bien, es una opción. Pero aquí debemos entender cuál es el sistema de bienestar familiar que tenemos en España, que es muy familiarista. Todavía dependemos mucho de las redes familiares. Para ubicar la demanda de los jóvenes en nuevos espacios urbanos debes garantizar no solo que haya vivienda, sino que haya trabajo, movilidad, y ver cómo quedan las redes familiares, si se necesitan o no.

Está muy bien irte con 25 años a vivir a 200 kilómetros de casa y bajar los domingos a comer, pero cuando tus padres tienen 85 años ya te preocupas más. Con esta anécdota quiero decir que con un sistema de bienestar nórdico de hace unas décadas, con servicios públicos eficientes, no necesitas tanta red familiar y puedes irte a vivir a 500 kilómetros, pero aquí debemos estudiarlo bien para no romper las estructuras de apoyo social. De nuevo no sé si la respuesta a esto corresponde a un demógrafo.

Para ubicar la demanda de los jóvenes en nuevos espacios urbanos debes garantizar no solo que haya vivienda, sino que haya trabajo, movilidad, y ver cómo quedan las redes familiares

En Catalunya ha emergido el debate sobre el crecimiento demográfico a raíz de la posibilidad de saltar de los ocho millones alcanzados actualmente a los diez en 2050. ¿Cómo se prepara ese escenario si las previsiones son tan variables?

Podemos hacer planificación estratégica a largo plazo, a partir de sets de hipótesis. Qué pasaría si la inmigración sigue igual, si la fecundidad es más alta, o si ambos indicadores son negativos. Para mí, nos tenemos que centrar en un plazo de diez o quince años, que ahí sí que el nivel de incertidumbre es más manejable. La planificación dura, la que tiene que ver con hacer tal vía de comunicación, o tantas viviendas, o esa desalinizadora, a diez o quince años.

Partidos de extrema derecha, o de derecha tradicional, afirman que el crecimiento poblacional en Catalunya es insostenible. Como demógrafo, ¿considera el aumento de población algo extraordinario?

Catalunya lleva 150 años creciendo por inmigración. Sin ella, ahora estaríamos a niveles de principios del siglo XX, con dos o tres millones de habitantes. Históricamente, hemos optado por el camino de la modernización y el crecimiento industrial, con Barcelona como motor catalán y español, y eso aquí y en todas partes conlleva inmigración. Holanda ha crecido por inmigración desde el siglo XVII.

Catalunya lleva 150 años creciendo por inmigración. Históricamente hemos optado por el camino de la modernización y el crecimiento industrial, y eso aquí y en todas partes conlleva inmigración.

Para cerrar de nuevo con la vivienda, ¿ha estudio casos recientes de regiones o países que consigan mitigar estos problemas?

La crisis de la vivienda es bastante generalizada. En todas partes se identifica un problema de déficit de oferta: en Inglaterra, en Estados Unidos… Tenemos modelos de éxito antiguos, como Viena, con una presencia importante del parque social que regula el mercado. Otros países, como Holanda, tenían un sistema muy bueno de arquitectura social que servía como un agente importante del mercado de la vivienda, pero este modelo está desapareciendo por las restricciones europeas. China tiene muchísimos problemas de accesibilidad y de burbujas, con lo que tampoco es un modelo de éxito. Estados Unidos, que era un país en el que la movilidad residencial era muy fácil, ahora lo está dejando de ser por los problemas del mercado.

¿Es optimista en el caso español?

Tenemos que perseverar en el optimismo, pero no lo soy. Tenemos que insistir en que la política es útil. Un Gobierno que se supone de izquierdas está teniendo muchos problemas para solucionarlo. Necesitamos políticas de vivienda que sean sensibles a la demanda, y que combinen construir lo que sea necesario con gestionar un parque de vivienda.

La población extremeña mayor de 64 años crecerá un 10% en 15 años, al pasar de los 235.953 ciudadanos censados en 2024, un 22,37% de los habitantes, a los 325.839 previstos en 2039, un 32,03%, según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura.

La edad media de la población se sitúa en 45,78 años de acuerdo con el censo de 2024, y ha aumentado más de diez años en los últimas cuatro décadas. En concreto, el número de personas de 100 y más años ha crecido un 15,8% respecto del censo de población de 2011.

La esperanza de vida al nacer se situó en 83,13 años, mayor en las mujeres (85,99 años) que en los hombres (80,36 años), aunque en los últimos 40 años aumentó más en los hombres (7,79 años) que en las mujeres (7,17 años).

Según el censo de 2023, el 22,3% de la población de 65 y más años no tenía estudios, el 29,5% había alcanzado un nivel de estudios de educación primaria, el 28,5% la primera etapa de educación secundaria y similar y el 9% grados, másteres o doctorado universitarios. En el caso de la población extranjera, ha pasado del 0,30 % en 2003 al 1,12% en 2024.

Respecto a las migraciones desde otras comunidades autónomas hacia Extremadura, se registraron 1.630 movimientos de personas mayores de 64 años, de los que 1.017 fueron de nacidos en la región.

En Extremadura, a 1 de octubre de 2025, el número de pensiones se cifró en 197.418, el 71,3% correspondientes a pensiones de jubilación y el 25,8% a viudedad. Un 4,7% de la población mayor de 64 años se encuentra ocupada, mayoritariamente en el sector servicios (65%).

El número de hogares en los que el sustentador principal tiene más 65 años fue de 145.014, según los datos de la encuesta de presupuestos familiares en 2023, en la que el 43,5% de estos hogares estuvo compuesto por una persona y el 36,7% por una pareja sin descendientes.

Respecto a sus condiciones de vida, un 27 % de estos mayores se situó en riesgo de pobreza en 2024, considerando el umbral nacional y un 15,4 % considerando el umbral de pobreza de Extremadura.

Respecto de 2010, en ambos casos se observó un descenso del 35 % y un aumento del 16,4 %, respectivamente.

Además, en 2024 el 87,3 % de los fallecidos en Extremadura fueron personas de 65 y más años, siendo las principales causas de fallecimiento las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las patologías del sistema respiratorio.

En 2024, 131 personas de 65 años y más contrajeron matrimonio en Extremadura y 25 se inscribieron como víctimas de violencia de género.

¿Cómo se vota en la Extremadura rural? ¿Y en las áreas con mayor poder adquisitivo? ¿Votan distinto los jóvenes respecto a los mayores? ¿Cuál es la brecha demográfica que marcará el resultado del 21D?

En elDiario.es hemos analizado los resultados calle a calle de las elecciones de 2023 en Extremadura y la encuesta preelectoral del CIS para hacernos una idea de los perfiles demográficos detrás de cada partido. Los datos son claros: el eje que vertebra el voto en la región este 21D es la diferencia entre quienes viven en la ciudad y en el campo. 

Extremadura, con una población de un millón de habitantes, es una de las comunidades más envejecidas de España. Es, además, una de las regiones en las que más peso tienen la agricultura y ganadería en el PIB. Un marcado carácter rural en la comunidad con mayor porcentaje de población viviendo en municipios pequeños: una de cada tres personas reside en una localidad de menos de 5.000 habitantes.

La fuerza del PSOE en las últimas autonómicas de 2023 salió precisamente de estas zonas rurales, donde los apoyos socialistas se dispararon. Dentro del bloque de la izquierda, por el contrario, la coalición Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) gana presencia en los municipios más grandes. Pero es en las grandes ciudades —que superan los 50.000 habitantes— donde la derecha es mayoría. El PP consiguió más del 40% de los apoyos y Vox obtuvo 1 de cada 10 votos.

La brecha de participación entre zonas rurales y ciudades también juega un papel importante en estas elecciones. En las anteriores, solo un 16% de la población se abstuvo en los municipios de menos de 1.000 habitantes, un porcentaje que aumenta cuanto más grande es el municipio y alcanza el 36% en las localidades con más de 50.000 habitantes. Es decir, cuanto más pequeño es el municipio, más activa políticamente es su población. Al menos, en elecciones autonómicas.

Las principales preocupaciones de la gente en esta comunidad pasan, en el caso de los jóvenes, por el estado de las infraestructuras, como la llegada del tren y los peajes. Para la población adulta, el paro y la agricultura son los temas más acuciantes, según figura en los datos del CIS preelectoral. Las distintas prioridades se ven reflejadas en un voto que el 65% de la población ya tiene decidido antes del comienzo de la campaña. Mientras, los más jóvenes decidirán en el último momento. 

Si en 2023 el PSOE fue el partido más votado en la comunidad (aunque quien llegó a gobernar fue el PP con el apoyo de Vox), este año el avance del CIS vaticina un batacazo para el partido de Miguel Ángel Gallardo, pasando del 39% al 31%, y un crecimiento en los partidos de derechas, donde el principal beneficiado sería Vox, que pasaría del 8% a concentrar un 17% de los votos. 

Unos apoyos que se distribuyen por edad entre partidos tradicionales y nuevos partidos, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Vox, liderado en Extremadura por Óscar Fernández, recibe el apoyo, sobre todo, de los hombres. El bipartidismo tradicional, PP y PSOE, logra más apoyo entre las personas mayores mientras que Vox y Unidas por Extremadura son más populares entre los adultos jóvenes. Esta brecha está marcada además por el género: ellos son más de derechas y ellas, más de izquierdas.

Esta brecha entre el campo y la ciudad coincide con la edad. Los municipios menos poblados suelen ser los más envejecidos y dibuja diferencias de voto en función de la ocupación de los residentes.

Así, los datos muestran que es en los municipios donde más jubilados hay donde más respaldo reciben los partidos tradicionales. Por el contrario, los municipios en los que más de la mitad de los residentes están trabajando apoyan más a la derecha, superando el 50% de los votos. Mientras, donde hay más paro, el PSOE gana peso.

El bloque de izquierdas obtuvo la mitad de los votos solo en las localidades con menos de un 40% de ocupados y en aquellas con más de un 11% de parados. Los datos individuales de la encuesta preelectoral del CIS dibujan un escenario similar para las elecciones del 21 de diciembre. El PSOE saca sus mejores resultados entre jubilados, parados y empleados poco cualificados. 

Para estas elecciones, las encuestas dibujan un avance de Vox por dos vías: entre los directivos y gerentes y también entre los empleos de baja cualificación. Sus mayores apoyos están entre los trabajadores agrícolas, operadores de instalaciones y máquinas, ocupaciones elementales y artesanos.

Más renta, más voto a la derecha

La brecha urbano-rural se deja ver una vez más en la distribución del voto según el decil de renta del municipio. A pesar del peso de la agricultura y la ganadería en el PIB extremeño, las zonas agrícolas también son las que suelen concentrar rentas más bajas. 

Si dividimos los barrios extremeños en diez grupos iguales según su nivel de renta, el 10% más pobre es el que más vota a la izquierda. Más de la mitad de los votos van a parar al PSOE o a Unidas por Extremadura. Una cifra que se reduce a medida que aumenta el nivel de renta hasta llegar al 10% más rico en el que el voto al PSOE se reduce a la mitad y triunfan PP y Vox.

Una tendencia muy vinculada a la brecha entre el campo y la ciudad, ya que las zonas más ricas de Extremadura están en los barrios con mayor renta de las capitales de Badajoz, Cáceres o Mérida.

Esa brecha de zonas ricas y urbanas se ve también en el nivel de estudios de los residentes. Así, el PP y Vox encuentran su mayor apoyo en los barrios donde más gente ha pasado por la universidad. También Unidas por Extremadura recibe la mayoría de sus votos de las localidades con más población con estudios superiores, mientras que el PSOE es más popular entre los que tienen estudios secundarios. 

Es una tendencia que se mantendría estas elecciones, según el avance del CIS, que pronostica que el 38% de las personas con estudios superiores, donde las mujeres son mayoría, votarían al PP. El apoyo al PSOE desciende cuanto más alto es el nivel de estudios de la persona y el voto a Unidas por Extremadura sigue la tendencia inversa, es más popular entre los graduados universitarios, superando a Vox. 

Aunque la mayor parte del voto del partido liderado por María Guardiola se posiciona a la derecha en la escala ideológica, el PP también habría ganado el terreno al PSOE entre los moderados extremeños según el avance del CIS para las próximas elecciones. Entre los que se posicionan en el centro, los populares adelantan a los socialistas.

También Vox recibiría casi los mismos votos que los socialistas entre quienes se ubican en un 5 de la escala ideológica. Así, el PSOE y Unidas por Extremadura serían la opción para aquellos que se consideran de izquierdas.

¿Qué se puede esperar entonces de estas elecciones de Extremadura? Parece que el voto a los partidos de la derecha mantiene su fuerza en sus caladeros habituales: zonas urbanas, de renta alta y tasa de paro baja. Pero además podría pescar nuevos votantes de la izquierda: una de cada diez personas que apoyaron al PSOE en 2023 apoyarían hoy al PP.

Al mismo tiempo, aunque muchos que votaron a Vox volverían a los populares, el partido de extrema derecha también se llevaría un pellizco de antiguos votantes del PP.

Hasta después de los 35 años Julia no se planteó tener hijos. Primero no le apetecía “cargar con esa responsabilidad” y luego fueron los trabajos precarios e inestables los que la llevaron a retrasar la decisión hasta después de los 30. Cuando su situación económica mejoró, optó por congelar sus óvulos. “Decidí pagar para ganar tiempo, para cuando encontrara una pareja estable y poder plantearme ser madre con mis óvulos cinco años más jóvenes”, asume.

Desde hace una década España arrastra una tendencia a la baja en el número de nacimientos. El año 2024 no ha sido distinto y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico: 318.005 bebés en todo el país, unos 100.000 nacimientos menos que en 2014. También ha batido otro nuevo récord: menos madres menores de 35 años que nunca, una edad en la que la fertilidad de las mujeres empieza a descender más pronunciadamente y aumentan las dificultades para concebir, según recuerda la Guía para el Estudio y Tratamiento de la Infertilidad de la Organización Mundial para la Salud. 

Al tiempo que cae la natalidad y baja el número de madres jóvenes, se produce un auge en la congelación de óvulos, los nacimientos por reproducción asistida y las clínicas de fertilidad. Se genera así la paradoja de un país en el que hay menos niños, pero donde las mujeres intentan extender sus opciones de ser madres todo lo posible.

Según los últimos datos de la Encuesta de Fecundidad, el 72% de mujeres de entre 25 y 29 años desean tener dos hijos o más, y casi la mitad de mujeres mayores de 45 años desearía haber sido madre. La realidad es que las mujeres en España acaban teniendo 1,1 hijos de media. “No es que las mujeres no quieran tener hijos”, aclara Elisa Gil, ginecóloga especialista en medicina reproductiva y miembro de la junta de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). “Las habrá que no, lógicamente, pero las mujeres quieren seguir teniendo hijos. Esta brecha entre la natalidad real y la deseada es donde tenemos que ahondar”, agrega. 

Una brecha donde el deseo de ser madre y el momento biológico ideal no siempre coinciden por la precariedad laboral, el difícil acceso a la vivienda, la dificultad de encontrar pareja unida a la falta de corresponsabilidad en la crianza, la penalización de la maternidad en el mercado laboral y la falta de políticas reales a favor de los cuidados, según explican distintos expertos consultados por este medio. 

“Infertilidad estructural”

Cuando las condiciones sociales, económicas y políticas dificultan la concepción y crianza de los hijos se habla de “infertilidad estructural”. En este tipo de contextos desfavorables las mujeres retrasan la decisión de ser madres a la espera de que se dé una situación más adecuada. 

“Si estructuralmente se retrasa la maternidad, las mujeres que se lo pueden permitir se guardan las espaldas para poder tener hijos en el futuro”. Así lo explica Ariadna Ayala Rubio, doctora en antropología social especializada en reproducción asistida y parentesco y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. “La congelación es una opción que es bueno que la población conozca, pero puedes conocerla y aun así no poder acceder a ella”, añade Dolors Manau, Jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínic de Barcelona. “No es un tratamiento infalible y, además, lo natural es que la mujer o la pareja puedan tener hijos cuando ellas quieran”.

Las mujeres que congelan sus óvulos se han multiplicado casi por 30 en una década en España. En 2014, al menos 1.132 mujeres congelaron ovocitos o embriones, ocho años después la cifra ha crecido hasta las 5.011, según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Estas cifras no incluyen a quienes recurren a la congelación por cuestiones médicas-oncológicas. 

Madres mayores de 35 años

Desde 1975 hasta la actualidad, la tendencia está clara. Cada vez se tienen menos hijos y la maternidad se retrasa. Si hace 50 años las madres de menos de 35 años eran casi 9 de cada 10, ahora representan 6 de cada 10.

“Lo que hemos visto, con el paso de los años, es que de 25 a 29 se ha ido pasando a 30 a 34 y ahora se va moviendo hacia edades más avanzadas hasta que llega la menopausia, que es un límite biológico”, explica el demógrafo y profesor de Sociología en la UCM, Alberto Sanz, quien advierte de que esta tendencia va a intensificarse si no se hace nada al respecto. “En realidad, el problema no es que las mujeres quieran decidir sobre su cuerpo ni sobre su futuro laboral. El problema es que la sociedad no da las oportunidades, los recursos necesarios para decidir acerca de cómo y cuándo se pueden tener los hijos”, añade. 

El cambio de tendencia en las edades para ser madre es común en toda España, pero es más pronunciado en las comunidades más envejecidas y también menos dinámicas a nivel migratorio. En Galicia, Euskadi y Cantabria casi la mitad de los nacimientos registrados en los últimos años ya son de madres mayores de 40 años. Vemos el aumento de este grupo de edad en el gráfico y también cómo se acorta cada vez más la diferencia entre las madres mayores y menores de 35 en todo el territorio español. 

Esta caída de la natalidad es un fenómeno mundial. El número de hijos por mujer en todo el mundo se ha reducido a la mitad en el último siglo con 2,2 nacimientos por mujer, una tendencia que se repite en países distintos como Estados Unidos, India, Dinamarca, Colombia, Kenia o China. España está junto a Italia o Japón entre los 20 países con la natalidad más baja en todo el mundo. Y es el segundo país de Europa con menor promedio de hijos por mujer, solo por detrás de Malta. 

Este descenso no se puede atribuir a un único factor: guarda relación con cambios en la mentalidad y las prioridades, un mayor nivel educativo, la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, menos presión social, el modelo de familia y la llegada de los anticonceptivos, píldoras y preservativos, que en España se despenalizaron a partir de 1978. También por la falta de políticas de apoyo a favor de la crianza y la desigualdad salarial y de reparto de cuidados. 

En dos décadas, las mujeres españolas han pasado de tener su primer hijo a los 29 a tenerlo a los 32 años. También ocurre entre las mujeres de origen extranjero, pese a que tienden a tener más hijos y contribuyen más a mantener la natalidad. 

Cambios en la mentalidad

Entre todos los cambios, el de mentalidad y el modelo de familia han tenido un gran peso. “Vivimos en una sociedad en la que los individuos tienen unas expectativas importantes de cara a su vida. Y entonces la paternidad y la maternidad siguen siendo experiencias importantes, pero no son las experiencias centrales”, destaca el demógrafo Sanz. También influye que “cada vez se es menos consciente de que la fertilidad tiene un tiempo y de que llega un momento en que no es fácil tener un hijo mediante el embarazo natural”, explica María Isabel Jociles Rubio, catedrática de Antropología Social en la UCM. “Es lo que antes llamaban vulgarmente como ‘se te pasa el arroz”, incide.

En el caso de la formación educativa, las mujeres con estudios superiores, que suelen ser las que también acceden a puestos de trabajo más estables y mejor remunerados, suelen tener menor fecundidad. Tal y como apunta Alberto Sanz, una mayor educación también exige más años de formación con lo que la posibilidad de tener hijos se plantea más tarde: “Hay una apuesta muy alta para ingresar en un mercado laboral que es muy exigente, muy competitivo, y que evidentemente aparta a las mujeres de cualquier otra actividad que les pueda distraer de eso”.

“Para muchas mujeres con estudios, la maternidad es un coste de oportunidad muy elevado y deciden posponer y acaban, a la larga, teniendo menos hijos”. En España, el coste de la maternidad en el mercado laboral comienza con el nacimiento del primer hijo, donde los ingresos de ellas se reducen un 11% durante el primer año mientras que en ellos se mantiene, según constató el Banco de España en 2020. Una brecha de género (ya que los padres no la sufren) que se arrastra y que 10 años después asciende hasta el 28%.

Eso sí, aunque la economía familiar es un factor a tener en cuenta, la renta per se no guarda relación con una mayor o menor fecundidad, según detalla Sanz, quien ahonda en que son los escenarios de incertidumbre lo que influye en tener hijos o no. En un contexto en el que el acceso a la vivienda es difícil y donde las parejas ni siquiera pueden pagarse una vivienda con su propio sueldo, comenta, “no es tanto el dinero que tengas” sino que “simplemente no ves la posibilidad de tener confianza [en el futuro] porque no sabes si vas a poder conservar esa vivienda o te van a subir el alquiler y lo vas a tener que dejar o vas a tener que volver a vivir con tus padres”. 

De hecho, ni siquiera los famosos “cheque-bebé” son una solución determinante porque, aseguran los expertos, aunque las ayudas sociales son importantes, son puntuales. “La maternidad y paternidad son para siempre, por eso se necesitan cambios troncales, que conviertan a nuestro entorno y realidad en un lugar seguro y accesible a las familias y a los hijos”, declaran desde la SEF. 

Un asunto de toda la sociedad

De esta manera, el retraso de la maternidad tiene que ver más con las condiciones económicas y laborales, que son ajenas a las decisiones de las mujeres. “Esto no es un problema biológico-médico o de decisión de las mujeres sino un problema de salud del país, siempre se carga con que la mujer se retrasa, pero se retrasa la mujer y la pareja que tiene al lado. No es la mujer la culpable, sino la manera en que vivimos”, incide Manau.

Eso no quita para que las mujeres sí carguen con una sensación de culpabilidad impuesta, tanto para las que no desean ser madres como quienes sí quieren serlo, pero la retrasan. Julia lo siente y lo ve en su círculo cercano. “Hay una culpa no explícita de: '¿cómo quieres ser madre si te pones con 38 años? Ahora solamente te queda in vitros'. Existe una tendencia a culpabilizar”, lamenta.

“El retraso de la edad de la maternidad no puede resolverse solo en una clínica”, incide en esta entrevista a elDiario.es la experta Sara Lafuente‑Funes. Su estudio “Reflexiones críticas sobre la política reproductiva” (2024) enfatiza en cómo el retraso de la maternidad se está abordando de manera privada e individual, pero no desde la esfera colectiva ni política: “Las tecnologías les dan tiempo en un entorno que las deja solas para resolver la maternidad (o su ausencia) en medio de la incertidumbre y la soledad”. 

Dado el contexto, cada vez más mujeres recurren a la opción de congelar sus óvulos. “Aunque las mujeres decidan postergar su maternidad, los ovarios siguen envejeciendo pronto”, especifica la ginecóloga Manau. Todo ello para “ganar tiempo” y poder tener descendencia en el futuro.

Una medida que en España es posible desde la aprobación en el año 2006 de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida y que se ha vuelto una opción cada vez más recurrente. Pero esta técnica, recuerdan las expertas consultadas, es solo un parche y no es apta para todos los bolsillos. “Aunque algunas se encuentran en situaciones más precarias, estas mujeres están bien ubicadas dentro de los sistemas socioeconómicos españoles”, detalla el informe de Lafuente. 

Este tratamiento, sin incluir el precio de las fecundaciones, incluye la vitrificación (el proceso de congelación), que ronda los 2.000 euros iniciales, a lo que se suma una cuota por mantenerlos que va de los 150 a los 400 euros al año. A eso se añade el coste de la medicación para la estimulación ovárica, que oscila entre 800 euros y 1.000 euros, según la información de varias clínicas, que también ofrecen financiación bancaria. 

Reproducción asistida

Otro síntoma del retraso de la maternidad guarda relación con las fecundaciones in vitro o inseminaciones artificiales, a las que acuden quienes tienen dificultades para concebir en las que el elemento de la edad es clave. 

En 2014, los niños nacidos por fecundación in vitro o inseminación artificial representaban un 6% del total. Para 2022, uno de cada diez bebés que nacieron en España ya lo hicieron por alguna técnica de reproducción asistida.

La falta de medidas estructurales reales que mejoren las condiciones de vida es lo que explica, en parte, la tendencia que ha hecho que España haya pasado de un crecimiento poblacional de 10 por cada mil habitantes en los años 70 a una década en la que muere más gente de la que nace. 

Desde el año 2008, el movimiento natural de la población está en descenso, es el síntoma del envejecimiento de la población unido a una persistente caída de la natalidad.

Una caída que hasta el momento solo se aborda con soluciones parciales como las ayudas económicas puntuales o las técnicas de reproducción asistida. Unas tecnologías sobre las que hay una proyección “excesivamente optimista”, según detallan las expertas, que da a mujeres como Julia la sensación de poder “ganar tiempo”, pero que no mitigan la “infertilidad estructural” que continúa condicionando cuándo y cómo ser madre para quienes lo desean.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha subrayado este miércoles que los datos sobre la situación de la inmigración en la región demuestran que la población extranjera “no quita trabajo a nadie, no satura los servicios públicos y aporta más al sistema de lo que consume”. Además, ha señalado que no genera inestabilidad y contribuye a fijar población en una comunidad con un grave problema demográfico.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa acompañada por el responsable confederal de Migraciones del sindicato, Cesc Poch, con motivo del taller que UGT impartirá a sus delegados bajo el título ‘Prevención de bulos racistas y discursos de odio en el ámbito laboral’. El objetivo es que dispongan de herramientas para identificar y rebatir bulos, prevenir que los discursos de odio se normalicen en los centros de trabajo y frenar la criminalización de las personas migrantes, que puede derivar en discriminaciones laborales.

Según los datos aportados por el sindicato, a 1 de octubre de 2025 Extremadura contaba con 50.053 residentes extranjeros, el 4,75 % de la población, lo que la convierte en la región con menor presencia de población extranjera del país (0,66 % del total nacional). Aun así, la llegada de estas personas está ayudando a frenar la pérdida demográfica.

El 79,5 % de esta población tiene entre 15 y 64 años, y un 80 % se encuentra en edad laboral. Solo el 6,1 % supera los 65 años y un 14,4 % tiene entre 0 y 14 años, lo que para UGT evidencia su arraigo. La mayoría son mujeres (52 %) y cubren sectores con falta de mano de obra, como el empleo de hogar, los servicios sociales y sanitarios, el transporte o el almacenamiento.

En el plano laboral, a octubre de 2025 había en Extremadura 21.255 afiliados extranjeros, el 5,1 % de los cotizantes, con un crecimiento anual del 14,35 %. En cuanto a su procedencia, el 62 % procede de fuera de la Unión Europea, principalmente de Marruecos, Colombia y Brasil, mientras que la población europea llega sobre todo de Rumanía y Portugal.

Para Sánchez, estos datos permiten concluir que la población extranjera en Extremadura “es un activo demográfico y laboral” y que su presencia favorece el desarrollo económico, social y poblacional de la región.

Por su parte, Cesc Poch ha recordado que en España se jubilarán 5 millones de personas en la próxima década, mientras que solo entrarán en el mercado laboral 1,7 millones, una diferencia que no puede compensarse con la actual tasa de natalidad. “Es una fantasía de la extrema derecha pensar que la migración se parará y dejará de existir”, ha advertido.

Poch ha insistido en que las personas migrantes llegan a España porque hay trabajo y porque quieren construir un proyecto de vida. De hecho, de los más de 900.000 empleos creados en el país desde 2021, unos 700.000 han sido ocupados por personas de origen extranjero. “Eso sostiene el buen momento de la economía española”, ha destacado.

El dirigente sindical ha reclamado también medidas para atajar la inmigración irregular, “que le viene bien a la patronal y a la ultraderecha”, y ha defendido avanzar en las contrataciones en origen “con todos los derechos”. Para ello, ha dicho, es imprescindible la participación sindical y disponer de información detallada sobre las empresas contratantes para poder valorar las condiciones laborales y de vivienda.

En este sentido, ha criticado que, salvo en Huelva y Alicante, este año no se hayan convocado las comisiones de flujos migratorios provinciales, encargadas de garantizar que las contrataciones en origen ofertadas hayan pasado previamente por los servicios de empleo de cada territorio.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la Junta de Castilla y León está esperando un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para trabajar en la Ley contra la despoblación, que prometió el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en 2020 y de la que no se ha vuelto a saber nada. Esta norma tendrá que esperar al próximo gobierno que se constituya tras las elecciones, previstas para marzo de 2026.

“Es una Ley que exige un consenso y todo esto que estamos haciendo: la Estrategia de Dinamización Demográfica, este Consejo, el informe de la OCDE que es muy importante”, ha enumerado Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que “lo más urgente” era blindar por Ley los Servicios Públicos básicos en el medio rural. En septiembre de 2024, las Cortes de Castilla y León aprobaron —con los votos favorables de PP y Vox— esta Ley con el rechazo de todos los partidos de la oposición, porque pensaban que no garantizaría el mantenimiento de estos servicios.

El jefe de la división regional de Desarrollo Regional y Gobernanza multinivel de la OCDE, José Enrique Garcilazo, ha señalado que está terminando la primera fase del proyecto en el que participa Castilla y León, que está subvencionado por la Comisión Europea. “En cuanto lo tengamos todo listo vendremos a reportar todos los resultados”, ha avanzado Garcilazo, que ha preferido no dar un plazo para esta presentación.

La OCDE: “Esto va más allá de los cambios electorales”

También ha explicado que están viendo una “megatendencia estructural” en algunos países cuya población está decreciendo —entre ellos, Letonia, Japón, Corea y Lituania—, con dinámicas muy diferentes dentro de los territorios. “Los retos son mucho más fuertes para las regiones rurales. El 47% de las regiones rurales que están cerca de las ciudades están perdiendo población en los últimos 20 años”, ha indicado Garcilazo. Desde la OCDE se está trabajando con los gobiernos nacionales, autonómicos y locales para ver cómo se puede afrontar a largo plazo esta tendencia. “Esto va más allá de los cambios electorales y de los cambios de gobierno. Muchos países de Asia como Japón y Corea están desarrollando una visión a 40 o 50 años para ver cómo pueden afrontar la situación”, ha señalado Garcilazo.

El Consejo para la Dinamización Demográfica, en el que están representados distintos sectores económicos, políticos y administrativos para evaluar políticas públicas para hacer frente al reto demográfico. “Es un órgano vivo, asesor y de participación social”, ha insistido Suárez-Quiñones, que ha destacado que la población ha crecido “de manera sostenida” desde 2022, con casi 40.000 habitantes más que hace tres años.

“Vamos por buen camino”, ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha mencionado algunos pilares como la actividad económica o la calidad de vida como puntos de atracción de esta nueva población.

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María Ángeles Armisén, ha ensalzado el valor de estas administraciones para enfrentar el reto demográfico a través de medidas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 tres años, la atención a domicilio para las personas mayores y los servicios sanitarios, entre otros. “Somos interlocutores muy válidos con el día a día de los ciudadanos para coordinarnos como estamos haciendo con la Junta de Castilla y León”, ha reiterado.

El Ayuntamiento de Brazatortas acaba de impulsar una nueva medida en su particular lucha contra la despoblación. Ha aprobado la creación de una ayuda directa de 1.000 euros por cada nacimiento o adopción que se produzca en el municipio.

Esta medida, ratificada en una sesión plenaria de carácter extraordinario esta semana, se integra en una estrategia más amplia que, segun señala el equipo de gobierno, “ya ha comenzado a dar resultados visibles, logrando revertir la tendencia a la despoblación y situando el censo actual en 1.034 habitantes”.

Ahora, la medida pasa por que, en casos de parto o adopción múltiple, la cuantía se multiplicará por el número de hijos, garantizando un apoyo proporcional al esfuerzo familiar.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a la ayuda, las bases establecen requisitos enfocados en asegurar el arraigo en el municipio, pues es indispensable que al menos uno de los progenitores acredite una antigüedad de empadronamiento de 24 meses en Brazatortas en el momento del nacimiento o la adopción.

Asimismo, el bebé deberá ser empadronado en el domicilio familiar y permanecer inscrito en el padrón durante un mínimo de 12 meses desde la solicitud, una condición que busca garantizar el compromiso de las familias con la localidad.

Esta ayuda está abierta tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros con residencia legal, lo que además refrenda el carácter inclusivo de la medida, para cuya solicitud se han simplificado los procedimientos para evitar trámites burocráticos complejos.

La solicitud se podrá presentar en el Registro consistorial en persona o de manera cómoda a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Brazatortas, adjuntando DNI, libro de familia y certificado de empadronamiento.

“Superar la barrera de los 1.000 habitantes es un éxito colectivo”

“La iniciativa nace con vocación de permanencia y un claro objetivo paralelo a la atracción de nuevos vecinos, como es consolidar el futuro de nuestra localidad apoyando directamente a las familias”, ha indicado el alcalde, Pablo Toledano.

El regidor ha expresado su gran satisfacción tanto por el crecimiento poblacional como por la puesta en marcha de esta nueva herramienta de apoyo, por cuanto “superar la barrera de los mil habitantes es un éxito colectivo que nos llena de orgullo y demuestra que las políticas que estamos implementando funcionan”.

“A partir de ahora, con esta nueva línea para la que creamos una partida presupuestaria específica de 'Ayudas a la Natalidad', queremos además que las familias se sientan respaldadas y elijan nuestro pueblo para construir su proyecto de vida”.

La prestación económica se ha diseñado para ofrecer estabilidad y seguridad a las familias con carácter retroactivo, dando así cobertura a todos los nacimientos y adopciones que se hayan producido desde el 1 de enero de 2025 y su convocatoria será de vigencia indefinida, eliminando así la incertidumbre de renovaciones anuales.

“Entendemos que la llegada de un hijo supone un coste económico incuestionable, y desde el Ayuntamiento queremos contribuir a paliar esa carga para que las familias puedan constituirse y crecer aquí con mayor tranquilidad”, zanja el alcalde.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha tret pit, durant el Debat de Política General que ha arrencat aquest dimarts al Parlament, de les mesures impulsades durant aquesta legislatura principalment en matèria tributària i vivenda. Ho ha fet insistint en diverses ocasions que el seu gabinet governa “per a la gent d'aquí”, exalçant la retallada d'impostos impulsada a l'inici de l'actual mandat -que, ha al·legat, està beneficiant sobretot “a les rendes mitjanes”- i reivindicant les mesures llançades en matèria d'habitatge i que, lluny de posar límit als abusius preus, deixa en mans del mercat la solució a l'emergència habitacional actual.

També ha anunciat, en línia de les exigències que li ha plantejat Vox al llarg dels últims mesos, que endurirà les condicions d'accés a les ajudes als migrants: “No podem permetre que hi hagi qui vingui aquí amb l'únic propòsit d'abusar dels nostres ajuts i prestacions públiques com a únic mitjà de vida, i molt menys que puguin suposar un efecte crida”, ha etzibat, asseverant que, de la mateixa manera que manera que l'Executiu ja exigeix almenys cinc anys de residència legal per poder accedir a un habitatge públic o de preu limitat, si aconsegueix “la majoria parlamentària per fer-ho”, també modificarà la renda social garantida per ampliar d'un a tres anys la residència legal exigida, i, “tret de casos justificats, condicionada a itineraris d'inserció laboral per mantenir aquesta prestació”.

De la mateixa manera, ha assenyalat que el Govern modificarà la renda d'emancipació per exigir un mínim de tres anys de tutela a les illes. “No podem contribuir de cap manera a un efecte crida sobre una ruta migratòria [en referència a les persones que arriben en pastera des d'Algèria] que creix exponencialment i que, mancant tres mesos per acabar l'any, ja ha superat en persones migrants les arribades tot l'any passat”.

La cap de l'Executiu del PP ha iniciat el seu discurs homenatjant tots els efectius d'emergències que la setmana passada es van desplegar a Eivissa per tornar l'illa “a la normalitat” després del pas de la borrasca Gabrielle, els embats de la qual van portar a activar l'alerta per risc extrem. Després de traslladar el seu suport als afectats per les intenses pluges, Prohens ha advertit que els fenòmens meteorològics adversos seran “cada vegada més freqüents i cada cop més violents”. “No ho podem evitar, però sí estar preparats”, ha lliscat.

Cal recordar, en aquest sentit, que l'any passat el Govern va impulsar una amnistia urbanística dirigida a legalitzar els habitatges edificats de forma irregular en sòl rústic, inclosos també aquells ja construïts en zones amb risc d'inundació. La DANA que va arrasar València i les severes crítiques rebudes van portar finalment l'Executiu a recular a través d'un acord aconseguit amb els partits d'esquerres.

Presumeix una retallada d'impostos que beneficia els més rics

D'altra banda, Prohens ha dedicat bona part de la seva intervenció a presumir de la reforma fiscal duta a terme a les Balears, l'emblema econòmic de la legislatura. “Malgrat que alguns deien que no era possible, ho hem fet: al mateix temps que hem augmentat la despesa pública en 615 milions, hem estalviat 835 milions d'euros en impostos a les famílies, a les rendes mitjanes, a la gent d'aquí”, ha etzibat, fent al·lusió, especialment, a la supressió del tribut que grava les herències, el de successions. No ha esmentat, però, l'eliminació parcial que va dur a terme Impost sobre el Patrimoni, la retallada del qual beneficia fonamentalment les rendes més altes.

A finals de 2024, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), ens estatal encarregat d'avaluar els comptes públics, va tornar a carregar contra les mesures fiscals adoptades pel PP amb el suport de Vox a Balears. L'organisme va alertar la Comunitat Autònoma de trobar-se en risc d'incomplir novament la regla de despesa per al 2024 i el 2025 per fiar la seva política econòmica a l'increment de despeses i la reducció i eliminació d'impostos. L'AIReF va amonestar les illes pel fet de disminuir el mínim exempt a l'Impost sobre el Patrimoni -de manera que deixarà de recaptar uns 50 milions d'euros el 2025- mentre s'encomana a ingressos de menor quantia com els 20 milions que s'esperen obtenir l'any que ve derivats de l'augment de les tarifes del cànon de saneament.

Prohens ha reivindicat, així mateix, la seva política d'habitatge “assequible” davant de l'“urbanisme de luxe” que, en la seva opinió, van afavorir els partits d'esquerres durant la legislatura anterior, evitant criticar els preus abusius de l'habitatge, que estan expulsant a nombrosos residents i amuntegant altres en infrahabitatges i caravanes, i passant per alt les fortes crítiques d'urbanistes, ecologistes i oposició a la llei de liberalització del sòl amb què, so pretext de facilitar l'accés a l'habitatge, el Govern permetrà construir a sòl rústic i agilitzar requalificacions. Les organitzacions socials denuncien que gran part d'aquestes promocions no estaran a l'abast dels residents amb rendes baixes i alerten que l'Executiu del PP hagi reobert les portes a l'especulació sota un embolcall populista.

Blindarà per llei l'espanyol a les escoles

D'altra banda, Prohens ha reiterat la seva voluntat de blindar per llei la vehicularidad de les llengües castellana i catalana a les escoles, encara que ha alertat, dirigint-se a la bancada de Vox, que no traspassarà “línies vermelles”: “No s'ha de confondre això amb fer passos enrere en la protecció de la nostra llengua i les seves modalitats. Per això hi ha línies que no travessarem mai”. La líder balear ha fet així una crida a la defensa i la protecció de la identitat, cultura i idiosincràsia de les illes, dins de les quals ha esmentat el català, que, ha subratllat, “conviu amb una llengua comuna en tota Espanya també ens lliga a una història mil·lenària”. “Perquè som uns afortunats per a tenir dues llengües que conviuen en respecte i llibertat”, ha incidit.

En un altre ordre de coses, Prohens també ha reclamat “mirada llarga” davant el repte del creixement poblacional que està experimentat Balears després d'haver arribat “al límit”, ha subratllat, tant en nombre de visitants a l'estiu com de migrants que arriben de manera irregular. “No podem abordar les necessitats dels nostres serveis, la situació dels recursos o les polítiques d'habitatge si no encarem el creixement poblacional que han patit i al que s'enfronten les nostres illes: si no ho fem, tot allò que fem corre el risc d'acabar diluït en esforços estèrils”, ha argumentat.

Increment poblacional

Des de l'any 2000, ha assenyalat, la població de l'arxipèlag ha crescut fins a un 47%, en passar de 845.000 habitants a 1,24 milions, el triple que la d'Espanya i vuit vegades més que la de la Unió Europea. A més, ha apuntat que, d'acord amb les previsions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre d'habitants de Balears s'incrementarà en més d'un 20% els propers 15 anys. “Un creixement insostenible i una realitat que les administracions ja no podem ignorar”, ha assenyalat.

La presidenta ha emmarcat en aquest escenari el naixement del Pla Illes en Transformació, que compta amb una inversió “sense precedents” de 3.800 milions d'euros i està definit en projectes concrets i amb un pressupost compromès. Segons ha desgranat, 600 milions del pla d'infraestructures educatives que permetran 77 centres nous, 60 ampliacions, 158 reformes i 1.554 places d'educació de 0 a 3 anys. S'ha referit igualment als 450 milions previstos en inversions sanitàries per a 27 nous centres d'Atenció Primària, l'ampliació de l'Hospital de Manacor, la reforma de la Mare de Déu del Toro i el nou Hospital de Felanitx, així com per acabar la primera fase del nou Son Dureta abans del 2027.

Ha destacat els 150 milions en inversions sociosanitàries, 137 milions d'euros per a la promoció de fins a 1.000 habitatges públics per a lloguer social i més de 1.400 milions d'euros en mobilitat amb les noves línies de tren ja en tramitació, com el tren fins a Llucmajor i el tren fins a Alcúdia. També ha subratllat els 713 milions en infraestructures del cicle de l'aigua, i 284 milions en inversions per al turisme sostenible, al mig natural, patrimoni i cultura.

L'esquerra acusa a Prohens de “falta de credibilitat”

Des de l'oposició, el PSIB-PSOE ha acusat a Prohens de “falta de credibilitat” i li ha retret que no hagi tingut “ni la valentia ni la capacitat” d'aplicar les mesures que va anunciar en el Debat de l'any passat per a combatre la saturació turística. El portaveu adjunt de la formació, Marc Pons, ha manifestat haver trobat a faltar en el discurs d'enguany “una referència a la realitat de Gaza, a tots aquells que es veuran afectats per l'eliminació de la llei de Memòria Democràtica, al col·lectiu Lgtbi, a la internalització d'IB3 i a projectes per a les diferents realitats insulars de Balears”.

En aquesta línia, ha asseverat que, “en el tercer any de legislatura, Balears té a una presidenta amb un problema de credibilitat evident”.

En termes similars s'ha expressat el portaveu de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, qui ha titllat el discurs sobre el repte demogràfic de nova “epifania”. “La primera anàlisi d'aquesta exposició és que la presidenta va sumant epifanies. L'any passat va tenir una sobre la saturació turística, enguany una altra sobre la població. A la tercera es considera miracle i procediría la santedat”, ha ironitzat l'ecosoberanista. Apesteguia ha lamentat que, més enllà d'aquestes manifestacions, la líder regional no hagi realitzat “cap aportació als problemes de la gent”.

Així mateix, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha qualificat de “postís, artificiós i propagandista” el discurs de la presidenta, a més de “molt llastrat per la falta de credibilitat”. El menorquinista ha considerat que la dirigent autonòmica “ha intentat vendre com a grans assoliments els seus grans fracassos”, amb una intervenció, ha lamentat, plagada de “tòpics gastats” que, en la seva opinió, demostren la seva “falta d'idees” per a afrontar el que, segons ha dit, la presidenta considera que és el “gran problema actual” de Balears, “el repte demogràfic”.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha sacado pecho, durante el Debate de Política General que ha arrancado este martes en el Parlament, de las medidas impulsadas a lo largo de esta legislatura principalmente en materia tributaria y vivienda. Lo ha hecho insitiendo en varias ocasiones en que su gabinete gobierna “para la gente de aquí”, ensalzando el recorte de impuestos impulsado recién iniciado el actual mandato -que, ha alegado, está beneficiando sobre todo “a las rentas medias”- y reivindicando las medidas lanzadas en materia de vivienda y que, lejos de poner coto a los abusivos precios, deja en manos del mercado la solución a la actual emergencia habitacional.

También ha anunciado, en línea de las exigencias que le ha planteado Vox a lo largo de los últimos meses, que endurecerá las condiciones de acceso a las ayudas a los migrantes: “No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida, y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada”, ha espetado, aseverando que, del mismo modo que el Ejecutivo ya exige al menos cinco años de residencia legal para poder acceder a una vivienda pública o de precio limitado, si logra “la mayoría parlamentaria para hacerlo”, también modificará la renta social garantizada para ampliar de uno a tres años la residencia legal exigida, y, “salvo casos justificados, condicionada a itinerarios de inserción laboral para mantener esta prestación”.

De igual forma, ha señalado que el Govern modificará la renta de emancipación para exigir un mínimo de tres años de tutela en las islas. “No podemos contribuir de ninguna forma a un efecto llamada sobre una ruta migratoria [en referencia a las personas que llegan en patera desde Argelia] que crece exponencialmente y que, a falta de tres meses para acabar el año, ya ha superado en personas migrantes las llegadas de todo el año pasado”. Ante estas palabras, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado a Prohens de apropiarse del discurso de su partido.

En declaraciones a los medios al término de la sesión, Cañadas ha manifestado que todo aquello que le ha gustado “da la casualidad que son propuestas y exigencias” encuadradas en el marco ideológico de su partido. “Para hacer las políticas de Vox lo mejor es que gobierne Vox. Este es el resumen que puedo hacer”, ha abundado.

Dentro del hemiciclo, la jefa del Ejecutivo del PP ha iniciado su discurso homenajeando a todos los efectivos de emergencias que la semana pasada se desplegaron en Eivissa para devolver la isla “a la normalidad” tras el paso de la borrasca Gabrielle, cuyos embates llevaron a activar la alerta por riesgo extremo y a suspender clases y desplazamientos. Tras trasladar su apoyo a los afectados por las intensas lluvias, Prohens ha advertido de que los fenómenos meteorológicos adversos serán “cada vez más frecuentes y cada vez más violentos”. “No lo podemos evitar, pero sí estar preparados”, ha deslizado.

Cabe recordar, en este sentido, que el año pasado el Govern impulsó una amnistía urbanística dirigida a legalizar las viviendas edificadas de forma irregular en suelo rústico, incluidas también aquellas ya construidas en zonas con riesgo de inundación. La DANA que arrasó València y las severas críticas recibidas llevaron finalmente al Ejecutivo a recular a través de un acuerdo alcanzado con los partidos de izquierdas.

Presume de un recorte de impuestos que beneficia a los más ricos

Por otro lado, Prohens ha dedicado buena parte de su intervención a presumir de la reforma fiscal llevada a cabo en Balears, el emblema económico de su legislatura. “A pesar de que algunos decían que no era posible, lo hemos hecho: al mismo tiempo que hemos aumentado el gasto público en 615 millones, hemos ahorrado 835 millones de euros en impuestos a las familias, a las rentas medias, a la gente de aquí”, ha espetado, haciendo alusión, especialmente, a la supresión del tributo que grava las herencias, el de sucesiones, ya ampliamente bonificado en toda España. No ha mencionado, sin embargo, la eliminación parcial que llevó a cabo del Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo recorte beneficia fundamentalmente a las rentas más altas.

A finales de 2024, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas, volvió a cargar contra las medidas fiscales adoptadas por el PP con el apoyo de Vox en Balears. El organismo alertó a la Comunidad Autónoma se hallarse en riesgo de incumplir de nuevo la regla de gasto para 2024 y 2025 por fiar su política económica al incremento de gastos y la reducción y eliminación de impuestos. La AIReF amonestó a las islas por el hecho de disminuir el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio -con lo que dejará de recaudar unos 50 millones de euros en 2025- mientras se encomienda a ingresos de menor cuantía como los 20 millones que se esperan obtener el próximo año derivados del aumento de las tarifas del canon de saneamiento de aguas.

Prohens ha reivindicado, asimismo, su política de vivienda “asequible” frente al “urbanismo de lujo” que, en su opinión, auspiciaron los partidos de izquierdas durante la legislatura anterior, evitando criticar los precios abusivos de la vivienda en el archipiélago, que están expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas, y pasando por alto las fuertes críticas de urbanistas, ecologistas y oposición a la ley de liberalización del suelo con la que, so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda, el Govern permitirá construir en suelo rústico y agilizar recalificaciones. Las organizaciones sociales denuncian que gran parte de esas promociones no estarán al alcance de los residentes con rentas bajas y alertan de que el Ejecutivo del PP haya reabierto las puertas a la especulación bajo un envoltorio populista.

Blindará por ley el español en las escuelas

Por otro lado, Prohens ha reiterado su voluntad de blindar por ley la vehicularidad de las lenguas castellana y catalana en las escuelas, aunque ha alertado, dirigiéndose a la bancada de Vox, que no traspasará “líneas rojas”: “No se tiene que confundir esto con dar pasos atrás en la protección de nuestra lengua y sus modalidades. Por eso hay líneas que no atravesaremos nunca”. La líder balear ha hecho así un llamamiento a la defensa y la protección de la identidad, cultura i idiosincrasia de las islas, dentro de las cuales ha mencionado el catalán, que, ha subrayado, “convive con una lengua común en toda España también nos liga a una historia milenaria”. “Porque somos unos afortunados para tener dos lenguas que conviven en respeto y libertad”, ha incidido.

En otro orden de cosas, la líder balear del PP ha reclamado “mirada larga” ante el reto del crecimiento poblacional que está experimentado Balears tras haber llegado “al límite”, ha subrayado, tanto en el número de visitantes en verano como en el de migrantes que llegan de manera irregular. “No podemos abordar las necesidades de nuestros servicios, la situación de los recursos o las políticas de vivienda si no encaramos el crecimiento poblacional que han sufrido y al que se enfrentan nuestras islas: si no lo hacemos, todo lo que hagamos corre el riesgo de acabar diluido en esfuerzos estériles”, ha argumentado.

Incremento poblacional

Desde el año 2000, ha señalado, la población del archipiélago ha crecido en hasta un 47 %, al pasar de 845.000 habitantes a 1,24 millones, el triple que la de España y ocho veces más que la de la Unión Europea. Ha apuntado además que, de acuerdo a las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de habitantes de Balears se incrementará en más de un 20 % en los próximos 15 años. “Un crecimiento insostenible y una realidad que las administraciones ya no podemos ignorar”, ha señalado.

La presidenta ha enmarcado en este escenario el nacimiento del Plan Islas en Transformación, que cuenta con una inversión “sin precedentes” de 3.800 millones euros y está definido en proyectos concretos y con un presupuesto comprometido. Según ha desgranado, 600 millones del plan de infraestructuras educativas que permitirán 77 nuevos centros, 60 ampliaciones, 158 reformas y 1.554 plazas de educación de 0 a 3 años. Se ha referido igualmente a los 450 millones previstos en inversiones sanitarias para 27 nuevos centros de Atención Primaria, la ampliación del Hospital de Manacor, la reforma de Virgen del Toro y el nuevo Hospital de Felanitx, así como para acabar la primera fase del nuevo Son Dureta antes de 2027.

Ha destacado, asimismo, los 150 millones en inversiones sociosanitarias, 137 millones de euros para la promoción de hasta 1.000 viviendas públicas para alquiler social y más de 1.400 millones de euros en movilidad con las nuevas líneas de tren ya en tramitación, como el tren hasta Llucmajor y el tren hasta Alcúdia. También ha subrayado los 713 millones en infraestructuras del ciclo del agua, y 284 millones en inversiones para el turismo sostenible, en medio natural, patrimonio y cultura.

La izquierda acusa a Prohens de “falta de credibilidad”

Desde la oposición, el PSIB-PSOE ha acusado a Prohens de “falta de credibilidad” y le ha reprochado que no haya tenido “ni la valentía ni la capacidad” de aplicar las medidas que anunció en el Debate del año pasado para combatir la saturación turística. El portavoz adjunto de la formación, Marc Pons, ha manifestado haber echado en falta en el discurso de este año “una referencia a la realidad de Gaza, a todos aquellos que se verán afectados por la eliminación de la ley de Memoria Democrática, al colectivo Lgtbi, a la internalización de IB3 y a proyectos para las diferentes realidades insulares de Balears”.

En esta línea, ha aseverado que, “en el tercer año de legislatura, Balears tiene a una presidenta con un problema de credibilidad evidente”.

En términos similares se ha expresado el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, quien ha tildado el discurso sobre el reto demográfico de nueva “epifanía”. “El primer análisis de esta exposición es que la presidenta va sumando epifanías. El año pasado tuvo una sobre la saturación turística, este año otra sobre la población. A la tercera se considera milagro y procediría la santidad”, ha ironizado el ecosoberanista. Apesteguia ha lamentado que, más allá de estas manifestaciones, la líder regional no haya realizado “ninguna aportación a los problemas de la gente”.

Asimismo, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha calificado de “postizo, artificioso y propagandista” el discurso de la presidenta, además de “muy lastrado por la falta de credibilidad”. El menorquinista ha considerado que la dirigente autonómica “ha intentado vender como grandes logros sus grandes fracasos”, con una intervención, ha lamentado, plagada de “tópicos manidos” que, en su opinión, demuestran su “falta de ideas” para afrontar lo que, según ha dicho, la presidenta considera que es el “gran problema actual” de Balears, “el reto demográfico”.

En concreto, Castells ha hablado de “falta de credibilidad” en muchas de las afirmaciones que ha lanzadp de forma “totalmente descarada” y que “son totalmente falsas”. En detalle, se ha referido al momento en que Prohens ha hablado de “cumplir con la palabra dada”, cuando, ha recordado Castells, “rompió un acuerdo al que había llegado con la oposición” para mantener vigente la ley de memoria democrática, una norma que los conservadores contemplan finalmente derogar tras el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox el pasado mes de mayo. También se ha referido al instante en el que la presidenta ha hablado de “líneas rojas infranqueables” cuando “se ha visto, a raíz de todo lo de decreto de simplificación administrativa, que después cedió para aprobar los presupuestos”.

En los pueblos de Castilla-La Mancha, muchas mujeres con manos marcadas por el trabajo y miradas cargadas de historias sueñan con vivir con dignidad, no con aislamiento. Pero el edadismo, esa discriminación que tacha a los mayores de 'cargas', sigue silenciándolas.

El 1 de octubre de 2025, Día Internacional de las Personas Mayores, proclamado por la ONU en 1990, no es solo una celebración de la longevidad, sino un grito de guerra por la dignidad, la autonomía y la plena inclusión de todas las personas.

Las personas mayores no son un 'problema demográfico', sino el corazón palpitante de nuestras comunidades, tejiendo sabiduría, cultura y resiliencia en la sociedad. En Castilla-La Mancha y en todo el mundo, sus aportaciones —económicas, familiares y sociales— son innegables. Debemos actuar ya para construir un futuro donde las generaciones se unan en solidaridad, no en división.

El mundo envejece a pasos agigantados, y las cifras lo confirman. En 2024, la esperanza de vida global alcanzó los 73,3 años, un aumento de 8,4 años desde 1995. Hoy, el 10,3% de la población mundial tiene más de 65 años, una cifra que se duplicará al 20,7% para 2074. En España, con 49,3 millones de habitantes en 2025, el 20,91% supera los 65 años. En Castilla-La Mancha, el 21,28% de nuestros vecinos está en este grupo de edad, con un índice de envejecimiento de 131,3 (131 mayores por cada 100 menores de 16). En nuestras zonas rurales, la dispersión agrava los desafíos: el acceso limitado a la salud, la falta de vivienda adaptada y la soledad no deseada exigen soluciones urgentes. A nivel nacional, el saldo vegetativo negativo (118.411 defunciones más que nacimientos en 2025) acelera este cambio demográfico.

El Decenio de la ONU para el Envejecimiento Saludable (2021-2030) advierte que, sin acción inmediata, el envejecimiento generará tensiones económicas y sociales, pero también abre oportunidades si actuamos con decisión. Las personas mayores no piden compasión; exigen empoderamiento. Su mensaje es claro: ¡basta de edadismo! Esta discriminación, sutil pero devastadora, tacha a los mayores de 'inútiles' o 'cargas'. El edadismo no son solo prejuicios crueles, sino exclusiones sistémicas: desde ensayos clínicos que los ignoran hasta oportunidades laborales negadas. Las mujeres mayores, las minorías y las personas con discapacidad sufren aún más esta injusticia. Esto es un fracaso moral que no podemos tolerar.

La Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores prohíbe la discriminación por edad y garantiza trabajo digno, independencia y seguridad. Sin embargo, en España, estos derechos siguen siendo promesas vacías para muchos. Las personas mayores reclaman decidir sobre su vida, su hogar y sus cuidados sin restricciones arbitrarias. Exigen pensiones que les permitan vivir y no solo sobrevivir, acceso universal a la salud y viviendas adaptadas. En Castilla-La Mancha, donde el aislamiento rural golpea con fuerza, necesitamos con urgencia inversión en centros de día, teleasistencia y programas comunitarios para combatir la soledad y la exclusión.

En nuestra región ya hay destellos de esperanza. En Toledo y Cuenca, los talleres intergeneracionales despiertan alegría y conexión. En Albacete y Ciudad Real, programas de apoyo rural muestran el camino. Pero estos esfuerzos son insuficientes. Políticos, escuchen: financien estas iniciativas, prioricen la salud rural, construyan una Castilla-La Mancha donde ningún mayor se sienta olvidado. Asociaciones como CEOMA y UDP luchan por un envejecimiento digno, pero no pueden hacerlo solas. El ODS 16 de la Agenda 2030 (Paz, justicia e instituciones sólidas) lo señala: los mayores deben ser agentes activos, no receptores pasivos.

La pandemia de COVID-19 desnudó las fisuras del Estado de Bienestar español, mostrando cómo unos servicios desfinanciados fallaron a nuestros mayores. No podemos repetir esta traición. António Guterres, secretario general de la ONU, lo dice claro: las personas mayores son “fuentes invaluables de conocimiento para la paz y el progreso. Ignorarlas no solo es injusto, es una pérdida para todos”.

Este 1 de octubre de 2025, Castilla-La Mancha se alzará. Desde Albacete hasta Ciudad Real, leeremos manifiestos, organizaremos eventos comunitarios y exigiremos el fin del edadismo. Políticos, este es su mandato: aprueben leyes que conviertan los compromisos internacionales en realidades. Erradiquen el edadismo, financien cuidados integrados y servicios rurales, aseguren que cada persona mayor viva con dignidad. Sociedad, este es nuestro llamado: honremos a todas las mujeres y hombres mayores de nuestras comunidades, cuyas vidas iluminan el camino hacia un futuro justo e inclusivo.

Las personas mayores guardan valores eternos: fortaleza, dignidad y amor inquebrantable. Sus relatos nos enseñan que el tiempo no mengua el valor, sino que lo enriquece. Esta es una llamada a la acción: abraza a tus abuelos, escucha a los mayores, lleva sus historias a tu corazón. Que su experiencia derribe muros de indiferencia y construya puentes entre generaciones. Como dijo Facundo Cabral: “Nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma”. Seamos valientes. En Castilla-La Mancha y en el mundo, hagamos del envejecimiento un triunfo de derechos, solidaridad y esperanza. ¡Por nuestros mayores, por nosotros, por el mañana, actuemos ya!

Los partidos que rechazan la inmigración están en auge por toda Europa. En Francia y Alemania, las formaciones de extrema derecha han logrado una representación significativa. En Reino Unido, el Partido Reformista encabeza las encuestas. Pero esta tendencia puede acelerar el descenso demográfico en Europa, provocando una crisis en la economía ante la ralentización del crecimiento y el aumento del coste ligado a las pensiones y el cuidado de las personas mayores, según las estimaciones de los expertos y los datos de Eurostat analizados por The Guardian.

El mapa del invierno demográfico en Europa (con y sin migrantes)

Proyección de variación de la población en cada región europea para 2100 en el escenario base con población migrante y en un escenario sin migración

Desliza para ver el mapa

Con migración Sin migración

Fuente: Eurostat

Quienes desean cerrar las fronteras de Europa deben enfrentarse a una cruda realidad demográfica: la población autóctona del continente va a disminuir de manera drástica durante el próximo siglo debido a las bajas tasas de natalidad. Según los expertos, sin inmigración las sociedades europeas envejecerán más rápidamente, con el desafío económico que implica reducir la población activa y aumentar la carga asistencial.

Según John Springford, investigador asociado en el centro de estudios Centre for European Reform, “la mayoría de los políticos de centroizquierda y centroderecha entienden que la inmigración es necesaria para aliviar las presiones demográficas”.

“Han tratado de centrarse en normas de asilo más estrictas, y a menudo inhumanas, con la esperanza de que un control más riguroso de las fronteras les dé margen de maniobra para aumentar la inmigración legal”, añade. “Pero los partidos de extrema derecha están desafiando cada vez más ese consenso mayoritario”, afirma Springford. “A largo plazo, los países que logren mantenerse sin reducir el número de inmigrantes en edad laboral se encontrarán en una posición económica más firme”.

Según las últimas previsiones de Eurostat, la agencia oficial de estadísticas de la Unión Europea, la población del bloque se reducirá en un 6% para el año 2100, pasando de los 447 millones de hoy a 419 millones si se mantienen las tendencias actuales. Pero ese descenso aumenta aún más si se elimina el factor de la inmigración. Sin inmigrantes, la agencia estima una caída de la población de más de un tercio, llegando a los 295 millones de personas en 2100, según Eurostat.

Las proyecciones de referencia de Eurostat parten del supuesto de que los países mantendrán los niveles promedio de migración neta de los últimos 20 años, pero el análisis The Guardian también ha incluido las estimaciones publicadas por la agencia sin tener en cuenta este supuesto. También ha estudiado las proyecciones demográficas realizadas por la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido en un escenario de migración neta igual a cero.

Y los resultados son preocupantes: países como Italia, Francia y Alemania, donde los políticos contrarios a la inmigración han ganado terreno en los últimos tiempos, se enfrentarían a un importante descenso demográfico en un escenario de inmigración cero.

País por país

En su primer mandato, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha convertido a la lucha contra la inmigración en una prioridad. Pero Italia tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa. Sin inmigrantes, su población se reduciría a menos de la mitad para finales de siglo.

En Alemania, el partido antiinmigración AfD quedó en segundo lugar en las elecciones federales de este año. Si se cerraran por completo las fronteras, en los próximos 80 años la población podría pasar de 83 millones a 53 millones de personas.

Y en Francia, donde en el verano de 2024 la Agrupación Nacional ganó la primera vuelta de las legislativas pidiendo restricciones a la entrada de personas, el escenario de inmigración cero también significaría una caída de la población: de 68 a 59 millones personas.

Solo unos pocos países de la Unión Europea casi no sentirían el cierre de las fronteras: Rumanía, Letonia y Lituania. En todos ellos los saldos migratorios han sido negativos: el número de los que se van supera al de los que llegan.

Sin los actuales niveles de inmigración, la población se reduciría en la mayor parte de Europa y envejecería, ya que el número de personas en edad de trabajar disminuiría en relación con el de las personas mayores.

En la actualidad, un 21% de la población de la Unión Europea tiene 65 años o más. Dentro de las proyecciones de referencia de Eurostat (las que mantienen el actual patrón migratorio), esta proporción aumenta hasta el 32% para el año 2100. En el escenario de inmigración cero, el porcentaje de los mayores de 65 aumentaría hasta el 36%.

"Las consecuencias principales serán un crecimiento más lento, por la reducción en la población activa, y una mayor presión fiscal, por el aumento del gasto en pensiones y por la demanda de asistencia sanitaria y atención a las personas mayores".

John Springford — Investigador asociado del centro de estudios Centre for European Reform

Quienes estudian los cambios en la pirámide de edad de Europa afirman que esto someterá a los países a una presión económica cada vez mayor. Según Springford, “las consecuencias principales serán un crecimiento más lento, por la reducción en la población activa, y una mayor presión fiscal, por el aumento del gasto en pensiones y por la demanda de asistencia sanitaria y atención a las personas mayores”.

De hecho, una gran parte de la UE ya está experimentando esta situación. En las últimas décadas ya ha habido un aumento de la presión fiscal (representadas a través de los ingresos fiscales, como el porcentaje del PIB) en países como Francia, Italia, Alemania y España.

Los sectores de cuidados y salud, en riesgo

Los sectores de salud y de asistencia social serán cada vez más relevantes para poder gestionar el envejecimiento de Europa. Sin embargo, muchos sistemas de salud de la Unión Europea ya dependen de médicos o enfermeros extranjeros.

Según Alan Manning, profesor de Economía en la London School of Economics, “habrá más personas que necesiten cuidados, aunque eso dependerá de la salud de las personas en la vejez y de la cantidad de cuidados que necesiten”.

“También hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda: por el descenso en el número de niños, debido a las bajas tasas de fertilidad, se necesitarán menos personas dedicadas a la educación y al cuidado de los niños”, dijo Manning.

Pero, según los expertos, la inmigración tampoco resuelve por sí sola el reto demográfico de Europa, pero sí es una de las soluciones necesarias.

“El aumento en los niveles de inmigración no bastará para resolver estos problemas demográficos, ya que los niveles necesarios para eso serían muy elevados y el número de migrantes dispuestos a trasladarse es limitado”, afirma Springford.

“Pero sí que ayudarían, al igual que ayudaría el aumento en la tasa de empleo de las personas con edad de trabajar, el retraso de la jubilación, la reforma de las pensiones, y trasladar al patrimonio, y especialmente a los bienes inmuebles, la carga impositiva que pesa sobre los ingresos del trabajo”.

Proyectos de repoblación

Según Manning, “para que la inmigración sea útil, es necesario que los inmigrantes tengan trabajo, y en muchos países europeos la tasa de empleo para los inmigrantes es bastante baja, así que eso no se puede dar por sentado”.

“Si un inmigrante llega y no puede trabajar, y luego necesita ayuda, no mejora las cosas sino que las empeora; así que es muy importante que puedan trabajar”, añade.

Dentro de cada país, las zonas rurales serán las más afectadas por el próximo descenso demográfico de la Unión Europea. En los próximos 80 años, más localidades podrían correr la suerte de Camini, un pueblo italiano en la región de Calabria que a finales del siglo XX vio disminuir drásticamente a su población cuando sus vecinos más jóvenes se mudaron a otros lugares en busca de trabajo.

En un intento por evitar la desaparición de la comunidad, Camini se ha convertido recientemente en la sede de un proyecto de reasentamiento de refugiados. Así se menciona en un informe reciente del Consejo de Europa, redactado por la diputada laborista Kate Osamor, que examina la potencialidad de la inmigración como forma de gestionar el desafío del envejecimiento poblacional.

“Yo veía cómo el lugar moría lentamente, las casas se caían porque nadie vivía en ellas”, dice Rosario Zurzolo, nacida en Camini y presidenta de la cooperativa que gestiona Eurocoop Servizi, como se llama el proyecto de reasentamiento.

En el marco de este programa, 50 refugiados se han establecido de forma permanente en Camini, llevando el total de la población del pueblo a 350 habitantes. Otros 118 refugiados han sido acogidos de forma temporal. Un logro simbólico del programa ha sido la reciente reapertura del colegio local.

Según Zurzolo, Camini puede servir de modelo para revitalizar otras regiones europeas que sufren un descenso demográfico.

Serena Franco también forma parte del proyecto de Camini y presentó al Consejo de Europa los datos que evidencian su informe. “Están aportando conocimientos y ahora estamos empezando a crecer con ellos y a crear cosas nuevas, nuevos procesos y nuevos puestos de trabajo que sin ellos serían imposibles”, concluye.

*Mapas y gráficos: Raul Sánchez (elDiario.es).

CCOO ha alertado de que el descenso demográfico que está registrando Castilla-La Mancha va a provocar que durante los próximos años se reduzcan cerca de 140 unidades escolares y la consecuente pérdida de, aproximadamente, 175 cupos docentes.

“Este mismo curso la provincia que más unidades pierde es Ciudad Real, con 25 unidades, seguido de Albacete, con 17 unidades. Ha habido 60 supresiones del cuerpo de maestros en la región y, si hablamos de Secundaria, ha habido unos 100 desplazados, cifra especialmente significativa”, ha denunciado el responsable regional de Personal Docente de la Federación de Enseñanza, Goyo Muro.

De ahí que, tras reclamar medidas estructurales como la reducción de ratio para contrarrestar la pérdida de empleo docente, haya defendido que la reducción horaria con la que arrancan este curso los docentes de Primaria precisa de una ampliación del cupo para cubrir apoyos y otras necesidades educativas.

Y es que Muro, que junto a la secretaria regional de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, y el responsable regional de Personal Laboral de la Federación, Ángel Calzadilla, ha hecho un repaso de cómo arranca este curso 2025/2026 en la región, ha señalado que este año tan solo se han incrementado en 153 el número de docentes.

“El porcentaje es mínimo, no llega ni a medio punto. Resulta claramente insuficiente para abordar todos los retos que presenta el sistema”, ha criticado el responsable de Personal Docente, que ha desmentido, tal y como aseguró el consejero, que sean 580 los docentes que se han incorporado este mes de septiembre.

“En la adjudicación que ha habido este viernes pasado, el 50% de son contratos eran de mitad de jornada o menos, contratos de un tercio de jornada, de una o tres horas semanales. Son condiciones precarias”, se ha quejado Muro, que ha reclamado más plantilla a la Consejería.

Para Secundaria también ha pedido reducción de carga lectiva para los mayores de 55 años, reforzar plantillas para poder desdoblar y crear apoyos, así como reducir la carga burocrática, “que resta muchísimo tiempo a la labor docente”.

En cuanto a la Formación Profesional Dual, desde CCOO demandan planes formativos individuales, equipiaración salarial, la creación de una bolsa autonómica de empresas de colaboración y de un sello de calidad para que estas empresas tengan cierto reconocimiento e incentivos.

Por último, se ha referido a la situación de las escuelas de idiomas, que están “sufriendo recortes encubiertos que están poniendo en riesgo el futuro de estos centros, donde se están fusionando niveles”.

El sistema educativo castellanomanchego “se enfrenta a problemas estructurales”

Mientras, a nivel más genérico, la responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO ha alertado de que el sistema educativo castellanomanchego, en todos sus niveles, “se enfrenta a problemas estructurales que no pueden seguir aplazándose, como son la financiación, las condiciones laborales, infraestructuras y salud laboral”.

“La falta de inversión que pone en riesgo tanto la calidad educativa como la equidad social”, ha denunciado Delgado, que ha asegurado que este curso arranca con “luces y sombras”. Si las luces las conforman la reducción a 18 horas lectivas en las enseñanzas medias, que se aplicará de forma generalizada para el curso 2026/2027, las sombras las configuran los “déficits” en las plantillas de ordenanza y limpieza, “que están obsoletas y precarias”, las necesidades urgentes en la red de centros de 0 a 3 años, las infraestructuras educativas deterioradas, la falta de climatización, o las carencias de recursos en Formación Profesional para adaptarla a las demandas actuales.

Con respecto a la educación universitaria, ha alertado de que tras dos años de aplicación de la la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la universidad sigue “en situación de precariedad”.

“Los problemas principales que detectamos son la falta de financiación estable y suficiente. Tampoco se avanza en la reducción de la temporalidad y la precariedad del personal y se han paralizado medidas clave, como la comisión para alcanzar el 1% del PIB en 2030 o el estatuto del personal docente investigador”.

De ahí que a la institución académica le reclame más diálogo, más negociación y más financiación, y al Gobierno regional, el cumplimiento íntegro del acuerdo de docentes y la negociación de las plantillas del personal laboral.

Por último, el responsable regional de Personal Laboral de la Federación de CCOO ha querido poner el foco en las plantillas de técnicos educativos, intérpretes de lengua de signos, técnicos superiores de Educación Infantil, el personal de limpieza y los de ordenanza y de mantenimiento.

De igual modo, ha denunciado la “precariedad laboral” que sufren los 60 personas de personal de cocina, que “tienen contratos fijos y continuos y cuando llega julio y agosto, se van al paro”.

También ha abordado la salud y la seguridad laboral, pues ha terminado denunciado la situación de los centros de Educación Especial 'Infanta Elena' de Cuenca y 'Eloy Camino' de Albacete, “donde el año pasado hubo un incremento de partes de lesiones de los trabajadores, tanto de auxiliar técnico-educativo como personal de limpieza”.

El número de personas expuestas a los fuegos ha aumentado un 40% entre los años 2002 y 2021, a pesar de que se redujo el área quemada en un 26%, debido principalmente al aumento de la población que vive en la interfaz urbano-forestal

Son las conclusiones de un estudio liderado por Seyd Teymoor Seydi y publicado este jueves en la revista Science. El trabajo revela que el 85% de las exposiciones globales a incendios forestales entre 2002 y 2021 se produjeron en África, donde los incendios no suelen alcanzar niveles catastróficos, aunque los desastres por incendios forestales en América del Norte, Europa y Oceanía han recibido mucha más atención.

Según estos datos, los incendios forestales de 1990 a 2021 causaron al menos 2.500 muertes y 10.500 lesiones, al tiempo que 1,53 millones de muertes a nivel mundial pueden atribuirse a la contaminación atmosférica inducida por incendios forestales. Para cuantificar dónde se produce la exposición directa, el equipo de Seydi analizó 18,6 millones de registros de incendios del Atlas Global de Incendios, junto con datos de población y de cobertura y uso del suelo.

Es necesario un mayor uso intencional del fuego como herramienta de gestión de la vegetación para mitigar los desastres por incendios forestales

“La paradoja global de la disminución del área quemada y el aumento del impacto humano que descubrimos se debe en gran medida a una superposición cada vez mayor entre los asentamientos humanos y los paisajes propensos a incendios”, dice el coautor Amir AghaKouchak, investigador de la UC Irvine.

En regiones donde los incendios se propagan rápidamente, como el oeste de Norteamérica y Australia, es importante implementar prácticas de refuerzo estructural y paisajístico para mejorar la resistencia al fuego, aseguran los autores. Además, escriben, “también es necesario un mayor uso intencional del fuego como herramienta de gestión de la vegetación para mitigar los desastres por incendios forestales”.

“A medida que el cambio climático intensifica el clima propicio para los incendios y las poblaciones mundiales continúan expandiéndose hacia zonas propensas a incendios, la mitigación proactiva será cada vez más crítica para reducir el riesgo de futuros desastres por incendios forestales”, destaca AghaKouchak.

Un incremento desigual

“La pregunta de investigación es relevante, pues busca evidenciar cómo evoluciona y se distribuye espacialmente la exposición de la población a los incendios”, asegura Víctor Fernández-García, profesor en el departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad de León en declaraciones al SMC. Además de mostrar la influencia de las dinámicas poblacionales en África, destaca, se observan aumentos de exposición en Sudamérica y Norteamérica, en línea con trabajos previos que indican una expansión de las interfaces urbano-forestales en Estados Unidos. “En contraste, en Europa y Oceanía no se detectan incrementos de exposición”, subraya.

“Esta coincidencia espacial entre incendios y asentamientos humanos se manifiesta en todos los continentes, aunque con magnitudes y factores explicativos distintos”, asegura José Valentín Roces-Díaz, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB). En algunas regiones el crecimiento poblacional ha sido determinante, apunta, mientras que en otras han predominado factores climáticos. “En el actual contexto de cambio global y climático, disponer de estimaciones precisas y espacialmente explícitas sobre riesgos, como la creciente exposición humana a incendios extremos, es fundamental para avanzar hacia políticas de planificación y gestión”.

Mucho más crítica es Cristina Montiel Molina, catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien considera que el artículo presenta varias deficiencias graves. “La exposición humana a los incendios es mucho más amplia, no se limita a estos territorios de riesgo”, comenta al SMC. Por otro lado, continúa, da el mismo tratamiento y significado a estos territorios en todos los continentes, lo cual también es incierto puesto que son el resultado de dinámicas territoriales diferentes, y en momentos y con ritmos distintos igualmente. En su opinión, el artículo no tiene rigor metodológico en el manejo de las escalas espacio-temporales y “las conclusiones carecen de fundamento científico”.

La población del Principado de Asturias aumentó en el segundo trimestre en 1.846 habitantes, un repunte del 0,18 por ciento que, a fecha 1 de julio, eleva el número de habitantes de la comunidad a 1.016.995, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Estadística Continua de Población (ECP) refleja que Asturias ha continuado con la tendencia al alza, ya que en los últimos doce trimestres -tres años- sólo bajó en los tres primeros meses de 2024, cuando se redujo en 438 personas.

Esta tendencia ha permitido que la población del Principado se haya incrementado desde el 1 de abril de 2022 en 12.669 personas gracias a la llegada de extranjeros a la comunidad, que ya representan casi el 12 por ciento de sus habitantes..

Desde el inicio del año, la población se ha incrementado en 2.804 personas, y desde julio del pasado año en 6.879.

La estadística refleja que la población asturiana nacida en el extranjero aumentó en el segundo trimestre en 2.862 personas, hasta 120.578, mientras que la nacida en España se redujo en 1.016, hasta 896.417.

En el último año, la población asturiana nacida en el extranjero creció en 12.071 personas, mientras que la nacida en España cayó en 5.192.

De los 1.016.995 habitantes de la comunidad autónoma, 531.175 son mujeres y 485.820, hombres.

Máximo histórico: 49,3 millones

La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.

El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.

El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174; en tanto que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad, ya que hubo un descenso de 18.120 en el número de personas nacidas en España.

Aumento en todas las CCAA

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en Ceuta, y solo descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91 %), Comunitat Valenciana (0,50 %) e Illes Balears (0,42 %).

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).

La estadística también recoge el número de hogares que se situó en 19.596.099 a 1 de julio de 2025, con un aumento de 49.221 durante el segundo trimestre de 2025.

Enmig del creixent debat sobre els efectes de la massificació turística a Balears –amb la carestia d'habitatge i la degradació del territori com a principals símptomes– i la necessitat de repensar un model econòmic històricament dependent del turisme, el Govern del PP fa gala del seu Pacte per la Sostenibilitat. L'arxipèlag, no obstant això, ja tenia tenia traçat en 2019 un diagnòstic integral del model balear avalat per desenes de científics de les illes i que, amb el vistiplau de reconeguts assessors externs, va proposar reformes estructurals de gran importància. Aquell document, que va comptar amb la participació de més de 400 persones, va ser, a més, referendat pel Consell Econòmic i Social (CES) a Brussel·les.

Dilluns passat, la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, feia lliurament al rei Felip de les 'Bases de l'Agenda de Transició', que recull les propostes sorgides de la primera fase del Pacte per la Sostenibilitat impulsat per l'Executiu del PP i que, en una segona fase, seran analitzades i debatudes en cinc grups de treball. El document conté, en concret, 59 objectius estratègics, 65 objectius de desenvolupament i 528 aportacions ciutadanes dirigits a transitar, en paraules de la líder autonòmica, cap a la “sostenibilitat econòmica, social i ambiental” de Balears. En declaracions als mitjans després de reunir-se amb el monarca a Palma, Prohens al·ludia a “aquesta manera pionera que tenim de treballar i de pensar més enllà d'una legislatura” i assegurava que aquest “procés de transformació” és “únic en tota Espanya i pioner en la resta de regions europees”.

La iniciativa, no obstant això, es presenta sis anys després que més de 60 científics (biòlegs, físics, economistes, juristes, enginyers, especialistes en intel·ligència artificial i geògrafs, entre altres) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ja posessin sobre la taula, a través del seu 'Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de Balears en l'Horitzó 2030 (H2030)', els reptes als quals s'enfronten les illes a escala econòmica, laboral, social i mediambiental i establissin les bases per a afrontar-los. Per a això, van comptar amb l'experiència analítica de la Fundació Folch, de Barcelona, i amb les recomanacions i la supervisió de vuit “savis”, entre els quals es troben l'actual president del CES a Espanya, Antón Costas, el catedràtic d'Economia Emilio Ontiveros o el doctor en Ciències Físiques Enric Banda.

Entitats i partits abandonen el Pacte

Mentre el Govern de Prohens assegura que Balears “continua endavant de manera pionera” amb el seu Pacte per la Sostenibilitat –amb la posada en marxa de 12 taules de treball i la participació de més de cent entitats– per a abordar la necessitat de canviar el rumb de l'actual model turístic, des de diferents àmbits es recrimina l'absència d'una metodologia “participativa, rigorosa i transparent”, motiu, entre altres, pel qual col·lectius com el GOB, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma o el Fòrum de la Societat Civil i partits com el PSIB–PSOE i Més per Mallorca han anat abandonat el Pacte de manera progressiva. Així mateix, lamenten que les taules treballin “des de zero” tenint en compte que bona part dels objectius marcats –com la diversificació econòmica, el canvi climàtic, la precarització laboral o la massificació turística— ja apareixien recollits en l'estudi elaborat pel CES i la UIB a petició de l'anterior Govern, presidit llavors per Francina Armengol.

“Estem parlant d'un procés que va durar més d'un any amb l'objectiu d'obtenir una visió general d'arxipèlag, però també per illes”, subratlla, en declaracions a elDiario.es, el llavors secretari general del CES a Balears, Josep Valero, qui en aquest moment ja tenia clar que un canvi de model era imprescindible per al futur de les Illes. L'economista recorda que es van dur a terme quatre fòrums insulars en els quals es van aportar propostes sobre les especificades de cadascuna de les illes i assenyala, en aquest sentit, com en el fòrum d'Eivissa ja se'ls va advertir “molt especialment sobre el problema de l'aigua”. La intenció, explica, passava per dur a terme una planificació estratègica de cap a on havia de caminar l'arxipèlag “marcant prioritats, calendaris i mecanismes de finançament”.

Després de l'anàlisi de les propostes, l'execució de les mateixes havia de dur-se a terme sobre la base d'aquesta planificació estratègica. “Era un procés de cogovernança que implicava una participació estructurada, contínua i participativa”, aclareix Valero, qui expressa la sorpresa que li va suposar la posada en marxa de l'actual Pacte de Sostenibilitat i de les seves diferents taules quan, en realitat, “ja estava tot diagnosticat”. Recrimina, a més, el “batibull” d'entitats incloses “en el mateix sac”, com el Fòrum de la Societat Civil, associació que engloba a 27 entitats, la Junta de les quals compta amb uns 300 membres i amb més de 30.000 associats, “amb una associació de lloguer de cotxes”. “I tot això en unes sessions en les quals no hi ha actes i en les quals tot s'envia cap a una suposada comissió d'experts”, abunda.

Al capdavant de la mateixa es troba Antoni Riera, director tècnic de la Fundació Impulsa Balears i catedràtic d'Economia aplicada de la UIB. Consultat per aquest mitjà, Riera explica que per a l'elaboració de les 'Bases de l'Agenda de Transició' han partit d'anàlisi DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) per àrees i subàrees realitzats pels 12 grups de “reflexió–acció” que componen el Pacte per la Sostenibilitat, integrant, assegura, tots els informes i documents aportats pels participants. Entre ells es troba, assenyala, l'estudi 'H2030', que continua sent “una referència valuosa dins del conjunt d'aportacions rebudes”.

Les “taules fantasmagòriques” de Prohens

Per part seva, Carles Manera, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques, exconseller d'Economia i president del CES quan aquest va dur a terme l'informe 'H2030' –que va coordinar al costat de Valero i el també economista Ferran Navinés–, posa en valor el treball realitzat per a tirar endavant aquest document, que es va concretar en més de 140 propostes d'actuació en terrenys com el turístic, l'agrari, l'industrial i el tecnològic. “Va ser un estudi àmpliament consensuat i únic a nivell regional. El president del CES de Brussel·les va informar que tampoc existia un document semblant en la resta de regions europees”, destaca.

En aquest sentit, Manera lamenta que, tractant-se d'un document estratègic que “va més enllà d'una conjuntura determinada” per a fer front als desafiaments de Balears, “dormi el somni dels justos” i que no hagi estat implementat, revisat o assumit. No en va, l'economista, en l'actualitat conseller del Banc d'Espanya, posa l'accent en els nous camps d'anàlisis que va incorporar l'equip tècnic del CES –demografia; perspectives i qualitat de l'ocupació; canvi climàtic; economia del coneixement; sectors industrials i clústers empresarials; infraestructures i capacitat de càrrega dels territoris; educació; noves tecnologies, i benestar social–, amb un vector transversal a tots ells: la importància del turisme de masses per a les economies de les illes.

Envelliment i expansió demogràfica

Entre les seves conclusions principals, l'estudi 'H2030' revela que Balears registrarà un increment de 58.000 persones (46,4%) en la població major de 70 anys, gairebé el doble del que registrarà Espanya. Així mateix, l'informe apunta al fet que l'esperança de vida passarà dels 82,9 als 84,8, la qual cosa suposarà multiplicar per dos la població dependent, que passarà de les 20.103 persones que hi havia en 2018 a les 40.209 en 2030. En aquesta línia, el document llança una dada clau: Balears continuarà sent la Comunitat Autònoma amb el creixement demogràfic més important (+18,6%), seguida de Canàries (+14,8%) i Madrid (+10,9%), apuntant a una rellevant congestió demogràfica i a una pressió humana “en augment” sobretot en determinats dies d'estiu.

“La població és el principal element que condiciona tota la resta: si aquesta creix, implica més necessitats, més reptes i més actuacions per part de les administracions públiques”, subratllava llavors Manera, que afegia que “aquest problema inferirà en la necessitat d'una major oferta d'habitatge públic”, atès que vaticinava, davant “una absència d'oferta”, un major encariment dels preus de lloguer i, amb això, “un risc d'increment de la desigualtat”, com està succeint en Balears. L'estudi apunta, així mateix, al fet que el progressiu augment de l'envelliment de la població dispararà la despesa de les famílies en salut (+17,6%) enfront del destinat a l'educació (–11%).

Manera subratlla que, per a tirar endavant un treball com 'H2030', es necessita de “tot un procés” i de “l'ingent esforç de moltes persones” bolcades a aglutinar idees i arguments, així com a dissenyar propostes abans d'arribar als consensos necessaris. En cas contrari, com augura en el cas de les “taules fantasmagòriques” del Pacte per la Sostenibilitat del PP, “el treball resultant serà molt cosmètic i molt poc arrelat amb la realitat”.

Una metodologia “a l’inrevés”

Unes consideracions que també comparteix el catedràtic i doctor en Economia Aleix Calveras, qui sosté que és el Govern el que hauria d'haver llançat una proposta “general, global, coherent, oberta i amb matisos” que després fos sotmesa a un debat democràtic amb la participació dels agents socials. “Ho han fet a l’inrevés, sense res damunt de la taula”, lamenta Calveras, qui es mostra especialment crític amb la designació d'Antoni Riera al capdavant del comitè tècnic del Pacte, un perfil, en la seva opinió, més allunyat dels qui aposten per posar límits clars a la massificació o abordar un increment de la fiscalitat per a compensar les externalitats negatives del turisme.

L'economista, qui va ser present en una de les dotze taules de treball –la de Competitivitat Turística i Demanda Turística Sostenible–, qualifica així de “qüestionable” el disseny inicial de les taules, que considera més aviat dirigit a calmar el malestar social existent davant la massificació turística, l'escalada de preus en matèria d'habitatge i l'especulació immobiliària. “Portem mesos en què ningú sap res. Potser és una maniobra de distracció tret que es produeixi un canvi final, perquè, fins al moment, les polítiques que ha adoptat el Govern en termes d'urbanisme i lloguer turístic no s'han basat en absolut en aquest document sortit del Pacte”, sentència.

Mentrestant, fonts del Govern defensen la metodologia implantada per l'Executiu de Prohens, amb la qual, subratllen, volen “fer partícip a tothom”, incorporant les seves propostes perquè, en una segona fase com la que preveu iniciar-se, aquestes siguin sotmeses a l'assessorament expert. Les mateixes fonts assenyalen que, per contra, els llibres blancs i informes de recomanacions sobre diversificació econòmica i canvi de model realitzats fins al moment han estat efectuats per “experts des de dalt a baix”. “Nosaltres ho fem al revés: les entitats elaboren el seu informe per a després passar-ho a l'administració. Al final és un procés participatiu que no ha tingut lloc en altres ocasions”, al·leguen. L'objectiu pansa, incideixen, per “buscar els punts en comú i els consensos i anar recollint les aportacions de tot el món”. “És una dinàmica bastant nova que en Balears mai s'havia implantat”, comenten.