La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó hasta el 3,6% en marzo en Cantabria, 1,2 puntos por encima de la tasa de febrero y dos décimas por encima de la media nacional, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de inflación de Cantabria es la tercera más alta de España, después de la Comunidad de Madrid (4,1%) y Galicia (3,8%) y junto a la de Baleares. En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,9%.

El INE ha elevado al 3,4% el repunte de la inflación nacional en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado. 

Por grupos de gasto, la tasa anual más elevada en Cantabria correspondió a las bebidas alcohólicas y el tabaco, del 5,7%, seguida por los restaurantes y el alojamiento, con un 5,1% y el cuidado personal, con un 5%. El alza en el grupo de transporte fue del 4,8%, debido a la subida de los carburantes, y en la sanidad, del 4%.

Los alimentos se encarecieron un 2,9% en tasa anual y los gastos de la vivienda un 3,1%, por los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025.

Se registraron repuntes en todos los grupos de gasto salvo en dos: los alimentos, con una tasa del -1%; y las información y comunicaciones, con el -0,1%. Por su parte, la vivienda no experimentó variación respecto al mes anterior.

El índice de precios de consumo (IPC) ha subido un 3,7% en marzo en Castilla-La Mancha en comparación con el mismo mes del año pasado, con el transporte como el grupo que más se ha encarecido al registrar una subida del 5,5% en un año.

A nivel nacional, la inflación ha alcanzado el 3,4% en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, y según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto del país el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue también el del transporte, que subió un 5,3% interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. En Castilla-La Mancha, los precios de marzo en comparación con los del mes anterior han subido un 1,5%.

Se han encarecido un 5,3% el vestido y el calzado; un 4,9% los restaurantes y alojamientos y un 4,7% la vivienda, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco han subido el 4,5%. Además, los seguros y servicios financieros han incrementado el precio un 4,4% y el sector del cuidado personal ha subido un 3,4%.

Por encima del 2 por ciento han subido los servicios de educación, con un incremento del 2,4%; los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una subida del 2,2% y las actividades recreativas, deporte y cultura, con un encarecimiento del 2%.

 Además, los precios de la sanidad han subido un 1,5%; el 0,5% los muebles y artículos del hogar y la información y telecomunicaciones se han encarecido un 0,1% en el último año.

Precios en comparación con febrero

En comparación con febrero, en Castilla-La Mancha los precios que más han subido han sido los de vestido y calzado, con un incremento del 6,4%, seguido del transporte, con una subida del 4,5%.

Además, el precio de la vivienda ha subido en el último mes en la región un 2,2%; las actividades recreativas, deporte y cultura, el 1,3% y los restaurantes y alojamiento, un 1,1%.

Por debajo del 1 por ciento se ha encarecido en el último mes los seguros y servicios financieros, con una subida del 0,4%; el sector del cuidado personal y el de muebles y artículos del hogar, con sendos incrementos del 0,3%, y las bebidas alcohólicas y tabaco y la información y comunicaciones, que en ambos casos se han encarecido un 0,1%.

Sin variaciones han permanecido los servicios de educación y la sanidad y se ha retraído 0,3% el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

UGT pide medidas para mitigar el impacto en las familias hipotecadas

UGT ha señalado que la “importante subida” de los precios en marzo en la región se explica principalmente por el “fuerte encarecimiento de la gasolina y el gasóleo, derivado del mantenimiento y la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio”, al tiempo que ha pedido medidas más focalizadas, como ayudas directas a colectivos vulnerables o destinadas a mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euríbor.

El conflicto bélico “está generando un notable impacto sobre los precios, y una elevada incertidumbre”, tal y como ha explicado la secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa.

Otro asunto que ha destacado la responsable de Empleo del sindicato en la región es la necesidad de articular medidas de protección social y financiera para mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euribor; así como la importancia “ahora más que nunca” de reforzar el diálogo social para garantizar que las familias no pierdan poder adquisitivo.

“En materia de negociación colectiva se hace más necesario que nunca garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Los convenios colectivos con cláusulas de garantía salarial son una herramienta fundamental para proteger a la clase trabajadora frente a una inflación que no han provocado, evitando que el peso de la crisis recaiga, una vez más, sobre quienes viven de su trabajo”, ha afirmado la líder sindical.

CCOO reclama mejoras salariales para paliar los efectos

CCOO ha reiterado su reclamación de mejoras salariales para evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo y vuelvan a ser quienes sufran principalmente las consecuencias de la inflación. El sindicato ha subrayado que continuará exigiendo la subida de los salarios en las diferentes mesas de negociación de los convenios colectivos con el objetivo de corregir el desequilibrio entre el crecimiento de los precios y el de las rentas de las personas trabajadoras, según ha informado CCOO en nota de prensa.

En este sentido, el secretario regional de Acción Sindical, Ángel León, ha advertido que “el conflicto bélico internacional no puede ser la excusa de las patronales de las cinco provincias para ahondar en la precariedad y en la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, mientras los márgenes empresariales actuales, que permiten garantizar el IPC, se consolidan en máximos históricos”.

Bruselas por fin empieza a dar pasos concretos sobre medidas para paliar el fuerte incremento de los precios de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio. La Comisión Europea ha anunciado este lunes que “está recabando la opinión de los Estados miembros sobre un proyecto de propuesta de un Marco Temporal de Ayudas de Estado para la crisis” que permite a los países cubrir parte del aumento de precios del combustible o de los fertilizantes, conceder una cantidad limitada de ayuda por empresa, un aumento del porcentaje máximo de ayuda para los costes de electricidad de las industrias con alto consumo y la subvención del coste del combustible utilizado para la generación de electricidad a partir de gas. La Comisión tiene como objetivo adoptar estas medidas antes de finales de abril.

La falta de concreción de la finalización del conflicto en Oriente Medio iniciado por Estados Unidos e Israel con sus bombardeos sobre Irán ha hecho que Bruselas mueva ficha para paliar el impacto de los precios de los combustibles en los bolsillos de los ciudadanos y las empresas europeas. Como en otras ocasiones, la Comisión se basa en el articulado de sus propios tratados que permite conceder ayudas para desarrollar determinados sectores económicos ante riesgos económicos específicos e inesperados.

El fracaso de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos y la confirmación por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, del bloqueo de los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, donde en periodos de normalidad circula el 20% del petróleo que se consume en el mundo, han disparado otra vez los precios de los combustibles.

Muchos países europeos, como es el caso de España, ya han aprobado su paquete de medidas mientras que Bruselas va más lenta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta el pasado 16 de marzo a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que iban a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado”: “Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”.

En teoría, las medidas se iban a presentar en la cumbre europea que reunió a los mandatarios de los Estados miembros el pasado 19 de marzo en Bruselas. Pero, pese a que había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo, tras 12 horas de reunión, solo se consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. 

La Comisión pasa ahora a consultar a los Estados miembros para “conocer su posición sobre un marco específico y temporal que aborde los efectos de la crisis en algunos de los sectores más expuestos de la economía, como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera y el transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE”. Según Bruselas, el proyecto de propuesta también incluye un ajuste temporal del Marco de Ayudas de Estado del Pacto Industrial Limpio , “que permitiría mayores intensidades de ayuda para hacer frente a los picos en los precios de la electricidad”.

Medidas temporales

Las medidas que se están dirimiendo entre la Comisión y los países miembros son “apoyo temporal para los sectores más expuestos que cubra parte del aumento de precios del combustible o de los fertilizantes, en comparación con la situación anterior al 28 de febrero de 2026” y “conceder una cantidad limitada de ayuda por empresa (excepto para el transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE).

Otra ayuda se daría mediante el “incremento del porcentaje máximo de ayuda para los costes de electricidad de las industrias con alto consumo energético, que sería por encima del máximo actual del 50%.

Además, la Comisión se muestra dispuesta a evaluar otras medidas temporales como “la subvención del coste del combustible utilizado para la generación de electricidad a partir de gas, con el fin de reducir los costes globales de la electricidad” y deja sobre la mesa la posibilidad de añadir “medidas adicionales para abordar los efectos de la crisis”.

En este sentido, durante la crisis del Covid se suspendió el procedimiento de déficit excesivo lo que permitió a los países de la UE romper en corsé de deuda que impone la UE para facilitar la salida de la crisis que provocó la pandemia. De todas maneras, Von der Leyen ha asegurado este lunes que en la situación actual no es necesaria una medida de este calado.

No hay ninguna mención a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea para impulsar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena escalada de precios del petróleo provocada por el conflicto con Irán.

Ahora, los Estados miembros tienen la posibilidad de “formular observaciones sobre el proyecto de propuesta de la Comisión y responder a estas preguntas. La Comisión evaluará rápidamente las respuestas con el objetivo de adoptar el Marco Temporal antes de finales de abril.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.

La Mesa de Precios de melón y sandía de la Lonja Agropecuaria Hortofrutícola de Castilla-La Mancha en su última reunión ha puesto de manifiesto el incremento generalizado de los costes de producción, que se sitúa entre un 5% y un 10%, para la campaña que empieza, en un momento en el que muchos agricultores están acometiendo las preparación de los terrenos y

Destacan especialmente las subidas en insumos clave para estos cultivos como los plásticos (incremento de un 5%), las semillas (incrementos de hasta un 10%), así como el gasóleo, los fertilizantes y la mano de obra. En este último aspecto, se señala que aproximadamente el 95% de los trabajadores en la recolección son de origen extranjero, lo que añade un factor más de complejidad a la campaña.

Los agricultores han comenzado en Castilla-La Mancha con la preparación del terreno para hacer las plantaciones iniciales de melón y sandía, y en el campo pronto se empezarán a ver los primeros acolchados.

Según la Mesa, “las lluvias registradas han dejado un excelente tempero en el suelo, favoreciendo las labores preparatorias”. Actualmente, los agricultores están incorporando materia orgánica y comenzando las plantaciones. Se estima que entre un 10% y un 15% de la producción se realizará en cultivo temprano, mediante acolchado con manta térmica.

Ajustar la oferta a la demanda

También, como en campaña anteriores, inciden en la importancia de ajustar la oferta a la demanda, escalonando las plantaciones para evitar al máximo posible los temidos dientes de sierra que darían lugar a un desplome de precios. Además, hacen un llamamiento a los productores para que extremen la prudencia y la planificación en las próximas plantaciones, ante un contexto de precios volátiles y mercados cada vez más inestables. Ante este escenario, reiteran la necesidad de actuar con responsabilidad, apostando por la planificación, la profesionalización y el conocimiento del mercado. “La clave no es producir más, sino producir mejor y con salida asegurada”, concluyen.

Se insiste en que “es fundamental que el agricultor no plante sin tener asegurada la salida del producto”. En este sentido, desde la Mesa de Precios se subraya la importancia de que cada productor tenga previamente definida su estrategia de venta. Recuerdan que el mercado exige cada vez más una planificación ajustada a la capacidad real de comercialización. “Como productores debemos pensar también cuándo se va a vender, en qué condiciones y con qué canales de salida”, destacan. Cabe recordar que en la campaña pasada hubo productores que registraron pérdidas, lo que refuerza la necesidad de actuar con cautela en la actual campaña de plantación.

Previsión de superficies

Desde la Mesa de Precios de melón y sandía estiman una ligera reducción de la superficie de sandía, en torno a un 5% respecto a 2025. Eso sí, las precipitaciones registradas en este primer trimestre del año han hecho que haya movimiento de agricultores que están valorando nuevas plantaciones en determinadas zonas de la región, pero es un cultivo que requiere una importante inversión inicial y muchos agricultores estarían buscando financiación.

En cuanto al melón, se prevé una estabilidad en la superficie plantada. Se espera que el porcentaje de melón piel de sapo sea similar al del año pasado, y que el 30% del total de melón plantado en la región sea de otras variedades destinadas principalmente a exportación, como el Amarillo, Galia o Cantaloup.

Condiciones agronómicas y calendario

Aunque por el momento el desarrollo de los cultivos sigue su curso normal, la Mesa de Precios advierte de posibles solapamientos en la producción, condicionados por la evolución climática. En regiones competidoras como Murcia, si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables, las producciones podrían coincidir parcialmente en los mercados. La previsión de inicio de la cosecha en Castilla-La Mancha se sitúa a partir del 10-15 de julio.

En cuanto al abastecimiento, el mercado ha estado cubierto hasta febrero por producto procedente de Brasil, siendo actualmente Senegal el principal origen. A partir de mediados y finales de este mes de abril comenzará a entrar en el mercado la producción de invernadero de Almería, lo que marcará el inicio de la transición hacia la campaña nacional.

El precio de la vivienda en España no deja de subir. Y aunque desde el tercer trimestre del año pasado lo hace cada vez a un ritmo menor, sigue encareciéndose por encima del doble de la media europea y muy por encima del triple que las grandes potencias. Según la estadística publicada este martes por Eurostat, a cierre de 2025 el precio de la compraventa en España subió un 12,9% en comparación al cierre del año anterior, aunque la subida se moderó trimestralmente al 1,8% del cuarto periodo, bastante menor que el 3,6%, el 4% o el 2,9% de los primeros trimestres. El encarecimiento es bastante más del doble que la media europea, que fue del 5,5%.

Pero las cifras son más sangrantes si las comparamos con las grandes potencias europeas. Así, Alemania cerró 2025 con una subida de tan solo el 3% interanual, cuatro veces menos que España, a un ritmo estable cercano al 1% trimestral que se redujo al 0,1% en el cuarto trimestre. En Francia, los precios de la vivienda llegaron incluso a caer un 0,7% en el cuarto trimestre para cerrar el año con una subida del 1%, esto es, 12 veces menos que en España. Italia, la tercera potencia europea, también sube a un ritmo mucho menor. Concretamente, tres veces menos y un 4% a cierre de 2025.

Tan solo tres países de la zona euro han visto cómo sus precios subían más que en España. Se trata de Hungría, con una subida del 21,2%; Portugal, un 18,9%; y Croacia, donde la subida fue del 16,1%. Por debajo pero muy cerca de España, en Eslovaquia los precios subieron un 12,8% y en Bulgaria, un 12,6%, los mercados, ambos con una evolución similar.

Finlandia es el único país de la Unión Europea donde los precios incluso bajaron al cierre de 2025 en comparación con el año anterior. Concretamente, lo hizo un 3,4% en comparación con 2024. Los países donde menos se encareció la vivienda fueron Luxemburgo, con un 0,1%, y la ya mencionada Francia y su 1%, justo por debajo del 1,2% de encarecimieto de Suecia, según las cifras de Eurostat procedentes del House Price Index.

El precio de la vivienda en Cantabria se incrementó en un 12% en el último trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 2.031 euros el metro cuadrado. A nivel nacional, España registró un nuevo máximo histórico el año pasado al darse un aumento del 16,6% frente al año anterior, con lo que se encadenan once años consecutivos al alza, conforme a los datos del Colegio de Registradores.

Según la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025 publicada este martes, en el último trimestre del año pasado, en comparación con los tres meses anteriores, el precio de la vivienda se incrementó en Cantabria un 1,1%, hasta los 2.146 euros el metro cuadrado. La vivienda nueva subió un 13,3%, hasta los 2.258 euros el metro cuadrado, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 0,6%, para llegar a los 2.124 euros el metro cuadrado.

En comparación con el último trimestre del año anterior, la vivienda en la región registró un incremento del 12%, con un importante aumento del precio de la vivienda usada del 15%, mientras que la vivienda nueva bajó un 2,4%.

Al final del año pasado, Santander estaba entre las capitales con los precios de la vivienda más altos, con un incremento del 10% con respecto al último trimestre de 2024, hasta los 2.543 euros por metro cuadrado, un coste superior a ciudades como Las Palmas, Sevilla, Granada o Zaragoza.

En cuanto a la venta de viviendas, en el último trimestre del año pasado se vendieron en Cantabria 10.394, con un incremento interanual del 12,8%, por encima de la media española.

Máximo histórico del precio en España

A nivel nacional, de acuerdo a los datos recogidos en el Índice del Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) de los registradores de la propiedad, las casas se han encarecido un 29,3% desde el máximo histórico de 2007.

El precio medio de la vivienda también batió su propio récord en 2025, hasta alcanzar los 2.284 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento interanual del 9,5%, superior al 6,3% que creció el año anterior.

La vivienda nueva elevó su precio un 8%, hasta los 2.445 euros por metro cuadrado; en tanto que la usada se encareció algo más frente a 2024, el 9,9%, hasta los 2.240 euros por metro cuadrado, también máximos históricos en ambos casos.

Las comunidades autónomas con los precios medios más caros fueron Madrid, con 4.091 euros por metro cuadrado; seguida de Islas Baleares, con 3.988 euros/m²; País Vasco (3.295 €/m²) y Cataluña (2.709 €/m²).

Por provincias, los mayores precios medios correspondieron a Madrid, con 4.091 euros por metro; Islas Baleares (3.988 €/m²); Gipuzkoa (3.814 €/m²); Bizkaia (3.167 €/m²); Málaga (3.101 €/m²) y Barcelona (3.088 €/m²).

Por su parte, las capitales de provincia con los precios más caros fueron San Sebastián (6.107 €/m²), Madrid (5.283 €/m²), Barcelona (4.800 €/m²), Palma de Mallorca (4.086 €/m²) y Bilbao (3.514 €/m²).

El precio medio por vivienda fue de 214.581 euros, un nuevo máximo histórico logrado tras un crecimiento del 8,2%, que se vio impulsado por los incrementos del precio por metro cuadrado y de la superficie media. Entre las comunidades autónomas con mayores precios destacaron Islas Baleares, con 410.322 euros; Comunidad de Madrid (386.239 €); País Vasco (276.277 €) y Cataluña (240.455 €).

Hace un año, Trump apareció en el jardín de la Casa Blanca con un enorme tarjetón en el que anunciaba el mayor muro arancelario del siglo en torno a la economía estadounidense. La decisión desató el caos internacional, pero una serie de moratorias y modificaciones difíciles de seguir permitieron la recuperación de los mercados pese a la incertidumbre. Un año después, con un revés judicial del Tribunal Supremo de por medio, los estadounidenses son uno de los grandes afectados por el desmantelamiento del sistema de libre comercio diseñado por el propio Washington.

La guerra comercial de Trump, que iba acompañada de la promesa de “volver a hacer América rica”, ha reducido el déficit comercial de Estados Unidos, pero también lo ha hecho la capacidad adquisitiva de los estadounidenses. La mayoría de ciudadanos considera que los impuestos a las importaciones del presidente han hecho que la cesta de la compra les salga más cara. Una impresión que los datos económicos corroboran: el precio total de los alimentos ha subido un 3,1% en este lapso de tiempo. Algunos productos, como la ternera o el café, han sufrido subidas del 14% y 18%, respectivamente.

Una encuesta publicada por el Pew Research Center a principios de febrero mostraba cómo el 60% de los estadounidenses sigue estando en contra de los aranceles del presidente. Otra, realizada por Harris Poll y publicada por The Guardian a mediados de marzo, mostraba cómo siete de cada diez estadounidenses consideran que los aranceles les cuestan más dinero. Si se filtra por orientación política, un 64% de los republicanos están de acuerdo con que los aranceles habían aumentado precios. En el caso de los demócratas y los votantes independientes, el porcentaje era de un 77% y un 67%, respectivamente.

Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, decía en la última reunión de marzo que el impacto de los aranceles tenía que acabar de aterrizar, las urnas no esperan. En noviembre hay elecciones de medio mandato y, por el momento, nada indica que esta sensación de que la vida es más cara vaya a cambiar. Mucho menos con la guerra de Irán y con el barril de crudo disparado por encima de los 100 dólares. 

Los resultados macroeconómicos, como la balanza comercial o los acuerdos obtenidos con otros países quedan muy lejos del día a día. Es algo que la Administración de Joe Biden aprendió cuando los demócratas perdieron las presidenciales en 2024: a pesar de tener buenos indicadores macroeconómicos, la gente no percibía una mejora en sus condiciones materiales.

Revés judicial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbó precisamente los aranceles universales del presidente porque suponía un abuso de los poderes de emergencia. El alto tribunal consideraba que los poderes de emergencia económica (IEEPA) que Trump invocó “no le autorizan a imponer impuestos a través de órdenes ejecutivas”. 

La sentencia, más allá de desatar la furia del magnate, dejó el gran interrogante de qué pasaba con los más de 130.000 millones de dólares que el Gobierno ya había recaudado y qué pasaba con los acuerdos firmados a raíz de dichos aranceles. Este mes, Malasia declaró su acuerdo comercial “nulo y sin efecto” a raíz del fallo. En cambio, la UE ha seguido trabajando con el mismo marco negociador.

Trump, que no está dispuesto a renunciar a una de sus políticas estrella, ya contestó a la sentencia del Supremo con unos nuevos aranceles del 10% que sustituyen a los universales. Para hacerlo, recurrió a la Sección 122 de una ley comercial de 1974. Aunque estos impuestos van a expirar a mediados de julio y los asesores de la Casa Blanca ya están trabajando en vías alternativas para poder mantenerlos. 

Un año después del 'Día de la Liberación', en el que Trump hizo saltar por los aires el libre comercio como se le conocía hasta ahora, sigue sin estar claro cuáles son las reglas que rigen el día después. 

Daño a las bases rurales

Los granjeros y ganaderos estadounidenses se sienten los grandes perdedores. Buena parte de las bases rurales MAGA se han convertido en los daños colaterales de uno de los pilares centrales de las políticas de su presidente. Por ejemplo, los cultivadores de soja ya hace tiempo que han notado los efectos negativos de la guerra comercial de Trump. El pulso con China ha hecho que Pekín deje de comprarles para buscar nuevos proveedores en Latinoamérica. 

Paralelamente, también se han visto perjudicados por las vías alternativas con las que Trump intenta paliar el enfado de los consumidores. Por ejemplo, para combatir la subida del precio de la ternera, el presidente anunció en octubre del año pasado la compra de 80.000 toneladas métricas de carne a Argentina, algo que terminó de hundir a los ganaderos en medio de una de las peores sequías que sufre el campo estadounidense. 

Trump aplicó los aranceles también con la premisa de reindustrializar el país, crear más puestos de trabajo y fomentar el consumo de productos de Estados Unidos. Las dos primeras premisas, de momento, no se han materializado y van en dirección contraria. Mientras la segunda sí que es cierta. Un año después del supuesto 'Día de la Liberación', China ya no envía tantos productos a Estados Unidos como antes. 

Además, el Gobierno estadounidense se ha encargado de asegurar sus reservas domésticas de minerales necesarios para la carrera tecnológica de la inteligencia artificial. En diciembre de 2025 el Departamento de Estado lanzó la iniciativa de la Pax Silica, para crear una cadena de suministro segura para la inteligencia artificial, los semiconductores y los minerales críticos. 

Señales de debilitamiento

Ahora bien, que se hayan reducido las importaciones extranjeras no se ha traducido automáticamente en una mayor creación de empleo. Según datos de la Reserva Federal, actualmente las fábricas del país tienen contratados a unos 12,6 millones de trabajadores. Pero en estos meses la tasa de paro del país ha seguido aumentando: los últimos datos publicados en febrero por el Departamento de Trabajo muestran que se han destruido unos 92.000 puestos de trabajo. 

La producción manufacturada ha subido cerca de un 1% durante este período, pero sigue estando por debajo de los niveles alcanzados bajo el mandato de Biden. El centro de investigación de la Universidad de Yale, The Budget Lab, señala cómo “las industrias expuestas a aranceles muestran ciertos signos de debilidad en comparación con la tendencia anterior a 2025”. 

Este análisis coincide con las palabras de Powell, que aún se están asentando los efectos de los aranceles en la economía estadounidense. El 'Día de la Liberación' sigue siendo el epicentro desde donde se proyectan las ondas sísmicas que continúan impulsando la inflación en torno al 2,4% a día de hoy. 

Otra de las pocas certezas que hay un año después del 'Día de la Liberación' es que Trump dio la estocada final al sistema del libre comercio que durante décadas Estados Unidos había edificado. Como respuesta a los aranceles, grandes socios comerciales como la Unión Europea han buscado alternativas en otros mercados, como Latinoamérica. En breve, el acuerdo del Mercosur se hará efectivo para ambas partes. La UE también ha buscado aumentar las relaciones comerciales con India. 

Estados Unidos también ha conseguido que, como consecuencia de los aranceles, numerosos países hayan firmado nuevos acuerdos comerciales o hayan hecho concesiones. Por ejemplo, Reino Unido aceptó aumentar el número de carne vacuna importada de EEUU que se puede vender cada año en el país. Muchos Estados han buscado su propia vía para restaurar la seguridad comercial frente a Trump, quien ha demostrado usar los aranceles como arma de presión. 

La inflación en la zona del euro se elevó al 2,5% en marzo frente al 1,9% del mes anterior debido al fuerte incremento de los precios de la energía provocado por la guerra con Irán. Es la primera vez desde comienzos de 2025 que la inflación se sitúa por encima del objetivo del 2% que se plantea el Banco Central Europeo para decidir su política monetaria.

Los precios de la energía se incrementaron un 4,9% interanual debido al conflicto en Oriente Medio, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,1%, medio punto porcentual menos que el mes anterior. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos por su volatilidad, descendió una décima, hasta el 2,3%.

Este vaiven de precios refleja las presiones que está provocando el conflicto de Oriente Medio provocado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz como repuesta iraní. El estrecho de Ormuz es una vía por la que pasa el 20% del tráfico mundial de petróleo, pero además afecta a otras materias primas que sirven para la fabricación de fertilizantes, con lo que la tensión se está trasladando al mercado de los alimentos.

El coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los precios de los servicios vieron rebajado su subida al 3,2% interanual, frente al 3,4% del mes anterior.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se movía este martes en el entorno de los 107 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

La Comisión Europea ha pedido a los 27 países miembros de la UE que estudien medidas voluntarias para reducir el consumo de petróleo y gas, especialmente en el sector del transporte. La propuesta giraría en torno a solicitar a los ciudadanos que conduzcan o vuelen menos para ahorrar combustible destinado a usos esenciales. Este tipo de medidas ya se están poniendo en práctica en algunos países asiáticos ante la escasez de combustible por el conflicto en Oriente Medio.

La petición la ha realizado por el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ante el temor de refleja el temor de “interrupción prolongada”»“ del suministro energético derivada de la guerra con Irán, según ha publicado Politico. Este martes ser reúnen los ministros de Energía de la UE a través de videoconferencia para analizar la situación del mercado energético y las reservas de combustible ante los problemas de suministro provocados por la guerra.

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

“Nos enfrentamos a un verdadero shock… Probablemente más allá de lo que podemos imaginar en este momento”. Estas son palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una entrevista publicada este jueves en The Economist. Europa se asoma a un abismo económico por culpa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las consecuencias económicas ya se palpan en la Unión Europea, pero, como advierte Lagarde, hay un peligro añadido, ya que el impacto se manifiesta gradualmente, lo que implica “una evaluación tardía” de la gravedad real de la crisis. Cuando se va a cumplir un mes del inicio de los bombardeos, lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana entre los analistas: la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

Este sentimiento que se extiende en los mercados crece ante la incertidumbre que provocan los constantes cambios de estrategia de la guerra por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Aunque aseguró que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, cuando ya se ha cumplido un mes aún no se percibe que Trump haya encontrado una salida creíble al conflicto. Este viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que incrementarían sus ataques contra Irán tirando por tierra la supuesta solución diplomática que el presidente de EEUU asegura que está negociando con Irán.

Ante este escenario, Boris Vujcic, recientemente nombrado vicepresidente del BCE, también ha advertido de que la guerra en Irán está empujando a la zona euro hacia una combinación de crecimiento más débil y mayor inflación. La advertencia de Vujcic no fue que Europa ya estuviera en esta situación, sino que la tendencia del riesgo se mueve más rápido de lo que se pensaba en esa dirección.

En un entorno de estanflación, los bancos centrales tienen menos flexibilidad y más probabilidad de cometer errores de política monetaria. “Los banqueros centrales de todo el mundo se están encontrando entre la espada y la pared, ya que los precios de la energía se disparan y destrozan la economía global. A medida que aumentan los riesgos de inflación creciente y desaceleración del crecimiento con cada subida en los precios del crudo, la función de respuesta de la política monetaria se vuelve débil”, explica Jack Janasiewicz, gestor de Natixis.

La tardía reacción del BCE en la crisis de inflación que provocó la invasión de Ucrania pesa sobre el BCE. Lagarde insiste en que actuará inmediatamente, pero los analistas avisan de que la situación es diferente. “El inmovilismo actual de los bancos centrales, aunque parece impuesto, es probablemente la mejor respuesta. Si bien el riesgo de recesión derivado de este choque energético parece bastante obvio, el recuerdo de la ola de inflación de 2022-2023 sigue siendo demasiado nítido para que los banqueros centrales lo ignoren. Sobre todo, como ha señalado el Banco de Pagos Internacionales, los bancos centrales no deben reaccionar a través de sus herramientas de política monetaria a las crisis temporales de oferta. He ahí una lección que especialmente el BCE haría bien en tener presente, ya que sus errores de política monetaria en la era Trichet costaron muy caro a la economía de zona euro”, advierte Enguerrand Artaz, gestor de fondos de LFDE.

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación”

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación porque la guerra en Oriente Medio impulsa los precios al alza mientras frena el crecimiento”, comentó Chris Williamson, el economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence. Williamson ha advertido que “los costes de las empresas están aumentando al ritmo más rápido en más de tres años, en medio del aumento de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro como consecuencia de la guerra”.

El economista de SP en la Eurozona añadió que: “El crecimiento de la producción se ha desacelerado hasta casi la estanflación, debido a una caída de la confianza empresarial y al deterioro de los nuevos pedidos. La disminución de las expectativas sobre la producción futura fue la mayor registrada desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022”.

No es el único analista que advierte del impacto económico de la guerra de Irán en Europa. “Los mercados están comenzando a incorporar un escenario de petróleo más alto por más tiempo. Esta dinámica está reforzando las preocupaciones sobre la estanflación”, dijo Emmanuel Cau, jefe de estrategia en Barclays. Mientras, Xavier Chapard, estratega de LBP, indicó que “las primeras encuestas de coyuntura de marzo confirman el carácter estanflacionista de la crisis” con “un golpe es especialmente fuerte en Europa, lo que no resulta sorprendente a la vista de las importaciones de petróleo y gas de la región”.

Patrick Artus, analista de Ossiam, añadió que: “Incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, la economía de la zona euro se estaba moviendo hacia un equilibrio de estanflación debido a la ausencia de aumentos en la productividad y a un fuerte aumento de los precios de metales y semiconductores. La guerra en Oriente Medio, si persiste, aumenta el riesgo de caer en estanflación, dado el shock negativo de oferta derivado de los mayores precios del petróleo y del gas natural”.

Un impacto económico que ya sufren los ciudadanos

En España ya hay datos concluyentes del impacto de la guerra. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero, debido al encarecimiento de los carburantes. El Banco de España ya apunta que el peor de los escenarios por la guerra supondría un frenazo de la economía (1,9%) y una inflación disparada (5,9%), mientras que la OCDE recortó en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento PIB de España en 2026 y otra décima, hasta el 1,7%, para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Estamos hablando de la economía española, que es la que va mejor entre los grandes países de la UE. Bloomberg ha publicado que Alemania se quedaría en un escaso 0,5% de crecimiento en 2026 si la guerra continúa, mientras que Italia ya ha anunciado que no crecerá más de un 0,5% y el banco central de Francia revisó al 0,9% la tasa de crecimiento para su país este año.

Anthony Willis, esconomista de Columbia Threadneedle Investments, explicó que “es muy desafortunado que, en un año en el que se esperaba un aumento del crecimiento y de los beneficios corporativos, sobre un fondo de baja inflación y, en palabras de Christine Lagarde, ”en buena posición“, el contexto haya empeorado tan rápidamente. La UE está en mejor situación desde el punto de vista del suministro de gas que en 2022, gracias a la infraestructura de importación de GNL ahora en funcionamiento, pero sigue siendo vulnerable, ya que las reservas de almacenamiento están agotadas y la UE compite con Asia por los limitados suministros de gas disponibles desde EEUU, dado que Catar está parcialmente 'fuera de línea'. El estímulo económico y el gasto adicional en defensa pueden ayudar a la economía europea hasta cierto punto, pero los precios más altos para una región muy dependiente de las importaciones de energía, dejan a la UE vulnerable a una desaceleración económica impulsada por los precios de las materias primas, combinada con un shock inflacionario”.

Este viernes hubo una reunión de ministros de finanzas de la UE para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, fue concluyente: “Las perspectivas están empañadas por una profunda incertidumbre, pero es evidente que nos enfrentamos al riesgo de un choque estanflacionario. Se daría incluso si las interrupciones en el suministro energético fueran relativamente cortas”. El comisario europeo señaló que el crecimiento de la UE en 2026 podría situarse entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales “por debajo de lo proyectado en nuestras previsiones económicas de otoño (1,4% de incremento del PIB)”.

Cuando parecía que Europa dejaba atrás los efectos del conflicto en Ucrania, la guerra de Irán ha vuelto a golpear el crecimiento europeo y ha obligado a los ejecutivos de la eurozona a dedicar sus esfuerzos en rebajar el golpe de los precios. El presidente Pedro Sánchez señaló en unas jornadas organizadas por elDiario.es que “la guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, no podemos dejar que la paguen 20 millones de hogares españoles. Es una catástrofe, un gran error político y geopolítico. Desestabiliza una arteria fundamental del comercio internacional como es el estrecho de Ormuz. Amenaza con un terremoto global. Ya está impactando en los bolsillos de nuestros conciudadanos”. Como otros países europeos, el Gobierno de España ha sacado adelante medidas anticrisis que van a paliar el impacto sobre la economía de los ciudadanos.

“Estamos en una situación que podría convertirse en una recesión global autoinfligida. Demuestra lo que ocurre cuando se actúa fuera del marco de las normas y reglas internacionales. Todo está vinculado con todo: el precio del petróleo con el del gas, con el de los alimentos, con el de los fertilizantes, con el de los productos farmacéuticos y la lista continúa”, comentó Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en una entrevista en Politico para explicar la debacle económica que se avecina.

Los precios industriales se desplomaron en Asturias en febrero un 29,1% en tasa interanual, 21,6 puntos más que en febrero y la segunda mayor caída entre las comunidades autónomas, debido al abaratamiento de la energía.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata de la mayor caída interanual de los precios industriales en Asturias desde abril de 2024.

En tasa mensual, los precios industriales bajaron en Asturias un 18,9%, mientras que en el acumulado de enero a febrero lo hicieron un 19,8%.

Los precios

Por destino económico de los bienes y en tasa interanual, los precios de la energía se desplomaron febrero un 50,6%, mientras que repuntaron un 3,5% en los bienes de consumo; un 2,6% en los de equipo, y un 1,2% en los intermedios.

Sin contar con el impacto de la energía los precios industriales subieron en la comunidad un 2% en tasa interanual.

Caída nacional del 7 %

En el conjunto del país, los precios industriales cayeron un 7 % en febrero con respecto al mismo mes de 2025, un descenso 4,2 puntos superior al de enero, cuando bajaron un 2,8 %, y que supone el retroceso más marcado desde marzo de 2024.

El índice de precios industriales (IPRI) publicado este miércoles por el INE muestra una caída de los precios industriales derivada del abaratamiento de la energía, cuyos precios se desplomaron un 22,3 % en febrero.

Abaratamiento de la producción

El descenso de los precios de la energía se produjo, a su vez, por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos.

El INE destaca que, dentro del ámbito energético, hubo una mayor subida de los precios del refino de petróleo que en el mismo mes de 2025.

Los bienes intermedios

También tuvieron influencia negativa en el IPRI los bienes intermedios, cuya tasa disminuyó una décima, hasta el 0,1 %, por el abaratamiento de los precios de la producción de metales preciosos y de otros metales no férreos, frente al incremento en el mismo mes de 2025.

El resto de sectores tiraron al alza del IPRI, especialmente los bienes de consumo no duradero (1 %) -debido a que los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales bajaron menos que en febrero del año pasado-, y en menor medida los bienes de consumo duradero (2,6 %) y los bienes de equipo (2 %).

La brecha

Sin contar con la energía, los precios industriales aumentaron un 0,8 % interanual, una décima menos que en enero, lo que supone una brecha de casi ocho puntos respecto al IPRI general.

Por ramas de actividad, las que más subieron fueron la industria del tabaco (5,6 %), la fabricación de otro material de transporte (5,2 %) y otras industrias manufactureras (4,8 %); mientras que las que más bajaron fueron el suministro de energía eléctrica y gas (un 28,3 %), las coquerías y refino de petróleo (un 8,7 %) y la industria química (un 2,8 %).

Los precios industriales bajaron en febrero en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Canarias (un 31,3 %), Asturias (un 29,1 %) y Baleares (un 27,4 %).

En términos mensuales, los precios industriales descendieron un 3,1 % con respecto a enero, sobre todo por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (un 21 % menos). 

El pla anticrisi aprovat pel Govern central per fer front als efectes de la guerra d'Iran tindrà un impacte superior als 70 milions d'euros a les Balears, tal com ha assegurat aquest dilluns a Palma la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, després de reunir-se amb agents socials i econòmics de les Illes.

Segons ha explicat, aquesta xifra deriva principalment de la rebaixa fiscal sobre l'electricitat i dels ajuts de 20 cèntims per litre de combustible dirigits a sectors com la ramaderia, l'agricultura, la pesca o el transport, inclosos en el pla estatal de 80 mesures dotat amb 5.000 milions d'euros.

L'abast del paquet no es limita al teixit productiu. Sánchez ha destacat també l'impacte de mesures com l'ampliació del bo elèctric i tèrmic, així com la pròrroga dels contractes de lloguer fins a dos anys, que es preveu que beneficiï unes 24.000 vivendes a les Balears.

Durant la trobada, en la qual també ha participat el delegat del Govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, l'Executiu central ha instat el Govern balear a adoptar mesures pròpies. Rodríguez ha reclamat a l'Executiu autonòmic que actuï “com abans millor” amb iniciatives “complementàries per protegir el sector productiu i les famílies”.

En la mateixa línia, ha demanat a PP i Vox que donin suport al Congrés als dos decrets anticrisi aprovats pel Govern, la convalidació dels quals considera “urgent i necessària”. El primer inclou reduccions fiscals i ajuts als carburants, mentre que el segon recull la congelació temporal dels contractes de lloguer. Segons ha assenyalat, les comunitats autònomes han de desenvolupar també mesures pròpies “que donin suport al decret que blinda les famílies que poden veure el seu lloguer renovat el 2026 a les Balears”.

Rebuig empresarial i amenaça de mobilitzacions

Davant el suport institucional, el pla ha estat rebut amb crítiques per part d'organitzacions empresarials, especialment del sector del transport. La Federació de Petites i Mitjanes Empreses de Mallorca (Pimem) ha qualificat els ajuts al combustible de “decebedors i perjudicials” i ha advertit de mobilitzacions “si no hi ha una reacció” per part de l'Executiu abans que acabi març.

El president de l'Associació de Transportistes de Pimem (Astam), Jeroni Valcaneras, ha anat més enllà en considerar “fals” que les mesures estiguin orientades a donar suport als sectors professionals. Segons ha denunciat, els ajuts “premien més els vehicles privats que els professionals” i amb prou feines compensaran el 50% del sobrecost real que afronta el sector.

“La bonificació anunciada per als transportistes és de 20 cèntims per litre; a la pràctica, es veurà reduïda en un 25 per cent en eliminar del decret la figura del gasoil professional que venien gaudint els transportistes des de l'any 2007”, ha assenyalat l'associació.

En aquest context, Pimem ha advertit de possibles mobilitzacions a nivell nacional si no es modifiquen les mesures. “El sector no pot acceptar un decret que, a la pràctica, els deixa en una situació més desfavorable que abans de la seva aprovació”, ha conclòs Valcaneras.

També el president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears, Ezequiel Horrach, ha considerat “insuficients” les mesures per al teixit empresarial i ha augurat una evolució “complicada” del sector.

Des de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), el seu vicepresident, José Antonio Roselló, ha assenyalat que hi ha consens que el paquet està enfocat principalment als ciutadans i no a les empreses. “A les empreses la situació és més diversa i estem davant una primera presa de contacte de possibles futures mesures que dependrà de si la situació es complica o no”, ha apuntat.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Gasolineres de Pimem, Rafael Matas, ha reclamat que es tingui en compte la insularitat en els costos del transport i en els períodes de liquidació.

En el sector primari, el secretari general d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha advertit que els ajuts no retornaran el preu del combustible a nivells previs a la guerra i ha reclamat un acord estable per reduir la “incertesa”.

A diferència de les patronals, CCOO ha mostrat el seu suport al paquet de mesures i ha defensat especialment el decret sobre habitatge. “L’habitatge és un factor determinant en l'empobriment de la part treballadora d'aquest país”, han subratllat.

El sindicat ha reclamat, a més, que les mesures vagin acompanyades de mecanismes de control de preus per evitar que l'impacte de les ajudes acabi “engreixant els marges de cap empresa”.

Nova reunió amb el sector turístic

En paral·lel, la secretària d'Estat de Turisme ha anunciat una nova reunió amb el sector turístic després de Setmana Santa, en què participaran representants d'Exteriors, Economia, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i el Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC).

Sánchez ha recomanat a les empreses que “no pugin preus” fins a comprovar l'evolució del conflicte en les properes setmanes. Segons ha defensat, el paquet de mesures permetrà esmorteir tant l'impacte sobre “la ciutadania de peu” com sobre els costos empresarials.

“El sector turístic s'adaptarà a aquesta nova situació, amb l'esperança que la gent no percebi un increment del cost de la vida, a més d’afavorir que les nostres empreses puguin operar amb normalitat”, ha conclòs.

El plan anticrisis aprobado por el Gobierno central para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán tendrá un impacto superior a los 70 millones de euros en Balears, tal como ha asegurado este lunes en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras reunirse con agentes sociales y económicos de las Islas.

Según ha explicado, esta cifra deriva principalmente de la rebaja fiscal sobre la electricidad y de las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible dirigidas a sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o el transporte, incluidas en el plan estatal de 80 medidas dotado con 5.000 millones de euros.

El alcance del paquete no se limita al tejido productivo. Sánchez ha destacado también el impacto de medidas como la ampliación del bono eléctrico y térmico, así como la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años, que se prevé que beneficie a unas 24.000 viviendas en Balears.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, el Ejecutivo central ha instado al Govern a adoptar medidas propias. Rodríguez ha reclamado al Ejecutivo autonómico que actúe “cuanto antes” con iniciativas “complementaria para proteger el sector productivo y de las familias”.

En la misma línea, ha pedido a PP y Vox que respalden en el Congreso los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno, cuya convalidación considera “urgente y necesaria”. El primero incluye reducciones fiscales y ayudas a los carburantes, mientras que el segundo recoge la congelación temporal de los contratos de alquiler. Según ha señalado, las comunidades autónomas deben desarrollar también medidas propias “que apoyen el decreto que blinda a las familias que pueden ver su alquiler renovado en 2026 en Balears”.

Rechazo empresarial y amenaza de movilizaciones

Frente al respaldo institucional, el plan ha sido recibido con críticas por parte de organizaciones empresariales, especialmente del sector del transporte. La Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (Pimem) ha calificado las ayudas al combustible de “decepcionantes y perjudiciales” y ha advertido de movilizaciones “si no hay una reacción” por parte del Ejecutivo antes de que acabe marzo.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Pimem (Astam), Jeroni Valcaneras, ha ido más allá al considerar “falso” que las medidas estén orientadas a apoyar a los sectores profesionales. Según ha denunciado, las ayudas “premian más a los vehículos privados que a los profesionales” y apenas compensarán el 50% del sobrecoste real que afronta el sector.

“La bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro, en la práctica se verá reducida en un 25 por ciento al eliminar del Decreto la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007”, ha señalado la asociación. En este contexto, Pimem ha advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si no se modifican las medidas. “El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación”, ha concluido Valcaneras.

También el presidente de la Agrupación empresarial de transporte de Mercancías de Balears, Ezequiel Horrach, ha considerado “insuficientes” las medidas para el tejido empresarial y ha augurado una evolución “complicada” del sector.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), su vicepresidente José Antonio Roselló ha señalado que existe consenso en que el paquete está enfocado principalmente a los ciudadanos y no a las empresas. “En las empresas la situación es más diversa y estamos ante una primera toma de contacto de posibles futuras medidas que dependerá si la situación se complica o no”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Gasolineras de Pimem, Rafael Matas, ha reclamado que se tenga en cuenta la insularidad en los costes del transporte y en los periodos de liquidación.

En el sector primario, el secretario general de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha advertido de que las ayudas no devolverán el precio del combustible a niveles previos a la guerra y ha reclamado un acuerdo estable para reducir la “incertidumbre”.

A diferencia de las patronales, CCOO ha mostrado su respaldo al paquete de medidas y ha defendido especialmente el decreto sobre vivienda. “La vivienda es un factor determinante en el empobrecimiento de la parte trabajadora de este país”, han subrayado.

El sindicato ha reclamado además que las medidas vayan acompañadas de mecanismos de control de precios para evitar que el impacto de las ayudas acabe “engrosando los márgenes de ninguna empresa”.

Nueva reunión con el sector turístico

En paralelo, la secretaria de Estado de Turismo ha anunciado una nueva reunión con el sector turístico tras Semana Santa, en la que participarán representantes de Exteriores, Economía, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Sánchez ha recomendado a las empresas que “no suban precios” hasta comprobar la evolución del conflicto en las próximas semanas. Según ha defendido, el paquete de medidas permitirá amortiguar tanto el impacto sobre “la ciudadanía de a pie” como sobre los costes empresariales.

“El sector turístico se va a adaptar a esta nueva situación, con la esperanza de que la gente no perciba un incremento del coste de la vida, además de favorecer que nuestras empresas puedan operar con normalidad”, ha concluido.

Con el estrecho de Ormuz cerrado, entre el 20% y el 25% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado se han interrumpido. Eso ha provocado que el precio internacional de referencia de ambos combustibles fósiles se haya disparado al alza, lo que ha afectado a todas las economías, pero especialmente a las que más dependen de las importaciones del Golfo Pérsico —como las asiáticas—. Por ejemplo, el 80% del petróleo de Corea del Sur procede de esa región, lo mismo que sucede con el 95% del petróleo usado por las refinerías japonesas. Como consecuencia de la prolongación de la guerra, todos los gobiernos están tomando medidas urgentes para reducir el consumo de energía y/o proteger en la medida de lo posible el poder adquisitivo de la población.

Los países más expuestos han puesto en marcha paquetes de medidas destinados a reducir el consumo de petróleo y gas natural. Algunos han reducido la semana laboral a cuatro días (Filipinas), aprobado el teletrabajo o cerrado oficinas y universidades (Tailandia, Bangladés), restringido la circulación de vehículos (Myanmar), restringido o prohibido las exportaciones de petróleo y/o gas natural (Tailandia), o establecido racionamiento y topes a los precios (India, Corea del Sur), junto con subvenciones sectoriales. En definitiva, el cierre de un nodo central del metabolismo de la economía-mundo obliga a que los países reaccionen con medidas extraordinarias.

Europa tiene una menor dependencia física de los combustibles fósiles del Golfo Pérsico, ya que desde 2022 los principales proveedores de petróleo a la Unión Europea son Estados Unidos y Noruega —hasta la guerra en Ucrania, el principal suministrador de petróleo había sido Rusia, que lo sigue siendo en gas natural—. Además, la mayoría de los países tienen importantes reservas, por lo que incluso en el caso de una interrupción total del flujo comercial permitiría resistir por un tiempo considerable —de acuerdo con Eurostat, España tiene para el equivalente a 100 días de importación—. Pero esta menor dependencia física no implica quedar aislado del impacto monetario, ya que el precio de referencia del petróleo se establece a nivel mundial. Y es a través de los precios como los primeros impactos económicos de la guerra están llegando a nuestras fronteras.

Qué precios suben

El canal más inmediato por el que la ciudadanía se ve afectada es el coste del combustible para vehículos privados: tanto la gasolina como el gasoil están subiendo de manera acelerada desde que comenzó la guerra. En un intento de contener esa subida, el gobierno de España acaba de aprobar en Consejo de Ministros la rebaja del Impuesto del Valor Añadido al 10%. La medida es controvertida porque el escenario más probable, como comentaré a continuación, es que dicha rebaja sea absorbida por los márgenes de beneficio de las empresas.

El segundo canal es financiero: el Euríbor, el tipo de interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España, ya está subiendo. Los bancos anticipan que el Banco Central Europeo acabará elevando los tipos de interés para combatir la inflación —aunque todavía no lo ha hecho—, y trasladan esa expectativa a lo que se cobran entre sí y, por extensión, a lo que cobran a sus clientes. El mecanismo es revelador: no hace falta que el BCE actúe para que las familias hipotecadas paguen más; basta con que el sector bancario —un oligopolio con poder de mercado— descuente ese escenario y lo incorpore a sus márgenes. Un patrón conocido: un shock externo se convierte en una oportunidad de beneficio para un sector con capacidad de fijar precios.

Finalmente, hay un tercer canal más lento pero que también influye en la subida de precios, y del que ya hemos hablado en otro análisis: la subida de los precios de los alimentos. Por un lado, los combustibles fósiles se utilizan en toda la cadena de distribución y consumo de los alimentos: desde los tractores y maquinaria pesada del campo, pasando por el procesamiento y empaquetado en plásticos hasta el consumo en cocinas de restaurantes u hogares. Así, el incremento del precio de la energía se traducirá en un incremento del precio del producto final. Por otro lado, el 99% de los fertilizantes nitrogenados —los más usados— empleados en las cosechas requieren gas natural durante su producción, y además muchos de estos productos terminados proceden del Golfo Pérsico —cuyas economías no son ya sólo de extracción de combustibles fósiles—. Sin embargo, aquí la traslación de precios será más lenta. O, al menos, debería; porque hay algunas cuestiones que permanecen ocultas en la explicación convencional de la inflación.

Cómo se establecen los precios

La explicación convencional de la inflación apunta siempre a las mismas causas: demasiada demanda, demasiado dinero en circulación o, como se insistió en los años setenta, salarios que suben demasiado. En todas estas versiones hay un gran ausente: los beneficios empresariales. Se asume que los mercados son competitivos y que las empresas se limitan a trasladar al consumidor, ni más ni menos, el incremento en el coste de sus insumos. Si sube el petróleo, sube la gasolina en la misma proporción, y nadie gana más que antes. Esta es la narrativa que solemos escuchar cuando hay un shock de oferta —pandemia, Ucrania, Irán—. Pero no es así como funciona el mundo real.

Ya en 1926, Piero Sraffa señaló las debilidades lógicas del modelo de competencia perfecta, abriendo el camino a lo que Joan Robinson formalizaría como “competencia imperfecta”: mercados en los que las empresas no asumen pasivamente los precios, sino que tienen poder efectivo para fijarlos. Esta es la norma en los sectores estratégicos de la economía mundial —empezando por el petróleo y el gas natural, oligopolios desde finales del siglo XIX—. En estos mercados, las empresas no solo trasladan la subida del coste: la amplifican. Aprovechan un evento extraordinario para ensanchar sus márgenes de beneficio, de modo que la onda de precios va creciendo a lo largo de toda la cadena hasta el consumidor final.

La economista Isabella Weber ha documentado con precisión este mecanismo para la pandemia y la guerra en Ucrania. Lo que Weber observa no es una conspiración, sino lo que llama “coordinación implícita”: cuando estalla una crisis, todas las empresas de un sector saben que los precios van a subir, pero nadie sabe cuánto. Esa incertidumbre, combinada con una opinión pública que acepta las subidas como consecuencia inevitable de la crisis, permite a las empresas con poder de mercado cosechar lo que en economía se llaman windfall profits —beneficios caídos del cielo—. En Estados Unidos, por ejemplo, los márgenes de beneficio empresarial alcanzaron en 2020 el 13%, una cifra superior a cualquier año de posguerra: la pandemia fue un drama para la sociedad, pero una oportunidad para los márgenes empresariales. Y cuando la crisis pasa, no hay presión alguna para que esos precios inflados vuelvan a bajar. El resultado es que la inflación no se explica solo por el shock inicial, sino también —y de forma decisiva— por el interés de las grandes empresas en ganar más cuando las circunstancias se lo permiten.

Lo que ocurre con la gasolina

Los inversores utilizan un indicador clave de rentabilidad del sector de refino conocido como crack spread 3-2-1. No es una medida física, sino una referencia financiera que estima el margen de las refinerías al comparar el coste del petróleo crudo con el precio de los combustibles derivados, como la gasolina y el gasóleo. En la práctica, refleja cuánto están ganando las compañías en cada momento: la diferencia entre lo que pagan por el crudo y lo que ingresan por vender los productos refinados. En el gráfico siguiente podemos ver la evolución de este indicador en los últimos años: una subida descomunal con motivo de la guerra de Ucrania y una normalización en torno al otoño de 2023. En las últimas semanas esta rentabilidad se ha disparado también, cerca ya de los niveles más altos acontecidos hace cuatro años. Se trata de miles de millones en “beneficios caídos del cielo” —que, en realidad, provienen siempre de los bolsillos de los consumidores—.

Recapitulamos entonces: con un shock de oferta y con presencia de empresas con gran poder de mercado, cualquier medida que no neutralice estos beneficios adicionales está destinada a ser insuficiente en el mejor de los casos. La propuesta de bajada de IVA del gobierno español, por ejemplo, supondrá por lo pronto una merma para la recaudación pública. Pero ni siquiera logrará el efecto de alivio que se dice buscar, ya que más temprano que tarde será absorbido por los márgenes de beneficios de las grandes empresas. El resultado será que el precio de la gasolina y del gasoil seguirá subiendo, pero con una menor capacidad de recaudación del Estado; sencillamente porque la clave de todo esto, los beneficios caídos del cielo de las grandes petroleras, no han sido objeto de la política pública.

Debe tenerse en cuenta que es previsible que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo acaben subiendo los tipos de interés, ya que para la teoría convencional la inflación es el resultado de una economía recalentada (demasiada demanda o dinero): subir los tipos provocará un frenazo a las inversiones, un incremento del desempleo y, en consecuencia, una posterior reducción de precios. Es la receta de quimioterapia para un dolor de cabeza. En ese contexto, los gobiernos tendrán problemas mucho más grandes y será necesaria una intervención política más activa y audaz para evitar, entre otras cosas, que la frustración siga echando en manos de la antipolítica a gran parte de la población.

La historia se repite con pocas variaciones: un shock geopolítico dispara los precios de la energía, los gobiernos responden con rebajas fiscales que erosionan la recaudación sin contener la espiral, y las grandes empresas del sector acumulan beneficios extraordinarios que nadie les reclama. Romper ese patrón exige actuar donde está el problema: en los márgenes de beneficio. Europa ya lo intentó tímidamente en 2022 con un impuesto a los beneficios extraordinarios del sector energético, y España experimentó con topes de precio en el mercado eléctrico. Ambas medidas fueron imperfectas, pero apuntaban en la dirección correcta. Lo que no podemos permitirnos es repetir la estrategia de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, y menos aún cuando la factura de esa elección la pagan quienes dedican una mayor proporción de su renta a llenar el depósito y a calentar su hogar. Si el gobierno quiere que esta crisis no alimente aún más el descrédito de la política, tiene que atreverse a ponerle nombre a quienes se benefician de ella.

La gripe aviar, una nueva infección denominada Newcastle y problemas con el etiquetado de los huevos ucranianos son las principales preocupaciones del sector de la avicultura de puesta, según los datos que ha ofrecido hoy Vicente Arriscado, presidente de AVICAM (Asociación de avicultores de Castilla La Mancha) tras la asamblea que se ha celebrado en Toledo.

El sector, preocupado por los brotes de gripe aviar que ha sufrido en los meses anteriores, ha deseado que “este año permanezcamos ajenos a esta patología” y por ello ha pedido a la Administración regional “establecer un protocolo de actuación en el caso de que se produzca un nuevo brote para saber qué hay que hacer y que no nos pille desprevenido”, ha señalado.

También el huevo ucraniano que hay en el mercado está suponiendo una preocupación para el sector, un huevo que entra legalmente en la Unión Europea y en España. “El problema que tenemos es que normalmente ese huevo ha ido a industria y eso ha contribuido a sujetar el precio del huevo”, ya que “la industria ha comprado un huevo relativamente barato y ha hecho que los precios del mercado de consumo se mantengan a unos niveles aceptables”, ha señalado Arriscado. Sin embargo, lo que está sucediendo en la actualidad es que este huevo ucraniano se está derivando a consumo pero “al consumidor no se le está informando en el etiquetado del origen de ese huevo, con lo cual ya se está falseando”, ha señalado.

También se ha referido a que se “está falseando” la fecha de consumo. Arriscado ha recordado que este huevo lleva un tránsito que supone “mínimo 10 días o 12 desde que sale Ucrania hasta que llega a España, y se está reetiquetando con 28 días a la hora de la fecha de recepción en lugar de, como en España es obligatorio, coger y marcar 28 días desde la fecha de producción”.

Como sector, Arriscado ha señalado que “tenemos que luchar, no evidentemente por decir que estamos en contra de los ucranianos, pero que deben cumplir las mismas normas con las que estamos obligados a cumplir nosotros, porque si no estamos jugando en desventaja y al consumidor también se le está falseando”.

Este es uno de los debates que se ha planteado en esta asamblea que ha clausurado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, recordando que “somos la primera región a nivel nacional en producción de huevos y por lo tanto tiene un peso importante, que sumado al de la producción de carne de pollo, nos ponen a la vanguardia”. Según los datos que ha aportado Julián Martínez Lizán, Castilla La Mancha mantiene su liderazgo como primera región productora de huevos, con un censo de gallinas de unos 11,6 millones.

Sobre el principal problema que afecta al sector, el consejero ha señalado que se va a acometer de manera conjunta la realización de un protocolo para saber cómo manejar la influenza aviar cuando se da un caso en una explotación. “Vamos a acometer la creación de ese protocolo y saber cómo afinar los trabajos una vez que aparece la enfermedad en una explotación, ya que hay que gestionar la destrucción de todo el material que hay en la misma”, ha dicho el consejero.

Martínez Lizán ha recordado que el Gobierno regional ha hecho una importante apuesta con la puesta en marcha del Centro Tecnológico del Huevo, en Marchamalo, con una inversión de 4,5 millones de euros que cuenta con financiación FEDER y que  cuenta con la colaboración AVICAM. Las obras comenzaron a finales del pasado año “y avanzan a buen ritmo ya que llevamos ejecutado aproximadamente el 22% de la obra”.

El Estrecho de Ormuz centra ahora mismo los ojos de la política internacional. Por Ormuz pasa la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo. Es la puerta al Golfo Pérsico. Lo estamos escuchando mil veces estos días: por ahí pasa el 20% del petróleo y del gas mundial. Es el lugar para la represalia que ha encontrado Irán para responder a la guerra de Estados Unidos. Irán dice que si Estados Unidos ataca… ellos bloquean ese paso. Y el precio de la gasolina ha empezado a subir en todo el mundo. Trump ha empezado a ponerse nervioso, pero es inevitable preguntarse si no podía imaginarse algo así. 

Lo analizamos con el periodista económico del elDiario.es, Álvaro Celorio, y con la periodista de elDiario.es especializada en internacional y en Oriente Medio, Francesca Cicardi. 

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