De mal en peor y aún no se ha tocado suelo, algo en lo que coincide casi todo el mundo, en esta caída continua y dramática a la vez que afecta, también este verano, al precio en origen del plátano de Canarias; o sea, al ingreso final promedio que recibe el cosechero isleño por la fruta que envía principalmente a la Península.

Esa cantidad, la del precio en origen, es justo la que obtendrá el cosechero tras haber cubierto los costes de empaquetado, comercialización y otros y siempre antes de recibir la ayuda directa por kilo comercializado que paga la Unión Europea (UE) y se regula dentro del programa Posei: hay una ficha financiera anual de 141,1 millones de euros y esta permite compensar la pérdida de renta hasta un máximo de 0,34 euros por kilo a 420 millones de kilos al año.

La última semana con registro oficial del precio de origen del plátano de Canarias, fruta con certificación de calidad IGP (indicación geográfica protegida), se conoció este jueves a través del Informe de Coyuntura Semanal que publica en su web el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Esta vez, el dato es el que corresponde a la semana 28 del año en curso, el periodo del 6 al 12 de julio, cuando el precio medio en origen alcanzó el valor de 0,51 euros por kilo, con una reducción respecto al umbral semanal anterior de nada menos que el 32,4%.

Esta involución o tremendo batacazo supuso pasar del promedio de 0,75 euros por kilo de la semana 27 a los reseñados 0,51, con 0,24 euros por kilo menos en términos absolutos en solo siete días, y parece que no se ha visto lo peor de esta depresión de valores percibidos por el agricultor canario. La situación también ha alertado a alguna organización profesional agraria de Canarias, como es Palca-Unión de Uniones, que ha pedido soluciones a esta catástrofe de precios para el agricultor local.

Según avanzan algunas fuentes, en agosto, que será peor mes estival por la aún más reducida demanda y por la previsible mayor oferta de fruta isleña, es probable que se alcancen precios medios en origen entre 0,40 y 0,30 euros por kilo, lo que implicaría prácticamente no cubrir los costes de producción ni sumando la ayuda del programa Posei, de un máximo de 0,34 euros por kilo (con cargo a 2025, se pagaron 0,33 euros por kilo).

Esa anunciada situación negativa conduciría, casi seguro, a la práctica de la conocida como pica o a la reducción de la oferta con destino a ser comercializada. En la actualidad, el principal recurso activado para mandar menos fruta a la Península está siendo el de reconducirla hacia Marruecos.

El camino que llevan las cotizaciones en verde y al por mayor en el casi único mercado de la fruta estrella de Canarias, el de la Península y Baleares, conduce al infierno, algo conocido y sufrido en los veranos (pero este parece que va a ser peor que el de 2025), a los productores de las islas, que ya, y en todos los casos para las ventas de la semana 28, solo recogerán pérdidas del mercado debido a que los precios de venta de su fruta no son remunerativos: no cubren el coste de producción agrícola, como mínimo y a través del ingreso final recibido.

Hay que recordar que el coste de producción de un kilo de plátanos, el de finca, oscila entre los 0,70 y 0,80 euros, casi 0,20 o casi 0,30 euros por kilo más que el ingreso que llegará a las cuentas de los plataneros canarios por la fruta desembarcada y vendida en la semana 28 en el mercado de la Península. Es un auténtico desastre; de esto no hay duda.

En la semana 28, el mercado de exportación recibió 5,56 millones de kilos de plátanos de Canarias, algo menos que los 5,58 millones que se había previsto desembarcar en la semana en curso, la 29.

Pese a la actual coyuntura, tan rota en precios para el plátano de las islas, la conocida como comisión de comercialización de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), entidad presidida por José Carlos Rendón, no celebró este viernes su habitual reunión de trabajo y análisis del mercado (oferta y demanda), algo que ha sido confirmado a través de algunos de sus representantes.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Iberdrola y ha levantado la sanción de 25 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015, que multó a la compañía por haber manipulado el mercado para subir artificialmente los precios y llevarse un beneficio económico de 21,5 millones. Unos hechos por los que la energética fue absuelta en 2024.

En una sentencia fechada el 8 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sigue la estela del fallo de la Sala de lo Penal de enero de 2024, en el que se absolvió a la energética de haber alterado los precios durante el llamado 'tarifazo', cuando el Gobierno —entonces en manos del Partido Popular— decidió no cubrir los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse el 1 de enero de 2014. Pocos días después se produjo una escalada de precios que, entonces, se vinculó con esta decisión política.

En concreto, la práctica de la que se acusó a Iberdrola Generación —la filial dedicada a la producción eléctrica— fue la de elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.

Ahora, la Audiencia Nacional considera que la multa ha de levantarse ya que los hechos por los que se impuso “son sustancialmente análogos” a los ya juzgados, por los que no cabe lugar la sanción “muy grave” que la CNMC impuso amparándose en la Ley del Sector Eléctrico.

La sentencia incide en el tirón de orejas al supervisor que dio la Sala de lo Penal, al apuntar que el procedimiento por el que se investigó el perjuicio “se basó en meras estimaciones” y se consideró “un sistema ad hoc creado exclusivamente para este caso concreto”, adoleciendo de “graves deficiencias” y con sus “variables fundamentales (...) siendo modificadas subjetivamente”.

La Sala de lo Penal también dio por probado que los operadores de mercado de Iberdrola actuaron de forma autónoma, sin instrucciones de sus superiores, descartando la existencia de una actuación dolosa en la fijación de las ofertas.

El precio de la vivienda nueva en Castilla-La Mancha cerró el primer semestre de 2026 con un incremento interanual del 5,1%, según el último Informe de Tendencias de Vivienda Nueva de Grupo ST, que incluye datos a junio de 2026. Esta evolución se sitúa por debajo de la media nacional, establecida en 9,7%, aunque confirma la tendencia alcista del mercado residencial castellanomanchego.

El valor medio en la Comunidad se establece en 1.736 €/m², muy por debajo de la media nacional (3.458 €/m²). Por capitales de provincia, aquella con el precio más elevado es Guadalajara (1.990 €/m²), seguida de Toledo (1.875 €/m²), Albacete (1.764 €/m²), Cuenca (1.507 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Alcázar de San Juan registra la mayor subida de precio

De los catorce municipios analizados a junio de 2026, las mayores subidas se observan en Alcázar de San Juan (+7,2%), Talavera de la Reina (+6,8%), Toledo (+5,8%), Albacete (+5,4%) y Guadalajara (+5,2%). Por su parte, Puertollano, Tomelloso, Valdepeña, Molina de Aragón, Mora y Torrijos son los seis municipios que en los que no hay variación interanual.

Los datos determinan que los precios por metro cuadrado más elevados se registran en Guadalajara (1.990 €/m²), Toledo (1.857 €/m²) y Albacete (1.764 €/m²). Por su parte, los valores más bajos corresponden a Puertollano (966 €/m²), Daimiel (1.000 €/m²), Alcázar de San Juan (1.200 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Pese a los precios, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda de tipo medio, se ha establecido en Castilla-La Mancha en 5,4 años a cierre del segundo trimestre de 2026, por debajo de la media nacional, situada en 7,8 años.

Castilla-La Mancha presenta el cuarto menor nivel de esfuerzo inmobiliario entre las comunidades autónomas. El indicador registra un incremento interanual del 1,2%.

Por su parte, el Índice de Accesibilidad —que mide el equilibrio entre el precio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada— se sitúa en Castilla-La Mancha en 123 puntos, por encima del umbral de 100 que marca el equilibrio recomendable y de la media nacional, posicionada en 83.

La comunidad presenta el cuarto valor más elevado de España y forma parte de las ocho autonomías en las que un ciudadano con salario medio puede acceder a una vivienda estándar sin superar el nivel de endeudamiento aconsejable. En términos interanuales, el Índice de Accesibilidad desciende un 3,1% en Castilla-La Mancha.

“El deterioro de la accesibilidad no responde a un único factor. La combinación de precios más elevados, tipos de interés en niveles algo más restrictivos y mayores necesidades de ahorro previo está limitando la capacidad de compra de una parte de la demanda potencial”, apunta el delegado general de Grupo ST en Castilla la Mancha, César Jiménez.

El optimismo sigue siendo generalizado en el conjunto del país, aunque el indicador refleja un ligero ajuste en el conjunto del mercado. El Índice de Confianza Inmobiliario se situó en Castilla-La Mancha en 55,2 puntos sobre 100 en el segundo trimestre de 2026, por encima del umbral de equilibrio, establecido en 50 puntos, aunque por debajo de la media nacional, situada en 58.

El dato confirma que la percepción del mercado residencial castellanomanchego se mantiene en terreno positivo y registra una variación interanual del +1,5%.

El desajuste entre la construcción residencial y las necesidades de vivienda

El Informe de Vivienda Nueva de Grupo ST sitúa el origen del problema residencial español en el desajuste entre la producción residencial y las necesidades de vivienda. Pese a la reactivación de la actividad promotora en España —con incrementos relevantes en los visados de obra nueva a comienzos de 2026—, la oferta sigue limitada por la disponibilidad de suelo finalista, los extensos plazos urbanísticos, los costes y las dificultades de financiación del suelo.

Entre estos factores, el documento destaca que el coste medio de construcción de las promociones residenciales de obra nueva iniciadas alcanzó los 1.451 €/m² en el segundo trimestre de 2026, un 11,2% más que un año antes y un nuevo máximo de la serie histórica.

Frente a la tensión de precios y costes, los datos de Grupo ST confirman que la obra nueva mejora en sostenibilidad. Las promociones iniciadas en el primer semestre de 2026 registran unas emisiones medias de 2,98 kg CO₂/m² año y un consumo de energía primaria no renovable de 16,87 kWh/m² año, mínimos históricos de la serie (un 18,1% y un 11,2% inferiores, respectivamente, al semestre anterior).

Además, la calificación energética A se consolida como el estándar dominante en la obra nueva residencial: el 92% de las promociones arrancadas en 2026 obtiene calificación A en emisiones y el 88% alcanza esa misma calificación en consumo.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a Energía XXI Comercializadora de Referencia, perteneciente al Grupo Endesa, por generar confusión entre sus marcas al no diferenciar correctamente entre la comercializadora de referencia de tarifas reguladas y las comercializadoras asociadas al mercado libre.

En concreto, Competencia ha sancionado con 400.000 euros a la energética, que se han quedado en 320.000 tras aplicarse una reducción del 20% por pago voluntario, al entender que se cometió una infracción grave contemplada en la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, el supervisor detectó varios incumplimientos en una inspección que realizó a Energía XXI para supervisar las obligaciones de separación e identificación de las actividades de las comercializadoras de referencia.

Según determina la CNMC, Energía XXI “dificultó su identificación clara e inequívoca como comercializadora de referencia” en sus contactos con los clientes. En llamadas con los consumidores empleó denominaciones sociales o nombres comerciales referidos a empresas distintas del grupo y, en los documentos contractuales, empleó elementos identificativos de la marca Endesa, que está asociada a la comercializadora libre.

Esto, dice Competencia, generó “confusión” en el consumidor y puso “en riesgo” la libertad de elección del tipo de contrato entre la tarifa regulada y el mercado libre.

La CNMC recuerda que la normativa exige a las comercializadoras de referencia mantener una imagen y comunicación con los clientes “claramente diferenciada” respecto a las comercializadoras del mismo grupo que operan en el mercado libre. Obligaciones con las que proteger la capacidad de los consumidores para distinguir a las comercializadoras de cada mercado y preservar la competencia.

Si bien no se han acreditado daños, beneficios económicos ni intencionalidad en la conducta de Energía XXI, la CNMC apunta que la sociedad, al estar integrada en uno de los principales grupos energéticos del país, “dispone de capacidad económica suficiente para evitar situaciones como las detectadas en la inspección, vinculadas a deficiencias en los mecanismos de formación y en los procesos de atención al cliente”.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Castilla-La Mancha en junio en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de junio es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,6% más que en junio de 2025 (3 puntos más respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,4% más (2,1 puntos menos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% más (0,1 puntos menos) y seguros y servicios financieros, un 3,5% más (1,5 puntos menos).

En el lado contrario, dónde más moderadas se registraron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (0,5 puntos más respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1% (0,4 puntos menos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,5% (0,6 puntos menos) y vestido y calzado, un 1,5% (0,5 puntos menos).

Desaparición de la medidas fiscales sobre la energía

El INE explica que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Por el contrario, tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

Todo apunta a que la del 2026 va a ser una buena campaña de melón y sandía en La Mancha. El calor, contrario a lo que ocurre con otras producciones, beneficia tanto a la maduración de estas dos frutas veraniegas como al crecimiento del consumo.

Según los datos del presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía de La Mancha, José Ángel Serrano, “aparentemente toda va bien, porque las otras regiones están cumpliendo con lo previsto, Almeria prácticamente ha terminado, Murcia está en plena campaña y nosotros, conforme está viniendo el tiempo con estas altas temperaturas, empezaremos a cosechar sobre el 15 al 20 de julio”.

Parece, según señala, que este año no va a haber solapamiento de campañas entras las distintas zonas productoras como paso en el anterior, que fue “desastrosa”, según Serrano.

El tiempo este año “ha venido de cara”, las lluvias de la primavera han beneficiado al campo, “cayeron cerca de 400 litros por metro cuadrado y eso hizo que muchos agricultores se animaran a plantar porque, tengo que recordar que desde que tenemos estadísticas no tuvimos un año tan malo como el año pasado, mucha gente se retiró; algunos, sin embargo, se han animado a plantar por estas lluvias, sino la cosa hubiera estado mucho más floja”.

Así, según las previsiones, todo parece indicar que la cantidad se mantendrá en la media de un año normal, algo menos que el pasado cuando se produjo un aumento de la superficie plantada y, por tanto, de la producción.

“Volvemos a la normalización de hace 3 o 4 años en superficie, con un incremento de la sandía”. Según las tendencias del mercado, aumenta el consumo de la sandía y baja el del melón, asegura el presidente de la Interprofesional, porque están cambiando los gustos del consumidor también debido al aumento de las temperaturas: “Siempre ha hecho calor, pero ahora tenemos una realidad que es el cambio climático, y ese punto de casi dos grados más de temperatura beneficia al consumo de sandía, que tiene más agua y es más refrescante”.

El calor beneficia a la demanda de estas dos frutas manchegas en general, si suben las temperaturas aumenta las ventas tanto en España como en el resto de Europa: “Dependemos mucho de demanda y oferta pero necesitamos calor”, asegura José Ángel Serrano.

Y la calidad también se va a ver beneficiada por las altas temperaturas. “Aunque sea un tópico, cuanto más calor hace mejor se terminan de hacer los melones, la calidad va a venir muy bien si no se estropea el tiempo”.

También los precios parece que acompañan este año, ya que aunque el melón no había perdido precio la sandía sí se había hundido ligeramente pero “se está recuperando, y el melón tiene precios aceptables, estamos hablando que por lo menos va por encima de los costes”, ha asegurado.

Todos los partidos están de acuerdo en que la vivienda es el primer problema del país, reafirmando lo que los españoles señalan en las encuestas. Por eso llama la atención el poco entusiasmo que se pone para resolverlo. Si todos reconocen el diagnóstico, ¿por qué resulta tan difícil aplicar políticas capaces de abaratar de forma significativa el precio de la vivienda? La respuesta tiene menos que ver con la falta de propuestas que con los intereses materiales que se han construido durante décadas alrededor del mercado inmobiliario. Y para entenderlo hay que retroceder varias décadas.

En el año 1957, el régimen franquista creó el Ministerio de Vivienda y puso al frente a José Luis Arrese, un filonazi que durante la Segunda Guerra Mundial había llegado a entrevistarse con Hitler. Como ministro, Arrese impulsó un giro hacia un modelo basado en la promoción privada y la extensión de la propiedad. Adelantándose varias décadas a Margaret Thatcher, en una conferencia de 1959, Arrese resumió su política afirmando que «no queremos una España de proletarios sino de propietarios».

En los años ochenta, Thatcher popularizó la idea del “capitalismo popular”, según la cual toda la sociedad podía convertirse en capitalista, es decir, en propietaria de activos financieros tales como acciones, fondos de inversión y otros títulos que representaban derechos —por lo general de magnitud insignificante— sobre la propiedad de las empresas. El asalariado de toda la vida asumía así también las funciones de un inversor capitalista. Todo el programa neoliberal giraba en torno a este proyecto de reorganización social, y aunque hubo una transferencia de riqueza muy notable y clara —un reparto del botín de lo público entre los agentes privados, como sucedió durante las privatizaciones— también y principalmente era una cuestión ideológica: bajo el “capitalismo popular” se alineaban los intereses de ciertos segmentos de la clase trabajadora con los de la elite capitalista, ya que, si las empresas obtenían más beneficio, también los inversores recibirían una parte. El asalariado común no dejaba de ser un trabajador por cuenta ajena, pero ahora disponía de complementos económicos en forma de dividendos, intereses y otros réditos financieros que, por lo común, monitorizaba como si fuera George Soros.

Este modelo de “capitalismo popular” nunca fue generalizado ni siquiera en el Reino Unido, pero fragmentó aún más a la clase trabajadora —que sufría entonces los duros golpes de la globalización: el retroceso en derechos laborales y salarios, la desindustrialización y la pérdida de horizontes de futuro, es decir, mayor precariedad y vulnerabilidad—. Lo sorprendente es que aquel “triunfo” del neoliberalismo de Thatcher nunca sería puesto en cuestión por sus sucesores, mucho menos por Tony Blair, pero tampoco por los demás partidos socialdemócratas europeos: se normalizó la idea de que los trabajadores podían e incluso debían complementar sus magros salarios con fuentes de inversión financiera.

Puede decirse que el proyecto de Thatcher era “primo hermano” del de Arrese, ya que también consistía en ampliar la propiedad inmobiliaria. La venta masiva de vivienda pública a sus inquilinos —que puso en marcha la “dama de hierro” en los ochenta— respondía exactamente a la misma lógica, es decir, a convertir a millones de trabajadores en propietarios para vincular sus intereses materiales a la evolución del valor de sus activos.

La diferencia con España es que aquí solo arraigó plenamente una de esas dos dimensiones. Aunque hubo procesos de privatización que ampliaron parcialmente el accionariado popular, nunca alcanzaron la relevancia económica, política y cultural que tuvieron en el Reino Unido. De hecho, en España sucede que la inversión inmobiliaria es tan atractiva que incluso los ricos poseen la mayor parte de su riqueza en forma de viviendas y no tanto de activos financieros; lo que ya nos alerta del extraordinario atractivo de la vivienda como inversión en nuestro país.

La crisis de la España de propietarios

Se calcula que en la década de 1950 menos de la mitad de los hogares eran propietarios de una vivienda, porcentaje que se reducía por debajo del 10% en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. La política franquista posterior consiguió elevar esas cifras, creando una clase de pequeños propietarios que veían cómo su riqueza (el valor de sus viviendas) dependía del ciclo económico —en particular, del inmobiliario—. Con el tiempo, aquellos propietarios que conseguían acumular otras viviendas podían usarlas también como activos de inversión —como cualquier otro activo financiero—, vendiéndolas más caras o poniéndolas en alquiler para recibir complementos a sus ingresos. Fueron muy pocos los que cuestionaron este sistema, y el acceso a la vivienda vía propiedad y la posibilidad de que cualquiera pudiera convertirse en casero de una o más viviendas fue interpretado como signo de prosperidad.

No obstante, este orden de las cosas está deshaciéndose. Como se puede ver en el siguiente gráfico, a principios de siglo el porcentaje de propietarios superaba el 80%, mientras que actualmente está en el entorno del 70%. Ese dato oculta, sin embargo, que el impacto es muy desigual. Los hogares más ricos apenas han visto cambiar el régimen de tenencia del hogar, pero entre los hogares más pobres se ha desplomado veinte puntos. Hace veinte años casi el 74% de los hogares más pobres eran propietarios de una vivienda, mientras que ahora apenas superan el 50%.

Es decir, hay una parte creciente de la sociedad —la más pobre— que se queda fuera del mercado de la vivienda en propiedad. Actualmente, hablamos de un 30% de las familias, siendo aproximadamente dos tercios los hogares que están viviendo en alquiler y otro tercio hogares que viven bajo otros regímenes tales como viviendas en cesión gratuita por familiares, por la empresa, etc. Para estos no propietarios el acceso a la vivienda se ha convertido en un reto casi imposible. Según el Banco de España, el 32,5% de los hogares viviendo en alquiler tienen que dedicar más del 30% de sus ingresos como pago; en algunas ciudades como Málaga o Sevilla este porcentaje supera el 46,5%. Estos hogares, que son un 20% del total, están viviendo en la cuerda floja y son los más desasistidos por las políticas de vivienda.

No obstante, el foco habitual del debate está puesto en el otro lado del trazo: en cómo se reparten las viviendas entre quienes sí tienen propiedades. Según el Banco de España, el 45,3% de los hogares españoles posee algún inmueble además de la casa en la que vive, y un 33,7% posee específicamente otra vivienda. Eso significa que uno de cada tres hogares del país tiene una casa que no habita, y que puede poner en alquiler, lo que quiere decir que la multipropiedad es un fenómeno con considerable fuerza política.

La gran transferencia

El punto central es entender lo que el reportaje de Ainhoa Díez y Raúl Sánchez llama “la gran transferencia”. Cada mes millones de hogares que viven de alquiler transfieren una parte de sus ingresos a los hogares propietarios que arriendan viviendas. En conjunto, ese flujo asciende a unos 28.000 millones de euros anuales. De esa cantidad, el 10% más rico de los caseros concentra el 44,7% de los ingresos, más de 12.400 millones de euros. No es sorprendente: quienes acumulan más patrimonio inmobiliario son también quienes capturan una mayor parte de las rentas del alquiler.

Pero, ¿por qué iban los hogares más ricos a acumular más viviendas en propiedad? Pues sencillamente porque la rentabilidad total de la vivienda es superior a la mayoría de las alternativas financieras de inversión, como expliqué en este artículo. Para estos agentes con “capital sobrante”, la vivienda no está concebida como un lugar donde vivir, sino como una fuente adicional de riqueza y renta. Al igual que ocurre con las rentas financieras, las rentas inmobiliarias se han naturalizado hasta el punto de que no resulta problemático aceptar que hay quien gana dinero por el mero hecho de ser propietario, es decir, que su cuenta crece “mientras el propietario duerme”: el rentismo ha sido completamente normalizado.

Como ocurrió con el “capitalismo popular” de Thatcher, parte de la explicación de su naturalización tiene que ver con el hecho de que estas rentas inmobiliarias son para mucha gente verdaderos complementos a sus modestos ingresos regulares. La imagen de una familia jubilada que cobra una pensión y que la complementa con la remuneración por alquiler de su segunda vivienda no es irreal. El rentismo se ha convertido para mucha gente en un mecanismo sustitutivo de salarios dignos y que funciona como garantía de que, a pesar de los bajos salarios, sus condiciones de vida no se deterioran. Por eso la izquierda encuentra tanta dificultad al hablar de los rentistas: porque dentro de esa categoría no sólo hay fondos de inversión dirigidos por multinacionales de dudosa moralidad, sino también una gran cantidad de “gente normal”.

La información fiscal arroja algo de luz acerca de cómo se distribuyen las viviendas en alquiler y quiénes se benefician de ello. Según estos datos, el 76% de las personas que declaran ingresos por alquiler solo tiene una vivienda en esa circunstancia, lo que permite al Banco de España concluir que el mercado de alquiler está muy atomizado y poco concentrado. Pero si hablamos de viviendas alquiladas, el 50% pertenece a caseros con más de una vivienda, lo que lleva al informe del CSIC para el Ministerio de Derechos Sociales a concluir que el mercado de alquiler está muy concentrado y dominado por multiarrendadores. Los datos son los mismos, pero las interpretaciones difieren y son ciertas al mismo tiempo: la mayoría de los arrendadores solo alquilan una vivienda, pero los multiarrendadores tienen tantas viviendas como para cubrir casi la mitad del mercado. Hay rentistas profesionales que se enriquecen a manos llenas con el mercado del alquiler, pero también hay rentistas tradicionales que “sólo” obtienen pequeñas aportaciones extra.

El capitalismo popular inmobiliario

Estas reglas del juego han terminado configurando cuatro posiciones sociales —aunque las fronteras entre ellas a veces son difusas— y cada una responde de manera distinta a una pregunta muy sencilla: ¿a quién le conviene que baje el precio de la vivienda?

Desde luego les interesa a los no propietarios, que como he dicho hoy suponen el 30% de los hogares y no tienen nada que perder. Un desplome de los precios sencillamente facilitaría mucho su capacidad de acceso a una vivienda. A los propietarios de una sola vivienda, en cambio, no les conviene. Cuando los precios suben, sus casas se revalorizan, aunque sea una riqueza que no pueden tocar: no van a vender —tienen que vivir en algún sitio— ni pueden permitirse comprar otra. No son rentistas sino rehenes.

Esto último es especialmente cierto para los hogares más pobres, donde la vivienda llega a suponer hasta el 85,3% de toda su riqueza. Es algo esperable en una distribución de este tipo, ya que los hogares más ricos diversifican su “cartera” con otro tipo de activos (empresariales, financieros, etc.) de modo que su riqueza no es tan vulnerable al ciclo inmobiliario como en el caso de los hogares más pobres.

En tercer lugar de nuestras posiciones sociales están los multipropietarios modestos, aquellos que complementan una pensión o salario escaso con los ingresos por alquiler procedentes de una segunda vivienda heredada o comprada con hipoteca; aquí tenemos a ese “capitalismo popular” hecho carne, y es mucha gente que se reconoce a sí misma como clase trabajadora. Y por supuesto, menos aún interesa a los multipropietarios que ya han superado la barrera de entrada y pueden comprar incluso sin financiación bancaria. Para ellos, la vivienda es un activo de inversión más, probablemente el mejor. Recordemos que, en el año 2025, el 30% de las compraventas se compraron al contado.

De estas cuatro posiciones, tres tienen razones materiales para oponerse a que la vivienda baje de precio, y solo una —la más joven, la peor organizada, la que menos vota— tiene razones para desearlo. Ahí está una parte importante de la respuesta a la pregunta con la que abríamos este análisis.

Por eso el dilema de los gobiernos tiene un aspecto estructural. Abaratar la vivienda facilita el acceso de los que están fuera, pero ataca el patrimonio de los que están dentro, que son mayoría y votan más. Además, en una parte importante tienen razón al defenderlo: mientras la vivienda sea la garantía para sostener una vida decente, proteger su precio es una forma de prudencia. En este sentido, la resistencia del pequeño propietario es una lectura correcta de sus incentivos en un país en el que se decidió que la seguridad material se compra con vivienda en propiedad.

En definitiva, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es por qué hemos construido una sociedad en la que millones de personas sienten que no pueden permitirse que baje el precio de la vivienda. Mientras la casa siga siendo (casi) lo único que la gente tiene, la gente la defenderá, y con ella defenderá también el negocio que se enriquece a su costa.

Esto nos lleva a la conclusión más incómoda, sobre todo para la izquierda: no se puede desmontar el rentismo sin reconstruir antes aquello que el rentismo moderno vino a sustituir. No hay política de vivienda viable sin pensiones suficientes, sin salarios que permitan ahorrar y sin un parque público que dé seguridad sin necesidad de propiedad. Thatcher entendió que para transformar la economía había que transformar antes los intereses materiales de la gente corriente: dijo una vez que la economía era el método, y el objetivo era el alma. Quien quiera revertir aquel proyecto tendrá que empezar entendiendo por qué actuó así.

El verano suele llegar con muy malas noticias para el plátano de Canarias (un producto que no es de temporada), y esta vez no va a ocurrir algo diferente, sobre todo por la caída de la demanda en el casi único mercado de las islas, el del resto de España, que prefiere otras frutas del momento, y por el aumento de la oferta, de las piñas cortadas en fincas de cinco islas del archipiélago. Es una combinación fatídica.

Pero quizá eso ahora mismo, por conocido y repetido, no sea lo peor… Lo más dramático es la muy probable confirmación de que este 2026, ¡y tiene toda la pinta!, se vaya a convertir en el peor año en lo que respecta a cotizaciones medias de la fruta de calidad isleña en la Península y Baleares desde la finalización de la erupción del Tajogaite en La Palma, diciembre de 2021; o sea, en los últimos cinco años.

Si antes alguien no lo remedia, difícil a estas alturas del año, 2026 se consagrará como el peor ejercicio en precios desde el excelente 2022 (2021 también estuvo bien), el primero del lustro (2022-26) tras el final de la actividad volcánica del Tajogaite. Esto mismo se puede apreciar con claridad en el gráfico que se adjunta a continuación, configurado con registros oficiales del Ministerio de Agricultura sobre precios en origen, los recibidos por el productor local en sus cuentas bancarias una vez detraídos solo los costes de comercialización.

Atendiendo al análisis de esa fuente, que es el Informe Semanal de Coyuntura que publica el MAPA, se aprecia que el plátano de Canarias ha perdido en solo una semana 0,15 euros por kilo en su precio medio en origen. En la semana 25 (del 15 al 21 junio), ese valor se cerró en 1,06 euros por kilo, mientras que en la 26 (del 22 al 28 de junio) ya se colocó en 0,91 euros, 0,15 euros menos por kilo.

La previsión para la semana siguiente, la 27 (del 29 de junio al 5 de julio), que aún debe confirmar el MAPA el jueves (día 9 de julio) que entra pero que ya han adelantado algunas comercializadoras, es que la dinámica bajista se mantenga y con ello haya otra caída en torno a los 0,15 euros por kilo, con lo que en dos semanas se pasará de 1,06 euros a un umbral medio ya por debajo de los 0,90.

Eso implicará introducirse en precios promedios en origen que impiden cubrir los costes agrícolas de producción de los cosecheros canarios (0,70-0,80 euros por kilo), por ahora sin meter en la ecuación la ayuda por pérdida de renta de la UE que se abona a través del programa Posei, un máximo de 0,34 euros por kilo hasta completar los 141,1 millones de euros al año.

En la semana 27 (la actual), Canarias solo mandó al exterior 5,53 millones de kilos, mientras que la previsión de embarque para la próxima, la 28, que se inicia este 6 de julio, alcanza los 5,59 millones. No son grandes cantidades, pero el mercado no las asume con precios remunerativos. Visto lo visto, lo normal es que la oferta de fruta crezca en adelante con sus principales picos en semanas de agosto, justo el mes o momento más crítico para vender. Y todo esto con la banana, ya confirmado, que está en cabeza: es, por ahora, la dominadora.

La coyuntura actual del mercado del plátano en la Península la explica de esta manera en su web corporativa la entidad Bonaoro, SL, comercializadora integrada en la organización de productores de plátanos (OPP) Unión Platanera Canaria, antes denominada Cupalma.

Bonaoro sostiene que “el mercado continúa prácticamente en la misma situación que en las últimas semanas. La oferta sigue situándose por encima de la demanda y no se aprecia, por el momento, un cambio de tendencia”.

Y añade: “A este escenario se suman las altas temperaturas propias de estas fechas y la amplia oferta de fruta de temporada, factores que están condicionando el consumo de plátano y dificultando la evolución del mercado. Por ahora, la situación sigue siendo compleja y será necesario esperar a que se produzca un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda para que el mercado pueda recuperar un comportamiento más favorable”.

Ese equilibrio oferta-demanda el curso pasado no se alcanzó hasta bien entrado el mes de octubre, algo que, si se miran las curvas de precios en origen de los últimos años, se descubre que siempre así suele ser. De nuevo al plátano le toca lidiar con meses duros por delante.

La bonificación al consumo de combustible en La Gomera durante el tercer trimestre del año ha sido fijada en 20 céntimos por litro, mientras que en El Hierro y La Palma se queda en 15 céntimos, y en Lanzarote y Fuerteventura no se aplicará, según ha informado en un comunicado este miércoles la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Asimismo, el departamento recuerda que esta medida está contemplada en los presupuestos de la comunidad autónoma para todo el año 2026 y que la actualización trimestral se hace para “ajustarnos a la realidad de cada isla y compensarla en función de los sobrecostes que se detectan en cada trimestre”.  

Para el cálculo de la cuantía y las islas en las que se activará la bonificación en este período, se ha tenido en cuenta el diferencial de los precios del combustible de las islas no capitalinas respecto a Gran Canaria y Tenerife desde el 1 de abril hasta el 15 de junio.

La Consejería establece que, si el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina es igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas, se activa la bonificación, que puede oscilar entre los cinco y los 30 céntimos por litro en función del diferencial de precios existentes en el período anterior tomado como referencia.

La tarifa de último recurso (TUR) de gas individual sin impuestos subirá un 21,5% en julio respecto al precio de abril, por la subida de los hidrocarburos y la recuperación de la fiscalidad habitual tras el vencimiento de la reducción temporal establecida en el primer paquete de medidas para amortiguar el impacto del conflicto en Irán.

Según la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, la TUR vecinal se incrementará entre un 14,1% y un 22,2%, informa EFE.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh, lo que suele corresponder a los hogares.

Esta tarifa se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones.

El coste de la materia prima en esta revisión depende solo del coste del gas de base, ya que no se introduce el gas estacional, incorporado durante los meses de invierno.

Dicho coste se ha encarecido un 23,7% por el incremento del 31,5% que ha registrado el precio del petróleo Brent, de referencia para Europa, a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,5 %), siempre con relación al período de referencia de la revisión anterior.

A este repunte del coste de la materia prima se suma que la reducción del IVA al 10% establecido por el RDL 7/26 vence este de 1 de julio, recuperándose el nivel habitual del 21%.

Como resultado, la TUR individual se incrementa una media del 21,5% con relación a la última actualización a partir del 1 de julio; para un cliente medio de la TUR1 la subida es del 19,2%; para un cliente medio de la TUR2 es del 20,8% y para un cliente medio de la TUR3, del 22%.

En el caso de la TUR vecinal, repuntará entre un 14,1% y un 22,2%. Esta tarifa de último recurso de gas natural se aplica temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

Castilla-La Mancha va a ser una de las comunidades autónomas más beneficiadas por el contrato de servicios que Casa 47, la empresa estatal de vivienda y suelo, ha adjudicado para la gestión integral del arrendamiento del parque estatal de vivienda. Concretamente, en esta región gestionará 1.383 viviendas de alquiler asequible con un horizonte de dos años.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han informado a este periódico que todavía se desconocen cuáles son los inmuebles de titularidad estatal que formarán parte de este lote, pero sí han precisado su reparto provincial.

La provincia de Toledo será la más beneficiada, con un total de 844 viviendas; seguida de Guadalajara, con 324; Ciudad Real, con 134; Cuenca, con 29; y Albacete, con 22.     

Se da la circunstancia de que el alquiler asequible es una de las principales demandas en esta comunidad autónoma, especialmente en zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid, como la comarca de la Sagra, en Toledo, y el Corredor del Henares, en Guadalajara.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto el acento en varias ocasiones en la necesidad de impulsar el arrendamiento a precios bajos, y es una de las medidas contempladas en su Plan de Acción por la Vivienda. De hecho, ha lanzado ya una nueva convocatoria de ayudas al alquiler con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a ayudar a las personas y familias a pagar su vivienda habitual.

Un parque público estatal de alquiler asequible

Las medidas autonómicas vienen ahora impulsadas por Casa 47. Esta nueva entidad estatal de vivienda y suelo (anteriormente conocida como SEPES) se aprobó el pasado mes de diciembre para gestionar el parque público de alquiler asequible. Su nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Los precios de los alquileres se fijan en función de lo que la ciudadanía puede pagar, estableciendo un límite máximo: nunca superarán el 30% de la renta media del hogar de la zona. Según el Ministerio, los contratos ofrecen “gran estabilidad”, pudiendo durar hasta 75 años, articulados en una primera fase de 14 años y prórrogas automáticas posteriores.

Básicamente, está orientada a la clase media y trabajadora, específicamente a personas cuyos ingresos anuales se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aproximadamente entre 16.800 y 63.000 euros anuales).

La entidad asume el control de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización del suelo hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de los arrendamientos. Las viviendas construidas o adquiridas se mantendrán siempre dentro del parque estatal público, evitando así la especulación.

“El proyecto viene a dar respuesta a la prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda que combata a lo público para garantizar el derecho”, dijo entonces la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El contrato hecho público ahora por la entidad estatal se ha adjudicado por un importe de 56 millones de euros. Está dividido en cuatro lotes, adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) distintas, en un modelo que “prioriza los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos”.

¿Qué empresas conforman la UTE del nuevo contrato?

La UTE formada por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real State ha logrado los lotes 1, de Asturias y Galicia, por 7,7 millones de euros; y 4, que conforman Catalunya, Navarra y Euskadi, con un montante total de 9,98 millones de euros, lo que sitúa el importe total en los 17,68 millones de euros.

La otra unión temporal, gestionada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría, se ha adjudicado el lote de la Comunitat Valenciana y Murcia, por 16,32 millones de euros, y el de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, por 22,12 millones, lo que eleva el total de ambas a 38,44 millones.

La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o del 'banco malo' o Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

La subida del precio de la vivienda no da tregua en Castilla-La Mancha. La región registra uno de los mayores aumentos de España, con un 20,3% de incremento interanual, mientras Toledo y Albacete son las provincias con mayores encarecimientos del país.

Según el informe 'Imie mercados locales' realizado por Tinsa, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en la que más aumentó el coste de estos inmuebles en el segundo trimestre de 2026. Por su parte, la provincia de Toledo lidera este ascenso en precios a nivel nacional, con un 24,8 por ciento de subida, y en segunda posición se coloca la de Albacete, con un crecimiento del 21,1 por ciento. En cuanto a capitales, Albacete, con un ascenso del 23,5 %, encabeza el ranking a nivel nacional.

En este segundo trimestre de 2026, Talavera de la Reina (Toledo), con un crecimiento del 20,7%, se encuentra entre las ubicaciones que han registrado mayores aumentos de precio, por encima del 20 % nominal, junto a Torrejón de Ardoz (+32,6 %) en Madrid, Viladecans (+26,7 %) en Barcelona, Sagunto (+23,1 %) en Valencia. Se trata de municipios de áreas metropolitanas o municipios costeros con fuerte presión poblacional y del turismo.

En cuanto al análisis por comunidades autónomas, la mayoría han incrementado el precio de la vivienda nueva y usada por encima del 10%, registrando las mayores subidas en la Comunidad Valenciana (20,7%), Castilla-La Mancha (20,3%), Canarias y Cantabria (18,2%) y Región de Murcia (18,1%).

Por provincias, Tinsa señala que siguen sosteniendo “fuertes aumentos” en los precios de forma generalizada, con variaciones interanuales este trimestre entre 0,8% y 24,8%.

Además, se ha mantenido el número de provincias, registrando 10 con incrementos superiores al 10% en el último año, encabezadas por Toledo (+24,8%), Albacete (+21,1%), Guipúzcoa (+20,8%), Valencia (20,7%) y Alicante (+20,7%).

Finalmente, el estudio revela que, en 34 de las 52 capitales españolas se ha superado el 10% de variación interanual (30 en el trimestre anterior), registrando los mayores incrementos en Albacete (+23,5%), Soria (+23,4%) ,Pontevedra (+19,3%), Santander (+18,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+18,0%).

Cerca del máximo histórico

A nivel nacional, se ha mantenido la tendencia alcista en el segundo trimestre de 2026, al registrar un avance trimestral del 3,7%, situando el incremento en el último año en un 15,2%.

En este sentido, los datos confirman que se trata de la “mayor tasa interanual” desde el tercer trimestre de 2006 y es 11,8 puntos superior al nivel de inflación general de la economía.

Asimismo, el crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva y usada se ha intensificado cada trimestre de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras de Tinsa.

Actualmente, el valor medio en España se aproxima al máximo histórico en términos nominales (-0,7%), aunque, si se descuenta el efecto de la inflación acumulada para hacer comparables ambos periodos, la vivienda está un 33% por debajo del máximo de serie histórica en términos reales.

Según el Estudio anual de solvencia familiar de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un 45% de los españoles tiene serias dificultades para afrontar los gastos del coche, entre ellos el carburante. OCU ha localizado las estaciones de servicio más baratas, con ahorros de al menos un 10% en carburante, una rebaja que se traduce en una factura anual hasta 300 euros más económica en gasolina y 250 euros en diésel que repostando en la mayoría de las grandes cadenas.

Con el fin de ayudar a encontrar las estaciones más económicas en cada región, OCU pone a disposición de todos los conductores su calculadora de gasolineras, que permite localizar la más barata cerca del domicilio o del lugar de trabajo introduciendo el código postal.

El análisis de OCU, que compara los precios de más de 12.000 estaciones de servicio, destaca un año más a BonÀrea como la cadena más barata en Diésel y gasolina 95, con supermercados y estaciones de servicio en Cataluña y zonas limítrofes. Le siguen Alcampo, y los autoservicios low cost GM Oil. Frente a las cadenas más caras, el ahorro suma alrededor de 0,20 €/l, o lo que es lo mismo, unos 10 euros en un repostaje de 50 litros. Con ahorros un poco menores pero también interesantes estarían AN Energéticos, Petroprix, Esclatoil, Plenergy y Ballenoil.

En Castilla-La Mancha, según este buscador, las más baratas son Ballenoil, Plenergy, Alcampo, Fast Fuell, E.Leclerc.

Por el contrario, entre las estaciones más onerosas destacan grandes cadenas como Moeve, Repsol, Petronor, BP y Eni, además de IDS, Valcarce e Iberdoex. Aunque algunas de ellas ofrecen tarjetas de puntos o descuento que pueden reducir el precio inicialmente anunciado.

El estudio de OCU también apunta importantes diferencias de precio según la provincia a partir del porcentaje de estaciones de servicio baratas. Navarra, Teruel, Lleida y Barcelona lideran este ranking de posible ahorro. Y en general todo el noreste por la presencia de cadenas muy baratas como BonÀrea, AN Energéticos o Esclatoil. Mientras que entre las provincias más caras destacan Baleares, Palencia, Asturias y Ávila, con gasolineras un 5% más onerosas de media.

No obstante, los precios del diésel y la gasolina recogidos por OCU en toda España revelan un problema añadido a raíz del cierre del Estrecho de Ormuz. Frente a la inmediata subida del coste de los carburantes en marzo respondiendo al incremento del precio del barril de brent, las posteriores bajadas del precio de este último en abril, tardaron semanas en trasladarse a las estaciones de servicio. Una vez más, vuelve a observarse el llamado efecto “pluma y cohete” que podría generar beneficios extra para las compañías con capacidad de refino, advierte OCU, que insta a la CNMC para que lo analice y, de confirmarlo, imponga sanciones.

Según ha señalado la OCU, esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo.

El precio del suelo urbano en Canarias sigue encareciéndose, y en el primer trimestre del año se ha anotado un 13,7% de aumento respecto a los tres meses previos hasta los 281,2 euros por metro cuadrado, según la estadística publicada este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La variación del precio del suelo urbano por metro cuadrado ha sido desigual según la provincia, ya que en la de Las Palmas se ha incrementado notablemente, en un 30,4%, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife ha caído en un 5,6% en estos primeros tres meses del año respecto al periodo trimestral anterior.

En términos interanuales, el precio del suelo en Canarias aumentó en un 8,9% respecto al primer trimestre del año 2025, según los datos manejados por el Ministerio.

También existe diferencias por provincias en este apartado: mientras que en la de Las Palmas, el precio del suelo se ha reducido un 1,3% en el último año hasta situarse en los 327,3 euros por metro cuadrado, en la de Santa Cruz de Tenerife ha habido un importante crecimiento del 26% interanual hasta los 234,7 euros por metro cuadrado.

En el caso de las ciudades de más de 50.000 habitantes, el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano se situó en los 321 euros, un 6,3% más que en el último trimestre de 2025, si bien supone un descenso del 10,5% respecto al mismo periodo de estudio del año pasado.

Por provincias, las ciudades de más de 50.000 habitantes en Las Palmas anotaron precios de 400,2 euros por metro cuadrado de media, por los únicamente 232,6 euros por metro cuadrado de las urbes de estas características en Santa Cruz de Tenerife.

En los primeros tres meses del año, se produjeron en el archipiélago 218 transacciones de suelo, que suponen un 5,6% menos que en el trimestre anterior -el último de 2025-, pero que suponen un 45,3% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Por provincias, en Las Palmas se produjeron 112 transacciones -un 13,2% menos que en el trimestre anterior y un 55,6% más que en el mismo periodo del año pasado-, y en Santa Cruz de Tenerife, 106 transacciones de suelo -un 3,6% más que el cuarto trimestre de 2025 y un 35,9% superior al primero de ese mismo año-. 

Los precios hoteleros vuelven a subir, y es la quinta vez consecutiva en que esto ocurre en lo que va de año (de enero a mayo) en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hospedarse en un hotel isleño, con mayoría de los que tienen uso turístico y en un mes de transición hacia la temporada baja turística (la veraniega), ha costado el 3,9% más en mayo de 2026 respecto al valor registrado para el mismo mes de 2025, el aumento interanual. Es justo lo que afirma el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su trabajo técnico de Coyuntura Turística Hotelera correspondiente a mayo de 2026, el publicado este mismo martes.

La subida promedio del conocido como Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en Canarias en mayo pasado, siempre en tasa anual, en el 3,9%, por el 5,02% de incremento de la misma variable a escala nacional. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor alza se registró en Illes Balears, con el 8,9% interanual en mayo de 2026; la bajada más acusada, en cambio, fue la de la ciudad autónoma de Melilla, con menos 1,2%.

Pese a moderarse la escalada en las islas en relación con el comportamiento nacional, sí hay que señalar que el dato de las islas de IPH supera en 0,7 puntos porcentuales el umbral de inflación general o Índice de Precios de Consumo (IPC) anual de Canarias en su cálculo más reciente, el del mismo mes de mayo.

Entonces, el IPC anual (la suma de los valores mensuales de los últimos 12 meses, de junio de 2025 a mayo de 2026) se situó en el 3,2%, tras aumentar 0,2 puntos relativos respecto al dato anual de abril de 2026.

Si el análisis económico relacionado con los ingresos hoteleros y su rentabilidad en el archipiélago, se concreta según el ingreso promedio de una habitación ocupada por día, el llamado ADR, se tiene, siempre según lo publicado por el INE, que el abono medio alcanzó los 126,10 euros por noche, con el 4,44% de subida respecto al ingreso del mismo mes del año precedente.

Ahora bien, lo recaudado por habitación disponible y día (todas las aptas para ser contratadas en un hotel y la variable RevPAR) en los hoteles canarios baja al valor absoluto promedio de 92,83 euros, con un más 3,66% interanual.

Ese ingreso medio siempre es más reducido porque depende en mayor intensidad de los niveles de ocupación, más bajos en Canarias en mayo sobre todo tras el cierre de la temporada alta turística, después de la Semana Santa, esta vez a principios de abril de 2026, y en los dos meses previos al verano.

El registro canario de ADR es más elevado, en términos absolutos y relativos, que la media nacional, en 123,74 euros por habitación ocupada y noche y con un más 4,2% interanual (por el 4,44% isleño). En cambio, el componente RevPAR, en 87,99 euros por noche y habitación disponible como promedio en los hoteles españoles, sube el 5,81% interanual al mejorar en mayo la ocupación a escala país, dato superior al más 3,66% canario.

Pernoctaciones en mayo: regiones y país

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron el 2,5% en mayo respecto al mismo mes de 2025, con lo que superaron los 36,3 millones. Las realizadas por viajeros residentes en España cayeron el 0,2%, mientras que las de no residentes se elevaron el 3,7%.

Durante los cinco primeros meses de 2026, las pernoctaciones crecieron el 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, dato interanual. Las de viajeros residentes en España consiguieron un más 1,2%, mientras que las de no residentes llegaron al 3,4% más, en el mismo periodo de enero a mayo.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo pasado, con el 20,4%, 14,9% y 12,2% del total de las pernoctaciones registradas en el país. Los principales destinos de los no residentes fueron Illes Balears (en el inicio de su temporada alta estacional), Canarias y Cataluña, con el 30,6%, 18% y 17,9% del total español.

Por zonas turísticas, isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 6,5 millones en mayo pasado. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.

Potencias emisoras: Reino Unido y Alemania

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania, los principales mercado emisores de turistas, concentraron el 27,9% y el 17,4% del total de pernoctaciones de no residentes en mayo. Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 8,6%, 5,2% y 4,7% del total, respectivamente.

En mayo de 2026, se cubrieron el 61,5% de las plazas ofertadas en hoteles de España, el 2,1% menos que en mayo de 2025, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana subió el 1,7% y se situó en el 67,9%.

Por comunidades autónomas, Illes Balears presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante mayo (73,5%); por zonas turísticas, Palma-Calvià llegó a la mayor ocupación por plazas y en fin de semana, con el 76,1% y 79,4%.

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Sóller (83,4%), en Mallorca. Zarautz alcanzó la mayor ocupación en fin de semana (89,4%).

Según publicaba recientemente el diario El Confidencial, “España es el tercer país europeo con mayor caída de los salarios reales en la crisis inflacionista”. En particular, en el texto se señala que los salarios nominales han crecido un 20,8%, pero como el precio de la vida (IPC) ha subido más, el resultado final es que “los salarios reales siguen un 2% por debajo del nivel de 2021”. Las cifras están obtenidas de Eurostat, la oficina estadística oficial de la Comisión Europea, así que: ¿deberíamos desconfiar del mensaje que se nos traslada? En este análisis vamos a ver por qué la respuesta es afirmativa.

Empecemos por lo básico, que es el concepto de ‘salario real’. Con ello nos referimos a nuestro poder adquisitivo, es decir, a nuestro salario ajustado por el crecimiento del precio de las cosas que compramos. Si nuestro salario crece 1.000 euros de un año a otro nos podemos sentir más ricos, pero si el precio de las cosas que solemos comprar ha subido 1.100 euros, en realidad nos hemos hecho más pobres porque podemos comprar menos cosas con nuestro salario. Por eso el salario real es una ratio entre una medida del salario nominal (en euros) y una medida del precio de la vida (en euros).

Aquí empiezan los problemas porque el concepto de salario real se entiende muy bien a nivel individual, pero medirlo a nivel agregado implica importantes problemas de medición. El salario de un trabajador manual y de un gran directivo no son iguales, como tampoco son las cosas típicas que compran. Para salir del paso lo habitual es calcular el salario medio y la cesta de consumo promedio o representativa, lo que supone perder información valiosa sobre la desigualdad dentro del conjunto. Aun así, es el modo habitual de proceder para llegar a un indicador simple que pretende resumir, nada más y nada menos, que el poder adquisitivo de los trabajadores de un país.

Ahora bien, aunque nos resignemos a usar el salario medio como aproximación seguimos teniendo el problema de dónde obtener los datos y de qué están midiendo exactamente. Eurostat ofrece distintas formas de medir los salarios y ninguna captura exactamente la misma realidad. Algunas incluyen todos los costes laborales y otras se basan en la contabilidad nacional o en encuestas. Lo importante es entender que no existe una única forma indiscutible de medir algo tan complejo como el poder adquisitivo agregado. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra la evolución del salario real (ya ajustado por nivel de precios) desde el año 2000 hasta el presente para una serie basada en contabilidad nacional y otra de costes laborales.

Lo que se observa es que la tendencia de ambas series es similar, aunque queda claro que no miden exactamente lo mismo (no se solapan). Lo que quiero es que nos fijemos en la parte final del gráfico, a partir del año de la pandemia (2020). Lo que vemos es que en torno a 2022 ambos índices alcanzan un mínimo en torno a los 100 puntos: eso significa que en esa fecha el salario real es básicamente el mismo que era en el año de referencia, el año 2000. Pero, y he aquí lo relevante, en el año 2026 ambos índices se encuentran significativamente por encima, lo que supone que el salario real ha crecido desde entonces. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar en un titular, como el de El Confidencial, que asegura que el salario real ha bajado un 2%?

En la facultad tuve un profesor que nos insistía en que los economistas aprendíamos a torturar a los datos hasta que confesaban lo que deseáramos. Así que para entender el análisis en cuestión sólo hay que buscar huellas de un interrogatorio que intuimos bastante cruel. En el análisis económico hay tres tipos de decisiones previas: los datos que se usan, el indicador que se construye y el período temporal que se escoge. Ninguna es neutral y todas condicionan el resultado final, así que veamos qué ha podido pasar en este caso.

El periodista ha comenzado haciendo una pregunta interesante: ¿cuánto ha variado el salario real en España desde el final de la pandemia? El problema real está en determinar cuándo terminó la pandemia. Según la OMS, concluyó en mayo de 2023, lo que puede tener sentido sanitario, pero no económico: así que debemos seguir buscando.

Por los datos de El Confidencial, que he replicado, sabemos que el medio ha usado los datos de coste laboral y ha escogido como referencia de final de la pandemia el primer trimestre de 2021. Respecto a lo primero, ningún problema. Pero respecto a lo segundo, ¿por qué esa fecha? En aquel momento la economía aún no había arrancado —el PIB todavía caía en el primer trimestre de 2021 y solo rebotó a partir del segundo—. En realidad, no hay una razón evidente para anclar justo ahí. Y, como veremos, las consecuencias de esa elección son enormes.

Es conocido el chiste según el cual, si yo tengo cero vacas, y mi vecino tiene dos, la estadística dirá que, en promedio, tenemos una cada uno. Extiendo ahora esa idea ligeramente. Imaginemos un escenario A en el que yo tengo 10 vacas, y al año siguiente tengo 11: mi crecimiento habrá sido del 10%. En un escenario B, yo tengo 1 vaca y al año siguiente 2: mi crecimiento habrá sido el 100%. En ambos casos el número de vacas adicionales ha sido el mismo, pero el porcentaje de crecimiento es muy distinto. Moraleja: para no trasladar una impresión equivocada hay que elegir (y explicar) con cuidado el período de referencia (las vacas con las que empezamos).

Con ese punto de partida, el artículo de El Confidencial concluye que, desde el período de referencia (primer trimestre de 2021) hasta el último período disponible (primer trimestre de 2026) el crecimiento nominal de los salarios ha sido del 20,8%, mientras que el crecimiento de los precios ha sido del 23,2%. La conclusión es que el salario real ha caído un 1,9% (que el autor redondea al 2%). Tomada al pie de la letra, es una foto sombría: cinco años después seguiríamos por debajo del punto de partida. El gráfico resultante con salarios y precios en índice con referencia en primer trimestre de 2021 es el siguiente, donde se puede comprobar que los salarios no “pillan” al crecimiento de los precios y se mantienen por debajo todavía en 2026:

Pero, ¿qué pasa si elegimos otro punto de referencia? He rehecho los cálculos con los mismos datos, pero considerando ahora que el punto de referencia es el primer trimestre de 2022, es decir, justo un año después. En el gráfico resultante, que sigue a continuación, la imagen es totalmente distinta porque ahora los salarios se encuentran por encima de los precios desde el año 2024. Aquí el panorama sombrío se ha convertido en otro bastante más optimista.

Que dos resultados tan distintos nazcan de los mismos datos es debido a las decisiones metodológicas previas, en particular a dónde establecemos el punto de partida. Podríamos haber tomado distintos puntos de referencia, y todos mostrarían fotografías diferentes. De hecho, resulta que de 104 trimestres disponibles desde el año 2000, al compararlos con el último dato de 2026 sólo 11 dan resultado negativo de la variación del salario real (el escogido por El Confidencial es uno de ellos).

Mi objetivo no es sugerir que existe una fecha correcta y que el periodista ha elegido de manera deliberada una incorrecta, sino demostrar la enorme sensibilidad del resultado a una decisión aparentemente inocua como es la elección del período de referencia. Como he dicho, si el análisis hubiera comenzado en el primer trimestre de 2022, el titular hubiera tenido que ser algo similar a “el salario real sube un 3% desde la pandemia”, y los lectores de El Confidencial tendrían una percepción muy distinta de lo que sucede con el poder adquisitivo de los españoles —y, por ende, de la política económica del gobierno—. De hecho, de forma mucho menos justificada, podríamos incluso haber escogido el cuarto trimestre de 2012 y decir que desde entonces el salario real ha subido un 9,7%. Todos ellos, incluidos el de dicho medio, serían correctos, pero no necesariamente “toda la verdad”.

Hay una precisión que merece la pena hacer: todo esto afecta a la magnitud de la caída española en términos absolutos, pero no necesariamente a su posición relativa. Que España sea “el tercer país europeo con mayor caída” es una comparación entre países que, al medirse todos desde la misma base, es bastante menos sensible a la fecha elegida y merecería un análisis propio. Aquí me ocupo solo de la cifra absoluta, que es la que sostiene el “−2%”, y lo que subrayo es que el mismo dato alimenta un titular catastrofista o uno triunfalista según las decisiones metodológicas, que no suelen ser explícitas. Un análisis económico requiere contextualización, claridad y un punto crítico que, sin embargo, desaparece cuando declaramos con rotundidad cosas como las del titular analizado. Y lo que es innegable es que desde aquel suelo de 2022 (que se ve claramente en el primer gráfico) el salario real se ha ido recuperando hasta situarse hoy más o menos donde estaba antes del golpe.

Conviene, eso sí, no pasarse de optimistas. Que el punto de partida elegido por El Confidencial sea discutible no significa que el salario real no se resintiera: entre finales de 2021 y el verano de 2022 el poder adquisitivo cayó de verdad, porque la inflación corrió muy por delante de los salarios, y esa pérdida la notó cualquiera que llenara la cesta de la compra. En otro análisis ya hablé de por qué ese es el problema esencial que nos obliga a preguntarnos sobre el margen de beneficio de las empresas en tiempos de “shocks externos”. Es más, se mida como se mida (mediante contabilidad nacional, costes laborales o, incluso, como salario neto) la tendencia apunta a la dificultad que tienen los salarios para crecer por encima de los precios. Estamos ante un problema distributivo clásico, producto de muchos factores —siendo uno, por ejemplo, la ausencia de indexación de los salarios al IPC—, que pone de relieve una vez más los límites de las políticas como la subida del salario mínimo.

En todo caso, sirva este ejemplo para demostrar que la economista Joan Robinson tenía razón cuando dijo aquello de que hay que estudiar economía para evitar ser engañado por los economistas. Eso sí, la lección no es que debamos desconfiar de las estadísticas per se (aunque tienen sus propios problemas, de los que debemos ser conscientes), sino que debemos desconfiar de quien nos presenta una estadística como si hablara por sí sola. Los datos nunca hablan, sino que siempre hay alguien que decide qué medir, desde cuándo medirlo y cómo contarlo. Y esa decisión, que suele permanecer invisible, es muchas veces la parte más importante del análisis económico.

El precio real (ajustado a la inflación) de la vivienda en Canarias ha crecido casi un 4% anual entre 2014 y 2025, lo que supone cerca del doble que la media nacional (más de 2%), si bien se sitúa por debajo de Madrid y Baleares, que lideran las alzas, mientras que el del alquiler ha aumentado un 1,7 % anual en esos diez años en las islas.

Según los datos del Informe Anula 2025 que elabora el Banco de España y que han sido difundidos este lunes, este aumento sostenido de los precios se traduce en un elevado esfuerzo por parte de los hogares para acceder a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.

En concreto, en 2024, los hogares canarios debían destinar en torno a 6,7 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda y el 26,4% de su renta neta al arrendamiento, en línea con la media de España.

La nota señala que la evolución de los precios y de la renta de los hogares ha sido muy heterogénea en las distintas áreas urbanas de Canarias con subidas muy significativas en Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y La Palmas de Gran Canaria, lo que se traduce en un esfuerzo mayor para acceder a una vivienda en estas zonas geográficas, sobre todo en alquiler, aunque todavía se mantienen levemente por debajo de los umbrales considerados sostenibles.

Cita como ejemplo los casos de Arrecife y Santa Cruz de Tenerife que lideran los incrementos de los precios de la vivienda, superando con creces la media autonómica.

Así mismo, expone que en Canarias, el aumento de la demanda se ha visto reforzada por la adquisición de viviendas por parte de no residentes y por el alquiler turístico.

En 2025 las adquisiciones de no residentes supusieron el 20,3% de las compraventas en provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi el 15 % en la de Las Palmas, situándose muy por encima de la media de España (7,4%), según el Banco de España.

Además, refiere que en Tenerife y Las Palmas estas operaciones han aumentado en 12,5 y 7,9 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2007 y 2025.

Las viviendas de uso turístico tienen una especial relevancia en el mercado del alquiler del área urbana y la zona turística de Las Palmas de Gran Canaria, suponiendo el 12,9 y 26,9%, respectivamente, del mercado del alquiler (datos 2025).

En Tenerife, la presión de los alquileres turísticos es menor, situándose incluso por debajo de la media de España, suponiendo un 9,6% de la oferta del área urbana y el 8,2% de la zona turística. 

El sector cerealista ha recortado la previsión de la cosecha de cereales de invierno debido a las altas temperaturas. Hace unos días, la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE), tras su Asamblea Anual, revisaba las estimaciones de producción de cereales de invierno para la campaña 2026 en toda España -Castilla-La Mancha es la segunda productora después de Castilla y León- casi un 29% a la baja respecto a las cifras preliminares publicadas el pasado 21 de mayo.

También, Asaja Castilla-La Mancha revisaba a la baja sus previsiones para la actual campaña en la región debido al impacto de las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas, al igual que en resto de España, que han empeorado las expectativas iniciales de producción. La organización estima una cosecha de 3,5 millones de toneladas, frente a los 4,4 millones de toneladas obtenidos el pasado año, lo que supone un descenso aproximado del 20 %.

Desde Asaja, explican que la campaña ha pasado en pocas semanas de un escenario de moderado optimismo a otro mucho más conservador debido a una climatología adversa que ha condicionado el desarrollo de los cultivos desde el inicio.

Las lluvias retrasaron las siembras en numerosas zonas productoras y posteriormente se produjeron episodios de heladas que afectaron a distintas provincias, como la registrada a finales de marzo en Albacete o la de San Isidro en Guadalajara. A ello se sumaron las elevadas temperaturas del mes de mayo, que aceleraron el ciclo de los cultivos y redujeron el potencial productivo, han señalado desde la organización.

“La climatología ha vuelto a demostrar que es uno de los factores más determinantes para nuestro sector. Veníamos de unas expectativas razonables, pero las altas temperaturas de mayo han obligado a revisar las previsiones porque han reducido significativamente los rendimientos en muchas zonas de la región”, ha señalado el presidente de Asaja CLM, José María Fresneda.

La organización destaca la enorme variabilidad que se está observando entre territorios y explotaciones. Mientras algunas comarcas mantienen resultados aceptables, otras registran descensos de producción de entre el 20 % y el 40 %. Albacete espera una cosecha algo superior a la de los últimos años, marcados por la sequía, mientras que Guadalajara se sitúa claramente por debajo de la campaña anterior, que fue excepcional.

También los rendimientos muestran grandes diferencias, con parcelas de secano que alcanzan los 4.000 kilos por hectárea frente a otras que apenas llegan a los 1.000 o 2.000 kilos.

Recolección en la región

La recolección avanza a buen ritmo en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, mientras que en Guadalajara acaba de comenzar. Los cereales de invierno —trigo, cebada, avena, centeno y triticale— continúan ocupando prácticamente toda la superficie cerealista regional, siendo la cebada el cultivo predominante, con más de la mitad de la superficie sembrada.

En los forrajes también se aprecia una fuerte disparidad de rendimientos debido al calor, especialmente en avenas forrajeras y paja, donde además se suman precios bajos y una demanda reducida.

Precios hundidos y rentabilidad en riesgo

Más allá de la producción, Asaja también ha alertado de la grave situación económica que atraviesan los cerealistas por el desplome de los precios en origen.

La organización denuncia que, mientras los costes de producción se han incrementado en torno a un 30 % durante los últimos años, las cotizaciones del cereal permanecen estancadas o incluso han descendido, hasta situarse en niveles similares a los registrados hace décadas.

“Nos encontramos ante el peor escenario posible para la liquidez de las explotaciones. Los agricultores están vendiendo el cereal por debajo de sus costes de producción. Es una situación insostenible porque, además de poner en peligro la continuidad de miles de explotaciones familiares, pone en riesgo la soberanía alimentaria”, ha advertido Fresneda.

La organización atribuye buena parte de esta situación a “la entrada masiva de cereal procedente de terceros países, que genera una sobreoferta en el mercado europeo y presiona a la baja las cotizaciones”.

“Se trata de una competencia desleal. El cereal importado no está obligado a cumplir las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a nuestros agricultores. Nos quieren comprar a precios de ruina mientras saturan el mercado con grano más barato producido con otras reglas de juego”, ha denunciado el presidente regional de Asaja.

A esta situación se suman otros factores que siguen castigando la rentabilidad de las explotaciones, como el elevado coste de los insumos, los daños provocados por la fauna silvestre —especialmente por los conejos—, la reducción de superficies sembradas por la falta de expectativas, además de otros factores como las limitaciones derivadas de los recortes de agua, ha señalado Asaja.

Exigencias al Gobierno y a la Unión Europea

Ante este escenario, la organización ha reclamado una actuación inmediata tanto del Gobierno de España como de las instituciones europeas para garantizar la viabilidad del sector cerealista.

Entre sus principales reivindicaciones figuran el control real de las importaciones y prioridad para la producción nacional frente al cereal procedente de terceros países; el establecimiento de aranceles disuasorios al cereal importado o, alternativamente, una actualización de los precios de intervención que permita estabilizar el mercado; la implantación efectiva de cláusulas espejo que obliguen a cumplir las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales a todos los productos que entren en la Unión Europea; así como medidas urgentes para reducir los costes de producción, especialmente los relacionados con los fertilizantes y otros insumos estratégicos.

El Gobierno de Canarias someterá a un proceso de inspección a 78 estaciones de servicio repartidas entre todo el archipiélago para esclarecer las causas de la subida de precios “al unísono” entre diferentes operadoras nada más estallar la guerra en Irán.

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha explicado que esta es la principal razón que ha motivado al ejecutivo regional a dar este segundo paso, el de la inspección, que podría abrir la puerta a un tercer escenario, el de elevar el expediente a Competencia y la posibilidad de imponer sanciones.

La inspección consistirá en el requerimiento formal de documentación a esas estaciones de servicio para saber si se respetaron los derechos de los consumidores y cómo fue la estructura de formación de precios entre el 1 de enero y el 25 de mayo, con una fecha clave: el 28 de febrero, el primer ataque a Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, ha explicado el director general de Consumo, David Mille.

El objetivo de esta medida, ha continuado Domínguez, “es claro”: saber si se han cumplido los requisitos de Competencia y si la subida de precios “ha sido acorde a las circunstancias del mercado o ha habido otro efecto del que no somos conocedores y tengamos que tomar partido”.

Ha indicado que la decisión de iniciar una inspección se apoya en las conclusiones de los informes elaborados por el ejecutivo canario para analizar la subida de precios de los combustibles, que señalan varias “disfunciones”, tras analizar 499 estaciones de servicio, de las que se han seleccionado 78.

Una de esas “disfunciones” es de carácter estructural: el efecto cohete y el efecto pluma que se suelen dar en escenarios de incertidumbre, esto es, subidas de precios notables y repentinas, en apenas 48 o 72 horas, y bajadas más graduales, que tardan entre diez y trece días en notarse en el precio final para el consumidor.

Otra “disfunción” detectada es esa subida simultánea de precios entre diferentes operadoras, y es ahí donde surge “la principal duda” para el Gobierno de Canarias, un archipiélago donde cuatro enseñas controlan el 76,5% de la red de estaciones de servicio.

“Los precios pueden subir pero fluctuar entre diferentes operadores (...)”, lo cual no ha sido el caso; y “puede que los proveedores sean los mismos y quizá nos lleve a un comportamiento igual, o puede que no, y ahí asaltan las dudas”.

Ante este escenario surgen “varias preguntas”, ha ahondado Manuel Domínguez, y la principal es si “esto pasa por incidencias del mercado o intervienen otros factores”, y si existe “una posición dominante” en el mercado.

En base a los resultados de la inspección, que tendrá una duración de un mes y comenzará tan pronto sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias, Economía deberá decidir entre archivar las actuaciones o, en su caso, tramitar un expediente sancionador que elevaría al Consejo Canario de Defensa de la Competencia o a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Manuel Domínguez ha subrayado que si, efectivamente, “ha habido una conducta irregular o un abuso”, el Gobierno de Canarias “actuará en consecuencia, porque no vamos a dejar pasar una situación que perjudica a los consumidores canarios”.

Por lo demás, el vicepresidente y consejero de Economía ha minimizado el efecto que pudiera tener en el precio de la gasolina y el gasoil la pérdida de vigencia, a finales de mes, del decreto de ayudas temporales como la aplicación del tipo cero del IGIC y la bonificación del 99% a los transportistas.

Y ha celebrado “las buenas noticias”, como el posible fin del conflicto bélico y la reapertura del Estrecho de Ormuz, ante el “aumento desmesurado” del combustible en los últimos meses.

De hecho, el precio del barril de crudo ha empezado a bajar, aunque su efecto aún no se nota en las estaciones de servicio, “y eso nos preocupa”, ha finalizado. 

Los precios en Castilla-La Mancha subieron un 3,3% en el mes de mayo, superando por una décima el IPC nacional situado en el 3,2%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar del descenso del 0,1% en el indicador de precios respecto al mes de abril, la tasa interanual se mantiene como la quinta más elevada del país, solo superada por la Comunidad de Madrid, Cantabria, Galicia y Baleares.

La región ha experimentado un incremento de precios del 1,8% desde que comenzó 2026.

Por sectores, el transporte arrastra el mayor incremento interanual, con un 7,5% de incremento respecto a mayo de 2025. A pesar del leve descenso respecto a abril, con un -0,4%, el incremento del precio de los carburantes mantiene un aumento acumulado del 5,3% de los costes del sector a lo largo de 2026.

Los únicos sectores que incrementan respecto al mes anterior son Seguros y servicios financieros, con un 5% de inflación respecto al mismo mes del año anterior y con un incremento del 0,2% respecto a abril, y restaurantes y alojamiento, con un aumento del 4,8% respecto a abril de 2025 y aumento en el último mes del 0,8%.

Todos los demás sectores moderaron su incremento de precios tras ligeros descensos respecto al mes de abril, aunque todos han registrado incrementos de precios respecto al mismo mes del pasado año.

Así, vivienda sitúa su incremento respecto a mayo de 2025 en el 2,6%, a pesar del descenso de -1,0% respecto a abril; bebidas alcohólicas y tabaco aumenta su tasa interanual en un 3,1% tras registrar un aumento del 0,2% frente al mes anterior, y el vestido y calzado registra un aumento del 2,0% respecto a mayo de 2025, a pesar del descenso del -0,3% frente a abril.

Datos nacionales

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte -principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea- y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde el Gobierno han destacado que la inflación se mantiene estable en el 3,2% en mayo gracias a las medidas del Gobierno y al 'escudo renovable', en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra de Irán.

En concreto, el Ejecutivo estima que el efecto de las medidas del Plan de Respuesta para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación general es de una moderación algo superior a un punto porcentual.

El Ministerio de Economía ha puesto en valor que los precios de la electricidad y el gas permanecen contenidos, con tasas interanuales en mayo del -5,5% y el -9,7%, respectivamente. “La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán”, ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De su lado, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Reuniones con sectores afectados para extender el plan anticrisis

En el marco del seguimiento del Plan de Respuesta a la guerra, el Gobierno ha iniciado, tras el encuentro del 25 de mayo con los agentes sociales, una ronda de reuniones sectoriales para analizar el impacto de la guerra y el funcionamiento de las medidas.

Las primeras han sido esta semana, entre el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y las patronales del transporte, la logística y la distribución.

En las próximas dos semanas, el Gobierno se reunirá con los sectores energético, agroalimentario e industrial, con la vista puesta en la continuidad y adaptación del plan anticrisis más allá del 30 de junio.

Las medidas anticrisis que se quedan por ahora y las que se van

En lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

“El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados. España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán”, han remarcado desde el Ejecutivo.

Eleva la subyacente al 3%, una décima más de lo esperado

El INE ha elevado, no obstante, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 3%, una décima más de lo avanzado en el mes pasado y dos décimas por encima de la tasa registrado en abril.

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4%. Con el incremento de mayo, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en mayo, hasta el 3,6%, con una variación mensual del 0,1%.