El Gobierno empieza a desactivar este lunes el plan anticrisis para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio con el fin de la rebaja del IVA para la luz y el gas, sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio.

El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá este 1 de junio al tipo general del 21%, tras un mes y medio a tipo reducido (10%), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5% al 5% habitual.

El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

Los carburantes, en cambio, mantendrán sus bonificaciones —rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos— dado que su inflación en abril se mantuvo muy por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno para su desactivación —los combustibles líquidos subieron un 51,7% y el gasóleo, un 28,2%—.

También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

Continuidad de las medidas

Esta misma semana el Gobierno ha mantenido una reunión de alto nivel con los agentes sociales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y empezar a “calibrar” qué políticas de apoyo serán necesarias más allá del 30 de junio.

Tras este primer encuentro, CCOO y UGT han reclamado una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada de precios asociada al conflicto, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos.

El Gobierno ha defendido que el plan está “está cumpliendo su objetivo” y ha avanzado que se reunirá en las próximas semanas con agentes sociales y sectores económicos para abordar la continuidad o adaptación de las medidas anticrisis.

La inflación podría llegar al 4%

Aunque en los dos últimos meses se ha contenido el índice de precios de consumo (IPC) —en mayo se mantuvo en el 3,2%—, varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año, como Funcas, que la sitúa en el 3,4% de media, ocho décimas por encima de las proyecciones anteriores.

El panel de Funcas correspondiente al mes de mayo muestra que también han revisado al alza sus previsiones medias de IPC para 2026 la Cámara de Comercio de España (3,2%), CEOE (3%) y el Instituto de Estudios Económicos (3%), en todos los casos medio punto más que en el panel de marzo.

La inflación podría alcanzar tasas del 4% en verano si se revierten las medidas, advierte Funcas, que en sus últimas previsiones planteó un escenario alternativo más adverso, con el precio del petróleo en 115 dólares, lo que situaría la tasa media de inflación de 2026 en el 4%.

En el caso de los alimentos no elaborados, que en abril se encarecieron un 4,6%, Funcas apunta a que podrían aumentar sus precios en un 7% a partir del verano y en otoño, ya que la subida de los fertilizantes por el conflicto tardará unos seis meses en llegar a los consumidores.

Los precios de compraventa de la vivienda se asoman a un cambio de ciclo. Pero para quien piensa en comprar, eso no significa que vayan a bajar: los expertos auguran tan solo un enfriamiento de las subidas, que se empieza a reflejar ya en algunas provincias, según las estadísticas de algunos portales inmobiliarios.

El dato clave que apuntan los expertos: la subida de la tasa de esfuerzo (los años de renta bruta necesarios para adquirir una vivienda) ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más. Las subidas del euríbor y la subida de tipos de interés por la guerra en Irán que podría aprobar en unos días el Banco Central Europeo (BCE) también desincentivan la compra y pueden enfriar más el mercado.

Aunque la subida de precios de compraventa es una constante desde 2015 en España, es 2025 el año en que se produce un mayor salto: una subida de precios a doble dígito del 12,5% y una tasa de esfuerzo que desde 2024 a 2025 ha pasado de 7 a 8 años, un máximo desde 2011. 

Inmediatamente después de este techo, el ritmo de compraventa descendió durante tres meses seguidos hasta este mes de marzo, eso sí, desde cifras récord que llevaron a cerrar 2025 con 700.000 ventas de vivienda por primera vez desde 2008. La venta de vivienda nueva ha caído más, un 5,6% más en este primer trimestre que en el del pasado año, y ha precipitado una caída general (incluyendo la vivienda usada) del 2,6%.

Uno de los primeros economistas en alertar de un cambio de ciclo fue Ángel Talavera, de Oxford Economics, aunque lo hizo apuntando tan solo a un enfriamiento en 2027 y no a una caída de precios. Y esa ralentización, pronostica, no se verá este año, cuando espera que los precios sigan subiendo a doble dígito. “Cuando los precios empiezan a subir desacoplados de la subida de rentas, es probable que las compras se frenen”, alerta Talavera con precaución a elDiario.es. 

“A corto plazo, el mercado aún se mueve en cifras muy calientes de precios, no creo que se enfríe rápido y el año puede cerrar de nuevo con un aumento de entre el 10 y el 12% en los precios”, augura Talavera, que cree que de cara al año que viene el aumento podría quedarse entre un 3 y un 7%. El devenir de la guerra puede tener una influencia en las compraventas y en los precios por su impacto en los materiales de construcción y en los tipos de interés a los que prestan los bancos, pero “tan solo una recesión podría llevarnos a una caída de precios en 2027”, sostiene Talavera. 

Para el economista José García Montalvo, “los indicadores más claros son los descuentos en vivienda sobre el precio inicial, que están creciendo” y también “el tiempo que tarda en venderse, que se alarga”. “Existe una clarísima desaceleración y las visiones de mercado son muy diferentes entre comprador y vendedor. Los precios siguen al alza porque el vendedor no quiere ceder. Pero cuando cede lo hace con unos descuentos ya mayores. Tardará, pero los precios pueden bajar en un acercamiento entre comprador y vendedor”, reflexiona.

Las últimas cifras oficiales de precios de compraventa no muestran desde luego una correlación clara entre el freno de compraventas y la caída de precios, que subieron un 7% en marzo respecto a febrero y un 9,7% en comparación con marzo del año pasado, según los notarios. Las cifras del Ministerio de Vivienda muestran una subida anual del 13,9% en el valor tasado de la vivienda libre, que costaría 2.315 euros por metro cuadrado a marzo de 2026 de media en España, esto es, 231.500 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados. 

Por si fuera poco, las hipotecas para vivienda alcanzaron su cifra récord desde 2010 en marzo, con 46.661 préstamos, encadenando 21 meses de subidas. La subida del euríbor tras la guerra, con un salto del 2,24% en enero a un 2,7% en mayo, podría enfriar este mercado en los próximos meses. 

Aunque las cifras del Ministerio aún no registran ninguna bajada de precios, sí que lo hacen los datos de los notarios en La Rioja (9,5%) y Navarra (6,8%). También Pisos.com empieza a registrar descensos en Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, pero estos se miden con respecto a la oferta de venta y sirven solo como termómetro impreciso. “Si bajan los precios en alguna zona, será en lugares de poca demanda como la España vaciada”, opina Montalvo. 

Para anticipar la correlación entre un enfriamiento de la compraventa y una bajada de precios, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, observa en la última entrada de su blog los casos de Alemania y Francia. En el vecino país galo, tras seis bajadas consecutivas y radicales de compraventas trimestrales (a un máximo del 20% menos en el tercer trimestre de 2023), vinieron seis trimestres de leves caídas de precios, de un 4,8% la mayor. 

En España, una caída mucho más leve de la compraventa en seis trimestres de 2023 no desembocó en una caída de precios. El mercado español aún está lejos del escenario francés, si es que lo llega a imitar: le faltaría un año y medio con un freno en las compraventas mucho mayor al actual para provocar una caída de precios que, por tanto, solo se empezaría a reflejar ya en 2028.

Nadie apunta hacia esa dirección, pero Torres sí que ve una buena noticia que los precios ya no suban por “el fomo”, el miedo a perder la oportunidad de una compra más barata que la futura, que ha acelerado el mercado de compraventa junto a un alquiler asfixiante que no sale a cuenta y se come en ocasiones la mitad del sueldo de las familias. 

La construcción de vivienda se encuentra también estancada y no oxigena la oferta. Y aunque la vivienda pública debe empezar a arrancar a partir de 2027, la mayor parte irá a alquiler y el desajuste entre demanda y oferta hará difícil que empuje los precios a la baja. 

El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, ve tan solo “una ralentización” y “una tendencia al alza más moderada” que el año pasado. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez, cree que “en las zonas de España muy tensionadas los precios dejarán de subir a doble dígito”, pero “el mercado no se está cayendo”. 

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, cree que “hay que hablar más de enfriamiento que de contracción”. “La magnitud de esa tendencia descendente dependerá en gran medida de la guerra, por sus efectos sobre los tipos de interés y la incertidumbre”, aporta, y coincide con Talavera en que para ver una caída de precios debería existir una recesión económica que es poco probable, a no ser que la guerra tenga un impacto económico mayor del esperado.

El último informe de CaixaBank Research, del pasado día 28, se muestra “sorprendido al alza” con la subida de precios de la vivienda libre y alerta de que “a pesar del avance de los visados de obra nueva, la producción efectiva sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares”. 

Los alquileres, mientras tanto, siguen subiendo de manera desenfrenada, aunque algo menos que en los últimos meses y con la excepción de Navarra, donde el tope que aplica su gobierno autonómico permitió una bajada del 7% en un año. Sobre el efecto que este enfriamiento de la compraventa pueda tener en los precios del alquiler, Montalvo es pesimista: “La gente que no va a comprar, seguirá necesitando una vivienda y se irá al alquiler, porque se siguen creando hogares. Como no hay oferta, el precio puede subir aún más”. 

Si la compraventa subió porque el alquiler era inaccesible y eso también provocó que los jóvenes se sirvieran de ayudas de los padres para las entradas con récords de donaciones, ahora es la compraventa la que parece expulsarlos del mercado de nuevo. Un bucle infinito que, mientras no se construya vivienda pública, nunca da como resultado una vivienda barata o al menos asequible.

La regulación del mercado de la vivienda en Navarra sigue teniendo su reflejo en los precios del alquiler. En los 21 municipios que fueron declarados el año pasado como zonas de mercado residencial tensionado el precio de los alquileres ha caído un 7%, pasando de los 837,6 euros de media a los 778,3 euros.

Así lo ha celebrado la consejera navarra de Vivienda, Begoña Alfaro, que sin embargo ha añadido que “no es la panacea”. “Dijimos desde el principio que esta medida no iba a rebajar de forma escandalosa los precios, sino que iba a servir para contener la sangría”, ha apuntado para añadir que, mientras en la Comunidad de Madrid los precios se han disparado “un 10%” en la comunidad foral se ha logrado que desciendan “levemente”.

El Gobierno de Navarra declaró en mayo del 2025 a Pamplona, Tudela y otros 19 municipios que concentran el 70% de la población de la comunidad foral como zonas de mercado residencial tensionado. Esta declaración implicó que en esas localidades se impulsaran medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como por ejemplo el tope al precio de los alquileres, que se comenzó a aplicar en julio de ese año, hace ahora 11 meses.

En ese periodo de tiempo el precio medio del alquiler ha caído un 7%, según los datos recogidos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA), que es de inscripción obligatoria en la comunidad foral. Además, en el último trimestre han bajado un 1,8%.

En el otro lado, en las localidades fuera de la zona de mercado tensionado el precio medio alcanzó los 600,3 euros, registrando un ligero incremento del 3,2% comparado con el mismo trimestre de 2025.

Caen ligeramente los nuevos contratos

Respecto al número de nuevos contratos de alquiler formalizados en el primer trimestre del año, estos ascendieron a 951, manteniéndose un nivel de actividad “muy parecido” al del trimestre anterior en el que se formalizaron 956. De ellos el 89% (843) se encuentran en los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado. 

En relación con el descenso registrado respecto al mismo trimestre del año anterior, en el que se registraron 1.135 contratos, la consejera Alfaro ha explicado que esto es debido “por un lado, a que la declaración de zona de mercado residencial tensionado dota de una mayor estabilidad al mercado del alquiler debido a que la limitación de precios hace que aumenten las prórrogas y se firmen menos contratos nuevos. Esto provoca una estabilidad para las familias inquilinas y una mayor seguridad jurídica para las personas inquilinas y propietarias”. 

Por otro lado, la consejera ha reconocido que “puede existir un porcentaje de contratos de temporada que no esté siendo registrado a pesar de su obligatoriedad”. En este sentido ha recordado que Navarra va a regular el arrendamiento de habitaciones y los contratos de alquiler de temporada al objeto de evitar los posibles abusos que se puedan dar a través de estas figuras para evitar la limitación de precios que existen en las zonas de mercado tensionado declaradas.  

Según datos del RECA, por tipología, el 91,4% de los nuevos contratos corresponden a vivienda habitual y el 8,6% a alquiler de temporada, manteniéndose estable la proporción de contratos de alquiler temporal registrados respecto al cierre del año anterior. Según ha apuntado la consejera muchos contratos se registran fuera de plazo y ha recordado que todos los contratos de arrendamiento deben incluirse, por ley, en el Registro del Alquiler de Navarra.

“A día de hoy en nuestros registros de contratos de alquiler están inscritos casi 22.000 alquileres, a los que hay que sumar los 5.669 de alquiler social. Es decir, estamos hablando de más de 27.500 alquileres en Navarra”, ha explicado Begoña Alfaro. Según datos del Gobierno navarro, en torno a un 30% de las viviendas que están en el mercado del alquiler son propiedad de grandes tenedores.

La Mesa del Arroz de Extremadura, entidad que representa a productores, industrias y almacenistas del cultivo, ha trasladado públicamente este lunes su preocupación por la complicada situación que atraviesa actualmente el sector arrocero regional.

La comercialización del arroz correspondiente a la cosecha de 2025 está atravesando “enormes dificultades” debido a la existencia de importantes stocks acumulados, tanto en Extremadura como en otras regiones de España y en distintos países productores de Europa, ha informado este órgano en un comunicado. Esta situación está provocando una fuerte presión sobre los precios actuales del arroz.

La Mesa del Arroz de Extremadura ha alertado de que este escenario se está viendo agravado por factores como la entrada de producto procedente de terceros países. “La llegada de arroz importado de fuera de la Unión Europea se está produciendo a precios que no cubrirían los costes de producción que soportan los agricultores extremeños, generando una clara situación de desventaja competitiva para nuestro sector”, ha indicado.

Ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria regula las relaciones comerciales entre todos los operadores del sector alimentario en España, desde la producción hasta la distribución. Por ello, a su juicio es imprescindible que se vigilen y controlen las operaciones comerciales en todos los eslabones de la cadena, ya que los precios fijados para el producto en cada uno de ellos condicionan directamente el valor del producto en origen.

También solicitan respeto hacia todos los agentes productores, comercializadores y transformadores extremeños, cuyo esfuerzo ha permitido mantener vivo este cultivo estratégico en la comunidad autónoma.

Asimismo, la Mesa del Arroz de Extremadura ha pedido responsabilidad antes de realizar denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria y que se valore previamente el impacto que estas actuaciones pueden tener sobre los propios productores extremeños afectados por la situación descrita.

Este colectivo ha solicitado una reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, para trasladarle de primera mano la situación que atraviesa el sector y abordar conjuntamente las cuestiones que actualmente están asfixiando al cultivo del arroz. En su opinión, este panorama complejo requiere diálogo, responsabilidad y soluciones sostenibles en el tiempo.

El futuro del sector arrocero afecta directamente a numerosos agricultores, cooperativas y empresas extremeñas que, a pesar de las dificultades, continúan teniendo en el arroz su principal referencia económica y social. 

La Comisión Europea ha prometido este martes ayudas de emergencia para los agricultores antes del verano para que puedan hacer frente al alza de los precios de fertilizantes, como parte de un plan de acción para reforzar la producción comunitaria y reducir la dependencia de importaciones, aunque no ha puesto por el momento cifra a esos apoyos. Sin embargo, la europarlamentaria castellanomanchega Cristina Maestre pedía “actuaciones inmediatas” al igual que las organizaciones agrarias europeas y españolas.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha explicado que el Ejecutivo comunitario presentará en junio una propuesta, con vistas a que el mecanismo esté operativo “como muy tarde después del verano”, acompañada de una modificación del presupuesto europeo para financiar estas subvenciones, con el objetivo de que lleguen “directamente a los agricultores” y no a través de los planes nacionales.

Bruselas justifica la iniciativa en el aumento de los costes energéticos, la volatilidad de los mercados internacionales y las recientes tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Oriente Próximo, factores que, según explica, han disparado el precio de estos insumos y están afectando ya a las decisiones de siembra de cara a la campaña de 2027.

“Con este nuevo plan de acción queremos responder a las necesidades a corto y medio plazo de los agricultores para poder hacer frente a los retos en la próxima temporada de cosecha, pero también queremos solucionar los problemas ofreciendo soluciones estructurales a largo plazo”, ha señalado el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

El Ejecutivo comunitario advierte de que muchos agricultores han retrasado la compra de fertilizantes para la próxima temporada debido a los altos precios, lo que podría derivar en problemas de suministro, cambios en los cultivos o una reducción del uso de estos productos, con el consiguiente impacto sobre la producción alimentaria y la resiliencia del sector agroalimentario europeo.

Hansen ha alertado además de que los precios de los fertilizantes se sitúan actualmente un 70% por encima de la media de 2024 y “significativamente” por encima de los niveles previos a la pandemia, una situación que, según ha alertado, ya está cambiando el comportamiento de los agricultores, que utilizan menos nitrógeno o reducen las superficies cultivadas.

En respuesta, la Comisión prevé presentar una propuesta legislativa específica para flexibilizar la actual PAC y permitir a los Estados miembro reasignar fondos a nuevos mecanismos de liquidez y adelantar pagos anuales “sin tanta burocracia”, según ha explicado el comisario luxemburgués.

Maestres pide actuar ya

Por su parte, Cristina Maestre, miembro de la Comisión de Agricultura, ha reclamado en el Parlamento Europeo una estrategia “estable, coherente y sostenida en el tiempo” para abordar la crisis de los fertilizantes que afecta al campo europeo y a la seguridad alimentaria de la Unión.

Durante su intervención, Maestre ha señalado que el sector agrario europeo afronta actualmente “tres grandes problemas” relacionados con los fertilizantes: la dependencia de terceros países, el incremento de los precios y la ausencia de un modelo estructural claro por parte de las instituciones europeas. Ha alertado de que “los fertilizantes nitrogenados cuestan hoy un 70% más que hace dos años”, una subida que repercute directamente tanto en los agricultores como en los consumidores europeos.

Asimismo, ha denunciado las contradicciones regulatorias existentes en la política comunitaria. “Se pide al campo que avance hacia modelos más circulares, pero las normas actuales penalizan los productos circulares y los biofertilizantes, mientras los fertilizantes químicos de síntesis compiten bajo reglas diferentes”, ha afirmado. Maestre también ha defendido la necesidad de acelerar el apoyo europeo al hidrógeno y al amoníaco verde, lamentando que “la regulación sigue siendo excesivamente compleja y burocrática” y que falta un respaldo decidido por parte de la Comisión Europea.

En relación con el plan presentado por el Comisario Hansen y la Comisión Europea, la eurodiputada socialista ha valorado positivamente la dirección de las propuestas comunitarias, aunque ha insistido en la necesidad de actuar de forma inmediata. “Además de las medidas a largo plazo, urge poner sobre la mesa actuaciones inmediatas”, ha subrayado, citando entre ellas el mantenimiento y ampliación de las suspensiones arancelarias, la garantía de previsibilidad para las campañas de siembra y una mayor transparencia en los precios dentro de la cadena de distribución.

Finalmente, Maestre ha defendido que la autonomía estratégica europea en materia de fertilizantes debe ir acompañada de políticas que aseguren la competitividad del campo, reduzcan la dependencia exterior y faciliten la transición hacia modelos más sostenibles.

Existe una percepción generalizada de que el precio de la vivienda está en máximos históricos. En parte se trata de un sentimiento justificado. Si se mide en términos nominales, en euros, el precio de la vivienda en propiedad ha superado los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria.

En España no hay una buena base estadística sobre vivienda, pese a la importancia del sector y el factor de inestabilidad financiera que han supuesto sus sobrevaloraciones y posteriores caídas. En el gráfico utilizo los datos trimestrales de los precios de la vivienda libre tasada proporcionados por el Ministerio de Vivienda. Una serie que, arrancando en 1995, un período relativamente reciente, es la más larga de las disponibles sobre este sector. Por ejemplo, la serie de índice de precios de vivienda del INE, que distingue entre vivienda nueva y de 2ª mano y que también es trimestral, no empieza hasta 2007, prácticamente en el pico de la burbuja. Y los datos de agencias privadas, como Fotocasa e Idealista, arrancan en 2005 y sólo se refieren a vivienda usada, no nueva. Los datos del Ministerio de Vivienda utilizados, abarcan todo tipo de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano, aunque el ministerio prefiere distinguir entre una antigüedad mayor o menor de 5 años (que no es exactamente lo mismo). La información utilizada para la elaboración de esta estadística proviene de las sociedades de tasación integradas en la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas de este sector.

En los datos que aparecen en el gráfico, sólo se incluye la vivienda “libre”, es decir, se excluye la vivienda protegida, que tiene unas estadísticas aparte, también disponibles en el ministerio. Conviene señalar, además, que se trata de un promedio nacional, aunque se dispone de información por provincias. Finalmente, la variable recogida en el gráfico nominal es el valor de la vivienda libre tasada en euros por metro cuadrado. En el último dato disponible, el del 4º trimestre de 2025, el precio medio era de 2.230 €/m2, aunque el rango abarca desde los 791 de Ciudad Real y los 863 de Jaén, los precios más baratos, a los 3.902 de Madrid y los 3.809 de Baleares, los más caros. En el pico de la burbuja, que según esta serie se alcanzó el primer trimestre de 2008, dicho precio promedio se situó en 2.100 €/m2. Por tanto, hoy estamos un 6% por encima de ese máximo.

Sin embargo, como economistas, nunca afirmaríamos con estos datos que la vivienda está hoy “más cara que nunca”. Los precios de la vivienda, como cualquier otro precio, renta o variable nominal hay que medirlos en términos relativos a un índice general de precios, es decir, descontando la inflación acumulada a lo largo del período considerado. Así, por ejemplo, podemos evaluar si los salarios “reales” (su poder adquisitivo), o las pensiones, o las becas son realmente ahora mayores que hace unos años. Asimismo, podemos comparar precios de bienes que no hayan tenido innovaciones significativas en períodos largos de tiempo, como pueden ser muchos alimentos frescos o de elaboración que no haya sufrido una gran transformación tecnológica.

El ejemplo clásico de los libros de texto son las hamburguesas de una conocida marca americana. Aunque en 1967 valían 0,45 dólares y hoy el mismo “big Mac” cuesta 5 dólares, las hamburguesas no son hoy más caras que entonces, porque el nivel general de precios en EEUU ha subido incluso más. En nuestro caso, no tenemos que irnos tan lejos. Tenemos que comparar el valor “real” de esos 2.100 euros/m2 de 2008, con los 2.230 euros/m2 de finales de 2025, teniendo en cuenta la evolución general de los precios de consumo, es decir, el IPC.

En el mismo gráfico presento la serie de los precios de vivienda “reales”, descontando el valor nominal por el IPC. Uno de los problemas para elaborarla es que no se dispone de una serie “oficial” de IPC trimestral, ni en el INE ni en el Banco de España (la información facilitada es mensual o anual), por lo que, o bien se la construye uno mismo a partir de los datos mensuales, o se acude a una fuente pública extranjera como es el Banco de la Reserva Federal de San Luis (FRED) que sí facilita dichos datos, aunque sin desestacionalizar, lo que hace que la serie presente pequeños “picos estacionales”. El resultado se muestra en el gráfico. En términos “reales” la vivienda está a finales de 2025 en 1.058 euros de 1995 por metro cuadrado. Lejos del pico que, en términos reales, se alcanzó en el primer trimestre de 2007, con 1.437 euros de 1995 por m2. Es decir, es hoy un 26% más barata que entonces.

Que el precio “real” de la vivienda esté todavía por debajo de los máximos de 2007 no quiere decir que no tengamos un problema serio en este mercado o que no haya riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria. En el último año, el precio real ha subido casi un 10% (es decir, 10 puntos más que el IPC) y en los dos últimos años lo ha hecho en un 15% por encima de los bienes de consumo.

Para evitar la nueva burbuja hay que tratar de enfriar la demanda de vivienda en propiedad. Con ayudas a la compra, avales para los jóvenes y este tipo de medidas que algunos proponen, no se consigue enfriar el problema, sino calentarlo más. Por ello, es urgente actuar por el lado del mercado de alquiler, aumentando la oferta de vivienda actualmente vacía, bien con incentivos fiscales para los propietarios, bien con mayor seguridad jurídica que reduzca o elimine esta incertidumbre. Además de la construcción pública de vivienda nueva para alquiler. El plan anunciado por el gobierno avanza en esta dirección, aunque requiere la complicidad de los principales gestores, las comunidades autónomas, que no parecen muy dispuestas a llegar a un consenso en esta materia.

Sin fecha concreta de aprobación ni qué cantidad se va a dedicar, la Comisión Europea ha anunciado este martes la adopción de un Plan de Acción sobre Fertilizantes con el objetivo de “apoyar a los agricultores que afrontan el aumento de los costes y la escasez de fertilizantes, reforzar la producción nacional y reducir la dependencia de Europa de las importaciones”.

Los fertilizantes son una parte importante de los costes de los agricultores. Representan más del 7% de los costes de insumos del sector agrícola de la UE en general, llegando al 16% en el caso de los agricultores de cultivos herbáceos, según la Comisión.

Bruselas no ha dado una fecha concreta, aunque se pretende presentar un paquete financiero “antes del verano para proporcionar liquidez inmediata a los agricultores antes del próximo ciclo de producción y ayudar a sostener la producción agrícola”. Tampoco se ha detallado cuánto será el montante de la ayuda y lo que se va a hacer es destinar fondos ya repartidos entre los Estados para que los dediquen a subvencionar a los agricultores.

El objetivo del plan es proporcionar “apoyo excepcional y específico a los agricultores europeos que afrontan altos costes de fertilizantes mediante los instrumentos existentes de la política agrícola de la UE”. Bruselas asegura que va a “movilizar el presupuesto de la UE para reforzar la reserva agrícola con una cantidad significativa”, sin más detalles.

La Comisión ha añadido que se presentarán “un paquete legislativo específico que permitirá a los Estados miembros aprovechar plenamente el apoyo disponible en sus actuales planes estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC)”. Es decir, de los fondos ya asignados en la PAC, los países podrán dedicarlos a subvencionar o ayudar a los agricultores ante el incremento de los precios de los fertilizantes

En este paquete se “incluirá un nuevo mecanismo de liquidez para ayudar con el flujo de caja, mayor flexibilidad en los pagos anticipados e incentivos para prácticas agrícolas más eficientes que reduzcan y optimicen el uso de fertilizantes, impulsen la transición hacia fertilizantes de base biológica e inviertan en la resiliencia de las explotaciones agrícolas cuando sea necesario”.

“La comunidad agrícola europea teme retrasos”

La patronal agraria europea agrupada en las asociaciones Copa y Cogeca ha señalado que “salvo un cambio rápido de rumbo, probablemente no cumplirá las expectativas de la comunidad agrícola europea ni abordará la magnitud de la crisis que se ha ido desarrollando desde el estallido del conflicto en Irán”.

“La comunidad agrícola europea teme que los retrasos en la adopción de medidas en las próximas semanas y meses, mientras los agricultores ya comienzan a preparar sus existencias para la próxima temporada, puedan tener consecuencias importantes para los precios al consumidor en Europa y para nuestra capacidad de apoyar la seguridad alimentaria global”, han resaltado desde las patronales agrarias europeas.

Este martes, cientos de agricultores se han manifestado ante la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) para exigir que lleguen ya las ayudas a la compra de fertilizantes y subvenciones al gasoil.

Más a largo plazo, la Comisión adoptará medidas para apoyar la industria europea de fertilizantes, evitar la desindustrialización, garantizar suministros estables y reducir la dependencia de las importaciones. Bruselas fomentará el uso de alternativas europeas, especialmente de fertilizantes orgánicos, y alternativas a los productos minerales tradicionales.

En el contexto de la próxima revisión del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) se estudiarán opciones para garantizar que cualquier flexibilidad adicional para la industria de fertilizantes vaya acompañada de la responsabilidad de descarbonizar la producción. Para simplificar aún más las prácticas de economía circular, la Comisión evaluará medidas en el contexto de la revisión de la Directiva Marco de Residuos para simplificar su gestión.

La Comisión movilizarán fondos de cohesión para apoyar la producción de biogás y biometano y las inversiones en infraestructuras de aguas residuales que puedan ampliar la valorización de lodos y la recuperación de nutrientes.

“Preocupación por la asequibilidad, no por abastecimiento”

El golfo Pérsico es una de las principales regiones de producción de fertilizantes y la producción no puede salir debido al cierre del estrecho de Ormuz por la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán. Aproximadamente el 30% de la demanda de fertilizantes nitrogenados de la UE es importada. La Comisión admite que “el mercado de fertilizantes de la UE sigue estando abastecido; sin embargo, la asequibilidad sigue siendo una preocupación clave”.

Con el incremento de los precios del gas por el conflicto en Oriente Medio, se prevé que el coste más alto de los fertilizantes se traslade a una subida de precios de los alimentos a finales de 2026. El gas supone casi el 80% de los costes de fabricación de los fertilizantes y esta fuente energía se elevó más de un 50% el mes pasado respecto al año anterior. ,

En Bruselas se insiste en que se ha aprendido la lección de 2022, cuando la invasión de Ucrania por Rusia provocó un estallido inflacionario por la crisis energética que también se vio influenciada por el traslado de los precios de los fertilizantes a coste final de los alimentos.

Los precios subieron en Castilla-La Mancha un 3,4% durante el mes de abril. Esto supone tres décimas menos que la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de abril es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,8%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7% más que en abril de 2025 (+1,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); seguros y servicios financieros, un 4,8% más (+0,4 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,9% más (-1 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,8% más (-0,7 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en información y comunicaciones, un 0,3% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (+0,4 puntos); sanidad, un 1,8% (+0,3 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,8% (-0,4 puntos)

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el organismo estadístico ha explicado que en la moderación de la inflación ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Por contra, los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que la moderación de la inflación en el cuarto mes del año se explica, principalmente, por “el 'escudo renovable' y el paquete de respuesta puesto en marcha por el Gobierno” para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.

“El plan de respuesta está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto de la guerra sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. Así, la inflación de los carburantes sin las medidas hubiera sido del 28,9% en abril. Las medidas han conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales”, ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

A partir del 1 de junio se desactivarán algunas medidas fiscales

Por su parte, los precios de la electricidad y del gas natural registraron en abril descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que, según Economía, “confirma la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos” por su apuesta por las renovables, “escudo frente al impacto de la guerra”.

Al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio, según ha confirmado Economía.

Ahora bien, el Ministerio ha señalado que la caída en los precios de la electricidad y del gas natural “permiten iniciar la desactivación” de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio. No obstante, Economía ha precisado que las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.

Las medidas anticrisis frenan la inflación en torno a un punto

El Ministerio de Economía estima que las medidas del plan de respuesta han restado a la inflación cerca de un punto.

De hecho, la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes (que no tiene en cuenta las últimas variaciones de impuestos) fue del 4,5% en abril, tasa 1,3 puntos superior a la del IPC general.

Por su parte, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas presentó en abril un aumento interanual del 2,6%, una décima menos que en marzo. No obstante, algunos alimentos, como los huevos, la carne de vacuno y las legumbres y hortalizas se incrementaron más de un 10% respecto a abril de 2025, con alzas del 14,7%, del 13,3% y del 11,5%, respectivamente.

El INE ha confirmado además que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima en abril, hasta el 2,8%.

El gasóleo dispara su precio un 28%

En el último año (abril de 2026 sobre abril de 2025), lo que más subió de precio fueron los combustibles líquidos (+51,7%), el gasóleo (+28,2%), joyería y relojes de pulsera (+28%), recogida de basuras (+26,8%); el transporte combinado de pasajeros (+26,6%) y las hortalizas frescas (+23%).

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año han sido las frutas tropicales (-20,4%), el transporte aéreo internacional (-18,9%), el butano y el propano (-16,4%), el gas natural (-9,6%) y los aceites vegetales.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en abril, hasta el 3,5%, con una variación mensual del 0,7%.

Un centenar de productores de almendra se concentraron frente a la sede del ITAP, donde se celebra cada semana la lonja, en Albacete para protestar por el funcionamiento de este organismo que cada semana fija los precios de este fruto seco.

Así lo ha señalado en declaraciones a Agroalimentaria Rogelio Pardo, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Almendra Ecológica (AEPAEC), con sede social en Minglanilla (Cuenca), que había convocado esta concentración. Durante la protesta intervinieron tanto él mismo como representantes de las distintas entidades que se habían sumado al acto: Aspaalba (Asociación del Sector Primario de Albacete), Adeccu , Unaspi (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente), SIAC (Sindicato Independiente Agropecuario de Cuenca) y la Asociación en Defensa del Sector Primario de la comarca Utiel Requena.

Todos los asistentes firmaron el manifiesto que refleja las demandas de este colectivo que pasa por recibir un precio justo por su trabajo, transparencia en las cotizaciones de la almendra y forzar a las administraciones a promover una reforma y la modernización no solo de esta sino todas las lonjas, de forma que «pasen a ser un servicio más público, fiable y transparente y que las Administraciones dejen de lavarse las manos“.

Pardo ha señalado que además van a formalizar una petición para que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, les reciba y poder exponerle sus planteamientos, algo que ya le adelantó hace unos días al delegado de la Consejería en Cuenca. Ha recordado que en la primera reunión que celebraron con Lizán hace dos años cuando se constituyó esta asociación ya le pidieron que se “creara el observatorio de precios de la almendra pero no se ha hecho nada, y entendemos que en las mesas donde existen lonjas debería haber un observatorio de precios. Si está la Ley de la Cadena Alimentaria habrá que cumplirla y si no que la deroguen”.

“La lonja se financia con recursos públicos, la Administración debe regular y crear un sistema democrático de participación directa de todos, que se dé publicidad a esas convocatorias y que todas las sesiones sean públicas”, ha señalado.

Aunque su principal objetivo es dialogar, “si no mueve ficha la Administración, dentro de seis meses nos encerraremos dentro de la lonja e intentaríamos recoger 20.000 firmas en todos los municipios de Castilla-La Mancha para presentar iniciativas populares para instar un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha. No es nuestro deseo, lo que queremos es que se cumpla la ley de la Cadena Alimentaria con los observatorios de precios, que las mesas estén presentes funcionarios de la Junta para velar por la transparencia y que se base en datos objetivos” .

Precios de la almendra

La almendra ecológica ha cotizado en la última sesión de la lonja de Albacete a 6,85 ya que experimentó una subida de 20 céntimos respecto a la cotización anterior.

Según Rogelio Pardo, este año los productores esperan “que la ecológica tenga un precio alto porque ha habido heladas que van a reducir la cosecha en torno a un 45%”, ya que en Andalucía que produce un 45% de la ecológica de España, con Granada a la cabeza se han registrado importantes heladas, que también han afectado a Almería y a Castilla-La Mancha.

“Además, los americanos, que cuando bajó el precio de la convencional se lanzaron a probar con la ecológica pero es un cultivo difícil, y este año han empezado a importar almendra española a pesar de los aranceles de Trump con el castigo del 15%”, por eso va a haber mucha menos oferta de ecológica en España y en EEUU y “los precios deben de repuntar”, ha señalado Pardo.

Navarra se convertirá en las próximas semanas en la primera comunidad en la que el alquiler de temporada y el de habitaciones estará regulado por ley para reforzar la protección de los inquilinos y evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Los socios del Ejecutivo foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que cuenta con los votos suficientes para salir adelante y que será tramitada por la vía de urgencia.

La iniciativa llega después de que el Departamento de Vivienda del Gobierno foral haya detectado en el último año un aumento del número de contratos de temporada “ficticios” para esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas, produciéndose así “fugas” de contratos de vivienda habitual hacia fórmulas temporales para eludir la ley. Para hacer frente a esta situación, la proposición de ley establece que los contratos de temporada deberán estar vinculados a causas reales, como motivos laborales, formativos o asistenciales, y debidamente acreditadas. En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración.

La ley fijará a su vez que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, “con todas las garantías legales para la parte arrendataria”, incluido el precio topado por la ley de Vivienda.

“Esta ley garantiza que no exista una vía de escape para quien quiera especular con la necesidad de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra”, defiende el portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero. “El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta”, critica el parlamentario de Contigo/Zurekin Daniel López Córdoba.

Alquiler de habitaciones sujeto a las mismas reglas que el de vivienda habitual

De igual manera se regulará el alquiler de habitaciones para evitar que se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la ley de Vivienda y el límite al precio del alquiler. Así, la proposición de ley establece que estos contratos deberán someterse “al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales”.

Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, “lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas”.

“Con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos a la vez que impedimos vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación”, afirma López Córdoba“. ”El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos“, subraya el portavoz de Contigo Zurekin.

Los vinos de Castilla-La Mancha experimentaron “una subida importante de sus precios medios, del 3,4% en el año 2025”, según ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, en la intervención en la cata organizada por el Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones (CDR) en la noche del pasado miércoles. Castilla-La Mancha ocupa la vicepresidencia del grupo y e esta cata participó también la presidenta del propio CDR, Kata Tütto.

En su intervención, Caballero ha defendido ante el resto de regiones y profesionales del sector la apuesta por la calidad de los vinos de la Comunidad Autónoma como valor añadido en su internacionalización.

“Durante 2025, perdimos algo de volumen en exportaciones, principalmente debido a la baja cosecha del año anterior, pero, sin embargo, las exportaciones aumentaron un 2,2% en valor”, remarcaba.

El vicepresidente ha expuesto que la Comunidad Autónoma sigue liderando las ventas exteriores de vinos y productos vitivinícolas. En 2025 ha aumentado su cuota al 52,3% del total del volumen nacional con ventas de 14 millones de hectolitros. También ha logrado aumentarla ligeramente en valor, hasta el 27,5% del total nacional, al facturar más de 950 millones de euros.

También ha destacado la apuesta de los profesionales del sector por la calidad, para lo cual han realizado importantes inversiones, con el apoyo de la Administración, que incluyen “la reestructuración del viñedo, que va dirigida directamente a los agricultores; las destilaciones de sus productos, que benefician también al sector industrial; y la comercialización en terceros países, que tiene un impacto muy positivo para quienes deciden exportar y abrir nuevos mercados”.

Sobre esta apuesta por la internacionalización, José Manuel Caballero ha trasladado la confianza en el impulso que abren los acuerdos comerciales, pese a que “estamos viviendo una enorme incertidumbre internacional, donde de vez en cuando se amenaza con nuevos aranceles y donde los conflictos acaban impactando indirectamente en el sector”, ha reconocido.

Sin embargo, el vicepresidente segundo ha destacado que “la realidad es que el vino de Castilla-La Mancha tiene un mercado muy importante en Europa y que, además, existen posibilidades de nuevos mercados en países tan relevantes como los que representa el Mercosur, de manera particular Brasil, y también en los acuerdos comerciales conseguidos con India y con nuevos países que ya se están trabajando”.

Desde Bruselas, Caballero ha recordado que “Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo, con cerca de 80.000 viticultores que cultivan 437.000 hectáreas de viñedo. También somos la bodega del mundo, porque producimos 23 millones de hectolitros de vino y mosto de media cada año, esto supone el 57% del vino de España, el 15% del de la Unión Europea y el 9% a nivel mundial”. El vino, tal y como ha remarcado, es un motor de la economía regional, llegando a representar el 5% de su PIB y generando más de 2.000 millones de euros al año.

En esta cata han participado, además de Castilla-La Mancha, las regiones de Burgenland, La Rioja, Lower Austria, Región de Murcia, Rhineland Palatinate, South Moravia y Comunidad Valenciana. Caballero ha enfatizado en que este tipo de encuentros fortalecen al sector del vino desde las regiones europeas productoras y ha señalado que Castilla-La Mancha seguirá impulsando foros de trabajo como este Intergrupo, en cuya creación tuvo como uno de los principales impulsores al presidente García-Page.

¿Por qué nunca dejan de subir las viviendas? ¿Por qué suben incluso donde la población desciende? ¿Por qué suben cuando sube la oferta –como en los años previos a 2008– y también cuando se estanca –como ahora? Para descubrirlo, te propongo un juego. 

Imagina que hace 50 años, cuando se creó la sanidad pública, se hubieran repartido unas licencias para acceder a ella. De manera que solo quienes compraron una pudieran tener un médico de familia o someterse a un tratamiento subvencionado. Imagina que se hubiera hecho lo mismo con la educación: solo quienes comprasen una licencia tendrían derecho a llevar a sus hijos a la escuela pública. Y lo mismo con la universidad.

Imagina que se hubiera emitido un número finito de licencias, 25 millones. Y que se hubieran vendido todas antes de 2008. Quienes no pudieron comprar en su día, quedarían obligados a recomprar la suya al propietario anterior.  

Imagina que al Estado le pareciera bien que los titulares originales de las licencias de la sanidad y la educación las revendieran después por mucho más dinero, porque lo entendieran como una forma lícita de “ahorro”. Para retribuir esos ahorros cada vez más caros, la sociedad esperaría que las cohortes que vinieran detrás tuvieran que hacer más esfuerzo que la anterior para acceder a los mismos servicios. Por ejemplo, si en 1980 se pagaba un piso en 15 años, en 2020 habría que hipotecarse durante 30 o 35.

Imagina que, llegado un punto, los propietarios de las licencias decidieran que ya no quieren venderlas. Sale mucho más rentable alquilarlas y no perder la propiedad. Y que con lo que obtienen por ese alquiler empezaran a acumular licencias de la sanidad hasta que llegase un momento en que el 30% de la población tiene que alquilar su licencia a un tercero. Y que al Estado también le pareciera bien que esos derechos se hubieran convertido en un negocio.

Imagina que, por ese camino, una parte muy importante de las licencias de los servicios públicos hubiese acabado en manos de fondos de inversión extranjeros, que vendrían a España a comprar licencias de la sanidad y la educación a cualquier precio, porque saben que los españoles no podemos prescindir de esos servicios, así que tendremos que acabar pagando lo que nos pidan.

Imagina que, pese a todo esto, los impuestos que sostienen los hospitales, con los que se paga el sueldo de los profesores y los investigadores, se siguieran pagando con los impuestos de todos los contribuyentes, tanto si tienen licencia para acceder a ellos, como si no. De manera que todos los arrendatarios de las licencias sanitarias pagarían impuestos por unos servicios a los que en realidad no podrían acceder, salvo pagando, además, un alquiler. Por el contrario, habría un montón de fondos extranjeros que no pagan impuestos en España, pero que cobran dinero a los usuarios por acceder a nuestros servicios públicos.

¿Te imaginas cómo sería ese país? 

Si no tienes mucha imaginación, no pasa nada. Porque esto no es ningún juego. Es exactamente lo que está pasando hoy en España. 

Para acceder a la sanidad, en este país, hay que estar empadronado en una vivienda. Para llevar a tus hijos al colegio, también. Y a la universidad. Y para pedir muchas ayudas. Las viviendas no son solo inmuebles. Sobre todo son licencias que dan derecho a acceder a casi todos los bienes comunes, como el alcantarillado, el saneamiento, los suministros de agua, de electricidad, de telefonía y de Internet; las vías públicas, las carreteras, el alumbrado y el transporte público; la seguridad, los bomberos y los servicios de emergencias; los hospitales, los colegios, las universidades, las bibliotecas y los centros de salud; la limpieza viaria, la recogida de basuras, el control de plagas, los parques y jardines, los mercados municipales y las infraestructuras deportivas y culturales. 

Por esta razón las viviendas se revalorizan aunque sus propietarios no las toquen, aunque permanezcan cerradas. Cuando el Estado construye una estación de Metro, o mejora el alcantarillado o la seguridad de un barrio, cuando se abre una nueva universidad o un colegio mejora la calidad de la educación, la vivienda sube y los titulares de esas licencias ven incrementado su valor. De la misma manera, un inmueble que no tiene licencia, como los que se construyeron en Seseña en 2008, no es una vivienda y para eso no hay mercado. Simplemente porque carece del título que te habilita para acceder a la infraestructura urbana.

Esta es la razón por la que el urbanismo en todos los países de Occidente es potestad de los Estados, sin excepción. Ni en el país más liberal del mundo existe una ciudad regida por el “mercado”. No se trata de una ambición regulacionista, es que no podría ser de otra manera. Solo en los lugares donde no hay Estado –y, por tanto, no hay infraestructuras– como en los arrabales de Lagos y en las chabolas de Bombai puede existir un mercado de la vivienda “libre”.

Dicho de otra manera, las licencias de vivienda no son “bienes de mercado” como si fueran pomelos o camisas de Zara: son derechos de uso que los estados otorgan sobre sus propios activos, son el “capital” de un país, o su accionariado. Como las acciones de una empresa, suben o bajan en función de lo que “mejore” ese país.

Los precios de la vivienda han subido durante décadas (con la única excepción de los años posteriores a la crisis de 2008) porque España no ha dejado de invertir en servicios públicos y en bienes comunes. De manera que hoy las ciudades españolas valen más que hace 50 años. Y las “acciones” de esas ciudades, que son las viviendas, capturan ese valor.

Solo desde este lugar se entiende hasta qué punto el rentismo es una nueva forma de feudalismo. Y es que los impuestos que financian todas esas infraestructuras –el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades– se pagan entre los habitantes y el IBI —el único impuesto que grava directamente la propiedad inmobiliaria— no llega al 4,75% de toda la recaudación pública. Es decir: subvencionamos colectivamente la revalorización de un activo del que solo se benefician algunos.

Y a continuación se desvela el auténtico disparate del rentismo: Estamos consintiendo que unos cuantos fondos extranjeros compren esas licencias que dan acceso a nuestros propios servicios públicos y le cobren a las familias arrendatarias un alquiler por acceder a ellos.

¿De quién debe ser la propiedad de los bienes comunes? ¿De todos, o de unos pocos? ¿Tiene sentido que le vendamos la propiedad del país a unos fondos extranjeros? ¿Puede haber una democracia donde no todos somos propietarios por igual de nuestro propio país?

Cuando hablamos de un “problema de la vivienda” lo que tenemos entre manos no es un problema habitacional. Es un conflicto por el reparto de esas acciones del país, por su capital colectivo. 

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a cadenas como Mercadona, Dia, Lidl, Aldi o Coviran, entre otras, niega que las empresas del sector “se forren” con las subidas de precios que se producen, sobre todo, en crisis internacionales, como la actual en Oriente Medio. “Es muy poco rigurosa la apreciación de que los supermercados se forran”, ha asegurado el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, en la presentación de un estudio sobre la formación de precios en la cadena agroalimentaria. “Uno va cada día a comprar para comer y no va cada día a comprar cartuchos para la impresora, eso es menos noticia y los precios también han subido”, ha asegurado.

Duran i Lleida ha mencionado la “demagogia que a veces se utiliza, para no explicar cómo es la formación de precios” y que “hay mensajes intencionados o no, que apuntan malas prácticas”. “Hay que poner de relieve la competencia, que cerca de casa tengamos cinco o seis”, establecimientos de distribución alimentaria, ha señalado.

Ante la guerra en Irán, “queremos dar tranquilidad” y un mensaje de “compromiso, en mayúsculas”. “La cadena ha demostrado su eficacia, cómo en situaciones muy difíciles”, como en la pandemia, “toda la cadena dio una respuesta eficaz”.

“Hay madurez en la cadena, todos debemos ser conscientes de que cualquier demagogia perjudica a todos los integrantes de la cadena, queremos aportar tranquilidad”, ha indicado el presidente de Asedas.

Correlación de precios

En ese mismo acto, Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, también ha descartado que los supermercados “se forren”. “Rotundamente, no. Ni los supermercados, ni el resto de eslabones de la cadena alimentaria. Somos líderes mundiales y eso hace que los españoles tengan la producción muy cerca y garantizada”, ha indicado.

“Tenemos una industria transformadora que es exportadora y la distribución alimentaria es tremendamente eficiente. Tenemos más de 400 empresas que suponen más del 50% del gasto de los españoles en alimentación, a eso se suma que uno de cada tres euros que destinamos a comer se gastan en la restauración”. ha argumentado Medina.

“Cuando se analiza la cadena y se ven tres o cuatro campañas”, seguidas “se ve que hay una correlación entre los precios en origen y en destino”, ha explicado Medina.

Por su parte, Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide, al presentar el análisis de la cadena de valor agroalimentaria, ha señalado que “está pasando de nuevo lo mismo, por la subida de precios, la sociedad busca culpables. Son análisis simplistas”.

Como ejemplo del “simplismo analítico”, ha señalado “el aguacate”. “Sale del agricultor a 0,60 euros y se vende a 2,50 euros”. “Es un simplismo decir que ha sido el que vende el que ha subido el producto. Esto es economía, pero también es una labor. Hay una cadena de eficiencia económica y social. Hay eslabones de la cadena que son muy importantes”, ha resumido.

Con el estrecho de Ormuz cerrado y la paz en Irán aún lejana, una de las consecuencias más significativas para España y para el conjunto de Europa será el impacto inflacionario. Es decir, cuál será el efecto definitivo de esta distorsión geopolítica sobre los precios y, por ende, sobre el poder adquisitivo de los salarios. Es obvio además que este aspecto tiene siempre una gran importancia en el devenir del ciclo político: si suben mucho los precios, más difícil lo tendrán los partidos del Gobierno.

Es cierto que los países de la Unión Europea no dependen de manera directa del crudo que transita por el estrecho de Ormuz: en el agregado europeo, los principales proveedores son Estados Unidos, Noruega y Kazajistán, y en el caso concreto de España pesan más Nigeria, México, Brasil y Estados Unidos. Pero eso no significa que se libren de las turbulencias. En primer lugar, porque sí dependen de otros productos que se manufacturan en Oriente Medio, como los fertilizantes. En segundo lugar, porque dado que los precios tanto de los combustibles fósiles como de los fertilizantes se determinan en un mercado mundial, los europeos sufren las subidas tanto en petróleo y gas natural como en productos derivados tales como fertilizantes o productos petroquímicos.

Esos precios, como se puede ver en el siguiente gráfico, están al alza desde el inicio del conflicto en Irán y, si las negociaciones de paz no fructifican pronto, podrían alcanzar los niveles que ya vimos con la guerra de Ucrania.

De momento, de lo que tenemos constancia es de un aumento significativo del índice de precios al consumo en nuestro país para el mes de marzo. Como se ve en el siguiente gráfico, este incremento está aún muy lejos de los que vivimos hace cuatro años, pero la tendencia se mueve en la dirección esperada. Durante la crisis anterior, el IPC general se elevó más rápidamente y bastante más alto que el IPC subyacente, lo que significa que fueron la energía y los productos no elaborados los que empujaron arriba los precios. Esto ocurrió bastante antes de que Rusia invadiera Ucrania, como consecuencia de los cuellos de botella generados por la pandemia y los consiguientes problemas de desabastecimiento, pero se agravaron a partir de entonces. El IPC subyacente, de hecho, comenzó a subir con retraso, reflejando las transmisiones de precios desde la energía hacia otros productos de la cesta de consumo. Es básicamente lo que podemos esperar que ocurra en los próximos meses: una subida del IPC subyacente que deteriore los salarios reales de los trabajadores en España, es decir, su poder adquisitivo.

Pero la magnitud del shock es sólo la mitad del problema. La otra —y suele ser la decisiva para el bolsillo de los hogares— es cómo se distribuye ese shock entre salarios y beneficios. Ya en mayo de 2022, en una conferencia titulada The Globalization of Inflation, Isabel Schnabel declaró que “los beneficios han sido recientemente una contribución clave a la inflación interna total, por encima de su contribución histórica”, apuntando además que “muchas empresas de la zona euro —aunque ni mucho menos todas— se han beneficiado del reciente repunte de la inflación”. Además, Schnabel subrayó también que “los hogares con menores ingresos suelen verse especialmente golpeados: no solo sufren una inflación históricamente alta que erosiona sus ingresos reales, sino que tampoco se benefician del aumento de los beneficios empresariales a través de la tenencia de acciones u otras formas de participación”. Schnabel decía todo eso como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

Al fin y al cabo, la inflación es un fenómeno económico que implica a ganadores y perdedores a lo largo de toda la comunidad social —tanto nacional como internacional—. De ahí que preguntas tales como ¿cómo medir la inflación?, o ¿qué causa la inflación? y, por supuesto, ¿cómo moderar la inflación? generen tanta controversia en una ciencia social como la economía. La cuestión que se encuentra de fondo es tan política como cualquier otra: ¿quién, cómo y por qué se determinan los precios?

En las corrientes económicas convencionales —aquellas que se estudian en las facultades— se supone que los precios se determinan en mercados competitivos cuando empresas y consumidores cruzan sus intereses. En esta aproximación no parecen existir fuerzas conscientes, como empresarios o directivos que decidan subir los precios deliberadamente. En algunas interpretaciones estas fuerzas conscientes sólo aparecen encarnadas por los sindicatos, que consiguen subir los salarios por encima de lo que permitiría el mercado y, en consecuencia, generan inflación. Esta ha sido la narrativa habitual en la era neoliberal, que tendía a culpabilizar a los salarios de los procesos inflacionarios.

En los últimos años, sin embargo, incluso los organismos internacionales han aceptado otras formas de analizar el asunto; interpretaciones que existían desde hace décadas, pero que eran rechazadas por considerarse heterodoxas. Por ejemplo, la economía poskeynesiana, y gran parte de la marxista, siempre asumió que los mercados son imperfectos y que son los empresarios los que determinan los precios al incorporar un margen de beneficio (mark-up) a los costes totales. Es decir, ¡la inflación es un conflicto distributivo! Esto es más congruente con lo que muestran los datos, pero también con el sentido común: significa que la inflación no sólo puede subir por las subidas salariales sino también por los incrementos en los márgenes de beneficio.

La OCDE, por ejemplo, utiliza actualmente esta aproximación para evaluar la inflación y el poder adquisitivo. En su reciente boletín salarial, titulado significativamente The real wage recovery is slowing down, el organismo reconoce que los salarios reales están subiendo en los últimos años, pero a un ritmo insuficiente para recuperar todo lo perdido en la anterior crisis (la de 2022). Para medirlo, la OCDE utiliza un método de la descomposición de la inflación que permite cuantificar la “responsabilidad” de cada componente: salarios, impuestos y beneficios. El gráfico, que aparece en su página 23, sólo muestra los datos para la zona euro de manera agregada. Pero para este análisis he construido uno igual para el caso de España, que se muestra a continuación.

Como se puede comprobar, desde el año 2021 la inflación —medida por el deflactor del PIB y representada por la línea del gráfico— comenzó a subir respecto a los años previos de cierta estabilidad en los precios (por debajo del 2%). Podemos observar que ya en el último cuarto del año 2021 la mayor contribución a la inflación vino marcada por los beneficios empresariales (barra azul clarita), mientras que los salarios y los impuestos apenas explicaban una parte marginal. Durante casi dos años ese ha sido el patrón dominante: una inflación impulsada por los beneficios. Sólo a partir de 2024 los salarios comienzan a recuperar terreno, pero a un ritmo muy lento. La conclusión de la OCDE ya sitúa el límite: el crecimiento de los salarios reales está desacelerándose y no podrá recuperar los años perdidos desde 2020 frente a los beneficios empresariales.

La enseñanza fundamental de los episodios anteriores es que la inflación puede tener origen en un shock de oferta (cuellos de botella en el transporte, como ocurrió con la COVID, o en el suministro de energía y otros recursos, como en Ucrania y en Irán) pero rápidamente las empresas con poder de mercado aprovechan para proteger y ampliar sus márgenes de beneficio trasladando y ampliando el shock a lo largo de toda la cadena económica. Es lo que la economista Isabella Weber ha denominado sellers' inflation: ante un shock generalizado, las empresas con poder de mercado encuentran una oportunidad para subir precios coordinadamente, y trasladan el aumento de costes a una expansión de márgenes en lugar de absorberlo. Naomi Klein lo describió antes, en términos más amplios, como la doctrina del shock: el impacto colectivo de una crisis ofrece la coartada necesaria para imponer precios y condiciones que en circunstancias normales encontrarían resistencia. Eso no sólo permite proteger los beneficios empresariales, sino que erosiona los salarios reales y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. Sólo en una “segunda ronda”, mucho más corta y menos intensa, los trabajadores reclaman subidas salariales. La falta de mecanismos automáticos de indexación y la debilidad de la negociación colectiva —entre otras cosas debido a las reformas laborales neoliberales— dificultan la recuperación del poder adquisitivo perdido. De hecho, la propia OCDE reconoce en el citado informe que, para los países de la zona euro, los salarios reales negociados están todavía un 5% por debajo de los niveles de 2020.

El otro aprendizaje es que, aunque las magnitudes de esta crisis sean diferentes a la anterior —cosa que está por ver—, es obvio que repetir las mismas decisiones conducirá a los mismos resultados. Las herramientas para evitarlo existen y son conocidas: impuestos extraordinarios sobre beneficios excedentes en los sectores expuestos a la renta del shock —energía, alimentación, transporte marítimo—; controles de precios sectoriales y temporales en bienes esenciales, como ha defendido Isabella Weber; mecanismos de indexación salarial que repartan el coste del ajuste; y un fortalecimiento de la negociación colectiva que revierta parte de las reformas laborales de la última década. Sin ellas, los ganadores y los perdedores estarán decididos de antemano: como siempre, la clase trabajadora saldrá perdiendo poder adquisitivo, mientras los hogares con capital financiero invertido en grandes empresas y los directivos de éstas serán los grandes beneficiados. Como siempre, la diferencia entre una crisis y otra la marca la voluntad política de modificar quién paga la factura, no tanto la magnitud del shock.

“Más ambición”. Los líderes de la UE reunidos en la cumbre informal que se ha celebrado el jueves y viernes en Nicosia, Chipre, han lanzado un claro mensaje a la Comisión Europea. Las medidas energéticas para luchar contra el impacto de subidas de precios por la guerra de Irán propuestas por el equipo de la presidenta Ursula Von der Leyen son “muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto”. Aunque la factura energética de la UE se ha incrementado en 25.000 millones de euros desde el comienzo de los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán, la respuesta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea ha sido ignorar las peticiones, poner como excusa el diferente mix energético de los estados miembros y remitir a 95.000 millones de fondos europeos pendientes de gastar para que se dediquen a proyectos energéticos

Aunque la Comisión Europea ha tratado de vender las medidas como “oportunas, específicas y temporales”, la realidad es que no dejan de ser un compendio de recomendaciones basadas en la coordinación entre países, la creación de un nuevo Observatorio de Combustibles para hacer un seguimiento de la producción y seguir la línea trazada en la agenda verde de la UE para acelerar la transición hacia una energía limpia autóctona y reforzar el sistema de redes, un discurso que hace años que la Comisión ha puesto sobre la mesa.

A su llegada a la cumbre este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto que se prorrogue durante un año los fondos europeos Next Generation para dedicarlos a inversiones en electrificación y las energías renovables, además de poner el foco en un aspecto bastante polémico en los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas: “Hay que abrir el debate y aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como con el gasto en Defensa”.

En contra de flexibilizar el corsé del déficit

Sin embargo, Von der Leyen ha respondido que la cláusula de salvaguardia que permite flexibilizar el corsé del déficit “solo puede activarse en caso de una grave recesión económica en la zona euro o en la Unión Europea en su conjunto. Afortunadamente, esa no es la situación actual, pero seguimos vigilando muy de cerca la evolución, y el Ecofin debatirá el asunto en detalle, por lo que permanecemos atentos”.

Respecto a la utilización de fondos europeos para inversiones energéticas, la presidenta de la Comisión ha subrayado que “si se suman los fondos Next Generation EU, los fondos de cohesión y el Fondo de Modernización, hay alrededor de 300.000 millones de euros dedicados a inversiones energéticas. De ellos, 95.000 millones aún no se han utilizado. Por ello, he instado a los Estados miembros a que lo hagan”.

Sánchez volvió a recordar que España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal mandó una carta la semana pasada en la que pedían a la Comisión que pusiera en marcha el marco legal para que los países miembros pudieran aprobar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. “Tenemos que hacer una acción coordinada para que se vuelva a crear, como hicimos durante la crisis energética de Rusia, un impuesto a las grandes empresas energéticas, un impuesto extraordinario para permitir financiar buena parte de las respuestas que nos están llevando ahora mismo a protegernos a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias”, ha subrayado Sánchez.

Ni esta medida ni otras que aparecieron en un borrador que trabajaron los técnicos de la Comisión como la obligatoriedad de un día de teletrabajo o la subvención del transporte público han aparecido en la propuesta de Bruselas.

Plan de Acción de Electrificación para este verano

A pesar de la situación de incertidumbre, otras medidas tendrán que esperar al verano, cuando Von der Leyen ha anunciado que se presentará “el Plan de Acción de Electrificación con un objetivo ambicioso, porque el mensaje general de las discusiones fue que debemos avanzar hacia una energía limpia y de producción propia. No es solo una cuestión de asequibilidad, sino también de seguridad económica e independencia”.

La decepción por las propuestas energéticas de la Comisión no es una cuestión de familias políticas. El primer ministro belga, Bart de Wever, conservador, ha respaldado también un marco que regule los beneficios extraordinarios“ de las energéticas y ha subrayado que las propuestas son ”muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto“.

También la ultraderechista primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha remarcado que “sería un error afrontar esta situación solo cuando ya se ha llegado al límite, el precio que se paga entonces es mucho más alto”, añadiendo que la defensa de la UE también debería ser “la protección de la integridad económica europea”.

La mala situación de las cuentas públicas de Italia ya había hecho que Meloni insistiera en que Bruselas debería flexibilizar las reglas fiscales para que los países puedan incurrir en déficit sin que sean castigados por la UE. “En lo que respecta a las ayudas estatales, el margen fiscal no es igual para todos”, ha puntualizado la primera ministra italiana, que ha recalcado que “Europa debe ser mucho más valiente; aprecio la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, pero no es un paso adelante suficiente”.

Mientras que la primera ministra de Letonia, Evika Silina, de centro derecha, ha comentado que los líderes de la UE pretenden “mejorar las propuestas de Bruselas” ante las informaciones contradictorias que lanza Donald Trump sobre la duración de la guerra. “Tenemos que estar mejor preparados para la siguiente crisis. Lamentablemente, los precios de los carburantes van a seguir altos y tenemos que tomar decisiones rápidas”.

Ante el escaso impacto de las medidas de la Comisión, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, país que ostenta la presidencia semestral de la UE, ha informado de que los Gobiernos han decidido encargar a sus responsables de Economía que presenten “propuestas fiscales muy específicas” para afrontar la crisis de precios energéticos. “Hemos decidido pedir a los ministros de Finanzas, que se reúnen en mayo, que prosigan las discusiones para que propongan medidas muy específicas a corto plazo sobre la crisis energética”.

Canarias no deja de aportar datos y registros estadísticos relacionados con el turismo que inciden en el bum ya prolongado (desde la segunda mitad de 2022 y tras la salida de la pandemia de la covid hasta ahora mismo) de la actividad económica propia del sector servicios, centrada en la recepción de visitantes y muy dominante en las islas, en torno al 37% del PIB regional.

Esa es la situación actual, aunque resulta que ahora se está muy pendiente del impacto, también en las islas (Canarias atrajo en 2025 a más de 18 millones de turistas -18,4 millones-, con casi 16 millones -15,7 millones- de ellos llegados del extranjero), de la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias globales, sobre todo por si ese efecto resulta ser más positivo para el turismo: tipo Primavera árabe, por la captación que entonces hubo de nuevos flujos, de más turistas, o más negativo: por el retraimiento de la demanda debido a la posible elevación del coste de los servicios y al aumento consiguiente de los precios, principalmente en los vuelos; por la sensación general de inseguridad y por otros aspectos que puedan influir en la decisión de viajar y, si se hace, finalmente a dónde.

Pese a la actual coyuntura internacional, aún con compleja definición de posibles afecciones a las islas en su sector económico dominante, sí es verdad que el negocio sigue aportando resultados económicos que son notables e incluso espectaculares.

Esta vez, según lo publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su trabajo Coyuntura Turística Hotelera, el de marzo del año en curso, sobresale, y lo hace una vez más, el fortísimo aumento del precio medio de los hoteles en España y, de manera aún más exagerada, para el destino Islas Canarias, donde en menos de dos decenios, 18 años, casi se ha duplicado el valor promedio de contratación de una habitación por noche (de 2008 a 2026, dato de marzo), con un incremento relativo medio en el periodo estudiado del 92,3% (dato de marzo de 2008, base 100).

Ese registro relativo para el destino turístico Islas Canarias, que es la evolución del conocido como Índice de Precios Hoteleros (IPH), está muy por encima del promedio nacional (47,4%) y también dista bastante de los niveles logrados en las comunidades autónomas más aventajadas: Comunitat Valenciana e Illes Balears. En estos territorios, también muy turísticos, las subidas relativas en la misma etapa de análisis llegaron al 45 y el 43%. En el caso de Canarias, el IPH anual, el actual de marzo respecto al publicado en el mismo mes de 2025, crece el 4,21%.

A escala nacional y para marzo pasado, la facturación media de los hoteles por habitación ocupada (el conocido como ADR) fue de 117,8 euros, según las estadísticas de Coyuntura Turística Hotelera del reseñado mes, lo que supuso un aumento del 3,7% respecto al mismo periodo de 2025. Esto, para todo el país. 

Pero en el caso de Canarias, el ADR, aún sin el reflejo de los mejores días de la Semana Santana, que computarán en abril (2, 3, 4 y 5), se situó en 157 euros por habitación y noche, con un más 5,6% interanual, mientras que el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible en las instalaciones hoteleras) alcanzó un promedio absoluto de 136,8 euros por día y un más 5,2% de incremento anual, sin duda auspiciado por la buena ocupación hotelera (75%) que hubo en las islas en marzo pasado, a nada de cerrarse la temporada alta turística en el archipiélago y antes de los días más potentes de Semana Santa.

Para España, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), alcanzó los 75 euros por día o noche, con una subida del 3,8% interanual.

Comportamiento de la demanda

Los destinos principales para hacer turismo interior fueron en marzo pasado Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana, con el 19,8%, 13,9% y 12,7% del total de las pernoctaciones.

En cambio, los más elegidos por los no residentes, equivalente a los extranjeros, fueron Canarias, Andalucía y Cataluña, con el 37,7%, 15,6% y 15,4% del total.

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,2 millones de personas, mientras que los puntos turísticos con más fueron Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. El dominio de este turismo lo abanderan Reino Unido y Alemania.

Ocupación hotelera en Canarias

En marzo de 2026, se cubrió el 53,7% de las plazas ofertadas, el 1,5% más que en el marzo anterior, esto en toda España. El grado de ocupación por plazas en fin de semana y para todo el país subió en cambio solo el 0,1% y se situó en el 59,3%. Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante marzo, con el 75%.

Por zonas turísticas, el sur de Gran Canaria alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 79% y 78,4%, respectivamente. Ahora bien, el punto turístico con mayor ocupación por plazas y en fin de semana fue Mogán (sur de Gran Canaria), con el 80,4%.

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó hasta el 3,6% en marzo en Cantabria, 1,2 puntos por encima de la tasa de febrero y dos décimas por encima de la media nacional, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de inflación de Cantabria es la tercera más alta de España, después de la Comunidad de Madrid (4,1%) y Galicia (3,8%) y junto a la de Baleares. En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,9%.

El INE ha elevado al 3,4% el repunte de la inflación nacional en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado. 

Por grupos de gasto, la tasa anual más elevada en Cantabria correspondió a las bebidas alcohólicas y el tabaco, del 5,7%, seguida por los restaurantes y el alojamiento, con un 5,1% y el cuidado personal, con un 5%. El alza en el grupo de transporte fue del 4,8%, debido a la subida de los carburantes, y en la sanidad, del 4%.

Los alimentos se encarecieron un 2,9% en tasa anual y los gastos de la vivienda un 3,1%, por los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025.

Se registraron repuntes en todos los grupos de gasto salvo en dos: los alimentos, con una tasa del -1%; y las información y comunicaciones, con el -0,1%. Por su parte, la vivienda no experimentó variación respecto al mes anterior.

El índice de precios de consumo (IPC) ha subido un 3,7% en marzo en Castilla-La Mancha en comparación con el mismo mes del año pasado, con el transporte como el grupo que más se ha encarecido al registrar una subida del 5,5% en un año.

A nivel nacional, la inflación ha alcanzado el 3,4% en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, y según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto del país el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue también el del transporte, que subió un 5,3% interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. En Castilla-La Mancha, los precios de marzo en comparación con los del mes anterior han subido un 1,5%.

Se han encarecido un 5,3% el vestido y el calzado; un 4,9% los restaurantes y alojamientos y un 4,7% la vivienda, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco han subido el 4,5%. Además, los seguros y servicios financieros han incrementado el precio un 4,4% y el sector del cuidado personal ha subido un 3,4%.

Por encima del 2 por ciento han subido los servicios de educación, con un incremento del 2,4%; los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una subida del 2,2% y las actividades recreativas, deporte y cultura, con un encarecimiento del 2%.

 Además, los precios de la sanidad han subido un 1,5%; el 0,5% los muebles y artículos del hogar y la información y telecomunicaciones se han encarecido un 0,1% en el último año.

Precios en comparación con febrero

En comparación con febrero, en Castilla-La Mancha los precios que más han subido han sido los de vestido y calzado, con un incremento del 6,4%, seguido del transporte, con una subida del 4,5%.

Además, el precio de la vivienda ha subido en el último mes en la región un 2,2%; las actividades recreativas, deporte y cultura, el 1,3% y los restaurantes y alojamiento, un 1,1%.

Por debajo del 1 por ciento se ha encarecido en el último mes los seguros y servicios financieros, con una subida del 0,4%; el sector del cuidado personal y el de muebles y artículos del hogar, con sendos incrementos del 0,3%, y las bebidas alcohólicas y tabaco y la información y comunicaciones, que en ambos casos se han encarecido un 0,1%.

Sin variaciones han permanecido los servicios de educación y la sanidad y se ha retraído 0,3% el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

UGT pide medidas para mitigar el impacto en las familias hipotecadas

UGT ha señalado que la “importante subida” de los precios en marzo en la región se explica principalmente por el “fuerte encarecimiento de la gasolina y el gasóleo, derivado del mantenimiento y la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio”, al tiempo que ha pedido medidas más focalizadas, como ayudas directas a colectivos vulnerables o destinadas a mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euríbor.

El conflicto bélico “está generando un notable impacto sobre los precios, y una elevada incertidumbre”, tal y como ha explicado la secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa.

Otro asunto que ha destacado la responsable de Empleo del sindicato en la región es la necesidad de articular medidas de protección social y financiera para mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euribor; así como la importancia “ahora más que nunca” de reforzar el diálogo social para garantizar que las familias no pierdan poder adquisitivo.

“En materia de negociación colectiva se hace más necesario que nunca garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Los convenios colectivos con cláusulas de garantía salarial son una herramienta fundamental para proteger a la clase trabajadora frente a una inflación que no han provocado, evitando que el peso de la crisis recaiga, una vez más, sobre quienes viven de su trabajo”, ha afirmado la líder sindical.

CCOO reclama mejoras salariales para paliar los efectos

CCOO ha reiterado su reclamación de mejoras salariales para evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo y vuelvan a ser quienes sufran principalmente las consecuencias de la inflación. El sindicato ha subrayado que continuará exigiendo la subida de los salarios en las diferentes mesas de negociación de los convenios colectivos con el objetivo de corregir el desequilibrio entre el crecimiento de los precios y el de las rentas de las personas trabajadoras, según ha informado CCOO en nota de prensa.

En este sentido, el secretario regional de Acción Sindical, Ángel León, ha advertido que “el conflicto bélico internacional no puede ser la excusa de las patronales de las cinco provincias para ahondar en la precariedad y en la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, mientras los márgenes empresariales actuales, que permiten garantizar el IPC, se consolidan en máximos históricos”.

Bruselas por fin empieza a dar pasos concretos sobre medidas para paliar el fuerte incremento de los precios de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio. La Comisión Europea ha anunciado este lunes que “está recabando la opinión de los Estados miembros sobre un proyecto de propuesta de un Marco Temporal de Ayudas de Estado para la crisis” que permite a los países cubrir parte del aumento de precios del combustible o de los fertilizantes, conceder una cantidad limitada de ayuda por empresa, un aumento del porcentaje máximo de ayuda para los costes de electricidad de las industrias con alto consumo y la subvención del coste del combustible utilizado para la generación de electricidad a partir de gas. La Comisión tiene como objetivo adoptar estas medidas antes de finales de abril.

La falta de concreción de la finalización del conflicto en Oriente Medio iniciado por Estados Unidos e Israel con sus bombardeos sobre Irán ha hecho que Bruselas mueva ficha para paliar el impacto de los precios de los combustibles en los bolsillos de los ciudadanos y las empresas europeas. Como en otras ocasiones, la Comisión se basa en el articulado de sus propios tratados que permite conceder ayudas para desarrollar determinados sectores económicos ante riesgos económicos específicos e inesperados.

El fracaso de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos y la confirmación por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, del bloqueo de los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, donde en periodos de normalidad circula el 20% del petróleo que se consume en el mundo, han disparado otra vez los precios de los combustibles.

Muchos países europeos, como es el caso de España, ya han aprobado su paquete de medidas mientras que Bruselas va más lenta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta el pasado 16 de marzo a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que iban a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado”: “Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”.

En teoría, las medidas se iban a presentar en la cumbre europea que reunió a los mandatarios de los Estados miembros el pasado 19 de marzo en Bruselas. Pero, pese a que había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo, tras 12 horas de reunión, solo se consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. 

La Comisión pasa ahora a consultar a los Estados miembros para “conocer su posición sobre un marco específico y temporal que aborde los efectos de la crisis en algunos de los sectores más expuestos de la economía, como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera y el transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE”. Según Bruselas, el proyecto de propuesta también incluye un ajuste temporal del Marco de Ayudas de Estado del Pacto Industrial Limpio , “que permitiría mayores intensidades de ayuda para hacer frente a los picos en los precios de la electricidad”.

Medidas temporales

Las medidas que se están dirimiendo entre la Comisión y los países miembros son “apoyo temporal para los sectores más expuestos que cubra parte del aumento de precios del combustible o de los fertilizantes, en comparación con la situación anterior al 28 de febrero de 2026” y “conceder una cantidad limitada de ayuda por empresa (excepto para el transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE).

Otra ayuda se daría mediante el “incremento del porcentaje máximo de ayuda para los costes de electricidad de las industrias con alto consumo energético, que sería por encima del máximo actual del 50%.

Además, la Comisión se muestra dispuesta a evaluar otras medidas temporales como “la subvención del coste del combustible utilizado para la generación de electricidad a partir de gas, con el fin de reducir los costes globales de la electricidad” y deja sobre la mesa la posibilidad de añadir “medidas adicionales para abordar los efectos de la crisis”.

En este sentido, durante la crisis del Covid se suspendió el procedimiento de déficit excesivo lo que permitió a los países de la UE romper en corsé de deuda que impone la UE para facilitar la salida de la crisis que provocó la pandemia. De todas maneras, Von der Leyen ha asegurado este lunes que en la situación actual no es necesaria una medida de este calado.

No hay ninguna mención a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea para impulsar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena escalada de precios del petróleo provocada por el conflicto con Irán.

Ahora, los Estados miembros tienen la posibilidad de “formular observaciones sobre el proyecto de propuesta de la Comisión y responder a estas preguntas. La Comisión evaluará rápidamente las respuestas con el objetivo de adoptar el Marco Temporal antes de finales de abril.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.