Cómo la rebelión en un instituto de la periferia parisina encendió un otoño de cólera social contra Macron
Las manifestaciones de las últimas semanas lo han vuelto a dejar claro. Un malestar social ha ido acumulándose en Francia hasta transformarse en una cólera que desborda a las autoridades. Las protestas que se suceden por todo el territorio son el reflejo de un país que —como avisan estudios y encuestas— ha interiorizado un sentimiento de injusticia y de desprecio por parte del poder, que provoca, a su vez, un clima de desconfianza y hostilidad (en francés, défiance) hacia las instituciones.
Una cólera que tuvo un primer estallido durante la crisis de los 'chalecos amarillos' de 2018-2019, que se volvió a manifestar en las protestas contra la reforma de las pensiones y que ha resurgido en estas últimas semanas. Esta vez, la chispa prendió en el Instituto Saint-Exupéry de Créteil, a las afueras de París, el pasado 17 de septiembre. La situación que encontraron los alumnos al inicio del curso fue el detonante de un movimiento de protesta que rápidamente encontró eco por todo el país, especialmente en la banlieue de las grandes ciudades.
En realidad, los problemas que señalan los alumnos no son nuevos. Los profesores llevaban mucho tiempo protestando, lo mismo que los padres, ante la degradación en los edificios, ausencias de docentes no reemplazadas, falta de medios, falta de plazas en la educación superior... En las últimas semanas, son los jóvenes los que han tomado el relevo de esas reivindicaciones concretas sobre el estado de la educación pública, a las que se añade una inquietud más profunda.
En Francia, el nivel de estudios influye más en la trayectoria social que en la mayoría de los países de la OCDE, lo que acentúa la presión sobre las familias y sobre los alumnos. Por eso la ansiedad sobre el futuro impulsa las manifestaciones; es también una de las razones por las que el sistema de acceso a la educación superior (Parcoursup) se encuentra en el centro de las críticas y las reivindicaciones.
“En Francia, más que otros países, el servicio público permitía reducir la desigualdad social. En la escuela, en la salud, etc”, subraya a elDiario.es Laurent Bonelli, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París-Nanterre. “En 1986, aproximadamente un 30% de los jóvenes tenía bachillerato, hoy ese porcentaje es de cerca del 80%. La educación formaba parte de un sistema de emancipación social, eso implicaba un sistema universitario acorde, que abriera nuevas plazas en las universidades”.
Pero, en la década de los 2010, se produce un punto de inflexión, la inversión en educación superior se reduce. “Hay cada vez más titulados en bachillerato, pero las plazas no aumentan. En muchos aspectos, Parcoursup es la representación de todo un sistema social que se derrumba”, resume Bonelli.
Por eso no es casualidad que la movilización de los estudiantes de secundaria y bachiller se iniciara en la banlieue parisina. Fuera de las grandes ciudades es donde más se siente el deterioro y los recortes en los servicios públicos. También es allí donde la movilidad social, a través de un sistema educativo que compense las desigualdades de origen, importa más.
Confluencia de protestas
Los estudiantes no son los únicos que salen a expresar su malestar y sus deseos de cambio. La acumulación de crisis, en particular relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos, con el poder adquisitivo y con la desigualdad social y territorial hacen que las protestas, huelgas y bloqueos se sucedan constantemente.
Hace unos meses fueron los bomberos; hace un año, las protestas del movimiento Bloquons Tout; hace dos, los agricultores. Antes de eso, el personal sanitario, los profesores de la escuela pública y los funcionarios del sistema ferroviario. El resentimiento aumenta en intensidad de año en año en un contexto de inflación, de aumento del precio de la energía, de estancamiento de salarios. Con el cambio climático como telón de fondo, una fuerza que añade cada año más presión a todos los sectores, desde la alimentación a la salud.
En este contexto, las rentas más bajas y los trabajadores más precarios sufren con más intensidad las consecuencias de las diferentes crisis. Por eso los sindicatos, ignorados sistemáticamente por Emmanuel Macron y sus gobiernos, intentan volver a movilizar a los trabajadores reclamando medidas que alivien la crisis del poder adquisitivo, especialmente en los salarios más bajos.
Después de las grandes movilizaciones de los últimos sábados, llaman a una huelga general el jueves 5 de noviembre. La Conferencia Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) reclama “un electroshock en materia de poder adquisitivo”, en palabras de su secretaria general, Marylise Léon. “Hay que pasar del punto muerto a la quinta marcha”.
La CFDT reclama un aumento de 100 euros netos del salario mínimo interprofesional (ya indexado a la inflación) además de una revisión completa de las tablas salariales de los convenios colectivos. También que se eliminen las exoneraciones fiscales a las empresas que no quieran participar en negociaciones salariales, y medidas de apoyo a los servicios públicos.
La deuda pública como límite
Acusado de lentitud en su respuesta a los jóvenes, y también de infravalorar la cólera social, Emmanuel Macron y su primer ministro, Sébastien Lecornu, buscan ahora medidas para cerrar la crisis. La semana pasada, el ministro de Educación anunció una primera batería para aplacar a los estudiantes, que rápidamente respondieron que las consideraban insuficientes.
Los últimos gobiernos en Francia consideran que la legitimidad democrática solo viene del voto
Unos días antes, el Ejecutivo había anunciado el recurso a 10 millones de barriles de gasóleo de las reservas del país para intentar reducir el precio hasta 18 céntimos de euro por litro. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Roland Lescure, explicó que se está estudiando la posibilidad de un aumento anticipado del salario mínimo interprofesional, previo a su revalorización automática del 1 de enero.
Pero, para el Ejecutivo, la voluntad de actuar en favor del poder adquisitivo y de los sistemas públicos está condicionada por la coyuntura económica, que no deja de empeorar bajo la presión de la deuda, el déficit y los tipos de interés. La voluntad de los gobiernos macronistas es preservar la fiscalidad lo más baja posible para las empresas (en nombre de favorecer la inversión y de recuperar la confianza de los mercados), sacrificando si es preciso las partidas de los servicios públicos.
“La deuda se convierte en una herramienta que permite recortar, en una manera de disciplinar los servicios públicos e imponer la austeridad”, señala Laurent Bonelli. “Porque en Francia el problema fiscal no viene tanto de una subida de costes, sino de todos los regalos fiscales [a empresas y rentas altas], que provocaron que se redujera la recaudación”.
Además de la falta de voluntad, la aprobación de los presupuestos para 2027 requiere un compromiso parlamentario de múltiples fuerzas que a día de hoy parece difícil. La derecha tradicional exige aún más recortes, lo mismo que la extrema derecha; los partidos de izquierda, al contrario, una mayor contribución fiscal de las rentas altas y las grandes empresas, para preservar el modelo social.
Una cólera que no desciende
En este contexto, se perfila un nuevo otoño cargado de movimientos sociales en Francia, con el debate presupuestario atascado en la Asamblea Nacional de telón de fondo y con un clima de polarización a seis meses de las elecciones presidenciales. Movimientos que pasan además por nuevas formas de protesta, más segmentadas y, en ocasiones, impredecibles.
Los cuerpos intermedios, como los sindicatos, que solían canalizar las protestas, también están desbordados y no satisfacen a una parte de la población. En parte, porque han sido ignorados sistemáticamente por el poder macronista, pero además porque, como señalan varios expertos, tienen un número bajo de afiliados y les falta presencia real en las empresas.
Parte de la salida de la primera crisis de los 'chalecos amarillos' pasó por la apertura de nuevos espacios de diálogo –además de medidas sociales–. La Convención Ciudadana por el clima, un Gran Debate Nacional y la puesta a disposición de Cuadernos de quejas (cahiers de doléances). Sin embargo, el Ejecutivo filtró muchas de las propuestas salidas de aquellos debates y sólo una pequeña parte se materializó en la legislación. En cuanto a los cuadernos de quejas, no dieron lugar a ninguna acción.
Tanto los jóvenes como muchos de los trabajadores que se manifiestan hoy han crecido en un país en el que todo se negocia lejos de ellos, en órganos de los que apenas se habla. Así, la sensación de muchos de los manifestantes estos días es que la única forma de hacerse oír pasa por la capacidad de provocar bloqueos y de ocupar el espacio público (como ya había ocurrido con los agricultores en años anteriores).
En este caso, la gestión policial de los bloqueos de los institutos y los graves incidentes ocurridos, con varios jóvenes heridos de gravedad por “el armamento no letal” de los antidisturbios, marcan un nuevo deterioro de la relación entre las autoridades y los jóvenes. Entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre, 6.877 personas fueron detenidas, de las cuales el 86% eran menores de edad, según el Ministerio de Justicia. Sólo en la jornada del 17 de octubre se contabilizaron 2.513 detenciones.
“Los últimos gobiernos en Francia consideran que la legitimidad democrática solo viene del voto”, afirma Laurent Bonelli. “Consideran que, una vez que se ha votado, tienen carta blanca para hacer lo que quieran y tienen dos maneras de resolver los conflictos sociales: una es la represión policial, con un incremento de la brutalidad —nunca en un país de la Europa moderna ha habido tantos heridos y mutilados en protestas— y la otra son medidas dilatorias; no aceptan lo que reclaman los millones de personas que salen a la calle pero dicen: 'Vamos a abrir una concertación”, asegura.
Con estos antecedentes, no es extraño el escepticismo ante las escasas promesas del actual poder político. Y, a falta de herramientas para resolver las quejas, la respuesta de seguridad y el uso de la fuerza sustituyen al diálogo. Especialmente después de los saqueos del 17 de octubre, tras los que el Gobierno ha decretado toques de queda y endurecido las condiciones para convocar manifestaciones.
“Emmanuel Macron y su Gobierno han decidido dar un paso más en su deriva autoritaria. Prohíben nuestras manifestaciones, imponen toques de queda y cierran los centros urbanos a los manifestantes”, ha advertido la coordinación de los 'chalecos amarillos'. Este movimiento también quiere aumentar la presión contra Emmanuel Macron —que concentra en su persona gran parte de la ira— y convertir en un viacrucis los últimos meses de su mandato.
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