Los audios y mensajes que estamos conociendo relacionados con la última trama de corrupción política vinculada a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, hablan de sobornos, de comisiones y también de prostitución, un elemento que parece formar parte del paisaje macho de la corrupción política y personal. Es una práctica a la que se acude o se comenta en grupo, que cohesiona relaciones y es también una exhibición de poder, incluso una celebración del éxito, y una confidencia que une para siempre a los hombres.

Desde el caso Gürtel al caso Mediador, pasando por un directivo de una fundación pública andaluza, repasamos varios casos de corrupción de los últimos años en los que aparece este ingrediente. Hablamos con Marcos Pinheiro, jefe de Política de elDiario.es, Jennifer Jiménez, periodista de Canarias Ahora y Dani Cela, de elDiario.es en Andalucía. Con Ana Requena, redactora jefa de Género, abordamos este fenómeno desde una óptica feminista y sacamos algunas conclusiones sobre la misoginia que entrañan estos comportamientos.

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando V.R. por la contratación “ilegal” y “absolutamente irregular” en dicha fundación del exalcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio T.G. “por su sola voluntad, amistad y afinidad política”, de manera que éste último percibió un total de 359.973 euros tras ser contratado en la Faffe pese a que “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.

En la sentencia notificada este miércoles a las partes personadas en este procedimiento, el tribunal condena al ex director general técnico de la extinta Faffe a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Asimismo, la Sección Tercera condena al exprimer edil a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo igualmente en los dos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Además, los dos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 359.973 euros, que fue la cantidad percibida por el ex alcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según establece la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la vista oral, celebrada en el mes de octubre de 2024, la Fiscalía solicitó para Fernando V.R. cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, mientras que para Antonio T.G. pidió dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, así como que indemnizaran a la Junta con la cantidad que ha sido finalmente fijada en la sentencia.

Los magistrados consideran probado que, tras las elecciones municipales de 2003, el exprimer edil condenado perdió la Alcaldía de Lebrija después de 24 años en dicho cargo, acudiendo “directamente” a Fernando V. “pidiendo trabajo”, a lo que éste último accedió “con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe”, un punto “innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público”.

La Sección Tercera añade, además, que “no consta” que el ex alcalde “se encargara en ningún momento de este aspecto financiero, tampoco que tuviera aptitudes para asumir y desempeñar las funciones correspondientes a esas funciones”, señalando asimismo que “exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo, a lo que accedió igualmente” el ex director de la Faffe, e “impuso sus condiciones salariales”.

Puesto creado “ad hoc”

“Como el organigrama administrativo de la Fundación no contemplaba puesto” para Antonio T., el ex responsable de la Faffe “creó uno ”ad hoc“, que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas”, un departamento que, según indican los magistrados en la sentencia, “es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito”, y de hecho el acusado “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.

La Sección Tercera considera probado que, “a pesar de ello”, el ex alcalde “se hizo con una tarjeta de visita o presentación en la que constan sus datos personales y el nombre, cargo y anagrama de la Fundación, con el logotipo de la Junta de Andalucía”, indicando en este punto que el encausado “no tenía más dependencia jerárquica y funcional” que la del ex director de la Faffe.

Según aseveran los magistrados, el ex alcalde de Lebrija “nunca se integró en el Comité Directivo ni en la estructura orgánica de la Fundación, no acudió a ninguna de sus sesiones, no acudía a trabajar a la sede de la Fundación, al punto que era desconocido por otros trabajadores y directivos”.

Tal y como explica la Audiencia, este acusado fue contratado el 1 de julio de 2003, “suscribiendo el acusado Fernando V. personalmente el contrato”, como gestor de Recursos Municipales con categoría de Mando, un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efecto 1 de diciembre de 2004 como directivo, con una retribución de más de 40.000 euros anuales, encontrándose así de alta como empleado en la Faffe hasta su extinción y su integración (3 de mayo de 2011) en el SAE.

“Los escasos trabajos -reducidos a contactar con algún político o autoridad en diez años que desempeñó las funciones, hasta que el personal de la Faffe fue integrado en el SAE y sus relaciones jurídicas se subrogaron en las mismas- los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail”, ponen de manifiesto los magistrados.

Contratación “injusta y arbitraria”

En este sentido, consideran que la contratación del ex alcalde por parte de la Faffe, “a instancia” de Fernando V., “fue por su sola voluntad, amistad y afinidad política, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar, se llevó a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa y disciplina interna mantenida por la Faffe y con lo establecido en la legislación aplicable”.

Al hilo, insisten en que “la presunta existencia de la persona de Antonio T. como contratado era desconocida para el resto de empleados, ya que no desarrollaba su trabajo en ninguna de las sedes de la Faffe”, añadiendo que “no existe ninguna prueba documental que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe”.

A juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el ex alcalde “ha contribuido a dicha ilícita contratación, aportando elementos que pudieran ofrecer una apariencia de legalidad a la misma, concertándose con Fernando José V. para llevar a cabo dicha irregular contratación”.

“La contratación es ilegal, grosera (…), está basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad”, sostienen los magistrados, que subrayan que “esta forma de contratar por la administración pública es ilegal porque está fuera de toda norma”. “La contratación en Faffe es al libre arbitrio del acusado Fernando V. (con colocación de personas afines, enchufados)”, indican.

Por todo ello, los magistrados concluyen que “la irregularidad de la contratación tenía como objetivo proporcionarle” al ex alcalde “un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones y patente empobrecimiento del erario público”. “Antonio T. no fue a trabajar pero recibió el dinero”, apostillan, lamentando asimismo “el desprecio patente a la legalidad administrativa que determina la actuación” de ambos acusados.

“La conducta enjuiciada era fruto de un acuerdo entre ambos acusados para, aprovechando su cercanía personal o política, detraer fondos públicos en su propio beneficio y correlativo perjuicio para las arcas públicas”, recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, fechada el día 29 de abril de 2025.

Después de que el pasado mes de octubre trascendiera el informe hecho por la Guardia Civil analizando 235.125 correos electrónicos que se intercambiaron responsables y técnicos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en los años que estuvo activa, entre 2003 y 2011, un juzgado de Sevilla ha acordado citar como investigadas a 21 personas por “serios indicios de la irregular contratación de personal”.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en este nuevo auto de fecha 29 de enero, el juez instructor de esta pieza de la macrocausa de la Faffe amplía y prorroga el plazo de instrucción de la causa por otros seis meses adicionales y acuerda la práctica de una serie de diligencias. Entre los llamados a declarar están el ex director general técnico de la entidad Fernando Villén o la directora económico-financiera Ana Valls, ambos ya condenados por malversación y falsedad en documento oficial por los pagos en clubes de alterne del primero con tarjetas bancarias de la extinta entidad pública.

Según el auto del juez, la Faffe habría llevado a cabo “licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente, en el curso de los ejercicios -al menos- 2008, 2009 y 2010; acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad; obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios”.

“Indicios delictivos”

Ante ello, el magistrado acuerda librar oficio a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que emita un informe sobre “relación y número de las subvenciones concedidas por el SAE a la Faffe” desde 2007 hasta su extinción/liquidación en 2011; “relación y número de los expedientes de reintegro y/o de revisión de oficio, en su caso, iniciados y/o tramitados en relación a tales subvenciones, con indicación expresa de las deficiencias e irregularidades apreciadas en tales expedientes”, así como “relación, número y cuantificación de las deudas por reintegro de la Faffe que, en su caso, se entendieran extinguidas al ser absorbida dicha Fundación, tras su liquidación, por el SAE”.

Asimismo, el juez acuerda librar oficio a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una serie de documentación e información relacionada con la contratación por parte de la Faffe de diez personas concretas.

El instructor explica en el auto que, de lo actuado, “se deducen indicios delictivos que guardan relación con la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, en esencia, con diversas -pero conexas- conductas desarrolladas en el seno de la Faffe en relación a la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones”.

Tras precisar que, según el análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9.465.332 euros, el juez alude igualmente a “la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, y ello “en íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias que permitirían realizar imputaciones de gasto -por servicios no prestados, desde luego -al menos-, en el marco de la correspondiente subvención- a las mismas”.

“Al margen del procedimiento legalmente establecido”

De igual modo, el instructor hace mención en el auto a la existencia de “serios indicios de la irregular contratación de personal por parte de la Faffe; de modo que se habría detectado la posible injustificada -sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación- contratación de, al menos, 84 personas”, una contratación que habría sido realizada “con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales -con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones- por parte de aquéllos”.

“La investigación policial hasta la fecha practicada y aportada a los autos permite colegir que, por parte de los responsables de la Faffe, se habría procedido a la contratación de determinado personal -bien directamente, bien a través de personas subcontratadas-, de forma discrecional y al margen del procedimiento legalmente establecido, es decir, sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad”, según asevera el juez, que agrega que, “igualmente, esta contratación habría podido responder a contraprestaciones por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales”, a lo que se suma que “determinado personal podría no contar con la cualificación necesaria”.

Así, el juez ordena citar al exdirector de la Faffe Fernando Villén para el 1 de abril, mientras su hermano Manuel, exdirector de Administraciones Públicas de la entidad, está citado para el día 25 de marzo y la exdirectora financiera, Ana Valls, el 11 de marzo.

El calendario de citaciones incluye a C.L.V, directora de Garantías Institucionales de la Faffe, J.L.Á.B., responsable de la empresa Proyempleo como beneficiaria de las contrataciones investigadas, M.R.M., adjunta en la Dirección de Organización y Desarrollo Institucional de la Faffe y Adjunta en la Dirección de Desarrollo de Personas; o M.J.V.V., responsable de la Dirección de Desarrollo Territorial, entre otros investigados.

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) fue disuelta en 2011 pero, como los muertos del Tenorio, goza de buena salud. Un año después de la sentencia que condenó al que fuese su director, Fernando Villén, a seis años de cárcel por pagar con dinero público en prostíbulos, y tras dos comisiones de investigación en el Parlamento andaluz (la segunda sin cerrar pero en estado de hibernación), ha vuelto a saltar al ruedo político al conocerse ahora un atestado que la Guardia Civil entregó en febrero al juez y en el que se detallan sus tejemanejes para, por ejemplo, contratar a familiares y amigos de cargos del PSOE.

Las llamativas irregularidades que detalla el informe han servido al PP para reavivar este fuego, incluso amagando de nuevo con reactivar una comisión de investigación a la que ya se ha insuflado vida coincidiendo con hasta tres procesos electorales. Ahora además le está sirviendo como escudo ante las revelaciones de que la Junta de Andalucía fraccionó “en fraude de ley” miles de contratos que adjudicó a dedo, a lo que se ha unido la primera investigación judicial abierta al Gobierno de Juan Manuel Moreno por usar una ley derogada para contratos millonarios con la sanidad privada.

El juez ha tomado esta decisión tras una denuncia del PSOE, que entiende que los populares usan ahora la Faffe como parapeto ante estos casos. Para el PP en cambio es al revés, son los socialistas los que utilizan la cuestión de los contratos en sanidad como “cortina de humo” para tapar así las nuevas revelaciones sobre la Faffe, que además coinciden con el juicio a otro exdirectivo de la fundación al que se acusa de cobrar sin ir a trabajar.

“Destruye el correo”

En este contexto político, se ha conocido el informe hecho por la Guardia Civil analizando 235.125 correos electrónicos (de los que 24.576 estaban sin abrir) que se intercambiaron responsables y técnicos de la Faffe en los años que estuvo activa, entre 2003 y 2011. La investigación revela irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas, en la gestión de subvenciones públicas y en la contratación de personal, ya que se han detectado varios casos en los que se daban indicaciones para la contratación de familiares y afines a responsables del PSOE, tal y como avanzó ABC.

El caso más evidente es el mensaje de un directivo que insta a la responsable de personal de Faffe a contratar a varias personas de las que detallan sus lazos familiares con cargos o militantes del PSOE, dándole además una instrucción muy concreta: “Destruye el correo después de que lo hayas utilizado”. “No se me ocurre qué funciones poner a dos de ellas”, admite otra directiva para justificar la contratación de dos personas, a lo que se unen afirmaciones sobre otras dos “que tienen que entrar y no tienen el perfil”. “Ya después lo arreglamos o le decimos que son enchufes de su delegado”, en aparente referencia –según los investigadores– al por entonces responsable de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

El atestado detalla varios casos que evidenciarían que en los años de funcionamiento de la fundación se hicieron contrataciones que “se construyen de manera artificial, con el fin de contratar a determinadas personas, sin atender a las necesidades reales de la Administración, ni a los criterios establecidos para estos procedimientos, tales como mérito, capacidad, igualdad y publicidad”. De esta manera, se apunta a una “concertación entre los diferentes departamentos de Faffe y sus altos cargos para la contratación de determinado personal”, “simulando” un proceso administrativo normal para “dotar las contrataciones de una aparente legalidad”.

“La idea es inventar un proyecto”

Así, se realizan contrataciones innecesarias, incluso a través de compañías que hacen de puente para reclutar al trabajador y, a renglón seguido, suscribir a su vez contratos con la Faffe para sufragar así su salario “más un porcentaje, que habría rondado el 15%, como beneficio para la empresa”. Los investigadores llegan a definir como “práctica habitual” que se contrate a personal “atendiendo a las relaciones personales de estos con responsables de la Faffe y/o cargos públicos y, posteriormente, construir un procedimiento”. Uno de los mensajes es especialmente clarificador en este sentido: “La idea es inventar un proyecto para hacer fijos a programas a algunos. El resto irá a la calle”.

Al margen del capítulo laboral, la investigación apunta otras irregularidades, empezando por que “llama la atención” que en el disco duro facilitado al Juzgado en su momento no aparecen correos de los responsables de la fundación. Aunque el rastro se puede seguir parcialmente en cadenas de conversación, la conclusión es que estas cuentas “habrían sido vaciadas antes de la entrega”.

En lo referente a la contratación de empresas, la Guardia Civil apunta a que –“con la necesaria colaboración de los responsables de la Faffe”– con varias compañías que se repiten de manera reiterada se concertaban verbalmente compromisos de contratación “sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido”. Posteriormente, “se elaboraría un expediente administrativo ad hoc”, hasta el punto de que la propia compañía se encargaba de completar la parte correspondiente a la administración.

Había cambios de fechas para ajustarse a plazos legales, falsas propuestas para dar la sensación de concurrencia competitiva, determinación por el interesado del objeto del contrato... De hecho, desde la Gerencia de Faffe en Granada se requirieron indicaciones para una contratación y la respuesta fueron instrucciones para “simular un procedimiento legal”. También se fraccionaban pagos para así poder hacer las adjudicaciones a dedo, a lo que se une que se han detectado contratos para cubrir servicios que la empresa beneficiaria ya estaba prestando.

La enésima resurrección política

Por último, se han detectado también irregularidades con la justificación de ayudas recibidas por la propia Faffe. Aquí el informe resalta casos en los que se intenta “simular un gasto que permitiese evitar devolver unos fondos públicos, correspondientes a una subvención, que no estarían justificados”. Esto lleva a concluir que “resulta lógico pensar” que los servicios que se tratan de facturar “realmente no se habrían llevado a cabo”.

Este cúmulo de irregularidades ha llevado al PP a insinuar que hay argumentos para sacar de su hibernación la comisión parlamentaria de la Faffe, la segunda sobre este caso. La justificación –que políticamente se entiende como un aviso a navegantes para el PSOE, para contrarrestar su denuncia por los contratos sanitarios– sería ese informe entregado en febrero sobre unos hechos ocurridos hace 15 años y ya juzgados en su pieza central, aunque quedan ramificaciones abiertas.

La mayoría de PP, Ciudadanos y Vox que encumbró a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta en 2019 impulsó entonces en el Parlamento andaluz una primera comisión de investigación. Por ella desfilaron cargos socialistas, incluidos expresidentes como Manuel Chaves y Susana Díaz, pese a que cuando accedió al cargo en 2013 ya hacía dos años que se había cerrado la fundación.

La mayoría de derechas elaboró entonces una propuesta de dictamen, que atribuía responsabilidades políticas a Chaves y José Antonio Griñán, mientras que a Díaz le reprochaba que no hizo lo suficiente como presidenta para investigar el caso. Cuando estaban a punto de cerrarse los trabajos, Moreno adelantó en 2022 las elecciones andaluzas. Y aunque en principio el PP apuntó que se iban a buscar fórmulas para que no decayesen las conclusiones, al final prefirió volver a constituirla y empezar de cero con la correspondiente lista de comparecientes, ahora en puertas de las elecciones municipales de mayo de 2023.

El último pico de actividad se vivió cuando Pedro Sánchez adelantó también las elecciones generales, que fueron en julio del año pasado. Desde entonces, poco se sabe de una comisión en la que sólo se sientan PP y Vox pero que ahora puede volver a florecer alimentada por el último atestado policial. Lo que sí tienen claro los populares, y así lo harán valer con su mayoría absoluta, es que no habrá comisión de investigación sobre los contratos sanitarios como ha reclamado la oposición de izquierdas, porque insisten en que no hay caso y porque eso sería plegarse a la “táctica del ventilador” del PSOE... para que no se hable de la Faffe.

Seis años de cárcel. Esa es la condena que ha impuesto la Audiencia de Sevilla al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén a seis años de cárcel como autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, además de por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía. Asimismo, la exdirectora económica-financiera de la entidad, Ana Valls, ha sido también condenada, en su caso a cinco años y tres meses de prisión, como autora de los mismos delitos.

Así figura en una sentencia emitida el 19 de septiembre por la Audiencia de Sevilla y difundida este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se precisa que a Villén se le ha impuesto también una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante seis años. Junto a ello, tiene que indemnizar a la Junta de Andalucía con 24.129 euros (resultado de restar al importe total de los gastos, ascendentes a 32.566 euros, la devolución realizada por el acusado de 8.437 euros el día 25 de marzo de 2010), así como a que, de manera solidaria con la otra condenada, indemnice igualmente a la Administración autonómica con 6.300 euros.

A Ana Valls, igualmente, se le impone una multa de 5.840 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante cinco años. Ambos fueron juzgados en la Audiencia de Sevilla por un jurado popular en un juicio en cuya primera jornada, Fernando Villén reconocía que había usado su tarjeta de empresa de la Faffe para pagar gastos en prostíbulos, 32.566 euros más al detalle.

La comparecencia de Villén

No obstante, Villén defendía que siempre fue consciente de que debía “devolver” a la Faffe el dinero de todos aquellos usos “indebidos” de la tarjeta para gastos “injustificables” en prostíbulos, extremo que según sus palabras hizo “siempre”, con la “reposición del gasto” de la tarjeta aportando su propio dinero para ello, según sus palabras. La exdirectora financiera de la entidad, Ana Valls, manifestaba de su lado que antes de que estas prácticas trascendiesen a los medios de comunicación, no sabía “nada” de tales gastos, asegurando que sintió “un gran bochorno” al igual que el resto de la plantilla de la Faffe.

Pero según el fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, durante el juicio había quedado probado que el exdirector de la Faffe “no ha devuelto esas cantidades”. Además, le reprochó que hubiese “callado con quién gastó esos más de 32.000 euros” de dinero público en clubes de alterne, en alusión a qué “alto, medio o bajo cargo [de la Administración] o empresarios” le habrían acompañado en aquellas incursiones a locales como Don Ángelo, Top Show Girls, La Casita o la Sala Delux.

Veredicto de culpabilidad

En base al veredicto del jurado, que declaró por unanimidad que Villén es “culpable de una continuada disposición ilícita de fondos” públicos para gastos en prostíbulos y de “falsear” la contabilidad de la entidad, “con la colaboración” de Valls, para “simular las devoluciones” del dinero público empleado. Ahora, la sentencia de la Audiencia declara probado que Villén, “prevaliéndose de su cargo, llevó a cabo de manera continuada una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad, utilizándolos para abonar los servicios que había solicitado en distintos locales de alterne, usando para ello la tarjeta que en cada momento dispuso como director contra las cuentas de la fundación”.

La Audiencia añade que, utilizando tres tarjetas distintas, el condenado “dispuso de 32.566 euros para gastos en prostíbulos con cargo a los fondos de la Faffe”, tras lo que desgrana los establecimientos, fechas y cuantías de estos gastos. En esta línea, resalta que el acusado “dispuso de dichos fondos públicos para su aprovechamiento y lucro personal, en actividades completamente ajenas a la función pública, sin que haya devuelto los gastos realizados a través de ninguna de sus cuentas bancarias ni tampoco en metálico a través de la Caja Central de la fundación”.

Devolver el dinero

Tal y como señala la sentencia, “no existe constancia alguna de que así lo hiciera, pues no recibió resguardo alguno de dichas supuestas entregas, ni quedó en la Caja documentación justificativa que acreditase la recepción por la acusada [Ana Valls] o por la cajera del dinero que hubiese recibido de manos” del ex director de la Faffe. De hecho, precisa que “sólo devolvió parcialmente los gastos realizados los días 22 y 23 de marzo de 2010” en uno de los clubes de alterne.

En relación a Ana Valls, la Audiencia indica que era la directora económica-financiera de la Faffe, “en cuyo departamento que dirigía se llevaba la contabilidad y el control de las cajas”. La sentencia apunta que el exdirector de la fundación “no quería hacer las devoluciones mediante transferencia bancaria, pues su intención era no restituir los fondos públicos sustraídos”.

Al respecto, declara probado que Villén y Valls acordaron “simular las devoluciones de los referidos gastos de tarjeta del primero mediante el procedimiento del ingreso fingido de tales devoluciones en metálico en la referida Caja Central, ordenando” Ana Valls “la anotación de dichas devoluciones en las liquidaciones de la misma”. Eso pese a que esta Caja estaba destinada exclusivamente a atender a pequeños gastos corrientes de carácter periódico como gastos de transporte que habían sido abonados directamente por los empleados, comidas, material o anticipos de viaje, y en la que no debían hacerse ingresos que no fueran pequeñas devoluciones de anticipos“.

“40 veces se apropió de fondos públicos”

El tribunal destaca “la gravedad de los hechos, consistentes en la persistente repetición de actos de apropiación de fondos públicos a lo largo del tiempo, pues si sumamos todos los pagos que realizó mediante la tarjeta de la fundación en los días que se han declarado probados, suman 40 pagos”. Es decir, “40 veces que se apropió de fondos públicos, realizando varios pagos en una sola jornada, llegando hasta nueve pagos en un mismo día”.

En el caso de la exdirectora financiera condenada, y a la hora de establecer la pena a imponer, la Audiencia tiene en cuenta que “sólo existió por parte de la acusada una conducta malversadora y que no se ha acreditado que obtuviera de ninguna de las conductas delictivas acreditadas beneficio propio alguno”.

La Audiencia la condena así por un delito de malversación, sin aplicar la continuidad delictiva en relación a dicho delito. En este sentido, considera que “el único supuesto en el que resulta acreditado que ha participado en una actuación malversadora fue el día 25 de marzo de 2010 con motivo de la firma y cobro de dos cheques por importe de 6.300 euros con cargo a los fondos de la Faffe”.

La comisión de investigación reactivada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha aprobado este martes la propuesta de comparecientes registrada por el Grupo Popular, que incluye, entre otros, al expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, así como a la actual ministra de Hacienda y Función Pública y exconsejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, y a otros exconsejeros socialistas como Javier Carnero, Antonio Ramírez de Arellano y José Sánchez Maldonado, entre otros.

Así lo ha explicado el portavoz del PP en esta comisión de investigación parlamentaria de la Faffe, Erik Domínguez, que ha detallado además, según han informado a Europa Press fuentes 'populares', que se ha acordado también este martes que la próxima sesión procederá a fijar un calendario de comparecencias.

El portavoz del Grupo Popular ha subrayado que se mantiene así “la voluntad expresada desde el inicio de la legislatura de no interferir en el proceso electoral” --marcado por los comicios generales del próximo 23 de julio--, y “desarrollar una labor seria y rigurosa que permita completar la depuración de responsabilidades políticas sobre los graves hechos que se produjeron en la fundación, desde enchufismo a uso fraudulento del dinero público destinado a los parados, y que también están siendo investigados en los juzgados”.

La semana pasada, en la anterior sesión de esta comisión de investigación en la que únicamente están participando diputados del PP-A y Vox, el Grupo Popular hizo público su listado de comparecientes para este órgano de la Cámara sin incluir en él al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, tras “el reciente pronunciamiento de la justicia sobre su estado de salud”, según explicaron desde el PP-A.

El Grupo Popular aclaró entonces que la propuesta de comparecencias registrada incluía a varios ex altos cargos del Ejecutivo andaluz y ex dirigentes de la fundación, entre ellos, el expresidente de la Junta Manuel Chaves; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su condición de exconsejera de Hacienda y Administración Pública, así como a los exconsejeros socialistas Javier Carnero --Empleo, Empresa y Comercio--, Antonio Ramírez de Arellano --Economía, Hacienda y Conocimiento--, José Sánchez Maldonado y Antonio Fernández, que fueron titulares de Empleo, entre otros.

La semana pasada, la comisión acordó también abrir un plazo hasta el próximo día 19 de julio, a las 12,00 horas, para que los grupos puedan solicitar la documentación complementaria que consideren oportuna.

Además de las propuestas mencionadas, la comisión ha acordado también citar para comparecer en la misma, con la iniciativa también del PP-A, al ex director general de la Faffe, Fernando Villén; la expresidenta económico financiera de la entidad, Ana Valls, o los exdirectivos Manuel Villén o Antonio Jiménez, entre otros.

“Nueva oportunidad”

El argumento del Partido Popular es dar “una nueva oportunidad” a los ex altos cargos y dirigentes citados en la anterior comisión de investigación y que no declararon, y con ello “esclarecer y depurar las responsabilidades políticas por el uso fraudulento de fondos públicos en el seno de la entidad”, según sostuvo la semana pasada el portavoz del Grupo Popular en esta comisión, Erik Domínguez.

El también presidente provincial del PP de Jaén argumentó que, al tratarse de una nueva comisión de investigación, “lo lógico es ofrecer a todos aquellos que no quisieron dar su testimonio en la pasada legislatura la posibilidad de acudir de nuevo ante la comisión y dar, ahora sí, explicaciones o aclaraciones sobre los graves hechos que se produjeron en la Fundación, desde enchufismo a uso fraudulento del dinero público destinado a los parados y que también están siendo investigados en los juzgados”.

“Consideramos necesario aclarar las posibles sombras sobre su acceso a ese puesto, dado el historial de la Faffe, que pasará a la historia por ser la gran agencia de colocación del PSOE andaluz”, añadió Erik Domínguez.

Tanto el Grupo Socialista como Por Andalucía renunciaron a participar de esta comisión desde el momento en el que PP-A y Vox acordaron su reactivación tras quedarse sin aprobar en el Pleno del Parlamento el dictamen de la que se desarrolló en la pasada legislatura, debido a la convocatoria anticipada de las elecciones que se acabaron celebrando el 19 de junio de 2022.

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que inicialmente sí se abrió a formar parte de esta comisión, también anunció posteriormente que se desmarcaría de la misma mientras el PP-A no se prestase a constituir otra de investigación sobre los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía durante la pandemia de Covid-19.

El PP andaluz ha hecho público este martes su listado de comparecientes para la comisión parlamentaria de investigación sobre la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y entre los cuales ha descartado la citación del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tras “el reciente pronunciamiento de la justicia sobre su estado de salud”.

Desechada la posibilidad de hacer comparecer a Griñán, el PP-A ha avanzado que en la propuesta que registre incluye a varios ex altos cargos del Ejecutivo andaluz y ex dirigentes de la fundación, entre ellos, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su condición de exconsejera de Hacienda y Administración Pública, así como a Javier Carnero (Empleo, Empresa y Comercio), Antonio Ramírez Arellano (Economía y Conocimiento), José Sánchez Maldonado (Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), y Antonio Fernández (Empleo), según una nota de prensa del partido.

La comisión ha celebrado en la tarde de este martes una nueva sesión, en la que se ha aprobado definitivamente el plan de trabajo, y se ha acordado dar de plazo hasta el mediodía del viernes 7 para presentar las propuestas de comparecencias “en base a la documentación ya existente o informaciones obtenidas por cualquier otro medio”.

En la siguiente sesión de la comisión parlamentaria de investigación se aprobará el listado definitivo y el calendario de comparecencias. Se abre también un plazo hasta el día 19, a las 12 horas, para que los grupos puedan solicitar la documentación complementaria que consideren oportuna.

“Esclarecer y depurar las responsabilidades”

Además de las propuestas mencionadas, los populares propondrán la comparecencia del ex director general de la Faffe, Fernando Villén, la ex presidenta económico financiera de la entidad, Ana Valls, o los ex directivos Manuel Villén o Antonio Jiménez. También se estudia proponer la comparecencia de Isabel Aguilera, secretaria del PSOE de Ronda y responsable de Empleo del PSOE andaluz, acerca de que aclare las informaciones sobre su paso por la Faffe, su posterior paso al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuando la fundación se disolvió y la obtención de una plaza fija en el SAE en la ciudad donde ejerce de portavoz municipal.

El argumento del Partido Popular es dar “una nueva oportunidad” a los ex altos cargos y dirigentes citados en la anterior comisión de investigación y que no declararon y con ello “esclarecer y depurar las responsabilidades políticas por el uso fraudulento de fondos públicos en el seno de la entidad”, según ha sostenido el portavoz del Grupo Popular en esta comisión, Erik Domínguez.

Según ha explicado Domínguez, al tratarse de una nueva comisión de investigación “lo lógico es ofrecer a todos aquellos que no quisieron dar su testimonio en la pasada legislatura la posibilidad de acudir de nuevo ante la comisión y dar, ahora sí, explicaciones o aclaraciones sobre los graves hechos que se produjeron en la Fundación, desde enchufismo a uso fraudulento del dinero público destinado a los parados y que también están siendo investigados en los juzgados”.

“Consideramos necesario aclarar las posibles sombras sobre su acceso a ese puesto dado el historial de la Faffe, que pasará a la historia por ser la gran agencia de colocación del PSOE andaluz”, ha añadido.

Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por haber pagado con dinero público en prostíbulos. El juicio se ha celebrado desde el 29 de mayo en la Audiencia de Sevilla y ha sido en la tarde de este viernes cuando el tribunal compuesto por nueve ciudadanos ha leído su veredicto, que considera “culpable de una continuada disposición ilícita de fondos” públicos para gastos en prostíbulos y de “falsear” la contabilidad de la entidad para “simular las devoluciones” del dinero público empleado “con la colaboración” de la ex directora económica financiera de la extinta fundación pública, Ana Valls. 

Ambos venían siendo acusados de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, representada por Fernando Soto, mantuvo al final del juicio su petición de seis años de cárcel para Villén y cuatro para Valls, mientras que la Junta de Andalucía ejerció la acusación particular y el PP la acusación popular. La Audiencia de Sevilla, tras el veredicto, deberá emitir la sentencia y concretar la condena de los dos enjuiciados.

Villén reconoció haber cargado 32.566 euros en su tarjeta de empresa de la Faffe, aunque alegó en su declaración que, tras cada una de esas diez incursiones en prostíbulos de Sevilla, repuso el dinero. El acusado encuadró los hechos en un momento en el que esas actuaciones “tenían unas connotaciones no tan malas como hoy en día” y, en todo caso, pidió “perdón públicamente” pero negando menoscabo al erario público. “Nunca me he llevado ni un solo euro de la fundación”, dijo.

Continúa la investigación

Valls, por su parte, aprovechó su derecho a la última palabra insistiendo en que cuando supo por los medios de comunicación de todo el asunto, sintió “un absoluto bochorno”, afrontando una situación “traumática” como consecuencia del procedimiento judicial. La exdirectora financiera se declaró “inocente”, negando que incurriese en cualquier “manipulación contable” para encubrir los gastos de Villén con la tarjeta de la Faffe en prostíbulos como Don Ángelo, Top Show Girls, La Casita o la Sala Delux.

Cabe recordar que el PP acaba de reabrir, por tercera vez, la comisión parlamentaria que investigará esta cuestión y otras relacionadas con supuesto enchufismo en el PSOE andaluz en la extinta fundación pública, volviendo a plantearse citar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e incluso al expresidente andaluz José Antonio Griñán. En todo caso, este viernes, el mismo día en que se ha dado a conocer el veredicto del jurado popular, la comisión de investigación sobre la Faffe —con la única participación de los representantes de PP y Vox— ha acordado fijar para el próximo día 27 de junio la reunión en la que está previsto que se apruebe el calendario definitivo de los trabajos de este órgano parlamentario. Asimismo, se ha concedido un plazo de una semana a los grupos parlamentarios para que registren sus propuestas concretas de comparecencias y demás propuestas de plan de trabajo, que serán abordadas en la sesión del 27 de junio.

El juicio con jurado popular que celebra la Audiencia de Sevilla contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía; ha afrontado este martes la sesión correspondiente a las conclusiones y los informes finales de las partes.

En este marco, el fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha mantenido sus peticiones de pena para los dos acusados, en concreto seis años de cárcel, seis años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros para Fernando Villén y cuatro años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 6.000 euros para Ana Valls, por un presunto delito continuado de malversación y otro supuesto delito de falsedad en documento oficial continuado cometido por funcionario público, con Villén como autor y Ana Valls como cooperadora necesaria.

El fiscal Fernando Soto ha destacado que Fernando Villén “ha reconocido” que cargó 32.566 euros de gastos en prostíbulos en su tarjeta de empresa de la Faffe, extremo “evidente” porque incluso figura “en los papeles”, con lo que ha restado todo “mérito” a dicho reconocimiento de los hechos en el juicio. “De arrepentimiento nada”, ha aseverado.

Y frente a la tesis de los acusados de que por todos aquellos usos “indebidos” de la tarjeta para gastos “injustificables” en prostíbulos Villén “siempre” compensó tales cargos devolviendo el dinero a la Faffe con cargo a sus propias finanzas, el fiscal Fernando Soto ha aseverado que el exdirector de la Faffe “no ha devuelto esas cantidades”; reprochándole además que haya “callado con quién gastó esos más de 32.000 euros” de dinero público en clubes de alterne, en alusión a qué “alto, medio o bajo cargo (de la Administración) o empresarios” le habrían acompañado en aquellas incursiones a locales como Don Ángelo, Top Show Girls, La Casita o la Sala Delux.

“De arrepentimiento, poco”

“De arrepentimiento poco”, ha insistido el representante del Ministerio Público, asegurando además que Ana Valls “ayudó” a Villén a “camuflar” estos gastos con cargo a la Faffe.

Más al detalle, el fiscal ha mencionado en primer lugar una cuantía de 1.948 euros derivada de gastos de Villén en prostíbulos con cargo a su tarjeta de la Faffe, que el mismo nunca habría “devuelto por caja” por más que esa sea su versión, porque no hay “justificantes” que lo prueben, según ha dicho.

Al respecto, ha alegado que Villén y Ana Valls introdujeron en la contabilidad de la Faffe toda una serie de cuantías de “viajes” y otros gastos “ficticios”, para cubrir los mencionados cargos en prostíbulos con cargo a la Faffe y que “las cuentas cuadrasen falsamente”, avisando de que tales gastos supuestamente falsos no pesan “facturas” o “tiques” que reflejen la veracidad de tales gastos.

Así, el fiscal ha alertado de que Villén y Valls generaron una “liquidación falsa añadida” para cubrir los pagos en los clubes de alterne, negando que el exdirector de la Faffe reingresase los mencionados 1.948 euros en la caja de la entidad pública.

También ha abordado la factura por 2.000 euros que figura en las cuentas de la Faffe por un almuerzo en la caseta de Feria de UGT en 2008 supuestamente pagado en efectivo, insistiendo en que dicha factura “es falsa” y que la mencionada comida para toda la plantilla no se celebró.

La comida de Feria

Según el fiscal Fernando Soto, si acaso fuese celebrado dicho almuerzo de Feria, sólo lo fue para “políticos o altos cargos” de la Faffe, siendo aquel coste “inflado con 2.000 euros para cuadrar” un gasto similar de Villén en el puticlub Don Ángelo, lo que le ha llevado a recordar que el responsable de la caseta de UGT donde se habría celebrado dicho ágape ha testificado que no recuerda haber emitido dicha factura y que a él “le pagaba UGT”. “¿Qué pinta la UGT en esto?”, ha preguntado retóricamente el representante del Ministerio Público.

Más aún, ha señalado que toda la documentación de este pago está fechada el 30 de abril de 2008, o sea “dos semanas” más tarde de que finalizase la Feria de aquel año. “Ni llevaron el dinero a la Feria ni hubo una comida de 2.000 euros”, ha aseverado, reiterando que la citada factura era “falsa” y respondía al interés de “cuadrar” un gasto similar en el club Don Ángelo.

El fiscal también ha dedicado especial atención a “la gran orgía”, en alusión a los 14.737 euros cargados con la tarjeta de la Faffe de Villén la noche del 22 al 23 de marzo en 15 pagos consecutivos en el club Don Ángelo; así como la posterior anulación de tales pagos, bajo la premisa de que la tarjeta tenía un tope máximo de 3.000 euros al día; y la encomienda al chófer oficial de Villén para que entregase al dueño del club un “sobre” con los 14.737 euros para saldar la deuda.

Al punto, ha recordado que en el juicio ha quedado de relieve que un trabajador adjunto a Ana Valls telefoneó al banco al que estaba adscrita la tarjeta planteando la necesidad de dar “de baja” dicha tarjeta, por “pérdida” de la misma por parte del director general, aludiendo finalmente a que la misma había sido “robada”.

“Casualmente”, ha ironizado Fernando Soto, el mismo día del pago en “sobre” de los 14.737 euros al dueño del club Don Ángelo, Ana Valls extrajo 6.300 euros de las cuentas de la Faffe “sin apuntarlo en la contabilidad” de la entidad y sin que actualmente sea conocido el destino de dicha cuantía, que según sus sospechas habría sido usado para saldar parte de los mencionados 14.737 euros.

Así, el fiscal Fernando Soto ha asegurado que resulta “impepinable” que Villén gastó 32.566 euros en prostíbulos con su tarjeta de empresa de la Faffe y “no ha devuelto ese dinero”, un “gasto ilegal” ante el cual Ana Valls “miró hacia otro lado, lo dejó pasar” y le “ayudó a camuflar”.

Finalmente, ha planteado que hechos de esta naturaleza aconteciesen precisamente en la Faffe, exponiendo que “durante mucho tiempo, en esta región se dieron muchas ayudas a sociedades, fundaciones y consorcios y, casualmente, los problemas siempre están ahí”, quizá porque este tipo de entidades no ha contado con “ningún control” específico.

La Audiencia de Sevilla ha continuado este jueves el juicio con jurado popular promovido contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.

Durante esta cuarta sesión del juicio ha testificado un trabajador de la Faffe, que fuera adjunto a la dirección económica financiera que ostentaba Ana Valls, después de que en la primera jornada Fernando Villén reconociese que había usado su tarjeta de empresa de la Faffe para pagar gastos en prostíbulos, precisando que aquello ocurrió en “diez ocasiones” de los “más de 2.700 días” que estuvo al frente de la Faffe.

Villén, en su comparecencia como acusado el primer día del juicio, defendía que en todo momento supo que por todos aquellos usos “indebidos” de la tarjeta para gastos “injustificables” en próstíbulos, “tenía que devolver” el dinero a la Faffe, extremo que según sus palabras hizo “siempre”, con la “reposición del gasto” de la tarjeta aportando su propio dinero para ello, según sus palabras.

La exdirectora financiera de la entidad, Ana Valls, manifestaba de su lado que antes de que estas prácticas trascendiesen a los medios de comunicación, no sabía “nada” de tales gastos, asegurando que sintió “un gran bochorno” al igual que el resto de la plantilla de la Faffe.

La acusada explicaba, en ese sentido, que Villén tenía la “obligación de compensar” con su dinero los cargos de índole personal que hiciese a la tarjeta de empresa de la Faffe “y así lo hizo en todas las ocasiones”, alegando que su “trabajo” consistía en asegurarse de que Villén formalizase las “devoluciones” de gastos personales cargados a la tarjeta de empresa.

La noche del Don Ángelo

En este marco, este adjunto a la dirección económica y financiera de la Faffe ha respondido a las preguntas del fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, sobre los 15 pagos por valor de 14.737 euros acometidos con la tarjeta oficial de Villén de la Faffe en el club de alterne Don Ángelo de Sevilla capital, la noche del 22 al 23 de marzo de 2010.

Tras dichos pagos, según la investigación de la Guardia Civil, todos ellos fueron anulados desde “el mismo datáfono” con el que fueron cobrados, extremo que “no figura en la contabilidad” de la Faffe según los investigadores, según los cuales, dos días después, el chófer oficial de Villén entregó “un sobre” con 14.737 euros al responsable del club de alterne Don Ángelo por el dinero adeudado.

En el asunto pesan las palabras de Ana Valls, según las cuales inicialmente la mencionada tarjeta de la Faffe estaba limitada a un gasto máximo de 3.000 euros al día, con lo que cuando Villén le comunicó aquellos gastos a la búsqueda de una solución se quedó “descuadrada” en el plano mental.

Al respecto, en la sala ha sido reproducida una grabación de una llamada de teléfono en la que este trabajador adjunto a Ana Valls plantea a un operador de la entidad bancaria a la que estaba adscrita la tarjeta la necesidad de dar “de baja” dicha tarjeta, por “pérdida” de la misma por parte del director general, reflejando la conversación una serie de diferencias entre el empleado y el operador telefónico del banco a cuenta de que la tarjeta estuviese asociada al DNI de Villén y no al NIF de la Faffe.

“Han robado” la tarjeta

La grabación reproduce en un punto concreto, que este adjunto a la dirección económica y financiera de la Faffe insiste en la necesidad de dar de baja la tarjeta “porque la han robado”; reconociendo este testigo su voz en aquella conversación.

No obstante, el mencionado adjunto a la dirección económica y financiera de la Faffe ha asegurado que no recuerda “quién” le reclamó que hiciese aquella gestión ante el banco al que pertenecía la tarjeta ni “ninguna instrucción” respecto a “aquella llamada”.

“No recuerdo nada del proceso de esa llamada”, ha asegurado, descartando que sepa quién le planteó la idea de anular la tarjeta bajo la premisa de que había sido robada, si bien ha precisado, siempre a preguntas del fiscal, que él sólo recibía “instrucciones” de Ana Valls como directora económica y financiera y que “nunca” recibía órdenes directas de Fernando Villén, con quien tampoco habló “jamás” del asunto de la tarjeta.

Sin denunciar el robo

En cualquier caso, ha asegurado que no conoce si el supuesto robo de la tarjeta fue finalmente denunciado ante la Policía y que él, desde luego, no lo hizo.

Ante las alegaciones del testigo en cuanto a no recordar nada de este asunto, ni de otros tantos como si fueron anuladas otras tarjetas de la Faffe, la juez mercedes Alaya, presidenta del tribunal e instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; le ha llamado la atención avisándole de que no podía “evadir las preguntas” como “parece” que hacía, advirtiéndole expresamente de la posibilidad de que deducir testimonio en su contra de persistir en su actitud.

La Audiencia de Sevilla ha continuado este martes el juicio con jurado popular promovido contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.

Durante esta segunda sesión ha comparecido como acusada la ex directora económica financiera de la Faffe, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel, como cooperadora necesaria de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Ana Valls, a preguntas del fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha manifestado que conoció “por la prensa” que el exdirector Faffe Fernando Villén, también acusado en esta causa, había usado la tarjeta de la entidad pública que presidía para pagar gastos en prostíbulos, extremo reconocido por el propio Villén, precisando que aquello ocurrió en “diez ocasiones” de los “más de 2.700 días” que estuvo al frente de la Faffe.

Villén, en su comparecencia como acusado el día antes de la declaración de Valls, defendía no obstante que en todo momento supo que por todos aquellos usos “indebidos” de la tarjeta para gastos “injustificables” en próstíbulos, “tenía que devolver” el dinero a la Faffe, extremo que según sus palabras hizo “siempre”, con la “reposición del gasto” de la tarjeta aportando su propio dinero para ello, según sus palabras.

Ana Valls ha manifestado que antes de que estas prácticas trascendiesen a los medios de comunicación, no sabía “nada” de tales gastos, asegurando que sintió “un gran bochorno” al igual que el resto de la plantilla de la Faffe. “Él no hizo un buen uso de la tarjeta”, ha lamentado.

Al respecto, ha defendido que ella, como directora económica financiera de la entidad, “no contabilizaba” al detalle toda la gestión de la Faffe, que según ha esgrimido tramitaba unas “100.000 facturas” al año, alegando que contaba con un departamento de unas 14 personas.

La “obligación” de Villén

La acusada ha explicado, en ese sentido, que Fernando Villén tenía la “obligación de compensar” con su dinero los cargos de índole personal que hiciese a la tarjeta de empresa de la Faffe “y así lo hizo en todas las ocasiones”, alegando que su “trabajo” consistía en asegurarse de que Villén formalizase las “devoluciones” de gastos personales cargados a la tarjeta de empresa y que las cuentas de la misma fuesen “acordes” a la contabilidad de la entidad pública.

Y es que según ha defendido, como responsable de la contabilidad, “jamás hubiese permitido que un gasto personal” hubiese acabado finalmente repercutido en las cuentas de la Faffe.

El fiscal Fernando Soto le ha preguntado especialmente por 14.737 euros cargados a la mencionada tarjeta la noche del 22 al 23 de marzo de 2010 con 15 pagos diferenciados, extremo tras el cual Fernando Villén entregó una suma similar en efectivo a su chófer oficial de la Faffe para que este pagase al responsable del club de alterne Don Ángelo de Sevilla capital, a cuenta de una incidencia con la tarjeta.

Según ha narrado, Fernando Villén contactó con ella en horas de oficina y le comunicó que había “sucedido un cargo” en la tarjeta que no creía haber realizado él, mencionando que quizá le hubiesen “sustraído” la tarjeta o “distraído” la misma para pagar en su nombre, toda vez que el día previo, el exdirector de la Faffe manifestaba que en un próstíbulo “uno toma copas y eso afecta a las facultades”.

El tope máximo

Ana Valls ha asegurado que Villén no le precisó que los cargos ascendían a 14.737 euros, sino que habló de unos “10.000 euros” aproximadamente, extremo que ya le dejó “descuadrada” porque se suponía que la tarjeta tenía un “tope” máximo de gasto de 3.000 euros al día.

Al punto, y a preguntas del fiscal, ha asegurado que no preguntó a Villén cómo había sido gastada una suma tan elevada de dinero en una sola noche. “No procedía que le preguntase”, ha asegurado. Sí ha reconocido que pensó: “Dios mío, en qué se lo habrá gastado”, imaginando según sus palabras que quizá ese gasto de más de 10.000 euros podría haberlo hecho Villén “tomando copas con amigos”.

Respecto al episodio de los 14.737 euros entregados en efectivo por Villén a su chófer para que este pagase en metálico al responsable del club de alterne Don Ángelo, dinero que según Villén obtuvo de un “préstamo” solicitado a un amigo, Ana Valls ha explicado en un lapso de unos “dos días” el entonces director de la Faffe le comunicó que aquel gasto “ya estaba anulado” de la tarjeta y resuelto, con lo que ella dio “por zanjado” el asunto. “Estaba hecha la devolución y compensado lo gastado”, se ha encogido de hombros.

Es más, ha negado que su cobro de dos cheques bancarios por valor de 6.300 euros en esas mismas fechas tenga conexión con el dinero en efectivo pagado al dueño del club de alterne. “Me parece una locura”, ha dicho sobre tal planteamiento, alegando en paralelo que no recuerda qué destino tuvo el dinero de aquellos cheques e imaginando que quizá fuese entregado después en la “tesorería” de la Faffe por su relación con “algún proyecto”.

El fiscal Fernando Soto le ha preguntado igualmente por el gasto de 2.591 euros en un almuerzo de la plantilla en la caseta de UGT de la Feria de Sevilla de 2008 con cargo a la Faffe, explicando que aquella comida de Feria fue idea de Villén y que ella misma asistió al ágape.

Cash en la Feria

Ha precisado que para la ocasión, tras descartar recurrir a fondos de una ayuda autonómica, fue acordada una extracción “extraordinaria” de cheque por caja por valor de 2.000 euros porque “en la Feria hay que pagar en cash” y que la secretaria de Villén era quien portó el dinero, con el cual fueron siendo pagados los “tiques” generados a lo largo del almuerzo, en el cual incluso “se sobrepasó el importe” inicial de 2.000 euros y después fue necesario saldar una deuda de más de 500 euros “con el casetero”. “La caja se liquidó después”, ha dicho.

En cualquier caso, ha asegurado que Fernando Villén, como director general de la Faffe, “era quien autorizaba los gastos”, insistiendo en que las “devoluciones” de Villén respecto a sus gastos personales con la tarjeta de la Faffe “están anotadas en la contabilidad”, mientras el fiscal Fernando Soto le ha reprochado la ausencia de documentación sobre los “motivos o justificaciones” de los “anticipos” de Villén con cargo a la tarjeta y la ausencia en la “caja” de diferentes supuestas devoluciones.

Así, Ana Valls ha concluido que ella trabajaba como “una técnica” ante su jefe y que como tal tenía “límites” de actuación, argumentando que “no tenía necesidad de encubrir” estas prácticas ni ha sacado “ningún provecho” de todo el asunto. “Me he sentido totalmente engañada”, ha asegurado.

Fernando Villén, ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha reconocido como ciertos los gastos en prostíbulos, hasta en diez ocasiones entre 2004 y 2010 y por valor de 32.566 euros, con cargo a la tarjeta de crédito con dinero público de la que disponía en la Faffe. Esos gastos “siempre y en todos los casos” los devolvió al ser consciente de que eran “injustificables” en el marco de su “actividad comercial”, que en aquellos casos acabó por la noche en esos locales. “Todo uso indebido lo devolví”, ha insistido. “Me arrepiento muchísimo”, ha asegurado al reconocer aquellos pagos.

El juicio con jurado presidido por Mercedes Alaya ha arrancado este lunes, justo después de las elecciones municipales. En principio había sido fijado para la semana pasada aunque la Audiencia de Sevilla accedió a posponerlo a instancias de las defensas. Este procedimiento judicial no ha estado desprovisto de la política antes de unos comicios puesto que, cuando arrancaba la campaña electoral para las andaluzas de diciembre de 2018, el PP desvelaba a las puertas de uno de esos clubes que cerca de 32.000 euros en total se habían abonado en prostíbulos en virtud de un atestado de la Guardia Civil. Los populares, una semanas después, alcanzarían por primera vez la Junta de Andalucía. Esta vez, el primer día de juicio ha coincidido con el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 23 de julio.

La ex directora económica financiera de la extinta fundación pública, Ana Valls, declarará el martes. Ambos están acusados de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, representado por Fernando Soto, solicita seis años de cárcel para Villén y cuatro para Valls. La Junta ejerce la acusación particular y el Partido Popular la acusación popular.

“Me arrepiento profundamente”

Villén ha justificado su presencia en esos prostíbulos en que fueron “en diez días de los 2.890” en que estuvo al frente de la fundación (entre 2003 y 2011), derivada de encuentros “con clientes o personas con interés en entablar relaciones con la Faffe” y que, durante su etapa, sirvió para alcanzar “acuerdos” por valor de “40 millones de euros”, al margen las subvenciones de la Junta ya que estas “no daban margen y había que justificarlas todas”.

El principal acusado, que no ha querido responder “por consejo de su abogado” a las preguntas del abogado del Partido Popular, ha reconocido que era “consciente” de pagar con la tarjeta de la Faffe y, preguntado por el fiscal acerca de un pago de más de 14.000 euros el 23 de marzo de 2010 en un club de alterne de Sevilla, ha expresado que en aquella ocasión “la explicación la pedí yo” porque, según ha explicado, la tarjeta tenía un tope de 3.000 euros, y decidió pagar el dinero “en metálico por caja para evitar complicaciones en su casa.

“Seguramente” aquella noche sacó la tarjeta hasta 15 veces, ha reconocido a preguntas del fiscal. “Tuve que pedir un préstamo a un amigo, metí el dinero en un sobre y se lo di al chófer para que se lo llevara al local al día siguiente”, ha declarado el acusado sobre el procedimiento que siguió para devolver aquella cantidad, anulando los cargos en la tarjeta oficial de la Faffe al saber que eran gastos “indebidos”, según ha insistido a preguntas de las acusaciones y de las defensas, incidiéndose en que no constan en las actuaciones las justificaciones que con posterioridad abonaba Villén. “No las recuerdo”, ha dicho escuetamente el acusado.

Villén ha señalado también que este procedimiento judicial le ha conllevado “una depresión muy grande” y que le ha afectado mucho a su vida personal y social. “Me arrepiento profundamente”, ha confesado algo emocionado acerca de aquellos pagos. Las partes le han ido mostrando algunas de las facturas y pagos con cargo a la Faffe, como una comida de Feria para la cual se preparó una “caja extraordinaria” con la que se abonó un encuentro con fines comerciales.

“La gran orgía”

Durante la primera jornada del juicio, que se alargará hasta el 12 de junio en que se conocerá el veredicto, las partes han expuesto en primer lugar sus alegaciones. El fiscal ha dicho que Villén “gastó más de 32.500 euros del dinero de todos los andaluces en prostitutas”, hasta en “diez ocasiones”, fundamentalmente de Sevilla y Cádiz, la última en un local de la capital hispalense donde gastó “más de 14.000 euros”. “La tarjeta la sacó un total de 43 veces, 15 de ellas en esa última noche”, ha resumido el fiscal, citando lugares como Don Angelo, La Casita, Top Show Girls o Sala Deluxe. Tanto Villén como Valls “idearon un sistema de cajas para ocultar esos pagos”, ha explicado el fiscal al tribunal del jurado, “inventando viajes, facturas y anticipos para justificar” la devolución de esos gastos “y para que las cuentas cuadrasen”. “Hasta que los descubrió la Guardia Civil”, ha insistido.

“La gran orgía de la noche de 22 al 23 de marzo de 2010 fue de tal calibre que intentó simular en el banco que había perdido la tarjeta y que alguien la habría usado y había gastado 14.000 euros”, ha relatado el fiscal, quien ha detallado también la “devolución” de otros dos gastos también en prostíbulos que “nunca se han justificado ni devuelto a las cajas ni fue apuntado en la contabilidad” de la Faffe, creada para promover el empleo y cursos de formación, cabe recordarlo.

La abogada de la acusación particular de la Junta de Andalucía ha expuesto que la administración es “la principal perjudicada” del proceso judicial al tratarse de “un capital de todos los ciudadanos”, haciendo hincapié en que el dinero “no ha sido devuelto a las arcas públicas”. La Junta no acusa a Valls de malversación, a diferencia del Ministerio Fiscal.

“No estamos en un juicio moral”

Por su parte, el representante del PP, que ejerce la acusación popular, ha repasado la investigación en torno a este “caso de corrupción”, destacando que las acusaciones de Fiscalía, Junta y PP coinciden en el relato de los hechos y con base a los informes de la UCO de la Guardia Civil, desde donde se analizaron todas las informaciones que se fueron descubriendo, según ha explicado al jurado, siendo reprochado por la jueza Alaya por no limitarse a exponer en exclusiva sus alegaciones. El letrado ha calificado el caso como “el gasto más grosero e inimaginable del dinero público”, situándolo en contexto de la situación de crisis económica en esos años.

El abogado de Villén, Adolfo Cuéllar, ha recordado al jurado el principio de presunción de inocencia de los acusados y ha calificado de “legales y públicos” los locales a los que supuestamente habría accedido su representado. “No estamos en un juicio moral”, ha insistido, ciñéndose a los hechos por los que vienen acusando Fiscalía, Junta y PP, y que, en su opinión, no debería haber sido objeto de un juicio con jurado “por su complejidad”.

La tarjeta objeto de las acusaciones “servía como anticipo” de “gastos injustificables”, en aquellos casos “moralmente deplorables”, ha indicado el abogado de Villén. “Pero esa no es la cuestión jurídica, sino la devolución del dinero”, que “era entregado a la señora Valls”. “Se repusieron esas cantidades. Todo se debe a una mera especulación y todo el dinero se devolvió”, ha argumentado Cuéllar, “y corresponderá a la acusación argumentar lo contrario”, puesto que la Intervención General, la Cámara de Cuentas y el auditor de cuentas examinaban esos movimientos con “informes favorables”.

Manuel Salinero, abogado de Ana Valls, ha destacado ante el jurado la “completa inocencia” de su representada, advirtiendo al jurado de que intentará colaborar en que el juicio no se convierta en un “auténtico petardo” a tenor de las “tecnicidades” que se prevén en estos próximos días, resaltando “errores” en los informes de la Guardia Civil en los que se apoyan las acusaciones. Valls fue “totalmente ajena a esos gastos reprochables” por parte del que “fue su jefe durante un periodo de tiempo”. “La UCO ha seguido un proceso insostenible”, aludiendo incluso a una “maquinación” para inculpar a su representada, ha comentado el letrado.

Apertura del juicio

En el auto de apertura de juicio oral contra Villén y Valls, emitido hace poco más de un año, el juez de refuerzo de Instrucción 6 relataba que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señaló que, en total, el acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reposiciones en metálico

En este sentido, el magistrado exponía que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señaló el juez en aquel auto.

El juez analizaba cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada Ana Valls “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” Villén, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

Un día después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, abogara por que la justicia interfiera “cuanto menos” en procesos electorales, la Audiencia de Sevilla ha accedido a la petición de las defensas del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y de la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, de aplazar el juicio con jurado popular promovido en su contra por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública que dirigía y que había sido fijado para la semana previa a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Del Río hizo esas manifestaciones el miércoles 29 de marzo al ser preguntado por los periodistas por la decisión de señalar para el 18 de mayo el inicio del juicio. Un día más, el 30 de marzo, la jueza Mercedes Alaya dictó una providencia, avanzada por Diario de Sevilla, en la que atiende a la petición realizada en un escrito por las defensas de los dos acusados, que habían pedido el aplazamiento para que el procedimiento judicial no se usara como “arma política”, y fija la vista a partir del 29 de mayo, justo al día siguiente de las elecciones, “en base a las consideraciones que en el mismo se contienen se accede a lo solicitado”.

Aunque fuentes del TSJA informaron días atrás que se trataba de “un señalamiento sin más”, el contexto electoral y los antecedentes obligaban a destacarlo. Desde el año pasado se sabía que la jueza Mercedes Alaya iba a ser la presidenta del juicio con jurado contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que abonó más de 32.000 euros con las tarjetas bancarias de la fundación en prostíbulos. No queda muy lejos en el tiempo cuando el PP andaluz lanzó la campaña electoral de las andaluzas de 2018, que le llevó al poder tras 37 años de gobiernos socialistas, en el prostíbulo donde se usaron fondos públicos y que ahora llega a juicio.

Otros precedentes coincidentes

La primera instructora del caso de los ERE en Andalucía volvía a escena en unas fechas que no le eran ajenas en cuanto a las coincidencias entre el calendario judicial y político. El llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales cuando fue instructora del caso durante cuatro años, en marzo de 2012 y en las campañas electorales de 2011. Mercedes Alaya ha sido la auténtica pesadilla para la Junta de Andalucía durante los años de instrucción de los ERE. Los socialistas siempre han considerado que la instrucción que ha llevado a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza.

De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos, aunque luego fue anulada por la Audiencia). A una de las juezas más conocidas del país, amiga del juez en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano entre 1992 y 1996), luego ministro del Interior, le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del consejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales ente sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido por el escándalo.

Mercasevilla y Fitonovo

No fueron los ERE el único caso mediático que lideró Alaya. Zoido, tiempo antes, presentó en abril de aquel año 2009 una denuncia contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alargó durante más de trece años.

La jueza Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya.

También en el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya, , la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García , finalmente absueltos. Los también exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han criticado en estos meses atrás la instrucción de la causa por parte de Alaya y sus decisiones previas a decisiones políticas importantes. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

El juicio de la Faffe

El juicio que se celebrará finalmente tras las elecciones se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido en abril de 2002 por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reintegros simulados

En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señala el juez en el auto.

El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls. Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

El Parlamento de Andalucía ha celebrado en la tarde de este martes la sesión constitutiva de la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que lo ha hecho finalmente con la asistencia únicamente de parlamentarios de Partido Popular y Vox por cuanto el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha consumado la exigencia que planteó esta mañana en rueda de prensa, que le ha llevado a decidir suspender su participación en esta comisión hasta que el PP se preste a constituir otra comisión de investigación sobre lo que ha denominado el caso de los contratos de emergencia.

Adelante se ha sumado indirectamente al vacío que le han hecho a esta comisión de investigación los grupos Socialista y Por Andalucía, quienes desde el principio renunciaron a participar en ella. La diputada designada por el Grupo Mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, no ha asistido a la sesión constitutiva.

Tanto Vox como Partido Popular han reactivado esta XII legislatura la constitución de nuevo de una comisión de investigación sobre la Faffe, que ya existió en la pasada legislatura y cuyas conclusiones no se pudieron elevar al Pleno del Parlamento por cuanto se disolvió la Cámara por la celebración de las elecciones autonómicas de 19 de junio de 2022.

La vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento, Ana Mestre, ha presidido el acto de constitución de esta comisión de la Faffe, sesión en la que sido elegida presidenta de la Comisión la diputada del Grupo Popular Maribel Lozano, según ha detallado el Parlamento.

La comisión se ha constituido con la presencia de los diputados designados por el Grupo Popular, Maribel Lozano y Erik Domínguez, y por el Grupo Vox, Cristina Alejandra Jiménez y Ricardo López.

Adelante Andalucía no participa

Adelante Andalucía ha decidido suspender su participación en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se constituye esta tarde en el Parlamento de Andalucía, a la espera de que el PP-A acepte una propuesta suya de creación de otra comisión de investigación sobre lo que ha denominado “el caso contratos de emergencias”, la contratación que ha hecho la Junta de Andalucía durante la pandemia de coronavirus al calor de una legislación exprofeso del Estado y que acabó derogada.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha explicado este martes en rueda de prensa que el objeto de la comisión de investigación que han registrado en el Parlamento apunta a los contratos de emergencia de 2020, 2021 y 2022 tras poner de manifiesto que “gracias a los medios de comunicación han salido los contratos de las consejerías de Salud y Fomento” y precisar entonces que “no sabemos si ha habido otras prácticas supuestamente irregulares en otras consejerías”, con su interés circunscrito a los contratos de emergencia.

“Vamos a pedir que se evalúen las responsabilidades políticas para que veamos qué mecanismos están mal y, sobre todo, para que esto no vuelva a ocurrir”, ha proseguido explicando el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, que deja una puerta abierta a llevar ante la justicia de la información que reciban de esos contratos de emergencia.

“No vamos a asistir a la comisión de investigación de la Faffe, aunque tenemos registrada nuestra participación, que la ponemos en suspenso hasta que el PP dé contestación sobre si van a aceptar esta comisión de investigación”, ha argumentado José Ignacio García.

García ha explicado que, según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, “si ningún grupo presenta un escrito negándose a esta comisión, la comisión se creará automática”, para apuntar seguidamente que hay un plazo de siete días para que el resto de los grupos se posicionen ante la propuesta de Adelante Andalucía.

“En siete días sabremos si el PP está de acuerdo, si presenta escrito negándose a la creación no participaremos en la de la Faffe”, ha precisado el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía.

“Si no quieren la creación de la comisión de investigación del caso contratos de emergencias se ve que lo quieren hacer es un show mediático y no vamos a participar”, ha indicado en alusión a la actitud que espera de PP y Vox sobre la contrapartida de poner en marcha otra comisión de investigación al margen de la de la Faffe.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha fundamentado la petición en el Registro del Parlamento de Andalucía de crear esa comisión de investigación en el interés por “evaluar las responsabilidades políticas de la Junta de Andalucía ante el caso contratos de emergencias”, tras poner de manifiesto que la Consejería de Salud “ha dado 240 millones de euros en contratos sin pasar por la licitación pública basándose en una normativa derogada” y a lo que ha sumado que “la Consejería de Fomento ha otorgado dos carreteras en el mismo día a la empresa de un padre y una hija con una serie de casualidades demasiado descaradas” y concluir que ambos episodios son de “una absoluta gravedad”.

“Estamos preocupados por el caso contratos de emergencia”, ha afirmado José Ignacio García.

Seguidamente ha establecido un vínculo con el propósito de resucitar la comisión de investigación de la Faffe, en la que Adelante participa junto a PP y Vox y a la que PSOE y Por Andalucía han renunciado a formar parte, para argumentar que “si el PP y Vox quieren evaluar lo que pasó hace una década nos parece bien”, tras recordar que se trata de un caso “ya juzgado en los tribunales y que tuvo una comisión de investigación en la anterior legislatura”, y apuntar como un ejercicio de “coherencia” que “esto debe evaluarse también y ver las responsabilidades políticas de un caso que ha saltado hace unas semanas y es de hace un año y medio”.

“Si PP y Vox quieren que la comisión de la Faffe sea algo más que un show mediático tendrá que ser coherente y querer investigar todos los casos de corrupción”, ha proclamado José Ignacio García, quien ha avanzado que “Adelante Andalucía va a ser implacable ante cualquier caso de corrupción, bien sea la Faffe con el PSOE en el Gobierno o el caso contratos de emergencias con el PP”, antes de reiterar su exigencia a esta partido: “para participar en una tiene que aceptar la creación de otra”.

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha explicado que ya la Consejería de Hacienda emitió una instrucción en junio de 2021 para acotar el uso de la legislación contractual con la excepción que introdujo el Estado para acelerar la contratación de emergencia ante la pandemia de coronavirus y que se hiciera “de forma residual” y con la pretensión de “ir acabando expedientes” y ha señalado que en la Consejería de Salud se ha seguido un procedimiento “extendiéndolo en el tiempo sin una base jurídica sólida, ni sólida ni no sólida, no tenía base jurídica”.

Tras apuntar las tres prórrogas sucesivas de la Consejería de Salud por importes de 70 millones, 10 millones y una tercera que llega hasta este verano para que la Junta de Andalucía pueda resolver “situaciones de necesidad que no son otras que el desastre asistencial”, Mora ha indicado que “quieres concertar con la privada, cosa en la que no estábamos de acuerdo, debes hacerlo mediante un procedimiento establecido en la Ley de Contratos”.

“Lo que no podemos hacer es contratar a dedo, que es la vía más común utilizada por las administraciones para terminar dando contratos a amigos, que es la entrada a la corrupción, que es lo que nos pone los pelos de punta, por eso solicitamos esta comisión de investigación”, ha explicado Mora.

Tras la aprobación en Pleno de la propuesta del Grupo del PP-A para retomar la investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que se quedó a medias en la pasada legislatura por las elecciones del 19J, la nueva comisión de investigación que pretende investigar un caso de corrupción vinculado al PSOE andaluz se constituirá este martes 28 de marzo en el Parlamento

Cabe recordar que los grupos parlamentarios presentaron en febrero de 2022 sus conclusiones sobre la comisión de la Faffe, mientras que el dictamen de la misma se aprobó el 4 abril, pero no se llegó a debatir en el Pleno por la disolución de la Cámara autonómica para la celebración de las elecciones autonómicas del 19 de junio. Desde entonces, los populares han estado buscando la fórmula para reactivar la comisión de investigación en el Parlamento hasta que han conseguido que se apruebe la propuesta, contando con el apoyo de Vox, pues PSOE-A y Por Andalucía votaron en contra y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se abstuvo.

Tal y como informó elDiario.es Andalucía, aquel dictamen aprobado en comisión con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, señaló a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como “responsables políticos” de las “irregularidades” denunciadas en torno a dicha fundación, adscrita a la Consejería de Empleo, que funcionó entre 2003 y 2011 y fue disuelta años después. El documento hablaba de una “corrupción institucionalizada y vomitiva” que estuvo “diseñada para evitar controles y amañar contratos”, y se detenía especialmente en el episodio más turbio: el uso de una tarjeta de crédito de un directivo de la Faffe en varios prostíbulos de Andalucía. 

Miembros de la nueva comisión

Ahora el Grupo Popular ha designado como miembros titulares de esta comisión a Erik Domínguez --que ya lo fue en la de la anterior legislatura-- y a Maribel Lozano. Como suplentes, figurarán Pablo Venzal y Araceli Cabello, mientras que Vox ha elegido como representantes a sus diputados por Granada Cristina Jiménez y Ricardo López Olea, y como suplentes a los parlamentarios por Sevilla, Javier Cortés y Ana Ruiz. El Grupo Mixto-Adelante Andalucía, al que sólo le correspondía un miembro titular y uno suplente, ha propuesto a la presidenta del grupo, Maribel Mora.

Por su parte, los grupos Socialista y Por Andalucía han renunciado a formar parte de la nueva comisión de investigación, si bien les correspondía dos miembros titulares y dos suplentes al igual que PP-A y Vox.

“Es un señalamiento sin más”, apuntan fuentes del TSJA, pero los antecedentes obligan a destacarlo. Desde el año pasado se sabía que la jueza Mercedes Alaya iba a ser la presidenta del juicio con jurado contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que abonó más de 32.000 euros con las tarjetas bancarias de la fundación en prostíbulos, pero este viernes ha trascendido la fecha: el jurado será conformado el jueves 18 de mayo y la vista se celebrará durante toda la semana siguiente, es decir, la semana previa a las elecciones municipales del 28 de mayo, confirman las mismas fuentes la información adelantada en Diario de Sevilla. No queda muy lejos en el tiempo cuando el PP andaluz lanzó la campaña electoral de las andaluzas de 2018, que le llevó al poder tras 37 años de gobiernos socialistas, en el prostíbulo donde se usaron fondos públicos y que ahora llega a juicio.

La primera instructora del caso de los ERE en Andalucía vuelve a escena en unas fechas que no le son ajenas en cuanto a las coincidencias entre el calendario judicial y político. El llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales cuando fue instructora del caso durante cuatro años, en marzo de 2012 y en las campañas electorales de 2011. Mercedes Alaya ha sido la auténtica pesadilla para la Junta de Andalucía durante los años de instrucción de los ERE. Los socialistas siempre han considerado que la instrucción que ha llevado a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza.

De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos, aunque luego fue anulada por la Audiencia). A una de las juezas más conocidas del país, amiga del juez en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano entre 1992 y 1996), luego ministro del Interior, le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del consejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales ente sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido por el escándalo.

Mercasevilla y Fitonovo

No fueron los ERE el único caso mediático que lideró Alaya. Zoido, tiempo antes, presentó en abril de aquel año 2009 una denuncia contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alargó durante más de trece años.

La jueza Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya.

También en el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya, , la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García , finalmente absueltos. Los también exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han criticado en estos meses atrás la instrucción de la causa por parte de Alaya y sus decisiones previas a decisiones políticas importantes. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

El juicio de la Faffe

El juicio que se celebrará en mayo se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido en abril de 2002 por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reintegros simulados

En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señala el juez en el auto.

El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls. Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

Vox se ha quedado solo en el Parlamento andaluz a la hora de reivindicar la creación de una comisión de investigación relativa a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) como la que se desarrolló en la pasada legislatura, y que entre otras cuestiones analizó el uso de dinero público en prostíbulos. La decisión del PP de abstenerse ha dado al traste con la propuesta mientras los populares ultiman la suya propia, una medida ya anunciada con el argumento de que el dictamen de la anterior quedó sin votarse en el pleno de la Cámara por el adelanto de la convocatoria de elecciones que se celebraron el 19 de junio del año pasado. Las conclusiones de la comisión señaló a los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como “responsables políticos” de “irregularidades” en esta agencia pública.

Vox justificaba su solicitud de creación de esta comisión “a raíz de las nuevas irregularidades pendientes por investigar que han sido puestas de manifiesto por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en mayo” de 2022 que “coincidieron con el último periodo electoral que dio comienzo a la presente legislatura”, según se exponía en el texto de la iniciativa, registrada a finales del año pasado. Así, “ante la inconclusión de la antigua comisión de investigación sobre la Faffe”, desde Vox consideraban “necesaria la creación de una comisión de investigación cuyo fin sea conocer, analizar y evaluar dichas nuevas irregularidades”.

En esa línea ha incidido la diputada de Vox Mercedes Rodríguez en su intervención ante el pleno en defensa de la iniciativa, donde ha subrayado que “la corrupción no es cosa del pasado” en Andalucía, y ha expresado su sorpresa por la oposición que ha manifestado el PP-A en relación a esta solicitud, lo que le ha llevado a cuestionar si el Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene “interés” verdadero o sólo “de boquilla” en “esclarecer esas irregularidades”.

“¿Qué pasa con los nuevos investigados y las nuevas irregularidades, que son importantes y afectan a muchas familias?”, ha preguntado la diputada de Vox, que ha añadido que “los andaluces no merecen un gobierno que se resigne a que la Faffe es un asunto del pasado que no interesa a nadie”, porque “todos nos merecemos conocer qué pasó con ese dinero y qué se va a hacer por parte de la Junta para tratar asuntos como el de la corrupción”.

“No denostar” el trabajo de la anterior comisión

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PP-A Erik Domínguez ha justificado la oposición de su formación a esta solicitud de comisión de investigación al entender que no sería “justo volver a empezar desde el principio” en este asunto para “no denostar” el trabajo que ya se desarrolló en la pasada legislatura, del que él formó parte en tanto que fue uno de los representantes del Grupo Popular en aquel órgano.

El diputado popular ha remarcado que en el marco la Faffe hubo “dinero destinado a los parados que acabó en lugares como prostíbulos”, y ha subrayado que el PP es “el único partido personado en la causa judicial, desde el minuto uno, y fue el que destapó este caso”, tras lo que ha denunciado además los “estragos” que, en su opinión, dejó el PSOE-A durante su “larga trayectoria de corruptelas” como partido de gobierno en Andalucía.

Erik Domínguez ha abogado también por “concluir el trabajo de estudio” desarrollado en la comisión de investigación de la pasada legislatura y “reconocer” esa labor ya realizada durante “mucho tiempo” en el Parlamento.

“Estirando” como un “chicle” la comisión

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A José Aurelio Aguilar ha subrayado que la Faffe “dejó de existir en 2011, hace ya doce años”, y el PP-A, Ciudadanos y Vox mantuvieron abierta durante “tres años” de la legislatura pasada una comisión de investigación al respecto que fueron “estirando” como un “chicle”, y en esa línea ha criticado que ahora se pretenda “revisar el pasado nuevamente”.

Frente a ello, ha aseverado que el Grupo Socialista “no va a prestarse al linchamiento de personas ajenas a la política, y muchas ajenas a los hechos que se investigaron”, y ha acusado a PP y Vox de utilizar “el comodín de la Faffe según les interesa”. Al respecto, ha aludido a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo para denunciar “intereses propagandísticos, partidistas y electoralistas” tras esta solicitud de creación de dicha comisión.

Por su parte, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha subrayado que ya se han desarrollado en el Parlamento comisiones de investigación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, los cursos de formación y la propia Faffe, y ha criticado que la “ultraderecha” venga ahora con esta iniciativa a plantear una nueva investigación con la que los diputados se pongan “por tercera vez a revisar todo el material”, así como a “interrogar a las mismas personas sobre el mismo asunto en un parlamento donde ya se ha hecho”. “El Parlamento no es un juzgado, y no se puede utilizar como cortijo de las derechas para sus intereses”, ha zanjado el diputado de Por Andalucía.

Vox no puede “dar lecciones”

Finalmente, la presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha celebrado esta iniciativa de Vox como ocasión para reivindicar que el suyo es el único “grupo” del Parlamento que “no está afectado por la lacra de la corrupción”.

En esa línea, ha avisado a Vox de que no puede “dar lecciones” en esta materia, porque “tienen un excandidato a la Junta [en referencia a Francisco Serrano] imputado por robar a mansalva dinero público”, y a quien encabezó la candidatura del partido en las pasadas elecciones del 19 de junio, Macarena Olona, que “se dedica ahora a ir por los platós denunciando una corrupción interna” de su propia formación, según ha subrayado antes de concluir vinculando esta solicitud de comisión con la proximidad de las elecciones municipales de mayo, para “utilizar” la misma de cara a dichos comicios.

La Audiencia de Sevilla ha designado a la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos y actualmente en la Sección Séptima de dicha instancia, como magistrada presidente del tribunal encargado del juicio con jurado correspondiente a los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Así figura en un acuerdo emitido el pasado 23 de mayo por la Oficina del Jurado de la Audiencia de Sevilla, adelantado por ABC, que firma el propio presidente de la Audiencia, Ángel Márquez Romero. El juicio se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido el pasado mes de abril por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reintegros simulados

En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señala el juez en el auto.

El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

La Fiscalía pide seis años para Villén

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls.

Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la apertura del juicio oral contra las dos personas investigadas por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago de los servicios en distintos locales de alterne de la región andaluza. Los dos acusados son el que fuera director técnico de la Faffe Fernando José V.R. y la directora económica financiera de la citada fundación en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011, Ana V.R.. 

En un auto fechado el día 20 de abril y notificado hoy jueves a las partes personadas en la causa, el magistrado abre juicio oral contra ambos investigados por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, tal y como sostienen la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A en sus respectivos escritos de calificación, tras lo que será un jurado popular el que enjuicie a los dos encausados en la Audiencia Provincial de Sevilla. 

El magistrado indica que, de las diligencias practicadas en fase de instrucción, se desprende que es procedente el enjuiciamiento de los hechos justiciables recogidos en el auto. Así, relata queel investigado Fernando José V.R., “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”. 

El juez señala que, en total, este acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que,“con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada”, el investigado, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”. 

“Disposición ilícita de fondos públicos”

En este sentido, el magistrado expone que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas –en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”. 

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos ‘INGRESO F.V.’ y ‘DEVOLUCIÓN VISA F.V.’”, según señala el juez en el auto. 

El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado, “pudiendo así haber participado en la elaboración,

utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe“ para que el acusado ”llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos“. 

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”. 

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-, siendo el órgano competente para enjuiciar los hechos el Tribunal del Jurado.

La posible convocatoria de elecciones andaluzas para su celebración el próximo día 12 o 19 de junio antes del final material de la legislatura en los últimos meses de 2022, traería como consecuencia la desactivación de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), sin que el Pleno de la Cámara pudiera debatir y votar el dictamen aprobado este mismo mes por los diputados de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox en la propia comisión.

Así ocurriría porque, de acordar el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que las elecciones se celebren el 12 de junio, la convocatoria debería publicarse y entrar en vigor el 19 de abril, para que los comicios se desarrollaran 54 días después, como fija la legislación electoral, mientras que sería el 26 de abril cuando se disolviera el Parlamento si la cita con las urnas es el 19 de junio. Ambas fechas de abril son previas a la de celebración del próximo Pleno, programado para los días 27 y 28 de este mes, y que ya no tendría lugar.

Segunda vez

Se da la circunstancia de que, de producirse este adelanto, sería la segunda vez que la comisión de investigación sobre la Faffe quedara desactivada sin culminar su labor, ya que en octubre de 2018 ya se dio ese caso y también por una convocatoria electoral; en aquella ocasión por la que decidió la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para los comicios autonómicos que se celebraron el 2 de diciembre de 2018.

En aquella ocasión, la comisión de investigación, impulsada en su momento por el PP-A, apenas había echado andar tras su creación a principios de septiembre de 2018, con el fin de abundar en la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación, y había sido solicitada por el Grupo Popular tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte del ex director general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén.

Tres años de trabajos

Tras las elecciones de 2018, la comisión de investigación volvió a constituirse en el tramo inicial de la XI Legislatura del Parlamento; en concreto, el 25 de marzo de 2019 con el objetivo de “conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo”.

En esta legislatura fue el propio Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos el que solicitó la creación de esta comisión de investigación, que desde 2019 ha desarrollado tres años de trabajos en los que ha citado a comparecer, entre otros, a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a la actual ministra de Hacienda y exconsejera del ramo María Jesús Montero, si bien solo el primero acudió a la cita aunque no respondió a los grupos, algo que, en cambio, sí hizo el pasado 3 de diciembre la expresidenta de la Junta Susana Díaz.

Votos particulares

El pasado 4 de abril, la comisión aprobó, con los votos a favor de los diputados de PP-A, Ciudadanos y Vox, y el voto en contra de PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, la propuesta de dictamen registrada por el presidente de dicho órgano, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno, que atribuye “responsabilidades políticas” a los expresidentes Chaves y Griñán en relación a las “irregularidades” detectadas en la extinta fundación, y también a Susana Díaz, aunque “de distinta naturaleza”, porque “el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración” con la misma.

Tras la aprobación del dictamen, los grupos disponen de 15 días naturales, hasta el próximo 19 de abril, para registrar, si lo consideran oportuno, votos particulares, un paso que ya anunciaron que darían el Grupo Socialista y Unidas Podemos por Andalucía. Ambos votos particulares deberían debatirse, junto al dictamen, en el Pleno del Parlamento, algo que Enrique Moreno calculaba que podría producirse “a finales de este mes” de abril.

“Caos organizativo”

Las “responsabilidades políticas” que plantea la propuesta de dictamen aprobada por PP-A, Ciudadanos y Vox señalan en primer lugar a Fernando Villén, “principal autor de las irregularidades” en la fundación, y, en segundo lugar, “a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos” y “algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.

En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque “ha quedado patente el caos organizativo” en el que ambos “sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos”.

De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en “todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos”.

En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye “una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe”, a Susana Díaz y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, “porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración” con la misma.