Caso Mercasevilla: un mercado de abastos judicializado
La Operación Madeja de la Guardia Civil, que ha provocado recientemente la entrada en prisión del exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño por un presunto delito de cohecho, es sólo la última de las piezas del puzzle que se deriva del caso Mercasevilla, algo más que la sociedad gestora del mercado central de abastos dependiente del Ayuntamiento hispalense.
Varias ramas se mantienen abiertas este presunto caso de corrupción. La supuesta venta fraudulenta de los terrenos, la adjudicación de la guardería de la lonja, un presunto delito societario en la gestión de la sociedad y la regulación empresarial que destapó el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía convierten a esta causa en un conglomerado de sumarios diversificados en distintas piezas. Aunque ha habido sentencias, hasta en segunda instancia ya, como la que condena por cohecho al exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas y los exdirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.
El reciente operativo de la UCO parte de la investigación que lidera la jueza Mercedes Alaya en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público promovido para enajenar los suelos del mercado central de abastos de la capital hispalense. El procedimiento fue fallado en febrero de 2006 en favor de 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando y única empresa con titularidad previa que se presentó al concurso, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga. La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la jueza deduce que hubo una probable connivencia entre Mercasevilla y Sanma.
Alaya es bastante clara respecto a esta cuestión en uno de sus autos: “Puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a esta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos (…) idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma”.
Una veintena de personas está salpicada en esta investigación sumarial, entre ellos, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo. También, los empresarios de las sociedades que aspiraron al concurso, como los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, investigados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.
La Guardia Civil apuntaba a los “contactos previos” entre Sanma y Mercasevilla, a través de correos electrónicos entre los abogados de ambas partes con anterioridad a las fechas en las que se optó por la forma de la licitación pública, “hasta llegar a un acuerdo entre ambas sociedades en las cláusulas y condiciones establecidas”, incluyendo el envío de un formato de pliego de condiciones antes de la publicación del mismo.
El origen del caso, el cohecho
El caso Mercasevilla arrancó cuando dos empresarios del grupo hostelero La Raza denunciaron que dos exgerentes de la sociedad, los citados y ya condenados por ello Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pidieron una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería, subvencionada por la Junta con 900.000 euros, que se iba a abrir en Mercasevilla durante unas conversaciones que fueron grabadas por los empresarios denunciantes de dicho soborno.
El TSJA confirmó a mediados del pasado junio la pena por cohecho, basándose en estas grabaciones, dictada por la Audiencia de Sevilla contra Mellet, Ponce y el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas, condenados a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación como autores de un delito de cohecho. La funcionaria María Regla Pereira resultó absuelta ya en primera instancia.
Delito societario
La siguiente pieza que presentará novedades, ya iniciado el otoño, es la del delito societario en la gestión de Mercasevilla, denunciada por el PP. De nuevo, tanto Mellet como Ponce están imputados desde mayo de 2010, así como la exdirectora del área económica y de contabilidad del mercado Pilar Giraldo. La jueza Mercedes Alaya les ha citado a declarar los próximos 3, 4 y 8 de octubre. De 2013. Tres años y medio después.
Alaya acordó en su día que se realizara por parte de la Agencia Tributaria un informe económico hecho por peritos para ver “la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes”. Advertida del retraso por la Fiscalía el pasado diciembre, la jueza indicó posteriormente que, estando aún pendiente de presentarse dicho informe, los peritos designados debían motivar que justifiquen su no presentación.
La vinculación con el caso de los ERE
El caso de los ERE fraudulentos, con sus casi centenar de imputados, nace de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos ERE promovidos en 2003 y 2007 por la lonja y la inclusión de los denominados 'intrusos', aquellos beneficiarios de prejubilaciones pese a no formar nunca parte de la plantilla del mercado central. Hay otra parte, la de algunos extrabajadores 'reales', que no cobran las rentas asociadas a su prejubilación aunque el TSJA haya sentenciado a su favor. Es la otra cara de los ERE.
La cuestión es que determinados nombres en ambas investigaciones, Mercasevilla y ERE, se entremezclan en uno y otro caso. Y en el mismo juzgado, el Instrucción número 6 de Sevilla. Mercedes Alaya sostiene en uno de sus autos que el presunto 'conseguidor' Juan Lanzas, en prisión provisional desde el pasado marzo, obtuvo medio millón de euros por su papel en los ERE de 2003 y 2007 por Mercasevilla con cargo a los fondos autonómicos.
Según la jueza, un agente comercial de Vitalia planteó en 2003 un ERE para rejuvenecer a la plantilla. Tras acordarlo con Mellet y Ponce, entonces al frente de Mercasevilla, les remitió a Lanzas para buscar la financiación en la Junta, en concreto, con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Por lo que se refiere al ERE de 2007, Mercasevilla encargó la búsqueda de financiación pública a la sociedad 'Maginae Solution', cuyo administrador único es Ismael Sierra, cuñado de Lanzas y que también paso por la cárcel.
La Policía Judicial puso de manifiesto “importantes indicios de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas cuyas primas eran financiadas en su mayor parte por la Junta”.
La guardería
A finales del pasado junio, otro juzgado de Sevilla, el número 7 de Instrucción, abrió la quinta causa contra Fernando Mellet. En esta ocasión se analizará la adjudicación de la guardería de la lonja y si Mellet cometió prevaricación y malversación de fondos público. El auto judicial precisa que “resulta verosímil” la imputación que se hace a Mellet de esos delitos, que serán juzgados finalmente por un tribunal profesional y no por un jurado popular como se preveía en un principio, informó EFE.
En este sentido, Mellet fue denunciado por los actuales titulares de Mercasevilla, con mayoría municipal del PP, por adjudicar el 17 de febrero de 2004 la concesión administrativa de la escuela infantil de Mercasevilla “sin tener competencias delegadas para ello, sin seguir procedimiento alguno y sin respeto a los principios de publicidad y concurrencia”. El adjudicatario fue Gestión Mohefa S.A., que abonó a Mercasevilla 24.000 euros.
La nueva vía
El último eslabón del caso, que ha motivado la apertura de una pieza separada declarada secreta, lo abrió una actuación de la Guardia Civil con la citada Operación Madeja. Entre otras detenciones, el mencionado Domingo Enrique Castaño fue arrestado y posteriormente encarcelado por un presunto delito de cohecho al recibir supuestamente dádivas a cambio de la adjudicación de contratos de mantenimiento a determinadas empresas, como Fitonovo o Fiverde.
Los agentes detuvieron también a la mujer de Castaño, la abogada Ana María Vaquero, al administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y al exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo. Tras pasar a disposición judicial, en la madrugada del viernes 12 de julio, Alaya ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Castaño por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude, y exacciones ilegales (exigir multas o impuestos en nombre de la Administración). Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
