Era 19 de enero de 2021. Koldo García acababa de comer cuando recibió un 'wasap' del constructor José Ruz, propietario de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). “¿Has hablado con la jefa?”, le preguntaba. A los cuatro minutos, el asesor del Ministerio de Transportes, la 'mano derecha' de uno de los ministros con más poder en el Ejecutivo de Pedro Sánchez le respondía. “Sí, me prometió que lo tienes lo de Elche”. Esa “jefa” era la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La conversación, que viene recogida en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) y que se alargó por días, iba sobre un asunto muy concreto. Pepe Ruz presionaba para que Adif se hiciera cargo del sobrecoste de una obra que había realizado su constructora en Elche. Había ido en UTE con Construcciones Vilor y se había encargado de levantar la estación de AVE en esa localidad alicantina.

La UCO dijo en ese informe, que se conoció en junio de 2025, que la estación comenzó a funcionar en febrero de 2021 y que desconoce “la naturaleza o el objeto de la reclamación” del constructor. Pero añadía que esa conversación y otras que recoge el atestado muestran a las claras que Koldo García “departía directamente con la presidenta de Adif” para que esta diera adjudicaciones o agilizara reclamaciones como la de Elche.

Por lo que decía Koldo García, esa reclamación en beneficio de LIC era pan comido, porque Pardo de Vera le había “prometido” que así sería. Pero, a juzgar por una reciente sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la realidad no era tal y como se la pintaba el asesor ministerial al constructor. Pardo de Vera no se hizo cargo de ese montante que ascendía a más de 1,55 millones de euros y resolvió desestimar la reclamación. Es más, encargó a los servicios jurídicos de Adif que defendieran esa postura ante los tribunales. La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Míriam Bris, en abril de este año acordó desestimar el recurso que presentó LIC por esos sobrecostes. A pesar de lo que recoge la UCO en el atestado, no parece que Pardo de Vera remara a favor de los intereses de la presunta organización criminal que se investiga o, al menos, no en este caso concreto.

La sentencia recoge, de hecho, el argumento de la Abogacía del Estado, que defendía los intereses de Adif: “Ninguna de las reclamaciones de la UTE puede prosperar porque el contrato se ejecutó bajo el principio de riesgo y ventura, y la actora no ha acreditado que los supuestos daños deriven de una actuación imputable a Adif, sino de incidencias propias de la ejecución ordinaria del contrato”.

Además, el ente público alegaba que la certificación final de obra “fue aprobada mediante resolución firme no impugnada”, por lo que la UTE no podía “reabrir su contenido ni cuestionar mediciones que debió discutir en su momento”.

La magistrada, en su resolución realiza una lectura de la situación que deja en muy mal lugar a la constructora de Ruz: “Ninguna de las pretensiones ejercitadas puede prosperar. (…) Las reclamaciones de la actora presentan un carácter heterogéneo y mezclan conceptos contractuales y extracontractuales incompatibles entre sí, lo que impide construir una base jurídica coherente para su estimación”.

Dice más: “Esta confusión se traslada y se refleja igualmente en la prueba. La UTE no ha acreditado que los sobrecostes, retrasos o trabajos extraordinarios tengan su origen en una actuación imputable a Adif, ni ha aportado prueba técnica que permita establecer el nexo causal exigido por la jurisprudencia”.

Extremo este que desde el entorno de Pardo de Vera siempre han negado, explicando que en los contratos públicos del administrador de infraestructuras ferroviarias intervienen un gran número de funcionarios, lo que dificulta poder elegir a dedo constructoras.

El caso es que esos esfuerzos del constructor para que Adif se hiciera cargo de los sobrecostes de Elche le venía preocupando desde finales de 2020 a juzgar por otras conversaciones de Ruz con Koldo. Y Koldo transmitía esa preocupación a Pardo de Vera.

“Va a cantar”

A pesar de que en este asunto Koldo García no parece que logró torcer la voluntad de Pardo de Vera, la UCO en su informe añadía otras conversaciones donde sí infieren que entre ambos había complicidad. La expresidenta de Adif consta como investigada en la causa de la Audiencia Nacional en la que el juez Ismael Moreno investiga también al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, al empresario Víctor de Aldama, a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros, por esos presuntos amaños en obra pública a cambio de mordidas. Las constructoras que están en el punto de mira de la UCO son Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Quizá la conversación más comprometida de Pardo de Vera en esta causa es una que grabó de forma subrepticia el propio Koldo García. Era 18 de noviembre de 2020 y el asesor le solicitó a la presidenta de Adif que llevara a cabo una adjudicación discrecional de una obra en Asturias en favor de LIC.

Si se analiza la transcripción de ese audio, al que ha tenido acceso este diario, se observa cómo Koldo le explica que “Levantina ya ha estado trabajando” con Adif en algunas cosas y le solicita que “por favor” entren en una obra relativa a mantenimiento. Pardo de Vera le explica entonces que esa constructora “no pinta nada en mantenimiento”.

Acto seguido, García le pregunta si tiene alguna licitación ahora, y la expresidenta de Adif le indica que hay una “muy interesante que son 60 millones”. Pero Koldo García quiere que se les dé alguna obra de emergencia. “Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo”, inquiere, ante lo que Pardo de Vera le recuerda que ya les han dado una de 700.000 euros. “Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo (sic)”, indica la expresidenta.

Koldo, antes de finalizar la conversación le explica que LIC podría estar a punto de tener un problema y por eso necesitaba que hicieran “algo durante este mes (ininteligible) para hablar del finiquito”. Ante esa insistencia, el asunto acaba con una frase de Pardo de Vera: “Bueno, pues déjamelo mirarlo (sic)”.

La UCO explica en su informe que poco tiempo después, el 17 de diciembre de 2020, apenas un mes después de la conversación mantenida entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.000 euros.

Otro de los episodios que afecta directamente a Pardo de Vera y que viene recogido en el informe de la UCO ocurrió en enero de 2019 cuando Koldo García envió a la entonces presidenta de Adif un documento en el que aparecía un listado de adjudicatarias con dos subrayados -uno más intenso y otro más tenue-. El asesor le escribió que estaba descontento por la empresa que había obtenido la mayor puntuación y le indicó: “Nos a (sic) jodido un poco”. Pardo de Vera le preguntó entonces por el “fosforito” (una UTE en la que participaba OPR), y el asesor de Ábalos le dijo que era “por disimulo”. La UCO infiere que esa licitación debía haber sido adjudicada a Acciona, y como no fue así, el asunto “habría generado descontento”.

Por otro lado, en una conversación grabada entre Santos Cerdán y Koldo García de 22 de abril de 2019 el segundo le dijo al exdirigente socialista que tenían un problema porque Pedro Saura quería cesar a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero. Para él eran piezas clave en los amaños que se perpetraban. Pero la relación con Pardo de Vera se enturbió con el tiempo. Con la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio, el que fuera asesor del ministro se quejaba amargamente a Santos Cerdán de la actitud de la expresidenta de Adif: “No tiene perdón de Dios, tío”.

La UCO explica que Koldo “terminó enfrentado con ella”. “El motivo de este desencuentro habría radicado en que esta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”, indica la Guardia Civil.

En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana avaló la decisión del Consell del Botànic que, en agosto de 2022, autorizó la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Hasta ese momento, estos estudios solo se podían cursar en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El fallo del alto tribunal valenciano se produjo a raíz de un recurso del centro universitario ilicitano y después de que la Generalitat Valenciana, ya bajo la dirección del PP de Carlos Mazón, decidiera retirar su personación en la causa con una postura alineada al lado de la Miguel Hernández.

Apenas año y medio después, la oferta para estudiar el grado de Medicina en la provincia de Alicante se amplía. El CEU ha anunciado que ofrecerá a partir de septiembre esta titulación en Elche, concretamente en sus sedes de Reyes Católicos y Capitolio, con una capacidad de 55 plazas. No se trata de una nueva titulación, según explican desde la universidad privada, sino de un grupo del Grado de Medicina que el CEU ya imparte en Castellón y Valencia, el cual ya cuenta con la autorización de la Generalitat Valenciana.

El grado mantendrá de forma exacta la duración de seis cursos y 360 créditos, con idéntica estructura y progresión desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas y la formación práctica.

La puesta en marcha de Medicina en Elche, según destaca el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, constituye “un hito de madurez académica y científica” para el campus y para un proyecto universitario con una trayectoria de más de tres décadas en la ciudad ilicitana: “No se trata únicamente de incorporar una titulación, sino de ampliar nuestra capacidad para formar profesionales sanitarios y contribuir, desde la docencia y la investigación, a las necesidades de la sociedad”.

Por su parte, el vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, señala que la asignación de este grupo responde a un crecimiento planificado de la oferta sanitaria, al tiempo que defiende que los estudios permitirán la consolidación del área de Salud de la sede y el desarrollo de nuevas líneas de colaboración interdisciplinar, con especial foco en la atención al paciente y la simulación clínica.

Para dar soporte a esta ampliación, el CEU de Elche creará un Centro Avanzado de Simulación, que permitirá la recreación de entornos clínicos controlados para que el alumnado ejercite procedimientos, habilidades de comunicación y toma de decisiones clínicas antes de incorporarse a la práctica asistencial real. Las instalaciones acogerán también actividades conjuntas con estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Odontología, disciplinas que ya forman parte de la actividad ordinaria de este campus privado.

Preguntados por elDiario.es, Educación sostiene que no corresponde autorización por parte de la conselleria debido a que el título ya lo tenía autorizado el CEU para Valencia y Castellón. “Lo que ha hecho el CEU es modificar su memoria de grado ante la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), solicitando la creación de un grupo nuevo, en este caso, para su campus de Elche”, explica el departamento que dirige Carmen Ortí, y añaden que es la AVAP la responsable de supervisar estas peticiones y garantizar que se cumplen sus estándares de calidad para elaborar su informe favorable o no a la petición de modificación de la memoria de grado.

La disputa entre la Miguel Hernández y la Universidad de Alicante

La sentencia del TSJCV avaló la legalidad del decreto de 2022 que autorizaba el Grado en Medicina en la UA y desestimó así el recurso presentado por la UMH. El fallo supuso un severo varapalo judicial a la estrategia del Consell de Carlos Mazón, cuyos servicios jurídicos intentaron allanarse en el proceso con el fin de frenar la segunda titulación pública. Los magistrados desmontaron todas las alegaciones de la Miguel Hernández y de la Abogacía de la Generalitat, al recordar que el proyecto de la Universidad de Alicante disponía de “todos” los informes preceptivos y favorables de agencias como la ANECA y la AVAP, además de contar con los recursos económicos, el profesorado y los convenios sanitarios necesarios para su implantación.

La resolución judicial destacaba la existencia de sobradas razones de oportunidad y necesidad social que justificaban la ampliación de plazas públicas de Medicina en Alicante, una provincia con una lista de espera superior al millar de estudiantes y una de las ratios de médicos especialistas más bajas de España. El tribunal también desmontó el argumento de la duplicidad al señalar que el éxito de la titulación en la UA —la segunda más solicitada de toda la Comunitat Valenciana— no perjudicó en absoluto al centro ilicitano, que ha seguido cubriendo el cien por cien de su oferta con notas de corte altísimas. Asimismo, el texto ponía de manifiesto que limitar el grado a Elche solo servía para favorecer de forma indisimulada a las universidades privadas, una maniobra que rompía el desequilibrio frente a provincias como València, que cuenta con tres facultades privadas y solo una pública.

La provincia de Alicante aún conserva espacios ajenos a las grandes masificaciones. Un ejemplo de ello es la playa de Les Pesqueres – El Rebollo, un entorno situado en el término municipal de Elche, entre la Marina y la desembocadura del río Segura, que destaca por su alto valor ecológico y su entorno protegido. Este arenal de arena fina cuenta con 1.360 metros de longitud y una anchura media de 60 metros, ofreciendo un espacio amplio y tranquilo.

De cara a los visitantes, un detalle útil si se necesita consultar a los residentes locales es que tradicionalmente se la conoce como la playa del Rebollo, ya que su denominación oficial compuesta es menos habitual en el día a día. Geográficamente, la playa se extiende de forma natural hacia el sur hasta lindar con el municipio de Guardamar del Segura, donde conecta directamente con el sistema dunar de la playa de Tusales.

Un ecosistema protegido de un valor ecológico incalculable

Les Pesqueres - El Rebollo es una playa seminatural con escasa intervención humana, ideal para disfrutar de la naturaleza en soledad. Su riqueza ambiental es tan sobresaliente que se encuentra plenamente respaldada por una legislación consolidada. El espacio pertenece a la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC), un estatus de conservación que se ha visto reforzado recientemente tras la entrada en vigor de la Orden TED/1085/2025 del Ministerio para la Transición Ecológica, que consolida la protección de espacios clave para blindar la biodiversidad marina y costera.

Además, las dunas de la playa están declaradas formalmente como microreserva, un blindaje jurídico y ecológico idóneo para proteger la imponente biodiversidad que atesora el litoral ilicitano:

Este paisaje conjuga los sistemas dunares con zonas de humedal y áreas de transición terrestre. Las normativas actuales aseguran la preservación de estos hábitats, garantizando el equilibrio entre el uso recreativo y la protección de su biodiversidad.

Servicios, deportes y seguridad en la costa

A pesar de su condición preservada, la playa dispone de un catálogo completo de servicios públicos. El área cuenta con zona de aparcamiento, conexiones regulares de autobús con el casco urbano de Elche, lavapiés, duchas, aseos, alquiler de hamacas y oferta de restauración y camping en los caminos de acceso. Asimismo, los usuarios disponen de un área delimitada para la práctica de deportes náuticos.

La seguridad y la accesibilidad son ejes prioritarios en la gestión del arenal, el cual está adaptado para personas con discapacidad y dispone de un puesto de socorrismo permanente. Para la cobertura de emergencias, el término costero cuenta con un despliegue dotado de dos embarcaciones de salvamento marítimo y dos ambulancias.

Estas dotaciones de servicios, sumadas a las garantías de seguridad y al mantenimiento ambiental del entorno, han hecho que la playa de Les Pesqueres - El Rebollo revalide su Bandera Azul, un distintivo que certifica el estado de los servicios públicos ilicitanos.

Elche revalida su excelencia ambiental

La calidad de este entorno responde al criterio de protección ambiental que mantiene el municipio. El Ayuntamiento de Elche ha revalidado en este año 2026 sus cinco Banderas Azules otorgadas por la ADEAC, confirmando los estándares de seguridad, gestión y servicios de su litoral. Este reconocimiento pone en valor el trabajo técnico por mantener la costa en los niveles de exigencia de los galardones internacionales. Las cinco playas distinguidas son:

Elche: tres veces Patrimonio de la Humanidad

El balance de Elche se alinea con la regularidad de la provincia de Alicante, que se sitúa históricamente en los puestos de cabeza en el número de Banderas Azules otorgadas en España. La provincia consolida su posición en la gestión de costas gracias a la continuidad de sus municipios. En el entorno alicantino destacan trayectorias como la de Guardamar del Segura, con más de 15 años de certificaciones medioambientales; Orihuela, situada en el Top 10 de localidades españolas con más galardones acumulados; o El Campello, cuyas playas de Mutxavista y Carrer de la Mar mantienen el distintivo desde hace tres lustros.

Más allá del valor del patrimonio marítimo, la estancia en la zona permite conectar con la oferta cultural de Elche, el único municipio de España que cuenta con tres bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El municipio invita a complementar el turismo de costa visitando el Palmeral histórico, un espacio agrícola con más de 200.000 ejemplares donde destaca el Huerto del Cura, o recorriendo el casco antiguo para conocer la Basílica de Santa María, sede de las representaciones del Misteri d'Elx (patrimonio inmaterial).

La ruta patrimonial incluye el Castillo-Palacio de Altamira, que alberga el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), el yacimiento de L’Alcudia donde se descubrió la icónica Dama de Elche, y el Museo Escolar de Pusol, reconocido también por la UNESCO por su labor de salvaguarda de la cultura tradicional. Por último, los visitantes interesados en el ecoturismo disponen de espacios naturales de relevancia interior como el Clot de Galvany o el Parque Natural de El Hondo, idóneos para el senderismo y la observación de avifauna.

Alrededor de una de cada cinco mujeres que dedican tiempo a los videojuegos online es objeto de mensajes sexuales no consentidos que suponen un impacto emocional alto que a menudo pasan desapercibidos por los sentimientos de vulnerabilidad y de vergüenza que generan en la víctima.

Así se desprende de una investigación pionera a partir de 1.812 entrevistas a jugadores adultos de toda España del 25 de junio al 5 de julio de 2024 dentro del proyecto GamerVictim, del 'Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia' de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para analizar la victimización, el acoso y las conductas tóxicas en las comunidades digitales y los videojuegos.

El 51,2 por ciento de los encuestados se identificó como mujer, el 48,1 hombre, el 0,4 no binario y el 0,3 restante evitó responder, y 12 de cada cien manifestó pertenecer al colectivo LGTBIQ+, y todos ellos dedican entre dos y cuatro horas semanales a los videojuegos multijugador ya sea en consola o en el 'smartphone'.

De las mujeres que participan en comunidades asociadas a los videojuegos, el 19,7 por ciento admite que ha recibido mensajes sexuales no consentidos, el 7,2 ha sido coaccionada para el envío de contenido íntimo (por ejemplo imágenes), el 5,4 ha sido amenazada con la difusión de fotografías sexuales suyas previamente intercambiadas y también en torno al 5 ha sido “presionada” para una relación íntima o romántica online, o incluso un encuentro sexual presencial.

Prestar atención al mundo del videojuego

El director de Crímina y catedrático de Derecho Penal de la UMH, Fernando Miró, ha explicado a EFE que las mujeres han acabado por entrar en el mundo del videojuego, un entorno “cerrado y privado donde nadie informa de lo que ocurre dentro y no siempre se denuncian” conductas inadecuadas o delictivas, por lo que se trata de un lugar “al que hay que prestar mucha atención”.

Tal y como ocurre en otros ámbitos digitales, a ellas “les pasan algunas cosas distintas” por “el simple hecho de ser mujer” en un mundo, el de los videojuegos, que inicialmente fue concebido para un usuario masculino y al que muchos hombres se resisten a incluir a la mujer.

En el estudio se refleja que los videojuegos no terminan de quitarse etiqueta predominantemente masculina y que los efectos psicológicos de estas conductas pueden ser “particularmente graves” en las jugadoras, con secuelas “dañinas” especialmente desde el punto de vista social y emocional.

Por ejemplo, el 41,5 por ciento de las víctimas por estos comportamientos de naturaleza sexual manifiesta que reaccionan con una reducción del consumo de videojuegos, el 40,1 con cambios de hábitos a la hora de conectarse (por ejemplo dejar el multijuego, variar el horario u ocultar la identidad y género) y una de cada tres abandona este tipo de ocio, según una de las autoras del estudio, Esther Nanclares.

'Mujer gamer' frente a la masculinidad hegemónica

Otros efectos más perjudiciales son un sentimiento de vulnerabilidad, en la mitad de los casos mientras que el 46,4 siente vergüenza, una de cada tres empieza a tener dificultad para tener relaciones de amistad y nota síntomas físicos y acumulación de tensión y nervios, cuatro de cada diez tristeza, el 28,5 se nota un comportamiento autodestructivo e, incluso, el 25,1 llega a tener ideas suicidas.

En la investigación del Centro Crímina, que divulga sus investigaciones y titulaciones en la cuenta de Instagram @criminaumh, también han participado Mario Santisteban y Aiala Tejada, y ésta última ha considerado que la “mujer gamer” es víctima de un perfil de hombre que cree en una “masculinidad hegemónica” en las pantallas y “que los videojuegos son su espacio, sin lugar para ellas”.

Asimismo, según Santisteban, estas prácticas misóginas son reproducidas en otras plataformas como pueden ser X, Discord o YouTube, donde jugadores cargan contra cualquier intento de inclusión de la mujer en la producción cultural en torno al videojuego.

Existen paisajes tan integrados en una ciudad que cuesta imaginar cómo serían las calles sin ellos. Con el paso de los siglos, algunos elementos naturales terminan convirtiéndose en parte de la identidad colectiva de un lugar, hasta el punto de que habitantes y visitantes los perciben como algo inseparable de su historia. Sin embargo, detrás de muchos de esos paisajes aparentemente naturales se esconden siglos de intervención humana, ingeniería y adaptación al territorio.

Eso es precisamente lo que ocurre con el Palmeral de Elche, uno de los espacios naturales más singulares de la Comunidad Valenciana. A primera vista parece un inmenso bosque de palmeras que rodea la ciudad alicantina, pero la realidad es muy distinta. Se trata de un paisaje agrícola construido por el ser humano hace más de mil años y que hoy constituye el mayor conjunto de palmeras del continente europeo.

El Palmeral de Elche no es un bosque natural

La respuesta a la pregunta del titular es clara: aunque contemplado desde lejos pueda parecer una gran masa forestal, el Palmeral de Elche no surgió de manera espontánea. La propia web oficial de Visit Elche explica que “aunque contemplado desde cierta distancia puede parecer un bosque, en realidad es una plantación realizada con fines agrarios”. Esa es la gran diferencia que convierte este lugar en un paisaje único.

Actualmente existen más de 200.000 palmeras de Elche, a las que se suman decenas de miles de ejemplares cultivados en viveros municipales. Sin embargo, estas palmeras no se distribuyen al azar. Fueron organizadas siguiendo un modelo agrícola muy concreto. Las parcelas, conocidas tradicionalmente como huertos, están delimitadas por alineaciones de palmeras que crean una estructura geométrica perfectamente reconocible desde el aire. En el interior de esas cuadrículas se cultivaban diferentes productos agrícolas aprovechando la sombra y la protección que proporcionaban las datileras.

La importancia histórica de este sistema es enorme. Según Visit Elche, el palmeral histórico constituye el corazón de un sistema de regadío desarrollado por los fundadores islámicos de la ciudad hace aproximadamente un milenio. No hablamos únicamente de árboles, sino de un complejo modelo agrícola adaptado a un entorno semiárido que permitió aprovechar de forma eficiente los recursos hídricos disponibles.

El legado andalusí que transformó el paisaje

La expansión definitiva del Palmeral de Elche se produjo tras la fundación de la ciudad islámica en su ubicación actual durante los siglos VIII y IX. Los nuevos pobladores desarrollaron una extensa red de acequias y canales que permitía distribuir el agua por todo el territorio agrícola. Lo más sorprendente es que buena parte de ese sistema hidráulico continúa funcionando en la actualidad.

La web oficial de Visit Elche destaca que uno de los valores reconocidos por la UNESCO fue precisamente la conservación de este modelo de agricultura de oasis. Gracias a esa red de regadío, las palmeras pudieron integrarse en un sistema productivo que durante siglos abasteció a la población local y configuró un paisaje completamente diferente al de otras ciudades mediterráneas.

Aunque las datileras ya estaban presentes en la zona mucho antes de la llegada de los árabes, fueron ellos quienes impulsaron la gran transformación del territorio. La importancia de estas palmeras puede rastrearse incluso en épocas anteriores. Visit Elche recuerda que los “dibujos de palmas y palmeras en cerámicas iberas de La Alcudia (siglo III al I a.C.) demuestra la relevancia de las datileras ya en aquella época”.

Un Patrimonio de la Humanidad vivo

Hoy el Palmeral de Elche mantiene sobre todo una función paisajística, cultural y patrimonial. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que reconoció su carácter excepcional como ejemplo de transferencia de técnicas agrícolas entre distintas culturas y como testimonio vivo del legado andalusí en Europa.

La ciudad ofrece numerosos espacios para descubrir este paisaje. Entre los más conocidos destacan el Huerto del Cura, el Museo del Palmeral, la Ruta del Palmeral y diversos miradores desde los que se observan las cuadrículas históricas formadas por las palmeras de Elche. También existen senderos específicos que permiten recorrer parte de los antiguos huertos y comprender cómo funcionaba este singular sistema agrícola.

Actualmente, la actividad económica vinculada al palmeral se concentra principalmente en la producción de palma blanca para el Domingo de Ramos, una tradición profundamente arraigada en la ciudad. A ello se suma una producción limitada de dátiles y diversos proyectos de conservación y reproducción de ejemplares.

Para quienes buscan qué ver en Elche, el Palmeral de Elche ofrece mucho más que una imagen espectacular. Es la demostración de cómo la intervención humana puede crear un paisaje capaz de sobrevivir durante más de mil años y seguir definiendo la identidad de toda una ciudad. Un bosque que, en realidad, nunca fue un bosque, sino una extraordinaria obra de ingeniería agrícola convertida hoy en uno de los paisajes culturales más importantes de Europa.

PLD Space, la empresa española de transporte espacial con sede en Elche, ha recibido un préstamo de 30 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar la fase de desarrollo final del su cohete Miura 5. Este lanzador, diseñado para poner pequeños pequeños satélites en órbita, podría convertirse en el primer cohete orbital europeo reutilizable. Su primer vuelo de prueba podría llegar este 2026.

La operación marca la primera inversión directa del BEI, la institución financiera de la UE que financia proyectos públicos y privados para impulsar el desarrollo económico, la cohesión y la transición verde, en pequeños lanzadores de satélites. PLD Space ha explicado que la inversión empleará el capital en escalar sus capacidades industriales y de lanzamiento, con el objetivo comercial de ofrecer un servicio capaz de abarcar 30 misiones anuales desde puertos espaciales como el de la Guayana Francesa, conocido como el Puerto Espacial Europeo.

Esos pequeños satélites son “claves para las comunicaciones, la investigación y también nuestra seguridad”, ha expresado la presidenta del BEI, Nadia Calviño. Se trata de aparatos que pueden desplegarse en grupos denominados constelaciones para ofrecer conectividad global, observación en tiempo real de la Tierra (desde el clima hasta conflictos o desastres) y servicios críticos como navegación, vigilancia y comunicaciones seguras.

El Miura 5 está específicamente diseñador para el lanzamiento de estos satélites, reduciendo la complejidad asociada a los lanzadores pesados. “Europa necesita unas capacidades de lanzamiento sólidas e independientes para garantizar un acceso autónomo al espacio”, ha declarado el vicepresidente del BEI, Robert de Groot. “Con su innovadora tecnología e infraestructura de lanzamiento, PLD Space está avanzando decisivamente en esta dirección. El BEI se enorgullece de apoyar a PLD Space en la ampliación de sus servicios de lanzamiento para lograr precios competitivos a escala mundial, reforzando así la autonomía de Europa en este segmento crítico del espacio”.

PLD Space fue fundada en 2011 en Elche (Alicante) por Raúl Torres y Raúl Marí y es la primera empresa española dedicada al transporte espacial y pionera europea en el desarrollo de cohetes reutilizables. Con una plantilla que supera ya los 200 empleados —principalmente ingenieros aeroespaciales— y oficinas principales en Elche, además de centros de pruebas en Teruel y Huelva, la compañía ha pasado de un equipo inicial de tres fundadores a convertirse en uno de los actores de referencia en el sector del “New Space”. Además del Miura 5, también está desarrollando motores de propelente líquido.

Con el apoyo del BEI, la empresa suma 210 millones de euros de financiación conseguida en 2026, tras una ronda de 180 millones cerrada en marzo. Dicha operación estuvo liderada por Mitsubishi y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

“Este acuerdo nos permitirá ampliar la infraestructura industrial y de lanzamiento necesaria para ofrecer un acceso fiable al espacio a nuestra cartera internacional de clientes comerciales e institucionales. Agradecemos al BEI su confianza y su apoyo. Este respaldo no solo fortalece nuestra visión a largo plazo, sino que además acelera el acceso europeo al espacio”, ha manifestado el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez.

El futbolista del Elche Club de Fútbol Rafa Mir, procesado por agresión sexual y para quien la Fiscalía solicita diez años y medio de prisión, ha presentado su escrito de defensa. En este insiste en su inocencia y solicita su absolución tras las acusaciones por los hechos sucedidos el 31 de agosto de 2024, cuando era jugador del Valencia Club de Fútbol. Además, ha aportado una serie de vídeos con los que pretende demostrar su inocencia.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Mir, que siempre ha defendido su inocencia, relata su versión de los hechos sucedidos aquel día, tanto en la discoteca de València donde conoció junto a unos amigos a la denunciante y a una amiga como, posteriormente, en su domicilio de Bétera, donde asegura que se produjeron interacciones personales y sexuales “consensuadas” entre ambos.

Así, relata que surgieron “tensiones” debido a “episodios de celos” relacionados con las interacciones sexuales de una de las dos chicas con el acusado, lo que derivó en una discusión entre ambas amigas y su expulsión del domicilio por parte del compañero de Rafa Mir, también acusado de agresión sexual en la causa.

Estos hechos y las discusiones que se produjeron ya en el exterior de la vivienda provocaron la intervención de la seguridad de la urbanización y de la Policía Local de Bétera, que registró las declaraciones de ambas mujeres sobre lo sucedido.

La defensa del futbolista niega las acusaciones del Ministerio Fiscal y de la acusación popular, ya que defiende que los hechos no son constitutivos de delito e insiste en que las relaciones sexuales fueron “consensuadas”, por lo que reclama la libre absolución de Rafa Mir. Además, argumenta que las pruebas documentales aportadas por las acusaciones no cumplen con los requisitos legales y rechaza que existan razones suficientes para la celebración de un juicio a puerta cerrada.

La instructora ve indicios de delito

La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Rafa Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas a las que él y otros amigos, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

La jueza también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte del otro procesado, Pablo Jara, respecto a una segunda chica, hechos ocurridos igualmente en la piscina de la casa de Mir.

El futbolista de l’Elx Club de Futbol Rafa Mir, processat per agressió sexual i per a qui la Fiscalia sol·licita deu anys i mig de presó, ha presentat el seu escrit de defensa. Hi insisteix en la seua innocència i sol·licita l’absolució arran de les acusacions pels fets esdevinguts el 31 d’agost de 2024, quan era jugador del València Club de Futbol. A més, ha aportat una sèrie de vídeos amb què pretén demostrar la seua innocència.

En l’escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, Mir, que sempre ha defensat la seua innocència, relata la seua versió dels fets esdevinguts aquell dia, tant en la discoteca de València on va conéixer amb uns amics la denunciant i una amiga com, posteriorment, en el seu domicili de Bétera, on assegura que es van produir interaccions personals i sexuals “consensuades” entre tots dos.

Així doncs, relata que van sorgir “tensions” a causa d’“episodis de gelosia” relacionada amb les interaccions sexuals d’una de les dues xiques amb l’acusat, cosa que va derivar en una discussió entre totes dues amigues i la seua expulsió del domicili per part del company de Rafa Mir, també acusat d’agressió sexual en la causa.

Aquests fets i les discussions que es van produir ja en l’exterior de l’habitatge van provocar la intervenció de la seguretat de la urbanització i de la Policia Local de Bétera, que va registrar les declaracions de totes dues dones sobre els fets.

La defensa del futbolista nega les acusacions del ministeri fiscal i de l’acusació popular, ja que defensa que els fets no són constitutius de delicte i insisteix que les relacions sexuals van ser “consensuades”, per la qual cosa reclama la lliure absolució de Rafa Mir. A més, argumenta que les proves documentals aportades per les acusacions no compleixen els requisits legals i rebutja que hi haja prou raons per a la celebració d’un judici a porta tancada.

La instructora veu indicis de delicte

La instructora entén que de les diligències practicades durant la instrucció de la causa hi ha indicis i no meres sospites que apunten que Rafa Mir va agredir sexualment dues vegades una de les dues xiques a qui ell i altres amics havien conegut prèviament en una discoteca de València.

La jutgessa també veu indicis de comissió d’un delicte d’agressió sexual sense accés carnal i d’un delicte lleu de lesions per part de l’altre processat, Pablo Jara, respecte d’una segona xica, fets ocorreguts igualment en la piscina de la casa de Mir.

La pandèmia provocada per la Covid-19 va tindre repercussió en tots els àmbits de la vida quotidiana, com l’educatiu. La necessitat d’adaptar els centres a la nova realitat del 2020 va obligar a convertir espais específics, com ara aules d’informàtica, de música o laboratoris en classes per a poder repartir als alumnes de manera que es pogueren mantindre les distàncies de seguretat. Sis anys després que es desfermara la crisi sanitària, l’IES Severo Ochoa d’Elx continua sense tindre un laboratori per a la pràctica de ciències com la biologia: són uns 2.600 dies i 3.600 alumnes —600 estudiants per any— que no han disposat de les condicions adequades.

Des del centre sol·liciten a la Conselleria d’Educació la “creació i la instal·lació” d’un laboratori escolar pel fet que no tenen cap espai específic “equipat degudament per al desenvolupament de pràctiques experimentals en l’àmbit de les ciències” per a “garantir que l’alumnat dispose dels recursos materials imprescindibles per a un aprenentatge significatiu, experimental i d’acord amb les exigències curriculars i legals vigents”.

Dos professors de biologia de l’institut, Verónica Sánchez i Manpreet Singh Kaur, han posat en marxa una campanya, que han denominat Projecte Severo, per a visibilitzar la manca d’un laboratori de biologia i geologia: “L’alumnat està ja anys sense poder accedir a un ensenyament científic complet”, ja que no poden fer pràctiques experimentals i el seu aprenentatge queda “limitat a la memorització teòrica, i això no és aprendre”.

Sánchez i Singh Kaur, per a qui aquest és el seu primer any en l’institut il·licità, argumenten que un centre de Secundària i Batxillerat “ha de garantir l’ensenyament científic pràctic”, cosa que esdevé impossible sense l’existència d’un laboratori de ciències: “El desenvolupament de les competències científiques i experimentals de l’alumnat es veu greument afectat i cau la motivació i l’interés per les ciències”. “Anem perdent talent i vocacions”, es lamenten, alhora que denuncien la desigualtat educativa que tenen els estudiants del Severo Ochoa respecte d’altres centres.

Tal com expliquen, l’ensenyament de les ciències “requereix observar, experimentar, comprovar i, sense un espai adequat, el desenvolupament de competències científiques queda seriosament afectat”. A més, sostenen, aquesta manca “no és només educativa, sinó també normativa”, ja que recorden que la legislació vigent estableix la necessitat que els centres educatius tinguen els recursos materials adequats, incloent-hi laboratoris de ciències, per a “garantir una educació de qualitat i el compliment del currículum”.

La legislació vigent obliga l’Administració a dotar amb uns espais mínims educatius, incloent-hi els laboratoris de ciències (Reial decret 658/2024). En aquest sentit, els articles 14 i 15 del Reial decret 132/2010 recullen que els centres de Secundària i Batxillerat han de disposar, “almenys”, d’un laboratori per a ciències; i la Llei orgànica 3/2020 obliga les administracions educatives a dotar els centres dels recursos necessaris (article 120.3), dicta que el projecte educatiu ha d’orientar-se cap a un aprenentatge competencial (article 121) i subratlla que l’ensenyament ha de preparar l’alumnat per a aplicar els coneixements “en contextos reals”, la qual cosa “en ciència vincula directament el currículum amb l’experiència pràctica”, sostenen els professors impulsors d’aquesta reclamació.

'Projecte Severo’

El Projecte Severo és una campanya de conscienciació, que pretén implicar tota la comunitat educativa per mitjà de cartelleria, campanyes en xarxes socials, recollida de signatures i la creació de contingut audiovisual gràcies a la participació de l’alumnat per a donar visibilitat al problema i reunir el suport necessari per a traslladar-lo a l’Administració autonòmica i arribar a una solució que garantisca una educació científica “digna i equitativa”.

Per a presentar aquesta iniciativa, els organitzadors estan treballant en l’organització d’un esdeveniment que preveuen celebrar a la fi d’abril o el maig pròxim l’eix central del qual serà la projecció del documental, de 20 minuts de duració, que anirà acompanyat d’una “experiència dissenyada per a informar, sensibilitzar i mobilitzar els assistents”.

La pandemia provocada por la Covid-19 tuvo repercusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana, como el educativo. La necesidad de adaptar los centros a la nueva realidad de 2020 obligó a convertir espacios específicos, como aulas de informática, de música o laboratorios en clases para poder repartir a los alumnos de forma que se pudieran guardar las distancias de seguridad. Seis años después de que se desatara la crisis sanitaria, el IES Severo Ochoa de Elche sigue sin contar con un laboratorio para la práctica de ciencias como la Biología: son unos 2.600 días y 3.600 alumnos -600 estudiantes por año- que no han dispuesto de las condiciones adecuadas..

Desde el centro solicitan a la Conselleria de Educación la “creación e instalación” de un laboratorio escolar debido a que no cuentan con ningún espacio específico “debidamente equipado para el desarrollo de prácticas experimentales en el ámbito de las ciencias” para “garantizar que el alumnado disponga de los recursos materiales imprescindibles para un aprendizaje significativo, experimental y acorde con las exigencias curriculares y legales vigentes”.

Dos profesores de Biología del instituto, Verónica Sánchez y Manpreet Singh Kaur, han puesto en marcha una campaña, que han denominado 'Proyecto Severo', para visibilizar la carencia de un laboratorio de Biología y Geología: “El alumnado lleva años sin poder acceder a una enseñanza científica completa”, ya que no pueden realizar prácticas experimentales y su aprendizaje queda “limitado a la memorización teórica, y eso no es aprender”.

Sánchez y Singh Kaur, para quienes este es su primer año en el instituto ilicitano, argumentan que un centro de Secundaria y Bachillerato “debe garantizar la enseñanza científica práctica”, lo que resulta imposible sin la existencia de un laboratorio de ciencias: “El desarrollo de las competencias científicas y experimentales del alumnado se ve gravemente afectado y cae la motivación y el interés por las ciencias”. “Estamos perdiendo talento y vocaciones”, se lamentan, al tiempo que denuncian la desigualdad educativa que tienen los estudiantes del Severo Ochoa respecto a otros centros.

Tal y como explican, la enseñanza de las ciencias “requiere observar, experimentar, comprobar y, sin un espacio adecuado, el desarrollo de competencias científicas queda seriamente afectado”. Además, sostienen, esta carencia “no es solo educativa, sino también normativa”, ya que recuerdan que la legislación vigente establece la necesidad de que los centros educativos cuenten con los recursos materiales adecuados, incluyendo laboratorios de ciencias, para “garantizar una educación de calidad y el cumplimiento del currículo”.

La legislación vigente obliga a la Administración a dotar con unos espacios mínimos educativos, incluidos los laboratorios de ciencias (Real Decreto 658/2024). En este sentido, los artículos 14 y 15 del Real Decreto 132/2010 recogen que los centros de Secundaria y Bachillerato deben disponer, “al menos”, de un laboratorio para Ciencias; y la Ley Orgánica 3/2020 obliga a las administraciones educativas a dotar a los centros de los recursos necesarios (artículo 120.3), dicta que el proyecto educativo debe orientarse hacia un aprendizaje competencial (artículo 121) y subraya que la enseñanza debe preparar al alumnado para aplicar los conocimientos “en contextos reales”, lo que “en ciencia vincula directamente el currículo con la experiencia práctica”, sostienen los profesores impulsores de esta reclamación.

'Proyecto Severo'

El 'Proyecto Severo' es una campaña de concienciación, que pretende implicar a toda la comunidad educativa por medio de cartelería, campañas en redes sociales, recogida de firmas y la creación de contenido audiovisual gracias a la participación del alumnado para dar visibilidad al problema y reunir el apoyo necesario para trasladarlo a la Administración autonómica y conseguir una solución que garantice una educación científica “digna y equitativa”.

Para presentar esta iniciativa, los organizadores están trabajando en la organización de un evento que prevén celebrar a finales de abril o en mayo próximo cuyo eje central será la proyección del documental, de 20 minutos de duración, que estará acompañado de una “experiencia diseñada para informar, sensibilizar y movilizar a los asistentes”.

A solo 20 kilómetros de Alicante se encuentra Elche, un núcleo urbano con más de 2.500 años de historia y una ocupación continuada que la convierte en uno de los territorios más antiguos del sureste peninsular. Esta ciudad combina un entorno natural cercano con playas, zonas verdes y un patrimonio histórico y cultural que se ha preservado a lo largo de los siglos. Su desarrollo urbano refleja la superposición de civilizaciones, desde los primeros asentamientos íberos hasta la influencia romana y musulmana, que configuraron la estructura de sus calles, huertos y sistemas de riego tradicionales.

Elche es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Alicante y la tercera de la Comunidad Valenciana. Además, funciona como capital de la comarca del Baix Vinalopó, un territorio que ha contribuido al mantenimiento de sus tradiciones y a la gestión de su patrimonio. Su crecimiento no ha comprometido la conservación de elementos históricos y naturales, lo que ha permitido que espacios como el Palmeral y el casco histórico mantengan su integridad, y que manifestaciones culturales y educativas continúen desarrollándose en paralelo a la vida urbana.

La ciudad se ha convertido en un referente en la protección y gestión del patrimonio, siendo una de las pocas en el mundo que acumula tres bienes reconocidos por la UNESCO. Estos son el Palmeral, el Misteri d'Elx y el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, cada uno representando un aspecto distinto de la identidad de Elche: la tradición agrícola y natural, la expresión cultural y teatral, y la preservación educativa de la historia local. Esta combinación de elementos la sitúa como un destino singular dentro del Mediterráneo, capaz de atraer tanto a turistas como a investigadores interesados en la historia, la cultura y la sostenibilidad.

Palmeral de Elche

El Palmeral de Elche se extiende a lo largo de más de cinco kilómetros cuadrados y cuenta con más de 200.000 palmeras, incluyendo ejemplares milenarios que forman parte de la identidad de la ciudad. Entre ellas destaca la palmera imperial, que alcanza aproximadamente 25 metros de altura y posee varios brazos laterales, convirtiéndose en un símbolo reconocible del patrimonio local. Su origen se remonta a la época de Al-Ándalus, cuando se desarrollaron técnicas de riego que permitieron la creación de huertos organizados de manera eficiente. Estos sistemas hidráulicos tradicionales, todavía operativos, constituyen un ejemplo de sostenibilidad en el manejo de ecosistemas mediterráneos.

Este espacio no es solo un recurso agrícola, sino un legado cultural vivo. La comunidad local ha mantenido el palmeral a lo largo de los siglos, integrándolo en la vida cotidiana y conservando la importancia simbólica de las palmeras como parte de la identidad colectiva. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2.000, reconociendo su valor histórico, cultural y natural, así como la labor de conservación de las generaciones que han garantizado su supervivencia hasta hoy.

El Palmeral también funciona como recurso educativo y turístico. Los recorridos permiten apreciar la organización de los huertos, los sistemas de riego tradicionales y la diversidad de especies vegetales, mostrando cómo un espacio agrícola puede integrarse de manera sostenible en un entorno urbano sin perder su valor cultural y patrimonial.

Misteri d'Elx

El Misteri d’Elx, conocido también como la Festa d'Elx, es un drama sacro-lírico que se representa cada 14 y 15 de agosto en la basílica barroca de Santa María. La obra narra la dormición, la asunción y la coronación de la Virgen María, combinando música, teatro y liturgia en una representación que se remonta al siglo XV. A lo largo de los siglos, la partitura se ha enriquecido con piezas de distintas épocas, incluyendo sonidos renacentistas y barrocos, manteniendo un vínculo constante con su origen medieval.

Su reconocimiento internacional llegó en 2001, cuando la UNESCO incluyó el Misteri en la categoría de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Esta designación convirtió a la obra en la primera manifestación festiva española incluida en esta categoría. La preparación de la representación implica ensayos previos, pruebas de voces y verificación de los elementos técnicos necesarios para las escenas aéreas, asegurando que la obra se mantenga fiel a su tradición histórica.

La Festa es un eje cultural de la ciudad, y su representación anual atrae tanto a residentes como a visitantes. Su relevancia no solo radica en la continuidad de la tradición escénica, sino también en la interacción que genera entre patrimonio religioso, urbano y social, consolidando un espacio donde la historia, la música y la devoción se encuentran integradas.

Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol

El Museo Escolar de Pusol constituye el tercer bien de Elche reconocido por la UNESCO, incorporado en 2009 al Registro de Mejores Prácticas de Salvaguarda. Este reconocimiento internacional valora la labor sostenida de conservación y transmisión de las tradiciones, los oficios y la historia local, especialmente aquellos vinculados al ámbito rural que empezaban a desaparecer con los cambios tecnológicos del siglo XX.

El museo alberga objetos de uso cotidiano, herramientas, vestimenta y materiales que permiten conocer cómo vivían y trabajaban generaciones anteriores. Su enfoque pedagógico busca conectar a los visitantes con la memoria histórica de la región, mostrando el funcionamiento de actividades agrícolas, artesanales y comerciales que eran habituales en épocas pasadas. La exposición de estos elementos facilita la comprensión del patrimonio material e inmaterial, ofreciendo una visión amplia de la vida cotidiana y de las prácticas culturales que forman parte de la identidad local.

La inclusión del Museo Escolar de Pusol en el registro de la UNESCO refuerza la importancia de la conservación educativa y cultural, convirtiéndolo en un espacio clave para la transmisión de conocimiento y la valoración del pasado. Su papel va más allá de la mera exhibición de objetos, integrando la historia de la ciudad y la comarca en un contexto que permite reflexionar sobre la evolución de la sociedad y las tradiciones locales.

El dueño de una tienda de CBD se ha librado, de momento, de la condena a nueve meses de prisión y la multa, por un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, que le impuso el Juzgado de lo Penal número 2 de Elche por enviar casi un kilo de cánnabis con destino a Luxemburgo en un paquete detectado el verano de 2021 en el almacén de un depósito temporal de la empresa DHL de la zona de descarga del recinto aduanero del aeropuerto de Alicante.

La sentencia inicial (que rebajó la pena al empresario, sin antecedentes penales, al reconocer las dilaciones indebidas en la causa) se basó en la única pericial practicada sobre el producto, un informe analítico elaborado por la jefa de sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas, dependiente de la Delegación del Gobierno, que concluyó que los 949 gramos de cánnabis tenían una pureza del 0,8% y un coeficiente de variación aplicado sobre el porcentaje de riqueza media del 5%, lo cual el juez consideraba “prueba suficiente para acreditar la naturaleza toxicológico-farmacéutica de la sustancia intervenida”. El magistrado descartó que se tratara, tal como alegaba el empresario, de una “mera devolución” sin que existiera “intencionalidad de tráfico”, al carecer de constancia documental. También destacó el peso de los cogollos —no era “precisamente una cuantía menor o ínfima”—, el “carácter profesionalizado y conocedor de las sustancias” por parte del acusado y el envío del paquete al extranjero “a través del tráfico mercantil internacional”.

Sin embargo, tras el recurso de la defensa, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha revocado la condena, declarando la nulidad de la causa y del juicio, al considerar que el acusado ha sufrido una “evidente indefensión”, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El fallo alude al “desequilibrio que se ha producido entre la parte acusadora y la defensa a la hora de utilizar las pruebas que han estimado conveniente para el acto del juicio oral”. Tampoco acepta los hechos probados de la sentencia recurrida.

La Audiencia Provincial de Alicante reconoce que la defensa, que ejerce el abogado Joan Bertomeu, del despacho Brotsanbert, solicitó un contraanálisis para determinar los niveles de THC, CBD y CBN a fin de aplicar a la muestra el método del índice de psicoactividad reconocido en el procedimiento de Naciones Unidas para diferenciar el cánnabis tipo droga del tipo fibra. El CBD, al tener un índice de psicoactividad bajo, queda en una suerte de limbo en España, con tiendas abiertas en todas las ciudades lastradas por cierta inseguridad jurídica de los propietarios ante la postura de la Fiscalía Antidroga de equiparar los cogollos por igual, sean del tipo que sean.

Nulidad del procedimiento

En el caso del empresario de Elche, la primera vista del juicio se suspendió, de común acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa, para que se ampliara el único informe analítico y se determinara el índice de psicoactividad. El juez ofició a la subdelegación del Gobierno en Alicante para que elaborara la prueba. Sin embargo, la Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas contestó que su laboratorio no dispone de una “método analítico adecuado” ni de patrones con los que “poder cuantificar la riqueza de dichos compuestos”.

En la fase de cuestiones previas del juicio oral, la defensa planteó que se había incumplido el requerimiento y solicitó que se remitiera el mismo oficio al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. El fiscal contestó que el oficio ya se había practicado, sin perjuicio de que la defensa pudiera haber conseguido otra pericial con antelación suficiente al juicio oral, celebrado el pasado mes de julio. Sin embargo, el juez inadmitió la cuestión previa planteada por el letrado del acusado.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia del pasado 5 de febrero, considera que la denegación de la prueba, que había sido acordada en un auto dictado meses antes del juicio, “causa evidente indefensión a la parte que lo solicitó”, por lo que declara la nulidad del procedimiento, lo retrotrae al momento anterior a la celebración de la vista y ordena que se practique el análisis, ya sea reiterando el requerimiento en los términos solicitados por la defensa o “dando el tiempo suficiente a la parte solicitante para que lo pueda practicar a su costa”.

Estrategia de “falta de colaboración de los laboratorios”

El letrado Joan Bertomeu enmarca la problemática planteada por la sentencia en la “práctica generalizada de los laboratorios oficiales” que realizan las periciales judiciales de “no cuantificar los cannabinoides, por considerar irrelevantes los niveles de THC y CBD”.

Bertomeu lamenta la postura de calificar a “todo cánnabis” como estupefaciente, “incluso aquel que, por su composición, no puede producir efectos en la salud”, sin diferenciarse, por tanto, “la marihuana como droga del cáñamo que no es psicoactivo”.

“Esta sentencia es un límite a esta estrategia de falta de colaboración de los laboratorios y a los jueces que la validan, porque genera una absoluta indefensión”, concluye el abogado.

L’amo d’una botiga de CBD s’ha lliurat, de moment, de la condemna a nou mesos de presó i la multa, per un delicte de tràfic de drogues que no causen greu mal a la salut, que li va imposar el Jutjat Penal número 2 d’Elx per enviar quasi un quilo de cànnabis amb destinació a Luxemburg en un paquet detectat l’estiu del 2021 en el magatzem d’un depòsit temporal de l’empresa DHL de la zona de descàrrega del recinte duaner de l’aeroport d’Alacant.

La sentència inicial (que va rebaixar la pena a l’empresari, sense antecedents penals, pel fet de reconéixer les dilacions indegudes en la causa) es va basar en l’única pericial practicada sobre el producte, un informe analític elaborat per la cap de la Secció d’Inspecció Farmacèutica i Control de Drogues, dependent de la Delegació del Govern, que va concloure que els 949 grams de cànnabis tenien una puresa del 0,8% i un coeficient de variació aplicat sobre el percentatge de riquesa mitjana del 5%, cosa que el jutge considerava “prou prova per a acreditar la naturalesa toxicologicofarmacèutica de la substància intervinguda”. El magistrat va descartar que es tractara, tal com al·legava l’empresari, d’una “mera devolució” sense que hi haguera “intencionalitat de tràfic”, per mancar de constància documental. També va destacar el pes dels cabdells —no era “precisament una quantitat menor o ínfima”—, el “caràcter professionalitzat i coneixedor de les substàncies” per part de l’acusat i l’enviament del paquet a l’estranger “a través del trànsit mercantil internacional”.

No obstant això, després del recurs de la defensa, la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant, amb seu a Elx, ha revocat la condemna, i ha declarat la nul·litat de la causa i del judici, per considerar que l’acusat ha patit una “indefensió evident”, segons indica la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es.

La sentència al·ludeix al “desequilibri que s’ha produït entre la part acusadora i la defensa a l’hora d’utilitzar les proves que han estimat convenients per a l’acte del judici oral”. Tampoc accepta els fets provats de la sentència recorreguda.

L’Audiència Provincial d’Alacant reconeix que la defensa, que exerceix l’advocat Joan Bertomeu, del despatx Brotsanbert, va sol·licitar una contraanàlisi per a determinar els nivells de THC, CBD i CBN a fi d’aplicar a la mostra el mètode de l’índex de psicoactivitat reconegut en el procediment de Nacions Unides per a diferenciar el cànnabis tipus droga del tipus fibra. El CBD, com que té un índex de psicoactivitat baix, queda en una mena de llimbs a Espanya, amb botigues obertes en totes les ciutats llastrades per una certa inseguretat jurídica dels propietaris davant la postura de la Fiscalia Antidroga d’equiparar els cabdells per igual, siguen del tipus que siguen.

Nul·litat del procediment

En el cas de l’empresari d’Elx, la primera vista del judici es va suspendre, de comú acord entre el ministeri fiscal i la defensa, perquè s’ampliara l’únic informe analític i es determinara l’índex de psicoactivitat. El jutge va oficiar la Subdelegació del Govern a Alacant perquè elaborara la prova. No obstant això, la Secció d’Inspecció Farmacèutica i Control de Drogues va contestar que el seu laboratori no disposa d’un “mètode analític adequat” ni de patrons amb què “poder quantificar la riquesa d’aquests compostos”.

En la fase de qüestions prèvies del judici oral, la defensa va plantejar que s’havia incomplit el requeriment i va sol·licitar que es remetera el mateix ofici a l’Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona. El fiscal va contestar que l’ofici ja s’havia practicat, sense perjudici que la defensa poguera haver aconseguit una altra pericial amb prou antelació al judici oral, esdevingut el mes de juliol passat. No obstant això, el jutge no va admetre la qüestió prèvia plantejada pel lletrat de l’acusat.

La secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant, en la seua sentència del 5 de febrer passat, considera que la denegació de la prova, que havia sigut acordada en una interlocutòria dictada mesos abans del judici, “causa indefensió evident a la part que ho va sol·licitar”, per la qual cosa declara la nul·litat del procediment, el retrotrau al moment anterior a la celebració de la vista i ordena que es practique l’anàlisi, siga reiterant el requeriment en els termes sol·licitats per la defensa o “donant prou temps a la part sol·licitant perquè el puga practicar a costa seua”.

Estratègia de “falta de col·laboració dels laboratoris”

El lletrat Joan Bertomeu emmarca la problemàtica plantejada per la sentència en la “pràctica generalitzada dels laboratoris oficials” que duen a terme les pericials judicials de “no quantificar els cannabinoides, per considerar irrellevants els nivells de THC i CBD”.

Bertomeu lamenta la postura de qualificar “qualsevol cànnabis” d’estupefaent, “fins i tot el que, per la seua composició, no pot produir efectes en la salut”, sense diferenciar-se, per tant, “la marihuana com a droga del cànem que no és psicoactiu”.

“Aquesta sentència és un límit a aquesta estratègia de falta de col·laboració dels laboratoris i als jutges que la validen, perquè genera una indefensió absoluta”, conclou l’advocat.

El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó, centro sanitario gestionado por la mercantil Elche Crevillent Salud S.A., perteneciente al grupo Ribera Salud. La denuncia se dirige inicialmente contra el gerente del hospital, Rafael Carrasco Moreno, y contra todas aquellas personas que pudieran resultar responsables a lo largo de la investigación, por hechos que podrían ser constitutivos, indiciariamente, de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.

La iniciativa judicial se fundamenta en informaciones publicadas por dos medios de comunicación en las que se revelan correos electrónicos internos del grupo Ribera Salud. Según dichas informaciones, la empresa habría reutilizado en el Hospital Universitario del Vinalopó catéteres de un solo uso hasta en diez ocasiones, una práctica expresamente prohibida por la normativa europea y española por el riesgo que supone para la seguridad del paciente. En concreto, un correo fechado el 6 de octubre de 2025, remitido por la jefa de auditoría del grupo, instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el propio mensaje, “ya se estaban realizando en Elche”, con el objetivo de ahorrar costes.

La normativa vigente —en particular el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios y el Real Decreto 192/2023— establece condiciones extremadamente restrictivas para el reprocesamiento de productos de un solo uso, especialmente cuando se trata de dispositivos cuya función principal es garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario.

Para el PSPV, la reutilización reiterada de este material podría haber puesto en riesgo la salud de pacientes, al comprometer la esterilidad, funcionalidad e integridad de los dispositivos médicos empleados.

Afán de lucro y riesgo para la salud pública

En su escrito, el partido considera que estas prácticas responderían a un “desmedido afán de lucro” por parte de la empresa concesionaria en la prestación de un servicio público esencial como es la sanidad. Los socialistas subrayan que el contrato de concesión de la asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud Elx-Crevillent fue adjudicado en 2007 y prorrogado recientemente hasta 2030 por un importe superior a 826 millones de euros.

La denuncia señala que, de confirmarse los hechos, se habría producido una vulneración grave de las obligaciones contractuales y legales que rigen la prestación del servicio sanitario público, financiado con fondos públicos.

Falta de supervisión de la Generalitat

Además de la actuación de la empresa concesionaria, el PSPV pone el foco en la posible omisión de deberes de vigilancia y control por parte de la Generalitat Valenciana. El pliego de prescripciones técnicas y el contrato de concesión atribuyen a la Conselleria de Sanidad la responsabilidad de supervisar y garantizar la calidad asistencial del servicio. Por ello, el partido solicita que se investigue si existió dejación de funciones en el control de la actividad de la concesionaria.

En este sentido, recuerdan que el Código Penal contempla responsabilidades en supuestos de omisión consciente de funciones inspectoras cuando ello favorece intereses privados en perjuicio del interés público, especialmente en materias que afectan directamente a la salud de la ciudadanía.

Diligencias

En su denuncia, el PSPV solicita a la Fiscalía que tome declaración al gerente del hospital, requiera a la Generalitat Valenciana el expediente íntegro del contrato de concesión, encargue a la Intervención General el análisis de la ejecución del contrato identifique a las personas responsables de la supervisión del servicio, así como que requiera a la empresa concesionaria la identificación del equipo directivo del hospital.

El PSPV afirma que actúa “en defensa de la legalidad, la salud pública y el interés general” y subraya que la sanidad pública, incluso cuando es gestionada mediante concesión administrativa, debe regirse por los más altos estándares de seguridad, transparencia y control. “Cuando se trata de la salud de los ciudadanos, no cabe el ahorro a costa de la seguridad”, concluyen los socialistas, que reclaman que se depuren todas las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

Afán de lucro y falta de control

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Corts, Yaissel Sánchez, ha calificado de “absolutamente escandaloso” que Ribera Salud haya podido priorizar el beneficio económico por encima de la salud de la ciudadanía de los municipios adscritos al Departamento de Salud Elche-Crevillent. Sánchez ha advertido de que, de confirmarse los hechos conocidos, estaríamos ante una práctica intolerable que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y evidencia las consecuencias de mantener un modelo concesional que antepone la rentabilidad a la calidad asistencial.

Asimismo, la dirigente socialista ha señalado la responsabilidad directa de la Conselleria de Sanidad del Partido Popular y del president de la Generalitat, Pérez Llorca, por no haber ejercido el control “férreo y riguroso” que establecen los pliegos de la concesión Sánchez ha recordado que se trata de la única concesión sanitaria que permanece en la Comunitat Valenciana por decisión del actual Consell, y ha subrayado que el PSPV-PSOE seguirá defendiendo una sanidad pública, transparente y centrada exclusivamente en la protección de la salud y la confianza de la ciudadanía.

En els dinars de Nadal de la família Gómez Gómez es parla, i molt, de sanitat. Marciano Gómez Gómez és el conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana i un experimentat empresari del sector. El seu germà, Juan David Gómez Gómez, és gerent de la coneguda Clínica Benidorm, recentment incorporada a Ribera Salud per 120 milions d'euros, i la seva parella, Sonia Hernández, és des del 2021 directora financera de Ribera Salud, al seu torn concessionària de l'hospital públic privatitzat del Vinalopó (Elx-Crevillent).

Fora d'aquests dinars de Nadal, Sonia Hernández és la persona que negocia amb la Generalitat Valenciana les liquidacions de la concessió privatitzada, justament davant del departament que dirigeix el seu cunyat, Marciano Gómez. Una relació que, segons la proximitat familiar, podria fer pressuposar algun tipus d'incompatibilitat. A preguntes d' elDiario.es, fonts de la Conselleria de Sanitat neguen la major i defensen que el conseller no participa en les negociacions i que, en els dos anys que porta al capdavant del departament, “no ha deixat de reclamar tot el que la concessionària devia abonar, amb un resultat a favor de la Generalitat de 58 milions d'euros”.

Tres mesos després de guanyar les eleccions, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i el conseller Marciano Gómez van prorrogar a Ribera Salud la concessió de l'hospital del Vinalopó i li van incrementar la càpita. Això va permetre, segons els propis comptes de Ribera Salud presentats al Registre Mercantil, incrementar en 40 milions d'euros els ingressos procedents de l'administració autonòmica: es va passar dels 146.212.043 euros rebuts del Govern de Ximo Puig el 2023 a 186.414.711 euros amb l'ampliació de la concessió del PP un any després.

Sonia Hernández va ser fins al 2021 directora financera del Departament de Salut de Dénia, quan estava privatitzat i gestionat per Ribera Salud i DKV. Aquell any va ser ascendida a directora financera de Ribera Salud a Espanya, en substitució de Pablo Gallart, que va passar a ser director financer de Centene, l'empresa propietrària que posteriorment vendria les seves accions a la francesa Vivalto Santé. Gallart és ara el CEO de Ribera Salud, al qual van caçar en uns àudios demanant allargar les llistes d'espera per generar més ingressos. Hernández és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i ha realitzat diversos cursos de postgrau en Direcció i Organització Hospitalària, Comerç Exterior i Gestió d'Equips.

Fonts de la Conselleria de Sanitat expliquen que Sonia Hernández ja ocupava el seu càrrec a Ribera Salud des de fa anys i negociava les liquidacions amb l'anterior Govern del PSPV i Compromís, que va deixar caducar les altres concessions que tenia Ribera Salud. Quan Marciano Gómez va arribar a la Conselleria de Sanitat, la seva cunyada ja era present a les negociacions amb el departament, afigen.

El càlcul de costos i despeses de les concessions sanitàries privades és molt complicat de gestionar i controlar. De fet, la Sindicatura de Comptes ha denunciat en diverses ocasions la complexitat i la litigiositat que generen en l'administració. Com va explicar elDiario.es, a l'octubre del 2023 la Conselleria de Sanitat i Ribera Salud van acordar una actualització del cost del servei que suposarà un estalvi de 34 milions d'euros per a la mercantil i que, per tant, deixaran d'ingressar les arques públiques.

Així ho reflecteix l'auditoria dels exercicis 2023 i 2024 que l'empresa Elche-Crevillente Salud SAU, filial de Ribera Salud, va trametre als seus accionistes, en la qual celebraven que la revisió de la càpita —la quantia que els paga la Conselleria de Sanitat per cada pacient atès— els va suposar un important estalvi: concretament, 4,1 milions el 2023 i 30,3 milions el 2024. En els comptes del 2024, l'increment de recursos ascendeix a 40 milions d'euros.

Al respecte, fonts de Ribera Salud van al·legar que l'actualització del cost de la càpita es va abordar en comissió mixta al mes d'octubre del 2023 i que no respon a un criteri arbitrari, ni en aquest cas ni quan es va revisar en anteriors legislatures. Les mateixes fonts van explicar que l'actualització es realitza en funció de diverses variables, com l'evolució de la despesa sanitària que fan pública de forma periòdica tant el Govern central com l'autonòmic. El 2024, la concessionària va guanyar 11 milions d'euros per la seva gestió de l' àrea de salut del Vinalopó.

En aquesta mateixa línia, la Conselleria de Sanitat va destacar que, mentre que amb el Govern del Botànic a penes s'executaven les liquidacions anuals, durant el 2025 Ribera Salud ha abonat a la Generalitat 58 milions d'euros corresponents a 23 liquidacions de totes les concessions participades pel Grup Ribera fins al 2022 (Alzira, Torrevieja, Dénia i Elx-Crevillent).

En las comidas de Navidad de la familia Gómez Gómez se habla, y mucho, de sanidad. Marciano Gómez Gómez es el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana y un experimentado empresario del sector. Su hermano, Juan David Gómez Gómez, es gerente de la conocida Clínica Benidorm, recientemente incorporada a Ribera Salud por 120 millones de euros, y su pareja, Sonia Hernández, es desde 2021 directora financiera de Ribera Salud, a su vez concesionaria del hospital público privatizado del Vinalopó (Elche-Crevillente).

Fuera de esas comidas de Navidad, Sonia Hernández es la persona que negocia con la Generalitat Valenciana las liquidaciones de la concesión privatizada, justo frente al departamento que dirige su cuñado, Marciano Gómez. Una relación que, a tenor de la cercanía familiar, podría hacer presumir algún tipo de incompatibilidad. A preguntas de elDiario.es, fuentes de la Conselleria de Sanidad niegan la mayor y defienden que el conseller no participa en las negociaciones y que, en los dos años que lleva al frente del departamento, “no ha dejado de reclamar todo lo que la concesionaria debía abonar, con un resultado a favor de la Generalitat de 58 millones de euros”.

Tres meses después de ganar las elecciones, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el conseller Marciano Gómez pactaron con Ribera Salud un incremento de la cápita. Eso permitió, según las propias cuentas de Ribera Salud presentadas en el Registro Mercantil, incrementar en 40 millones de euros los ingresos procedentes de la administración autonómica: se pasó de los 146.212.043 euros recibidos del Gobierno de Ximo Puig en 2023 a 186.414.711 euros con la ampliación de la concesión del PP un año después.

Sonia Hernández fue hasta 2021 directora financiera del Departamento de Salud de Dénia, cuando estaba privatizado y gestionado por Ribera Salud y DKV. Ese año fue ascendida a directora financiera de Ribera Salud en España, en sustitución de Pablo Gallart, que pasó a ser director financiero de Centene, la empresa propietaria que posteriormente vendería sus acciones a la francesa Vivalto Santé. Gallart es ahora el CEO de Ribera Salud, al que cazaron en unos audios pidiendo alargar las listas de espera para generar más ingresos. Hernández es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado diversos cursos de posgrado en Dirección y Organización Hospitalaria, Comercio Exterior y Gestión de Equipos.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad explican que Sonia Hernández ya ocupaba su cargo en Ribera Salud desde hace años y negociaba las liquidaciones con el anterior Gobierno del PSPV y Compromís, que dejó caducar las demás concesiones que tenía Ribera Salud. Cuando Marciano Gómez llegó a la Conselleria de Sanidad, su cuñada ya estaba presente en las negociaciones con el departamento, zanjan.

El cálculo de costes y gastos de las concesiones sanitarias privadas es muy complicado de gestionar y controlar. De hecho, la Sindicatura de Comptes ha denunciado en varias ocasiones la complejidad y la litigiosidad que generan en la administración. Como contó elDiario.es, en octubre de 2023 la Conselleria de Sanidad y Ribera Salud acordaron una actualización del coste del servicio que supondrá un ahorro de 34 millones de euros para la mercantil y que, por lo tanto, dejarán de ingresar las arcas públicas.

Así lo refleja la auditoría de los ejercicios 2023 y 2024 que la empresa Elche-Crevillente Salud SAU, filial de Ribera Salud, remitió a sus accionistas, en la que celebraban que la revisión de la cápita —la cuantía que les paga la Conselleria de Sanidad por cada paciente atendido— les supuso un importante ahorro: concretamente, 4,1 millones en 2023 y 30,3 millones en 2024. En las cuentas de 2024, el incremento de recursos asciende a 40 millones de euros.

Al respecto, fuentes de Ribera Salud alegaron que la actualización del coste de la cápita se abordó en comisión mixta en el mes de octubre de 2023 y que no responde a un criterio arbitrario, ni en este caso ni cuando se revisó en anteriores legislaturas. Las mismas fuentes explicaron que la actualización se realiza en función de diversas variables, como la evolución del gasto sanitario que hacen público de forma periódica tanto el Gobierno central como el autonómico. En 2024, la concesionaria ganó 11 millones de euros por su gestión del área de salud del Vinalopó.

En esa misma línea, la Conselleria de Sanidad destacó que, mientras que con el Gobierno del Botánico apenas se ejecutaban las liquidaciones anuales, durante 2025 Ribera Salud ha abonado a la Generalitat 58 millones de euros correspondientes a 23 liquidaciones de todas las concesiones participadas por el Grupo Ribera hasta 2022 (Alzira, Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente).

Ribera Salud va consolidar durant anys un model de negoci en la sanitat pública privatitzada que li ha permés integrar accionistes externs de gran pes, com l’actual màxim accionista francés Vivalto Santé o l’anterior grup nord-americà Centene, així com pagar sous elevats als seus directius. Com? Mitjançant retallades en els salaris dels treballadors, en el material sanitari i gràcies a la connivència d’administracions del PP, que van disparar els ingressos d’aquestes concessionàries.

Només el 2024, Elche Crevillente Salud SAU, la gestora de l’Hospital del Vinalopó, va incrementar en 40 milions d’euros els ingressos procedents de la Generalitat: va passar dels 146.212.043 euros rebuts del Govern de Ximo Puig el 2023 a 186.414.711 euros amb l’ampliació de concessió del PP un anys despré, segons els comptes depositats per aquesta filial de Ribera Salud en el Registre Mercantil i a què ha tingut accés elDiario.es.

Així doncs, segons ha pogut saber elDiario.es de fonts coneixedores del contracte, el màxim directiu de Ribera Salud percep un salari anual brut de 300.000 euros, més objectius vinculats a l’Ebitda. És a dir, com més gran siga l’estalvi abans d’impostos i en les despeses corrents, més alta és la retribució. El director financer, per part seua, pot embutxacar-se 200.000 euros en nòmina, més objectius també lligats a l’Ebitda. Mentrestant, com va revelar en exclusiva elDiario.es, la reutilització de catèters a l’Hospital del Vinalopó permetia estalviar 160.000 euros, encara que es desconeix si aquesta xifra correspon a un període setmanal, mensual o anual, una periodicitat que la mateixa empresa no va voler aclarir després d’al·legar una campanya de difamació d’antics dirigents.

Però el model de Ribera Salud no se sustenta només en els generosos pagaments de l’Administració ni en l’estalvi de costos en material sanitari o personal, sinó també en tota una xarxa d’empreses vinculades al grup que facturen als hospitals privatitzats una mitjana de 20 milions d’euros a l’any, segons els seus propis comptes.

El 2024, l’Hospital del Vinalopó, a través de la societat Elche Crevillente Salud SAU, va ingressar 191.204.000 euros i va obtindre uns beneficis nets, després d’impostos, d’11 milions d’euros. Per part seua, Torrejón Salud, l’empresa que gestiona l’Hospital de Torrejón, va ingressar 123.521.157 euros —el 98% procedents de la Comunitat de Madrid—, però va registrar unes pèrdues de 7,9 milions d’euros.

Com pot ser que dues àrees sanitàries gestionades per la mateixa empresa, a Madrid i a la Comunitat Valenciana, donen resultats tan dispars? Potser el correu d’instruccions per a estalviar en material sanitari enviat des del Vinalopó a Torrejón pretenia frenar la sagnia de pèrdues de l’hospital madrileny? O és que l’executiu d’Isabel Díaz Ayuso no va ser tan generós com el de Carlos Mazón?

La capita —el que paga l’Administració per pacient— que abona la Generalitat des del 2024 és de 1.066 euros, mentre que la que paga la Comunitat de Madrid és de 581 euros.

La lletra menuda dels comptes registrats d’Elche Crevillente Salud SAU i Torrejón Salud evidencia que bona part dels diners que les administracions ingressen en aquestes companyies es queden dins del mateix grup, a través dels serveis que les empreses vinculades es presten entre si. Prop de 24 milions d’euros de les despeses de l’Hospital del Vinalopó corresponen a serveis prestats per empreses del grup, mentre que, en el cas de Torrejón, aquesta despesa no està desglossada, encara que supera els 6 milions d’euros si es descompten els pagaments a la Comunitat de Madrid per derivacions de pacients a centres públics.

Un exemple d’aquestes empreses que treballen per als hospitals privatitzats és el Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana. Aquesta filial de Ribera Salud va facturar el 2024 un total de 21 milions d’euros i va obtindre quatre milions de benefici, cosa que suposa una rendibilitat del 23%. Es tracta d’unes xifres molt superiors al marge de benefici habitual de les concessions sanitàries —al voltant del 8% a Elx—, un marge que està molt condicionat pels ingressos que fixa l’Administració.

El Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana té com a objecte social “la realització d’anàlisis i diagnòstics clínics, biològics o químics (intermediació), per si mateix o mitjançant l’adquisició i l’administració de laboratoris d’anàlisis clíniques o d’actius relacionats, incloent-s’hi la tinença i l’explotació d’aparells i instal·lacions que siguen pertinents”. Només Elche Crevillente Salud SAU va gastar el 2024 10,5 milions d’euros en contractacions externes de laboratori.

Ribera Salud gestiona actualment 15 hospitals i més de 60 centres policlínics, amb més de 9.000 treballadors, a més de les empreses de serveis sanitaris esmentades abans. Una altra d’aquestes companyies satèl·lit és Imatec Gabinetes Radiológicos SL, dedicada a la realització de proves radiològiques, que el 2024 va facturar 2,3 milions d’euros i va obtindre quasi 400.000 euros de benefici, més d’un 20% de rendibilitat. B2B Salud, una altra filial creada com a central de compres ortoprotètiques, va ingressar 4,4 milions d’euros el 2024 i va obtindre uns beneficis de 666.724 euros.

A aquesta economia circular de Ribera Salud cal afegir també les derivacions a altres centres privats. En l’Hospital del Vinalopó es van abonar a aquests centres privats 2,8 milions d’euros el 2024 per l’atenció a pacients coberts per la capita de la Generalitat. Ribera Salud té centres privats d’aquesta mena prop dels grans hospitals de referència.

Ribera Salud consolidó durante años un modelo de negocio en la sanidad pública privatizada que le ha permitido integrar a accionistas externos de gran peso, como el actual máximo accionista francés Vivalto Santé o el anterior grupo estadounidense Centene, así como pagar elevados sueldos a sus directivos. ¿Cómo?, mediante recortes en los salarios de los trabajadores, en el material sanitario y gracias a la connivencia de administraciones del PP, que dispararon los ingresos de estas concesionarias.

Solo en 2024, Elche Crevillente Salud SAU, la gestora del hospital del Vinalopó, incrementó en 40 millones de euros los ingresos procedentes de la Generalitat: pasó de los 146.212.043 euros recibidos del Gobierno de Ximo Puig en 2023 a 186.414.711 euros con la ampliación de concesión del PP un año después, según las cuentas depositadas por esta filial de Ribera Salud en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso elDiario.es.

Así, según ha podido saber elDiario.es por fuentes conocedoras del contrato, el máximo directivo de Ribera Salud percibe un salario anual bruto de 300.000 euros, más objetivos vinculados al EBITDA. Es decir, cuanto mayor sea el ahorro antes de impuestos y en los gastos corrientes, mayor es la retribución. El director financiero, por su parte, puede embolsarse 200.000 euros en nómina, más objetivos también ligados al EBITDA. Mientras tanto, como reveló en exclusiva elDiario.es, la reutilización de catéteres en el hospital del Vinalopó permitía ahorrar 160.000 euros, aunque se desconoce si esa cifra corresponde a un periodo semanal, mensual o anual, una periodicidad que la propia empresa no quiso aclarar tras alegar una campaña de difamación de antiguos dirigentes.

Pero el modelo de Ribera Salud no se sustenta solo en los generosos pagos de la administración ni en el ahorro de costes en material sanitario o personal, sino también en toda una red de empresas vinculadas al grupo que facturan a los hospitales privatizados una media de 20 millones de euros al año, según sus propias cuentas.

En 2024, el hospital del Vinalopó, a través de la sociedad Elche Crevillente Salud SAU, ingresó 191.204.000 euros y obtuvo unos beneficios netos, después de impuestos, de 11 millones de euros. Por su parte, Torrejón Salud, la empresa que gestiona el hospital de Torrejón, ingresó 123.521.157 euros —el 98% procedente de la Comunidad de Madrid—, pero registró unas pérdidas de 7,9 millones de euros.

¿Cómo puede ser que dos áreas sanitarias gestionadas por la misma empresa, en Madrid y en la Comunitat Valenciana, arrojen resultados tan dispares? ¿Acaso el correo de instrucciones para ahorrar en material sanitario enviado desde el Vinalopó a Torrejón pretendía frenar la sangría de pérdidas del hospital madrileño? ¿O es que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no fue tan generoso como el de Carlos Mazón?

La cápita —lo que paga la administración por paciente— que abona la Generalitat desde 2024 es de 1.066 euros, mientras que la que paga la Comunidad de Madrid es de 581 euros.

La letra pequeña de las cuentas registradas de Elche Crevillente Salud SAU y Torrejón Salud evidencia que buena parte del dinero que las administraciones ingresan en estas compañías se queda dentro del propio grupo, a través de los servicios que las empresas vinculadas se prestan entre sí. Cerca de 24 millones de euros de los gastos del hospital del Vinalopó corresponden a servicios prestados por empresas del grupo, mientras que en el caso de Torrejón este gasto no está desglosado, aunque supera los 6 millones de euros si se descuentan los pagos a la Comunidad de Madrid por derivaciones de pacientes a centros públicos.

Una rentabilidad del 23%

Un ejemplo de estas empresas que trabajan para los hospitales privatizados es el Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana. Esta filial de Ribera Salud facturó en 2024 un total de 21 millones de euros y obtuvo cuatro millones de beneficios, lo que supone una rentabilidad del 23%. Se trata de unas cifras muy superiores al margen de beneficio habitual de las concesiones sanitarias —en torno al 8% en Elche—, un margen que está muy condicionado por los ingresos que fija la administración.

El Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana tiene como objeto social “la realización de análisis y diagnósticos clínicos, biológicos o químicos (intermediación), por sí misma o mediante la adquisición y administración de laboratorios de análisis clínicos o de activos relacionados, incluyéndose la tenencia y explotación de aparatos e instalaciones que sean pertinentes”. Solo Elche Crevillente Salud SAU gastó en 2024 10,5 millones de euros en contrataciones externas de laboratorio.

Ribera Salud gestiona actualmente 15 hospitales y más de 60 centros policlínicos, con más de 9.000 trabajadores, además de las empresas de servicios sanitarios antes mencionadas. Otra de estas compañías satélite es Imatec Gabinetes Radiológicos SL, dedicada a la realización de pruebas radiológicas, que en 2024 facturó 2,3 millones de euros y obtuvo casi 400.000 euros de beneficio, más de un 20% de rentabilidad. B2B Salud, otra filial creada como central de compras ortoprotésicas, ingresó 4,4 millones de euros en 2024 y obtuvo unos beneficios de 666.724 euros.

A esta economía circular de Ribera Salud hay que añadir también las derivaciones a otros centros privados. En el hospital del Vinalopó se abonaron a estos centros privados 2,8 millones de euros en 2024 por la atención a pacientes cubiertos por la cápita de la Generalitat. Ribera Saud cuenta con centros privados de este tipo cerca de los grandes hospitales de referencia.

“Si detectàrem alguna mena d’irregularitat, la contundència l’aplicaríem i prendríem algun tipus de mesura”. El conseller de Sanitat del Govern valencià, Marciano Gómez, es va pronunciar en aquests termes fa poc preguntat per la continuïtat de Ribera Salud com a empresa gestora de l’Hospital del Vinalopó, després de l’escàndol desfermat pel correu d’un alt càrrec de l’empresa destapat per elDiario.es en què s’insta el personal a reutilitzar catèters d’un sol ús per a estalviar.

Gómez no va especificar si per mesures contundents s’entén la possible rescissió del contracte, una mesura que reclamen tant el PSPV com Compromís, que portaran el cas davant la Fiscalia, a més de la Plataforma per la Reversió del Vinalopó, que va fer una protesta dijous a les portes del centre hospitalari alacantí. No obstant això, a la vista de les condicions del contracte que va prorrogar el maig de l’any passat el Govern valencià fins al 31 de maig de 2030, no seria ni molt menys senzill i, segons diverses fonts consultades, podria donar peu a una guerra judicial amb reclamacions milionàries per part de l’empresa.

La raó és perquè, segons el document de formalització de la pròrroga de cinc anys, l’Administració es compromet a abonar a la mercantil d’entrada un total de 826,7 milions d’euros. Descomptant els 82,6 milions previstos per a l’any 2025, a l’Administració valenciana encara li quedarien per pagar a Ribera Salud 744,1 milions pels quatre anys que li queden de concessió.

El motiu d’aquest litigi, més que probable, és que cap de les clàusules que figuren en el contracte com a motiu per a resoldre el contracte parlen de possibles negligències. Tampoc el Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, pel qual es regeix aquest contracte.

En tots dos casos figuren com un dels possibles motius de rescissió “raones d’interés general”. No obstant això, fonts de tota solvència expliquen que acollir-se a aquest punt requereix una situació excepcional que implicaria una justificació rigorosa.

La resta dels motius que s’estableixen en el contracte com a causes de resolució d’aquest són “l’incompliment en més de dos mesos del termini respecte de l’inici de la gestió del servei públic per causes imputables al contractista; l’incompliment de les obligacions contractuals essencials relatives a la prestació dels serveis complementaris no sanitaris; l’incompliment de les obligacions essencials d’elaboració del Projecte de Construcció de l’Hospital i de la seua execució; l’abandó es presumirà quan el concessionari, sense causa justificada, deixe de prestar el servei durant més de 48 hores seguides, mitjançant retirada del personal i desatenció absoluta del servei; l’abandó suposa la confiscació del servei per part de l’Administració; l’obstrucció pel concessionari a l’exercici per part de l’Administració de les facultats de control i inspecció; la demora superior a sis mesos per part de l’Administració; la impossibilitat d’explotació del servei a conseqüència d’acords adoptats per l’Administració amb posterioritat a aquest”.

El contracte també preveu que “l’Òrgan de Contractació podrà acordar el rescat total o parcial de la concessió en el cas que els serveis ho exigiren per causa d’interés públic”.

D’altra banda, en l’apartat 17, en què s’estableixen les obligacions del contractista, s’adverteix que haurà d’“indemnitzar els danys que es causen a tercers a conseqüència de les operacions que requerisca el desenvolupament del servei, excepte quan el mal siga produït per causes imputables a l’Administració”.

Per part seua, la Conselleria de Sanitat, a preguntes d’aquesta redacció sobre si el cas dels catèters, si se n’acredita la reutilització de manera il·legal, seria motiu de rescissió del contracte, s’han remés al que s’estableix en les clàusules i en la normativa en què es basa.

Inspecció de Sanitat i resposta de Ribera Salud

Com ha avançat aquest diari, el 6 d’octubre de 2025 la cap d’Auditoria de l’empresa Ribera Salud va enviar un correu als caps de l’hospital públic que gestiona en la localitat madrilenya de Torrejón amb una ordre molt clara: havien de reutilitzar catèters d’electrofisiologia, material que és d’un sol ús, per a estalviar diners. I com més prompte millor, com ja feien en l’hospital públic del Vinalopó, que dona servei a l’àrea de salut d’Elx-Crevillent (el Baix Vinalopó), també gestionat per Ribera Salud. És l’últim centre hospitalari que els queda concessionat a la Comunitat Valenciana després de la reversió que va dur a terme el Botànic.

Eldiario.es va plantejar la situació revelada en el correu esmentat a la Conselleria de Sanitat dijous passat 15 de gener per a intentar saber l’abast d’aquestes pràctiques en l’Hospital del Vinalopó, en l’àrea d’Elx-Crevillent, i, alertada per la gravetat de la situació, va enviar una inspecció sorpresa a les huit del matí del divendres. “Els inspectors s’han personat en diversos departaments del centre i no han detectat que hui es reutilitze material d’aquesta mena”, asseguren fonts de la Conselleria. Això no significa que no es fera en el moment en què es va enviar el correu intern, que és molt clar sobre les pràctiques que s’impulsaven en el centre.

Fonts de Ribera Salud van al·legar, a preguntes d’elDiario.es, que la inspecció de la Conselleria de Sanitat “ha evidenciat que no es reesterilitza material fungible”. “En l’Hospital Universitari del Vinalopó no es reutilitza material d’un sol ús”, van assegurar. Avisats que hi ha un correu intern que contradiu la seua declaració, les mateixes fonts de l’empresa han manifestat: “Et puc evidenciar el que diu la inspecció oficial de Sanitat de hui mateix. El que diu el document que tu tens no sé si s’ha pogut manipular. Ja va passar amb el tema dels àudios”.

El cas de Torrejón, també judicialitzat

En el vessant madrileny, un jutjat de la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz va decidir fa una setmana arxivar la querella que Podem va interposar contra els gestors de Ribera Salud i l’Hospital de Torrejón de Ardoz arran de les converses revelades per El País en què els seus directius ordenaven prioritzar intervencions mèdiques més rendibles econòmicament. Una decisió que xoca amb el criteri de la Fiscalia, que tal com va avançar El Plural, considera que sí que hi ha prevaricació i ha remés més denúncies interposades pel PSOE, l’advocat Javier Flores i una associació de defensa de la sanitat pública.

La Comunitat de Madrid ha insistit dimecres, arran de la publicació del correu en elDiario.es, que “la inspecció, a través de les auditories, ha negat rotundament que en aquest hospital s’haja reutilitzat absolutament res”, ha defensat Miguel Ángel García Martín, portaveu del Govern d’Ayuso després del Consell de Govern. “Hi ha hagut una traça de tot el material que hi ha entrat i de tot el material que s’ha utilitzat en els quiròfans i no hi ha cap mena de reutilització. Per tant, és rotundament fals i els ciutadans poden estar molt tranquils”, ha assenyalat, malgrat que el correu, del 6 d’octubre, dona indicació de fer l’esterilització de catèters “al més prompte possible”.

“Si detectásemos algún tipo de irregularidad la contundencia la aplicaríamos y tomaríamos algún tipo de medida”. El conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, Marciano Gómez, se pronunció en estos términos recientemente preguntado por la continuidad de Ribera Salud como empresa gestora del hospital del Vinalopó, tras el escándalo desatado por el correo de un alto cargo de la empresa destapado por elDiario.es en el que se insta al personal a reutilizar catéteres de un solo para ahorrar.

Gómez no especificó si por medidas contundentes se entiende la posible rescisión del contrato, una medida que reclaman tanto el PSPV como Compromís, que van a llevar el caso ante la Fiscalía, además de la Plataforma por la Reversión del Vinalopó, que realizó una protesta este jueves a las puertas del centro hospitalario alicantino. Sin embargo, a la vista de las condiciones del contrato que prorrogó en mayo del pasado año el Gobierno valenciano hasta el 31 de mayo de 2030, no sería ni mucho menos sencillo y según diversas fuentes consultadas, podría dar pie a una guerra judicial con reclamaciones millonarias por parte de la empresa.

Y es que, según el documento de formalización de la prórroga de cinco años, la administración se compromete a abonar a la mercantil de entrada un total de 826,7 millones de euros. Descontando los 82,6 millones previstos para el año 2025, a la administración valenciana aún le quedarían por pagar a Ribera Salud 744,1 millones a la mercantil por los cuatro años que le quedan de concesión.

El motivo de este más que probable litigio es que ninguna de las cláusulas que figuran en el pliego como motivo para resolver la concesión hablan de posibles negligencias. Tampoco el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por el que se rige el acuerdo.

En ambos casos figuran como uno de los posibles motivos de rescisión “razones de interés general”. Sin embargo, fuentes de toda solvencia explican que acogerse a este punto requiere de una situación excepcional que implicaría una rigurosa justificación para evitar las mencionadas indemnizaciones.

El resto de motivos que se establecen en el contrato como causas de resolución del mismo son la “el incumplimiento en más de dos meses del plazo respecto del inicio de la gestión del servicio público por causas imputables al contratista; el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas a la prestación de los servicios complementarios no sanitarios; el incumplimiento de las obligaciones esenciales de elaboración del Proyecto de Construcción del Hospital y de su ejecución; el abandono se presumirá cuando el concesionario, sin causa justificada, deje de prestar el servicio durante más de 48 horas seguidas, mediante retirada del personal y desatención absoluta del servicio; el abandono supone la incautación del servicio por parte de la Administración; la obstrucción por el concesionario al ejercicio por parte de la Administración de las facultades de control e inspección; la demora superior a seis meses por parte de la Administración; la imposibilidad de explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al mismo”.

El contrato también prevé que “el Órgano de Contratación podrá acordar el rescate total o parcial de la concesión en el caso de que los servicios así lo exigieran por causa de interés público”.

Por otra parte, el apartado 17 en el que se establecen las obligaciones del contratista se advierte de que deberá “indemnizar los daños que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración”.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad, a preguntas de esta redacción sobre si el caso de los catéteres, en caso de acreditarse su reutilización de forma ilegal, sería motivo de rescisión del contrato, se han remitido a lo establecido en las cláusulas y en la normativa en que se basa.

Inspección de Sanidad y respuesta de Ribera Salud

Como ha avanzado este diario, el 6 de octubre de 2025 la jefa de auditoría de la empresa Ribera Salud envió un correo a los jefes del hospital público que gestiona en la localidad madrileña de Torrejón con una orden muy clara: debían reutilizar catéteres de electrofisiología, material que es de un solo uso, para ahorrar dinero. Y cuanto antes, como ya estaban haciendo en el hospital público del Vinalopó, que da servicio al área de salud de Elche-Crevillent (Alicante), también gestionado por Ribera Salud. Es el último centro hospitalario que les queda concesionado en la Comunitat Valenciana tras la reversión que llevó a cabo el Botànic.

elDiario.es planteó la situación revelada en el mencionado correo a la Conselleria de Sanidad el pasado jueves 15 de enero para intentar conocer el alcance de estas prácticas en el hospital del Vinalopó, en el área de Elche-Crevillent, y, alertada por la gravedad de la situación, envió una inspección sorpresa a las ocho de la mañana del viernes. “Los inspectores se han personado en varios departamentos del centro y no han detectado que hoy se esté reutilizando material de ese tipo”, aseguran fuentes de la Conselleria. Esto no significa que no se hiciera en el momento en que se envió el correo interno, que es muy claro sobre las prácticas que se impulsaban en el centro.

Fuentes de Ribera Salud alegaron, a preguntas de elDiario.es, que la inspección de la Conselleria de Sanidad “ha evidenciado que no se reesteriliza material fungible”. “En el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso”, aseguraron. Avisados de que existe un correo interno que contradice su declaración, las mismas fuentes de la empresa han manifestado: “Te puedo evidenciar lo que dice la inspección oficial de Sanidad de hoy mismo. Lo que dice el documento que tú tienes no sé si ha podido ser manipulado. Ya ocurrió con el tema de los audios”.

El caso de Torrejón, también judicializado

En la vertiente madrileña, un juzgado de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz decidió hace una semana archivar la querella que Podemos interpuso contra los gestores de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón de Ardoz a raíz de las conversaciones desveladas por El País en las que sus directivos ordenaban priorizar intervenciones médicas más rentables económicamente. Una decisión que choca con el criterio de la Fiscalía, que tal y como adelantó El Plural considera que sí hay prevaricación y ha remitido más denuncias interpuestas por el PSOE, el abogado Javier Flores y una asociación de defensa de la sanidad pública.

La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles, tras la publicación del correo en elDiario.es, en que “la inspección, a través de las auditorías, ha negado rotundamente que en ese hospital se haya reutilizado absolutamente nada”, ha defendido Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de Ayuso tras el Consejo de Gobierno. “Ha habido una traza de todo el material que ha entrado y de todo el material que se ha utilizado, en los quirófanos y no hay ningún tipo de reutilización. Por tanto es rotundamente falso y los ciudadanos pueden estar muy tranquilos”, ha señalado, pese a que el correo, del 6 de octubre, da indicación de hacer la esterilización de catéteres “lo antes posible”.