El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

La Fiscalía francesa ha pedido este viernes una pena de cinco años de cárcel, pero exentos de cumplimiento, para el histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último juicio que tiene pendiente en Francia. También reclama para Urrutikoetxea (de 75 años) su expulsión definitiva de Francia, junto a esa pena de cárcel por pertenencia a una organización terrorista que sólo tendría que cumplir en caso de reincidencia.

La fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, ha defendido que no hay que verle como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”.

Recordó que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Bayona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la justicia española lo reclama sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en la que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.

No obstante, la representante del Ministerio Público reconoció que “el tribunal debe relativizar su responsabilidad”, teniendo en cuenta los elementos que se le reprochan en este sumario y que desde que ocurrieron no ha vuelto a estar vinculado a hechos terroristas, lo que justificaría que no ingrese en prisión.

En este juicio, Josu Ternera está inculpado por su acción en ETA en Francia entre diciembre de 2002, después de huir de España para escapar a las acusaciones de haber estado implicado en el atentado en Zaragoza, y mayo de 2005. Los principales elementos en su contra son las pruebas (trazas de ADN y huellas) de su paso por dos pisos francos de ETA, en Lourdes y en Villeneuve-sur-Lot en los que vivieron el que era el entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Esas trazas estaban esencialmente en documentos de carácter político, muchos de los cuales estaban en un garaje que miembros de la banda habían alquilado junto a la vivienda de Villeneuve-sur-Lot. Durante su interrogatorio este viernes, Josu Ternera reconoció haber estado en esos pisos, pero dijo que no se acordaba de las fechas exactas y señaló que “en tanto que militante” se reunía “con mucha gente”.

La fiscal hizo hincapié en que, más allá de que esos textos se refirieran a negociaciones, esos pisos ponen en evidencia que había “una actividad terrorista”. “Hay una personalidad, la de Urrutikoetxea, vinculada a la negociación, pero que tiene un pie en el terrorismo”, ha señalado, después de haber echado en cara al encausado que se hubiera quejado por la mañana de que aunque en el País Vasco desde hace 15 años ya no hay violencia por el fin de los atentados de ETA, “no se puede hablar de paz” porque “no hay justicia” y “no hay verdad” sobre lo sucedido. “La paz —puntualizó Rudloff— pasa también por la reparación de las víctimas de ETA” y “no hemos escuchado una sola palabra de Urrutikoetxea” para esa reparación, subrayó.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirá con responsables de Korrika para evaluar su última edición, ha lamentado que se hayan exhibido durante la carrera popular a favor el euskera imágenes “hirientes”, en referencia a las de presos de ETA, y ha pedido decisiones y actitudes que tiendan “puentes” y no que levanten “muros”.

La representante del Ejecutivo vasco se ha referido a la polémica que ha generado la última Korrika, entre otras cosas, por la exhibición de imágenes de reclusos de ETA, la lectura del comunicado final por siete jóvenes supuestamente afines a la izquierda abertzale, denunciada por el presidente del PNV, Aitor Esteban, o la exclusión de CCOO en la carrera popular en la que siempre había participado. La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido este mismo martes a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika, tras constatar que se mostraron 38 imágenes de miembros de ETA en su 24 edicción, “la cesión del testigo en Donostia a tres miembros” de la banda o la lectura de la declaración final por Aitzol Gil San Vicente Plá, hijo del que David Plá, exjefe de la organización terrorista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha insistido en que la Korrika “tiene que ser el gran espacio de encuentro” para todas aquellas personas que deciden apoyar al euskera. “El euskera necesita puentes y no muros, necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua, y no decisiones que las alejen”, ha añadido.

También ha reiterado que para el Gobierno vasco “el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca”. “Voy a hacer lo que corresponde a una institución, que es tener una reunión de evaluación con los responsables de la Korrika, como hacemos siempre que se dan iniciativas en las que el Gobierno participa, y me van a permitir que me siente con quienes la organizan y que valoremos cómo ha sido esta edición”, ha concluido.

Por su parte, Vox, al igual que ya hizo en el año 2024, ha presentado una denuncia “contra todos aquellos que resulten autores, partícipes, cooperadores necesarios o cómplices” de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” que observa en la Korrika. El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito, que ha adelantado El Correo, ante la sección de instrucción de la Audiencia Nacional por “enaltecimiento y humillación a la dignidad de las víctimas del terrorismo, contemplados en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal”.

Entre los hechos a los que Vox hace referencia en su denuncia destacan la participación activa y el protagonismo en el evento de tres miembros de ETA —Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain—, quienes portaron el testigo oficial de la Korrika y recibieron reconocimiento público por parte de asistentes. Asimismo, se recoge la celebración de estos actos en el Casco Viejo de Donostia, lugar en el que la banda terrorista ETA cometió diversos asesinatos, así como la exhibición en Pamplona de la imagen del terrorista Francisco “Patxi” Ruiz Romero en la camiseta de un menor.

La semana pasada UPN también interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes de terroristas de ETA durante la Korrika. “No vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo. Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad”, sostiene UPN.

Preguntada por esta cuestión, Ane Elordi, coordinadora de la Korrika, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas indicaciones, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras indicaciones. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

La Korrika llega a su fin después de diez días de kilómetros corriendo a favor del euskera. Y este domingo, en puertas de su meta en Bilbao, el lehendakari, Imanol Pradales, ha portado durante unas manzanas el testigo. Su equipo, con grandes ikurriñas, ha conseguido tapar las imágenes de un condenado por delitos de terrorismo y otras reivindicaciones a favor de los presos de ETA en la señal televisada en directo.

Pradales, que ha corrido en la zona de Indautxu y cuando ya se han cubierto más de 3.300 kilómetros desde la salida en Iparralde del 19 de marzo, ha estado acompañado de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, del dirigente del PNV Andoni Busquet, y de varios de sus asesores. Ellos mismos han sido los encargados de ubicar en primer plano las grandes banderas vascas que han tapado los carteles que iban más atrás en el 'pelotón' de la Korrika en esos momentos.

La edición de 2026 ha tenido dos grandes controversias. Por un lado, antes del inicio la organizadora, AEK, invitó a CCOO a no portar el testigo por entender que participa en una campaña orquestada de recursos a OPE que piden nivel de euskera. Eso motivó que el PSE-EE decidiera no asistir. Ningún miembro de la parte socialista del Gobierno, que negocia con el PNV precisamente una reforma de la normativa de empleo público en lo tocante a la lengua vasca, ha corrido, aunque sí otros alcaldes y concejales socialistas. Y, por otro lado, desde la visita a Pamplona pero también en otros puntos del mapa, las asociaciones de víctimas han criticado la presencia de imágenes de terroristas y las reclamaciones en favor de los presos de ETA.

“Continúan las exhibiciones de fotografías de miembros de ETA y peticiones de amnistía en la Korrika ante el silencio y la inacción de las instituciones públicas. Éste es un ejemplo más de que legitimación de ETA sigue presente en nuestras calles y lejos de ignorar estos hechos, es obligación de una sociedad que se considere sana, denunciarlos y condenarlos. Nunca nos cansaremos de repetir que la deslegitimación ética, social y política del terrorismo de ETA es imprescindible para construir una convivencia basada en valores democráticos”, ha planteado la Fundación Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA en 2000. Consuelo Ordóñez, de Covite, se ha expresado en términos similares. En su caso, ha llegado a denunciar que expresos portaran el testigo de la carrera.

En este contexto, la vicelehendakari Bengoetxea dijo que esa escenografía era “hiriente”. De hecho, anunció una reunión con AEK al acabar la carrera para analizar este tipo de situaciones. Bengoetxea, que ya corrió también en Donostia con otros miembros del Gobierno del PNV, consideró que el evento ha de ser “en favor del euskera” y “sin entrar en otras cuestiones”. Personas del entorno del PNV como el exrector de la EHU Pello Salaburu, se han mostrado muy críticos en redes sociales con lo sucedido.

Ane Elordi, de AEK, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas notas, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras notas. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

Una de las imágenes tapadas por las ikurriñas del equipo de Pradales era la de Orkatz Gallastegi. En 2007 fue condenado a 26 años de cárcel por facilitar a un comando la información para asesinar al magistrado José María Lidón. El crimen se cometió en 2002 y, según acreditó el Tribunal Supremo, acerca del horario habitual de salida del domicilio (de Lidón), vehículo en que lo hacía, itinerario que recorría hacia su trabajo y medidas de seguridad. Terminado el relevo de Pradales, las banderas han desaparecido.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la exhibición de carteles e imágenes de apoyo a presos de ETA durante la celebración de la Korrika, que este domingo ha recorrido la comunidad foral. Según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite),  a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”.

A través de su perfil en la red social X, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra “siempre ha considerado la Korrika como iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural de nuestra tierra, que debe ser promovida desde el respeto y al margen de cualquier instrumentalización política”.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo foral rechaza “cualquier exhibición, durante el desarrollo de la Korrika, de imágenes, fotografías o símbolos vinculados a personas condenadas por delitos de terrorismo, como las que desgraciadamente se han producido de nuevo en esta edición”.

“Este hecho supone un homenaje público hacia personas que han causado mucho dolor en nuestra tierra y revictimizan de nuevo a las víctimas del terrorismo y sus familiares”, ha censurado.

Por todo ello, ha instado a las entidades organizadoras de la Korrika a que “adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia de imágenes y fotografías de terroristas”.

Miles de personas se han sumado a la 24.ª edición de la Korrika, la carrera en favor del euskera, que este domingo ha recorrido diferentes localidades de la Comarca de Pamplona. A su llegada a la capital navarra, en la plaza Consistorial, cientos de personas se congregaban a la espera del paso de la carrera, que coincidía con el kilómetro adquirido por el Consistorio. Se han podido ver varias ikurriñas, banderas de Navarra y Palestina, y se ha coreado durante estos momentos de espera 'Hemen gaude euskararen alde' (Estamos aquí por el euskera).

Allí esperaba también el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, acompañado de varios concejales de EH Bildu así como el edil de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón. Sobre las 15 horas han llegado a la plaza, desde la calle San Saturnino, las furgonetas que abrían la marcha. Le seguían cientos de personas, precedidas por la pancarta de la Korrika, entre los aplausos de los asistentes. En ese momento, Asiron ha cogido el testigo y ha continuado con la carrera, a la que se ha sumado miles de personas, todas ellas coreando 'Tipi-tapa, korrika', según recoge Europa Press.

La carrera ha pasado este domingo por diferentes localidades de la Comarca de Pamplona como Noáin, Barañáin, Berriozar, Villava, Ansoáin, Burlada, Huarte, Sarriguren o Mutilva. A lo largo del día ha entrado y salido de Pamplona, recorriendo sus barrios. Así, sobre las 5 de la madrugada ha llegado a Etxabakoitz y ha abandonado la ciudad por Landaben, para regresar a media mañana por el barrio de la Txantrea. Sobre las 13 horas ha vuelto a entrar en la capital por Erripagaña y abandona definitivamente Pamplona esta tarde por Landaben para continuar su recorrido por otras localidades navarras.

Covite rechaza los mensajes de apoyo a ETA

Algunas personas han portado también carteles y banderas con mensajes de apoyo a los presos de ETA, igual que está ocurriendo en otros puntos del recorrido por Navarra. Estos mensajes han sido rechazados por por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha censurado que se “instrumentalice” la Korrika “para mostrar públicamente su apoyo incondicional a los asesinos de ETA”.

Según ha lamentado en una publicación en la red social X, a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”, mientras que a su lado otra personas exhibía la imagen de “Alberto Viedma Morillas, asesino de Tomás Caballero y Francisco Casanova”.

Este hecho ha sido criticado, también, por la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien, en esta misma red social, ha lamentado los carteles con imágenes de los asesinos de Tomás Caballero protagonizando “la cabecera de la Korrika”. “Pero Asiron la apoya, participa y dice no se puede responsabilizar de esto a la organización, porque son reivindicaciones particulares, igual que animar a un equipo de fútbol”, ha reprochado.

El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

Hace unos meses tuve conocimiento de que Iñaki Soto, director del periódico 'Gara', realizó una última entrevista a la dirección de ETA en 2018, poco antes de la disolución de la banda terrorista. Supe también que la entrevista fue publicada en un libro en 2019 por la editorial Txalaparta. Y supe que en ella Soto y los entrevistados se refirieron a Humberto Fouz Escobero, a Fernando Quiroga Veiga y a Jorge García Carneiro, los tres jóvenes coruñeses residentes en Irún que desaparecieron el 24 de marzo de 1973 tras pasar a Francia para ir al cine.

Una casualidad me llevó a esa entrevista. Era junio de 2025 y preparando la presentación en A Coruña de la novela 'Manto de silencio, de Iñaki Martínez, me llamó la atención un titular de prensa de finales de 2021 que decía así: “Durante unas semanas de 2019 creímos haber encontrado los restos de ‘Pertur’.” Eran palabras del historiador Iñaki Egaña en 'Naiz' (la versión digital del periódico 'Gara'). Presentaba su libro 'Objetos perdidos', sobre desaparecidos “en el contexto del conflicto vasco”, según sus propias palabras. Casi al final comenta el caso de “los tres gallegos” y remite a esa entrevista con la última dirección etarra.

Me hice con un ejemplar del libro de Soto y busqué la referencia a Humberto, a Fernando y a Jorge. No encontré más que lo que ya se recogía en 'Naiz'.

Como creo que no es necesario añadir ningún comentario a las respuestas de los dirigentes de la banda terrorista —esas respuestas demuestran por sí solas un nivel de infamia insuperable—, me limitaré a transcribirlas para que los lectores juzguen por sí mismos.

Soto plantea a modo de pregunta: “Dicen que ETA los secuestró y los hizo desaparecer…”. Los miembros de la dirección etarra responden señalando que ETA no lo ha asumido pero que no negarán “completamente que pudo ocurrir aquel hecho oscuro y lamentable”. “Nos parece legítimo que el suceso se aclare. Las familias lo merecen”, añaden. Quiero subrayar que se refieran a esos asesinatos como hecho y como suceso. Sabiendo que la elección de las palabras que se emplean no suele ser inocente, optar por estas dos palabras parece aludir a algo de carácter fortuito, a algo que sucede accidentalmente...

A continuación dicen que “si se hubieran dado las condiciones adecuadas en un proceso de soluciones, también nosotros podríamos esforzarnos más, con dos objetivos: por una parte, aclarar la responsabilidad de la propia ETA y, de confirmarse que tuvo responsabilidad, asumir tal responsabilidad; por otra parte, encontrar los cadáveres.” Acto seguido, con un repugnante cinismo, dicen que “no se ha podido hacer tal cosa” y achacan la responsabilidad, ¡cómo no!, “a un Estado que tiene tanto que ocultar” y para el que, añaden, los desaparecidos no son un tema atractivo. El Gobierno español, dicen, “nunca ha planteado estos temas en las conversaciones” y “nadie se ha acercado a nosotros a tratar de ello seriamente”. Aunque la rotundidad que pretenden trasladar se tambalea inmediatamente, cuando añaden que “si alguna vez ha habido algo así, no nos consta” y, sobre todo, cuando acto seguido concluyen reconociendo que “ha habido interpelaciones públicas, pero con poca seriedad”.

¡Qué desfachatez! ¡Cuánta ruindad! Pregunto públicamente a esos miembros de la última dirección de ETA qué seriedad otorgan a la interpelación realizada el 24 de marzo de 2023, en el marco del homenaje celebrado en el 50.º aniversario de la desaparición de Humberto, Fernando y Jorge, y secundada por los Gobiernos vasco y español, así como por todas las instituciones, colectivos de víctimas y ciudadanos que ese día acompañaron a las familias de los tres jóvenes.

Siguiendo con la entrevista, un poco más adelante responden que querrían “que se aclarara, por duro que sea y aunque ensucie el nombre de ETA. Si buceando en la historia de ETA se pueden hallar aclaraciones, creemos que esa aportación se hará.” ¿A qué están esperando? Han pasado ya casi 8 años. ¿Por qué siguen callando?

Hemos tardado en saber de esta entrevista. Podrían habernos hablado de ella los dirigentes de la izquierda abertzale a los que hemos interpelado en privado y públicamente en más de una ocasión. Pero no lo han hecho. Han preferido guardar silencio. Pese a ello hemos podido leerla. Tarde, y por casualidad, pero hemos podido comprobar cómo los dirigentes de ETA vienen a reconocer, aunque lo hagan por la puerta trasera, la responsabilidad de la banda terrorista en la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Como tengo la impresión de que en 2018 y 2019 la conversación de los dirigentes etarras con el periodista de 'Gara' tuvo escasa repercusión fuera de los canales de comunicación abertzales, voy a aprovechar este nuevo aniversario que se acerca —ya van 53—, para tratar de difundir esta pequeña parte de esa entrevista.

Al mismo tiempo que seguimos mimando la memoria de mi tío y de sus dos amigos, vuelvo a interpelar públicamente en nombre de estas tres familias a quienes fueron dirigentes de ETA. CON ABSOLUTA SERIEDAD. Con la seriedad con la que siempre les hemos interpelado. Les decimos alto y claro: déjense de excusas y pónganse, de una vez por todas, a bucear en su historia —estoy segura de que no han de bucear ni muy profundo ni durante demasiado tiempo—, reconozcan la verdad y dígannos dónde están los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Y no teman ensuciar el nombre de ETA. Aunque muchos etarras y exetarras, y muchos de quienes les apoyaron y jalearon, aún no hayan tenido la decencia ni el coraje de reconocerlo, el nombre de ETA lleva sucio desde el momento en que decidieron empuñar un arma y asesinar a su primera víctima.

Familiares del líder del PSE-EE de Álava y exvicelehendakari Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados hace 26 años por ETA, han recordado este domingo a ambos con una ofrenda floral celebrada en Vitoria, en la que han estado acompañados de representantes institucionales y cargos públicos de todos los partidos políticos. La ceremonia ha consistido en una ofrenda floral realizada ante el monolito instalado en los Jardines de la Libertad en la capital alavesa junto al lugar en el que Buesa y Díez fueron asesinados con un coche bomba por ETA el 22 de febrero de 2000.

En el acto, durante el que se ha reproducido la canción 'Ausencia', de Imanol, han participado la viuda y las hijas del exdirigente del PSE-EE y los padres de Díez Elorza, según recoge Europa Press. En el transcurso de la ceremonia se ha realizado una ofrenda floral ante el monolito en memoria de ambas víctimas de ETA, en la que han participado los familiares, representantes políticos y de sindicatos de la Ertzaintza, junto a la ciudadanía que como cada año se ha acercado a rendir homenaje a Buesa y Elorza.

La delegación del Gobierno vasco ha estado encabezada por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, acompañados de las consejeras de Educación, Begoña Pedrosa, de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

También ha asistido a la ofrenda foral la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, entre otros representantes institucionales. Andueza ha pedido una “lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo” y ha recordado la “firmeza” del exvicelehendakari y parlamentario asesinado por ETA, Fernando Buesa, y de su escolta en el aniversario de su asesinato.

Por parte de los partidos, han asistido cargos públicos de todas las formaciones, incluida Vox que no participó en el homenaje del año pasado y que en esta ocasión ha estado representada por su portavoz en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, mientras que la delegación de EH Bildu ha estado encabezada por su responsable político en Álava, Ibon San Saturnino, la del Partido Popular por su presidente en Álava, Iñaki Oyarzabal, y la de Sumar por el concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, Oskar Fernández.

También han participado en este acto de memoria en homenaje a Fernando Buesa y Jorge Díez, pero también a todas las víctimas del terrorismo, según han subrayado desde la Fundación Fernando Buesa, miembros de la Ertzaintza y de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), así como muchas víctimas.

Sara Buesa, hija del dirigente del PSE-EE Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, ha dicho ser “consciente” de que el momento de la puesta en libertad o de disfrute de beneficios penitenciarios de los condenados por el atentado contra su padre y su escolta “tenía que llegar” y se ha preguntado si, después de 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen “una lectura crítica” de su militancia en ETA, si “se cuestionan que arrebataron vidas” y si son capaces de sentir “el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha intervenido este sábado en el actual anual de la Fundación Fernando Buesa Blanco, de la que es vicepresidenta, el 'in memoriam' en honor de su padre y del escolta de este, el ertzaina Jorge Díez, asesinados en 2000 por ETA en un atentado con coche bomba en Vitoria. El acto, que se ha celebrado en el palacio de congresos Europa, ha contado con la participación especial de Alejandro Ruiz-Huerta, sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha.

La hija del político socialista ha señalado que “ahora estamos en otro tiempo, un tiempo de paz” y “el terrorismo y la convivencia ya no figuran entre las principales preocupaciones de la sociedad vasca”. “A la gente le preocupan la vivienda, el empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, cosas que impactan en la vida cotidiana y es normal”, ha dicho, para reconocer que no puede evitar “cierta desazón”, porque para ella “no es un ciclo cerrado ni superado”, según recoge Europa Press.

“Hay heridas abiertas que escuecen. Asumo que la realidad siempre va a ser imperfecta a nuestros ojos, que es imposible tener una reparación a la altura de nuestro daño”, ha manifestado, para añadir que “hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común”. En ese sentido, ha recordado que las personas que asesinaron a su padre y a su escolta, Luis Mariñelarena Garciandía, Diego Ugarte López de Arkaute y Asier Carrera Arenzana, han salido de prisión en tercer grado los dos primeros y en libertad condicional el tercero.

Tras reconocer que era “consciente de que este momento tenía que llegar”, ha explicado que para su familia “fue importante que se hiciera justicia, que se supiera la verdad de quién dio la orden de matar a aita, quien lo planificó, quien lo ejecutó, que esas personas fueran juzgadas y hayan cumplido sus penas”. Ahora, según ha dicho, lo más significativo para ella “no es tanto el tiempo en prisión, 25 años no son pocos, sino el proceso personal de reflexión que hayan podido hacer”. “Si hacen una lectura crítica de su militancia en ETA. Si se cuestionan que arrebataron vidas. Si Asier, Luis y Diego son capaces de ver las personas que eran Fernando y Jorge, de conectar con el dolor y sentir el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha recordado que el pasado mes de enero “30.000 personas se manifestaron recientemente exigiendo el final de la política de excepción para los presos de ETA”, pero ha lamentado que “nunca esas reivindicaciones van acompañadas de una consideración o mensaje de empatía hacia las víctimas”. Según ha señalado, Etxerat “denuncia que están naciendo niños que tienen a sus abuelos en prisión y que eso no es normal, pero ni mis hijos ni ninguno de los siete nietos y nietas de aita conocieron a su abuelo, porque otros abuelos decidieron que así fuera”. “Y, como ellos, cientos de niños y niñas no han podido conocer a sus abuelos porque ETA acabó con sus vidas”, ha advertido.

Sara Buesa ha asegurado entender “la dureza que supone para la vida de un niño o niña tener a su aita, su ama, o su abuelo en prisión” y ha considerado que “hay reivindicaciones legítimas, como el acercamiento de presos a sus familiares”, pero se ha preguntado “cómo puede ignorarse el drama humano de tantas vidas segadas y familias destrozadas”.

La hija de Buesa ha explicado que cuando se vive una experiencia traumática, “las muestras de solidaridad y los gestos de cariño alivian esa sensación de desarraigo y soledad, sostienen en el dolor”, pero ha lamentado que las víctimas de ETA “sufríamos la frialdad, la crueldad y la falta de empatía de una parte de la sociedad vasca, que, en lugar de arroparnos, celebraba el asesinato de nuestros familiares”. Según ha manifestado, “la necesidad de sentir el abrazo social en nuestra tierra sigue en nosotras y los ecos de épica y legitimación que todavía persisten en torno al terrorismo de ETA nos siguen doliendo y son rescoldos que contaminan nuestro ambiente”.

“La violencia vuelve a ganar espacio”

Por otro lado, ha advertido que “la violencia vuelve a ganar espacio en nuestras calles” y que “las generaciones jóvenes de hoy toleran y justifican más la violencia que las de hace una década”. “Los extremos y la radicalidad crecen, frente a la moderación, que no está de moda”, ha alertado, para apuntar que “casi un 25% de la juventud vasca de entre 18 y 25 años se identifica con posiciones de extrema izquierda o de extrema derecha, todo ello en un contexto global en el que cada vez se valoran y respetan menos la democracia y las instituciones”.

En un mundo en el que, según ha indicado, “imperan las lógicas de poder, las injusticias y las desigualdades, se va instalando un clima de desconfianza, en el sistema, en la justicia, en la política, en los medios de comunicación y en las propias personas”. “La insatisfacción y el malestar crecientes son el caldo de cultivo para el miedo, los discursos de odio y la violencia”, ha advertido, para afirmar que “donde la polarización prevalece, la cooperación desaparece y se extienden la desesperanza y la desafección”. A veces, ha reconocido, dan ganas de “bajarse” de este mundo, de “tirar la toalla”, pero, según ha afirmado, “situarnos en una posición catastrofista no ayuda”.

Sara Buesa ha deseado que “todas las personas puedan ejercer su libertad, respetándonos y conviviendo las unas con las otras” y ha subrayado que “la democracia es un proyecto de vida en común”. “Hay personas con las que sentimos que no tenemos nada que ver, que tienen comportamientos despreciables que nos hacen daño, a veces mucho daño, y, aun así, son seres humanos, con dignidad y con derechos”, ha dicho. Para concluir, ha asegurado que “solo hay una única comunidad integradora posible, la enraizada en los derechos humanos y, como decía aita, en la condición de ciudadanía, que es la que nos da derechos y obligaciones, sin hacer distinciones ni discriminar a nadie”.

Tras su intervención, Sara Buesa ha mantenido un diálogo con Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, último sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha ocurrido el 24 de enero de 1977, que ha versado en gran parte sobre su último libro titulado “Violencia, compasión, memoria”. Para finalizar el acto, tres bailarinas de Noralai-Escuela de Danza de Vitoria han interpretado una pieza que ha resumido todo lo abordado en el acto.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, han defendido este viernes mano a mano la gestión penitenciaria del Gobierno vasco ante las críticas lanzadas en la sesión de control del Parlamento Vasco de este viernes por PP, por partida doble, y por Vox. “No se habla de otra cosa en España”, ha ironizado el dirigente 'popular' Santiago López Céspedes en relación a las progresiones de grado o atenuaciones conocidas en los últimos días de varios presos de ETA, incluido Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', que cumple una pena efectiva de 25 años aunque todos los delitos que cometió sumaran 400.

“Los presos del grupo territorista ETA tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de presos. No hay privilegios. Solamente se aplica la ley”, ha señalado en euskera Pradales en un primer momento. “Las decisiones que se han tomado en relación con la clasificación de los internos no son privilegios. Esto debe quedar muy claro. No hay privilegios de ningún tipo y para ningún interno”, ha insistido en castellano la consejera San José, que más adelante ha mostrado ser partidaria del “cumplimiento íntegro” de las penas de los terroristas, sin que ello les impida ejercer sus derechos del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas en segundo grado, o saltar al tercer grado, ya de semilibertad.

Ese “cumplimiento íntegro” no ha de hacerse “siempre y durante todo el tiempo” en la cárcel, “sin salidas, sin permisos, sin poder seguir su tratamiento penitenciario”, según San José. Ha añadido que todos los reos tienen que salir “algún día” y que la normativa prevé que puedan tener una “reconexión” con la sociedad antes. Según San José, impedir que los presos de ETA puedan optar a estas mejoras sería cometer un delito de prevaricación y ha recalcado que las propuestas son del personal funcionario, sin condicionantes políticos, y sometidas a control judicial.

“¿Se lo negarían cuando un interno cumple los requisitos exigidos? ¿Están cuestionando la labor del personal funcionario? ¿Prevaricarían de forma consciente? Me da la sensación que una cosa es lo que se dice cómodamente desde su escaño de oposición y otra muy distinta a lo que hacen cuando gobiernan”, ha lanzado al PP la consejera socialista. Y ha optado también por el 'y tú más'. Ha señalado que el Gobierno de José María Aznar, de 1996 a2004, “excarceló a más de 300 terroristas, 64 de ellos con penas mayores de 20 años, y todo mientras ETA mataba”. Además, ha apuntado que se acercó a 135 reclusos que estaban alejados. “No juzgo esas decisiones. Ni siquiera les acuso porque uno de los excarcelados volviese a matar poco después de haber salido”, ha señalado sobre el caso del asesino de Juan Priede, concejal socialista, de cuyo atentado se cumplen ahora 24 años.

El PP no ha quedado satisfecho con las explicaciones. Según el líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés, hay una “corrupción moral” que une a PNV, a socialistas y a EH Bildu. “Ustedes se ponen al nivel de quienes silencian y comprenden los crímenes terroristas”, ha manifestado sobre el Gobierno de PNV y PSE-EE. Y ha añadido sobre la gestión autonómica de Prisiones, una competencia asumida en 2021 pero prevista desde 1979 en el Estatuto: “Son el carcelero que mira para otro lado mientras se produce la evasión”.

Desde la tribuna, la única representante de Vox, de su lado, ha exhibido una fotografía de grandes dimensiones del exjefe de ETA 'Txeroki'. “¿En serio me está diciendo, señora San José, que este personaje se arrepiente de los crímenes que ha cometido? ¿En serio? Me han dicho [las víctimas] que la ponga usted en la mesilla de su cama. Desde que ha dejado en libertad a esta persona [en referencia al 100.2, que es un segundo grado atenuado] ellos no pueden dormir. Y esperan que usted tampoco lo haga”, ha arrojado Amaia Martínez Grisaleña.

Pradales, en su intervención, ha pedido “respeto” hacia las víctimas. “Nunca es tarde para recuperar la moderación”, ha deseado. San José ha pedido “pedagogía” sobre el derecho penitenciario. “Es verdad que en ocasiones no se entiende que una sentencia ponga 123 años de prisión y sólo se cumplan 30 ó 40 como máximo. Y no se entiende que dentro de ese límite máximo tampoco se cumplan en prisión sin salir los 30 ó 40 años. Es responsabilidad de los poderes públicos, así como de quienes tienen el deber de informar de forma veraz y contrastada, hacer la necesaria pedagogía para lograr acercar el lenguaje jurídico a una ciudadanía que necesita comprender las decisiones judiciales en toda su magnitud. Porque una sociedad democráticamente adulta es aquella que sabe comprender las decisiones derivadas de sus normas y leyes”, ha leído San José, que traía preparadas las cuatro intervenciones que ha hecho sobre este asunto.

El PP, por el contrario, ha ironizado que es una “casualidad” que habiendo en las cárceles vascas “más de 1.700 presos” casi solamente se aplique el 100.2 a presos de ETA. Ha hablado de 30 de 35 casos. “En el oasis vascos, el 8% de los reclusos disfrutan del 85% de los beneficios de la aplicación del 100.2. Ese 8%, obviamente, son los condenados por terrorismo”, ha señalado De Andrés.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido al que fuera miembro de la banda terorrista ETA Asier Aralluz, 'Santi', al tiempo que ha anunciado que no se le ha comunicado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki'.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha señalado que el coordinador de Vigilancia Penitenciara de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos García Berro, considera procedente que “se revise la legalidad” de la resolución del Gobierno vasco “y se acuerde la clasificación en el segundo grado” de 'Santi', según recoge Europa Press.

La Fiscalía indica que “se valora favorablemente por la Administración aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA”.

“No obstante”, el Ministerio Fiscal indica que la ley “permite adaptar el segundo grado, pero su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento”. “La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales”, añade.

Al respecto, el fiscal asegura que el Tribunal Supremo “exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente”. A su juicio, “un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves”.

En lo relativo a 'Txeroki', la Fiscalía afirma no haber recibido “la resolución sobre la aplicación” de la semilibertad concedida por el Gobierno vasco. El que fuera jefe de la banda terrorista salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha conseguido un régimen de semilibertad que le brindará la posibilidad de salir de prisión entre semana para trabajar. La propuesta ha partido de la junta de tratamiento, el órgano interno de Prisiones, ahora en manos del Gobierno vasco. Sin embargo, es posible su revisión judicial, en este caso por parte de la Audiencia Nacional.

'Txeroki' se acoge así al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite combinar “aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”. Esto no supone, sin embargo, una progresión al tercer grado, sino que el preso queda a mitad de camino entre el segundo y este.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez, ha denunciado que se trata de una “semilibertad” y de una de una “amnistía encubierta”. 'Txeroki', según denuncia Covite “uno de los dirigentes más sanguinarios de la organización terrorista y responsable de numerosos atentados por los que acumula condenas que suman centenares de años de prisión”, podrá disfrutar “de beneficios propios del tercer grado sin haber progresado formalmente a ese régimen”. “La aplicación del artículo 100.2 en este caso constituye un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA, al tratarse de una medida prevista por la ley con carácter excepcional que con los presos de ETA se está utilizando de forma sistemática para flexibilizar el cumplimiento de sus penas”, denuncia el colectivo.

La presidenta de Covite ha recordado que “el arrepentimiento es una condición esencial para avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo y que, tratándose de un delito público y de especial gravedad como éste, ese arrepentimiento debería manifestarse también públicamente, precisamente para contribuir a la reparación no solo de las víctimas directas, sino del conjunto de la sociedad, especialmente de la vasca y la navarra, donde las consecuencias del terrorismo siguen muy presentes”.

Consuelo Ordóñez ha explicado que “nada de eso” concurre en el caso de 'Txeroki', sino que “al contrario, la izquierda abertzale continúa exhibiéndolo como si fuera un héroe y tratándolo como a un preso político”, lo que, a su juicio, “demuestra que sigue sin cuestionar su trayectoria criminal en la organización terrorista y, por tanto, que no está arrepentido”.

Trasladado a España en 2024

'Txeroki' fue trasladado de la prisión francesa de Lannemezan a la guipuzcoana de Martutene, a instancia de las autoridades de Francia, en agosto de 2024. Fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y ha sido condenado a diversas penas tanto por la Justicia gala como por la española. En 2011 fue sentenciado a 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas. Entre otros crímenes, se le atribuyen el asesinato del magistrado José María Lidón, y haber participado en los atentados contra los socialistas Eduardo Madina y de Esther Cabezudo, y contra dos guardias civiles en Capbreton (Francia). Garikoitz Aspiazu nació en Bilbao el 6 de julio de 1973 y habría comenzado a colaborar con ETA tras la tregua de septiembre de 1998 que se prolongó hasta diciembre de 1999.

Miles de personas se han manifestado este sábado en Bilbao, convocadas por la red ciudadana Sare, para pedir el fin de “las medidas de excepción” que en el ámbito legislativo, judicial y penal “se les continúan aplicando” a los presos de ETA, porque “una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática no puede negar el derecho de los presos vascos a normalizar sus vidas”, han señalado. La tradicional manifestación anual de Sare, que este año ha tenido como lema “Ezin da gehiago luzatu” ('no se puede esperar más'), ha partido pasadas las 17:00 horas desde la plaza de La Casilla.

La pancarta ha sido portada por la periodista Arantxi Padilla; Olatz Iglesias y Amaiur Iragi, familiares de presos; Rosa Rodero, víctima de ETA; la representante de Harrera Eva Ferreira; Ixone Fernández, víctima del Estado, el jurista palestino Fouad Baker, la activista saharaui Garazi Hanch Embarek; los bertsolaris Xabier Amuriza, Xabat Illarregi y Aitor Etxeberriazarraga, el cantante Francis Déez; y el director de Seaska, Hur Gorostiaga, además de los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Bego Atxa, según recoge Europa Press.

Bajo una intensa lluvia, la marcha ha estado encabezada por una hilera de zanpazar, custodiados por media docena de personajes propios de la mitología vasca. Entre los congregados han desfilado más de un centenar de familiares de presos de ETA. Entre gritos de “Amnistia osoa” ('amnistía total') y “Euskal presoak, etxera!” ('los presos vascos, ¡a casa!'), la manifestación ha discurrido por las calles de la Autonomía, Zabalburu, Hurtado de Amezaga, plaza Circular y Buenos Aires, hasta el Ayuntamiento de Bilbao, donde los convocantes han leído un manifiesto. Además, en la plaza Circular, han coincidido con dos concentraciones, la primera en favor de Palestina y una segunda que reclamaba la vuelta de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Venezuela.

A lo largo del recorrido, los congregados a ambos lados de las aceras han aplaudido a quienes marchaban con banderas con el lema 'Presoak etxera“, de Navarra e ikurriñas, tras una gran pancarta reclamando el acercamiento de los presos. Se han adherido a la manifestación los partidos políticos EH Bildu, Podemos Euskadi, Sortu, EA, Alternatiba, EH Bai, Junts, ERC, CUP, BNG, Més per Mallorca y Catalunya en Comú.

EH Bildu ha participado en la marcha con una representación encabezada por su secretario general, Arnaldo Otegi, el portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, el senador Gorka Elejabarrieta, la portavoz de la formación en Navarra, Laura Aznal, y la secretaria de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta. En representación de Junts per Catalunya ha acudido el diputado Josep Pages; por parte de la CUP su portavoz Su Moreno; por ERC la secretaria de lucha antirepresiva Kenia Domenech; de la ANC Rosa Caballero; y de Omniun Cultural su presidente Xavier Antich.

Asimismo, se ha desplazado hasta Bilbao Cesar Lagonigro, de la Coordinadora de l'advocacia de Catalunya, y también ha asistido a la manifestación el diputado del BNG Paulo Rios. También han desfilado con los manifestantes representantes sindicales vascos, como los secretarios generales de ELA, Mikel Lakuntza y la coordinadora general de LAB Garbiñe Aranburu, además de integrantes de Esk, Steilas, Hiru, EHNE, CGT, CNT y Etxalde, y de colectivos como Etxerat, Gure Esku, EHKo Torturatuen sarea, Bilgune Feminista, Harrera, Ernai, Gazte Abertzaleak y Eraiki, junto a una amplia representación del ámbito cultural, universitario y deportivo.

“Estamos en la recta final”

Al término de la manifestación, que ha concluido en el Ayuntamiento, los portavoces Joseba Azkarraga y Bego Atxa se han dirigido a los congregados para agradecerles “haber vuelto a llenar, un año más, a llenar las calles de Bilbo, en favor de los derechos humanos y de las personas presas, exiliadas y deportadas de motivación política”. En su comunicado han advertido que “no cabe prolongar esta situación, hay que darle salida ya, porque hablamos de la vulneración de derechos humanos, de parar las injusticias y las legislaciones de excepción y de tejer la convivencia reconociendo nuestra pluralidad”.

“Desde el año 2023 hemos ido dejando atrás el alejamiento, la dispersión y el cumplimiento en primer grado penitenciario de las condenas de las presas y presos vascos”, han recordado, para afirmar que “estamos en la recta final” y “vamos consiguiendo los objetivos que nos marcamos en 2014: el fin de la vulneración de los derechos de los presos vascos, y la aplicación de una legislación penitenciaria ordinaria que posibilite su regreso a casa para poder rehacer sus vidas”. Sin embargo, han advertido que “éste es un proceso inacabado” y ha defendido que “solo si reivindicamos juntos los derechos humanos pondremos punto final a décadas de confrontación y sufrimiento”.

En esa línea, han manifestado que “el compromiso de la sociedad vasca hará posible la resolución, la paz y la convivencia” y han reiterado que “no se pueden alargar más situaciones injustas” porque “son demasiados años de confrontación y sufrimiento que han abocado a nuestro pueblo a una convivencia quebrada”. Por ello, han afirmado que “es hora de construir juntos una convivencia democrática y normalizada, basada en el reconocimiento y respeto del otro, y en los derechos de las personas” y han llamado a trabajar “por una sociedad más justa, libre y humana”.

En ese objetivo, han apuntado que “sobran quienes se empeñan en utilizar el dolor y sufrimiento de las víctimas por intereses partidistas o en defender diferentes categorías de víctimas” porque “el respeto y el reconocimiento deben ser iguales para todas ellas y nadie está legitimado para medir la intensidad del dolor de una víctima”. También han advertido que “sobran quienes se empeñan en mantener la vulneración de los derechos penitenciarios y quienes piden autocrítica a otros, pero se niegan a realizar la suya, sea por torturas sistemáticas practicadas, sea por terrorismo de Estado, sea por leyes especiales, sea por abusos de poder o sea por consentirlos, ampararlos o justificarlos”.

A su entender, también sobran “quienes basan su estrategia en la venganza y el odio” porque “una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática no puede negar el derecho de los presos vascos a normalizar sus vidas, a abandonar las celdas, a cumplir penas en régimen abierto o simplemente a volver a sus casas”. Por ello, han exigido “el fin de las excepcionalidades que en el ámbito legislativo, judicial y político se les continúa aplicando”. “No se puede exigir a estos presos nada que vaya más allá de lo que la legislación ordinaria requiere de toda persona privada de libertad”, han remarcado, para asegurar que “los presos vascos han dado desde el año 2011 más pasos en favor de la paz y la convivencia, que la derecha política y judicial españolas juntas”.

Desde Sare han asegurado que continuarán “exigiendo los derechos de las personas presas hasta que el último preso vuelva a su casa” y han subrayado que “la convivencia en Euskal Herria no será fruto del olvido”, sino de “la verdad y la voluntad compartida de avanzar, de construir puentes donde hubo muros, de soltar donde hubo nudos y de reconocer al otro sin dejar de ser uno mismo”.

Tras señalar que “una paz sin violencia, pero con injusticias y desmemoria, no sirve”, han defendido que “el dolor de las víctimas merece respeto y reconocimiento sin ambigüedades y su sufrimiento no puede ser minusvalorado ni instrumentalizado por intereses partidistas”. “Tenemos el derecho y la legitimidad para reivindicar el fin del sufrimiento y apostar por la escucha, la convivencia, la solidaridad y la resolución”, han reclamado, para añadir que “enfilamos la recta final de un proceso muy largo y dificultoso y aún nos queda un camino por recorrer”.