La Justicia francesa ha dado luz verde a la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', uno de los exdirigentes de la banda terrorista ETA. El Tribunal de Apelación de París ha tomado la decisión a raíz de una euroorden de la Audiencia Nacional, que investiga a 'Ternera' por su presunta responsabilidad como jefe que fue de la banda. Antes, sin embargo, deberá resolverse una causa que el exdirigente de ETA tiene pendiente en Francia.

En abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, defendió que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

Recordó que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Bayona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la Justicia española lo reclamaba sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en el que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.

La Audiencia Nacional ha transmitido una comisión rogatoria a Venezuela en busca de información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros trece exmiembros de la banda terrorista ETA que se encontrarían en aquel país. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco de Jorge incide en “el cambio político operado recientemente en Venezuela” para reclamar “colaboración”.

De Jorge interesa que las autoridades venezolanas “faciliten cuanta información posean” sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

También ha librado comisión rogatoria a Estados Unidos para que facilitan toda la información que tengan en un procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando “El Pollo” Carvajal sobre los miembros de ETA “huidos de la justicia española” y residentes en Venezuela.

La resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA desempeñó un papel importante en la derrota de la banda, pero la literatura académica internacional no se ha fijado hasta ahora en aquellas movilizaciones que, junto con otros agentes y factores, lograron que se pasase de un asesinato prácticamente cada tres días a una rendición sin paliativos de los terroristas. Los 'papers' han desdeñado ese aguante frente a un grupo militarizado y organizado, de los más temidos de toda Europa, con más de cuatro décadas de extorsiones, secuestros y asesinatos a sus espaldas. Javier Argómaniz sostiene que la sociedad civil vasca fue “crucial” en la derrota de ETA. Esos ciudadanos, según apunta en un libro publicado por Oxford University Press, sembraron la semilla de la deslegitimación de la violencia, llevaron a cabo una labor pedagógica y aparcaron sus diferencias políticas para unirse con el único propósito común de alcanzar la paz.

Argómaniz se encuentra esta semana en Vitoria. La sala 1.8 del Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria acoge este martes, a las 10:30 horas, un seminario titulado, como el libro que firma, 'Resisting Terror. Civil action and non-violent resistance to terrorism in Basque Country'. El evento puede seguirse a través de una retransmisión en directo, en este enlace.

“La resistencia civil puede afectar a la evolución de la violencia a través de cuatro mecanismos, que ayudan a largo plazo a debilitar indirectamente a la organización terrorista”, explica Argómaniz, tanto de forma general como en la práctica aplicada al caso de ETA y la respuesta de la sociedad vasca. Esos cuatro resortes son, dice, la deslegitimación de la violencia, el fortalecimiento de la cohesión social, socavar el apoyo a ETA dentro del movimiento político que lo rodea y, finalmente, en la fase final de la evolución de la campaña terrorista, sumar a grupos de la sociedad civil que ayudan en el debate que existe dentro de la propia izquierda abertzale en torno a la transición que puede emprender hacia el uso de métodos no violentos. En esa última categoría incluye iniciativas como Foro Social Permanente y Artesanos por la Paz, que considera que ayudan en dicha fase final a que el proceso arribe a buen puerto.

En su análisis, se retrotrae a los movimientos pacifistas, que actuaron como “emprendedores”, pues trabajaron para “normalizar a la sociedad en una cultura para la paz y los valores democráticos”. “Ahora lo vemos con ojos de 2026 y no suena como una contribución tan importante, pero nos tenemos que poner en ese contexto histórico. Había muy poca tradición democrática en España”, reconoce Argómaniz. No fueron los únicos, pues hubo también intelectuales, periodistas y partidos políticos dedicados a esa labor, pero enfatiza el papel del movimiento cívico y constitucionalista en la “deslegitimación de la violencia”, con una pedagogía dirigida a enseñar lo que significa vivir en una democracia y un Estado de derecho. Argómaniz sostiene que, desde el ámbito académico, se ha prestado poca atención a cómo la sociedad civil puede determinar la trayectoria de una campaña terrorista a través de acciones no violentas. “Es importante que haya un conocimiento del caso vasco, porque tiene lecciones que se pueden extrapolar”, defiende.

Las organizaciones civiles, además, se rodearon de un aura de credibilidad nacida del hecho de que no se guiaban por directrices políticas. Algunas llegaron a tener conexiones con partidos políticos, admite Argómaniz, pero gozaban de autonomía y bregaban en una única dirección: la consecución de la paz. Se unían para hacer ver a ETA que enfrente tenía a una mayoría social contraria al uso de la violencia en la esfera pública. El plantarse frente a los terroristas ya servía para minar la imagen glorificada que algunos tenían de ellos, incluso para disuadir a potenciales miembros de la banda de unirse a ella. Habla Argómaniz de un “cortafuegos” frente al reclutamiento de nuevos militantes.

El asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, que lo tuvo secuestrado durante tres días, supuso un “parteaguas”. Miles de personas se echaron a las calles a exigir a la banda terrorista su liberación y Argómaniz defiende que sin esas “desbordantes” movilizaciones, no es posible entender la aparición del movimiento cívico. “Esa respuesta social sobrepasa lo que habíamos visto anteriormente. Para intelectuales y activistas, indica que hay un anhelo por una respuesta más vigorosa”, abunda.

La acción cívica contra ETA tampoco estuvo exenta de peligros y amenazas. Quienes se significaban en contra de la banda pasaban a ser objetivos, ya fuera de los terroristas o de las acciones de la 'kale borroka'. Ante esos costes, los “lazos emocionales y afectivos”, como los denomina el autor, fueron de gran relevancia, porque facilitaron la permanencia a través de una sensación de compañerismo y un sentimiento de pertenencia a una causa “más grande que las personas” como era la paz.

Argómaniz, autor del libro que sirve de percha para el simposio de este martes, es profesor titular de la escocesa University of St Andrews y miembro del Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV). Con una investigación enfocada a las respuestas estatales, no estatales y civiles ante la violencia política, ha publicado artículos en varias revistas académicas y ha codirigido proyectos de ámbito internacional sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y el papel que pueden desempeñar en la prevención de conflictos.

La asociación de víctimas del terrorismo Covite ha denunciado este jueves la concesión de dos nuevos terceros grados que ve “fraudulentos” a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. Además, ha pedido “la dimisión” de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José.

Olarra Guridi fue uno de los máximos responsables del aparato militar de ETA y sobre él pesaban condenas que superaban los 1.000 años de prisión por diferentes atentados y delitos relacionados con la actividad terrorista de la banda. Ya tenía concedida una flexibilización del segundo grado mediante el artículo 100.2. En el caso de Zabalo Beitia, se le había concedido el tercer grado en 2025. Sin embargo, la Fiscalía recurrió aquella decisión y el juez terminó revocando la progresión hacia la semilibertad.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que “el Gobierno vasco vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale”. A juicio de Ordóñez, estas dos nuevas concesiones constituyen “un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA”, informa Europa Press.

Ordóñez enmarca estas dos nuevas concesiones en “un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco”, que tiene la competencia desde 2021. “Esta política se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento”, según la hermana del dirigente del PP asesinado en 1995.

En este contexto, el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución con los votos del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico, compuesto por ellos mismos, a “reforzar” las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo y de otras vulneraciones de derechos humanos, así como a estudiar nuevas medidas educativas, sociales o sancionadoras “con el fin de prevenir la revictimización y consolidar una memoria inclusiva, crítica, ética y democrática”. La proposición no de ley original era del PP e instaba a que en el plazo de seis meses y en cooperación con las asociaciones de victimas del terrorismo, llegue a la Cámara un proyecto de ley de modificación de la norma de reconocimiento y reparación a las víctimas.

El último libro de Mikel Urretabizkaia (Ordizia, 1953) 'FRANCO-ETA, la extraña pareja' no es un libro de historia, aunque narra pasajes de la historia pasada y reciente de forma pedagógica para entender, entre otras cuestiones, que ETA nació para combatir al franquismo, aunque según reconoce el autor, el 95% de los asesinatos que cometió la banda terrorista se produjeron en democracia. “ETA nació en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1952 como EKIN, en plena dictadura de Franco, pero cometió su primer asesinato mucho después, el 7 de junio de 1968. Hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, provocó el 5% de todos los asesinatos de su macabro historial. Una vez acabada la dictadura, una vez iniciada la Transición, una vez instalada la democracia, se produjeron el 95% de los 853 asesinatos que se le atribuyen y 3 utilizó el terror contra los ciudadanos contrarios a sus postulados. En su propio informe, tras la disolución en 2018, ETA asumió 2.604 acciones armadas, con 758 víctimas mortales”, narra Urretabizkaia, quien abarca desde la utilización del terror hasta la teoría del embrutecimiento del enemigo para explicar dos fenómenos que no existirían el uno sin el otro.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre la relación entre Franco y ETA?

Mira, te voy a decir la verdad: por casualidades de la vida me ha tocado vivir muchas cosas de la Transición muy de cerca. Estudié en la Complutense en los últimos años de la Transición y allí se vivía todo de forma muy intensa. Mi mujer, Rosa, siempre me decía que por qué no le escribía algo a nuestro hijo, que ya tiene 26 años, porque su generación no tiene ni idea de quién era Franco ni de qué pasó realmente. Empecé a darle vueltas y decidí que esas experiencias no podían quedarse en “agua de borrajas”; había que contarlas para quien quiera enterarse. El libro tiene un aspecto pedagógico, yo no soy historiador y esto no es un libro de historia, lo que trato es de divulgar. Mi intención es puramente divulgativa y pedagógica. He intentado que sea una lectura fácil porque hoy en día, si no calas en la gente con algo que se entienda bien, no sirve de nada.

Escribe para su hijo, pero la dedicatoria es para su aitona, su abuelo, un hombre al que describe como “perdedor de la Guerra, ganador de la paz”. ¿Por qué?

Siempre me llamó la atención que él nunca me contó nada. Murió cuando yo era joven y se llevó su historia al silencio, como hizo toda esa generación por puro terror. Él era administrador de la alhóndiga y cuando llegaron los franquistas los echaron a todos a la calle. Mi madre me contaba que, cuando entraron las tropas, mi abuelo se llevó a sus hijas andando por el monte desde Ordizia hasta Albiztur por miedo a los moros de Franco [La Guardia Mora] porque había oído que estaban violando a las mujeres, aunque no llegaron al norte, pero el terror estaba en las cabezas de todos. Ese miedo les cerró la boca para siempre. Después le quitaron el trabajo y se tuvo que buscar la vida de otra manera. De ese tipo de perdedores ha habido una enormidad.

En el libro cuenta que “el franquismo sirvió de catalizador para que la rebeldía juvenil de aquel pequeño grupo inicial, diera el salto a una violencia que fue in crescendo”. ¿ETA nació como respuesta al franquismo?

Por supuesto, y me indigna que hoy haya incluso trabajos universitarios que intenten negarlo. Yo mismo no entré en ETA por un pelo, porque me fui a estudiar a Madrid a la Complutense. En aquella época la represión era constante, a mí me ha llegado a perseguir un guardia civil subfusil en mano por una manifestación. ETA nace contra Franco, otra cosa es que tenga objetivos de todo tipo como el socialismo revolucionario o la independencia y la deriva de terror ciego que tomaron después, que no tuvo ningún sentido, pero nace contra la represión franquista. Tuvieron que dejarlo en el año 2011 sin cumplir ninguno de sus objetivos.

Hubo dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo

La mayoría de los asesinatos de ETA, usted habla en el libro de un 95%, se produjeron en la Transición, después de la muerte de Franco. ¿Cómo se explica?

Me he hecho esa reflexión mil veces y no tengo explicación. En el libro que escribí sobre un etarra arrepentido, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, una biografía de Iñaki Rekarte se lo pregunté directamente y ni ellos mismos tienen una razón clara más allá de que eran jóvenes y estaban un poco locos. Cuando surge las razones son que hay un pueblo que lucha contra una dictadura insoportable, es la lucha contra el tirano, pero a partir del año 77, con la democracia y el Estatuto de Autonomía, ya no había ninguna razón para seguir con la lucha armada. No consiguieron nada.

Narra que en la República existió la “teoría del embrutecimiento” de los republicanos, a los que los franquistas consideraban como seres casi infrahumanos. Es algo que vemos en todas las guerras, como puede ser también en Gaza y cómo la población palestina es considerada por parte de Israel.

Claro, se considera que se tiene derecho a acabar con el enemigo, porque para ellos no son humanos, son animales. Crean la teoría del enemigo único, en el caso de la República para los franquistas el enemigo eran los rojos. Y para ellos los rojos eran anti-España y todos eran iguales, cuando la realidad es que dentro de los rojos estaba el PNV, que era un partido conservador y católico a ultranza. En el libro hablo de un psiquiatra que estaba convencido de que había un “gen rojo” que portaban las presas comunistas y socialistas a las que consideraba que debían regenerar y eliminar de sus adentros ese gen.

¿Esa teoría del embrutecimiento y del enemigo único pudo ocurrir también con ETA en la Transición? ¿Puede justificar eso que siguieran matando después de Franco?

Es algo parecido, en el sentido de que estas cosas se producen normalmente en la juventud, en la intensidad. Cuando inicia ETA es contra la dictadura y cuando llega la Transición pues contra los españoles, pero en su conjunto, el español es el malo. Si te pones a pensar en ETA hasta en el socialismo revolucionario, que era una base de la banda, aceptaron a los españoles. Había incluso dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo y se engloba a todos en esa frase.

Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad

Una frase del libro dice “la serpiente, que se había enroscado subrepticiamente al régimen dictatorial, desaparecía definitivamente tras dejar un rastro trágico que subsistirá en generaciones posteriores”. ¿Ese rastro está desapareciendo con la desmemoria de las nuevas generaciones?

Sí, yo creo que sí. Recientemente, han salido estudios sobre la cantidad de gente joven que dice que Franco hizo cosas buenas y claro que las hizo, pero fueron 40 años de dictadura. Con ETA ocurre lo mismo, lo que pasa es que está más presente porque todavía se celebran juicios contra miembros de ETA. Esto con Franco o los franquistas no pasa porque hubo una Ley de Amnistía y se acabó.

En el libro también toca episodios como el de lo relacionado con la frase “Que te vote Txapote” y escribe sobre la actualidad política. ¿Considera que por parte de partidos como PP o VOX hay una frivolidad o un uso propagandístico de las víctimas de ETA?

Está claro. Eso es Steve Bannon, es Donald Trump. Es marcar claramente el mensaje que tú quieres. No es una broma. En el caso del “Que te vote Txapote” Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica asesinado por Txapote, pide que no se use políticamente la muerte de su padre. Está claro que ahí hay una decisión porque el propio José María Aznar en su momento planteó una negociación con ETA porque decía que era mejor que hicieran una lucha parlamentaria en lugar de que usaran las armas. Dijo que estaban dispuestos a que si dejaban las armas hicieran una lucha parlamentaria. Ahora resulta que lo hacen y se lía. Después Aznar pasó de decir una cosa a decir otra, igual que Isabel Díaz Ayuso, que utiliza esos elementos para hacer el mal, pero no para hacer el mal a EH Bildu o a Sortu, sino para hacer el mal a todo el grupo que puso en el poder a Pedro Sánchez. Todo es ETA, ese es el titular, aunque dentro de EH Bildu haya grupos diferentes y esté por ejemplo Oskar Matute, quien en el Congreso preguntó dónde estaban los del PP cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y dijo que él estaba en una vigilia en su apoyo. Se trata de que la verdad no arruine el titular.

En una de sus últimas columnas en este periódico escribía que “hoy resultaría injusto que a un afiliado al PP se le llamara franquista solo por ser del PP. Lo mismo que a un afiliado de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba, miembros de EH Bildu, se le llamara etarra”.

Sí, eso también lo digo en el libro. Yo no voy a estar todo el rato diciendo que el Partido Popular es franquista en esencia. ¿De dónde viene? De Alianza Popular, un partido que crearon los siete magníficos que eran franquistas. Pero no solamente eso. Crearon unas asociaciones políticas con base en una legalidad que era franquista, creada en la época de Franco, pero no voy a estar todo el día diciendo que son franquistas. Vamos a construir país, construir futuro y una sociedad progresista y adecuada en la que se pueda vivir. Del mismo modo, ellos deberían aceptar y seguir adelante. Pero tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad y en los jóvenes. No estoy hablando de no condenar a ETA, porque fue horrible lo que hizo, pero en el caso de ETA tenemos el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tenemos monumentos, libros, pero en el caso del franquismo eso no se ha hecho.

El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

La Fiscalía francesa ha pedido este viernes una pena de cinco años de cárcel, pero exentos de cumplimiento, para el histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último juicio que tiene pendiente en Francia. También reclama para Urrutikoetxea (de 75 años) su expulsión definitiva de Francia, junto a esa pena de cárcel por pertenencia a una organización terrorista que sólo tendría que cumplir en caso de reincidencia.

La fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, ha defendido que no hay que verle como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”.

Recordó que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Bayona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la justicia española lo reclama sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en la que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.

No obstante, la representante del Ministerio Público reconoció que “el tribunal debe relativizar su responsabilidad”, teniendo en cuenta los elementos que se le reprochan en este sumario y que desde que ocurrieron no ha vuelto a estar vinculado a hechos terroristas, lo que justificaría que no ingrese en prisión.

En este juicio, Josu Ternera está inculpado por su acción en ETA en Francia entre diciembre de 2002, después de huir de España para escapar a las acusaciones de haber estado implicado en el atentado en Zaragoza, y mayo de 2005. Los principales elementos en su contra son las pruebas (trazas de ADN y huellas) de su paso por dos pisos francos de ETA, en Lourdes y en Villeneuve-sur-Lot en los que vivieron el que era el entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Esas trazas estaban esencialmente en documentos de carácter político, muchos de los cuales estaban en un garaje que miembros de la banda habían alquilado junto a la vivienda de Villeneuve-sur-Lot. Durante su interrogatorio este viernes, Josu Ternera reconoció haber estado en esos pisos, pero dijo que no se acordaba de las fechas exactas y señaló que “en tanto que militante” se reunía “con mucha gente”.

La fiscal hizo hincapié en que, más allá de que esos textos se refirieran a negociaciones, esos pisos ponen en evidencia que había “una actividad terrorista”. “Hay una personalidad, la de Urrutikoetxea, vinculada a la negociación, pero que tiene un pie en el terrorismo”, ha señalado, después de haber echado en cara al encausado que se hubiera quejado por la mañana de que aunque en el País Vasco desde hace 15 años ya no hay violencia por el fin de los atentados de ETA, “no se puede hablar de paz” porque “no hay justicia” y “no hay verdad” sobre lo sucedido. “La paz —puntualizó Rudloff— pasa también por la reparación de las víctimas de ETA” y “no hemos escuchado una sola palabra de Urrutikoetxea” para esa reparación, subrayó.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirá con responsables de Korrika para evaluar su última edición, ha lamentado que se hayan exhibido durante la carrera popular a favor el euskera imágenes “hirientes”, en referencia a las de presos de ETA, y ha pedido decisiones y actitudes que tiendan “puentes” y no que levanten “muros”.

La representante del Ejecutivo vasco se ha referido a la polémica que ha generado la última Korrika, entre otras cosas, por la exhibición de imágenes de reclusos de ETA, la lectura del comunicado final por siete jóvenes supuestamente afines a la izquierda abertzale, denunciada por el presidente del PNV, Aitor Esteban, o la exclusión de CCOO en la carrera popular en la que siempre había participado. La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido este mismo martes a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika, tras constatar que se mostraron 38 imágenes de miembros de ETA en su 24 edicción, “la cesión del testigo en Donostia a tres miembros” de la banda o la lectura de la declaración final por Aitzol Gil San Vicente Plá, hijo del que David Plá, exjefe de la organización terrorista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha insistido en que la Korrika “tiene que ser el gran espacio de encuentro” para todas aquellas personas que deciden apoyar al euskera. “El euskera necesita puentes y no muros, necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua, y no decisiones que las alejen”, ha añadido.

También ha reiterado que para el Gobierno vasco “el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca”. “Voy a hacer lo que corresponde a una institución, que es tener una reunión de evaluación con los responsables de la Korrika, como hacemos siempre que se dan iniciativas en las que el Gobierno participa, y me van a permitir que me siente con quienes la organizan y que valoremos cómo ha sido esta edición”, ha concluido.

Por su parte, Vox, al igual que ya hizo en el año 2024, ha presentado una denuncia “contra todos aquellos que resulten autores, partícipes, cooperadores necesarios o cómplices” de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” que observa en la Korrika. El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito, que ha adelantado El Correo, ante la sección de instrucción de la Audiencia Nacional por “enaltecimiento y humillación a la dignidad de las víctimas del terrorismo, contemplados en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal”.

Entre los hechos a los que Vox hace referencia en su denuncia destacan la participación activa y el protagonismo en el evento de tres miembros de ETA —Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain—, quienes portaron el testigo oficial de la Korrika y recibieron reconocimiento público por parte de asistentes. Asimismo, se recoge la celebración de estos actos en el Casco Viejo de Donostia, lugar en el que la banda terrorista ETA cometió diversos asesinatos, así como la exhibición en Pamplona de la imagen del terrorista Francisco “Patxi” Ruiz Romero en la camiseta de un menor.

La semana pasada UPN también interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes de terroristas de ETA durante la Korrika. “No vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo. Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad”, sostiene UPN.

Preguntada por esta cuestión, Ane Elordi, coordinadora de la Korrika, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas indicaciones, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras indicaciones. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

La Korrika llega a su fin después de diez días de kilómetros corriendo a favor del euskera. Y este domingo, en puertas de su meta en Bilbao, el lehendakari, Imanol Pradales, ha portado durante unas manzanas el testigo. Su equipo, con grandes ikurriñas, ha conseguido tapar las imágenes de un condenado por delitos de terrorismo y otras reivindicaciones a favor de los presos de ETA en la señal televisada en directo.

Pradales, que ha corrido en la zona de Indautxu y cuando ya se han cubierto más de 3.300 kilómetros desde la salida en Iparralde del 19 de marzo, ha estado acompañado de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, del dirigente del PNV Andoni Busquet, y de varios de sus asesores. Ellos mismos han sido los encargados de ubicar en primer plano las grandes banderas vascas que han tapado los carteles que iban más atrás en el 'pelotón' de la Korrika en esos momentos.

La edición de 2026 ha tenido dos grandes controversias. Por un lado, antes del inicio la organizadora, AEK, invitó a CCOO a no portar el testigo por entender que participa en una campaña orquestada de recursos a OPE que piden nivel de euskera. Eso motivó que el PSE-EE decidiera no asistir. Ningún miembro de la parte socialista del Gobierno, que negocia con el PNV precisamente una reforma de la normativa de empleo público en lo tocante a la lengua vasca, ha corrido, aunque sí otros alcaldes y concejales socialistas. Y, por otro lado, desde la visita a Pamplona pero también en otros puntos del mapa, las asociaciones de víctimas han criticado la presencia de imágenes de terroristas y las reclamaciones en favor de los presos de ETA.

“Continúan las exhibiciones de fotografías de miembros de ETA y peticiones de amnistía en la Korrika ante el silencio y la inacción de las instituciones públicas. Éste es un ejemplo más de que legitimación de ETA sigue presente en nuestras calles y lejos de ignorar estos hechos, es obligación de una sociedad que se considere sana, denunciarlos y condenarlos. Nunca nos cansaremos de repetir que la deslegitimación ética, social y política del terrorismo de ETA es imprescindible para construir una convivencia basada en valores democráticos”, ha planteado la Fundación Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA en 2000. Consuelo Ordóñez, de Covite, se ha expresado en términos similares. En su caso, ha llegado a denunciar que expresos portaran el testigo de la carrera.

En este contexto, la vicelehendakari Bengoetxea dijo que esa escenografía era “hiriente”. De hecho, anunció una reunión con AEK al acabar la carrera para analizar este tipo de situaciones. Bengoetxea, que ya corrió también en Donostia con otros miembros del Gobierno del PNV, consideró que el evento ha de ser “en favor del euskera” y “sin entrar en otras cuestiones”. Personas del entorno del PNV como el exrector de la EHU Pello Salaburu, se han mostrado muy críticos en redes sociales con lo sucedido.

Ane Elordi, de AEK, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas notas, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras notas. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

Una de las imágenes tapadas por las ikurriñas del equipo de Pradales era la de Orkatz Gallastegi. En 2007 fue condenado a 26 años de cárcel por facilitar a un comando la información para asesinar al magistrado José María Lidón. El crimen se cometió en 2002 y, según acreditó el Tribunal Supremo, acerca del horario habitual de salida del domicilio (de Lidón), vehículo en que lo hacía, itinerario que recorría hacia su trabajo y medidas de seguridad. Terminado el relevo de Pradales, las banderas han desaparecido.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la exhibición de carteles e imágenes de apoyo a presos de ETA durante la celebración de la Korrika, que este domingo ha recorrido la comunidad foral. Según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite),  a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”.

A través de su perfil en la red social X, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra “siempre ha considerado la Korrika como iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural de nuestra tierra, que debe ser promovida desde el respeto y al margen de cualquier instrumentalización política”.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo foral rechaza “cualquier exhibición, durante el desarrollo de la Korrika, de imágenes, fotografías o símbolos vinculados a personas condenadas por delitos de terrorismo, como las que desgraciadamente se han producido de nuevo en esta edición”.

“Este hecho supone un homenaje público hacia personas que han causado mucho dolor en nuestra tierra y revictimizan de nuevo a las víctimas del terrorismo y sus familiares”, ha censurado.

Por todo ello, ha instado a las entidades organizadoras de la Korrika a que “adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia de imágenes y fotografías de terroristas”.

Miles de personas se han sumado a la 24.ª edición de la Korrika, la carrera en favor del euskera, que este domingo ha recorrido diferentes localidades de la Comarca de Pamplona. A su llegada a la capital navarra, en la plaza Consistorial, cientos de personas se congregaban a la espera del paso de la carrera, que coincidía con el kilómetro adquirido por el Consistorio. Se han podido ver varias ikurriñas, banderas de Navarra y Palestina, y se ha coreado durante estos momentos de espera 'Hemen gaude euskararen alde' (Estamos aquí por el euskera).

Allí esperaba también el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, acompañado de varios concejales de EH Bildu así como el edil de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón. Sobre las 15 horas han llegado a la plaza, desde la calle San Saturnino, las furgonetas que abrían la marcha. Le seguían cientos de personas, precedidas por la pancarta de la Korrika, entre los aplausos de los asistentes. En ese momento, Asiron ha cogido el testigo y ha continuado con la carrera, a la que se ha sumado miles de personas, todas ellas coreando 'Tipi-tapa, korrika', según recoge Europa Press.

La carrera ha pasado este domingo por diferentes localidades de la Comarca de Pamplona como Noáin, Barañáin, Berriozar, Villava, Ansoáin, Burlada, Huarte, Sarriguren o Mutilva. A lo largo del día ha entrado y salido de Pamplona, recorriendo sus barrios. Así, sobre las 5 de la madrugada ha llegado a Etxabakoitz y ha abandonado la ciudad por Landaben, para regresar a media mañana por el barrio de la Txantrea. Sobre las 13 horas ha vuelto a entrar en la capital por Erripagaña y abandona definitivamente Pamplona esta tarde por Landaben para continuar su recorrido por otras localidades navarras.

Covite rechaza los mensajes de apoyo a ETA

Algunas personas han portado también carteles y banderas con mensajes de apoyo a los presos de ETA, igual que está ocurriendo en otros puntos del recorrido por Navarra. Estos mensajes han sido rechazados por por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha censurado que se “instrumentalice” la Korrika “para mostrar públicamente su apoyo incondicional a los asesinos de ETA”.

Según ha lamentado en una publicación en la red social X, a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”, mientras que a su lado otra personas exhibía la imagen de “Alberto Viedma Morillas, asesino de Tomás Caballero y Francisco Casanova”.

Este hecho ha sido criticado, también, por la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien, en esta misma red social, ha lamentado los carteles con imágenes de los asesinos de Tomás Caballero protagonizando “la cabecera de la Korrika”. “Pero Asiron la apoya, participa y dice no se puede responsabilizar de esto a la organización, porque son reivindicaciones particulares, igual que animar a un equipo de fútbol”, ha reprochado.

El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

Hace unos meses tuve conocimiento de que Iñaki Soto, director del periódico 'Gara', realizó una última entrevista a la dirección de ETA en 2018, poco antes de la disolución de la banda terrorista. Supe también que la entrevista fue publicada en un libro en 2019 por la editorial Txalaparta. Y supe que en ella Soto y los entrevistados se refirieron a Humberto Fouz Escobero, a Fernando Quiroga Veiga y a Jorge García Carneiro, los tres jóvenes coruñeses residentes en Irún que desaparecieron el 24 de marzo de 1973 tras pasar a Francia para ir al cine.

Una casualidad me llevó a esa entrevista. Era junio de 2025 y preparando la presentación en A Coruña de la novela 'Manto de silencio, de Iñaki Martínez, me llamó la atención un titular de prensa de finales de 2021 que decía así: “Durante unas semanas de 2019 creímos haber encontrado los restos de ‘Pertur’.” Eran palabras del historiador Iñaki Egaña en 'Naiz' (la versión digital del periódico 'Gara'). Presentaba su libro 'Objetos perdidos', sobre desaparecidos “en el contexto del conflicto vasco”, según sus propias palabras. Casi al final comenta el caso de “los tres gallegos” y remite a esa entrevista con la última dirección etarra.

Me hice con un ejemplar del libro de Soto y busqué la referencia a Humberto, a Fernando y a Jorge. No encontré más que lo que ya se recogía en 'Naiz'.

Como creo que no es necesario añadir ningún comentario a las respuestas de los dirigentes de la banda terrorista —esas respuestas demuestran por sí solas un nivel de infamia insuperable—, me limitaré a transcribirlas para que los lectores juzguen por sí mismos.

Soto plantea a modo de pregunta: “Dicen que ETA los secuestró y los hizo desaparecer…”. Los miembros de la dirección etarra responden señalando que ETA no lo ha asumido pero que no negarán “completamente que pudo ocurrir aquel hecho oscuro y lamentable”. “Nos parece legítimo que el suceso se aclare. Las familias lo merecen”, añaden. Quiero subrayar que se refieran a esos asesinatos como hecho y como suceso. Sabiendo que la elección de las palabras que se emplean no suele ser inocente, optar por estas dos palabras parece aludir a algo de carácter fortuito, a algo que sucede accidentalmente...

A continuación dicen que “si se hubieran dado las condiciones adecuadas en un proceso de soluciones, también nosotros podríamos esforzarnos más, con dos objetivos: por una parte, aclarar la responsabilidad de la propia ETA y, de confirmarse que tuvo responsabilidad, asumir tal responsabilidad; por otra parte, encontrar los cadáveres.” Acto seguido, con un repugnante cinismo, dicen que “no se ha podido hacer tal cosa” y achacan la responsabilidad, ¡cómo no!, “a un Estado que tiene tanto que ocultar” y para el que, añaden, los desaparecidos no son un tema atractivo. El Gobierno español, dicen, “nunca ha planteado estos temas en las conversaciones” y “nadie se ha acercado a nosotros a tratar de ello seriamente”. Aunque la rotundidad que pretenden trasladar se tambalea inmediatamente, cuando añaden que “si alguna vez ha habido algo así, no nos consta” y, sobre todo, cuando acto seguido concluyen reconociendo que “ha habido interpelaciones públicas, pero con poca seriedad”.

¡Qué desfachatez! ¡Cuánta ruindad! Pregunto públicamente a esos miembros de la última dirección de ETA qué seriedad otorgan a la interpelación realizada el 24 de marzo de 2023, en el marco del homenaje celebrado en el 50.º aniversario de la desaparición de Humberto, Fernando y Jorge, y secundada por los Gobiernos vasco y español, así como por todas las instituciones, colectivos de víctimas y ciudadanos que ese día acompañaron a las familias de los tres jóvenes.

Siguiendo con la entrevista, un poco más adelante responden que querrían “que se aclarara, por duro que sea y aunque ensucie el nombre de ETA. Si buceando en la historia de ETA se pueden hallar aclaraciones, creemos que esa aportación se hará.” ¿A qué están esperando? Han pasado ya casi 8 años. ¿Por qué siguen callando?

Hemos tardado en saber de esta entrevista. Podrían habernos hablado de ella los dirigentes de la izquierda abertzale a los que hemos interpelado en privado y públicamente en más de una ocasión. Pero no lo han hecho. Han preferido guardar silencio. Pese a ello hemos podido leerla. Tarde, y por casualidad, pero hemos podido comprobar cómo los dirigentes de ETA vienen a reconocer, aunque lo hagan por la puerta trasera, la responsabilidad de la banda terrorista en la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Como tengo la impresión de que en 2018 y 2019 la conversación de los dirigentes etarras con el periodista de 'Gara' tuvo escasa repercusión fuera de los canales de comunicación abertzales, voy a aprovechar este nuevo aniversario que se acerca —ya van 53—, para tratar de difundir esta pequeña parte de esa entrevista.

Al mismo tiempo que seguimos mimando la memoria de mi tío y de sus dos amigos, vuelvo a interpelar públicamente en nombre de estas tres familias a quienes fueron dirigentes de ETA. CON ABSOLUTA SERIEDAD. Con la seriedad con la que siempre les hemos interpelado. Les decimos alto y claro: déjense de excusas y pónganse, de una vez por todas, a bucear en su historia —estoy segura de que no han de bucear ni muy profundo ni durante demasiado tiempo—, reconozcan la verdad y dígannos dónde están los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Y no teman ensuciar el nombre de ETA. Aunque muchos etarras y exetarras, y muchos de quienes les apoyaron y jalearon, aún no hayan tenido la decencia ni el coraje de reconocerlo, el nombre de ETA lleva sucio desde el momento en que decidieron empuñar un arma y asesinar a su primera víctima.

Familiares del líder del PSE-EE de Álava y exvicelehendakari Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados hace 26 años por ETA, han recordado este domingo a ambos con una ofrenda floral celebrada en Vitoria, en la que han estado acompañados de representantes institucionales y cargos públicos de todos los partidos políticos. La ceremonia ha consistido en una ofrenda floral realizada ante el monolito instalado en los Jardines de la Libertad en la capital alavesa junto al lugar en el que Buesa y Díez fueron asesinados con un coche bomba por ETA el 22 de febrero de 2000.

En el acto, durante el que se ha reproducido la canción 'Ausencia', de Imanol, han participado la viuda y las hijas del exdirigente del PSE-EE y los padres de Díez Elorza, según recoge Europa Press. En el transcurso de la ceremonia se ha realizado una ofrenda floral ante el monolito en memoria de ambas víctimas de ETA, en la que han participado los familiares, representantes políticos y de sindicatos de la Ertzaintza, junto a la ciudadanía que como cada año se ha acercado a rendir homenaje a Buesa y Elorza.

La delegación del Gobierno vasco ha estado encabezada por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, acompañados de las consejeras de Educación, Begoña Pedrosa, de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

También ha asistido a la ofrenda foral la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, entre otros representantes institucionales. Andueza ha pedido una “lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo” y ha recordado la “firmeza” del exvicelehendakari y parlamentario asesinado por ETA, Fernando Buesa, y de su escolta en el aniversario de su asesinato.

Por parte de los partidos, han asistido cargos públicos de todas las formaciones, incluida Vox que no participó en el homenaje del año pasado y que en esta ocasión ha estado representada por su portavoz en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, mientras que la delegación de EH Bildu ha estado encabezada por su responsable político en Álava, Ibon San Saturnino, la del Partido Popular por su presidente en Álava, Iñaki Oyarzabal, y la de Sumar por el concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, Oskar Fernández.

También han participado en este acto de memoria en homenaje a Fernando Buesa y Jorge Díez, pero también a todas las víctimas del terrorismo, según han subrayado desde la Fundación Fernando Buesa, miembros de la Ertzaintza y de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), así como muchas víctimas.