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Los presos de ETA reciben el 46% de las flexibilizaciones de grado en las Prisiones vascas, pero el 4% de las semilibertades

La consejera María Jesús San José, en el Parlamento Vasco

Iker Rioja Andueza

Vitoria —
19 de noviembre de 2026 21:46 h

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La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, responsable política de las Prisiones vascas, ha informado al Parlamento Vasco de que el 46% de las flexibilizaciones del segundo grado penitenciario y el 4% de los saltos a tercer grado o semilibertad concedidos en los últimos meses de 2026 corresponden a presos de ETA. Asimismo, seis de las progresiones de grado han sido recurridas por la Fiscalía, que serían la mitad de las doce relacionadas con condenados por terrorismo.

San José ha respondido a una solicitud de información formulada por el representante del PP Santiago López Céspedes. Es al menos la tercera sobre las estadísticas de gestión penitenciaria. Euskadi asumió en 2021 la competencia de Prisiones y, desde entonces, ha recibido críticas por la situación de los reclusos de ETA, todos ya trasladados a cárceles vascas. El PP, así como asociaciones de víctimas como la AVT o Covite, han cargado con dureza al Ejecutivo autonómico al entender que privilegia a este colectivo.

San José aclara que no puede dar relaciones nominales de la situación de los diferentes presos de ETA, ya que “efectivamente existe [un] impedimento jurídico”. No obstante, indica que se ha aplicado el artículo 100.2 en 28 ocasiones desde julio hasta finales de octubre, “de las cuales 13 corresponden a personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA y 15 al resto de personas internas”. El 100.2 permite un cumplimiento atenuado del segundo grado, con salidas continuadas por motivos laborales, por ejemplo. Ya era conocido que los presos de ETA accedían a él en una proporción mucho más alta a su peso en el conjunto de la población penitenciaria. En septiembre eran 107 los presos de ETA de una población penitenciaria total de 1.967, algo más del 5%.

Sin embargo, no ocurre así con la semilibertad como tal, es decir, con la progresión a tercer grado. En este caso, los datos los comprendidos de marzo a octubre. “Constan 268 resoluciones, de las cuales doce corresponden a personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA y 256 al resto de personas internas”, expone la documentación oficial. No llega al 5%.

Ante la evidencia de que algunos movimientos acordados por el Gobierno vasco han sido revocados por la Audiencia Nacional, que es el tribunal encargado de la vigilancia penitenciaria para delitos de terrorismo, la consejera San José indica que el 100.2 “no es susceptible de impugnación”, aunque sí de revocación judicial. Es una mejora en el tratamiento que se aplica automáticamente y luego puede ser tumbado por la Audiencia Nacional. Así ha ocurrido por dos veces, por ejemplo, con Soledad Iparragirre 'Anboto'. En cambio, el tercer grado puede ser recurrido por la Fiscalía, y ha pasado en seis ocasiones, el 50% de las progresiones acordadas desde marzo.

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