Una nueva ley obligará a la Ertzaintza a “eliminar patrones de discriminación, en particular por el uso de perfiles raciales”
El Gobierno de Imanol Pradales tiene ya redactado el borrador de la prometida ley de “igualdad de trato y no discriminación”. Se trata de un compromiso que figuraba en el calendario legislativo para 2025 pero, a finales de 2026, aún está en una fase previa y con trámites pendientes antes de su envío al Parlamento Vasco. Entre las medidas concretas, la norma creará un Consejo Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación, un órgano consultivo con 36 vocales, y un Servicio Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación, una oficina donde se recogerán denuncias, se investigarán casos y se emitirán informes y resoluciones. Además, la ley obligará a la Ertzaintza —ahora en medio de la controversia por difundir la nacionalidad de los detenidos— a “eliminar patrones de discriminación, en particular por el uso de perfiles raciales”.
El borrador del articulado, al que ha tenido acceso este periódico, tiene medio centenar de páginas y casi otros tantos artículos y disposiciones. A ello le acompaña una memoria firmada por Arantza Chacón, alto cargo de la consejera Nerea Melgosa, del PNV. En ella se indica que “la aprobación de una norma autonómica específica permitirá completar y reforzar [...] el marco de protección frente a la discriminación, adaptándolo a la realidad social e institucional de Euskadi y dotando a los poderes públicos de instrumentos más eficaces para prevenir, detectar, corregir y reparar las situaciones discriminatorias”. El texto prevé sanciones de hasta 500.000 euros en caso de las infracciones muy graves, por ejemplo “la celebración de cualquier tipo de evento público que tenga un carácter discriminatorio”, así como penas accesorias a las empresas como la prohibición de acceder a subvenciones o contratos.
La ley recuerda que las Cortes Generales aprobaron, en 2022, un marco estatal general y el Gobierno vasco quiere complementarlo y acercarlo a la realidad vasca. La ley combatirá discriminaciones “por razón de nacimiento, origen nacional o pertenencia o atribución étnica, género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión e identidad de género, características sexuales, asexualidad, enfermedad o condición de salud, física o psíquica, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, pobreza, apariencia física o cualquier condición o circunstancia personal o social”, expone el artículo tercero.
El Ejecutivo quiere que estos principios operen en los servicios públicos de su competencia, como Osakidetza, Educación, Lanbide o Vivienda, pero también en “medios de comunicación social, internet y redes sociales, inteligencia artificial, algoritmos y mecanismos automatizados de toma de decisiones”. Es quizás una de las primeras referencias legislativas a la inteligencia artificial en el ordenamiento jurídico vasco. En todo caso, se admite que algunos de estos temas pueden tener regulaciones propias que no quedarán anuladas, como es el caso de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, y otros organismos.
Más en detalle, se mencionan como prácticas que combatir el machismo, sexismo o misoginia, el racismo, la xenofobia, la 'lgtbifobia', el antigitanismo, el edadismo, la islamofobia, el antisemitismo, el capacitismo o discafobia y la aporofobia. Se sancionará la discriminación directa, pero también el “acoso discriminatorio”, el “discurso de odio”, la “inducción” a todo ello y hasta las discriminaciones “ocultas”. Se apuesta por la acción positiva para los colectivos vulnerables y por hacer programas de formación en la materia.
La referencia a la Ertzaintza y a los cuerpos locales, a los que se les pide sensibilidad para investigar casos de discriminación y que “eliminen” prácticas de este tipo, es de las pocas medidas concretas para organismos públicos. La ley dedica mucho más espacio a crear dos organismos nuevos, el Consejo y el Servicio. El primero es un órgano consultivo que presidirá Melgosa con 18 vocales institucionales, también de diputaciones y ayuntamientos, y otros tantos de entidades sociales. El segundo es un nuevo organismo que será subcontratado y que tendrá una sede física donde se dará “asistencia” a las víctimas, se realizarán “investigaciones” de oficio o a instancia de parte y se instruirán las sanciones previstas en la normativa, de hasta 500.000 euros.
En la memoria adjunta, se da una estimación del coste económico del nuevo engranaje: 1,9 millones de euros en cuatro años. “Los servicios especializados que se pondrán a disposición de las víctimas se ofrecerán mediante contratación externa. Estos servicios comprenderán: el asesoramiento jurídico (incluida representación legal, si se da el caso), la asistencia psicológica y la mediación. Asimismo, la prestación de servicios de traducción e interpretación que pudieran resultar necesarios para garantizar la adecuada atención de las víctimas en todas las fases del procedimiento se realizará mediante contratación externa. Dado que la demanda efectiva de dichos servicios dependerá del número de solicitudes y de las necesidades lingüísticas que se planteen, no resulta posible efectuar una estimación económica precisa en esta fase. Los gastos derivados de esta prestación se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios destinados al funcionamiento del Servicio Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación. El contrato comprenderá la puesta a disposición del servicio de un local a pie de calle, en la capital del territorio donde más denuncias se reciban, dos personas de perfil de técnico en asuntos sociales o trabajadores sociales que se ocupen de la acogida a las víctimas, facilitándoles información sobre todos los recursos a su disposición, así como del triaje necesario para evaluar, clasificar y priorizar los casos de denuncias según la gravedad de los hechos denunciados o la desprotección de las víctimas”, se puede leer.
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