El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha emitido esta semana una resolución en la que afea a la Diputación de Álava haber expulsado del sistema de protección de menores a un joven con pasaporte en vigor que acreditaba su edad, 16 años en el momento de los hechos. Dio más credibilidad a otras instancias que indicaban que tenía más de 18 años. La resolución hace una “valoración muy positiva” de la acogida dispensada al adolescente extranjero por las instituciones forales —“lo que probablemente ha facilitado su transición a la mayoría de edad y su autonomía personal”—, pero entiende que no preservó el “interés superior del menor” al no dar validez a un documento acreditado como real por la Policía Nacional y, además, sin dar posibilidad de defensa al afectado.

La queja la interpuso el propio joven asegurando que se sentía “desamparado”. El adolescente accedió en diciembre de 2023 al centro Bideberria de Vitoria. Tenía un pasaporte expedido en su país de origen unas semanas antes y allí constaba diciembre de 2007 como fecha de nacimiento. De hecho, tenía aún 15 porque le faltaban unos días para cumplir los 16. La Diputación —en Euskadi la acogida de menores es competencia foral y no autonómica— hizo una consulta a una base de datos estatal llamada “registro mena” y se le informó de que esa misma persona había pasado por Canarias en octubre de 2023 con una fecha de nacimiento de diciembre de 2005, es decir, que estaría al borde de los 18.

Álava pidió colaboración a la Policía Nacional, competente en materia de documentación y extranjería, y la brigada provincial de Policía Científica determinó que el pasaporte de Gambia era perfectamente “auténtico”. Con todo, el cuerpo también “expresó dudas” y se propuso la realización de pruebas de determinación de edad, a las que el joven nunca se opuso. Se realizaron el 29 de febrero de 2024 y se concluyó que su edad era de exactamente 18 años. Sin embargo, se fijó como fecha de nacimiento el inexistente 29 de febrero de 2006 y “posteriormente se corrigió” a 28 de febrero de 2006. Asimismo, la Fiscalía decretó en mayo que era mayor de edad y, ese verano, tuvo que abandonar Bideberria aunque, todavía entonces, tenía un pasaporte en vigor que le identificaba como menor de edad hasta diciembre de 2025.

El Ararteko admite que hay “elementos de prueba de edad contradictorios”, pero pone sobre la mesa también que la “jurisprudencia consolidada” del Tribunal Supremo deja claro que, “si un joven aporta un pasaporte válido u otro documento oficial que acredite su minoría de edad, dicho documento tiene plena validez legal”. Afea, por lo tanto, que Álava decidiese “asumir” la opción menos favorable al afectado y “extinguir la tutela” cuando tenía un pasaporte “declarado auténtico por la Policía Nacional”. Además, recalca que la legislación obliga a “escuchar” al joven y a hacerlo, además, con un lenguaje “comprensible” y “adaptado a su edad”, así como ofreciéndole que pueda disponer de asistencia letrada gratuita. Se menciona, por ejemplo, que “no consta” que se le respondiera a la petición de “reconsideración” de la salida de Bideberria, formulada en el mismo verano de 2025.

La Defensoría, cuyo titular es ahora Mikel Mancisidor, lamenta la “indefensión” a la que fue sometido el adolescente gambiano pese a presentar un pasaporte “identificativo a todos los efectos” y que tenía que haber sido “prevalente” sobre otros documentos o indicios, como las pruebas médicas. Ante la duda, siempre ha de operar el “favor minoris”, el interés superior del menor. De cara al futuro, plantea que la Diputación “extreme las garantías” en este tipo de casos y que permita que los adolescentes sean escuchados en todos los procesos. Fuentes forales consideran que se trata de un caso “excepcional” y, de cara al futuro, se plantearán medidas de mejora a la luz del informe del Ararteko, que será acatado.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha asegurado este martes que no le consta que el Ayuntamiento supiese de la existencia de antecedentes de agresiones del personal de seguridad de la discoteca Mítika. En febrero de 2025, un portero del local golpeó y mató a un cliente, el joven Kerman Villate. “No manejamos los datos”, ha dicho la primera edil, según recoge Europa Press. Ha insistido, además, en que será la Justicia la que determine “quién fue el responsable” de una tragedia que ha tachado de “tan injusta”. Las responsabilidades, ha dicho, no las va a determinar “ni el Ararteko, ni el Gobierno vasco, ni el Ayuntamiento, ni la propia familia”.

La familia, que ha recogido hasta 22 antecedentes de agresiones a través de atestados policiales, sentencias judiciales y testimonios personales, viene quejándose de la actitud adoptada por el Ayuntamiento ante los hechos. “La responsabilidad de la seguridad en salas como la de Mítika, por su aforo, es municipal. Y la máxima responsable de seguridad ciudadana es la alcaldesa. No puede eludir responsabilidades”, lamenta. Hay denuncias documentadas ante el juzgado, reiteran, y el propio Ayuntamiento, dicen, reconoció ante el Ararteko (la Defensoría del Pueblo vasca) hasta trece actuaciones de la Policía local por agresiones en el local. Y la Ertzaintza, como se desprende de los atestados, tenía más.

A raíz de la muerte de Villate, el Gobierno vasco endureció el control sobre los porteros de discotecas. La alcaldesa se ha congratulado de que fuera el Gobierno municipal el que impulsara esos cambios legislativos. “Es un ejemplo de que el Ayuntamiento ha estado encima de este caso”, ha remarcado. La familia ha protestado también por la negativa del Ayuntamiento a facilitarles más información. Aseguran que, amparándose en la ley de transparencia, han solicitado datos que no se les ha brindado, algo que han denunciado recientemente ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. Etxebarria, por su parte, ha pedido una vez más esperar a que la Justicia concluya su actuación.

La cárcel de Zaballa, a las afueras de Vitoria, cuenta ya finalmente con un módulo de régimen cerrado para presos en primer grado. Era un recurso del que no disponían las cárceles vascas desde la transferencia de la gestión al Gobierno vasco en 2021, lo que obligaba a seguir realizando traslados a la red de centros controlados por el Ministerio del Interior.

Este módulo fue estrenado en junio con una capacidad para entre doce y quince reclusos y ahora mismo ya están ocupadas once de esas plazas, según indican fuentes oficiales. “Ahora somos ya una Administración penitenciaria integral”, se felicitan desde el Ejecutivo vasco sobre estas nuevas instalaciones.

El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) reclamó su puesta en marcha en 2023 tras la queja de un interno de Basauri que, luego de participar en una pelea, acabó siendo trasladado a la cárcel de Dueñas, en Palencia. “Puede favorecer el desarraigo y perjudicar la reinserción social de la persona, al alejarla del medio al que retornará en libertad”, criticó el entonces titular del Ararteko, Manuel Lezertua. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, controlado por la parte del PSE-EE del Gobierno vasco, ha comunicado ya al Ararteko la apertura del nuevo módulo.

El nuevo espacio “está cubierto por cinco agentes y un gestor de control de convivencia” en cada turno, mañana y tarde. Además, también hay un “equipo técnico, jurista, psicóloga, trabajadora social y educador”, indican desde Prisiones. El régimen de primer grado no guarda relación tanto con la gravedad de los delitos recogidos en la sentencia judicial condenatoria o en el auto de prisión provisional como con el recorrido penitenciario de los internos. “Se trata de personas incapaces de convivir y adaptarse a las normas”, explican las fuentes consultadas sobre el perfil de los once reclusos en régimen cerrado.

Actualmente, la población penitenciaria es de 1.906 personas, 1.753 varones y 153 mujeres. Son 1.064 en Zaballa, 444 en Basauri y todavía 398 en Zubieta, inaugurada en junio. Por niveles, además de los 11 en primer grado, hay 1.056 en segundo grado y 407 en tercer grado o semilibertad. El resto son presos preventivos o sin clasificar, según la estadística oficial.

El Ayuntamiento de Donostia ha aceptado la recomendación del Ararteko —la Defensoría del Pueblo vasca— con el fin de facilitar mayor acceso al sistema municipal de alquiler de bicicletas, conocido como Dbizi. La institución ha intervenido tras una queja ciudadana que advertía sobre las barreras tecnológicas que supone la exigencia de utilizar exclusivamente una aplicación móvil. Ahora, Dbus, gestora de Dbizi, se encuentra en fase de estudio para dar la “solución más adecuada” al requerimiento.

Actualmente, el sistema Dbizi cuenta con una flota de 317 bicicletas mecánicas y 317 eléctricas distribuidas en 81 paradas, y requiere el uso de un teléfono inteligente como único medio de acceso. El Ararteko ha solicitado al consistorio que adopte las medidas necesarias para cumplir con el contrato de concesión, el cual ya contemplaba el uso de “tarjetas sin contacto u otros mecanismos equivalentes”. La recomendación busca garantizar que el diseño del servicio no impida su utilización a personas que no disponen de terminales inteligentes o que no desean emplear aplicaciones móviles.

La intervención de la institución dirigida por Mikel Mancisidor se fundamenta en que la exclusividad tecnológica no garantiza “un acceso igualitario” y puede excluir a colectivos como “personas mayores o con menor acceso a herramientas digitales”. Adicionalmente, el Ararteko ha constatado una “falta de coherencia” entre la gestión actual y las condiciones previstas en la concesión original del servicio, que proponía dicha tarjeta sin contacto dentro de sus alternativas. Por ello, insta a la administración a eliminar las dificultades tecnológicas para proteger los derechos de la ciudadanía.

La medida suscita opiniones diversas entre las personas residentes de Donostia. Por ejemplo, Borja, vecino de la Parte Vieja, considera que es una “muy buena alternativa” para no depender del teléfono. No obstante, otra postura recogida defiende que el sistema actual es adecuado porque “literalmente todo el mundo tiene un móvil” y califica de “gasto de dinero público” crear un sistema aparte que apenas se utilizará. Frente a esto, una madre que transitaba por el centro recalca la importancia de ofrecer opciones, señalando que “las personas mayores de 60 no son tan ágiles con las aplicaciones” y sugiriendo un sistema de tarjeta similar al del autobús.

El Ayuntamiento de Donostia le informa a este medio que, desde la puesta en marcha de Dbizi en diciembre de 2020, no se habían recibido reclamaciones para habilitar canales distintos a la aplicación móvil. Aún se desconoce la posible alternativa, la cual le genera mucha curiosidad a Naia, una vecina de Gros que está de acuerdo con la alternativa, pero no se le ocurre una forma óptima de llevarla a cabo. Esa falta de claridad la está manejando Dbus en este momento, quien se encuentra realizando un “estudio técnico y organizativo” entre los implicados para definir la “solución más adecuada”. El Ayuntamiento prevé que, tras concluir los “análisis de gestión y los desarrollos tecnológicos necesarios”, el mecanismo alternativo esté operativo en un plazo aproximado de entre cinco y seis meses.

El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha recomendado a la Ertzaintza que limite informar en sus notas de prensa sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de “relevancia pública” y “esencial para contextualizar” la información, de modo que se eviten asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, ha señalado el Ararteko en una resolución hecha pública este viernes. Otros cuerpos, como la Policía de Donostia también lo hacen.

En este sentido, el organismo dirigido por Mikel Mancisidor ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia y, aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Se trata de un expediente de oficio publicado tras conocer que el equipo de Bingen Zupiria, del PNV, había introducido un cambio en su política de comunicación pública, al incluir en sus informaciones el origen de las personas detenidas e investigadas como, en su caso, el de las víctimas de los delitos. De hecho, en su recomendación general 7/2011, el Ararteko expresaba, en diferentes ocasiones, su preocupación acerca de la influencia que un tratamiento inadecuado de la información que se ofrece desde las instituciones podía tener en la imagen social de la población inmigrante y en su integración“. Las notas de prensa policiales deben evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen. ”Los cuerpos policiales tenían que tomar conciencia de su condición de fuente de información y elaborar sus propios códigos de conducta en esta materia“, dado que en aquel momento se entendía que facilitar de modo generalizado esa información ”no favorece la integración social de la población de origen extranjero, al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella“.

A pesar de ello, el Departamento de Seguridad remitió un informe en el que, entre otras cosas, se destacaba que eran dos las cuestiones novedosas: “Se iba a iniciar la publicación trimestral de las tablas estadísticas que recogen las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza con indicación del origen de las personas detenidas e investigadas” y, “en las notas de prensa que diariamente facilita el departamento de prensa de la Ertzaintza –a través de la red Telegram, para los periodistas acreditados, y en la página web del departamento en el portal Irekia del Gobierno vasco- junto al tipo de infracción cometida se iban a añadir, de forma general, datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de las personas detenidas y de las víctimas, así como la existencia o no de antecedentes delictivos en el caso de las primeras”.

Para justificar la aportación de los datos, desde el Departamento argumentan que “la decisión de no ofrecer información sobre el origen de los detenidos por la Ertzaintza en las notas de prensa no ha evitado su difusión por parte de algunos medios que la han obtenido por su cuenta, sin que otros hayan podido adoptar una decisión con respecto a su publicación por carecer de ella”. “Esta tensión política e informativa, nada pacífica, ha coincidido en el tiempo con un profundo cambio sociológico y demográfico en nuestra sociedad, con un incremento de algunos tipos delictivos, precisamente los que mayor preocupación social causan, en los que la incidencia de las personas procedentes de algunos orígenes geográficos destaca por encima de su peso real en nuestra sociedad, y con un aumento de la preocupación social por la seguridad, de tal forma que en nuestra opinión corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones, a través de la acción institucional -incluida la policial y las políticas activas de comunicación. Pensamos que facilitar directamente a las y los periodistas y a las instituciones con las que colaboramos la información de la que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social”, recoge el informe.

El Departamento de Seguridad insiste en que “la sociedad vasca de 2025 no es la de 2004 o 2011”. La configuración política de nuestras instituciones tampoco es la de entonces. Y la realidad del mundo de la información, donde han proliferado nuevos canales y cauces de comunicación, especialmente on line, y donde, a menudo, no es posible identificar la fuente de una información ni su veracidad, es radicalmente diferente de la de otros momentos. Tampoco existe, en nuestro ámbito, un modelo de buenas prácticas o códigos deontológicos acordados entre los medios de comunicación convencionales y los profesionales, que, a la postre, son el cauce determinante por el que llega la información que las instituciones ponemos disposición de la sociedad vasca“, insisten.

“Todas estas consideraciones han llevado a nuestro departamento a cambiar la política informativa y, entre otras consideraciones, a informar sobre el origen geográfico de todas las personas detenidas o víctimas, sean vascas, de nacionalidad española, de origen europeo, magrebí, subsahariano, latinoamericano, asiático o de cualquier otra procedencia, sin fijar nuestra atención en ninguna nacionalidad en concreto e igualándolas todas. Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesionales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi”, justifican.

Sin embargo, en su labor por proteger a los ciudadanos, el Ararteko recomienda que “la decisión de la publicación del dato de origen en las notas de prensa sobre seguridad y actuaciones policiales exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados” y que esa decisión, consecuentemente, “debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática”.

La Defensoría del Pueblo (el Ararteko) ha reprochado al Ayuntamiento de Vitoria que no ofreciera una “respuesta más proactiva” ante las “múltiples y reiteradas” agresiones que se venían sucediendo a la entrada de la discoteca Mítika. Fue allí donde, en una madrugada de febrero de 2025, un portero del local golpeó a un cliente que esperaba para entrar, Kerman Villate, de 31 años, que cayó al suelo muerto. La defensoría, dirigida por Mikel Mancisidor, sostiene que la respuesta por parte del Consistorio habría debido ir más allá de la “intervención puntual” de la Policía local. En la vía judicial, el caso sigue sin resolución.

Según se recoge en la resolución del Ararteko, adelantada por 'El Correo', entre enero de 2023 y la fecha de la muerte de Villate, la Policía local desarrolló un total de 29 actuaciones en Mítika, trece de ellas por “agresiones y empujones del personal de control de accesos de la discoteca”. Asimismo, se esbozaron hasta cuatro atestados que se remitieron al juzgado de guardia, tres por “presunta agresión con lesiones” y uno más por “presunto delito de discriminación racial [o] delito de odio”.

El Ararteko se apoya en noticias publicadas en prensa para aludir a “numerosas irregularidades” relacionadas con la falta de habilitación de los porteros. Este mismo mayo, el Gobierno vasco ha aprobado una modificación del reglamento correspondiente —la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas— que busca, entre otros objetivos, dotar de mayor seguridad a los procesos de revocación de las habilitaciones del personal de admisión. Si bien es obligación de la empresa titular cerciorarse de que su personal cumple con estos requisitos, el Ararteko defiende que la Policía local, que se desplazó hasta el lugar en más de una ocasión, podría habérselo hecho saber, lo que habría “facilitado la adopción de medidas adecuadas para evitar que las conductas violentas por parte del personal de control de acceso se siguieran produciendo”.

La actuación de algunos de los miembros del personal de control de acceso estaba alterando, dice el Ararteko, “la convivencia y el disfrute del ocio de las personas que acudían al local”. Y ello se debía, en parte, a que el Ayuntamiento no estaba adoptando “las medidas adecuadas y suficientes para paliar [...] los efectos negativos concretados en la actuación” de esos trabajadores.

La resolución, que pide mejoras que posibiliten un control preventivo en los locales de ocio, se ha formulado a raíz de una queja presentada por los padres del fallecido. Se quejaban de la “inacción” y de la “falta de respuesta” por parte del Ayuntamiento. En otros foros, ya habían protestado por lo mismo. En una comparecencia en el Parlamento Vasco, por ejemplo, criticaron la “permisividad” de las instituciones con las empresas del sector del ocio nocturno. Se ha presentado recientemente una asociación que busca esclarecer “toda la verdad” sobre el crimen. Entre otros objetivos, se marca el de conseguir “la revisión y corrección de las respuestas ofrecidas por las instituciones públicas”.

La interventora del Parlamento Vasco, Ana Isabel Barriuso, ha emitido en los últimos meses varios informes de “reparo” que figuran en la liquidación de los presupuestos de la institución en 2025, que se está formalizando ahora. En ellos, la alta funcionaria alerta de irregularidades en la tramitación de tres contratos. Cita, por ejemplo, el de traducción del diario de sesiones, que es el acta del pleno, la compra de prensa diaria y la elaboración de un 'dossier' de prensa. También cuestiona algunos gastos del Ararteko, la Defensoría del Pueblo, que es, en realidad, una institución dependiente del poder legislativo.

Sobre el servicio de traducción, la interventora expone que estaba adjudicado a la empresa Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbitzuak y que finalizó en octubre de 2024. Sostiene que, después, se siguió “realizando la prestación sin formalización previa del contrato, ni solicitud de retención de crédito adecuado y suficiente”. No se podía prorrogar y se optó por mantenerlo con facturas emitidas “mensualmente”, a modo de “concatenación” de “contratos menores”. Estos contratos son los que se adjudican sin concurso y no pueden superar los 15.000 euros anuales con la misma empresa. La interventora sostiene que “no se puede” emplear este procedimiento para las traducciones porque el montante total supera esa barrera.

¿Qué opina la Cámara? “En lo relativo a la no adjudicación de los contratos de traducción de los diarios de sesiones a partir de 2025, en 2024, al finalizar el contrato vigente y dado el alto coste del mismo, se decidió cambiar el sistema de acta y se va a implantar a un sistema de vídeo-acta con subtítulos”. “No obstante, la anterior empresa adjudicataria tenía trabajos que habían sido encargados antes de finalizar el contrato. Esos trabajo se realizaron y el Parlamento los pagó en 2025. Ésas son las facturas [cuestionadas por la interventora]. El trabajo estaba ya hecho, porque había un retraso acumulado, y había que pagarlo porque, de otro modo, sería un enriquecimiento injusto por nuestra parte”, explican fuentes de la Presidencia.

La funcionaria menciona también que no se ha hecho una adjudicación ordinaria para el suministro de periódicos. “No existe contrato que sustente la adquisición de la prensa diaria a Bestpress”, recalca. Igualmente, “el contrato con la empresa Rebold Marketing and Communication para la elaboración del dossier de prensa finalizó el 30 de junio de 2025, por lo que se está ejecutando la prestación sin contrato en vigor, mediante contratos menores mensuales”. “Se van encadenando contratos menores”, concluyen los informes internos.

Sobre la compra de periódicos, el Parlamento entiende que se pueden contratar por la vía del contrato menor “prescindiendo del límite cuantitativo” por la especial naturaleza de un producto de precio cerrado. Mencionan la existencia de otras resoluciones sobre disquisiciones similares en los que se ha dado por buena esta forma de proceder. Por otro lado, recalcan que en 2026 ya se regularizó el contrato del dossier, con una nueva adjudicación de unos 42.000 euros a la misma compañía, Rebold Marketing and Communication.

La Mesa del Parlamento, el órgano de dirección de la institución, dio inicio la pasada semana al proceso de liquidación y cierre de las cuentas de 2025, el último ejercicio completo. Es un proceso que incluye también la información sobre el Ararteko, que precisamente en 2025 vio la salida de su anterior titular, Manuel Lezertua, y la llegada del nuevo defensor, Mikel Mancisidor. Se señalan algunos problemas con nóminas, justificación de gastos y designaciones. En este proceso de liquidación se ha abierto un plazo para que los partidos puedan presentar alegaciones antes de que, en su caso, el dictamen sea enviado a la comisión de Reglamento y Gobierno, que es el mismo órgano que cada año aprueba los presupuestos. Los grupos tienen de plazo hasta el 12 de junio para presentar sus “objeciones”.

El titular del Ararteko, Mikel Mancisidor, ha asegurado que el informe sobre la actuación de oficio abierta ante la decisión del Departamento de Seguridad de publicar el origen de los detenidos en las notas de prensa de la Ertzaintza se hará público “antes de las vacaciones de agosto” porque está “muy avanzado”. Mancisidor ha confirmado este extremo en su comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar su informe anual correspondiente a 2025, del que se hizo entrega a finales de marzo.

Se da la circunstancia de que, en su día, el Ararteko consideró estigmatizante la decisión de señalar el origen nacional de los arrestados. Del mismo modo, parte de la oposición e incluso el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno, han cuestionado esta política del consejero Bingen Zupiria. Es más, otras instituciones del PNV lo han rechazado, como Bilbao o Barakaldo.

El defensor ha confirmado que en los meses que lleva en el cargo ha abierto dos actuaciones de oficio, ha recordado que en materia de seguridad se centran en aquellos casos de uso de la fuerza y trato inadecuado tanto por miembros de la Ertzaintza como de las Policías municipales, a los que recordaron los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad, informa Europa Press.

Mancisidor se ha referido igualmente a adolescentes extranjeros no acompañados. Ha recordado que requieren de respuestas individualizadas e integrales que garanticen siempre el interés superior del menor. “Insistir en ello no implica desconocer las dificultades señaladas por algunas administraciones ante la insuficiente cooperación de determinadas instancias judiciales o fiscales y los desequilibrios existentes entre las responsabilidades asumidas por las distintas comunidades autónomas”, ha concluido.

El Ararteko ha iniciado un expediente de oficio para “conocer las circunstancias concretas en las que se ha producido la intervención de la Ertzaintza” del pasado sábado en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla y si esta “se adecúa a las normas” ante la “gravedad de los hechos y su impacto”.

En un comunicado, la institución que dirige Mikel Mancisidor ha explicado que “la gravedad de los hechos y su impacto han llevado a esta institución a considerar oportuno iniciar la tramitación de un expediente de oficio”, de modo que se pueda “verificar si el uso de la fuerza y la correspondiente investigación interna de la actuación policial se adecúan a las normas, instrucciones y principios aplicables”.

Además, pretenden aclarar si también se siguieron las directrices que el Ararteko formuló en la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, sobre 'El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales'.

Este martes será el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, el que explicará en el Parlamento Vasco la actuación de la Ertzaintza. La comisión de Seguridad del Parlamento Vasco ha modificado el orden del día de la reunión prevista para este martes para incluir la comparecencia del consejero. En declaraciones el pasado domingo, el consejero “lamentó” lo sucedido el sábado en el aeropuerto de Loiu, cuando agentes de la Ertzaintza cargaron contra activistas de la flotilla recién llegados y que venían de denunciar represión en Israel. Indicó que el papel de la Policía autonómica era el de garantizar el “saludo” de quienes habían ido a recibirles y el normal funcionamiento de la terminal de llegadas y “es evidente” que no se logró “ni lo uno ni lo otro”. También se comprometió a investigar la actuación de los ertzainas, y reconoció que las imágenes “en nada benefician” al cuerpo“.

El grupo de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha denunciado en el Tribunal de Instancia de Vitoria que el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, ha recibido “amenazas de muerte”. La magistrada titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción de Vitoria, Marta Escudero, la misma que investiga tanto las denuncias de violencia sexual en los campamentos de Bernedo como el crimen de la discoteca Mítika, tomó declaración este lunes al propio Otegi, según ha adelantado 'El Correo'.

EH Bildu enmarca las amenazas en el debate de elección del nuevo titular del Ararteko en la Cámara, que tuvo lugar en diciembre. En el marco de la designación de Mikel Mancisidor, el líder del PP vasco, Javier de Andrés, deseó que la izquierda abertzale fuera “exterminada”. “Más pronto que tarde serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Espero que sea pronto”, manifestó en una sesión de alto voltaje que motivó una queja formal de EH Bildu por haberse sobrepasado “todas las líneas rojas”.

Según fuentes de la coalición, las amenazas llegaron al grupo del Parlamento Vasco y estaban dirigidas directamente a Otegi. Y fue “horas después de que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, augurara el exterminio de EH Bildu”, agregan. Fueron las representantes de la formación en la Mesa, la vicepresidenta Eva Blanco, líder también de EA, y la secretaria Eraitz Sáez de Egilaz, las que formalizaron la denuncia en nombre del grupo parlamentario. “Otegi compareció ayer como perjudicado ante un juzgado de Gasteiz. EH Bildu ha querido mantener la discreción respecto a estos hechos, ya que la izquierda soberanista no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones”, exponen.

El Ararteko ha llevado este lunes al Parlamento Vasco el informe de su actividad en 2025. Han sido pocas las conclusiones que ha dejado la presentación a los medios de comunicación del documento, ya que el nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, que fue nombrado en diciembre, no ha respondido a ninguna pregunta de ninguna cuestión y ha delegado totalmente en su equipo. Sin embargo, la institución sí ha dado a entender que Lanbide se está excediendo al haber eliminado, en 2025, un sistema “social” de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por perceptores de prestaciones sociales -muchas veces por errores de tramitación de la Administración- y que donde antes se descontaban apenas 30 euros mensuales para ajustar esos “indebidos” ahora son cantidades “mucho más elevadas”.

El secretario general del Ararteko, José Luis Iparraguirre, ha defendido que los afectados son personas de “ingresos reducidos” ya de base y que los cambios “incrementan la situación de vulnerabilidad”. Ha indicado que existe un procedimiento abierto y que será entonces cuando aporten conclusiones sobre la nueva forma de actuación de Lanbide, aunque sí ha mostrado su queja inicial.

No ha ocurrido lo mismo con otro tema que tiene la institución encima de la mesa. En 2011, el Ararteko recomendó no estigmatizar a los detenidos policiales indicando datos personales como su nacionalidad. En 2025, el año del informe presentado, la Ertzaintza decidió dar esa información, así como otros cuerpos locales. Y la Defensoría del Pueblo vasca ha abierto una actuación. Sin embargo, ahora mismo se niega a realizar ningún tipo de valoración. Tampoco concreta plazos para hacerlo.

Mancisidor, después de reunirse con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha comparecido ante los medios de comunicación. De saque, ha dejado claro que el informe recoge, en gran medida, la labor de su predecesor, Manuel Lezertua, y de la anterior adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu. Aunque ha asumido como propias sus conclusiones, después no ha respondido a ninguna pregunta sobre el documento.

Por ejemplo, ha habido un cambio de metodología en la tramitación de las quejas y no es posible saber si hay o no oscilaciones a mejor o a peor en ámbitos como Osakidetza, que de 2024 a 2025 sí disparó la preocupación ciudadana en un 40%. Los colaboradores de Lezertua apuntan a que “no se ha producido ese incremento”, pero a la vez hay algunas alusiones en el informe a las listas de espera.

Sí está claro que la vivienda es una preocupación creciente, particularmente las “dificultades de acceso” para capas relevantes de la sociedad y la “insuficiencia del parque público de alquiler”, según se ha apuntado. Asimismo, el equipo de Mancisidor ha alertado de problemas para la población migrante en el “acceso a derechos básicos”. Este colectivo está “sobrerrepresentado” en problemas como el sinhogarismo, se ha indicado.

El Ararteko, en 2025, ha realizado 16.637 actuaciones. De ellas, 3.617 han acabado siendo quejas. De los asuntos administrativos revisados, el 55% termina considerándose incorrecto. En el 93% de ocasiones, la Administración concernida lo corrige, mas ha habido 18 apercibimientos por no atender las recomendaciones de la Defensoría. Un 50% del trabajo es sobre el Gobierno vasco y sus organismos. El resto se reparten entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

Barakaldo Naturala ha denunciado una espera de más de tres años para recibir respuesta del Ararteko a una denuncia que esta asociación ecologista presentó en octubre de 2022 “por notable contaminación del aire por lindano” con motivo de las excavaciones para la construcción de un parque y bloques residenciales en Serralta, en el barrio de Lutxana. En el escrito, pedían a la Defensoría del Pueblo vasca su intervención “al objeto de valorar la posible afección a los derechos fundamentales a la salud y al disfrute de un medioambiente saludable, así como la actitud de la Administración al respecto”, haciéndose eco de las llamadas realizadas al 112 por el vecindario. La asociación ha recibido la respuesta la pasada semana, el 11 de febrero con firma ya del nuevo titular del Ararteko, Mikel Mancisidor.

“Al parecer, la salud pública no fue considerada por la oficina del Ararteko una cuestión de la suficiente entidad como para activar su actuación ante los organismos competentes, y ahora piden disculpas justificando la demora por acumulación de tareas, un cajón desastre que sirve para todo, pero que no es excusa válida”, han denunciado desde el grupo ecologista.

La carta enviada por el Ararteko a Barakaldo Naturala arranca efectivamente con las disculpas por la tardanza. “En primer lugar, quiero disculparme por el tiempo transcurrido”, dice. “Si bien es práctica habitual de esta institución dar información de nuestras actuaciones en un período más breve, la acumulación de tareas lo ha impedido en este caso”, señala.

A partir de ahí, indica que el expediente en cuestión “pone de manifiesto el papel que desempeña la denuncia ambiental como instrumento de colaboración ciudadana en la detección de posibles infracciones de la normativa medioambiental y en la activación de las potestades públicas de inspección, control y, en su caso, sanción”, y destaca que la asociación promotora de la queja “actuó poniendo en conocimiento del órgano ambiental competente la existencia de un depósito de residuos potencialmente contaminantes, en ejercicio de la acción pública ambiental y con la finalidad de provocar una actuación administrativa dirigida a la comprobación de los hechos denunciados”.

No obstante, señala que “desde la perspectiva del ordenamiento jurídico vigente, la persona denunciante ambiental actúa como colaboradora necesaria de la Administración en la protección de un bien jurídico de titularidad colectiva, como es el medio ambiente”. Pero esto no le confiere “la condición de parte interesada en un procedimiento sancionador”, aunque activa el deber de la Administración de registrar la denuncia, valorarla de forma efectiva y adoptar una decisión expresa y motivada sobre la procedencia de iniciar actuaciones administrativas, de conformidad con los principios de legalidad y buena administración.

En este sentido, el Ararteko reconoce que el expediente en cuestión evidencia “la conveniencia de avanzar en la configuración de un estatuto jurídico del denunciante ambiental en la vía administrativa, que permita sistematizar los derechos y garantías que le asisten cuando actúa en ejercicio de la acción pública ambiental, reforzando la trazabilidad de las denuncias, la transparencia de la actuación administrativa y la eficacia del sistema de control ambiental, sin menoscabo del respeto a las exigencias procedimentales y a los derechos de las personas presuntamente responsables”.

Por ello cierra el expediente, aunque anunciando que se valorará “la conveniencia de formular en ulterior recomendación general dirigida a reforzar el estatuto jurídico del denunciante ambiental y a mejorar los protocolos administrativos de tramitación de las denuncias en materia medioambiental”.

Además, da cuenta de las diversas actuaciones comunicadas por las administraciones en relación con las quejas. Por ejemplo, que tras denuncias por olores en octubre y noviembre de 2022, se realizaron inspecciones por la Ertzaintza, la Policía Municipal y una empresa especializada, “confirmándose la presencia de trazas de lindano en tierras excavadas. Se tomaron muestras y se notificó al Ayuntamiento de Barakaldo para la gestión de los residuos”. Además, se pidió por parte del Ayuntamiento de Barakaldo la instalación de una cabina de medición de calidad del aire en diciembre de 2022, aunque su despliegue se pospuso hasta el reinicio de las obras.

Además de la tardanza en la respuesta del Ararteko, Barakakdo Naturala señala que en los terrenos de Serralta “nos encontramos ante un problema de ineficacia (y sospechamos que también de mentiras), ya que en 2007 el Gobierno vasco certificó su descontaminación tras la retirada de tierras contaminadas, con el empecinamiento del Ayuntamiento en convertirlo en zona residencial y los primeros trabajos de excavación en octubre de 2022 se hace presente el lindano con alta emisión aérea, y se dijo que sólo era un foco que estaba solucionado. Entre 2023 y 2024 el Ayuntamiento de Barakaldo otorgó licencias de obra a promotoras como Metrovacesa para edificar sobre rasante, asumiendo que los focos eran aislados; pero en abril de 2025, ”aparecen de nuevo tierras contaminadas con el cancerígeno lindano en Serralta en la zona de los futuros pisos protegidos“. El parque se inauguró en febrero de 2025 con dos años de retraso sobre la fecha prevista.

“Todo ello, nos hace cuestionar la fiabilidad de las acciones del Gobierno vasco y la utilidad (o más bien, inutilidad) de acudir al Ararteko buscando amparo por la indefensión de la población ante un hecho tan grave como el riesgo para su salud presente y futura”, denuncian Recuerdan que el lindano se trata de “un pesticida tóxico, cancerígeno y bioacumulativo. Nadie asume su responsabilidad, pero la población se ve obligada a asumir las consecuencias”. “Echando la mirada atrás y hasta hoy, lo que realmente se percibe es que un tema tan grave como es la contaminación por lindano se ha tratado con meras actuaciones superficiales, dando la apariencia de problema solucionado, que con el tiempo reaparece una y otra vez. Y todo ello, sin querer entrar a valorar la gravedad de los perjuicios que provocará en la salud de las personas”.

El nuevo titular del Ararteko, Mikel Mancisidor, ha propuesto como adjunta de la institución a la psicóloga Estefanía Ocáriz. La designación ha sido comunicada por Mancisidor a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, según ha informado el Ararteko en un comunicado. Sin embargo, es a propuesta del PSE-EE dentro del acuerdo que posibilitó la renovación de la institución.

Estefanía Ocáriz es doctora en Psicología por la EHU y tiene un máster en Psicología Jurídica. Experta en Delincuencia Juvenil y Derecho Penal de Menores ha sido investigadora en el Instituto Vasco de Criminología y es autora de diversas publicaciones y ponencias relacionadas sobre todo con la justicia juvenil. Ha sido miembro de la comisión de control de la Policía vasca.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) ha prometido este jueves su cargo como titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ante el pleno del Parlamento, reunido por vez primera en 2026 tras un largo parón por Navidad. Acto seguido, ha anunciado que una de sus primeras misiones será analizar la decisión de la Ertzaintza de informar del origen de los detenidos, una medida controvertida que incluso el propio PNV cuestiona en otros cuerpos como las Policías de Bilbao y Barakaldo.

“He tenido la oportunidad de estar ahora con el consejero de Seguridad [Bingen Zupiria] y, a la máxima brevedad, hablaremos del asunto”, ha indicado a los periodistas en su primera rueda de prensa, en la que ha contestado en euskera y castellano. Después, “discutirá” el asunto con su equipo y hará pública una “decisión”. Como no hacía “ni media hora” que había accedido al cargo, no querido ser “imprudente” y mojarse sobre otros temas, como la crisis de las vacunas caducadas.

Mancisidor, licenciado en Derecho, doctor en Relaciones Internacionales y en Historia y con un extenso currículum en ámbitos variados, como Unesco Etxea o colaborador del diario 'Deia', aún no ha hecho público quién será su 'mano derecha'. En los últimos años, como el nombramiento suele ser propuesto por la coalición de PNV y PSE-EE, es habitual que la adjunta sea una mujer y socialista. Mancisidor se ha limitado a señalar que lo hará público este lunes tras comunicarlo a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y que será “un perfil muy adecuado y muy alto”. El Ararteko, en todo caso, pierde a quien ha sido su secretario general desde la creación del organismo, Faustino López de Foronda, que se ha jubilado recientemente. Es el cargo técnico más alto.

Consciente de que no ha concitado el apoyo de todos los partidos en su designación -además de PNV y PSE-EE le votó el PP, pero recibió duras críticas de EH Bildu-, ha insistido en querer ser el 'ombudsman' de “todos”. Ha rehuido polémicas y ha señalado que no se reducirá el uso del euskera ni en la atención a la ciudadanía ni en los actos públicos.

Ha señalado también que no tomará partido por “siglas” pero sí será militante de la defensa de los “derechos democráticos”. Independencia sí pero no neutralidad, ha apuntado, porque “el Ararteko no puede ser neutral” ante las injusticias. Ha cuestionado los populismos y abogado, asimismo, por “reconstruir la confianza en lo público”. También ha prometido “transparencia”.

Mancisidor ha estado acompañado en el Parlamento por familiares y allegados, pero también por sus predecesores, Manuel Lezertua, Iñigo Lamarca o Mertxe Agúndez, una adjunta cuya interinidad se prolongó tanto que es considerada como una titular más del Ararteko. En estos meses de transición tras la salida de Lezertua y la designación del nuevo defensor de nuevo la 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu ha dirigido este organismo.

El Departamento de Salud no atenderá la recomendación del Ararteko y seguirá pidiendo y conservando una copia del DNI a los usuarios de Osakidetza que quieran presentar una queja. En una resolución del pasado mes de noviembre, la Defensoría del Pueblo vasca instaba a Osakidetza a que “no solicite ni conserve copias del documento nacional de identidad (DNI) de la ciudadanía cuando se trate de actuaciones como la presentación de quejas o reclamaciones en el sistema sanitario”.

En su argumentación consideraba el Ararteko que “en la verificación presencial, basta con la exhibición del documento y que conservar una copia supone un tratamiento de datos personales que puede ser excesivo y contrario al principio de minimización recogido en el Reglamento General de Protección de Datos”. Salud “disiente” de esta consideración y afirma que requerir una copia de la documentación “no colisiona con la protección de datos personales”.

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, pregunta al consejero de Salud del Gobierno vasco sobre las medidas que se han adoptado “ante las reiteradas vulneraciones de protección de datos advertidas por el Ararteko”, pero Alberto Martínez niega a la mayor. “ Osakidetza disiente de la consideración que sobre esta cuestión efectuó el Excmo. Sr. Ararteko y entiende la oportunidad de lo realizado en el supuesto de queja sin entender, por tanto, que deba corresponder adoptar especial medida que excepcione lo contemplado con carácter ordinario en una ley, que por tal, es algo que no colisiona con la protección de datos personales”.

El consejero señala que, como ya ha trasladado al Ararteko, Osakidetza entiende que un procedimiento administrativo -también la queja- exige, habitualmente, la aportación de una copia del DNI o documento equivalente“. Señala que las quejas constituyen un procedimiento administrativo que se inicia a solicitud de persona interesada y que no necesariamente es coincidente con el órgano que recepciona la queja, por lo que puede tener que dirigirse al órgano encargado de su resolución, quien ha de recabar los informes necesarios de las unidades administrativas actuantes para verificar la oportunidad, o inoportunidad, de atender lo expuesto en el escrito de queja. Por ello, entiende la oportunidad de lo realizado en el supuesto de queja porque no colisiona con la protección de datos personales y considera que está amparado por las previsiones del artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En dicho artículo se recoge que ”las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente“.

Sí diferencia el consejero de la presentación de una queja con “la recepción de una asistencia sanitaria, para la cual bastaría con la mera exhibición del DNI o equivalente (sin necesidad de realizar copia de ese documento) y de la TIS acreditativa de la condición de beneficiario/a del Sistema Sanitario Público”.

Además, entiende el consejero que no hay sobreexigencia de información por parte de Osakidetza “cuando se cumple con lo estrictamente estipulado en una norma con rango de ley”, y además, considera “que quizá el criterio del Excmo. Sr. Ararteko no revista en este caso concreto una cualificación añadida”, cuando existe en el ámbito de la protección de datos personales Autoridades específicas, cuáles serían: la Autoridad Vasca de Protección de Datos y/o la Agencia Española de Protección de Datos“.

La resolución concreta por la que Laura Garrido cuestiona al consejero parte de la reclamación de una ciudadana después de que se le exigiera, por parte del personal del Servicio de Atención a Pacientes y Usuarios (SAPU) del ambulatorio de Doctor Areilza, en Bilbao, una fotocopia de su DNI como requisito para la presentación de una queja relacionada con la asistencia sanitaria recibida.

“La práctica de recabar, escanear y conservar una copia del DNI con ocasión del inicio de un procedimiento administrativo o la presentación de una queja, como sucede en el supuesto de la promotora de la queja, puede comportar un tratamiento de datos excesivo, especialmente si la verificación se puede realizar en el momento, por simple cotejo visual, o a través de medios electrónicos automatizados”, señala el Ararteko. En este sentido, considera que “el DNI contiene datos necesarios para identificar a las personas, como el nombre, apellidos y la fotografía, pero el tratamiento posterior y la conservación de la imagen, el lugar de nacimiento o la firma manuscrita, no parece pertinente para la prestación de los servicios de Osakidetza y puede vulnerar el principio de minimización en el tratamiento de datos”. “En suma, a juicio del Ararteko, la verificación visual presencial del DNI es suficiente, y no cabría imponer la entrega de una copia como práctica ordinaria, salvo en procedimientos que así lo exijan por disposición legal específica”.

La pregunta de Laura Garrido cita otra recomendación previa por parte del Ararteko a Osakidetza, en esta ocasión por un convenio entre el Servicio Vasco de Salud y Mutualia, que consideraba que carecía de una base jurídica adecuada, al apoyarse indebidamente en el consentimiento de las personas pacientes para la cesión de datos de salud.

El consejero remite en su respuesta a la ya ofrecida en su día al Ararteko al que se señaló que “se ha de cursar mero acuse de la sugerencia realizada, sin atender al fondo que en la misma subyace, por entenderse manifiesto que el convenio entre Mutualia y Osakidetza no genera ningún perjuicio, sino claros beneficios a las personas que voluntariamente hubieran decidido acogerse a su aplicación”.

Señala en este sentido que el convenio entre Osakidetza y Mutualia “requiere del consentimiento que pueda autorizar la consulta o interconexión de información por parte de la persona interesada”. “Se da la circunstancia de que la propia persona interesada, que es quien ha de autorizar el acceso a la información, es quien totalmente libre y sin condicionamiento alguno, y en atención a los potenciales beneficios asistenciales y conocedora de la no obligatoriedad de prestar el consentimiento, en su caso, decide libremente hacerlo”, señala el consejero.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) ya es el nuevo titular del Ararteko, la defensoría vasca del pueblo. Sustituye a Manuel Lezertua, que dejó el cargo el verano a punto de agotarse sus dos mandatos. El Parlamento Vasco ha visado exactamente a las 10.08 horas, tras una votación tradicional con papeletas y urna, su nombramiento con los votos de PNV, PSE-EE y PP, una mayoría reforzada superior a los tres quintos del pleno, como marca la ley. Es exactamente la misma fórmula que hace diez años, cuando llegó al cargo su predecesor. Sin embargo, el debate, lejos de ser un mero trámite, ha sido áspero. Muy áspero. El aludido ha optado por evitar las “polémicas” y se ha comprometido a ser el defensor de “todos”, le hayan respaldado o no.

¿Por qué ha habido tensión? El dirigente de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha lamentado que se elija a un no vascoparlante para el cargo -extremo que él mismo ha desmentido por la vía de los hechos al seguir sin traducción el debate y hablar después en euskera a los periodistas- y ha cuestionado igualmente su “neutralidad” política por su pasado como articulista en 'Deia' y otros medios de comunicación. También ha afeado a nacionalistas y socialistas que hayan pactado la designación con los 'populares'. La reacción del líder del PP, Javier de Andrés, no se ha hecho esperar y ha acabado con un deseo de que la izquierda abertzale sea “exterminada” (“acabar del todo con algo” o “matar o eliminar por completo de un lugar un conjunto de seres vivos”, según la RAE). “Más pronto que tarde serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Espero que sea pronto”, ha sido la frase textual.

Mancisidor, formalmente, fue propuesto como candidato por PNV y PSE-EE después de varios meses de negociaciones que exigieron prórrogas en los plazos parlamentarios. El nuevo 'ombudsman', que ha seguido la sesión con sus allegado desde un palco, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la suiza Geneva School of Diplomacy. Ha sido profesor en la EHU, Deusto y Mondragon Unibertsitatea y también en centros de Estados Unidos. En Euskadi, fue durante diez años (hasta 2024) el director de Unesco Etxea. Ha participado en eventos de la ONU o de la OMS, asimismo.

Según Xabier Barandiaran, del PNV, “tiene el perfil adecuado”. Acredita “formación de alto nivel” y domina castellano, euskera e inglés. Además, lo ha calificado como persona “honesta” y “leal”. Se ha quejado del nivel del debate, ya que entiende que es un cargo en el ha de primar la “perspectiva de país” antes que la partidista. En la misma línea, el socialista Ekain Rico ha subrayado su currículo “acreditado” para liderar el Ararteko.

Pero PNV y PSE-EE han presentado sus argumentos después de la intervención crítica de EH Bildu. “Hoy no se vota cualquier cosa. Es el Ararteko, el defensor de la ciudadanía, la última garantía ante las instituciones”, ha arrancado Rodríguez, también líder de Sortu. Después, sin orillar una “amplia sonrisa” y “desde la tranquilidad”, ha enumerado por qué “no es el candidato adecuado”, a juicio de su formación política, que planteó “cinco nombres” como alternativa, todos ellos vascoparlantes. Y dos mujeres, según Rodríguez. Nunca ha sido designada una mujer para el Ararteko, más allá de los mandatos interinos, algunos de ellos de años, como el de Mertxe Agúndez.

EH Bildu ha asegurado que no dominar el euskera “no es un pequeño detalle, es una condición básica”. “¿Cómo va a garantizar los derechos de los vascoparlantes si no puede atenderlos en su idioma?”, ha lanzado. Y ha seguido: “El Ararteko no debería precisar de traducción”. Después, ha continuado con referencias a su aparente falta de “neutralidad e independencia”. De hecho, ha señalado que en sus tribunas “una y otra vez” y “de modo explícito” ha cargado “contra el independentismo de izquierdas. Y, ”más allá del candidato“, EH Bildu ha cuestionado que se haya pactado ”nada más y nada menos“ que con el PP.

Los ha llamado, citando exclusivamente frases de Aitor Esteban, Imanol Pradales y Eneko Andueza, “buenos herederos del franquismo”, “cruzados contra el euskera”, representantes de “tiempos oscuros” o estigmatizadores de migrantes, mujeres y otras minorías. “Por la mañana 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' y por la tarde pactar con el partido de Ayuso. Pradales, entzun, arartekoa ez da euskaldun”, ha ironizado desde la tribuna Rodríguez, dirigiéndose al lehendakari, que ha seguido la sesión en su escaño. “Blanquean al PP”, ha resumido.

El PP ha respondido con dureza a Rodríguez. De Andrés, en referencia a Arnaldo Otegi, ha considerado una “anomalía” que en Euskadi dé lecciones una formación “dirigida por un torturador, una persona que jugaba a la ruleta rusa con un secuestrado”. Ha dicho que PNV y PSE-EE, sus socios en esta sesión parlamentaria, “han fracasado a la hora de extirpar” la “anomalía” y ha confiado en que “más pronto que tarde” la izquierda abertzale sea “exterminada”.

Sumar no ha apoyado a Mancisidor al criticar que PNV y PSE-EE no consultaran el nombramiento con la coalición. Vox no ha tomado parte en el debate y tampoco ha votado a favor del candidato. Según fuentes del Ararteko, la toma de posesión del nuevo titular del Ararteko se formalizará, de nuevo ante el pleno del Parlamento, el 5 de febrero. Mancisidor, tras el debate, ha ofrecido unas declaraciones a los periodistas. Las ha hecho en euskera primero y en castellano después. También ha respondido a la única pregunta que se le ha formulado -de este medio- en ambos idiomas oficiales. No ha querido entrar en polémicas y ha comprometido ser el defensor “de todos”, le hayan o no apoyado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tiene cuatro frentes abiertos de una tacada. Por un lado, teme que los grupos “ultras” vinculados a los equipos vascos de fútbol causen disturbios en el contexto del partido de la selección vasca contra Palestina de este sábado. Por otro lado, ha admitido que ha recibido una comunicación del Ararteko, que estudia el cambio de política de la Ertzaintza y su decisión de ofrecer ahora el “origen” de los detenidos. En tercer lugar, esta semana ha trascendido que la Policía no practicó los registros que tenía previstos ante la visita de Falange Española y de las JONS a Vitoria del 12 de octubre a pesar de la sospecha de que iban a traer “armas”. Y, finalmente, la Fiscalía ha protestado públicamente al antender que los agentes, en ocasiones, disuaden a posibles menores denunciantes de casos de acoso o violencia sexual.

Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha tocado los cuatro asuntos. Sobre el partido de fútbol, ha explicado que hay una movilización cívica reivindicativa perfectamente comunicada promovida por Gernika Palestina y otras plataformas. Están en “contacto permanente” con los organizadores, ha dicho. Pero “existe otra convocatoria no comunicada” y “cuatro o cinco actos” más. El consejero de Seguridad los ha vinculado a los “ultras” del Athletic y de otros clubes vascos, que han llamado a asistir al partido de San Mamés. Ha señalado que no se deberían “repetir” las escenas de Vitoria, cuando una contramanifestación no comunicada plantó cara cuerpo a cuerpo a los falangistas. Zupiria y su viceconsejero, Ricardo Ituarte, los llamaron “fascistas vascos”. Unos días después, asimismo, el propio consejero admitió que en una huelga en favor de Palestina la Policía optó por no disolver actos igualmente no comunicados de ese mismo entorno “alegal” para evitar males mayores.

“Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país”, ha manifestado Zupiria, que accedió al cargo en 2024. Sobre la Falange, en cambio, ha preferido no ahondar en el asunto a preguntas de los periodistas y ha indicado que ya ha ofrecido todas las explicaciones.

El segundo gran frente es el relativo a la decisión del Ararteko, la defensoría del pueblo vasca, ahora con Inés Ibáñez de Maeztu al frente en funciones, de analizar el cambio comunicativo en la Ertzaintza, que ha optado por dar el origen de los detenidos. El propio consejero lo ha defendido con anterioridad y ha asegurado que sí, que hay un cambio porque hay una demanda social en ese sentido. No es algo que hagan otros cuerpos y crecen las voces, desde la oposición o desde entidades como Jueces para la Democracia, que alertan del riesgo de estigmatización de colectivos. Es más, el nuevo protocolo podría implicar que alguien con nacionalidad española figurara como magrebí, por ejemplo.

“Hemos recibido esta solicitud de información por parte del Ararteko y recibirá la respuesta correspondiente. Es una respuesta que no le voy a dar por los medios de comunicación, lo haré formalmente y oficialmente”, ha explicado en su comparecencia. En todo caso, ha remarcado que anualmente el Ararteko les envía del orden de “quince o veinte” iniciativas.

La actuación del Ararteko ha llegado al tiempo que la fiscal superior vasca, Carmen Adán, verbalizara en el Parlamento que sería deseable “mayor rigor” de los cuerpos policiales, en el caso vasco especialmente a la Ertzaintza, en la elaboración de atestados de posibles delitos que tengan como víctimas a menores prostituidos al haberse detectado que en ocasiones “hay dejadez en la investigación al pensar que se tratan de relaciones consentidas”. Zupiria le ha dado la vuelta y ha señalado que quien debería operar con “rigor” es la Fiscalía. Es “muy grave” esa acusación y ha confiado en encauzar la situación en foros interinstitucionales ya existentes.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) será el nuevo titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, lograrán la mayoría de tres quintos en el Parlamento Vasco, de la que no disponen con sus 39 escaños, merced al apoyo también del PP, adelantado por 'El Correo' y confirmado este viernes por su líder, Javier de Andrés. La operación ha causado “estupefacción” en EH Bildu, principal fuerza de la oposición y con la que nacionalistas y socialistas habían negociado.

Mancisidor, cuya candidatura ya fue registrada, es jurista por la Universidad de Deusto y doctor en relaciones internacionales por la escuela de diplomacia de Ginebra, en Suiza. Fue director de Unesco Etxea desde 2004 hasta 2014, docente en la American University de Washington D.C. y  experto en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Ha sido columnista en medios de comunicación como 'Deia'. Relevará a Manuel Lezertua, 'ombudsman' desde 2015 y que renunció antes del verano. Él también llegó al cargo con una suma de PNV, PSE-EE y PP en la Cámara y sin el apoyo de EH Bildu, aunque luego sí accedió a su renovación en 2020. Los mandatos son para un quinquenio renovable solamente en una ocasión.

Con Mancisidor llegará una nueva adjunta, que será una mujer y del entorno del PSE-EE, como ha ocurrido hasta ahora con Inés Ibáñez de Maeztu, Julia Hernández o Mertxe Agúndez. Así lo confirman las fuentes de la negociación consultadas, aunque ninguna de ellas ha querido concretar quién será. Nunca el Ararteko ha estado dirigido por una mujer salvo en los interregnos entre un mandato y otro. De hecho, Agúndez estuvo hasta cuatro años por falta de acuerdo en el nombramiento parlamentario.

El PP entiende que el “perfil” de Mancisidor es satisfactorio. Tanto los partidos del Gobierno como los 'populares' niegan que el acuerdo conlleve contrapartidas. De Andrés ha confiando que en mantenga la “buena línea” de su antecesor.

EH Bildu, por el contrario, ha lamentado el resultado de las negociaciones, que se llegaron a prorrogar un par de veces para intentar buscar una salida. La coalición no comparte el perfil de Mancisidor. El dirigente Arkaitz Rodíguez ha indicado que ofrecieron al Ejecutivo hasta “cinco nombres”, tres varones y dos mujeres, como alternativa más neutral.

En una comparecencia en Donostia, el líder de Sortu y peso pesado en la coalición ha aludido a una componenda “oscura” entre nacionalistas, socialistas y 'populares' y se ha preguntado “a cambio de qué” recogerán los votos del PP para propiciar la designación de Mancisidor. Se da la circunstancia de que solamente 24 horas antes la formación abertzale se felicitaba de la “mayoría progresista” del Parlamento tras consensuar con los socialistas y con Sumar una resolución sobre migración, incluso sin llegar a ser votada o aprobada. Y también que, en Navarra, EH Bildu ha firmado su séptimo pacto presupuestario con María Chivite, en cuyo gabinete también está el PNV por medio de Geroa Bai. Según Rodríguez, PNV y PSE-EE han de explicar a la sociedad por qué acuerdan con quienes plantean la “involución” en materia de derechos y autogobierno.

PNV y PSE-EE han propuesto a Mikel Mancisidor para ejercer como titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca. No obstante, no tienen en el Parlamento los apoyos suficientes y precisan de un acuerdo o con EH Bildu o con PP. El anterior 'ombudsman' fue Manuel Lezertua. Se ha retrado durante varios meses el registro de la candidatura, que fue adelantada por 'El Correo'.

Mancisidor (Bilbao, 1970), es jurista y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco-UNESCO Etxea (2004-2014). PNV y PSE-EE, en un comunicado recogido por Europa Press, han subrayado que su destacada trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y que cuenta con una contrastada trayectoria internacional. Indican que ofrece “neutralidad política” y que “es la persona idónea” para ser titular del Ararteko “por su trayectoria profesional, por su perfil académico” y porque dejaría “cómodos” a otros partidos.

Pero fuentes de EH Bildu han asegurado que llevan “meses negociando con el PNV y el PSE-EE con el objetivo de encontrar una persona de consenso” y que esto no está consensuado, ni mucho menos. “Nos sorprendería que el PNV y el PSE-EE estuvieran dispuestos a pactar la elección del Ararteko con el PP, máxime en el contexto actual. La apuesta de EH Bildu es que la persona que opte a ser Ararteko garantice la neutralidad política y la independencia que exige dicha institución, y que además cuente con las competencias lingüísticas suficientes en euskera. Y, a ser posible, que sea una mujer”, han dicho sobre su no conformidad con la figura elegida.

El Parlamento Vasco ha tenido que acordar otra ampliación de un mes del plazo para que los partidos puedan cerrar la figura de quien ocupará la defensoría vasca del pueblo, el Ararteko. A mediados de septiembre, tres meses después de la renuncia del anterior titular, Manuel Lezertua, la Mesa decidió dar otro mes de margen, pero las conversaciones no han fructificado en estas semanas y ahora, tras una reunión extraordinaria celebrada este viernes, se ha decidido estirar la fecha límite al 14 de noviembre, según ha podido saber este periódico.

El titular del Ararteko es un comisionado del Parlamento Vasco. Su nombramiento, además, requiere de una mayoría reforzada. La ley exige que sea de tres quintos de la Cámara, 45 de 75 escaños, y el Gobierno de PNV y PSE-EE se queda en 39. Nacionalistas y socialistas están negociando un nombre con EH Bildu, que aportaría los votos suficientes, pero por el momento no han cristalizado esos movimientos. Lezertua, que accedió al cargo hace una década y estuvo dos mandatos en el puesto, lo hizo tras un acuerdo con el PP, la otra fuerza de la oposición que tiene el suficiente número de escaños, aunque ahora está fuera de las conversaciones.

Dirigentes de alto nivel de los tres partidos están inmersos en este trabajo negociador. Existe un nombre sobre la mesa, del que se pretende que ofrezca un perfil “transversal”. Pero todas las fuentes consultadas lo guardan bajo siete llaves. Es un hombre, eso sí. Nunca una mujer ha dirigido el Ararteko salvo los períodos de transición entre mandatos, cuando las adjuntas han tomado el control.

En uno de los casos, el de Mertxe Agúndez, que luego fue parlamentaria por el PSE-EE, esa interinidad duró cuatro años por falta de consenso parlamentario. Ahora mismo, nuevamente, hay una dirección temporal encarnada en quien fuera la última adjunta de Lezertua, la también socialista Inés Ibáñez de Maeztu.