El grupo de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha denunciado en el Tribunal de Instancia de Vitoria que el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, ha recibido “amenazas de muerte”. La magistrada titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción de Vitoria, Marta Escudero, la misma que investiga tanto las denuncias de violencia sexual en los campamentos de Bernedo como el crimen de la discoteca Mítika, tomó declaración este lunes al propio Otegi, según ha adelantado 'El Correo'.

EH Bildu enmarca las amenazas en el debate de elección del nuevo titular del Ararteko en la Cámara, que tuvo lugar en diciembre. En el marco de la designación de Mikel Mancisidor, el líder del PP vasco, Javier de Andrés, deseó que la izquierda abertzale fuera “exterminada”. “Más pronto que tarde serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Espero que sea pronto”, manifestó en una sesión de alto voltaje que motivó una queja formal de EH Bildu por haberse sobrepasado “todas las líneas rojas”.

Según fuentes de la coalición, las amenazas llegaron al grupo del Parlamento Vasco y estaban dirigidas directamente a Otegi. Y fue “horas después de que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, augurara el exterminio de EH Bildu”, agregan. Fueron las representantes de la formación en la Mesa, la vicepresidenta Eva Blanco, líder también de EA, y la secretaria Eraitz Sáez de Egilaz, las que formalizaron la denuncia en nombre del grupo parlamentario. “Otegi compareció ayer como perjudicado ante un juzgado de Gasteiz. EH Bildu ha querido mantener la discreción respecto a estos hechos, ya que la izquierda soberanista no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones”, exponen.

El Ararteko ha llevado este lunes al Parlamento Vasco el informe de su actividad en 2025. Han sido pocas las conclusiones que ha dejado la presentación a los medios de comunicación del documento, ya que el nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, que fue nombrado en diciembre, no ha respondido a ninguna pregunta de ninguna cuestión y ha delegado totalmente en su equipo. Sin embargo, la institución sí ha dado a entender que Lanbide se está excediendo al haber eliminado, en 2025, un sistema “social” de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por perceptores de prestaciones sociales -muchas veces por errores de tramitación de la Administración- y que donde antes se descontaban apenas 30 euros mensuales para ajustar esos “indebidos” ahora son cantidades “mucho más elevadas”.

El secretario general del Ararteko, José Luis Iparraguirre, ha defendido que los afectados son personas de “ingresos reducidos” ya de base y que los cambios “incrementan la situación de vulnerabilidad”. Ha indicado que existe un procedimiento abierto y que será entonces cuando aporten conclusiones sobre la nueva forma de actuación de Lanbide, aunque sí ha mostrado su queja inicial.

No ha ocurrido lo mismo con otro tema que tiene la institución encima de la mesa. En 2011, el Ararteko recomendó no estigmatizar a los detenidos policiales indicando datos personales como su nacionalidad. En 2025, el año del informe presentado, la Ertzaintza decidió dar esa información, así como otros cuerpos locales. Y la Defensoría del Pueblo vasca ha abierto una actuación. Sin embargo, ahora mismo se niega a realizar ningún tipo de valoración. Tampoco concreta plazos para hacerlo.

Mancisidor, después de reunirse con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha comparecido ante los medios de comunicación. De saque, ha dejado claro que el informe recoge, en gran medida, la labor de su predecesor, Manuel Lezertua, y de la anterior adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu. Aunque ha asumido como propias sus conclusiones, después no ha respondido a ninguna pregunta sobre el documento.

Por ejemplo, ha habido un cambio de metodología en la tramitación de las quejas y no es posible saber si hay o no oscilaciones a mejor o a peor en ámbitos como Osakidetza, que de 2024 a 2025 sí disparó la preocupación ciudadana en un 40%. Los colaboradores de Lezertua apuntan a que “no se ha producido ese incremento”, pero a la vez hay algunas alusiones en el informe a las listas de espera.

Sí está claro que la vivienda es una preocupación creciente, particularmente las “dificultades de acceso” para capas relevantes de la sociedad y la “insuficiencia del parque público de alquiler”, según se ha apuntado. Asimismo, el equipo de Mancisidor ha alertado de problemas para la población migrante en el “acceso a derechos básicos”. Este colectivo está “sobrerrepresentado” en problemas como el sinhogarismo, se ha indicado.

El Ararteko, en 2025, ha realizado 16.637 actuaciones. De ellas, 3.617 han acabado siendo quejas. De los asuntos administrativos revisados, el 55% termina considerándose incorrecto. En el 93% de ocasiones, la Administración concernida lo corrige, mas ha habido 18 apercibimientos por no atender las recomendaciones de la Defensoría. Un 50% del trabajo es sobre el Gobierno vasco y sus organismos. El resto se reparten entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

Barakaldo Naturala ha denunciado una espera de más de tres años para recibir respuesta del Ararteko a una denuncia que esta asociación ecologista presentó en octubre de 2022 “por notable contaminación del aire por lindano” con motivo de las excavaciones para la construcción de un parque y bloques residenciales en Serralta, en el barrio de Lutxana. En el escrito, pedían a la Defensoría del Pueblo vasca su intervención “al objeto de valorar la posible afección a los derechos fundamentales a la salud y al disfrute de un medioambiente saludable, así como la actitud de la Administración al respecto”, haciéndose eco de las llamadas realizadas al 112 por el vecindario. La asociación ha recibido la respuesta la pasada semana, el 11 de febrero con firma ya del nuevo titular del Ararteko, Mikel Mancisidor.

“Al parecer, la salud pública no fue considerada por la oficina del Ararteko una cuestión de la suficiente entidad como para activar su actuación ante los organismos competentes, y ahora piden disculpas justificando la demora por acumulación de tareas, un cajón desastre que sirve para todo, pero que no es excusa válida”, han denunciado desde el grupo ecologista.

La carta enviada por el Ararteko a Barakaldo Naturala arranca efectivamente con las disculpas por la tardanza. “En primer lugar, quiero disculparme por el tiempo transcurrido”, dice. “Si bien es práctica habitual de esta institución dar información de nuestras actuaciones en un período más breve, la acumulación de tareas lo ha impedido en este caso”, señala.

A partir de ahí, indica que el expediente en cuestión “pone de manifiesto el papel que desempeña la denuncia ambiental como instrumento de colaboración ciudadana en la detección de posibles infracciones de la normativa medioambiental y en la activación de las potestades públicas de inspección, control y, en su caso, sanción”, y destaca que la asociación promotora de la queja “actuó poniendo en conocimiento del órgano ambiental competente la existencia de un depósito de residuos potencialmente contaminantes, en ejercicio de la acción pública ambiental y con la finalidad de provocar una actuación administrativa dirigida a la comprobación de los hechos denunciados”.

No obstante, señala que “desde la perspectiva del ordenamiento jurídico vigente, la persona denunciante ambiental actúa como colaboradora necesaria de la Administración en la protección de un bien jurídico de titularidad colectiva, como es el medio ambiente”. Pero esto no le confiere “la condición de parte interesada en un procedimiento sancionador”, aunque activa el deber de la Administración de registrar la denuncia, valorarla de forma efectiva y adoptar una decisión expresa y motivada sobre la procedencia de iniciar actuaciones administrativas, de conformidad con los principios de legalidad y buena administración.

En este sentido, el Ararteko reconoce que el expediente en cuestión evidencia “la conveniencia de avanzar en la configuración de un estatuto jurídico del denunciante ambiental en la vía administrativa, que permita sistematizar los derechos y garantías que le asisten cuando actúa en ejercicio de la acción pública ambiental, reforzando la trazabilidad de las denuncias, la transparencia de la actuación administrativa y la eficacia del sistema de control ambiental, sin menoscabo del respeto a las exigencias procedimentales y a los derechos de las personas presuntamente responsables”.

Por ello cierra el expediente, aunque anunciando que se valorará “la conveniencia de formular en ulterior recomendación general dirigida a reforzar el estatuto jurídico del denunciante ambiental y a mejorar los protocolos administrativos de tramitación de las denuncias en materia medioambiental”.

Además, da cuenta de las diversas actuaciones comunicadas por las administraciones en relación con las quejas. Por ejemplo, que tras denuncias por olores en octubre y noviembre de 2022, se realizaron inspecciones por la Ertzaintza, la Policía Municipal y una empresa especializada, “confirmándose la presencia de trazas de lindano en tierras excavadas. Se tomaron muestras y se notificó al Ayuntamiento de Barakaldo para la gestión de los residuos”. Además, se pidió por parte del Ayuntamiento de Barakaldo la instalación de una cabina de medición de calidad del aire en diciembre de 2022, aunque su despliegue se pospuso hasta el reinicio de las obras.

Además de la tardanza en la respuesta del Ararteko, Barakakdo Naturala señala que en los terrenos de Serralta “nos encontramos ante un problema de ineficacia (y sospechamos que también de mentiras), ya que en 2007 el Gobierno vasco certificó su descontaminación tras la retirada de tierras contaminadas, con el empecinamiento del Ayuntamiento en convertirlo en zona residencial y los primeros trabajos de excavación en octubre de 2022 se hace presente el lindano con alta emisión aérea, y se dijo que sólo era un foco que estaba solucionado. Entre 2023 y 2024 el Ayuntamiento de Barakaldo otorgó licencias de obra a promotoras como Metrovacesa para edificar sobre rasante, asumiendo que los focos eran aislados; pero en abril de 2025, ”aparecen de nuevo tierras contaminadas con el cancerígeno lindano en Serralta en la zona de los futuros pisos protegidos“. El parque se inauguró en febrero de 2025 con dos años de retraso sobre la fecha prevista.

“Todo ello, nos hace cuestionar la fiabilidad de las acciones del Gobierno vasco y la utilidad (o más bien, inutilidad) de acudir al Ararteko buscando amparo por la indefensión de la población ante un hecho tan grave como el riesgo para su salud presente y futura”, denuncian Recuerdan que el lindano se trata de “un pesticida tóxico, cancerígeno y bioacumulativo. Nadie asume su responsabilidad, pero la población se ve obligada a asumir las consecuencias”. “Echando la mirada atrás y hasta hoy, lo que realmente se percibe es que un tema tan grave como es la contaminación por lindano se ha tratado con meras actuaciones superficiales, dando la apariencia de problema solucionado, que con el tiempo reaparece una y otra vez. Y todo ello, sin querer entrar a valorar la gravedad de los perjuicios que provocará en la salud de las personas”.

El nuevo titular del Ararteko, Mikel Mancisidor, ha propuesto como adjunta de la institución a la psicóloga Estefanía Ocáriz. La designación ha sido comunicada por Mancisidor a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, según ha informado el Ararteko en un comunicado. Sin embargo, es a propuesta del PSE-EE dentro del acuerdo que posibilitó la renovación de la institución.

Estefanía Ocáriz es doctora en Psicología por la EHU y tiene un máster en Psicología Jurídica. Experta en Delincuencia Juvenil y Derecho Penal de Menores ha sido investigadora en el Instituto Vasco de Criminología y es autora de diversas publicaciones y ponencias relacionadas sobre todo con la justicia juvenil. Ha sido miembro de la comisión de control de la Policía vasca.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) ha prometido este jueves su cargo como titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ante el pleno del Parlamento, reunido por vez primera en 2026 tras un largo parón por Navidad. Acto seguido, ha anunciado que una de sus primeras misiones será analizar la decisión de la Ertzaintza de informar del origen de los detenidos, una medida controvertida que incluso el propio PNV cuestiona en otros cuerpos como las Policías de Bilbao y Barakaldo.

“He tenido la oportunidad de estar ahora con el consejero de Seguridad [Bingen Zupiria] y, a la máxima brevedad, hablaremos del asunto”, ha indicado a los periodistas en su primera rueda de prensa, en la que ha contestado en euskera y castellano. Después, “discutirá” el asunto con su equipo y hará pública una “decisión”. Como no hacía “ni media hora” que había accedido al cargo, no querido ser “imprudente” y mojarse sobre otros temas, como la crisis de las vacunas caducadas.

Mancisidor, licenciado en Derecho, doctor en Relaciones Internacionales y en Historia y con un extenso currículum en ámbitos variados, como Unesco Etxea o colaborador del diario 'Deia', aún no ha hecho público quién será su 'mano derecha'. En los últimos años, como el nombramiento suele ser propuesto por la coalición de PNV y PSE-EE, es habitual que la adjunta sea una mujer y socialista. Mancisidor se ha limitado a señalar que lo hará público este lunes tras comunicarlo a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y que será “un perfil muy adecuado y muy alto”. El Ararteko, en todo caso, pierde a quien ha sido su secretario general desde la creación del organismo, Faustino López de Foronda, que se ha jubilado recientemente. Es el cargo técnico más alto.

Consciente de que no ha concitado el apoyo de todos los partidos en su designación -además de PNV y PSE-EE le votó el PP, pero recibió duras críticas de EH Bildu-, ha insistido en querer ser el 'ombudsman' de “todos”. Ha rehuido polémicas y ha señalado que no se reducirá el uso del euskera ni en la atención a la ciudadanía ni en los actos públicos.

Ha señalado también que no tomará partido por “siglas” pero sí será militante de la defensa de los “derechos democráticos”. Independencia sí pero no neutralidad, ha apuntado, porque “el Ararteko no puede ser neutral” ante las injusticias. Ha cuestionado los populismos y abogado, asimismo, por “reconstruir la confianza en lo público”. También ha prometido “transparencia”.

Mancisidor ha estado acompañado en el Parlamento por familiares y allegados, pero también por sus predecesores, Manuel Lezertua, Iñigo Lamarca o Mertxe Agúndez, una adjunta cuya interinidad se prolongó tanto que es considerada como una titular más del Ararteko. En estos meses de transición tras la salida de Lezertua y la designación del nuevo defensor de nuevo la 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu ha dirigido este organismo.

El Departamento de Salud no atenderá la recomendación del Ararteko y seguirá pidiendo y conservando una copia del DNI a los usuarios de Osakidetza que quieran presentar una queja. En una resolución del pasado mes de noviembre, la Defensoría del Pueblo vasca instaba a Osakidetza a que “no solicite ni conserve copias del documento nacional de identidad (DNI) de la ciudadanía cuando se trate de actuaciones como la presentación de quejas o reclamaciones en el sistema sanitario”.

En su argumentación consideraba el Ararteko que “en la verificación presencial, basta con la exhibición del documento y que conservar una copia supone un tratamiento de datos personales que puede ser excesivo y contrario al principio de minimización recogido en el Reglamento General de Protección de Datos”. Salud “disiente” de esta consideración y afirma que requerir una copia de la documentación “no colisiona con la protección de datos personales”.

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, pregunta al consejero de Salud del Gobierno vasco sobre las medidas que se han adoptado “ante las reiteradas vulneraciones de protección de datos advertidas por el Ararteko”, pero Alberto Martínez niega a la mayor. “ Osakidetza disiente de la consideración que sobre esta cuestión efectuó el Excmo. Sr. Ararteko y entiende la oportunidad de lo realizado en el supuesto de queja sin entender, por tanto, que deba corresponder adoptar especial medida que excepcione lo contemplado con carácter ordinario en una ley, que por tal, es algo que no colisiona con la protección de datos personales”.

El consejero señala que, como ya ha trasladado al Ararteko, Osakidetza entiende que un procedimiento administrativo -también la queja- exige, habitualmente, la aportación de una copia del DNI o documento equivalente“. Señala que las quejas constituyen un procedimiento administrativo que se inicia a solicitud de persona interesada y que no necesariamente es coincidente con el órgano que recepciona la queja, por lo que puede tener que dirigirse al órgano encargado de su resolución, quien ha de recabar los informes necesarios de las unidades administrativas actuantes para verificar la oportunidad, o inoportunidad, de atender lo expuesto en el escrito de queja. Por ello, entiende la oportunidad de lo realizado en el supuesto de queja porque no colisiona con la protección de datos personales y considera que está amparado por las previsiones del artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En dicho artículo se recoge que ”las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente“.

Sí diferencia el consejero de la presentación de una queja con “la recepción de una asistencia sanitaria, para la cual bastaría con la mera exhibición del DNI o equivalente (sin necesidad de realizar copia de ese documento) y de la TIS acreditativa de la condición de beneficiario/a del Sistema Sanitario Público”.

Además, entiende el consejero que no hay sobreexigencia de información por parte de Osakidetza “cuando se cumple con lo estrictamente estipulado en una norma con rango de ley”, y además, considera “que quizá el criterio del Excmo. Sr. Ararteko no revista en este caso concreto una cualificación añadida”, cuando existe en el ámbito de la protección de datos personales Autoridades específicas, cuáles serían: la Autoridad Vasca de Protección de Datos y/o la Agencia Española de Protección de Datos“.

La resolución concreta por la que Laura Garrido cuestiona al consejero parte de la reclamación de una ciudadana después de que se le exigiera, por parte del personal del Servicio de Atención a Pacientes y Usuarios (SAPU) del ambulatorio de Doctor Areilza, en Bilbao, una fotocopia de su DNI como requisito para la presentación de una queja relacionada con la asistencia sanitaria recibida.

“La práctica de recabar, escanear y conservar una copia del DNI con ocasión del inicio de un procedimiento administrativo o la presentación de una queja, como sucede en el supuesto de la promotora de la queja, puede comportar un tratamiento de datos excesivo, especialmente si la verificación se puede realizar en el momento, por simple cotejo visual, o a través de medios electrónicos automatizados”, señala el Ararteko. En este sentido, considera que “el DNI contiene datos necesarios para identificar a las personas, como el nombre, apellidos y la fotografía, pero el tratamiento posterior y la conservación de la imagen, el lugar de nacimiento o la firma manuscrita, no parece pertinente para la prestación de los servicios de Osakidetza y puede vulnerar el principio de minimización en el tratamiento de datos”. “En suma, a juicio del Ararteko, la verificación visual presencial del DNI es suficiente, y no cabría imponer la entrega de una copia como práctica ordinaria, salvo en procedimientos que así lo exijan por disposición legal específica”.

La pregunta de Laura Garrido cita otra recomendación previa por parte del Ararteko a Osakidetza, en esta ocasión por un convenio entre el Servicio Vasco de Salud y Mutualia, que consideraba que carecía de una base jurídica adecuada, al apoyarse indebidamente en el consentimiento de las personas pacientes para la cesión de datos de salud.

El consejero remite en su respuesta a la ya ofrecida en su día al Ararteko al que se señaló que “se ha de cursar mero acuse de la sugerencia realizada, sin atender al fondo que en la misma subyace, por entenderse manifiesto que el convenio entre Mutualia y Osakidetza no genera ningún perjuicio, sino claros beneficios a las personas que voluntariamente hubieran decidido acogerse a su aplicación”.

Señala en este sentido que el convenio entre Osakidetza y Mutualia “requiere del consentimiento que pueda autorizar la consulta o interconexión de información por parte de la persona interesada”. “Se da la circunstancia de que la propia persona interesada, que es quien ha de autorizar el acceso a la información, es quien totalmente libre y sin condicionamiento alguno, y en atención a los potenciales beneficios asistenciales y conocedora de la no obligatoriedad de prestar el consentimiento, en su caso, decide libremente hacerlo”, señala el consejero.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) ya es el nuevo titular del Ararteko, la defensoría vasca del pueblo. Sustituye a Manuel Lezertua, que dejó el cargo el verano a punto de agotarse sus dos mandatos. El Parlamento Vasco ha visado exactamente a las 10.08 horas, tras una votación tradicional con papeletas y urna, su nombramiento con los votos de PNV, PSE-EE y PP, una mayoría reforzada superior a los tres quintos del pleno, como marca la ley. Es exactamente la misma fórmula que hace diez años, cuando llegó al cargo su predecesor. Sin embargo, el debate, lejos de ser un mero trámite, ha sido áspero. Muy áspero. El aludido ha optado por evitar las “polémicas” y se ha comprometido a ser el defensor de “todos”, le hayan respaldado o no.

¿Por qué ha habido tensión? El dirigente de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha lamentado que se elija a un no vascoparlante para el cargo -extremo que él mismo ha desmentido por la vía de los hechos al seguir sin traducción el debate y hablar después en euskera a los periodistas- y ha cuestionado igualmente su “neutralidad” política por su pasado como articulista en 'Deia' y otros medios de comunicación. También ha afeado a nacionalistas y socialistas que hayan pactado la designación con los 'populares'. La reacción del líder del PP, Javier de Andrés, no se ha hecho esperar y ha acabado con un deseo de que la izquierda abertzale sea “exterminada” (“acabar del todo con algo” o “matar o eliminar por completo de un lugar un conjunto de seres vivos”, según la RAE). “Más pronto que tarde serán exterminados de Euskadi como fuerza política. Espero que sea pronto”, ha sido la frase textual.

Mancisidor, formalmente, fue propuesto como candidato por PNV y PSE-EE después de varios meses de negociaciones que exigieron prórrogas en los plazos parlamentarios. El nuevo 'ombudsman', que ha seguido la sesión con sus allegado desde un palco, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la suiza Geneva School of Diplomacy. Ha sido profesor en la EHU, Deusto y Mondragon Unibertsitatea y también en centros de Estados Unidos. En Euskadi, fue durante diez años (hasta 2024) el director de Unesco Etxea. Ha participado en eventos de la ONU o de la OMS, asimismo.

Según Xabier Barandiaran, del PNV, “tiene el perfil adecuado”. Acredita “formación de alto nivel” y domina castellano, euskera e inglés. Además, lo ha calificado como persona “honesta” y “leal”. Se ha quejado del nivel del debate, ya que entiende que es un cargo en el ha de primar la “perspectiva de país” antes que la partidista. En la misma línea, el socialista Ekain Rico ha subrayado su currículo “acreditado” para liderar el Ararteko.

Pero PNV y PSE-EE han presentado sus argumentos después de la intervención crítica de EH Bildu. “Hoy no se vota cualquier cosa. Es el Ararteko, el defensor de la ciudadanía, la última garantía ante las instituciones”, ha arrancado Rodríguez, también líder de Sortu. Después, sin orillar una “amplia sonrisa” y “desde la tranquilidad”, ha enumerado por qué “no es el candidato adecuado”, a juicio de su formación política, que planteó “cinco nombres” como alternativa, todos ellos vascoparlantes. Y dos mujeres, según Rodríguez. Nunca ha sido designada una mujer para el Ararteko, más allá de los mandatos interinos, algunos de ellos de años, como el de Mertxe Agúndez.

EH Bildu ha asegurado que no dominar el euskera “no es un pequeño detalle, es una condición básica”. “¿Cómo va a garantizar los derechos de los vascoparlantes si no puede atenderlos en su idioma?”, ha lanzado. Y ha seguido: “El Ararteko no debería precisar de traducción”. Después, ha continuado con referencias a su aparente falta de “neutralidad e independencia”. De hecho, ha señalado que en sus tribunas “una y otra vez” y “de modo explícito” ha cargado “contra el independentismo de izquierdas. Y, ”más allá del candidato“, EH Bildu ha cuestionado que se haya pactado ”nada más y nada menos“ que con el PP.

Los ha llamado, citando exclusivamente frases de Aitor Esteban, Imanol Pradales y Eneko Andueza, “buenos herederos del franquismo”, “cruzados contra el euskera”, representantes de “tiempos oscuros” o estigmatizadores de migrantes, mujeres y otras minorías. “Por la mañana 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' y por la tarde pactar con el partido de Ayuso. Pradales, entzun, arartekoa ez da euskaldun”, ha ironizado desde la tribuna Rodríguez, dirigiéndose al lehendakari, que ha seguido la sesión en su escaño. “Blanquean al PP”, ha resumido.

El PP ha respondido con dureza a Rodríguez. De Andrés, en referencia a Arnaldo Otegi, ha considerado una “anomalía” que en Euskadi dé lecciones una formación “dirigida por un torturador, una persona que jugaba a la ruleta rusa con un secuestrado”. Ha dicho que PNV y PSE-EE, sus socios en esta sesión parlamentaria, “han fracasado a la hora de extirpar” la “anomalía” y ha confiado en que “más pronto que tarde” la izquierda abertzale sea “exterminada”.

Sumar no ha apoyado a Mancisidor al criticar que PNV y PSE-EE no consultaran el nombramiento con la coalición. Vox no ha tomado parte en el debate y tampoco ha votado a favor del candidato. Según fuentes del Ararteko, la toma de posesión del nuevo titular del Ararteko se formalizará, de nuevo ante el pleno del Parlamento, el 5 de febrero. Mancisidor, tras el debate, ha ofrecido unas declaraciones a los periodistas. Las ha hecho en euskera primero y en castellano después. También ha respondido a la única pregunta que se le ha formulado -de este medio- en ambos idiomas oficiales. No ha querido entrar en polémicas y ha comprometido ser el defensor “de todos”, le hayan o no apoyado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tiene cuatro frentes abiertos de una tacada. Por un lado, teme que los grupos “ultras” vinculados a los equipos vascos de fútbol causen disturbios en el contexto del partido de la selección vasca contra Palestina de este sábado. Por otro lado, ha admitido que ha recibido una comunicación del Ararteko, que estudia el cambio de política de la Ertzaintza y su decisión de ofrecer ahora el “origen” de los detenidos. En tercer lugar, esta semana ha trascendido que la Policía no practicó los registros que tenía previstos ante la visita de Falange Española y de las JONS a Vitoria del 12 de octubre a pesar de la sospecha de que iban a traer “armas”. Y, finalmente, la Fiscalía ha protestado públicamente al antender que los agentes, en ocasiones, disuaden a posibles menores denunciantes de casos de acoso o violencia sexual.

Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha tocado los cuatro asuntos. Sobre el partido de fútbol, ha explicado que hay una movilización cívica reivindicativa perfectamente comunicada promovida por Gernika Palestina y otras plataformas. Están en “contacto permanente” con los organizadores, ha dicho. Pero “existe otra convocatoria no comunicada” y “cuatro o cinco actos” más. El consejero de Seguridad los ha vinculado a los “ultras” del Athletic y de otros clubes vascos, que han llamado a asistir al partido de San Mamés. Ha señalado que no se deberían “repetir” las escenas de Vitoria, cuando una contramanifestación no comunicada plantó cara cuerpo a cuerpo a los falangistas. Zupiria y su viceconsejero, Ricardo Ituarte, los llamaron “fascistas vascos”. Unos días después, asimismo, el propio consejero admitió que en una huelga en favor de Palestina la Policía optó por no disolver actos igualmente no comunicados de ese mismo entorno “alegal” para evitar males mayores.

“Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país”, ha manifestado Zupiria, que accedió al cargo en 2024. Sobre la Falange, en cambio, ha preferido no ahondar en el asunto a preguntas de los periodistas y ha indicado que ya ha ofrecido todas las explicaciones.

El segundo gran frente es el relativo a la decisión del Ararteko, la defensoría del pueblo vasca, ahora con Inés Ibáñez de Maeztu al frente en funciones, de analizar el cambio comunicativo en la Ertzaintza, que ha optado por dar el origen de los detenidos. El propio consejero lo ha defendido con anterioridad y ha asegurado que sí, que hay un cambio porque hay una demanda social en ese sentido. No es algo que hagan otros cuerpos y crecen las voces, desde la oposición o desde entidades como Jueces para la Democracia, que alertan del riesgo de estigmatización de colectivos. Es más, el nuevo protocolo podría implicar que alguien con nacionalidad española figurara como magrebí, por ejemplo.

“Hemos recibido esta solicitud de información por parte del Ararteko y recibirá la respuesta correspondiente. Es una respuesta que no le voy a dar por los medios de comunicación, lo haré formalmente y oficialmente”, ha explicado en su comparecencia. En todo caso, ha remarcado que anualmente el Ararteko les envía del orden de “quince o veinte” iniciativas.

La actuación del Ararteko ha llegado al tiempo que la fiscal superior vasca, Carmen Adán, verbalizara en el Parlamento que sería deseable “mayor rigor” de los cuerpos policiales, en el caso vasco especialmente a la Ertzaintza, en la elaboración de atestados de posibles delitos que tengan como víctimas a menores prostituidos al haberse detectado que en ocasiones “hay dejadez en la investigación al pensar que se tratan de relaciones consentidas”. Zupiria le ha dado la vuelta y ha señalado que quien debería operar con “rigor” es la Fiscalía. Es “muy grave” esa acusación y ha confiado en encauzar la situación en foros interinstitucionales ya existentes.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) será el nuevo titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, lograrán la mayoría de tres quintos en el Parlamento Vasco, de la que no disponen con sus 39 escaños, merced al apoyo también del PP, adelantado por 'El Correo' y confirmado este viernes por su líder, Javier de Andrés. La operación ha causado “estupefacción” en EH Bildu, principal fuerza de la oposición y con la que nacionalistas y socialistas habían negociado.

Mancisidor, cuya candidatura ya fue registrada, es jurista por la Universidad de Deusto y doctor en relaciones internacionales por la escuela de diplomacia de Ginebra, en Suiza. Fue director de Unesco Etxea desde 2004 hasta 2014, docente en la American University de Washington D.C. y  experto en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Ha sido columnista en medios de comunicación como 'Deia'. Relevará a Manuel Lezertua, 'ombudsman' desde 2015 y que renunció antes del verano. Él también llegó al cargo con una suma de PNV, PSE-EE y PP en la Cámara y sin el apoyo de EH Bildu, aunque luego sí accedió a su renovación en 2020. Los mandatos son para un quinquenio renovable solamente en una ocasión.

Con Mancisidor llegará una nueva adjunta, que será una mujer y del entorno del PSE-EE, como ha ocurrido hasta ahora con Inés Ibáñez de Maeztu, Julia Hernández o Mertxe Agúndez. Así lo confirman las fuentes de la negociación consultadas, aunque ninguna de ellas ha querido concretar quién será. Nunca el Ararteko ha estado dirigido por una mujer salvo en los interregnos entre un mandato y otro. De hecho, Agúndez estuvo hasta cuatro años por falta de acuerdo en el nombramiento parlamentario.

El PP entiende que el “perfil” de Mancisidor es satisfactorio. Tanto los partidos del Gobierno como los 'populares' niegan que el acuerdo conlleve contrapartidas. De Andrés ha confiando que en mantenga la “buena línea” de su antecesor.

EH Bildu, por el contrario, ha lamentado el resultado de las negociaciones, que se llegaron a prorrogar un par de veces para intentar buscar una salida. La coalición no comparte el perfil de Mancisidor. El dirigente Arkaitz Rodíguez ha indicado que ofrecieron al Ejecutivo hasta “cinco nombres”, tres varones y dos mujeres, como alternativa más neutral.

En una comparecencia en Donostia, el líder de Sortu y peso pesado en la coalición ha aludido a una componenda “oscura” entre nacionalistas, socialistas y 'populares' y se ha preguntado “a cambio de qué” recogerán los votos del PP para propiciar la designación de Mancisidor. Se da la circunstancia de que solamente 24 horas antes la formación abertzale se felicitaba de la “mayoría progresista” del Parlamento tras consensuar con los socialistas y con Sumar una resolución sobre migración, incluso sin llegar a ser votada o aprobada. Y también que, en Navarra, EH Bildu ha firmado su séptimo pacto presupuestario con María Chivite, en cuyo gabinete también está el PNV por medio de Geroa Bai. Según Rodríguez, PNV y PSE-EE han de explicar a la sociedad por qué acuerdan con quienes plantean la “involución” en materia de derechos y autogobierno.

PNV y PSE-EE han propuesto a Mikel Mancisidor para ejercer como titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca. No obstante, no tienen en el Parlamento los apoyos suficientes y precisan de un acuerdo o con EH Bildu o con PP. El anterior 'ombudsman' fue Manuel Lezertua. Se ha retrado durante varios meses el registro de la candidatura, que fue adelantada por 'El Correo'.

Mancisidor (Bilbao, 1970), es jurista y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco-UNESCO Etxea (2004-2014). PNV y PSE-EE, en un comunicado recogido por Europa Press, han subrayado que su destacada trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y que cuenta con una contrastada trayectoria internacional. Indican que ofrece “neutralidad política” y que “es la persona idónea” para ser titular del Ararteko “por su trayectoria profesional, por su perfil académico” y porque dejaría “cómodos” a otros partidos.

Pero fuentes de EH Bildu han asegurado que llevan “meses negociando con el PNV y el PSE-EE con el objetivo de encontrar una persona de consenso” y que esto no está consensuado, ni mucho menos. “Nos sorprendería que el PNV y el PSE-EE estuvieran dispuestos a pactar la elección del Ararteko con el PP, máxime en el contexto actual. La apuesta de EH Bildu es que la persona que opte a ser Ararteko garantice la neutralidad política y la independencia que exige dicha institución, y que además cuente con las competencias lingüísticas suficientes en euskera. Y, a ser posible, que sea una mujer”, han dicho sobre su no conformidad con la figura elegida.

El Parlamento Vasco ha tenido que acordar otra ampliación de un mes del plazo para que los partidos puedan cerrar la figura de quien ocupará la defensoría vasca del pueblo, el Ararteko. A mediados de septiembre, tres meses después de la renuncia del anterior titular, Manuel Lezertua, la Mesa decidió dar otro mes de margen, pero las conversaciones no han fructificado en estas semanas y ahora, tras una reunión extraordinaria celebrada este viernes, se ha decidido estirar la fecha límite al 14 de noviembre, según ha podido saber este periódico.

El titular del Ararteko es un comisionado del Parlamento Vasco. Su nombramiento, además, requiere de una mayoría reforzada. La ley exige que sea de tres quintos de la Cámara, 45 de 75 escaños, y el Gobierno de PNV y PSE-EE se queda en 39. Nacionalistas y socialistas están negociando un nombre con EH Bildu, que aportaría los votos suficientes, pero por el momento no han cristalizado esos movimientos. Lezertua, que accedió al cargo hace una década y estuvo dos mandatos en el puesto, lo hizo tras un acuerdo con el PP, la otra fuerza de la oposición que tiene el suficiente número de escaños, aunque ahora está fuera de las conversaciones.

Dirigentes de alto nivel de los tres partidos están inmersos en este trabajo negociador. Existe un nombre sobre la mesa, del que se pretende que ofrezca un perfil “transversal”. Pero todas las fuentes consultadas lo guardan bajo siete llaves. Es un hombre, eso sí. Nunca una mujer ha dirigido el Ararteko salvo los períodos de transición entre mandatos, cuando las adjuntas han tomado el control.

En uno de los casos, el de Mertxe Agúndez, que luego fue parlamentaria por el PSE-EE, esa interinidad duró cuatro años por falta de consenso parlamentario. Ahora mismo, nuevamente, hay una dirección temporal encarnada en quien fuera la última adjunta de Lezertua, la también socialista Inés Ibáñez de Maeztu.

El Gobierno de PNV y PSE-EE dispone de mayoría absoluta en el Parlamento, pero sus 39 escaños no son suficientes para trámites especiales como la designación del nuevo titular del Ararteko. Nacionalistas y socialistas tienen abierta una negociación con la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, para cerrar un nombre que se haga cargo de la Defensoría del Pueblo autonómica tras el final, antes del verano, de los dos mandatos de cinco años del jurista Manuel Lezertua. Temporalmente, quien fuera adjunta a Lezertua, la socialista Inés Ibáñez de Maeztu, está dirigiendo la institución.

La ley exige una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara para acometer el nombramiento, es decir, 45 apoyos. Las fuerzas que componen el Ejecutivo podrían optar o bien por el PP (que aportaría siete escaños) o bien por EH Bildu (que tiene 27, los mismos que el PNV) para cerrar un perfil de consenso. Pero han optado claramente por los segundos, según las fuentes consultadas. Lezertua, en 2015, fue designado tras un acuerdo con los 'populares', mientras que EH Bildu presentó un nombre alternativo, Luix Barinagarrementeria, que llegó a presentar su programa en el Parlamento.

El plazo para presentar candidaturas se cerraba este martes pero los intervinientes solicitaron 'in voce' en la reunión de la Mesa de la Cámara una ampliación de plazo de un mes para cerrar las conversaciones con éxito, según informó la Cadena Ser y confirman tanto desde las formaciones del Gobierno como desde EH Bildu. Dirigentes de alto nivel de los tres partidos están inmersos en este trabajo.

Existe un nombre sobre la mesa, del que se pretende que ofrezca un perfil “transversal”. Pero todas las fuentes consultadas lo guardan bajo siete llaves. Es un hombre, eso sí. Nunca una mujer ha dirigido el Ararteko salvo los períodos de transición entre mandatos, cuando las adjuntas han tomado el control. En uno de los casos, el de Mertxe Agúndez, que luego fue parlamentaria por el PSE-EE, esa interinidad duró cuatro años por falta de consenso parlamentario. Por ello, las fuentes consultadas quitan hierro al retraso de un mes habiendo precedentes de nombramientos mucho más complicados. Habrá una propuesta “lo antes posible”, se insiste. Después, comparecerá en comisión para desgranar sus propuestas para la institución.

El Ararteko celebra en 2025 su cuadragésimo aniversario, aunque no fue hasta 1989 cuando se nombró al primer 'ombudsman' vasco, Juan San Martín. Luego llegarían las etapas de Xabier Markiegi y un doble mandato de Íñigo Lamarca después de la larga suplencia de Agúndez. Esta institución es la Defensoría del Pueblo y atiende quejas y reclamaciones ciudadanas sobre la actuación de los poderes autonómicos, como Osakidetza, las prestaciones sociales y más recientemente las Prisiones. También emite informes generales y recomendaciones. El último de la etapa de Lezertua fue una dura crítica a la regulación vasca de la pesca de angulas.

Cada vez es más difícil interactuar con un humano en las relaciones telefónicas con las empresas de servicios. Sobre todo si se trata de interponer una queja. Lo habitual es tener que pasar la criba de un largo mensaje telefónico grabado que nos pregunta en qué idioma queremos ser atendidos, el motivo de la llamada, nos informa profusamente de la ley de protección de datos para, finalmente, en muchos de los casos, devolvernos a un contestador. Si se trata de una reclamación, la travesía en el desierto es aún más larga, cayendo muchas veces la reclamación en saco roto perdida en una maraña de grabaciones telefónicas, poniendo de manifiesto el déficit de atención al cliente cada vez más normalizados. Una de estas quejas ha llegado hasta el Ararteko, que en este caso ha recriminado a un servicio de titularidad municipal, Bilbao Kirolak, su modelo de atención ciudadana.

En concreto, el Defensor del Pueblo Vasco ha instado a Bilbao Kirolak a revisar su modelo de atención ciudadana “para garantizar la atención presencial de quejas, sugerencias y otras actuaciones administrativas, y que asegure una respuesta efectiva y en plazo a las comunicaciones ciudadanas, conforme a los compromisos de la carta de servicios y los principios de buena administración y proximidad”.

La resolución del Ararteko se refiere a una queja de una ciudadana dirigida al Área de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao en el mes de enero, en la que expresaba su “disconformidad con la atención al público prestada por Bilbao Kirolak” al no haber podido establecer contacto efectivo con dicha entidad por ningún canal distinto al electrónico. En su escrito, la usuaria señalaba que había intentado comunicar telefónicamente en repetidas ocasiones con Bilbao Kirolak, sin éxito, se había personado en las oficinas centrales de dicha entidad y fue informada, tanto por personal como mediante cartel visible, de que no se ofrecía atención presencial en esa ubicación, fue derivada a los polideportivos municipales, donde tampoco obtuvo respuesta satisfactoria, al no disponer el personal de competencias para atender gestiones administrativas. También indicaban que durante sus visitas presenciales, pudo observar que las líneas telefónicas de las oficinas no sonaban, lo cual, en su opinión, contradice la afirmación institucional sobre la supuesta saturación de dichas líneas. Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a su reclamación, la interesada presentó queja ante la institución del Ararteko.

Admitida a trámite la queja, el Arateko se dirigió al Ayuntamiento de Bilbao y le solicitó información sobre la recepción y tramitación de la queja formulada por la ciudadana, así como los canales alternativos habilitados por Bilbao Kirolak para garantizar la atención ciudadana a quienes no deseen o no puedan utilizar medios electrónicos. También pedía una descripción del modelo de atención ciudadana que aplica Bilbao Kirolak, “con especial atención a si se garantiza el derecho de opción de canal por parte de las personas usuarias”.

La respuesta del Ayuntamiento no ofrecía ningún dato concreto relativo a la queja individual formulada por la ciudadana ni aclaraba si la queja había sido registrada, tramitada y contestada. El Consistorio se limitaba a señalar que Bilbao Kirolak, está integrada en la plataforma municipal “Taldeka”, concebida como un sistema de gestión de relaciones con la ciudadanía que opera de forma omnicanal. Se garantiza atención ciudadana a través de distintos medios, como las recepciones de las instalaciones deportivas municipales, el teléfono 010, el registro municipal y los portales electrónicos, como la web del Ayuntamiento y de Bilbao Kirolak.

La ciudadana nunca recibió respuesta a su queja, por lo que el Defensor del Pueblo recomienda la revisión de su sistema de atención a los ciudadanos.

Según consta en la resolución del Ararteko, “la queja presentada por la persona reclamante el 24 de enero de 2025 ante el Área de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao constituye un acto formal de comunicación de disconformidad con el funcionamiento de un servicio público”. En consecuencia, considera que “la ausencia de contestación por parte de la administración no puede entenderse como una omisión menor ni justificada por criterios de gestión interna”.

Considera además que “la mejora del servicio y su orientación hacia la ciudadanía no son compatibles con la inacción frente a un requerimiento explícito como es una queja formal”. “La ausencia de respuesta a la queja puede vulnerar el citado principio de proximidad, al proyectar una imagen de lejanía institucional que contradice la finalidad esencial del servicio público local: ser accesible, comprensible y sensible ante las manifestaciones de quienes lo utilizan. Por todo ello, la falta de contestación a la queja presentada por la ciudadana debe considerarse contraria a los principios de buena administración de proximidad”, considera la resolución.

Por otro lado, afea que la web institucional de Bilbao Kirolak, permite constatar que el canal habilitado para quejas, sugerencias o cualquier otro tipo de comunicación ciudadana consiste en completar un formulario electrónico. “De este modo, la página web no proporciona información a la ciudadanía sobre alternativas para enviar ese tipo de comunicación por medios no electrónicos, como atención presencial, telefónica o registro en oficinas municipales o polideportivos. Opción que sí se describe en la carta de servicios, pero no así en la página web”. “Esta falta de información puede resultar gravosa para aquellas personas que, sin estar obligadas legalmente al uso de medios electrónicos, se encuentran en situación de brecha digital o carecen de competencias tecnológicas suficientes”, afirma.

Tampoco ofrece más información el procedimiento disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bilbao vinculado a Bilbao Kirolak, en el que “se contempla exclusivamente la tramitación electrónica de determinados escritos o solicitudes dirigidas a esta entidad, sin que se ofrezca información clara sobre la posibilidad de realizar tales actuaciones por vía presencial. Esta carencia informativa resulta especialmente significativa en supuestos como el de la reclamación de tarifas u otras incidencias relacionadas con la gestión del servicio público deportivo, que pueden tener implicaciones de tipo económico o jurídico”.

“La falta de alternativas visibles o identificables para realizar actuaciones con posible trascendencia jurídica, como puede ser una reclamación de tarifas ante Bilbao Kirolak, puede suponer una limitación práctica del ejercicio de ese derecho”, concluye el Ararteko.

Euskadi tiene alrededor de 1.558 vertederos que están sin sellar y, por lo tanto, sin que se haya realizado sobre ellos ninguna actuación que evite que los diferentes contaminantes que se han arrojado en ellos a lo largo de los años se puedan filtrar al agua a través del suelo. El dato lo proporciona Ekologistak Martxan, pero se basa en el censo de vertederos elaborado por el propio Gobierno vasco, aunque fuentes del Ejecutivo puntualizan que son “mayoritariamente depósitos”, ya que la denominación de vertederos se aplica desde 1994 “y tiene su regulación propia”.

La organización ecologista acaba de recibir el respaldo a sus denuncias por parte del Ararteko, que en una resolución emitida la semana pasada emplaza el Gobierno vasco a impulsar un plan integral de actuación frente a la contaminación por lindano de estos vertederos y recalca que los poderes públicos “deben garantizar una restauración ambiental eficaz de los depósitos de residuos peligrosos que aún persisten en la actualidad”. Además de la puesta en marcha de un plan integral, pide la reactivación de una mesa de acción institucional y social frente al lindano.

La resolución del Ararteko se basa en seis vertederos de Bizkaia, en los que Ekologistak Martxan ha comprobado, y así ha trasladado en diferentes denuncias, que el lindano que han almacenado se ha filtrado a las aguas a través del suelo. En concreto, se refiere a los vertederos de Enekuri y de Santo Domingo, ambos en Bilbao; el vertedero de Jata, en Lemoiz; el vertedero de Modorreta de El Regato, en Barakaldo; el de Etxeuli y anejos en Santurtzi; y el de Premabi en Sondika. Vertederos en desuso en los que “la presencia de residuos peligrosos de Lindano-HCH en esos antiguos vertederos, sin ningún tipo de aislamiento ni tratamiento estaría generando lixiviados que percolaban a las aguas superficiales y subterráneas siendo susceptibles de provocar daños medioambientales de consideración al medio natural”, recoge la resolución del Ararteko.

“No es más que la punta del iceberg”, señala Javier Vázquez, de Ekologistak Martxan, que indica con ello que la dimensión y gravedad del problema va mucho más allá de estos seis vertederos. “Tenemos un problema de aguas en las que aparecen sustancias contaminantes, pero hasta que no se ataje el problema de dónde vienen esos contaminantes, es decir, sepas lo que contiene el vertedero y lo selles para llevar a cabo un cierre ordenado, el problema va a persistir”, dice.

En total, hay 1.558 vertederos en situación parecida a los seis que se contienen en la resolución de la Defensoría del Pueblo vasca, señalan. Es decir, vertederos sobre los que no se ha actuado, y, por lo tanto, está fuera de control las sustancias que se pueden estar filtrando al agua a través de sus suelos, porque ni siquiera se sabe lo que se ha arrojado en estos depósitos. Hay que tener en cuenta que esta resolución del Ararteko se basa en una reclamación presentada ante esta institución por la agrupación ecologista en 2021, pero que la situación se venía denunciado desde 2008.

Ahora se tienen más datos, dicen desde Ekologistak Martxan. “Por eso, es imprescindible que se cree una mesa en la que están presentes las administraciones, ayuntamientos y también miembros de organizaciones y la sociedad civil para hacer un seguimiento de todos los vertederos afectados, y se busquen fórmulas para atajar el problema”, señala Javier Vázquez. La organización ecologista se ha puesto en contacto con los grupos políticos en el Parlamento Vasco tras la resolución para “animarles a trabajar siguiendo la recomendación del Ararteko” y más teniendo en cuenta que, tanto en las reuniones mantenidas como en la comisión parlamentaria del 12 de noviembre de 2024, en la que participó la organización ecologista, “mostraron todos disposición a trabajar”. Por el momento, no han obtenido respuesta desde los partidos.

Ekologistak Martxan centró su queja al Ararteko en estos seis vertederos vizcaínos porque los tenían más controlados. “Dijimos que estos al menos se tienen que que mirar”, señala. Pero insiste en que el problema tiene una dimensión mucho mayor. Hasta ahora las administraciones siempre han defendido que “corresponde a la persona que llevó a cabo la actuación de depósito de residuos o, en su caso, a la persona propietaria del emplazamiento adoptar las medidas que fueran necesarias para evitar las afecciones de carácter ambiental en el entorno”.

En este marco, según se recoge en la resolución del Ararteko, “la actuación de la administración se circunscribía a exigir a las mencionadas personas responsables que adoptasen las medidas oportunas”. En este sentido, durante la tramitación del expediente del Arateko, el Gobierno vasco envió los requerimientos planteados a los propietarios de los vertederos para que solucionaran los problemas denunciados, sin que se avanzara en iniciativas concretas. Por ello, finalmente el Ararteko concluye que es necesario exigir a los órganos ambientales competentes “disponer de un plan de acción eficaz para hacer frente a una definitiva restauración medioambiental de esos depósitos de residuos peligrosos y de la persistencia del vertido de sus lixiviados”.

Además, apunta la resolución que, “sin perjuicio de la responsabilidad directa de las personas que en su momento generaron esos focos de contaminación dispersa por lindano-HCH de diversa entidad y del transcurso del tiempo, resulta insoslayable realizar una reflexión sobre la existencia de unos antiguos vertederos que, si bien están en desuso, continúan siendo una fuente de contaminación continua al medio natural por sus lixiviados a los ríos”. “Como demuestran con redundancia los informes de Azti elaborados para URA, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por el Gobierno vasco para la localización y tratamiento o confinamiento de dichos residuos, persisten aún determinados focos que han provocado la superación de las actuales normas de calidad de HCH de algunas masas de agua superficiales, lo cual pueden llegar a suponer una afección al derecho al medioambiente de todas las personas”, agrega. Y considera en este sentido que “la falta de adopción de medidas por parte de las autoridades para controlar la contaminación de los vertederos puede llegar a constituir una vulneración de los derechos humanos”.

Por ello, refleja que “la obligación de actuar y de garantizar la descontaminación definitiva de los vertederos en desuso en Bizkaia tiene que estar dirigida por los poderes públicos vascos para lograr, cuanto antes, la restauración ambiental del medio ambiente alterado. Para ello, resulta necesario impulsar un plan de actuación que remedie definitivamente este problema, exigiendo que quién haya contaminado pague, pero sin ignorar la responsabilidad colectiva que refleja la propia Constitución ya que, llegado el caso, la persistencia de esa contaminación por el lindano-HCH -una sustancia persistente en el medio ambiente que se bioacumula en organismos vivos y es tóxica para la salud humana y el medio ambiente- podría llegar a afectar a otros derechos fundamentales como es el caso del derecho a la vida privada y familiar o, incluso, al derecho a la vida”.

“La administración tiene la obligación de actuar por partida doble: para proteger el medio ambiente, pero también porque se trata de una cuestión de salud pública, es un problema doble”, señala el representante de Ekologistak Martxan.

El Gobierno vasco recuerda en una respuesta parlamentaria a EH Bildu que, en función del periodo en el que se ha realizado la actividad de deposito de residuos, resultará de aplicación una norma y no otra, debiendo recordarse en este sentido que no está permitida la aplicación de normativa con carácter retroactivo. Las normativas respecto vertederos son de 1994 y posteriormente se aprobaron decretos en 2001, 2009 y 2020. Respecto a esto, Javier Vázquez insiste en que “el Gobierno dice que igual un vertedero no tiene por qué tocarlo porque es del año 1980, previo a la regulación de vertederos”. “Pero hasta que se vaya a actuar no puedes dejar que se te escape la mierda de la bolsa”, insiste Javier Vázquez. “Tendrás que arreglar la bolsa porque no se puede dispersar la contaminación”, zanja.

Recuerda además que la dispersión del lindano es enorme. “Esto lleva a que URA, la Agencia Vasca del Agua, contabilice 40.404 emplazamientos que están recibiendo presiones precisamente de los vertederos y los suelos de procedencia industrial, o sea, de suelos presuntamente contaminados. La cifra es tan elevada porque la dispersión lo lleva muy lejos y un mismo foco te puede estar contaminando 22 puntos”, apunta. Y lamenta que sólo se hayan preocupado de zonas que había que sanear para facilitar la instalación de una inversión, como ocurrió en la zona de actual Mega Park, cuando la multinacional Ikea anunció su intención de instalarse allí.

El responsable de Ekologistak Martxan advierte, además, de otro potencial peligro que se da en la zona de estos vertederos, además de la filtración a las aguas de los contaminantes. “Se trata de los árboles y la contaminación de la madera. Si esa madera la aprovechas, la conviertes en papel, la conviertes en mueble, o en madera para quemar en una estufa, estás quemando lindano. Uno de los peligros que todavía no ha atendido esta administración y lo hemos apuntado muchas veces, es esa madera. Ojo con un incendio en esos vertederos, porque no solamente es que ya es muy peligroso un incendio en un vertedero, porque cuesta mucho apagarlos. La contaminación por lindano al quemarse esos árboles afectaría directa y fatalmente a las brigadas de extinción”, advierte.

Fuentes del Gobierno vasco han señalado que analizarán la recomendación del Ararteko, aunque han puntualizado que hay que “conjugar esta solicitud con el plan de gestión de residuos, así como con la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento en el mes de marzo”. En ella se insta al Gobierno vasco a “acelerar la minimización del vertido contemplada en la actuación clave 2 del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Euskadi 2030, y facilitar el correcto sellado de los vertederos existentes mediante la aprobación de los proyectos de valorización y plantas de tratamiento necesarias”. Además, se urge al Gobierno a “seguir desarrollando y priorizando acciones para la remediación de suelos contaminados por el vertido de residuos”. Las mismas fuentes no han clarificado si hay intención de llevar el tema a una mesa abierta a diferentes instituciones y organizaciones.

El Ararteko, en el último informe de relevancia de Manuel Lezertua al frente de la institución, reclama a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, una “revisión” de la nueva regulación de la pesca de la angula, una especie en peligro de extinción y sobre la que pesan normativas europeas de protección. En un dictamen muy contundente, la Defensoría del Pueblo achaca al Gobierno vasco haber aprobado un decreto en 2024 que creaba una pesca profesionalizada de la cría de la anguila cuando no existía, algo que “puede implicar una medida de regresión” para las angulas, y también de haber operado sin fundamento técnico y científico en la adopción de medidas.

El informe del Ararteko, de 28 páginas y muy prolijo en el análisis de la situación de la angula, cuyo precio en los últimos años se ha disparado y para la que existe también un amplio mercado negro que ha motivado sonadas operaciones policiales, viene motivado por una denuncia de la plataforma ecologista Mutriku Natur Taldea. Este colectivo presentó alegaciones al decreto de 2024, que fue tramitado por la ya extinta cartera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente dirigida por Arantxa Tapia y, entre otras cuestiones, refirió que no se le habían facilitado como parte interesada los informes que “avalaban” una profesionalización de la pesca “en contra de los criterios científicos que promovían limitar al máximo las capturas”.

Y es que la gran novedad de la nueva normativa, que buscaba dar respuesta a las exigencias de la Unión Europea, era la creación de un cupo limitado de licencias profesionales para la pesca de esta especie. Hasta entonces, en Euskadi la totalidad de las capturas se hacían en la modalidad “recreativa”, “deportiva” o no profesional, que había sido vetada a nivel comunitario para proteger el futuro de las crías de las anguilas. Se habilitaron 150 licencias (138 desde tierra y 12 desde el agua) y un máximo de capturas de 554 kilos para la temporada 2024/2025, que ha sido la primera con esta modalidad.

Este informe asegura que Europa no pone reparos a la protección de la pesquería tradicional y, de hecho, apunta el ejemplo de Asturias, validado por los tribunales. Sin embargo, agrega que “la protección de la pesca comercial o profesional debe partir de la propia existencia de ese sector económico”. Es decir, afea a Euskadi haber creado un nuevo negocio de explotación de angulas en pleno proceso de endurecimiento de las restricciones para las capturas. “El Ararteko considera que la regulación 'ex novo' de la pesca profesional de la angula puede implicar como consecuencia una medida de regresión de las normas de protección de la anguila”, se puede leer en el dictamen.

Además, se afea al Ejecutivo que haya dado estos pasos sin una “especial justificación” o “motivación técnica” de las razones “de interés público” que la sustentan. Se menciona, por ejemplo, el informe de la Comisión Jurídica Asesora (COJUA), el organismo interno que verifica toda la producción normativa del Gobierno vasco, que fue muy duro. El Gobierno ha replicado que es un documento “preceptivo” en cualquier aprobación reglamentaria pero no “vinculante”. Y se recoge también que otros informes de organismos como Azti (Centro de Investigación Marina y Alimentaria) que se han utilizado no fueron elaborados 'ex profeso' para el decreto.

En el dictamen del Ararteko se ofrecen algunos datos sobre el estado de la anguila en Euskadi. Y la conclusión es que los planes de “gestión” anteriores no habían logrado, precisamente, los objetivos de reducir las capturas. En la campaña 2019/2020, por ejemplo, se declararon 662 kilogramos y en la 2022/2023 fueron 1.317. Este periódico publicó otros datos recientemente. Según el Gobierno vasco, en la primera temporada con el sector profesionalizado no solamente se ha respetado el cupo sino que apenas se ha subastado un 36,69%, 198,44 kilogramos. Las licencias también han pasado de unas 700 con el modelo anterior a las 150 ahora autorizadas.

El documento incluye como “recomendación” final una petición expresa de “revisión de la pesca de la angula en Euskadi que se adecúe a las medidas exigidas para la recuperación de la población de anguila europea derivadas del derecho de la Unión Europea, por las cuales su pesca profesional debe restringirse al máximo posible y debe exigirse medidas de repoblación de las capturas autorizadas”. También que las nuevas medidas “estén basadas en los dictámenes técnicos y científicos” oportunos. Como tirón de orejas añadido, se enfatiza que “con base en el principio de buena administración” el Gobierno de facilitar “toda la información” y la “participación” de entidades interesadas, como Mutriku Natur Taldea.

¿Cómo ha encajado el Gobierno el informe? Fuentes del área de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca aseguran que “se va a estudiar el informe” y que “lógicamente” se responderá “con argumentación” al Ararteko. “En nuestra opinión creemos que está bien tramitado el decreto. Y bien justificado. Asimila nuestra reglamentación al resto de comunidades autónomas del Cantabrico”, añaden desde el Ejecutivo.

El informe del Ararteko está datado el 4 de junio. Es uno de los últimos durante el largo mandato de Manuel Lezertua, que fue elegido en el Parlamento Vasco como titular de la Defensoría del Pueblo vasca en 2015. Precisamente, este martes ha formalizado su renuncia después de agotar dos mandatos. Lo ha hecho en un acto solemne con la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria. Su 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu, asumirá en funciones el papel de 'ombudsman' hasta que el pleno del Parlamento, con una mayoría de tres quintos, elija a un nuevo responsable del Ararteko.

Manuel Lezertua presentará este martes en el Parlamento Vasco su renuncia al cargo de titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, después de diez años o dos mandatos. Inés Ibáñez de Maeztu, adjunta desde 2021 y excargo público del PSE-EE, asumirá en funciones la dirección de la institución hasta que el Parlamento, por mayoría de tres quintos, designe un nuevo 'ombudsman'. Históricamente ha habido casos de larga interinidad, como el de Mertxe Agúndez.

Según ha informado la Defensoría, en un comunicado, la entrega de su renuncia tendrá lugar a las 9.30 horas y, con ella, pedirá al Parlamento Vasco que inicie el proceso para su relevo. Lezertua anunció el pasado mes de mayo su intención de presentar la renuncia tras diez años en el cargo, al considerar que “hace falta una persona nueva, con ideas nuevas y un proyecto a más largo plazo”, informa Europa Press.

Asimismo, señaló que, desde su llegada a la Defensoría, las actuaciones del Ararteko se han incrementado un 66%, pasando de cerca de 9.000 a más de 16.000 anuales. Entre los temas que le hubiese gustado dejar cerrados, se encuentra la reforma de la ley del Ararteko, en manos del Parlamento desde julio del año pasado.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco eliminará el límite de edad establecido en los actuales protocolos de derivación de pacientes con daño cerebral adquirido al hospital Aita Menni de Arrasate (Gipuzkoa), siguiendo una recomendación del Defensor del pueblo vasco, Ararteko. En un comunicado, desde esta institución se ha explicado que consideró los protocolos aprobados por las delegaciones territoriales de salud para la derivación de pacientes a la unidad concertada de daño cerebral adquirido del hospital Aita Menni, que impedían tal derivación a pacientes mayores de 60 años en Bizkaia y de 65 en Gipuzkoa y Álava, “podían incurrir en discriminación por razón de edad o edadismo”.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha comunicado al Ararteko que acepta la recomendación y modificará los protocolos vigentes de derivación de pacientes con daño cerebral adquirido a plazas concertadas en el hospital Aita Menni de Arrasate. El Ararteko cuestionaba, igualmente, el hecho de que los protocolos, aprobados por las delegaciones territoriales de salud, no estuvieran publicados en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), para su general conocimiento. En este sentido, “el Departamento de Salud se ha comprometido, también, a aprobar y publicar un único protocolo para toda la Comunidad Autónoma Vasca que establezca unos criterios que cumplan con el principio de acceso a la salud en condiciones de igualdad efectiva”.

El Ararteko tramitó el año pasado 441 expedientes relacionados con Osakidetza, lo que representa un incremento del 69,6% respecto a los procedimientos iniciados en 2023 sobre esta materia. Manuel Lezertua, titular de la Defensoría del Pueblo vasca ha atribuido este aumento al “importante grado de malestar” entre la ciudadanía por el “tensionamiento” del sistema sanitario, en el que los vascos perciben un “deterioro continuado”.

Lezertua ha presentado este martes, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, el informe de la actividad desarrollada por este organismo en 2024, año en el que la actividad global del Ararteko se incrementó en cerca de un 7,4% respecto al año anterior. La institución realizó más de 14.600 intervenciones dirigidas a prestar atención a la ciudadanía, a supervisar la actividad de las administraciones vascas y a promover una mejora de la buena administración y de las políticas públicas, manteniéndose el nivel ascendente de los últimos años, informa Europa Press.

Más de 10.150 actuaciones fueron servicios de atención ciudadana prestados en las oficinas de atención directa del Ararteko, lo que supone un aumento superior al 7% respecto al año anterior. Además, se registraron más de 4.300 quejas para su tramitación (un 10% más que el año anterior), y se dictaron más de 2.900 resoluciones. A estas cifras se les añaden las 28 actuaciones de oficio iniciadas sobre asuntos que han suscitado una especial preocupación al Ararteko, entre los que destacan los iniciados en las áreas de medio ambiente, seguridad, personas en prisión y en la Oficina de la Infancia.

El Ararteko ha considerado que, entre los asuntos planteados en 2024, existía alguna actuación incorrecta en un 53% del total de expedientes tramitados. En los casos de actuaciones incorrectas, la administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación ciudadana en casi el 90% de los supuestos. El área temática en las que más expedientes se han tramitado ha sido la de inclusión social, con casi un 16% respecto al total. Esta área confirma la tendencia al alza de años anteriores, con un incremento del 10% respecto del año anterior.

Por detrás se sitúan los asuntos referidos a la gestión por Lanbide de las prestaciones económicas, como la RGI o el IMV. No obstante, el área de intervención que más ha aumentado ha sido la de salud, con un incremento de casi el 70% respecto al año anterior. Esta materia es la segunda área con más expedientes tramitados (441), con más de un 13% del total.

El Ararteko ha explicado que en los expedientes de queja “se percibe un importante grado de malestar e irritación entre la ciudadanía, que soporta los efectos del tensionamiento del sistema de atención sanitaria y percibe su deterioro continuado”. En torno a un 25% de las quejas de esta área tiene que ver con la demora excesiva en la asignación de primeras consultas y sucesivas de atención primaria y especializada, así como en la realización de ciertas pruebas diagnósticas.

El Ararteko ha subrayado la “urgencia” de que Osakidetza “se dote de los medios materiales y humanos necesarios para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la salud de la ciudadanía vasca, en el marco de una mayor y mejor planificación y dotación presupuestaria”. Lezertua, en todo caso, ha expresado su confianza en que el 'pacto por la salud' en el que trabajan Gobierno vasco, partidos políticos, agentes sociales y profesionales sanitarios “permita dar respuestas eficaces a los desafíos que plantea la protección de la salud en Euskadi”.

Por otra parte, el número de expedientes relacionados expresamente con los colectivos que merecen atención pública especial sigue al alza, con más de un 9% del total. El número de expedientes de queja presentados por la ciudadanía en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes, superó los 620, lo que representa el 14% de los procesos gestionados por la institución.

El Ararteko ha constatado la existencia de una tendencia ascendente de las reclamaciones relacionadas con el derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda digna y adecuada, así como de las ayudas económicas en materia de vivienda. Además, el ruido continúa siendo el problema medioambiental que más quejas genera.

El Ararteko, del que Manuel Lezertua es titular, ha registrado este año más de 4.000 quejas, de las cuales cerca de 500 han estado relacionadas con Osakidetza. Igualmente, ha cifrado en cerca de 15.000 las intervenciones realizadas a lo largo de este año, en el que “se han recibido más quejas que nunca”, según ha reconocido. En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Lezertua ha señalado que este año se superará el récord de intervenciones ejecutadas en el año 2023, cuando se realizaron casi 13.700. “Ahora ya estamos por encima de las 4.000 quejas y yo creo que llegaremos a las entre 14.000 y 15.000 intervenciones”, ha previsto.

En este sentido, ha concretado que la mayoría de las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo están relacionadas con la atención recibida en Osakidetza y su progresión, ha subrayado, ha experimentado un aumento “muy importante” desde el año 2022. En lo referente a estas reclamaciones, Lezertua ha precisado que las listas de espera, las pruebas diagnósticas, la cita previa, las ambulancias o el pago de medicamentos “en algunos casos no autorizado” son los motivos que empujan a los ciudadanos de Euskadi a acudir a su oficina.

Vivienda

También ha señalado la vivienda como otro de los principales motivos de las quejas registradas este 2024. “Han subido mucho, quizás no tanto como la sanidad, pero recibimos muchísimas sobre la inscripción en el registro de vivienda, los retrasos en la adjudicación de vivienda, las dificultades de las viviendas de alquiler social, insuficiencias, humedades...”, ha enumerado. El volumen de reclamaciones, ha recalcado, ha llevado al Ararteko a dictar recomendaciones generales sobre todos estos temas.

En esta línea, ha reconocido también que las viviendas de uso turístico han acumulado quejas referidas a la inscripción en el registro de alojamientos turísticos, porque algunas comunidades de propietarios desaprueban la inscripción de este tipo de viviendas, ya que su actividad molesta al resto de los vecinos. Sin embargo, ha admitido que el Ararteko no puede intervenir en los conflictos entre particulares.

“Estos son conflictos entre particulares que tendrán que solucionarse por otras vías en las que el Ararteko no puede intervenir. En cambio, sí podemos intervenir cuando se trate de una infracción a la legislación turística vasca”, ha precisado Lezertua, quien ha llamado a los vecinos que se encuentren en esta situación a acudir primero al Departamento vasco de Turismo para formalizar una denuncia. “Si ésta no tiene respuesta o no es sastisfactoria, evidentemente intervendremos”, ha apostillado.

Preguntado por el buzón habilitado por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, para denunciar de manera anónima casos de cobro irregular de ayudas, Lezertua ha dicho que, aunque el fraude sea “mínimo”, el nuevo mecanismo puede “sobredimensionarlo”. “Es importante que se controle el fraude, pero no se puede generalizar y pensar que es grande, porque el número de casos es muy bajo”, ha asegurado el Ararteko, quien ha precisado que este último año sólo se han identificado en torno a 14. Otra de las cuestiones en torno a las que se ha pronunciado Lezertua es la obligatoriedad de la cita previa para acceder a determinados servicios públicos. El defensor del pueblo ha insistido en que esta no puede ser carácter obligatorio ya que, por un lado, “la ley no lo permite” y, por otro, “la implementación del sistema de cita previa exige un examen de la situación”.

Para defender su postura, Lezertua ha esgrimido como argumento que la Ley del Sector Público Vasco establece principios como la cercanía y la accesibilidad del mismo. Así, a su juicio, hay ocasiones en las que el sistema de cita previa contradice ambos principios, por ejemplo, cuando el solicitante se ve obligado a pedirla a través de medios electrónicos. “A veces uno no puede ir a un servicio administrativo y decir 'quiero una cita'. Se le dice que la pida a través del ordendador, pero, ¿qué pasa si no lo tiene?”, ha planteado. Por todo ello, ha advertido de que este sistema no puede ser “un impedimento” para el acceso de los derechos de los ciudadanos y a las prestaciones que les otorga el ordenamiento jurídico vasco. Sin embargo, ha puntualizado que la respuesta que está obteniendo a las recomendaciones emitidas “es positiva”.

Ley del Ararteko

En otro orden de ideas, Lezertua ha señalado que desaprobaría la idea de una modificación de la Ley del Ararteko -que este próximo 2025 cumple 40 años- para dotarle de capacidad sancionadora. Ha dicho que el Defensor del Pueblo de Euskadi “no es un tribunal”, sino una institución “que está ahí para atender las quejas ciudadanas y para intentar mejorar los servicios públicos y la atención que los servicios públicos y la administración dedican a los ciudadanos”. Ha aclarado, asimismo, que las recomendaciones del Ararteko no son para criticar, sino para intentar “mejorar la prestación de los servicios públicos” y que, por ello, introducir un sistema de recomendaciones obligatorias también incurriría en “una contradicción en los términos”.

No obstante, lo que sí ha pedido a las instituciones es que se preste “la atención debida” a las recomendaciones que emite el Ararteko y que todas ellas reciban respuesta. “Nos hemos encontrado en situaciones desagradables que una administración nos dice que no nos va a contestar”, ha censurado. Por otro lado, Lezertua ha recordado que está a punto de agotarse su segundo mandato al frente del Ararteko, concretamente, en mayo de 2025. Ha dicho que aún no hay fecha concreta para la finalización de sus funciones, pero ha señalado que, dos mandatos “son suficientes”.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo de Euskadi y una de sus instituciones de referencia, desea acometer una reforma de calado de su funcionamiento de cara a 2025, el año de su cuadragésimo aniversario. Después de un “largo y profundo proceso de reflexión y análisis”, el organismo ahora liderado por Manuel Lezertua ha elaborado un documento al que viene en llamar 'Informe ULETA' y, según ha podido saber este periódico, en él plantea medidas como ampliar de cinco a siete años el mandato de los defensores, que son elegidos por el Parlamento Vasco con una mayoría absoluta reforzada de tres quintos, dotarles de “inmunidad” penal y civil en el ejercicio de sus funciones, disponer de mayor capacidad “coercitiva” para que las instituciones cumplan con los requerimientos emitidos, reforzar la exclusividad de competencias del Ararteko para asuntos vascos frente al Defensor del Pueblo estatal o convertir también a esta oficina en la referencia para proteger a las denunciantes de casos de corrupción. Algunas de las peticiones se pueden aplicar directamente pero la mayoría requiere de una reforma de la ley reguladora del Ararteko de 1985 o incluso del Estatuto de 1979, hasta ahora nunca modificado.

Lezertua ha enviado el 'Informe ULETA' este mes de julio al Parlamento Vasco, que es la institución de quien depende el Ararteko a todos los efectos, incluso a nivel presupuestario. Así lo confirman fuentes de ambas instituciones. El plan va adjunto a una carta con destino a la presidenta, Bakartxo Tejeria. La misiva remarca que la ley de 1985 habilita al propio Ararteko a proponer una reforma de su funcionamiento y se fundamenta en que la Defensoría tiene que adaptarse a una sociedad diferente a la de hace casi cuatro décadas. Toca “consolidar y fortalecer” este organismo también a la luz de otro documento internacional llamado 'Principios de Venecia', ideado para la “protección” de la figura de los 'ombudsman'. “El 'Informe ULETA' no contiene una propuesta de texto articulado, pues no pretende agotar las posibilidades de reforma ni suplantar el papel del legislador a la hora de formular una reforma legal de la institución, sino simplemente llamar la atención sobre aquellos aspectos que, a juicio de esta institución, merecen ser considerados”, escribe Lezertua.

Con todo, el resumen de propuestas del 'Informe ULETA' tiene 34 páginas en su versión en castellano y es bastante concreto. Fue elaborado en junio, aunque no se había dado a conocer. En la introducción, se insiste en la necesidad de “consolidar y fortalecer la institución del Ararteko por su papel esencial en el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, de la buena administración y, en última instancia, en la protección y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

La primera de las medidas pasaría por retocar el artículo 15 del Estatuto para mencionar expresamente al Ararteko como “institución propia de Euskadi” y “eliminar” la referencia a la Constitución y al Defensor del Pueblo estatal. Se desea que queden blindados ahí también la mayoría “cualificada” de tres quintos de la Cámara necesaria para la designación del 'ombudsman' vasco (45 escaños de 75) y el “aseguramiento de la suficiencia financiera” de la institución. Igualmente, se aboga por “reconocer al Ararteko la exclusividad para la supervisión de la Administraciones vascas” hasta el punto de que se buscará un “convenio” con el Defensor del Pueblo del Estado para regularlo de modo inmediato hasta que se acometan las reformas legales demandadas.

Inmunidad penal y civil

Los titulares del Ararteko ocupan el puesto durante un período de cinco años prorrogable en una ocasión. Ahora, se solicita “un mandato único de al menos siete años” y “sin posibilidad de reelección”. También se demanda más libertad para configurar la estructura del organismo. Por ejemplo, se quieren plenas facultades para la “libre designación” del adjunto del Ararteko, el 'número dos'. Se haría “sin que requiera la conformidad parlamentaria explícita actualmente prevista”, aunque sí se admitiría un derecho a “veto” posterior de la Cámara sobre los nombres que plantee el defensor. Las dos últimas adjuntas del Ararteko han sido cargos procedentes del PSE-EE, Julia Hernández e Inés Ibáñez de Maeztu. Y se propone crear otra adjuntía, una especie de 'número tres' centrado en asuntos de “infancia y adolescencia”.

En la actualidad, el Ararteko tiene 36 cargos de confianza, denominados como “personal eventual”. Este grupo es mucho más amplio que los 14 funcionarios de carrera y los cinco interinos que allí trabajan y ha sido objeto de controversia desde hace años. A este respecto, el plan apunta a procesos de designación “basados en el mérito” y con convocatorias públicas. “El personal técnico de confianza, que será libremente designado y cesado [sic] por la persona titular de la institución, será elegido entre personas de acreditada cualificación y competencia para el puesto, con respeto a los principios de mérito, capacidad y publicidad”, se expone, aunque sin llegar a mencionar la funcionarización de la plantilla.

El Ararteko quiere mejorar también el estatus institucional de su titular. En concreto, demanda un “estatuto de inmunidad” que sería extensible igualmente a los adjuntos. Como referencia, se apunta a la posición de los parlamentarios autonómicos, blindada en el Estatuto. ¿Cuál es el marco de inmunidad de los parlamentarios? Éstos “serán Inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo” y “durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”. En el resto de España, están aforados ante el Tribunal Supremo. Se busca una “protección contra la responsabilidad penal y civil por los actos realizados de buena fe en el estricto ejercicio de sus funciones oficiales”. Igualmente, se quiere un defensor “debidamente remunerado” y con “compensación por jubilación” que esté “asegurada”. Ahora mismo, el salario de Lezertua, cuyo mandato expira en 2026 ya que fue renovado para un segundo quinquenio en 2021, es de 101.471,72 euros. Y el de la 'número dos', Ibáñez de Maeztu, de 91.834,12 euros. A cambio, los altos cargos tendrían un código ético donde se fijarían incompatibilidades y otras prácticas no decorosas.

El Ararteko quiere que la ley fije la “obligación” de todos los poderes públicos de “respetar” la independencia de la institución y de atender sus requerimientos. Se abre la puerta a reforzar la colaboración con la Fiscalía no solamente para informarle de posibles asuntos que revistan indicios de ser un delito sino “ante una falta de colaboración” de algunos organismos a la hora de trasladar información o atender a exigencias de este organismo. Es algo que ha sido ya denunciado por Lezertua en los últimos años. Hay que “incorporar a la ley del Ararteko la habilitación para ejercer distintos medios de coerción orientados a hacer cumplir a la Administración con su deber de colaboración”, se indica. Como ejemplos, se apunta en un listado a crear un “registro público” de “administraciones entorpecedoras”. “Esto incluye el derecho a un acceso sin trabas a edificios, instituciones y personas, incluyendo las personas privadas de libertad”, se plantea también. Quiere “revisar”, igualmente, que los parlamentarios puedan formular quejas ya que se entiende que responde a un “uso partidista” de esta institución.

El Ararteko busca ganar también nuevas competencias. Por ejemplo, desea poder controlar “servicios de interés general de titularidad privada”, como todo lo relativo a los derechos de los consumidores en colaboración con Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo). Pero, sobre todo, quiere convertirse en una referencia también contra la corrupción. Puede ser un organismo “de control” e “independiente” para “garantizar que las denuncias ciudadanas se examinen adecuadamente”. En definitiva, una “autoridad independiente en materia de protección de informantes de corrupción”. En Euskadi no hay ley de Transparencia y se han rechazado oficinas 'ad hoc' para ello aunque el Gobierno de Iñigo Urkullu, muy al final, accedió a transponer una normativa estatal y europea que regulaba un canal de denuncias internas dentro de la propia Administración. Precisamente fichó a un cargo del Ararteko, a Maite Basabe, para liderarlo.