Bajo el título Mapping the Akbarian Corpus ('Cartografiando el corpus akbariano'), en referencia a al-Shaykh al-Akbar (el Gran Maestro), como era conocido Ibn Arabi, Murcia acogerá el primer simposio internacional del Muhyiddin Archive Project (MAP), una iniciativa de la Muhyiddin Ibn Arabi Society dedicada a identificar y estudiar los manuscritos de Ibn Arabi y su escuela, dispersos por bibliotecas de todo el mundo. A través de la comparación de sus distintas versiones, la identificación de los copistas y el rastreo de citas y referencias entre las obras, los investigadores buscarán reconstruir las relaciones entre sus escritos y ahondar en la comprensión de su complejo pensamiento, así como en la forma en que este se ha transmitido a lo largo de los siglos.

Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del sufismo (corriente mística del islam) Ibn Arabi fue un niño de Murcia. Nacido en 1165, durante el gobierno de Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo, pasó sus primeros años en una ciudad andalusí de gran riqueza cultural. Sus viajes posteriores por el mundo islámico dieron paso a una extensa obra en la que exploró cuestiones universales como el amor, la existencia, la espiritualidad y la búsqueda del conocimiento, influenciado en el pensamiento de generaciones posteriores.

En 1990, con motivo del 750 aniversario de su muerte, Murcia acogió un primer congreso internacional sobre Ibn Arabi. Comenzaba así, de forma simbólica, un viaje en sentido inverso al que siglos atrás emprendió el pensador murciano. Hoy, ese viaje se repite: investigadores de diferentes lugares del mundo siguen sus huellas hasta la ciudad que lo vio nacer, movidos por una pasión compartida por su obra y la búsqueda del conocimiento.

Murcia se convertirá este fin de semana en un manuscrito antiguo, cuyo corpus invisible los visitantes podrán cotejar con la misma curiosidad y dedicación que los ha traído hasta aquí. Una invitación a redescubrir la historia de Murcia y a honrar a quienes dedicaron su vida a comprender la existencia, recordando el valor de pensar, sentir y hacer las cosas buscando el conocimiento verdadero.

Pesos pesados del partido, perfiles técnicos y concejales de algunos de sus ayuntamientos. Son algunos de los perfiles que ha seleccionado la ultraderecha en la candidatura de Vox al Congreso por la Región de Murcia para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Una lista que combina dirigentes consolidados, como Joaquín Robles y Luis Gestoso, con representantes de la gestión pública y la política local, y que se presenta en un contexto marcado por las crisis internas que han sacudido a la formación en los últimos años.

La lista llega, además, con algunas de sus figuras vinculadas a controversias recientes: desde las acusaciones de una exconcejala contra Gestoso hasta la investigada Aída Peñalver por la supuesta falsificación de documentos vinculada a la destitución de José Ángel Antelo como portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional.

Joaquín Robles, el relevo de Méndez Monasterio

El diputado de Moratalla Joaquín Robles se ha convertido en cabeza de lista en sustitución de Lourdes Méndez Monasterio, que había encabezado la lista en las tres últimas generales y anunció este lunes que abandonaba la política.

La diputada, hermana del asesor de Santiago Abascal, comunicó su decisión al partido el 15 de octubre, pocos días antes de que se abriera el plazo de presentación de candidaturas, y ha negado que su retirada guarde relación con las grabaciones publicadas en marzo en las que criticaba a la cúpula del partido.

Robles, que fue el número dos de Méndez en las convocatorias de 2019 y en la de 2023, nació en 1964, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y fue profesor en el IES San Juan de la Cruz de Caravaca. Obtuvo su escaño en abril de 2019, lo revalidó en noviembre de ese año y en 2023, y en la actual legislatura ejerce como portavoz de Educación de Vox en el Congreso.

Tras la caída de José Ángel Antelo, su nombre fue el más citado para presidir la gestora que debía sustituir al exlíder regional. Fuentes cercanas le describen como “un hombre gris de partido” y sin especial aceptación dentro del lobby kiko de Murcia, ya que en el pasado fue conocido entre el estudiantado por cuestionar la religión en sus clases.

En octubre de 2019 se encargó de presentar la proposición de ley con la que Vox pretendía derogar la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno de Zapatero, y en esa comparecencia, preguntado por la postura de su partido ante el franquismo, argumentó por qué, a su juicio, no tiene lógica condenar a ese régimen.

Luis Gestoso, de la guerra con Antelo a las acusaciones de Guerrero

Con el número tres vuelve a la lista el portavoz municipal en Murcia, Luis Gestoso, que ya ocupó ese puesto en las generales de 2109 y fue diputado en el Congreso entre noviembre de ese año y 2023.

Nacido en Cartagena en 1962, Gestoso fue durante ocho años director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Gobierno regional del PP, cargo del que fue cesado en abril de 2014, y al año siguiente pidió la baja voluntaria en un partido en el que había militado casi tres décadas.

Pasó después unos meses por Ciudadanos, que abandonó al ser imputado por una operación urbanística de su etapa como concejal de Urbanismo en Molina de Segura, causa en la que resultó absuelto. Ya en Vox, fue el negociador del partido en la investidura fallida de Fernando López Miras en 2019.

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional, fuentes cercanas lo sitúan entre las personas de la máxima confianza de Santiago Abascal al haber coincidido ambos en una etapa política en Euskadi, y su figura estuvo en el centro de la crisis que acabó con la salida de Antelo, con quien mantenía un enfrentamiento político abierto.

En mayo, la concejala María Guerrero abandonó el grupo municipal de Vox en Murcia, calificó de “insostenible” la situación interna y responsabilizó directamente a Gestoso, después de haber remitido varios informes internos a la dirección del partido.

En la misiva de despedida que publicó en sus redes sociales, lamentó, además, “que se están perdiendo perfiles muy válidos y queridos, y manteniendo otros que se han dedicado a la política toda la vida y que, sin la misma, desconozco si tendrían cabida en otra profesión” y denunció que “ahora se contrata a familiares y parejas de cargos”, una acusación que se produce cuando la coordinadora del grupo municipal, Nerea Alzola, ha sido relacionada sentimentalmente con Gestoso.

Aída Peñalver: de la Administración regional a las disputas internas de Vox

Sexta en la lista de candidatos de Vox, Aída Peñalver Martínez ha ocupado distintos puestos de responsabilidad bajo el paraguas de la ultraderecha. La pasada legislatura, desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024, fue secretaria general de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, dirigida entonces por José Ángel Antelo. Tras la salida de Vox del Gobierno regional, se incorporó al Comité Ejecutivo Provincial como responsable de Organización Territorial.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, Peñalver también ha sido asesora jurídica del grupo municipal en el Ayuntamiento de Murcia y ha coordinado, desde 2020, el grupo de trabajo de Vida, Familia y Natalidad de la formación de ultraderecha.

Sin embargo, su nombre no cobró protagonismo hasta febrero de 2026, cuando dimitió en bloque junto a otros cuatro integrantes de la dirección provincial en plena crisis interna de Vox en Murcia para forzar la caída del entonces líder regional del partido, José Ángel Antelo. La maniobra buscaba forzar un cambio en el liderazgo regional y evidenció las profundas diferencias existentes en torno a la gestión de Antelo y al control de la organización. El episodio situó a Peñalver en uno de los momentos más delicados de la estructura murciana del partido, marcado por las tensiones de la dirección territorial y la nacional.

Peñalver, actual coordinadora del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento murciano, es una de las dos personas investigadas por la presunta falsificación documental relacionada con la destitución de Antelo como portavoz del grupo tras aquella crisis. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena la ha citado en esa condición junto a un asesor del grupo, después de que Antelo denunciara que se había usado sin su autorización el certificado digital del grupo parlamentario, vinculado a él como portavoz, para tramitar su relevo. Vox sostiene que ninguno de los dos ha recibido justificación del juzgado.

Antonio José Candel: un cargo de confianza

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Murcia, Antonio José Candel Cano, número nueve en la lista de candidatos por Murcia, está vinculado a Vox al menos desde 2022, cuando trabajó como jefe de prensa de Juan García-Gallardo, entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León. A ese puesto, le siguió el de asesor de Antelo en su época de consejero de Interior. Y de su tierra natal dio otro salto territorial, esta vez a la Comunitat Valenciana, donde desempeñó el cargo de asesor (personal eventual) de la presidencia de las Corts Valencianes, presidida por Llanos Massó (Vox). Su retribución anual, como publicó elDiario.es, ascendía a 63.000 euros brutos.

A pesar de que desde la presidencia de las Corts se defendió su labor de asesoramiento en comunicación, las informaciones publicadas cuestionaron su presencia habitual en la institución y la distribución de sus funciones. Algunas fuentes situaban a Candel más en Murcia que en Valencia, donde le atribuían tareas orgánicas del partido. Entre ellas, la coordinación de los pactos municipales con el PP o la interlocución con la dirección nacional del partido. En marzo de 2026, la presidencia de las Corts justificaba el papel de Candel argumentando que combinaba el “teletrabajo” con la presencialidad.

Gonzalo López Pretel, el vicealcalde que cesó Arroyo

En el séptimo puesto figura Gonzalo López Pretel, portavoz municipal de Vox en Cartagena, que formó parte del Gobierno local como vicealcalde y concejal de Litoral y Sanidad hasta que la alcaldesa Noelia Arroyo lo cesó como primer teniente de alcalde responsable del área por decreto el pasado mayo.

Ese cese puso fin al pacto de Gobierno que PP y Vox habían firmado en noviembre de 2023, y llegó después de que los exconcejales de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo estudiaran una moción de censura con PSOE, Movimiento Ciudadano y Sí Cartagena con el objetivo de apartar a López Pretel del Ejecutivo municipal.

Ya en la oposición, López Pretel justificó el voto en contra de Vox a esa moción con el argumento de que su partido no facilitaría la entrada del PSOE en el Gobierno local.

María Castillo, bajo el foco por desalojos de personas sin hogar

María Castillo Castro, octavo puesto de la lista al Congreso por Murcia y concejala de Servicios Sociales en Lorca, quedó en el centro de la polémica tras los desalojos de personas sin hogar de dos edificios sin terminar durante una ola de frío en enero de 2026. Las actuaciones, realizadas por la Unidad del Padrón en colaboración con la Policía Local, afectaron a personas que utilizaban esos inmuebles como refugio.

Según publicó elDiario.es el 20 de enero de 2026, fuentes municipales confirmaron que Servicios Sociales no había solicitado intervenir ni había recibido derivaciones relacionadas con los desalojos.

“Las políticas sociales han caído en picado desde que está Vox en la concejalía”, aseguran fuentes del entorno municipal. “Parece que lo que más importa es que no se vea en la calle a las personas sin hogar, y el departamento que trabajaba con migrantes, para ayudarles con el empleo o el papeleo se lo cargaron de un plumazo”. Según las mismas fuentes, “hay muchas ayudas estancadas y se ha descuidado mucho a la gente, no tienen una agenda y la atención social directa ha desaparecido”.

Desde el entorno de las organizaciones humanitarias de Lorca lamentan que desde la llegada de Vox a Política Social en el Ayuntamiento “se ha activado el típico discurso sobre la retirada de las subvenciones a algunos colectivos”. Sin embargo, “son insinuaciones que no se han podido traducir en nada práctico por falta de competencias”.

La Junta Electoral ha requerido al Ayuntamiento de Cartagena que retire de su página web y del resto de canales institucionales una información sobre las obras de las calles Morería Baja y Cantarerías, publicada el pasado 13 de octubre por el Consistorio, al considerar que incumple la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Según denuncia el portavoz del PSOE en Cartagena, Manolo Torres, la publicación incluía un balance de las actuaciones y referencias a logros, una práctica que, de acuerdo con el artículo 50.2 de la LOREG, está prohibida durante el periodo electoral.

Torres sostiene que este caso evidencia el uso partidista de los canales municipales por parte de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y critica que, en lugar de ofrecer información de interés público, se utilicen para favorecer al Partido Popular. En este sentido, el socialista afirma que la alcaldesa ha convertido estos espacios en un “panfleto del PP”.

El portavoz socialista también cuestiona lo que considera un trato desigual hacia los grupos de la oposición. Según denuncia en una nota de prensa, mientras el Gobierno municipal utiliza los medios institucionales para difundir sus actuaciones, se limita el acceso de los partidos de la oposición a la web del Ayuntamiento.

“La alcaldesa sigue utilizando los medios institucionales para hacerse propaganda, a pesar de que la ley lo prohíbe”, afirma Torres, quien recuerda que los recursos municipales “pertenecen” al conjunto de la ciudadanía. “Hay que recordarle que los medios del Ayuntamiento de Cartagena son de todos los cartageneros, ni del PP ni de Noelia Arroyo”, concluye.

Tras casi un mes de movilizaciones vecinales contra el cierre del camino de servidumbre que una a las pedanías murcianas de Javalí Viejo y Javalí Nuevo, se han paralizado temporalmente las obras de la empresa armamentística de la zona.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Murcia, se ha derogado el decreto que autorizaba las obras de Rheinmetall-Expal, “hasta que se dote a los vecinos de un itinerario peatonal alternativo”.

“El Consistorio señala que no podrá procederse al cierre del paso solicitado por el Ministerio de Defensa y la empresa Rheinmetall Expal Munitions, por razones de seguridad y Defensa nacional hasta que estas construyan un recorrido peatonal alternativo”.

El documento inicial, firmado por la jefa de servicio de calidad urbana, la concejala delegada de Talento Joven y Espacios Públicos y la directora de la Oficina de Gobierno Municipal del consistorio murciano, le concedía a la empresa armamentística un año para tramitar el proyecto de un itinerario que comunicara a los vecinos del pueblo. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento emplaza también al Ministerio de Defensa la responsabilidad del nuevo trazado: “El recorrido definitivo y sus características deberá ser consensuado con los vecinos por el Ministerio con el objetivo de compatibilizar las necesidades vecinales con las derivadas de la actividad de la instalación”.

“El Ayuntamiento ha mantenido contacto permanente con vecinos, Juntas Municipales y responsables del proyecto para estudiar las afecciones de esta actuación y las alternativas que permitan compatibilizar las necesidades de movilidad vecinales con las expuestas por el Ministerio de Defensa, con el objetivo de minimizar su impacto a los vecinos”, han defendido.

La paralización ha llegado tras varias semanas de movilizaciones, después de que el pasado 6 de septiembre a los vecinos se les cortase este camino sin servidumbre sin previo aviso. Por ahora, la única vía alternativa para los vecinos es una estrecha carretera de doble sentido y sin arcén, que añade un par de kilómetros al recorrido original.

La noche del 24 de diciembre de 1998, Yecla respiraba calma. Las luces navideñas iluminaban las calles casi vacías mientras los vecinos se dirigían a la Misa del Gallo. Minutos después de la una de la madrugada, cuando los fieles abandonaban la Basílica de la Purísima, a menos de cien metros se estaba cometiendo uno de los mayores robos bancarios de la Región de Murcia.

El Banco Popular estaba vacío, con las persianas bajadas y los despachos a oscuras. Una vez dentro, los asaltantes inutilizaron los sistemas de alarma y se dirigieron a la cámara acorazada. Para perforarla utilizaron brocas diamantadas que requerían agua para evitar el sobrecalentamiento, lo que explicaría los charcos que encontrarían los trabajadores días después. Los ladrones actuaron sin testigos y con aparente tranquilidad. Nadie vio nada, aunque días más tarde una vecina reconocería haber escuchado ruidos aquella noche.

El atraco vuelve ahora a la actualidad con una miniserie de ficción inspirada en la trayectoria del delincuente que estuvo detrás del golpe. RTVE ha confirmado que la producción contará con tres episodios de 70 minutos cada uno y que el rodaje ha comenzado este mes de octubre.

La ficción, producida por RTVE y Atlantia Media, está ideada y dirigida por Joaquín Llamas, con guion de Manuel Ríos, Mónica Martín-Grande y Ángela Armero. La producción está valorada en 6,1 millones de euros y cuenta con una aportación de un millón de euros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Roberto Álamo interpretará a Ángel Suárez Flores, alias 'Casper', mientras que Rodolfo Sancho dará vida al inspector Pablo Losada, obsesionado con detenerlo. El reparto se completa con Adriana Torrebejano, como la inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de Sapo, colaborador de 'Casper'; y Cristina Alcázar, como Elvira Marcos, jefa de la unidad policial.

La trama recorrerá algunos de los principales golpes atribuidos a 'Casper', desde el robo de 18 millones de euros en el Banco Popular de Yecla hasta la sustracción de 19 cuadros en la vivienda de la empresaria Esther Koplowitz. También abordará la persecución policial que acabó poniendo fin a sus tres décadas de actividad delictiva.

El rodaje se desarrolla en distintas localizaciones españolas, entre ellas Madrid, Murcia, Yecla y Cartagena, además de Canarias. Bancos, mansiones de lujo, naves industriales, talleres de coches y puertos recrearán el universo de 'Casper' y su banda, con una ambientación inspirada en la España de finales de los noventa y principios de los 2000.

El cerebro del golpe

Ángel Suárez Flores, alias 'Casper', era uno de los delincuentes más buscados de España a finales de los años noventa y estaba especializado en robos mediante butrón. Junto a él operaban otros miembros experimentados, entre ellos Jon Imanol Sapieha Candela, conocido como 'El Sapo'.

La elección de Yecla no fue casual. A finales de los años noventa, la ciudad contaba con un potente tejido industrial y una intensa actividad económica. Muchos empresarios utilizaban las cajas de seguridad del banco para guardar dinero en efectivo, divisas extranjeras, joyas y documentos importantes. El Banco Popular se convirtió así en un objetivo especialmente atractivo para la banda.

La mañana después

El 26 de diciembre, a las ocho de la mañana, los empleados regresaron al banco y descubrieron lo ocurrido. “Nosotros nos dimos cuenta de todo lo que había pasado porque vimos los cables de la luz que iban desde el cuadro eléctrico hasta el sótano donde estaban las cajas de alquiler”, recuerda Francisco Castaño, uno de los trabajadores.

El botín superó las expectativas de los asaltantes. Tras abrir 90 de las 212 cajas de seguridad, decidieron marcharse.

La noticia comenzó a circular rápidamente por Yecla. La entrada del banco se llenó de clientes que intentaban averiguar qué había sucedido. Poco después de las nueve de la mañana, Carmen Ortín, delegada de Onda Regional en la localidad, recibió el primer aviso de un empleado que había encontrado agua en el suelo y señales de que alguien había accedido a la cámara acorazada.

La emisora pudo dar la primicia gracias a que mantenía su redacción abierta durante el puente de Navidad. En pocas horas, medios de toda España se hicieron eco del atraco, que también llegó a Televisión Española a través de su canal internacional.

Las pistas que condujeron a 'Casper'

Tras inspeccionar el banco, los agentes concluyeron que la precisión técnica del golpe apuntaba a una banda organizada y experimentada, no a delincuentes locales. Por ello, contactaron con la Unidad Central de Policía Judicial en Madrid.

El 29 de diciembre, dos funcionarios de la Sección de Crimen Organizado se desplazaron a Yecla para examinar los detalles del caso. Tras analizar la información disponible, señalaron al grupo liderado por 'Casper' como principal sospechoso.

Una de las pistas más llamativas apareció a principios de enero, cuando un individuo compró un Ferrari en Madrid con billetes húmedos y manchados de barro. Según explicó entonces el jefe de la comisaría de Yecla, se trataba de un técnico electrónico que había colaborado anteriormente con 'Casper'. A partir de esa información, los investigadores pudieron reconstruir parte de la estructura de la banda e identificar la participación de Jon Imanol Sapieha Candela, 'El Sapo'.

La identificación de la taladradora utilizada en el robo, de la marca Hilti, aportó otra pista relevante. Su compra pudo relacionarse con uno de los sospechosos, reforzando las evidencias contra el grupo.

La caída de la banda

En junio de 1999, la investigación había avanzado lo suficiente como para preparar las detenciones. La policía supo que uno de los investigados tenía previsto inaugurar un pub en Madrid y diseñó un dispositivo con agentes uniformados e investigadores.

El plan tuvo que adelantarse después de que uno de los sospechosos resultara herido en un atentado contra el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Tras adaptar el operativo a las nuevas circunstancias, los agentes procedieron a detener simultáneamente a los investigados, sin incidentes.

Durante los registros se intervinieron dinero, joyas, armas de fuego y bienes patrimoniales. También se bloquearon cuentas y propiedades en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

Un botín difícil de calcular

Determinar el valor total de lo sustraído resultó complicado. El auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia cifró en 2.829.510,76 euros la cantidad obtenida de la venta de los bienes y del dinero incautados a los delincuentes. Los afectados presentaron sus reclamaciones, con importes que oscilaban entre los 160 y los 217.365 euros.

La semana posterior al robo estuvo marcada por la tensión entre los clientes, que acudieron en masa a la oficina bancaria para exigir explicaciones. La entidad convocó una reunión multitudinaria con los afectados en el Salón de Actos de la Feria del Mueble.

Según el fundador y director del despacho Filamarket Abogados, la entidad ofreció inicialmente 3.000 euros por afectado, el límite del seguro que cubría las cajas de seguridad. La valoración de los daños se produjo en un ambiente de descontento ante la falta de soluciones.

El abogado también cuestionó la idea de que el botín estuviera compuesto principalmente por dinero no declarado. Entre los bienes denunciados figuraban divisas como dólares, marcos alemanes, libras esterlinas, florines y yenes, además de lingotes de oro, joyas, acciones, escrituras y documentos personales.

El camino hacia el juicio

El caso llegó al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Yecla, donde se tomaron declaraciones a los afectados para determinar las cantidades sustraídas.

La investigación se centró en los principales integrantes de la banda, entre ellos Ángel Suárez Flores, su esposa, Stela Liliana Lazurca, y Juan Manuel Candela Sapieha, además de otros colaboradores. En total, se formularon acusaciones contra 13 personas por delitos de robo con fuerza y blanqueo de capitales.

Entre los implicados también figuraba Miguel Ángel Camacho Álex, propietario de una administración de lotería en Manises, acusado de facilitar el blanqueo de dinero mediante resguardos de premios.

Condenas y responsabilidades

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, dictada el 27 de octubre de 2003, estableció distintas penas según el grado de implicación de los acusados. Los cabecillas, entre ellos 'Casper', fueron condenados por asociación ilícita y robo, con penas de hasta un año y medio de prisión, además de multas e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

Otros implicados fueron condenados por blanqueo de capitales. Las indemnizaciones fijadas variaron considerablemente, llegando en algunos casos a superar el millón de euros y en otros a rondar los 61.000 euros.

Miguel Ángel Camacho Álex fue condenado por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. La sentencia también le impuso una multa superior a 2,6 millones de euros y la inhabilitación para ejercer como responsable de una administración de lotería durante un año y medio.

Con el paso del tiempo, el atraco al Banco Popular quedó grabado en la memoria colectiva de Yecla. “Durante meses, fue el único tema de conversación en la ciudad, y durante un año los empleados del banco estuvimos bajo el ojo de la Policía”, recuerda Francisco Castaño.

La diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio ha anunciado este lunes en su cuenta de X que no repetirá como cabeza de lista al Congreso por Murcia en las elecciones del 29 de noviembre y que abandona la política para dedicar tiempo a su familia. La comunicación a su partido se produjo el pasado 15 de octubre y llegó a pocos días del plazo para registrar las listas, ya que la presentación de candidaturas al Congreso y al Senado se abre el 21 de octubre y se cierra el 26, y obliga a Vox a elegir un nuevo número uno en una circunscripción donde ha logrado alguno de sus mejores resultados. Méndez había encabezado la candidatura en las tres últimas generales, ya que fue la número uno en abril de 2019 y renovó el escaño en noviembre de ese año. En 2023 volvió a liderar la lista, con Joaquín Robles como número dos.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la diputada explica que “da un paso” al lado para dedicarse “con serenidad” a su familia. En el mismo texto agradece a Santiago Abascal “su confianza” y su “esfuerzo y valentía por el bien de España”. También reconoce el trabajo de “las innumerables personas anónimas” del partido y expresa su deseo de que Vox gane las elecciones “por el bien de los ciudadanos y por el bien de España”.

En conversación con elDiario.es Región de Murcia, Méndez ha reconocido que le ha costado dar el paso porque llega en vísperas de unas elecciones en las que espera un buen resultado: “He pasado toda la travesía del desierto. Me ha costado tomar la decisión porque ahora supongo y espero que haya que celebrar una victoria”. Añade que, aunque no vaya en las listas, seguirá “entregada al partido”.

“No deja de ser una mera anécdota”

El tono de la despedida contrasta con las críticas a la dirección de Vox que The Objective le atribuyó en marzo a partir de dos grabaciones, en las que reprochaba al partido el “ordeno y mando” de la cúpula, el trato a las mujeres y el abandono de la causa antiabortista para centrarse en la inmigración y el Pacto Verde, y llegaba a afirmar que en el partido “han descartado que las mujeres voten a Vox”.

Méndez niega que su retirada tenga relación con aquellas grabaciones que fueron publicadas“tres años después descontextualizadas”: “No, en absoluto. Después de 35 años dedicada a la política he pasado por muchos obstáculos”. Califica su difusión de “una actuación tan rastrera atacando a la propia intimidad” que “no deja de ser una mera anécdota que a quien retrata es a quien lo hizo”, en alusión a quien la grabó y a quien la publicó. También defiende lo que dijo en ellas: “Solo faltaba que uno no pudiera criticar a su empresa en la intimidad. Que alguien me diga si no lo ha hecho en algún momento”.

Nacida en Córdoba en 1957 y vecina de San Javier, Méndez Monasterio suma seis legislaturas en el Congreso. Según su ficha parlamentaria, ha sido diputada en la VIII, IX, X, XIII, XIV y XV legislaturas y es doctora en Derecho y abogada en ejercicio. Su primera etapa, con el PP, duró de abril de 2004 a enero de 2016, y terminó distanciada del partido de Mariano Rajoy por su política sobre el aborto. Su paso a Vox fue gradual, ya que comenzó a intervenir en actos de la formación en 2018, pero no se afilió hasta 2019. Ese mismo año fue elegida diputada por la formación de Abascal en las generales de abril. En esta última etapa ha sido portavoz de Vox en la Comisión Constitucional y en la de Reglamento.

Un resultado “histórico”

Durante toda su carrera, su perfil ha estado ligado al activismo contra el aborto y la eutanasia, y preside la asociación Familia y Dignidad Humana. Su nombre ganó peso en las generales de noviembre de 2019, cuando Vox fue la fuerza más votada en la Región, con el 27,95% de los votos y tres escaños. Tras aquel resultado, la diputada lo calificó de “histórico” y reconoció que no esperaban ser “la primera fuerza”. En 2023, la candidatura que encabezó bajó al 21,83% y a dos diputados.

Antes de llegar al Congreso, fue concejala y primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Javier y diputada en la Asamblea Regional. Entre 2002 y 2004 fue consejera de Trabajo y Política Social en el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel.

Las negociaciones entre Podemos, IU y Movimiento Sumar en la Región de Murcia para concurrir juntos en las elecciones generales del 29 de noviembre en la Región de Murcia han fracasado. Las conversaciones buscaban conciliar las posiciones de Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, quienes han defendido un acuerdo de ámbito estatal articulado en torno al Frente Amplio y la Podemos, que ha planteado una fórmula de confluencia propia, ajustada a la Región de Murcia.

Para el coordinador autonómico de IU, John David Bayback, las negociaciones no han sido un fracaso, ya que el Frente Amplio ha conseguido aunar a quince fuerzas, “aunque una decida ir por libre y se ha quedado incompleto”. “Nos hubiera gustado que hubieran sido 16, pero no ha sido por falta de intentarlo hasta el último momento”.

Bayback, a punto de entrar en el acto que celebra Frente Amplio que se celebra en Madrid ha dicho que quieren ir unidos en todo el país porque no son unas elecciones autonómicas. “No podemos responder a lo que pedía Podemos porque en la práctica era romper el acuerdo federal, incluso ofreciendo alguna propuesta específica para la región dentro del acuerdo federal con un cambio de denominación, haciendo una campaña sobre Murcia”. “Hemos hecho todo lo posible”.

Por su parte, el coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egió, ha manifestado en sus redes sociales que lo ha intentado “todo”. El pasado jueves ofreció a IU que asumieran el número uno de la candidatura por la Región de Murcia, inclusive el viernes llegaron a debatir la denominación para una candidadura unitaria de IU, Podemos y Sumar que se llamara Frente de Izquierdas de la Región de Murcia, como el que se pactó en Canarias o en la Comunitat Valenciana. “Hasta que IU federal ordenó pararlo todo”.

“El décimo escaño en la Región de Murcia podía haber sido para una enorme compañera como Penélope Luna. Y todo pinta que ahora será para Vox. Va a ser difícil explicar esto cuando llevamos años trabajando juntos en la Asamblea Regional, en los municipios y en los movimientos sociales”, ha afirmado Egío en su cuenta de X.

El acuerdo entre Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida (IU) para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en la Región de Murcia sigue en el aire, aunque las distintas formaciones mantienen abierta la posibilidad de alcanzar una candidatura unitaria. La negociación se centra en acercar la apuesta de Movimiento Sumar e IU por un acuerdo estatal en torno al Frente Amplio y la propuesta de Podemos de establecer una fórmula propia de confluencia adaptada a la realidad murciana.

El coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egío, defiende que el entendimiento en la Región no debe quedar supeditado a las discrepancias existentes en el ámbito estatal. Para respaldar su postura, reivindica el trabajo compartido durante los últimos años en la Asamblea Regional, los ayuntamientos y las movilizaciones sociales. “Nadie entendería que, aunque en Madrid no se pongan de acuerdo, no alcancemos un pacto aquí”, sostiene.

Egío rechaza que la unidad implique necesariamente la integración de Podemos en el Frente Amplio y apuesta por una coalición que tenga en cuenta las particularidades políticas de Murcia. “No creo que los votos de la Región de Murcia valgan menos que los de Canarias”, afirma, en referencia a los acuerdos alcanzados en otros territorios.

En la misma línea, el diputado murciano de Podemos Javier Sánchez Serna ha reclamado a todas las formaciones, incluida la suya, un esfuerzo para cerrar un acuerdo. A través de la red social X, ha advertido de las consecuencias políticas de una posible división: “Si no hay unidad, si con nuestra división contribuimos a la llegada de un gobierno de PP-Vox, quedaremos desacreditados para muchos años”.

Por su parte, IU-Verdes mantiene su apuesta por una candidatura unitaria y espera que Podemos se incorpore a las negociaciones o plantee una fórmula compartida que permita a todas las organizaciones concurrir juntas. El diputado regional de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha explicado que su formación se remite a la estrategia federal del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales y sitúa a Penélope Luna como su referente si se abre una negociación; mientras que en Podemos todavía no han definido quién será cabeza de lista.

Un acta de diputado desde 2016

Álvarez-Castellanos recuerda que la izquierda ha concurrido unida a las elecciones generales desde 2016 bajo distintas marcas electorales: Unidos Podemos, Unidas Podemos y Sumar, en 2023. Durante ese periodo, la izquierda ha revalidado el acta de diputado en la Región de Murcia a lo largo de cinco convocatorias electorales consecutivas.

En las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, Sumar agrupó a IU, Podemos, Verdes Equo y Más Región. Estos comicios constituyen el precedente electoral más reciente para analizar la representación de la izquierda en la circunscripción murciana, que reparte diez escaños.

En el ámbito autonómico, los acuerdos entre ambas formaciones han resultado más difíciles. En 2019, IU y Podemos concurrieron por separado a las elecciones regionales. En 2023, las negociaciones para presentar una candidatura conjunta estuvieron cerca de prosperar, pero finalmente no llegaron a buen puerto. Como resultado, ambas formaciones acabaron concurriendo juntas en la candidatura autonómica de Podemos.

Por su parte, Óscar Urralburu, secretario de Organización estatal de Movimiento Sumar, insiste en que “estamos trabajando en la línea de conformar un Frente Amplio, cualquiera puede sentarse para contribuir a este proyecto de construcción plural y diversa, para hacer frente a la oleada ultra que viene en España y en Europa”. Hasta las 23.59 “tenemos tiempo”, concreta. Para Urralburu la negociación se tiene que centrar de acuerdo al ámbito estatal, “a excepción de territorios como Canarias donde han planteado un Frente Amplio propio y hemos llegado a acuerdos con esas coaliciones, pero con partidos de ámbito estatal las coaliciones se cierran a ese nivel”.

Apilados sobre las estanterías de La Minerva conviven libros sobre antirracismo, antiespecismo o anarquismo; sobre una de las mesas se amontonan pequeños panfletos, en varios idiomas, con un mismo mensaje: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos” y, como un rastro de la memoria del barrio, el antiguo letrero de los cines Floridablanca permanece todavía en el local. Ahora, en este espacio de la calle Princesa de la capital murciana, se aprende español, se organizan asambleas, se cose, se hace autodefensa, se reparan objetos y se habla de vivienda.

La Minerva lleva un mes y medio abierta y es uno de los dos espacios desde los que Al Tresbolillo intenta volver a tejer comunidad en El Carmen. El otro es Casa Revuelta, en la plaza Actor Cecilio Pineda. Son dos locales cedidos por sus propietarios en buenas condiciones y que el colectivo quiere autogestionar, abriéndolo a asociaciones, colectivos y vecinos del barrio.

La inauguración oficial de ambos espacios será el 24 de este mes, aunque la fachada de Casa Revuelta ya ha sido vandalizada. El pasado viernes, el mural de las persianas que representa un pasillo que conecta Palestina a través del Mediterráneo con el símbolo del naranjo en flor y un bordado huertano tradicional pintado por el artista Taqi Spateen fue recubierto por las banderas de España e Israel.

En la orilla sur del río Segura, a un paso del centro de Murcia, El Carmen concentra a casi 25.000 vecinos siendo el más populoso de una capital con casi 480.000 habitantes. Figura entre los barrios con mayor presencia de población extranjera del país: el 36,2% de sus habitantes tiene otra nacionalidad, según los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística con datos de 2024. Es también un distrito con un patrimonio que forma parte de la historia de la ciudad, donde se encuentra el Jardín de Floridablanca, abierto en 1786 y considerado el primer jardín público de España; el Puente de los Peligros, que lo une con el casco antiguo; el antiguo Cuartel de Artillería, actualmente un polo cultural; y la estación de trenes Murcia del Carmen.

“La vivienda lo está cambiando todo”. José Daniel Espejo, uno de los fundadores de Al Tresbolillo, lo explica un martes por la mañana en La Minerva. Regenta la librería Libros Traperos y dedica, junto a otros miembros del colectivo, cuatro o cinco horas diarias de forma voluntaria a mantener en marcha el proyecto.

La vivienda es, para ellos, algo más que una reivindicación. Se ha convertido en un nuevo punto de conexión: “Esta crisis rompe todas las barreras y nos empuja a conectarnos con los demás”, explica Espejo.

Una técnica de la Huerta

Al Tresbolillo toma su nombre de una técnica tradicional de cultivo de la Huerta de Murcia: el tresbolillo, que distribuye las plantas en zigzag para aprovechar mejor el espacio. La imagen sirve también para explicar la filosofía del colectivo: personas y grupos distintos que mantienen su autonomía, pero se relacionan para hacer crecer algo común.

La necesidad de recuperar comunidad coincide con un momento de fuerte movilización por la vivienda y con un contexto político marcado por el avance de los discursos de exclusión. El grupo inicial de Al Tresbolillo rondaba las 15 personas. Ahora Espejo calcula que entre 40 y 50 participan de forma activa en asambleas y grupos de trabajo. “Por suerte, de todas las edades”, subraya.

“Éramos gente ya políticamente activa y había cierta red progresista que intentaba reforzar la vida comunitaria del barrio, la participación ciudadana y la convivencia”, cuenta Espejo.

Entre quienes formaban aquella red estaba también Isis, psicóloga y una de las fundadoras del colectivo. Pero el contexto del barrio empezó a cambiar y la actividad vecinal adquirió una dimensión más política. “Empezamos a ver movimientos xenófobos a nuestro alrededor y discursos de odio que estaban calando entre nuestras vecinas, señalando al migrante y vinculándolo con la delincuencia y la suciedad”, relata.

Una inseguridad “creada”

Con el lanzamiento de la asociación Mi Barrio del Carmen hace un año y medio comenzaron a detectar a su alrededor discursos contra la población migrante. Espejo considera que esos mensajes utilizaban un “campo semántico muy racista” para construir un relato sobre el barrio.

Una parte de esa disputa por el relato se produjo a través de las redes y de las conexiones televisivas que comenzaron a aparecer sobre el barrio durante la primavera del año pasado. Espejo recuerda que después empezó a escuchar en plazas, supermercados y bares a vecinos preocupados por la supuesta inseguridad de El Carmen. Él considera que buena parte de esa percepción era una “inseguridad además creada, que no se apoya en ningún dato real de violencia o de delito”.

La primera respuesta fue casi anónima. Empezaron a pegar por el barrio carteles con un mensaje sencillo: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos”. “Queríamos visibilizar, pero sin poner nuestras caras ni nada; no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo”, recuerda Isis. Algunos carteles duraban poco. Los arrancaban quienes no compartían el mensaje. Pero también se encontraron con frases como “Vecinas, no estáis solas” o con corazones, cuenta Isis.

La respuesta se hizo todavía más visible cuando abrieron los espacios. Algunos vecinos empezaron a acercarse para agradecer que existiera un lugar desde el que defender otra idea del barrio. “Cuánto me alegro de que esté esto, porque si no parece que todo el mundo se ha vuelto racista de repente”, recuerda Espejo que les decían.

El Carmen tiene, además, una tradición de movilización que ayuda a entender la facilidad con la que una reivindicación puede terminar en algo colectivo. Espejo lo define como un barrio “popular” y “trabajador”, pero también con un fuerte sentimiento de pertenencia.

Un laboratorio de “respuesta ciudadana”

Recuerda las movilizaciones por el soterramiento del AVE, la ocupación de las vías y el conflicto en torno al paso a nivel, así como las resistencias vecinales ante determinados cambios relacionados con la movilidad y la actividad comercial. “Son fenómenos que son muy locales y que terminan arrastrando a la sociología del barrio”, sostiene.

Ahora esa capacidad de organización se desarrolla en un contexto diferente. Espejo considera que la última oleada migratoria ha coincidido con una debilitación de algunos recursos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, un repunte del sinhogarismo y el auge de la ultraderecha.

“Todo eso ha convertido al barrio en un laboratorio de difusión de mensajes de odio. Pero también -y esa es nuestra parte- en un laboratorio de respuesta ciudadana, de convivencia, de democracia local y de esperanza”, afirma.

Con la apertura de los locales, “nuestra herramienta fundamental es la presencialidad”, dice Espejo. Frente a unas redes sociales que considera convertidas en una “maquinaria de confusión, desconfianza y miedo”, el colectivo apuesta por la posibilidad de encontrarse físicamente. “Encontrarte con el otro y hacer cosas juntos”, resume.

La Minerva es la expresión más concreta de esa apuesta. Cerca de 200 personas se han suscrito al proyecto, según Espejo. “Se ha llenado ya de actividades. Está que hierve esto”, resume Espejo.

Clases de español, karate feminista y un repair café

Las clases de español son una de las actividades con mayor demanda. Hay autodefensa y karate feminista. Dos veces al mes funciona un repair café, donde los vecinos llevan objetos estropeados para intentar repararlos juntos. Los martes se celebra un taller de poesía. También está 'Las Hacendosas', un encuentro de costura que no funciona tanto como un curso como un espacio para aprender unas de otras y, sobre todo, “juntarse a hablar y a echar la tarde”. Y hay un club de lectura sobre maternidades disidentes.

La Minerva sirve además para las reuniones de distintos colectivos. Allí se han encontrado personas procedentes de Mali y Costa de Marfil, el Sindicato de Vivienda, grupos de apoyo a Palestina y otras organizaciones sociales.

“Los vecinos y los colectivos que trabajan aquí, y la gente interesada en utilizar el espacio, tienen voz en su organización”, explica. Participan en los gastos, las normas de convivencia, la regulación de la actividad y los horarios.

La vivienda es uno de los principales puntos de conexión entre todas esas redes. El Sindicato de Vivienda de Murcia utiliza La Minerva para sus reuniones y asesorías colectivas. Cualquier vecino puede llevar allí un problema relacionado con el alquiler y buscar junto al resto posibles vías para afrontarlo. “La vivienda es una reivindicación fundamental en el barrio”, afirma Espejo.

El funcionamiento colectivo permite que alguien que llega con un problema no tenga que afrontarlo en solitario. El conocimiento acumulado por el grupo sirve para estudiar las posibilidades legales, negociar con un propietario o buscar alternativas ante un desahucio.

Toñi Rojo, trabajadora social de 31 años y miembro del sindicato, insiste en que quien acude a una asesoría no se convierte en usuario de un servicio: “No somos una ONG, no somos una entidad, no somos trabajadoras sociales. Tienes que hacerte partícipe de tu propio caso y se gestiona de forma colectiva”. En las asesorías, las vecinas que ya han pasado por una situación parecida cuentan cómo la resolvieron, y cuando varias personas comparten casero, como ocurre en algunos bloques con un único propietario, se ponen en contacto entre ellas. “Se trata de darle autonomía y herramientas a la gente para que pueda resolver sus propios casos y de colectivizar ese saber porque muchas situaciones se dan por falta de información o de recursos”, explica.

Jorge Molina, de 37 años, trabaja en administración y es uno de los portavoces del sindicato. Los problemas que llegan a las asesorías se repiten y uno de los más frecuentes es la negativa a devolver la fianza, “una práctica que han cogido”. Rojo añade los contratos de temporada que se renuevan año tras año para viviendas que en realidad son permanentes, los pisos sin contrato y los propietarios que impiden empadronarse porque no tienen la vivienda declarada. “Muchas veces el propietario se aprovecha del desconocimiento de una persona que no tiene estudios o que viene de otro país para poner cualquier cosa en el contrato, y nos encontramos con contratos ilegales”, explica. La mayoría de los casos, añade, tienen que ver con multipropietarios; muy pocos, con caseros que alquilan una única vivienda.

El sindicato llegó a La Minerva después de dos años celebrando asambleas allí donde les prestaban un espacio, en distintos barrios de la ciudad y con frecuencia en el local de la CGT, también en El Carmen. “Al final, nuestro epicentro ha sido el barrio del Carmen, que es un barrio con una situación de vivienda muy conflictiva”, explica Rojo.

La organización surgió en octubre de 2024 del entorno del Ateneo La Canalla, una asociación anarquista de Murcia, aunque después siguió su propio camino, y su punto de partida fue una concentración por la vivienda en la plaza de la Merced que reunió a mucha gente. “Nació de esa necesidad: la gente necesitaba un espacio donde hablar de sus situaciones, juntarse y trabajar sobre el tema”, recuerda Rojo. De aquella concentración salió una pequeña asamblea que dedicó sus primeros meses a fijar unas bases políticas, una estructura de comisiones y unos objetivos a medio y largo plazo.

Sin una vivienda estable no hay barrio

Molina fue uno de los organizadores de aquellas primeras movilizaciones. Cuenta que veían cómo surgían sindicatos de inquilinas en otras ciudades del país y que consideraban “imprescindible” que Murcia tuviera una organización capaz de “hacer frente a los intereses de los rentistas y los especuladores”. En la ciudad ya existía la PAH, con la que mantienen una “relación estrecha”, pero se había centrado en el problema hipotecario de la anterior crisis.

Para Rojo, sin una vivienda estable no hay barrio posible: “Si me tengo que estar mudando cada seis meses porque tengo un contrato temporal, ¿para qué voy a conocer a mis vecinas si me voy a ir?”. El efecto alcanza también a quienes se quedan porque “la persona que lleva 50 años en ese bloque ve que cada año pasan vecinas nuevas”.

Según Molina, la transformación de El Carmen se aprecia en “los locales comerciales que se están convirtiendo en vivienda o infravivienda”, muchos sin cédula de habitabilidad y algunos sin ventanas ni ventilación. El sindicato observa el mismo proceso, más lento que en ciudades como Málaga, en La Paz y la Fama, donde se multiplican los desahucios y los fondos compran pisos uno a uno para hacerse después con bloques enteros. “Son barrios que están muy cerca del centro y que, a la vez, están muy lejos”.

Esa presión cae con más fuerza sobre la población migrante, la misma a la que señalan los discursos sobre la inseguridad, y ‘El racismo también desahucia’ es una de las consignas del sindicato. Molina relata casos de propietarios que dividen sus viviendas en habitaciones y alquilan cada una a una familia a precio alto, y Rojo cuenta que cuatro mujeres con las que trabaja viven así. “Si vives en una habitación con seis personas no puedes integrarte, no puedes convivir porque no puedes traer a nadie a tu casa”, denuncia Rojo, que denuncia un “racismo inmobiliario” que afecta incluso a personas nacidas aquí con apellidos que no se identifican como españoles.  

La coordinadora del sindicato la forman hoy entre 20 y 25 personas voluntarias que compaginan la militancia con sus trabajos y cargas familiares. Rojo, que trabaja con mujeres migrantes en Molina de Segura, apunta que “dentro del tercer sector muchas veces la militancia no es posible porque estás atada de pies y manos, así que hay que llevarla afuera”.

“Si tenemos alguna esperanza de superar esta crisis y de recuperar formas de habitar las ciudades, es precisamente a través del asociacionismo, del sindicalismo de base y de las organizaciones de apoyo a la inquilina”, defiende Jose Daniel Espejo.

La integración es, en cualquier caso, uno de los retos que el propio colectivo reconoce. Isis admite que declararse antirracista no significa saber automáticamente cómo construir una convivencia intercultural: “Nosotras podemos ser antirracistas, pero creo que todavía nos falta mucho para tener códigos realmente de integración”, reconoce. Han creado un grupo de trabajo específico para aprender a hacerlo. La dificultad, explica, está en pasar de una posición de rechazo al racismo a construir herramientas concretas para convivir con personas que tienen experiencias y procedencias diferentes. “Cuando se trata de convivir, es que no sabemos hacerlo realmente”, explica.

“Islamización y pérdida del comercio local”

José Soler, jubilado de 66 años, preside la asociación Mi Barrio del Carmen, fundada en el verano de 2025 y que, según él, reúne a 500 personas en su grupo de WhatsApp y a 28.000 seguidores en redes, donde constantemente publica vídeos de peleas, hurtos o personas sin hogar en el barrio grabados por vecinos. Soler fue vocal de Vox en la Junta Municipal del Carmen, pero niega cualquier vínculo con el partido y asegura que le expulsaron precisamente por defender la neutralidad de la asociación: “Vox quiso quedarse con la sede y a mí me echaron de Vox por la asociación”. Afirma que entre sus miembros hay votantes de todos los partidos y que en el grupo está prohibido usar la palabra “moro”.

Soler también rechaza que la asociación vincule la inseguridad con la inmigración -“los delincuentes son los delincuentes y la gente de cada nacionalidad es su nacionalidad”-, aunque distingue entre los inmigrantes que llegaron hace años y los que han llegado “últimamente”, que en su opinión “no vienen a trabajar”. Preguntado por datos, responde que muchos vecinos no denuncian: “Las estadísticas están ahí, pero la realidad está en la calle”.

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia Fernando Sánchez-Parra también ha contribuido a difundir este tipo de discursos a través de vídeos dramatizados en sus redes sociales. En uno de ellos recorre el barrio de El Carmen mientras aparecen rótulos como “islamización y pérdida del comercio local”. La cámara se detiene ante el Café Al Baraka, en la esquina de la calle San Marcos, mientras el edil plantea a sus seguidores si “tu barrio también ha cambiado”. En otro momento, señala la apertura de una oficina de abogados especializada en extranjería, a la que acusa de colaborar con “las mafias y las ONG de la inmigración ilegal”, y contrapone el cierre de comercios tradicionales con la apertura de establecimientos que, según afirma, “los españoles ni usamos”. El vídeo remata con un “menos halal y más producto local”.

El discurso coincide con el que el concejal ha trasladado al debate municipal sobre El Carmen, donde vincula los cambios comerciales y demográficos con la inmigración. El pasado junio, Sánchez-Parra fue denunciado por la Policía Local tras un incidente en una zona de ocio de Murcia, cuando un aparcacoches de origen argelino aseguró que el edil le había amenazado con un espray de pimienta. Los agentes le intervinieron el aerosol al comprobar que no estaba homologado para su uso en España. Sánchez-Parra reconoció que lo llevaba, aunque afirmó que desconocía su ilegalidad y negó haberlo utilizado contra el hombre.

A sus 80 años, Jesús no se rinde. Lleva casi una década buscando los restos de Gabriel Navarro López, el tío de su padre, fusilado en Caravaca en 1939. “La última de sus hijas murió hace seis meses, a los 93 años, y le prometí que mientras pudiera no me rendiría”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia, visiblemente emocionado. Su objetivo es localizar sus restos y poner fin a una incertidumbre que ha atravesado varias generaciones de la familia. Gabriel, miembro del Frente Popular en la localidad, fue una de las víctimas de la represión franquista cuyo paradero sigue sin esclarecerse casi 90 años después de su muerte.

En esta búsqueda, Jesús cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia y del arqueólogo Miguel Mezquida, coordinador de la Asociación Científica ArqueoAntro, que participa en el procedimiento para investigar la zona, localizar la fosa y, si es posible, exhumar los restos.

“Queremos restituir la dignidad a la memoria de mi tío abuelo”, insiste Jesús. En estos años ha reunido documentación, ha tratado de contactar con familiares de otras víctimas y ha aportado una muestra genética para facilitar una posible identificación. “Nuestro ADN solo puede tener un 15% de coincidencias”, explica. Al ser su sobrino nieto paterno, “se analiza el cromosoma Y, cuya secuencia tiene que ser idéntica”, explica Marisol Schwab, antropóloga especialista en genética forense, colaboradora de ArqueoAntro e investigadora de la Universitat de València.

El camino, sin embargo, es largo. Todavía se desconoce la ubicación exacta de la fosa y hacen falta trabajos de prospección que permitan acotar dónde buscar. A la espera de que avance el procedimiento, Jesús teme que los plazos se alarguen aún más o que un cambio de Gobierno tras las elecciones termine bloqueando la investigación.

Una condena tras la Guerra Civil

Gabriel Navarro López, conocido como 'el Diente Teja', tenía 44 años cuando fue fusilado. Era alpargatero, estaba casado y pertenecía a la CNT y a la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Según Jesús, antes de la Guerra Civil no había tenido un perfil político destacado, pero el conflicto terminó llevándolo a la actividad política y al trabajo de abastecimiento de las tropas republicanas.

“El gran delito de Gabriel fue perder la guerra”, resume Jesús. Su compromiso con la República, según sostiene la familia, estuvo detrás de su condena. Aunque Jesús insiste en que las manos de su tío abuelo nunca estuvieron manchadas de sangre.

El investigador Vicente Juan Medrano Salamanca, autor del libro Consejos de guerra a mujeres. Condenadas en la Región de Murcia 1939-1944, ha estudiado las ejecuciones que se produjeron en la Región durante la posguerra. Según explica, en Caravaca fueron ejecutadas 44 personas tras el final de la contienda. Muchas fueron detenidas por su supuesta participación en el asalto al Castillo de la localidad durante la noche del 1 al 2 de octubre de 1936, cuando la fortaleza funcionaba como prisión y un grupo de personas asaltó el recinto, donde murieron once de los cuarenta presos. “Pero el testigo del fiscal fue en muchos casos el rumor público y aprovechando aquello se juzgó a mucha gente en el pueblo”.

Sin embargo, de acuerdo con Medrano, las declaraciones de Gabriel y de varios testigos apuntan a que no había participado en aquellos hechos. En ese momento, sostiene el investigador, cuentan que estaba hablando por teléfono con el gobernador civil de Murcia “para pedir el envío de fuerzas y tratar de evitar lo que finalmente ocurrió”.

La documentación consultada por Jesús recoge también valoraciones sobre la peligrosidad política de Gabriel para el nuevo régimen. En una nota a la que ha tenido acceso, el alcalde y el jefe local de Falange lo describían como un personaje “muy perjudicial para la nueva España”. Según relata, aquel señalamiento terminó de cerrar cualquier posibilidad de escapar a la condena.

Gabriel tuvo la oportunidad de emigrar, “pero no lo hizo porque pensaba que no corría peligro y no llegó a imaginarse que podía acabar fusilado”.

Una fosa que todavía no está localizada

Gabriel fue fusilado a las seis de la mañana del 20 de octubre de 1939, el mismo día en que el padre de Jesús cumplía veinte años. La familia tuvo que afrontar entonces las dificultades para enterrarlo. “Les pidieron un ataúd para enterrar a mi tío y unas tasas que tenían que pagar en el Ayuntamiento, pero no tenían un duro y tenían mucho miedo de acercarse a la casa consistorial por si había represalias”, relata Jesús.

Según su testimonio, consiguieron trasladar la caja en una borriquilla cuando ya había anochecido. El enterrador alumbraba los cadáveres con un farol para tratar de reconocerlos. La familia pudo localizar a Gabriel, pero, según la versión que ha llegado hasta Jesús, el cuerpo se quedó sin enterrar porque no se habían abonado las tasas municipales.

Décadas después, la familia sigue sin saber dónde están sus restos. Jesús cree que pudieron ser depositados en una zona del cementerio distinta de aquella en la que se produjeron los fusilamientos. Una tía que vivió aquellos días “acudía a dejar flores en uno de los posibles emplazamientos”. Un recuerdo que se ha convertido en una pista para la familia.

En 2019, cuando se cumplían 80 años de los fusilamientos, se celebró un homenaje en el cementerio de Caravaca. Fue entonces cuando Jesús decidió dar un nuevo impulso a la búsqueda. En 2022, el equipo arqueológico de ArqueoAntro visitó el recinto y documentó indicios que podrían ayudar a orientar los trabajos, entre ellos posibles impactos de proyectiles en las tapias y una esquina donde, según los testimonios, pudieron ser enterradas algunas de las víctimas.

“Se sabe que los fusilaron en la parte alta del cementerio, a la derecha, y es probable que los enterraran en una fosa en la parte izquierda”, explica Jesús. No obstante, la ubicación no está confirmada. Tampoco se sabe cuántas personas podrían encontrarse en ella ni si existe más de un enterramiento.

El siguiente paso pasa por realizar prospecciones y, si se confirma la ubicación, proceder a la excavación. Miguel Mezquida explica que en estos casos el trabajo se apoya en buena medida en la tradición oral y los testimonios familiares.

Una tramitación que puede prolongarse años

La búsqueda también depende de la financiación y de los trámites administrativos. Mercedes Nicolás, presidenta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), explica que existen varias vías para impulsar una exhumación: a través del ayuntamiento correspondiente, mediante las subvenciones estatales canalizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias o con fondos del Ministerio destinados a las comunidades autónomas.

En el caso de Gabriel, finalmente se optó por presentar directamente la documentación ante el Ministerio competente en Memoria Democrática. El procedimiento requiere paciencia. “Suelen tardar cerca de año y medio”, indica.

Miguel Mezquida recibió el expediente de Gabriel en agosto, cuando la convocatoria de subvenciones para proyectos municipales ya estaba próxima. “No llegábamos a tiempo. Además, esta vía requería la intervención del Ayuntamiento y la alternativa fue acudir directamente al Ministerio”, explica el arqueólogo. Incluso si el procedimiento avanza sin contratiempos, la familia tendrá que esperar. “Si todo fuese bien, podría estar a finales de 2027 o principios de 2028”, calcula.

A los plazos administrativos se suma la incertidumbre política. Jesús teme que un cambio de Gobierno tras las elecciones pueda paralizar o ralentizar los trabajos y dejar de nuevo la búsqueda en suspenso.

Una preocupación que se enmarca en las críticas de los colectivos memorialistas por la falta de impulso institucional a las exhumaciones en la Región. De hecho, Murcia se encuentra entre los territorios con menor actividad exhumadora registrada en las últimas décadas. Mezquida sostiene que en Murcia no se han desarrollado exhumaciones científicas en el marco de las políticas actuales de memoria democrática y apunta a la falta de una ley autonómica específica, de recursos estables y de un banco regional de ADN como obstáculos para avanzar en la localización e identificación de las víctimas.

De la mano de la Federación, Mezquida participó en la elaboración del Catálogo de Fosas de la Región de Murcia, un proyecto destinado a documentar los enterramientos y las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Según explica, durante esos trabajos no identificaron fosas susceptibles de exhumación en las condiciones previstas para el catálogo. El arqueólogo apunta que, durante la dictadura, algunos restos fueron trasladados a panteones familiares, aunque en muchos casos no se identificaron con nombres y fotografías hasta la Transición.

La falta de intervenciones científicas recientes no significa que nunca se hayan realizado trabajos de recuperación de restos en la Región. Mezquida recuerda una intervención llevada a cabo en 1979 en el cementerio de Espinardo, en Murcia, donde se exhumaron cinco fosas. Se trata, no obstante, de un antecedente distinto de las investigaciones arqueológicas y forenses que se reclaman actualmente para localizar, recuperar e identificar a las víctimas.

“Siempre he dicho que, si los republicanos hubieran ganado la guerra, alguna plaza llevaría el nombre de mi tío abuelo Gabriel”, reflexiona Jesús en voz alta. “Todos los muertos de la parte de Franco están enterrados con subvenciones de todos los españoles y ahora nos dicen que no confrontemos, pero realmente no queremos confrontación, solo queremos dignidad y paz”, sostiene.

La Junta Electoral Provincial de Murcia ha archivado de forma unánime la denuncia del PSOE contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por criticar a Pedro Sánchez durante una declaración institucional en el Palacio de San Esteban posterior al anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas solicitaron la apertura de un expediente sancionador contra el jefe del Ejecutivo regional por una posible vulneración de la Ley Electoral, al tiempo que exigieron la retirada del vídeo de la comparecencia de la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

En su resolución, aunque la Junta Electoral no considera que los mensajes del presidente de la Región de Murcia fueran políticamente neutrales, ha recordado que se pronunciaron antes de que comenzase legalmente el periodo electoral. Y es que, las declaraciones se produjeron el 5 de octubre, mientras que la convocatoria electoral no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el día 6.

Es por ello que la Junta Electoral va a permitir que continúen en línea el vídeo de la declaración institucional, además de las publicaciones en redes sociales: “No existe norma ni criterio interpretativo que establezca que, iniciado el periodo electoral, todas las noticias publicadas referidas a actos anteriores, por tanto, válidos, deban retirarse”, ha detallado la resolución.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, señaló la portavoz del Partido Socialista en la Región de Murcia, Isabel Gadea.

“¡Gentuza, cabrones!”, han sido algunas de las lindezas que ha proferido la concejala de Participación Ciudadana de Torre Pacheco, Ginesa Conesa (PP), a los manifestantes acampados por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid.

Las imágenes, publicadas por la propia concejala en sus redes sociales, la muestran grabándose en la plaza, junto a la Real Casa de Correos y a pocos metros de las tiendas del campamento.

“Sindicalistas, coméis del pesebre del sindicato”, ha vociferado directamente a los manifestantes. Mientras tanto, un grupo numeroso de personas encapuchadas y con el rostro tapado se colocaba frente al campamento. En la concentración se exhibieron banderas preconstitucionales y simbología de la ultraderecha y se realizó el saludo fascista.

La edila no solo ha dedicado insultos a los manifestantes de Sol, también cargó contra el presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez, a la mierda”. La concejala ha alternado los improperios con alabanzas al rey: “¡Viva España y viva el Rey!”.

Tras lo ocurrido, el PSOE ha exigido a Ginesa Conesa su dimisión inmediata y ha pedido al alcalde que la cese de forma “fulminante” y le retire las delegaciones de Pedanías y Participación Ciudadana. “Si el alcalde la mantiene en el gobierno, estará avalando que una concejala suya se codee con la ultraderecha más violenta. El silencio del PP también será una respuesta”, ha advertido la portavoz.

En la movilización ultra contra los acampados de Sol, se vieron banderas y saludos franquistas. Cinco personas han sido detenidas y un policía ha resultado heridos por los incidentes que provocaron.

López Miras tilda la acampada de Sol de “insalubre”

Tras los ataques que sufrieron los acampados en la Puerta del Sol por grupos de extrema derecha, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha rechazado desde Bruselas “cualquier actitud violenta” y “agresiva” como las que se sufrieron en el centro de Madrid.

En el mismo aliento, llamó a reflexionar contra la naturaleza de la acampada: “No es normal que una manifestación esporádica, que una acampada coyuntural, se esté convirtiendo en un asentamiento estructural y permanente”.

Según el jefe del Ejecutivo regional, la acampada, “sin agua corriente, sin electricidad, sin energía y sin unas condiciones mínimas de higiene y sanidad”, muestra unas condiciones “insalubres”.

El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) ha denunciado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ante la Junta Electoral Central por la utilización del Palacio de San Esteban para realizar “un acto de marcado carácter partidista” inmediatamente después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El PSRM ha solicitado la apertura de un expediente sancionador a Fernando López Miras “por vulnerar la Ley Electoral”, así como la retirada del vídeo de la web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, considera que López Miras ha vuelto a utilizar una institución pública “como si fuera la sede del Partido Popular” y reclama que la Junta Electoral determine si su actuación vulnera el principio de neutralidad institucional y las limitaciones establecidas por la legislación electoral.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, ha señalado.

La portavoz socialista ha recordado que el propio López Miras ya tiene un precedente en esta materia. En mayo de 2023, durante la campaña electoral de las autonómicas, el entonces candidato del PP presentó en el Palacio de San Esteban el Torneo Carlos Alcaraz. La Junta Electoral Provincial concluyó que la nota de prensa, las intervenciones de López Miras y la elección de la fecha del acto tenían “connotación electoralista” y suponían una “infracción electoral”.

“Es especialmente grave que tengamos que volver a denunciar al presidente por utilizar San Esteban con fines políticos cuando ya existe una resolución de la Junta Electoral que le advirtió precisamente por un acto de estas características en el mismo lugar”, ha afirmado Gadea.

La portavoz del PSRM también ha recordado que en aquella campaña electoral la Junta Electoral Central llegó a incoar un expediente a López Miras por utilizar su correo oficial como presidente de la Comunidad para enviar a los funcionarios una comunicación sobre la jornada laboral de 35 horas.

“Los antecedentes son claros. Los recursos y los espacios de la Administración no pertenecen al Partido Popular. Son de todos los ciudadanos y deben utilizarse con absoluta neutralidad, especialmente cuando estamos ante un proceso electoral”, ha subrayado.

“Lo que hizo López Miras en San Esteban este lunes no fue una comparecencia institucional para informar a los ciudadanos. Fue una intervención partidista en la que atacó al Gobierno de España y presentó las urnas como una oportunidad para cambiarlo. Y todo ello desde la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, ha añadido Gadea.

En este sentido, Gadea ha reclamado a López Miras que “deje de confundir sus responsabilidades como presidente de la Comunidad con sus intereses como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia”.

“San Esteban no es la sede del PP ni la Presidencia de la Comunidad el cortijo electoral de López Miras. Los medios y las instituciones públicas no están para hacer campaña ni para servir a los intereses de un partido, son patrimonio de toda la ciudadanía y no vamos a consentir que se usen con fines partidistas”, ha concluido la portavoz del PSRM-PSOE.

Medio centenar de vecinos de las pedanías murcianas de Javalí Nuevo y Javalí Viejo han paralizado temporalmente el cierre del camino que quedará para uso exclusivo de una empresa armamentística de la zona, Rheinmetall-Expal. Los vecinos han perdido su conexión peatonal después de que el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Murcia ordenasen de forma unilateral el cierre “por motivos de seguridad ciudadana y defensa nacional”.

Lo que comenzó como un encuentro entre vecinos con medios de comunicación fue escalando hasta convertirse en una concentración improvisada en la que, al grito de “¡obra ilegal!”, vecinos de todas las edades han comenzado a zarandear el vallado, para después retirarlo de forma definitiva.

“¿Dónde está la licencia de obra? Solo tienen permiso para un vallado y están abriendo un socavón para construir un muro”, denuncia José Francisco Navarro, expedáneo de Javalí Viejo y uno de los portavoces de la plataforma vecinal. El decreto por el que el consistorio murciano autoriza a Rheinmetall el corte del camino autoriza, concretamente, “la ocupación de la vía pública para la instalación de vallado y puertas para limitación de acceso a la fábrica de pólvora”. Este medio ha preguntado al Ayuntamiento sobre la existencia o no de una licencia de obra, sin éxito.

“Tengo que ir a Javalí Nuevo porque mi hermana está empotrada en una cama, desde que se cortó el camino no puedo ir a cuidarla”, lamenta Josefa, una vecina de 74 años de Javalí Viejo, al tiempo que señala que no existe transporte público que comunique de forma directa ambas pedanías: “Te llevan a Alcantarilla [un municipio colindante] y de allí a Javalí Nuevo”.

La petición de clausura de este camino fue ratificada por el Ministerio de Defensa, que encomendó al Ayuntamiento de Murcia su puesta en marcha. El cierre, tal y como denuncia la alcaldesa pedánea de Javalí Nuevo, María Jesús Barquero, se hizo a espaldas de las dos poblaciones: “Se lo han comunicado a la Junta de Hacendados, a Bomberos, a Patrimonio, a Tráfico y a una asociación de regantes. Pero no han avisado a las dos pedanías afectadas”.

Un quebradero de cabeza no solo para la población local, también para los regantes. “Debajo del camino pasa la acequia de Churra la Nueva y la de La Aljufía. El tablacho de riego sale por la portería de la fábrica y pasa por debajo, ¿nos van a dejar entrar a abrir la llave de riego cada vez que necesitemos agua?”, señala Pedro Antonio, propietario de una parcela.

Una hora antes de lo sucedido, en una plaza de Javalí Viejo, los vecinos han comenzado a recoger las primeras firmas en contra del cierre del camino: “Queremos ejercer un poco de presión al Ayuntamiento. No pueden dar permisos [de cortar la vía] sin contar con la gente del pueblo”, explica Antonio, residente de la pedanía, hoja de firmas en mano.

Mientras el camino permanece cerrado, la única vía alternativa para los vecinos es una estrecha carretera de doble sentido y sin arcén, que añade un par de kilómetros al recorrido original: “Vengo todos los días a trabajar, a dar gerontogimnasia a los vecinos. Antes cruzaba la servidumbre y llegaba en un momento, pero ahora tengo que ir por la carretera con coches pasándome al lado a 70 kilómetros por hora”, señala Natalia, otra afectada.

Una alternativa podría tardar más de un año en llegar, tal y como señala el propio decreto del Ayuntamiento: “En el plazo máximo de doce meses desde la notificación de la autorización, el promotor deberá presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud para la tramitación del proyecto del itinerario peatonal alternativo comprometido”.

“Rheinmetall se ha comprometido a promover y habilitar este itinerario alternativo, cuyo trazado previsto discurrirá por el perímetro de las instalaciones e incluirá una acera dotada de iluminación. La empresa asumirá íntegramente la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y su financiación”, han detallado desde el consistorio murciano.

600 puestos de trabajo

Desde el Ayuntamiento de Murcia aseguran que el cierre del camino de servidumbre viene motivado por una ampliación de las instalaciones de la fábrica: “La ampliación de la capacidad industrial implica la puesta en marcha de nuevas instalaciones y la definición de nuevas zonas de seguridad. Estas nuevas necesidades hacen necesario comunicar directamente los dos recintos de la fábrica, actualmente separados por un camino abierto al tránsito peatonal”.

“El crecimiento previsto de la fábrica permitirá además incrementar de forma importante su actividad y empleo. Actualmente, trabajan en estas instalaciones alrededor de 400 personas y la ampliación prevista permitirá alcanzar cerca de 1.000 trabajadores en los próximos tres años, lo que supone la previsión de cerca de 600 nuevos empleos que contribuirán a dinamizar la economía de Javalí Viejo y de su entorno”, adelantan desde el consistorio.

Una convivencia incómoda

Existen registros de la pedanía de Javalí Viejo desde finales del siglo XIII, y los primeros documentos de la Fábrica de la Pólvora no aparecen hasta mediados del siglo XVIII. El camino de paso, entonces, era a través de una barca, puesto que aún no se habían soterrado las acequias que separaban ambos municipios. Pero el recorrido fue el mismo, incluso cuando se instaló más tarde el histórico camino de servidumbre que ahora corta el complejo.

Ya en la Guerra Civil, la Fábrica de la Pólvora sufrió una serie de bombardeos, pero no fue hasta los años 70 cuando se comenzó a considerar apartar a las instalaciones de la población local. Un proyecto por el que el Ministerio de Defensa llegó a adquirir unos terrenos para efectuar el traslado, pero que se truncó tras el descenso de la producción de la pólvora, y lo que entonces se pensaba que sería el cierre de la Fábrica.

La historia reciente entre las dos poblaciones murcianas y la armamentística ha estado marcada por los ruidos, los olores intensos y los accidentes laborales. El pasado año una deflagración en las instalaciones del complejo provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos. Entonces fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica aseguraron que estaba operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallaron las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

“Soportamos cuando hay pruebas de pólvora, una vez al mes pegan cañonazos enormes. Si la detonación es pequeña te molesta en el oído, pero cuando es un obús te deja sordo unos cuatro o cinco segundos”, detalla el antiguo pedáneo.

“Estamos acostumbrados a lidiar con esto. Ya desde pequeño, estando en clase, recuerdo como temblaban los cristales de las ventanas cada vez que hacían una prueba”, describe Samuel, un joven residente en Javalí Viejo.

Pero el ruido de la fábrica, para los vecinos que viven pared con pared, es “incesante”: “Ahora fabrican también por la noche, es como el motor de un avión. Nos está resultando imposible dormir”, describe una vecina que vive a escasos metros y prefiere no identificarse.

A esto hay que sumarle los fuertes olores que emanan del complejo al anochecer, y que se extienden por todo el complejo: “Volviendo de hablar con el director de la fábrica sobre el cierre del camino de servidumbre tuve que subir las ventanillas del coche por el olor a éter, que me hacía toser. Y así siempre”, explica la alcaldesa pedánea.

Dudas sobre uso de tecnología israelí

Un informe del Centre Delàs que publicó el pasado mes de marzo elDiario.es analiza la aplicación del Real Decreto-ley aprobado en septiembre de 2025 para limitar las relaciones armamentísticas con Israel. El estudio concluye que la norma no ha supuesto el fin de estos vínculos y señala que continúan vigentes contratos con empresas de la industria militar israelí por un valor cercano a 1.200 millones de euros, entre ellos los relativos a los misiles Spike LR2 y al sistema SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad).

El informe 'Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel' apunta que el contrato del SILAM, valorado en cerca de 700 millones de euros y adjudicado al consorcio Escribano y Rheinmetall-Expal, plantea dudas sobre el uso de tecnología israelí. Aunque las empresas encargadas del proyecto han propuesto una alternativa nacional para sustituir los componentes de la empresa israelí de tecnología militar y defensa Elbit Systems, el Centre Delàs reclama al Ministerio de Defensa que aclare si esa tecnología podría seguir incorporándose de forma indirecta a través de la filial alemana de Elbit o del programa EuroPULS.

Cuerpos femeninos inclinados por el esfuerzo, telas que pesan, el gesto concentrado de un trabajo repetido una y otra vez: lavar, escurrir y cargar para volver a empezar. Si hay una imagen grabada a fuego en la retina —y en el corazón— de la periodista y escritora murciana Toya Viudes de Velasco es el de las lavanderas que llevan años mirándola desde el otro lado del tiempo a través de un lienzo.

Primero en casa de sus abuelos en Valencia, luego en Murcia, en la de sus padres. Pero lo que aquella niña jamás imaginó es que aquel cuadro terminaría colgado en las paredes del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y que ella misma acabaría desempeñando un papel fundamental en la recuperación del legado artístico de su creadora, aquella mujer a la que durante décadas la familia había llamado, simplemente, tía Rosario.

Porque sí, en 2024, Lavanderas (1934), un cuadro de gran formato pintado como regalo de bodas a su hermano Luis —el abuelo de Toya—, salió del salón familiar para formar parte de la exposición dedicada a su autora, Rosario de Velasco, en el Thyssen. Fue entonces cuando la familia tomó verdadera conciencia de la dimensión de aquella pintora cuyo nombre prácticamente había desaparecido del relato general de la historia del arte.

La anécdota resume casi perfectamente la paradoja de Rosario de Velasco: mientras la postal de Adán y Eva (1932) —considerada su obra maestra— es la más vendida en la tienda del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, buena parte de su producción seguía siendo desconocida para el público y para la propia familia. ¿Qué había ocurrido con la obra de aquella artista, representante del “retorno al orden”, experimentado por las vanguardias europeas en el periodo de entreguerras, que en 1932 obtuvo la segunda medalla de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes?

Ahora, 'Rosario de Velasco. Del olvido a la memoria', una exposición comisariada por Alicia Ventura y Toya Viudes, desentraña el misterio y vuelve a reunir sus cuadros en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, en Murcia, donde podrá visitarse hasta el 29 de noviembre.

Un llamamiento en redes para recuperar un legado

Si Lavanderas permaneció siempre cerca de la familia, muchas otras obras de Rosario de Velasco habían seguido caminos completamente diferentes. Unas estaban en museos; otras, la mayoría, en colecciones privadas que habían pasado de generación en generación; y algunas permanecían prácticamente ocultas. Toya decidió buscarlas.

“Recuperar la obra de mi tía abuela ha sido un proyecto de media vida”, explica a elDiario.es Región de Murcia. “Había que localizar cuadros, comprobar atribuciones, reconstruir su procedencia y averiguar dónde habían terminado las obras que se habían dispersado con el paso del tiempo”, rememora. La dificultad era evidente: muchas no estaban en instituciones culturales, sino en casas particulares. Entonces llegaron las redes sociales.

En 2023, Toya hizo un llamamiento público para intentar localizar las obras desaparecidas. Lo que podía haber quedado reducido a una búsqueda familiar terminó convirtiéndose en una investigación colectiva. Personas que conservaban cuadros comenzaron a ponerse en contacto con ella. “Las redes sociales han sido fundamentales para recuperar la obra de Rosario”, subraya.

Uno de los casos más significativos fue Pensativa (1935). Después de escuchar una entrevista a Toya, Cristina, hija del pianista Guillermo González Hernández, reconoció el cuadro de aquella mujer con la blusa roja y recostada sobre su brazo izquierdo a quien su padre dedicaba sus ensayos. Inmediatamente, se puso en contacto con ella para reconectar la obra con su autora: Rosario de Velasco.

Aparecieron también otras piezas, como Maternidad (1933) y Gitanos (1934), además de retratos, bodegones y dibujos. Cada hallazgo añadía una pieza a un puzle que llevaba décadas incompleto.

La operación tuvo un resultado extraordinario: en 2024, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza organizó una retrospectiva que reunió una treintena de pinturas realizadas entre los años veinte y cuarenta del siglo XX, además de trabajos de Velasco como ilustradora. Algunas de las obras procedían de colecciones privadas y pudieron contemplarse públicamente por primera vez. Toya Viudes participó en el proyecto como comisaria junto a Miguel Lusarreta. “Siempre pensé en grande para Rosario, pero el Thyssen no estaba en mi radar”, reconoce.

La de Rosario fue la segunda exposición que el Thyssen dedicó a una española tras la de Isabel Quintanilla. Para su familia, la recuperación de la memoria de la pintora tuvo una dimensión tan emocionante como surrealista: “Recuerdo los autobuses por Madrid con imágenes de los cuadros que mis padres tenían en casa”, cuenta Toya.

La exposición de Murcia llega ahora con un planteamiento diferente. Si la muestra del Thyssen permitió devolver a Rosario de Velasco al gran circuito artístico y recuperar buena parte de su producción anterior y posterior a la Guerra Civil, 'Del olvido a la memoria' quiere ampliar todavía más la mirada.

“A diferencia de la exposición en el Thyssen, la exposición de Murcia muestra su obra más allá de la época de la guerra”, explica Toya. Y ahí aparece la artista madura. Ella, a sus 70 años, es cuando decía “ahora sé pintar”. Por eso a su sobrina nieta le ilusiona especialmente “poder mostrar la obra de la que se sentía más orgullosa, y que es la que hizo en sus últimos años, pintando en Sitges y exponiendo en pequeñas galerías”, afirma.

La guerra que partió una vida en dos

Recuperar a Rosario de Velasco implica también enfrentarse a una biografía atravesada por la política y la Guerra Civil. Rosario estuvo vinculada en su juventud a Falange Española y al entorno de la Sección Femenina. Durante la Guerra Civil fue detenida en Barcelona y encarcelada en la Modelo. Consiguió salir gracias a la intervención de su entonces prometido, Xavier Farrerons Co, con el que después se casó y tuvo a su única hija, María del Mar. “A Rosario la sacaron de la Modelo escondida en una carretilla gracias a que Xavier era amigo del médico de la prisión. Si no, estaría muerta. A su compañera de celda la fusilaron”, cuenta Toya.

La trayectoria política de Rosario es, además, uno de los elementos más complejos de la recuperación de su memoria. Tras la guerra, “que le partió la vida en dos”, vivió en Barcelona, continuó trabajando y colaboró con la revista ‘Vértice’, una destacada publicación ilustrada de ideología falangista. Pero Toya insiste en contextualizar la militancia de su tía abuela desde su propia perspectiva: “En la Transición fue acusada de falangista, un movimiento al que ella perteneció siendo muy joven cuando significaba libertad. De hecho, nunca quiso saber nada de Franco, y jamás trabajó para el Régimen”. La cuestión resulta fundamental: cómo estudiar a una artista sin convertir su ideología en una etiqueta que explique por sí sola toda su trayectoria.

Sin embargo, para el escritor y crítico de arte australiano James McArdle, experto en el análisis crítico e ideológico la obra de Rosario de Velasco, las escenas cotidianas pintadas por la artista —como Madre e hijo o Gitanos— no son meros retratos costumbristas o enternecedores. En el análisis del profesor, representan “la imposición artística de los roles tradicionales de género de la época”, donde la mujer es retratada casi exclusivamente en su “función reproductora y doméstica, desprovista de agencia política individual”. Por eso, para McArdle, “podemos admirar su arte, pero debemos ser conscientes de su seducción y estar preparados para ver a través de él esa capa de ideología oculta a plena vista”.

“La historia del arte está incompleta”

El caso de Rosario de Velasco conecta con una cuestión mucho más amplia: la invisibilización histórica de las mujeres. Durante décadas, su nombre permaneció en una de esas zonas de sombra en las que la historia cultural española ha dejado deliberadamente ocultas a tantas mujeres artistas. Su obra quedó relegada mientras el relato de la Generación del 27, a la que perteneció, se consolidaba alrededor de nombres masculinos. Ni su talento, ni su participación en la vida cultural de la preguerra, ni las contradicciones de su trayectoria política fueron suficientes para evitar que su figura, como las de otras Sinsombrero, se desdibujara en los manuales de arte y en la memoria colectiva.

Para María Ponce Murcia, historiadora del arte y doctora en Estudios de Género, el problema comienza incluso en las aulas. “En la enseñanza de la historia del arte se sigue el mismo modelo educativo de hace 30 años y eso, desde la perspectiva de género, hace que la información aparezca disociada, descontextualizada y con enormes lagunas”. Ponce señala también las resistencias a revisar los relatos establecidos: “En el ámbito docente hay reticencias a reconstruir la historia a partir de las nuevas investigaciones. Muchas veces es simplemente por una negativa a contradecir a viejos referentes académicos”.

La invisibilización también puede producirse por la ausencia de exposiciones retrospectivas, la falta de estudios monográficos, la escasa presencia en las colecciones de referencia o la repetición de un relato histórico que privilegia unas trayectorias frente a otras.

En el caso de las mujeres artistas, la pérdida de documentación, la dispersión de sus obras y la menor atención académica han contribuido a perpetuar esa desigualdad. La consecuencia es que muchas creadoras deben ser redescubiertas varias generaciones después, cuando ya no pueden explicar su trabajo en primera persona.

Para Ponce, sin ellas “la historia del arte está incompleta”. Y lo seguirá estando mientras el mercado del arte “lo sigan dominando sota, caballo y rey”. “No interesa que salga a la luz el verdadero papel que han jugado las mujeres en este ámbito, porque todo el tinglado se les desmontaría”, vaticina antes de plantear una hipótesis inquietante: “A saber la cantidad de obras consideradas anónimas cuyas autoras fueron mujeres o que están identificadas con el nombre de sus maestros o, directamente, de sus maridos”.

A Rosario de Velasco le ocurrió. Durante años, La matanza de los inocentes (1936), perteneciente a la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia, fue atribuida a otro pintor con sus mismas iniciales —Ricardo Verde—, sin que la autoría de la artista fuera restituida hasta 1995.

Por eso, su historia obliga a seguir mirando alrededor para descubrir cuántas otras artistas siguen esperando que alguien encuentre sus cuadros, reconstruya sus trayectorias y les devuelva el lugar que les corresponde en la historia del arte.

Dos decretos fracasados y acampadas repartidas por todo el país. En tan solo una semana, el tablero de juego de la vivienda ha dado un vuelco dos veces, volviendo al punto de partida después del ‘no’ de PP, Vox y Junts a apoyar las medidas. Mientras las fichas continúan moviéndose, se siguen firmando desahucios. Una realidad que Dani, Aurora y sus tres hijos tienen muy presente, después de conseguir parar por segunda vez su 'lanzamiento'. “Estamos más tranquilos que en verano. Por lo menos, tenemos una puerta abierta a negociar con el fondo, que es lo que nosotros queríamos”, celebra Dani. Hace medio año, la pareja recibió “por sorpresa” una carta de desalojo para ellos y sus tres hijos de 10, 17 y 23 años, este último con un 45% de discapacidad. “Vino un representante del fondo con un cerrajero a cambiar la cerradura. Menos mal que mi mujer estaba ese día en casa”.

“Nos llamaron okupas y nos dijeron que nos teníamos que marchar”, recuerda Dani. La familia, que lleva 19 años viviendo en el piso, nunca ha dejado de pagar el alquiler, tampoco las facturas de luz, comunidad y agua. Les desahuciaban, explica Dani, porque el juez no admitió la validez de su contrato de alquiler: “No hicieron valer ni el contrato, ni los pagos, ni nada”. La primera orden de lanzamiento llegó el pasado 30 de julio. En ese momento, gracias a la acción de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la presión social, se logró aplazar hasta el 28 de septiembre.

De acuerdo con el afectado, el anterior propietario dejó de pagar el piso, que acabó en manos de una entidad bancaria y, finalmente, de un fondo de inversión: “En ningún momento nos notificaron que esta vivienda se dejó de pagar, ni que se había subastado, ni que había pasado a ser propiedad de un fondo”.

“Vino un perito a echar fotos”

En otras palabras, entidades bancarias y fondos de inversión tuvieron conocimiento de la venta del piso mucho antes que los propios habitantes de la vivienda, que descubrieron lo ocurrido cuando ya era demasiado tarde: “El banco nunca nos informó de la subasta, ni nos ofreció la posibilidad de comprar. Ellos sabían que el piso estaba en alquiler. Hace tiempo, no sé si porque el propietario intentó revisar la hipoteca o algo así, vino un perito del banco a echar fotos y a ver el piso”.

Como muchos otros, la familia vivió este proceso a ciegas: “No teníamos ninguna forma de contactar directamente con el fondo. Simplemente, nos vinieron del juzgado que teníamos que abandonar la vivienda”.

Ahora, con la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa, Dani se muestra “esperanzado”: “Esperamos llegar a un acuerdo. Desde un principio trasladamos nuestro deseo de adquirir la propiedad”.

Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 45 desahucios al día en España y dos diarios en la Región de Murcia en los primeros tres meses de 2026.

“Solo a finales de este mes de septiembre teníamos diez desahucios, hemos conseguido parar al menos ocho. No paran de llegar”, describe José Antonio Vives, portavoz de la PAH en Murcia. La repercusión que tiene el caso de Maricarmen ha sido fundamental, ha sido la gota que ha culminado el vaso, pero detrás hay muchos casos“.

La Paz, en el punto de mira

La familia de Aurora y Dani reside en el humilde barrio de La Paz, una zona que, por su proximidad al centro de Murcia, ha atraído la atención de fondos de inversión: “Sabemos que le ha pasado a más gente. Ha habido más desahucios en la zona, aunque desconozco sus circunstancias”, explica Dani.

De acuerdo con los datos del INE, la renta media anual de la zona apenas supera los 8.000 euros anuales, un 43% menos que la media del municipio. “En el barrio viven muchas familias vulnerables allí que se estaban acogiendo al escudo social. Ahora los fondos están reactivando las ejecuciones”, resume Vives. El pasado febrero, PP, Vox y Junts tumbaron por segunda vez el decreto que incluía la renovación del escudo social: “Han pasado seis meses, hemos visto una explosión de casos”.

Ahora que los nuevos decretos de la vivienda han caído tras el voto en contra de las derechas, Vives afea el rechazo del Gobierno regional a poner en marcha los controles del precio de la vivienda y el alquiler vigentes en la Ley Estatal de Vivienda: “No se ha hecho nada. En Barcelona con los mecanismos aplicados la han bajado un 7%. Puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no las aplicas no sirven de nada”. Pese a que en 12 municipios hay barrios que cumplen los requisitos para declararse zonas de mercado tensionado, el Gobierno regional se ha negado a ello. En noviembre del año pasado el Ejecutivo regional sorprendió, además, al denegar ayudas directas al alquiler ya concedidas a miles de jóvenes desde 2023, alegando falta de presupuesto: “Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes”, justificaron.

La Consejería no especificó ni el número de personas que se habían beneficiado de esa subvención ni cuántas se quedaron fuera del proceso, pero insistió en que el importe aportado bajo el marco del Plan Estatal de Vivienda resultó “escaso” para sufragarlas: “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6141,45 euros (3853,25 euros en 2025 y 2288,20 euros en 2026)”, defendió Fomento en una carta enviada a los solicitantes, indicando que la cantidad del siguiente expediente para conceder (12.420,00 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.

Ahora, en plena crisis de la vivienda, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado “la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de los últimos años” con 16 millones para llegar a 2.300 jóvenes.

La Región de Murcia ha experimentado uno de los mayores encarecimientos en los precios de la vivienda libre en los últimos meses. Según el INE, el incremento fue de un 15,6% en el primer trimestre de este 2026. El precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3%. Unos porcentajes que superaron con creces a la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

El desahucio de Maricarmen sigue marcando la agenda política mientras las protestas por la situación de la vivienda se suceden en todo el país. Miles de personas -más de veinticinco mil, según los organizadores y 4.500, según Delegación de Gobierno- han acudido a la manifestación convocada por el Sindicato de la Vivienda y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a las 18.00h en la Plaza de la Cruz Roja de Murcia, cuyo lema era ‘Hacia la huelga general contra el rentismo’.

Los manifestantes han recorrido, a pesar de la lluvia, la avenida Teniente Flomesta y la Gran Vía al grito de “Vecina, escucha, el barrio está en lucha”, “¿Qué pasa, qué pasa que no tenemos casa?” y “No toleramos ni un desahucio más”.

También se han escuchado proclamas como “Miman al casero, desahucian al obrero”, “Sol aguanta, Murcia se levanta” y “Rebeca, joder, rebaja el alquiler”, en referencia a la alcaldesa murciana, Rebeca Pérez, al pasar por delante del Ayuntamiento capitalino en la plaza de la Glorieta, mientras los manifestantes hacían tintinear sus llaveros como señal de protesta.

Uno de los portavoces del Sindicato, Jorge Molina, ha señalado que tras estas protestas se ha notado “un cambio de actitud” en las delegaciones de Gobierno e incluso en los fondos buitre “ya que se han paralizado una cantidad de desahucios que no se hubieran conseguido de otra manera”.

“Pero se está demostrando que no es suficiente. Tenemos que seguir presionando: ya sea con este Gobierno u otro, con elecciones o sin ellas y conseguir contratos de alquiler indefinidos, bajar drásticamente el precio de los alquileres, parar todos los desahucios y recuperar las viviendas que están en mano de los fondos buitres y ponerlas al servicio de la clase trabajadora”.

El portavoz de la PAH, Paco Morote, ha denunciado que en la Región de Murcia la situación de la vivienda “está peor que en el resto del Estado porque tenemos los salarios más bajos de todo el país, además de que los precios del alquiler se han disparatado hasta hacerse inaccesibles, los precios de compra de vivienda son imposibles y el Gobierno regional no hace nada”.

“Me parece una injusticia que haya gente que trabajando y poniendo de su parte no tenga derecho a una vivienda digna y no pueda tener perspectivas de futuro siquiera. Es imposible acceder a una vivienda y es un derecho”, ha señalado María, de 27 años, quien ha acudido a la convocatoria acompañada de amigos. “Como sociedad no podemos seguir aguantando que la vivienda sea un producto de mercado en vez de un derecho básico y fundamental”, ha apuntado Jorge, otro manifestante.

El delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha denunciado que “los jóvenes de la Región ven cómo los precios de la vivienda suben sin ningún tipo de control, al tiempo que hay familias que viven con miedo a ser desahuciadas”. “O se está al lado de la gente o se está al lado de los fondos buitres”, ha zanjado.

Para la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, “esto no va solo de los dos decretos que se tumbaron el viernes. También va de un Gobierno que no ha hecho nada por solucionar el mayor problema de la gente trabajadora de este país. El PSOE votó en el Congreso en contra de iniciativas de Podemos para topar los alquileres, prohibir los fondos buitre o regular los alquileres turísticos”.

Desde CCOO de la Región de Murcia, su secretaria general, Teresa Fuentes ha reconocido que se está produciendo un punto de inflexión en el tema de la vivienda. “También tenemos un problema con los salarios y no se puede pagar ni el alquiler ni la vivienda. Por eso es importante que la indignación de la ciudadanía confluya en una gran movilización social y laboral”.

En el sindicato consideran que los beneficios empresariales están en máximos históricos y tienen que verse trasladados a los salarios. “Mañana habrá una reunión en el comité confederal de CCOO para dar voz a las personas trabajadoras que están sufriendo esta situación”, ha explicado Fuentes.

La convocatoria ha finalizado su recorrido frente a la sede del Gobierno regional, el Palacio de San Esteban.

El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha exigido este jueves, en el tercer aniversario del incendio de las discotecas de Atalayas que se cobró la vida de 13 personas, la creación de una comisión de investigación independiente, compuesta por expertos, “donde no puedan estar los mismos políticos” que provocaron la tragedia.

“Tres años después, aquí, en los solares donde estaban las discotecas Teatre y la Fonda Milagros solo queda un inmenso vacío y una gran sensación de injusticia, porque los verdaderos responsables políticos no han pagado por ello”, ha denunciado Egío.

El portavoz morado ha apuntado hacia los concejales Antonio Navarro (PP) y Andrés Guerrero (PSOE), que “debieron haber cerrado estas discotecas cuando suponían un evidente peligro” y que a día de hoy “siguen en sus puestos como si nada hubiera pasado”. 

Egío ha cargado también contra la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento de Murcia, la cual “se suspendió en falso, y ni siquiera se publicaron sus conclusiones”. “PP y PSOE se han dedicado a taparse entre ellos. Si permitimos que los responsables de la tragedia de Atalayas salgan impunes, esto volverá a repetirse”, ha concluido. PP y Vox tumbaron asimismo en la Asamblea Regional, en noviembre de 2023, un mes después del incendio, una iniciativa de Podemos para crear una comisión de investigación independiente.

El escenario político de la Región de Murcia sufriría un cambio significativo si las elecciones autonómicas se celebraran en estos momentos, según el Barómetro de Verano de 2026 del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) hecho público este jueves. El Partido Popular seguiría en la primera posición, aunque el avance de Vox sí que modificaría la composición del bloque de la derecha. El PSOE perdería varios de los escaños obtenidos en 2023.

El CEMOP advierte que el trabajo se desarrolló entre el 1 y el 17 de septiembre, “en un contexto de elevada intensidad política, que debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados”. En el ámbito nacional, apuntan, “el inicio de septiembre estuvo condicionado por la crisis de Ceuta”.

La estimación sitúa al PP con un 43,1% de los votos y conseguiría entre 21 y 22 diputados. La formación de Fernando López Miras conservaría prácticamente el mismo apoyo registrado en las últimas autonómicas y se quedaría a una distancia de uno o dos escaños de la mayoría absoluta, situada en 23 parlamentarios.

El movimiento más destacado, sin embargo, sería el de Vox. El partido alcanzaría el 25,4% de los sufragios, con 12 representantes, tres más que en 2023 y se convertiría en segunda formación en la Asamblea Regional, después de haber partido del 17,9% de los votos en las anteriores elecciones.

Según el análisis del CEMOP, unos 20.000 antiguos votantes del PP se decantarían por la formación de Santiago Abascal. Al mismo tiempo, más de 60.000 electores que votaron al Partido Popular en 2023 permanecerían actualmente indecisos.

El PSOE pierde terreno

El retroceso más acusado correspondería al Partido Socialista. La estimación le atribuye un 17,7% de los votos y una representación de entre nueve y diez diputados, frente a los 13 que consiguió en 2023. El descenso también se refleja en la fidelidad de su electorado. Más de la mitad de las personas que respaldaron al PSOE en las últimas autonómicas se encuentra indecisa o ha trasladado su apoyo a otros partidos.

Con una previsión de nueve o diez parlamentarios, el PSOE podría situarse por debajo de los 11 escaños, lo que supondría sus peores resultados en unas elecciones autonómicas en la Región de Murcia.

En cuanto a Podemos, su intención de voto pasa del 4,8% registrado en 2023 al 5,3%, aunque la estimación mantiene sus dos diputados. La formación seguiría, por tanto, sin alcanzar los tres representantes para disponer de grupo parlamentario propio.

La opinión sobre el Gobierno central

El barómetro también analiza cómo valoran los ciudadanos la situación política nacional. Una amplia mayoría, el 82,7% de los entrevistados, considera que Pedro Sánchez tiene “mucha o bastante responsabilidad política” en relación con las investigaciones y los escándalos que han afectado a personas vinculadas al Ejecutivo.

La percepción es especialmente elevada entre quienes se declaran abstencionistas y también supera la mitad entre los propios votantes socialistas.

Los líderes políticos no llegan al aprobado

Ninguno de los dirigentes incluidos en la encuesta alcanza una valoración media de cinco puntos. Entre los líderes autonómicos, López Miras obtiene un 4,7 sobre 10. Francisco Lucas y María Marín se quedan en 2,5 puntos, mientras que Rubén Martínez Alpañez, incorporado por primera vez a esta medición como referente autonómico de Vox, recibe un 2,6.

La valoración también es baja entre los principales dirigentes nacionales. Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,8, Santiago Abascal un 3,6 y Pedro Sánchez un 1,9. Sánchez es, además, el dirigente nacional con mayor grado de conocimiento entre los participantes en el estudio.

La inestabilidad meteorológica que acompaña a la Región de Murcia esta semana no hará más que intensificarse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja los avisos por tormentas en parte de la Comunidad autónoma para este jueves y viernes.

En concreto, se ha incrementado la alerta en la zona del Noroeste en la jornada de hoy, donde podría llegar a acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Un aviso que, como el del resto de la Región, comenzará a las 14 y terminará a las 23:59 horas. En las otras zonas afectadas - las comarcas del Altiplano y la Vega del Segura- se mantienen vigentes los avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas.

En concreto, la Aemet prevé este jueves una caída de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Yecla y Jumilla, una cifra que asciende a 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En la Vega del Segura se pueden llegar a acumular unas precipitaciones de hasta 15 litros en una hora.

Esta mañana, el director del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur) ha decretado la fase de preemergencia. También se ha informado a los ayuntamientos afectados y servicios de emergencia que pudieran verse involucrados.

Para el viernes, la Vega del Segura, el Campo de Cartagena y Mazarrón y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán bajo aviso naranja desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. En una hora, podría llover hasta 40 litros por metro cuadrado. La alerta se mantiene como amarilla en el Altiplano y el Noroeste, esta vez desde las 12.00 hasta la medianoche, con el potencial de acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado.