La comunidad académica murciana pierde a uno de sus investigadores de referencia en materia de suelos contaminados. El catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y doctor en Ciencias por la Universidad de Murcia, Ángel Faz, ha fallecido este domingo a los 59 años.

Dirigió durante años el grupo de investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (GARSA) de la UPCT, desde el que impulsó investigaciones relativas a la contaminación de suelos y aguas. Sus estudios sobre la presencia de metales pesados y la recuperación de terrenos degradados por actividades mineras, industriales y agrícolas tuvieron especial repercusión en Cartagena y la Comarca.

A partir de las cuatro de la tarde de este lunes comenzará el velatorio del catedrático, ubicado en el Tanatorio de Jesús de Murcia. Al día siguiente, el martes a las 18:15, tendrá lugar la misa corpore insepulto.

El pasado año salió a la luz uno de sus últimos trabajos, un estudio sobre la contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena. El documento, encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad Politécnica de Cartagena, no estuvo exento de polémica. Colectivos ecologistas y la oposición acusaron al Gobierno regional de pretender ocultar el estudio, mientras que el Ejecutivo murciano llegó a comprometerse a solicitar a la Politécnica la devolución de la subvención que financió el estudio.

En esta investigación, detectó que los suelos del entorno de la Sierra Minera Cartagena-La Unión presentan concentraciones de metales pesados que “alcanzan niveles excepcionalmente elevados y pueden representar un riesgo significativo tanto para la producción agrícola como para la salud humana si no se aplican medidas de manejo adecuadas”.

Más de medio año después de la crisis interna de Vox, con implosiones en Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León, Santiago Abascal aún no ha conseguido recoger todos los escombros. Después de que Vox expulsase del partido a su antiguo presidente provincial y portavoz del grupo en el Parlamento murciano, José Ángel Antelo, el diputado no ha abandonado su escaño en la Asamblea Regional. Permanece en el Grupo Mixto junto a otra desencantada de la formación de extrema derecha, Virginia Martínez.

Frente a otros residuos que los de Abascal han logrado depurar del resto de parlamentos regionales, Antelo y Martínez representan en Murcia la fragmentación de la extrema derecha y tienen el potencial de cambiar el tablero político de la Comunidad. El PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, podría desembarazarse de la dependencia que hasta ahora ha mantenido con Vox. “Con la implosión de Vox, se abren las posibilidades de negociación a Fernando López Miras. El PP es el principal beneficiario en el corto plazo de esta escisión del partido de Vox”, apunta el director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU), Alberto Mora.

“Vamos a un modelo de final de legislatura más transaccional, con una negociación casi iniciativa por iniciativa. Tanto a Vox como a Antelo se les plantea un reto porque, por un lado, tienen que diferenciarse entre ellos, y por otro tienen que conseguir ser visualizados por parte de la opinión pública como partidos posibilistas, de gestión”, abunda.

De esta forma, podríamos estar ante unas negociaciones presupuestarias muy diferentes a las del pasado ejercicio. Entonces el proceso fue agónico, sellado en junio, y los populares tuvieron que ceder, concesión tras concesión, para contentar a los de Abascal, siendo las más polémicas el cierre de un centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz y la eliminación de subvenciones a sindicatos y patronal.

“Tanto Antelo como Vox tienen que sacar rédito en este proceso de negociación, ya sea con una modificación de la Ley del Mar Menor o con cuestiones vinculadas a la seguridad y la migración. Tienen que sacar partido, pero no pueden ser especialmente incisivos o duros en el proceso de negociación con el Gobierno regional porque tienen que competir entre ellos”.

Por su parte, el codirector del CEMOP, Ismael Crespo, duda de que López Miras se arriesgue a negociar con Antelo: “Sacar los presupuestos adelante con Antelo tendría un coste político muy bajo. El problema es que al año siguiente, el PP gobierna con Vox. No le conviene enfadarlos [a los de Abascal]”. “Tampoco creo que vaya a haber presupuestos, no le veo sentido. Sería una negociación que se comería prácticamente todo el primer cuatrimestre del año próximo, le darían el dominio de la actualidad a Vox. El PP se quedaría recibiendo golpes y desgaste parlamentario”.

¿Cuánto le queda a Antelo en el Parlamento murciano?

Posiblemente, el principal factor que disuade a López Miras de negociar con Antelo es que duda de su supervivencia. “Habrá que ver si Antelo logra finalmente cristalizarse en un nuevo partido político o en una agrupación de electores, y presentarse a las elecciones”, señala Mora.

“Pero no es solamente crear un partido político y crear estructuras, es tener las élites suficientes para poder conformar una candidatura y tener cierta vertebración territorial. Y eso es difícil”, describe el politólogo. “Para tener una plataforma tiene que haber una coalición detrás, tanto económica como social. Y no veo incentivos en los sectores que están apoyando a la extrema derecha en la Región de Murcia para cambiar los huevos de cesta”, observa Crespo.

Incluso si Antelo consiguiera crear una formación política solvente, debería enfrentarse a la aritmética electoral. “De crear un partido, se abre otro de análisis político porque tendría que alcanzar el 3% de los votos en la Región de Murcia. No es sencillo, tendría que conseguir en torno a unos 20.000 votos aproximadamente”, cuantifica Mora. “Es verdad que Antelo parte de una posición, digamos, ciertamente ventajosa, al haber liderado Vox durante un tiempo y tener niveles de conocimiento razonablemente altos”.

El último barómetro del CEMOP, con muestras que se tomaron hasta el 6 de febrero, tan solo unas semanas antes de que Antelo fuera expulsado de Vox, el político quedó en segundo puesto en los índices de conocimiento del candidato y valoración, con casi un 62% de conocimiento y una nota de 3,5 sobre 10. Respecto a la evaluación que realizaban sus propios votantes, empató con López Miras con un 6,6: “[Antelo] está en una posición favorable para empezar a competir, porque el nuevo liderazgo de Vox todavía está por configurarse”, analiza Mora.

Por su parte, el codirector del CEMOP no observa estos datos con tanto optimismo. “El PSOE había cambiado de líder. Entonces [Francisco Lucas Ayala] era una persona un poco más desconocida. Antelo llevaba muchos años bregando y María Marín [Podemos] suele mantener esos índices”, recuerda, concluyendo que no ve signos de que Antelo vaya a consolidar una posición si no tiene ayuda externa.

Mientras, conviene recordar que Antelo no se ha pronunciado sobre su voluntad de constituir un partido político. “Espinosa de los Monteros ya comentó que se estaba planteando hacer una plataforma entre algo de lo que quedaba por ahí de Ciudadanos y Vox. Una opción para ellos sería que utilicen Murcia como experimento, lanzando una plataforma aquí”, teoriza Crespo. Pero el tiempo, recuerda el politólogo, “se les va agotando”.

Alvise, ¿competencia de Vox en Murcia?

Mientras que Antelo —por el momento— no tiene plataforma ni apoyos, hay una formación que ya ha obtenido resultados. “No descarto que Alvise vaya a rozar la entrada en la Asamblea Regional”, apunta Crespo.

Tal y como recuerda el politólogo, el partido de Alvise, Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo buenos resultados en ecosistemas políticos similares al de Murcia. “Almería es un referente para nosotros porque se comporta de forma muy parecida a Murcia. En esta provincia Alvise ha conseguido el 2,9% de voto en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía”, señala. “En Aragón obtuvo 17.000 votos. Si tenemos en cuenta que Murcia tiene una mayor concentración de territorio urbano, Aragón tiene la misma población electoral que Murcia [poco más de un millón]. Alvise sacó 17.000 votos, que fue el 2,7%”.

Mientras que, tal y como recuerda Crespo, Antelo necesitaría de los apoyos tradicionales para prosperar como partido, la formación se mueve por unos códigos novedosos que podrían garantizarle votos también en la Región de Murcia: “Alvise vive en un ecosistema diferente, de Telegram y redes sociales. No necesita el apoyo de, por ejemplo, un empresario. Le veo con más posibilidades”.

¿Qué papel asume el PP?

El pasado 27 de agosto, López Miras abrió el curso político murciano con un duro discurso antimigratorio llegando a pedir la intervención militar: “Pido al presidente del Gobierno, ante su pasividad e inacción y comprobando que la situación está lejos de estar controlada, que active los medios necesarios, incluso los militares”.

“Da la sensación de que, digamos, el PP ha recuperado cierta iniciativa en esos espacios o esos temas de discusión en la agenda política. También es verdad que la agenda mediática y la agenda pública en general están condicionadas por estas cuestiones y ha dejado de estar a la expectativa de por dónde va Vox”, observa Mora.

Referirse a una embarcación con migrantes a bordo como una “narcolancha” o describir a sus ocupantes como “encapuchados” son términos que se estrenaron en esa comparecencia del presidente murciano. Pero la estrategia detrás de este vocabulario, tal y como indica Crespo, viene de Madrid: “El Partido Popular de la Región de Murcia vive sobre la base de los argumentarios del PP nacional de Génova. No creo que tenga un discurso propio y menos en temas nacionales como la inmigración”.

“Quizá nos puede sorprender un poco más porque López Miras suele ser más cauto en este tipo de cuestiones. Pero creo que está repitiendo una estrategia del Partido Popular: endurecer su discurso para asemejarse a Vox en los puntos de anclaje que tiene con el voto, los de inmigración y seguridad”, abunda. Para el codirector del CEMOP, esta estrategia de los populares viene tarde: “La batalla por el tema de la inmigración y la seguridad ya está perdida. El votante de centro moderado, con este tipo de discursos, se aleja del voto al PP”.

El ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto en marcha este viernes una nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana que busca castigar las conductas discriminatorias entre sus vecinos. Se trata de una medida que entrará en vigor un año después de los disturbios racistas que asolaron al municipio, y coincidiendo con la crisis migratoria de Ceuta.

“Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su fundamento, constitucional y legal, en la necesidad de evitar en el espacio público todas las prácticas individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables”, explica el segundo capítulo de la normativa, que regula los Atentados contra la dignidad de las personas.

El texto prohíbe, entre otras conductas, “el menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La normativa penaliza un gran abanico de conductas que puedan hacer peligrar la convivencia en el seno de la localidad, por lo que además de las conductas discriminatorias también castigará la mendicidad organizada y coercitiva, el ofrecimiento y demanda de servicios de naturaleza sexual o el vandalismo y la contaminación.

Las infracciones de esta ordenanza pueden suponer multas de 3.000 euros en el caso de las muy graves, 1.500 en las graves y 750 en las leves. En su contenido prohíbe explícitamente “insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias”, tanto por escrito como por palabra.

Tampoco tolerará “la colocación en propiedad privada –y que sean visibles desde la vía pública– de objetos que impliquen menosprecio o discriminación de contenido xenófobo, sexista, racista, aporofóbico, o por razón de religión, orientación sexual, pensamiento o cualquier otra circunstancia personal, económica o social”.

Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles durante una intervención frente a la costa de Cabo Cope, en Águilas, en la que han sido detenidos los dos ocupantes de una embarcación vinculada presuntamente al traslado de migrantes y al suministro de combustible a otras pateras.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la lancha utilizada por los sospechosos trató de evitar la intervención policial y terminó chocando contra la embarcación semirrígida de los agentes. Uno de los guardias sufrió una herida en una pierna que requirió cinco puntos de sutura, mientras que otros dos, entre ellos el capitán al frente de la tripulación, sufrieron lesiones cervicales debido al impacto.

La embarcación interceptada llevaba dos motores fueraborda y una veintena de garrafas de gasolina, según ha informado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas. La actuación formaba parte de un dispositivo en el que han participado medios marítimos, aéreos y terrestres, incluido un helicóptero.

La operación se encuentra judicializada y la Delegación del Gobierno no ha facilitado por el momento más detalles sobre las circunstancias concretas del choque. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha anunciado que ofrecerá información sobre el resultado de la intervención una vez finalicen las diligencias.

Más medios

La AUGC ha aprovechado el incidente para volver a reclamar más medios para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Según la asociación, los agentes se enfrentan en ocasiones a embarcaciones con mayor tamaño y potencia que las utilizadas para interceptarlas, una diferencia que, según la AUGC, incrementa el riesgo durante las persecuciones.

El episodio se produce pocos días después de otra intervención en aguas próximas a Cartagena. El lunes, los agentes localizaron una embarcación a unas 12 millas al sureste de Monte Cenizas después de que hubiese participado en el desembarco de 59 migrantes. En ese caso también fueron detenidos sus dos presuntos patrones.

La sucesión de operaciones se enmarca en el incremento de la actividad de estas embarcaciones en distintos puntos del litoral murciano durante las últimas semanas. Las autoridades han desplegado dispositivos de vigilancia para localizar tanto las pateras empleadas para trasladar migrantes como aquellas que, según las investigaciones, pueden actuar como apoyo logístico mediante el transporte de combustible.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado al Gobierno central que dote a la Guardia Civil de más recursos para afrontar este tipo de actuaciones. Tras conocer las lesiones de los agentes, ha expresado su apoyo a los heridos y ha cuestionado la suficiencia de los medios disponibles para hacer frente a embarcaciones de gran potencia.

La Guardia Civil ha perseguido e interceptado a la altura de Cabo Cope una embarcación con dos motores cargada con 20 garrafas de gasolina y dedicada al traslado de inmigrantes irregulares a las costas de la Región de Murcia.

El delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha valorado el dispositivo marítimo, aéreo y terrestre desplegado en una operación saldada con la detención de sus dos patrones: “El trabajo y el seguimiento a los miembros de estas mafias es continuo, y la coordinación de todas las unidades de la Guardia Civil ha permitido culminar con éxito una operación que llevaba semanas preparándose. Quiero agradecer una vez más, y felicitar, a todos los miembros de la Guardia Civil y el Servicio Marítimo”.

Estas detenciones se unen a las dos efectuadas el lunes pasado en Cartagena, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil sorprendieron otra embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas.

El delegado del Gobierno ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la seguridad de nuestras costas y la lucha contra las mafias que trafican con personas: “Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y pedirles que confíen en la Guardia Civil y el trabajo que realiza. Nuestras fronteras son seguras, nuestra Región es una de las más seguras de España, y les garantizo que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional seguirán trabajando por su seguridad, tranquilidad y calidad de vida”, ha concluido.

Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.

La odisea se ha repetido para infinidad de universitarios: anuncios que desaparecen en cuestión de horas, pisos compartidos que acumulan candidatos, habitaciones que obligan a desplazarse cada vez más lejos del campus y padres y madres que empiezan a buscar alojamiento incluso antes de conocer definitivamente la titulación o la universidad en la que estudiarán sus hijos o hijas.

Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.

Una ciudad universitaria con miles de estudiantes llegados de fuera

Murcia cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

La dimensión de la UCAM añade, además, un componente especialmente relevante para el mercado residencial: su capacidad de atracción exterior. El 38% de sus estudiantes de grado y el 55,8% de los de máster proceden de otras comunidades autónomas, según los últimos datos del Ranking CYD difundidos por la propia universidad. A ello se suma una importante población internacional: otro 20% de sus alumnos son estudiantes extranjeros de 135 nacionalidades.

La Universidad de Murcia también atrae alumnado de fuera de la Región, aunque no existe una estadística pública única y actualizada que permita saber cuántos de sus estudiantes necesitan realmente una vivienda en la capital. Como referencia regional, un análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 2026 sitúa en el 22,9% el porcentaje de universitarios matriculados en la Región de Murcia —que incluye también la Universidad Politécnica de Cartagena— que procede de otras comunidades autónomas. Es una proporción superior a la media española, del 19,1%.

Las residencias: una alternativa cara y escasa

Las residencias universitarias ofrecen una solución más sencilla que compartir piso: habitación amueblada, suministros, conexión a Internet, limpieza y, en muchos casos, comedor, zonas de estudio, gimnasio o actividades.El problema es que tampoco hay camas suficientes y las que hay, no están al alcance de la mayoría de bolsillos.

Entre las opciones públicas se encuentra el Colegio Mayor Azarbe, perteneciente a la Universidad de Murcia, que ofrece 117 plazas para el curso 2026-2027, en régimen de alojamiento y manutención a un precio que oscila entre los 6.580 euros de la habitación individual con baño y los 6.215 de la doble.

Otra opción, aún más limitada, es la Residencia para Jóvenes de la Comunidad Autónoma, en la plaza Islas Baleares de Murcia, que para el próximo curso ofrece 74 plazas: 56 en apartamentos dobles y 18 individuales. Está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años —no exclusivamente universitarios— desplazados de su domicilio por razones de estudio o trabajo. Los precios de partida son de 290,82 euros mensuales por persona en apartamento doble y 387,03 euros en individual, a los que se añaden consumos mínimos de agua y electricidad.

En el ámbito privado, las diferencias son enormes. La Residencia Universitaria Campus, situada junto al campus de la UMU de Espinardo, ofrece para 2026-2027 habitaciones individuales desde 460 euros mas 59 euros de suministros, y dobles desde 384 euros mas 59 euros. La media pensión supone otros 195 euros al mes y la pensión completa, 289 euros.

En el extremo superior se encuentran propuestas como Bravo Students, en Guadalupe, la pedanía murciana que alberga el campus principal de la UCAM, con habitaciones desde unos 565 euros en formato compartido y desde 960 euros para determinadas habitaciones individuales, con servicios como wifi, limpieza semanal, piscina, gimnasio, salas de estudio y recepción 24 horas.

La Residencia Universitaria JC1, en Juan Carlos I, parte de unos 805 euros por persona en habitación doble y de 950 euros en individual, con baño privado, cocina, wifi, limpieza semanal y climatización. Y micampus, en La Ñora, ofrece opciones desde unos 809 euros mensuales en habitación doble con pensión completa, mientras que determinadas habitaciones individuales superan los 1.000 euros.

300 euros por una habitación: el nuevo suelo del mercado

Para quienes no pueden asumir el coste de una residencia universitaria, compartir piso sigue siendo la alternativa principal. En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.

El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.

Otro problema es que, en el mercado del alquiler, el estudiante no compite únicamente con otros universitarios. La habitación se ha convertido en una fórmula de acceso a la vivienda para jóvenes trabajadores y otras personas que no pueden asumir un alquiler completo.

La alta demanda y la escasez general de vivienda repercute directamente sobre el precio: en julio de 2026, el alquiler residencial en Murcia capital alcanzó los 9,9 euros por metro cuadrado, un 3,8% más que un año antes. La consecuencia es una especie de efecto dominó: si el piso completo se encarece y comprar resulta inaccesible para buena parte de los jóvenes, el propietario puede optar por dividir la vivienda en habitaciones y maximizar sus ingresos. El resultado es que una solución que nació como alternativa económica termina siendo cada vez más cara.

Cuando la red de transporte público no ayuda

María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021 debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.

Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.

Su caso resume a la perfección cómo el lugar de residencia puede terminar condicionando la formación postobligatoria en España cuando el estudiante no cuenta con avales, ingresos propios o una familia que pueda adelantar varios meses de renta.

Contratos de temporada: ¿puerta a los abusos?

Hay otra cuestión que muchos estudiantes descubren cuando ya están buscando piso: no todos los alquileres están sometidos al mismo régimen jurídico. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) diferencia entre el alquiler destinado a satisfacer una necesidad permanente de vivienda y los contratos de temporada.

Para un estudiante que llega a Murcia desde otro lugar, el contrato puede plantearse como alquiler de temporada por estudios, por ejemplo, de septiembre a junio. En ese caso, el contrato se rige en gran medida por lo pactado entre las partes, frente al carácter más protector de los arrendamientos de vivienda.

La diferencia es importante. En un contrato de vivienda habitual existen mayores garantías de duración y prórroga. Además, desde la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador en los alquileres de vivienda. En los contratos de temporada, en cambio, existe mayor libertad contractual. De ahí que puedan aparecer contratos de nueve o diez meses, cláusulas específicas sobre gastos, fianzas y honorarios o condiciones de salida diferentes.

Y aquí aparece una de las principales zonas grises del mercado: que un contrato se llame “de temporada” no significa que cualquier condición que incluya sea automáticamente válida. La causa temporal debe responder a una necesidad real y quedar correctamente reflejada en el contrato.

Por eso, el estudiante debe fijarse especialmente en la tipología de su contrato, cuál es la causa de la temporalidad, la duración, qué incluye la renta, qué gastos se repercuten, qué fianza se exige y quién cobra los honorarios de intermediación. La propia Ley de Vivienda reconoce el derecho de quien va a alquilar a solicitar información sobre las condiciones económicas y características de la vivienda antes de entregar dinero.

“Me pidieron pagar antes de enseñarme el contrato”

Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.

Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.

La recomendación ahí es básica: no entregar dinero sin conocer quién alquila la vivienda, qué se está contratando y en qué condiciones. En el caso de aquellas personas que confíen el alquiler a profesionales se debe tener en cuenta que la Ley de Vivienda establece obligaciones de información para quienes intervienen como mediadores, lo que incluye facilitar datos sobre el arrendador, el precio total, las condiciones económicas y las características físicas del inmueble, antes de formalizar la operación.

Un problema de desigualdad

Dos estudiantes. Misma capacidad académica. Pero uno vive en la ciudad de Murcia y otro necesita desplazarse desde otra localidad. Así que el segundo debe añadir a su decisión el coste de una residencia o una habitación en un piso compartido. Ahí el problema no es únicamente inmobiliario, es de igualdad de oportunidades.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla ayudas al alquiler para jóvenes y establece, entre otras medidas, una ayuda de hasta 200 euros mensuales para el alquiler o cesión de una habitación habitual y permanente, con determinados requisitos de ingresos y residencia. Pero esa condición de vivienda habitual y permanente vuelve a dejar sobre la mesa la cuestión de los estudiantes que utilizan un contrato estrictamente temporal durante el curso. Por su parte, el Gobierno autonómico de López Miras (PP) no contempla ayudas propias para sufragar el alquiler de habitaciones por parte de los estudiantes, al margen de las financiadas por el Estado.

Mientras tanto, el mercado continúa avanzando más deprisa que las soluciones, con estudiantes que se enfrentan a una matrícula que pagar, a las incertidumbres del curso que va a comenzar y a una pregunta cada vez más difícil de responder: ¿dónde voy a vivir?

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes trae al Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas a la pianista Yuja Wang, a la soprano Nadine Sierra, además de ofrecer el concierto de ‘La Pasión de San Mateo’, de Johann Sebastian Bach, con motivo del 300 aniversario de su estreno, de la mano de la orquesta de cámara Akademie für Alte Musik Berlin y el coro RIAS Kammerchor Berlin.

Estos tres grandes conciertos en el Auditorio regional se ofrecen como abono de la temporada 2026-2027 y ya se pueden adquirir al precio de 96 euros, con entradas sueltas para cada uno de los espectáculos desde 40 euros.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, indicó que “esta temporada vamos a tener en el Auditorio Víctor Villegas a dos de los mayores talentos actuales del panorama de la música clásica como son la pianista Yuja Wang y la soprano Nadine Sierra, además de poder disfrutar de una de las obras cumbre de Bach como es ‘La Pasión de San Mateo’. Estos tres grandes conciertos se unen a los amplios y ricos ciclos de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y de la danza”.

La primera actuación de los grandes conciertos será la de la soprano Nadine Sierra el 22 de enero. Acompañada de la Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles, con la dirección de Victor Jacob, el programa se articula como un concierto lírico centrado en la interacción entre la voz solista y el conjunto musical. Considerada una de las voces más brillantes de la escena operística actual, Sierra destaca por su virtuosismo, expresividad y calidez, lo que ha consagrado a la artista estadounidense en los grandes templos de la lírica mundial como el Metropolitan Opera, el Teatro alla Scala de Milán, la Opéra National de París o la Staatsoper de Berlín.

Ya en febrero, el día 10, será el turno de la pianista Yuja Wang, considerada una de las intérpretes más fascinantes del panorama actual gracias a su combinación de virtuosismo, personalidad artística arrolladora y una constante renovación de su repertorio. La pianista destaca por su expresividad directa, lo que transforma cada recital en una experiencia única.

El tercer concierto del abono es el protagonizado por la orquesta de cámara Akademie für Alte Musik Berlin y el coro RIAS Kammerchor Berlin, bajo la dirección de Justin Doyle, el 22 de marzo. Ambos conjuntos berlineses, que cuentan con reconocimiento mundial, pondrán en escena ‘La Pasión según San Mateo’, de Johann Sebastian Bach, considerada una obra maestra por su profunda combinación de teología, música y emoción humana. Además, en 2027 se cumple el 300 aniversario del estreno de la obra.

Los abonos que conforman estos tres conciertos, así como las entradas sueltas, ya se pueden adquirir en la página web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas y, desde mañana, 1 de septiembre, en la taquilla física, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, también a partir de mañana comienza la venta de las entradas sueltas de los 14 conciertos que conforman el ciclo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

OSRM y danza

La XXX temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en el Auditorio regional Víctor Villegas, con la dirección musical y artística de Manuel Hernández-Silva, cuenta entre sus atractivos con un homenaje a Beethoven, una ópera ilustrada de Mozart y la ‘5.ª Sinfonía’ de Mahler, que unirá a la Sinfónica con la Orquesta de Jóvenes.

Entre la nómina de solistas nacionales e internacionales estarán los violinistas Kevin Zhu, Svetlin Roussev, Ellinor D'Melon y Amaury Coeytaux, junto a los violonchelistas Johannes Moser y Aurélien Pascal. El piano contará con la presencia de Thomas Enhco, Emin Kiurtchian y Martina Filjak, mientras que la trompeta estará representada por el reconocido intérprete venezolano Pacho Flores. La programación incluirá además al músico Marcel Montcourt, intérprete de cuatro venezolano; al clarinetista Pablo Barragán y al destacado guitarrista internacional Pablo Sáinz-Villegas.

En cuanto al ciclo de danza, cuenta con compañías como la de Jesús Carmona, referente del flamenco contemporáneo, y la de Sergio Bernal, artífice del avance de la danza española. Junto a estas dos propuestas, el ciclo se inicia con el estreno del nuevo montaje de la Compañía de Carmen y Matilde Rubio-Ballet Español de Murcia, además de contar con compañías especializadas en danza clásica, como el Ballet de Kiev y el Ballet Clásico Internacional, así como la ya tradicional gala de Navidad ‘Estrellas de la danza’.

La Guardia Civil ha interceptado, a 12 millas al sureste de Monte Cenizas en Cartagena, una embarcación con cuatro motores dedicada al traslado de inmigrantes irregulares. Los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han sorprendido esta mañana a esta embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas, después de que hubiera desembarcado a 59 inmigrantes irregulares en Calblanque y que fueron interceptados por patrullas territoriales desplegadas en la zona.

Tal y como ha informado Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, también se ha detenido a los dos patrones de la embarcación: “Seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias”, ha afirmado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala.

“La dimensión y potencia de la embarcación intervenida da muestra de la complejidad del reto al que se enfrentan diariamente la Guardia Civil y su Servicio Marítimo Provincial. Ha sido una operación de mucho mérito, diseñada con rigor y profesionalidad, lejos del ruido social y político, esperando el momento oportuno para sorprenderles sin comprometer la seguridad de los agentes”, ha explicado Francisco Lucas.

El delegado del Gobierno ha reafirmado el “compromiso” del Gobierno de España con la seguridad de nuestras costas y la lucha contra las mafias que trafican con persona: “Los tiempos de la Guardia Civil son distintos a los tiempos de las redes sociales y de los mensajes políticos alarmistas, y sólo los marca la viabilidad y el éxito de las operaciones y la seguridad de los propios agentes”. En este sentido ha apelado a la “responsabilidad” de todos y reclamado “dejar trabajar con calma a los profesionales de la Guardia Civil”.

“Los que durante estos días siguen utilizando este tema políticamente también se han enfrentado al mismo reto, y saben que a las mafias se les combate con lealtad, cooperación y dejando trabajar a la Guardia Civil y la Policía Nacional, no desestabilizando a diario y generando una innecesaria alarma social”, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha indicado que los refuerzos materiales de los últimos días están dando sus frutos, pues esta operación se ha realizado con la semirrígida S-40 que entró en funcionamiento el viernes, a la que se le pusieron motores más potentes.

Esta misma embarcación de la Guardia Civil interceptó en la noche de ayer en alta mar otra embarcación con diez inmigrantes irregulares, que fueron trasladados a Cartagena, reconocidos por Cruz Roja y entregados a Policía Nacional.

En las últimas dos semanas cinco pateras han llegado a las costas de la Región de Murcia, la última desembarcó este pasado domingo. En el mes de agosto, unos 200 migrantes han llegado a la comunidad autónoma.

El 22 de mayo no cabía un alfiler en la sala de plenos del Ayuntamiento de Murcia. Más de 200 personas arroparon la toma de posesión de Rebeca Pérez como nueva alcaldesa, en un acto que sirvió también para escenificar el respaldo del Partido Popular a la sucesora del fallecido José Ballesta. Entre los asistentes estaban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, una representación de peso que llegaba después de que, apenas diez días antes, Alberto Núñez Feijóo hubiera viajado a Murcia tras el fallecimiento de Ballesta y coincidido con Pérez, entonces alcaldesa en funciones, y con López Miras.

La fotografía de aquel día y la presencia de Tellado en la investidura dibujaron el cierre de filas de las direcciones regional y nacional del PP en torno a la nueva alcaldesa.

“Más allá de su carácter simbólico, ese respaldo conjunto responde a una lógica claramente estratégica”, valora el politólogo Alberto Mora, director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia (UMU). El objetivo, explica, era cerrar cuanto antes cualquier posible crisis de sucesión, despejar las dudas sobre el liderazgo y evitar que Pérez afronte las elecciones de 2027 bajo la sombra de la provisionalidad. Pero la operación trasciende el ámbito municipal: “Murcia es una plaza central para el PP, no solo en el ámbito regional, sino también en su estrategia nacional”, subraya Mora.

Con el respaldo del partido asegurado, Pérez afronta ahora el reto más complejo: dejar de ser la sucesora de Ballesta para construir un liderazgo propio. Para ello, apunta el analista, tendrá que demostrar capacidad de gestión y establecer un vínculo propio con la ciudadanía, también a través de una comunicación eficaz de esa gestión.

La propia alcaldesa sitúa su mandato en ese equilibrio entre continuidad y cambio. En el balance de sus primeros cien días, asegura que ha tratado de “preservar un legado” y una forma de entender Murcia que compartió durante años con Ballesta, pero también de “imprimir mi propia manera de gobernar”, basada, dice, en la cercanía, la escucha y la presencia en barrios y pedanías.

Pérez asegura que su llegada a la alcaldía ha supuesto una etapa de “aprender, escuchar y, sobre todo, trabajar”, pero evita presentar estos primeros meses como una ruptura con su antecesor. Su objetivo sostiene, es que el Ayuntamiento mantenga en marcha los grandes proyectos mientras ella imprime su propio estilo al Gobierno municipal.

El portavoz socialista del Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, descarta cualquier tipo de ambigüedad en el balance y aprecia en el Gobierno de Pérez “una continuidad en la política del anuncio que se ha hecho ya”. “Desde que está gobernando el PP hace 30 años no se ha hecho nada relevante en Murcia. Hacen grandes promesas, continuos proyectos que suponen cambios 'históricos' y luego publicitan que han cambiado cuatro farolas o que se han construido 20 metros de acera”.

Murcia sale mal parada al ser comparada con la evolución reciente de otras capitales de provincia cercanas como Almería, Granada o Alicante, a ojos de Ruiz Maciá. “Estamos hablando de que para el nuevo plan de ordenación están diciendo como objetivo terminar las costeras, que se tenían que haber finalizado hace 15 o 20 años. ¿Entonces, como el tranvía, como el transporte público? Hay una política de conformismo porque hay una política de anuncio, cartel y espectáculo, como la del árbol de navidad”, apunta el portavoz socialista, al tiempo que señala los problemas de limpieza que experimenta la ciudad y la situación de abandono en la que se encuentran muchos de sus colegios públicos.

Una nueva etapa en el Ayuntamiento

Una de las primeras decisiones que ha marcado esa nueva etapa ha sido el relevo de Mercedes Bernabé por Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, como portavoz del grupo municipal. Mora considera que el cambio es relevante porque modifica la forma en la que el Ejecutivo municipal fija posición y responde a la oposición y ve en Avilés un perfil coherente con el tono que Pérez quiere imprimir a su mandato.

La alcaldesa confirma esa lectura, aunque evita presentar el relevo como una enmienda a la etapa anterior. Avilés, afirma, representa una “voz joven, preparada y muy vinculada a Murcia”, mientras que el cambio responde a la voluntad de “aprovechar al máximo las capacidades” del equipo en una “nueva etapa”.

Pérez reivindica además un tono de “cercanía, serenidad y diálogo” y asegura que se puede discrepar con firmeza “sin convertir la política municipal en una confrontación permanente”. Avilés, cofrade del Perdón desde su nacimiento hace 34 años, forma parte de la Ejecutiva del partido desde 2022 y ha destacado durante esta legislatura por su buen talante con el mundo de la cultura y el resto de grupos políticos.

La lectura que hace Ruiz Maciá de este movimiento político es que la regidora murciana quiere revitalizar el grupo municipal de cara a las próximas elecciones, darle continuidad a Avilés y “ponerlo más en el escenario”. “Pero más allá de eso, no creo que vaya a cambiar nada”.

En su primera intervención como portavoz del grupo municipal popular el pasado 19 de agosto, Avilés hizo una declaración de apoyo a los vecinos de Ceuta “ante la grave crisis migratoria y de seguridad que se ha generado en nuestro país”, mientras que la semana pasada hizo lo propio con la llegada en los últimos días de “centenares de inmigrantes ilegales” a las costas murcianas, hecho que llevó a López Miras a pedir la intervención del Ejército el pasado jueves.

La primera crisis importante de su Gobierno ha llegado, precisamente, en el terreno de la gestión interna, con el conflicto protagonizado por su primer teniente de alcalde, José Guillén, quien habría ordenado a trabajadores de la contrata de Parques y Jardines a acudir, en horario laboral, como público a una conferencia suya en las jornadas del Tour del Talento celebradas el 27 de mayo en el Auditorio Víctor Villegas. Para Mora, el episodio supone uno de los primeros focos de desgaste y una prueba de la capacidad de Pérez para gestionar los conflictos dentro de su propio equipo.

Su impacto electoral, sin embargo, todavía resulta difícil de medir. “A esta distancia de las elecciones, el caso Guillén difícilmente condicionará por sí solo el voto”, apunta el politólogo Alberto Mora. El riesgo aparecería si deja de percibirse como un episodio aislado y la oposición consigue integrarlo en un relato más amplio sobre el funcionamiento del Gobierno municipal.

Para el portavoz socialista municipal, la alcaldesa de Murcia se puso de perfil en aquel momento: “Sabe perfectamente de las irregularidades que se cometieron y que era algo totalmente reprochable”. “Seguimos teniendo una forma de gestionar lo público al servicio de lo privado. Nadie del equipo de gobierno ha intentado corregir lo ocurrido y, en cambio, se me ha reprobado a mí, pero ahí están los vídeos y los audios”.

Pérez, preguntada por si la gestión de su primer teniente de alcalde estuvo a la altura, evita entrar en una valoración política del conflicto. Asegura que se dieron “las explicaciones oportunas” y que su obligación como alcaldesa es conocer los hechos, escuchar las distintas versiones y actuar sobre esa base, “no según titulares ni exigencias políticas”.

Proyectos frente a la acusación de inmovilismo

El portavoz socialista, quien abandonó Podemos en febrero de 2023 y ha sido comparado con Zohran Mamdani por su estilo de comunicación en las redes sociales, también reivindica de forma contundente que Murcia necesita una adaptación a la nueva situación del clima. “El que no quiera ver que no se puede vivir durante casi cuatro meses al año, pues tenemos un problema muy serio”.

Más allá de las polémicas, Pérez quiere que su primer año quede asociado a la gestión. Frente a la acusación de “inmovilismo” que le atribuye el PSOE, la alcaldesa reivindica una Murcia “más preparada, más abierta y más conectada” y otra dimensión vinculada a la conservación del patrimonio y la identidad del municipio.

Entre las actuaciones que destaca están el nuevo modelo de transporte público, el protocolo para abordar los problemas de inundaciones, el Plan de Acción Integral para las pedanías, la recuperación del yacimiento de San Esteban y distintos proyectos de infraestructura verde. También sitúa como uno de los hitos de estos primeros meses la llegada a Murcia del nuevo centro tecnológico de Quantix.

Pérez cifra en 731,5 millones de euros la licitación del nuevo modelo de transporte público y en 40 millones la inversión prevista por Quantix, con 250 empleos altamente cualificados.

Ese será precisamente uno de los terrenos sobre los que se medirá su liderazgo en los próximos meses. Mora considera que el margen de error todavía existe, aunque se irá reduciendo a medida que avance el mandato. “Un gobierno puede salir airoso de varias polémicas si no afectan a cuestiones centrales para los ciudadanos o si logra corregirlas con rapidez”, señala.

El examen de 2027

La batalla electoral de 2027 se jugará, según Mora, en dos terrenos. Por un lado, el PP tendrá incentivos para nacionalizar la competencia y aprovechar la lógica de bloques y la confrontación con el Gobierno central, un terreno que moviliza con eficacia al electorado de la derecha. Pero esa estrategia puede convivir con otra operación en clave municipal: asociar a Pérez con “la cercanía, la capacidad de gestión y la estabilidad”.

El riesgo para los populares es que la nacionalización del debate termine reforzando también a Vox e intensificando la competencia dentro del espacio de la derecha.

La alcaldesa, mientras tanto, insiste en desmarcar su discurso de la cuenta atrás electoral. El respaldo público de Feijóo y López Miras a su candidatura para 2027 fue, reconoce, recibido con “emoción, humildad y una enorme responsabilidad”, pero considera que el verdadero respaldo tendrá que llegar de los ciudadanos: “Ese respaldo hay que ganárselo cada día en la calle y serán los murcianos quienes finalmente juzguen nuestro trabajo”.

La oposición parte de una situación más complicada, según Mora, por su menor visibilidad. Su reto no será únicamente conseguir que los electores conozcan a sus candidatos, sino asociarlos con un proyecto reconocible y con una expectativa creíble de gobierno.

Para el PSOE, además, existe el desafío de movilizar a un electorado que “viene mostrando más dificultades de activación”. Si la elección queda absorbida por la política nacional, los socialistas competirán “en un terreno menos favorable”. Si, por el contrario, consiguen municipalizarla y convertirla en una evaluación de la gestión y del futuro de la ciudad, tendrán “más margen para hacer competitiva la elección”.

Ahí quedará una de las principales incógnitas de estos primeros cien días: si Rebeca Pérez conseguirá convertir la sucesión de Ballesta en un proyecto político propio o si su mandato acabará siendo leído como una continuidad de la etapa anterior.

“Hablamos mucho de que somos el séptimo municipio de España, pero no tenemos los servicios ni la calidad de vida que le corresponden”, valora Ruiz Maciá.

El pasado 19 de agosto, a la hora del aperitivo, los bañistas de Cala del Barco, una encantadora y concurrida calita semiurbana situada junto a La Manga Club, en Cartagena, asistieron atónitos a una escena que hasta hace poco habría resultado difícil de imaginar en una playa del litoral murciano. Antonia estaba allí: “Primero me asustó el ruido, pensé que eran motos [acuáticas] y me acerqué a la orilla para advertir a mis nietos que salieran del agua. Lo que menos me iba a imaginar es lo que apareció en la playa”. Una embarcación de grandes dimensiones, equipada con cuatro motores fueraborda, se aproximó a la orilla y decenas de personas comenzaron a saltar de ella. Los patrones, con el rostro cubierto, no esperaron a desembarcar a todos: dieron media vuelta y desaparecieron mar adentro.

Eran 62 personas: 45 hombres adultos, dos mujeres y 15 menores varones, presumiblemente todos de nacionalidad argelina. Algunos bañistas abandonaron la cala y otros, como Antonia, se quedaron y avisaron al 112. Los vídeos grabados por testigos y que se han viralizado en las redes sociales muestran el desconcierto provocado por una llegada que se produjo a plena luz del día.

No fue un episodio aislado. Tres días después, otra lancha rápida dejó a cerca de medio centenar de personas en Punta Negra, nuevamente en el término municipal de Cartagena. Igual que en el suceso de Cala del Barco, los bañistas contemplaron cómo los migrantes eran abandonados en tierra mientras la embarcación regresaba al mar. Algunos fueron encontrados después por la Guardia Civil deambulando por las zonas montañosas próximas.

Y el 26 de agosto volvió a ocurrir. Esta vez fueron alrededor de 50-67 personas las que llegaron a primera hora de la mañana a la Cala de los Dentoles, en pleno Parque Regional de Calblanque. Un agente medioambiental presenció el desembarco y alertó a Emergencias. La Guardia Civil había seguido la trayectoria de la embarcación y desplegó posteriormente un dispositivo para localizar a sus ocupantes. Era el tercer desembarco de características similares en apenas una semana, al que se ha unido una cuarta llegada este sábado también en Calblanque, con al menos 57 personas.

Evolución de las mafias: de la patera convencional a la 'patera-taxi'

La costa murciana forma parte desde hace años de la denominada ruta argelina del Mediterráneo occidental. Un corredor que conecta las costas de Argelia con Almería, Murcia, Alicante y, cada vez con mayor intensidad, Baleares.

Pero la transformación más relevante no es solamente geográfica. Es también tecnológica y empresarial. Las organizaciones criminales han ido sustituyendo las pequeñas embarcaciones tradicionales por lanchas neumáticas o semirrígidas de gran potencia, capaces de realizar la travesía en pocas horas. Son las conocidas como 'pateras-taxi': el patrón realiza el trayecto, desembarca a los pasajeros a plena luz del día en calas turísticas y regresa con la embarcación para volver a utilizarla. De esta manera, las mafias conservan el activo más valioso de la operación y multiplican los viajes.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) desarrollada en agosto de 2026, ha permitido comprobar hasta qué punto las mafias se han profesionalizado. La organización que ha sido desarticulada utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar droga desde España hacia Argelia y, en el viaje de vuelta, introducir migrantes en la costa de la Región de Murcia a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 10.000 euros por viajero.

La investigación descubrió embarcaciones ocultas y modificadas para dificultar su identificación, cambios de nombre y matrícula y un sistema de abastecimiento de combustible en alta mar conocido como 'petaqueo'.

El cambio de ruta también responde a una lógica conocida en el control migratorio: cuando aumenta la presión policial en un corredor, las redes buscan otro. Fuentes especializadas han señalado a elDiario.es Región de Murcia que el refuerzo de la vigilancia en determinados puntos de la costa argelina y española ha desplazado parte de la actividad hacia otros destinos, entre ellos Murcia y Baleares. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido incluso de un posible “efecto globo” relacionado con la presión migratoria en Ceuta, que podría favorecer otras rutas del Mediterráneo occidental.

2026: un año de llegadas constantes a las costas de la Región

No existe un balance público único, actualizado día a día, que permita reconstruir con absoluta precisión todas las pateras que han llegado a la Región a lo largo de este 2026. La propia discusión política se ha visto condicionada por la diferencia entre los datos que maneja la Delegación del Gobierno y las estimaciones de organizaciones sindicales y del Gobierno regional.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) situaba en 112 las embarcaciones registradas en la Región hasta el 26 de agosto, prácticamente todas en el litoral de Cartagena, y aseguraba que el número de personas duplicaba el del mismo periodo de 2025. El Gobierno regional, por su parte, manejaba una estimación superior a 2.000 personas llegadas por vía marítima durante los ocho primeros meses del año, aunque reconocía expresamente que no eran datos oficiales.

La Delegación del Gobierno rechaza, sin embargo, la idea de una situación “descontrolada” y recuerda que en episodios anteriores se registraron oleadas mucho mayores. Como ejemplo, aludió a noviembre de 2017, cuando en un solo día las autoridades interceptaron y rescataron cerca de la costa murciana a 519 personas a bordo de 49 pateras, según los datos del entonces delegado del Gobierno en la región, Francisco Bernabé, que calificó los hechos de “ataque sin precedentes”. La cronología conocida de 2026 permite, no obstante, observar una presión sostenida.

¿Puede detectar la Guardia Civil las 'pateras-taxi'?

En la Región de Murcia está operativo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una red tecnológica operada por la Guardia Civil para vigilar las fronteras marítimas, controlar la inmigración y frenar el narcotráfico. Sus radares de largo alcance permiten detectar embarcaciones sospechosas y seguir su trayectoria. De hecho, en el desembarco del 22 de agosto en la Cala de los Dentoles, la Delegación del Gobierno aseguró que el SIVE detectó previamente la lancha y permitió seguirla hasta la costa.

El problema aparece cuando la embarcación ya está en las proximidades de tierra. Las nuevas 'pateras-taxi' utilizan hasta cuatro motores fueraborda de enorme potencia que, conjuntamente, pueden alcanzar los 2.000 caballos, según los portavoces de la AUGC. Frente a esa capacidad, las organizaciones profesionales de guardias civiles denuncian su falta de medios. Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado recientemente que solo una de las cuatro embarcaciones asignadas al Servicio Marítimo estaba operativa durante los últimos desembarcos en las costas murcianas, al tiempo que reclama más personal y medios —concretamente, 700 agentes adicionales en la Región— para luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas.

En respuesta a estas críticas, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha recordado que desde el 13 de agosto opera en aguas murcianas, con carácter exclusivo, un buque de altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex, al que se suma desde el pasado domingo una Patrullera Media de Navegación Sostenida desplazada desde Barcelona y, desde este viernes, la recuperación de la embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión. Lucas sostiene que estos refuerzos mejoran la capacidad de detección temprana, vigilancia e interceptación, pero también resultan esenciales para las operaciones de rescate, ya que las redes de tráfico de personas, cuando perciben que van a ser interceptadas, pueden arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables.

El choque político: cuatro discursos sobre la misma costa

El Partido Popular ha convertido las llegadas de agosto en una denuncia frontal contra la gestión del Gobierno central. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha endurecido en los últimos días su discurso y reclama ahora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez active “todos los medios necesarios, incluidos los militares”, para reforzar la vigilancia de las costas y ejercer un efecto disuasorio frente a las embarcaciones rápidas utilizadas por las mafias. López Miras sostiene que ya no se trata de las tradicionales pateras, sino de “narcolanchas” de hasta 1.400 caballos de potencia, tripuladas por encapuchados que, según denuncia, llegan “con total impunidad” a las playas murcianas.

El presidente regional acusa al Gobierno central de “pasividad e inacción”, habla de un “descontrol total” y advierte de que la situación “no deja de agravarse día a día”. Además del despliegue extraordinario de medios militares, ha reclamado un refuerzo urgente de la Guardia Civil, mayores recursos tecnológicos para detectar y seguir las embarcaciones en tiempo real y una mayor implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

La portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, también ha reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia al considerar que existe una incapacidad para controlar las llegadas y evitar que Murcia se convierta en una “puerta de entrada de las mafias”.

Lucas, por su parte, defiende que el Ejecutivo central está reforzando los medios disponibles en la Región y niega que exista una situación de “avalancha” u “oleada de pateras”. Además, acusa a López Miras de ofrecer una visión “distorsionada e interesada” de la situación y de utilizar políticamente un asunto que, a su juicio, requiere “compromisos serios” y coordinación entre administraciones. De hecho, Lucas ha tendido la mano al presidente autonómico para celebrar un encuentro que permita abordar de manera conjunta la respuesta ante la inmigración ilegal, petición que desde el PP han rechazado alegando que Lucas “se ha equivocado de puerta”, mientras le emplazaban “a llamar a la del ministro del Interior”.

En la línea de Francisco Lucas, el PSOE sostiene que la respuesta policial está funcionando y acusa al PP de utilizar la inmigración para generar “miedo, descontrol e inseguridad” y “alimentar discursos racistas”. La portavoz socialista Isabel Gadea ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan actualmente con las mayores plantillas de su historia

Vox adopta el discurso más duro. Su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha reclamado más medios marítimos, la expulsión de quienes hayan entrado irregularmente y ha descrito las llegadas como una “invasión” y un supuesto “acto de guerra híbrida”.

En el caso de Podemos-Izquierda Unida, la coalición ha puesto el foco principalmente en los menores. La portavoz de Podemos, María Marín, ha acusado al Gobierno regional de no asumir adecuadamente sus obligaciones legales de acogida y ha defendido que la atención a los menores extranjeros no acompañados debe abordarse desde los derechos humanos y no como una cuestión de confrontación política. Por eso, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que cumpla la legislación de extranjería y asuma su responsabilidad en la acogida.

¿Las costas de la Región frente a una nueva realidad?

Las operaciones policiales de junio y agosto en las costas murcianas ofrecen pruebas sólidas de la profesionalización de organizaciones criminales capaces de utilizar “embarcaciones rápidas, potentes y reutilizables, con logística de combustible, comunicaciones y vínculos con el narcotráfico”, tal y como advierten el Gobierno regional, los sindicatos policiales y colectivos del mar como la Cofradía de Pescadores de Cartagena, cuyo patrón mayor, Bartolomé Navarro, ha sido de los primeros en advertir de la “audacia y sofisticación” de estas redes criminales tras presenciar el abordaje de una lancha rápida a un pesquero en alta mar.

Es decir, las mafias están apostando por menos improvisación y más velocidad: lanchas potentes, pasajeros transportados como mercancía, desembarcos rápidos, abandono de los ocupantes y regreso inmediato de los patrones. En ocasiones, además, la misma infraestructura sirve para transportar droga en sentido contrario. Y eso plantea una pregunta mucho más compleja que “¿cuántos inmigrantes han llegado?”.

Porque, en esa batalla, la inmigración irregular es solo una parte del problema. La otra —y probablemente la más importante desde el punto de vista de la seguridad— es el crecimiento de unas redes criminales transnacionales que han convertido el Mediterráneo en una autopista para personas en situación irregular y drogas. Ahí, el Departamento de Seguridad Nacional (DNS), un órgano de asesoramiento político y técnico al servicio de la Presidencia del Gobierno y de los máximos órganos estatales en materia de seguridad, advierte en sus informes de que la Región de Murcia ya es uno de los puntos calientes de la costa mediterránea para el asentamiento de las mafias.

La Región de Murcia recupera para la vigilancia de sus costas una embarcación semirrígida S-40, que hasta este viernes permanecía averiada. Además, desde el pasado 13 de agosto, un Buque de Altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex (Operación Indalo) desarrolla su actividad con carácter exclusivo en aguas de la Región de Murcia. Su propósito es reforzar los medios del Servicio Marítimo Provincial en su lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y el rescate de inmigrantes.

“La presencia permanente de este medio naval mejora sustancialmente la cobertura marítima e incrementa las posibilidades de detección temprana, vigilancia de amplias áreas marítimas, interceptación de embarcaciones, lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y apoyo a los restantes medios marítimos desplegados en la zona”, ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. También, desde el pasado domingo, la Guardia Civil cuenta con una Patrullera Media de Navegación Sostenida enviada desde Barcelona.

Ante las informaciones publicadas y las críticas vertidas desde algunos sectores políticos y sindicales, el delegado del Gobierno ha defendido el esfuerzo del Ministerio del Interior por enviar nuevos recursos a la Región y la operatividad de esta embarcación: “La experiencia acumulada demuestra que las redes dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes adoptan comportamientos para dificultar la actuación policial cuando perciben la inminencia de una interceptación y llegan a arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables. Por eso, en muchos casos, la interceptación se convierte en un rescate. En ese contexto, estas embarcaciones proporcionan mejores capacidades de permanencia en zona, seguridad de navegación, recuperación de náufragos, asistencia humanitaria inicial y coordinación de dispositivos de rescate”, ha explicado.

Lucas ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población, y ha asegurado que la llegada de embarcaciones con inmigrantes irregulares no es nada nuevo en la Región de Murcia. “Tampoco es nuevo el uso partidista que algunos hacen del tema. Pero eso no quiere decir que estemos sufriendo una avalancha ni una oleada de pateras. Ni que, como dice el presidente regional, los inmigrantes de Ceuta vengan hacia aquí. Esta es una región segura en la que combatimos con eficacia a las mafias y, al mismo tiempo, damos cobertura humanitaria a los más vulnerables”, ha añadido Lucas.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha lamentado el rechazo del presidente regional a mantener una reunión para coordinar esfuerzos en este sentido: “Mi petición responde exclusivamente a un ejercicio de responsabilidad, no porque comparta esa visión distorsionada e interesada que hace el presidente de la situación de la inmigración irregular en la Región de Murcia. Su negativa, argumentando que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno de España, cosa que es falsa, evidencia su escaso compromiso y, fundamentalmente, que no le importa la seguridad de la Región o el bienestar de los ciudadanos, sino el uso de este asunto como otra excusa más para atacar al Gobierno de España”, ha concluido.

Arde Bogotá ha publicado este viernes el videoclip de 'El club de la gente sola', y lo hace con guiños a sus raíces cartageneras. Para el tercer adelanto de su próximo disco, 'Manufacturas del club de la gente sola', el grupo ha elegido como escenario los antiguos túneles subterráneos de submarinos de El Espalmador de Cartagena. El lanzamiento del álbum está previsto para el 2 de octubre, tal y como anunció el propio conjunto en el festival Bilbao BBK Live.

Dirigido por Guillermo Aliaga, con la dirección creativa de Sabotage Propaganda, el videoclip reconvierte este espacio bajo tierra en un laboratorio de estética retro, una continuidad de la narrativa audiovisual de los otros dos temas que han lanzado este año, 'Bigger Splash' e 'Instrucciones'. Este último también se rodó en Cartagena, en el antiguo taller de óptica de la Armada de Los Barreros.

Antonio García, Dani Sánchez, José Ángel Mercader y Pepe Esteban pusieron en marcha el grupo en Cartagena en el año 2017. Con este nuevo videoclip, la banda reafirma su vínculo con la ciudad que la vio nacer.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que la elección de este espacio por una banda cartagenera con la proyección nacional e internacional de Arde Bogotá “nos permite mostrar una Cartagena diferente, sorprendente y todavía desconocida para muchísima gente, incluso para quienes conocen bien nuestra ciudad”.

“Cartagena tiene lugares que no existen en ninguna otra ciudad y los túneles de El Espalmador son uno de ellos. Nuestro objetivo es recuperar estos espacios, darles una nueva vida y conseguir que formen parte de la Cartagena cultural y turística de los próximos años”, ha señalado la regidora.

El rodaje, tal y como señalan desde el Consistorio cartagenero, supone además una oportunidad para mostrar las posibilidades de este enclave, sobre el que el Ayuntamiento trabaja “con una mirada de futuro”: “Los antiguos túneles forman parte del ámbito en el que se proyecta la puesta en valor del submarino Tonina, dentro de una actuación destinada a recuperar este patrimonio naval”, han abundado.

“El videoclip de Arde Bogotá nos permite asomarnos a lo que puede significar este espacio para Cartagena. Donde hoy hemos visto rodar un videoclip, queremos que mañana los cartageneros y quienes nos visitan puedan descubrir una parte extraordinaria de nuestra historia naval”, ha afirmado Arroyo.

El objetivo municipal es que la recuperación del Tonina y de su entorno contribuya a incorporar un nuevo punto de interés al mapa cultural y turístico de Cartagena, aprovechando el carácter excepcional de unas instalaciones estrechamente ligadas a la historia de la ciudad.

La intervención del ejército como medio disuasorio. El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido a Pedro Sánchez que despliegue a los militares para vigilar las costas de la Comunidad de la migración ilegal: “Pido al presidente del Gobierno, ante su pasividad e inacción y comprobando que la situación está lejos de estar controlada, que active los medios necesarios, incluso los militares”, ha declarado tras el Consejo de Gobierno.

En las últimas dos semanas han llegado a la Región tres lanchas con unas 150 personas en total, lo que le ha parecido suficiente como para calificar la situación de las costas murcianas de “inquietante” y de pedir la asistencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex): “Es evidente que necesitamos un mayor control de fronteras y el Gobierno o no puede o no quiere realizarlo”

López Miras ha inaugurado el curso político elevando el discurso antiinmigración, y se ha referido como “narcolanchas” a las embarcaciones con migrantes que llegan a la Región de Murcia: “[Necesitamos] medios que puedan desempeñar la labor de vigilancia con un efecto disuasorio contra estas narcolanchas”, ha demandado.

“Insisto, cuando hablamos de pateras, las personas que no hayan visto estos vídeos [de las llegadas de estas dos semanas] pueden pensar que estamos hablando de cayucos que llevan días a la deriva con personas en un estado de salud muy delicado, en un drama humanitario. Estamos hablando de embarcaciones rápidas con en torno a los 1.400 caballos de potencia, tripuladas por encapuchados que llegan con total impunidad a las costas de la Región de Murcia. Dejan en Cartagena a las personas que traen en perfecto estado de salud”.

Tras el Consejo de Gobierno, López Miras y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se han reunido con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil: “No podemos aceptar que tras denunciar que la única patrullera de la Guardia Civil para vigilar nuestras costas estaba fuera de servicio, nos envíen otra embarcación que no reúne el mínimo de condiciones para ser efectiva”, ha trasladado.

“El Gobierno [central] sabía de la situación de debilidad de nuestra costa y también sabía que las mafias estaban operando y se fue de vacaciones consciente de que no había medios para combatirlas”, ha denunciado López Miras, que asegura que Pedro Sánchez aún no le ha respondido a la misiva que le envió el pasado lunes reclamando más medios.

Otra carta, la que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, le envió a López Miras para abordar de forma conjunta la situación de la inmigración irregular, continúa sin respuesta: “Un día se dirige a mí [el delegado del Gobierno] diciendo que soy indigno y al siguiente, como una maniobra de distracción, envía una carta para que la prensa se haga eco. Él, que habla de colaboración, de sensatez y de lealtad… algo está fallando”, ha despachado el jefe del Ejecutivo.

Doble de migración, según datos “no oficiales”

De acuerdo con López Miras, la alarma está motivada porque ha llegado el doble de migrantes que el pasado año, al tiempo que ha reconocido que no tiene datos que sostengan estas afirmaciones: “Este año, en estos ocho primeros meses, la cifra está por encima de los 2.000. Insisto, datos no oficiales, porque a nosotros nadie nos dice nada de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas de la Región”. Algo que han desmentido desde la Delegación del Gobierno, que insiste en la transparencia de los datos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha querido desmontar “algunos bulos” al respecto de la llegada de migrantes a las costas murcianas en los últimos días. Por un parte, ha señalado en un tríptico que ha publicado en la red X, que “la situación no está descontrolada”. Y apuntan que la vigilancia de la Guardia Civil “es permanente”, las embarcaciones “se monitorizan y se activa un dispositivo para localizar a los ocupantes”; además, “todas las personas han sido localizadas y puestas a disposición judicial”.

Frente la difusión del mensaje de “una llegada masiva de migrantes” a través de embarcaciones clandestinas, destacan desde la Delegación que “no estamos ante una situación extraordinaria”. En noviembre de 2017, anotan, “con el gobierno anterior, llegaron hasta 650 personas inmigrantes a las costas de la Región en solo tres días”. Y añaden que “hoy estamos lejos de los picos de llegadas registradas en episodios anteriores”.

Desmienten también “que lleguen con total impunidad”. Y aclaran que en algunos casos “interceptar una embarcación en el mar supone un riesgo para la vida de sus ocupantes y de los agentes, por lo que se despliega un dispositivo para proceder a las detenciones en tierra”.

Y, por último, niegan que las últimas llegadas sean una consecuencia de la situación en Ceuta: “La Región de Murcia -afirman- al igual que Almería, Alicante o Baleares, recibe habitualmente embarcaciones procedentes de la ruta argelina”. Concretan, además, que “las personas que han llegado en las últimas semanas a nuestras costas no han partido de Marruecos, sino de Argelia”.

López Miras “sobreactúa”

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha denunciado que “López Miras está sobreactuando para sacar rédito político de un drama humanitario” y ha lamentado que el presidente de la Región de Murcia “esté utilizando la inmigración para confrontar y generar alarma social”.

“Su intención no es otra que intentar tapar su pésima gestión con ejemplos tan graves como la trama de las prótesis o la falta de medios de los bomberos”, ha añadido.

En este sentido, Gadea ha destacado que el delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, propuso una reunión al presidente regional para abordar la situación “con rigor, responsabilidad y desde la coordinación entre administraciones”, una propuesta que López Miras ha rechazado.

“López Miras no ha aprendido nada y sigue alimentando discursos racistas que ponen en riesgo lo más importante: la convivencia, tal y como vimos hace un año en Torre Pacheco”, ha lamentado la portavoz socialista.

Por su parte, Podemos ha criticado la “nula intención” que tiene el presidente regional, Fernando López Miras, de “trabajar en soluciones para esta crisis migratoria”. “Ni tampoco de ayudar a Ceuta”, ha aseverado el portavoz morado Víctor Egío, “porque si fuera así, lo primero que tendría que haber salido de este Consejo es una decisión para colaborar en el reparto solidario de los menores que ahora mismo están en la Ciudad Autónoma”.

Para la formación morada, López Miras ha decidido este jueves, de nuevo, “anteponer los intereses de su partido y la estrategia xenófoba de sus aliados de Vox a los verdaderos intereses de la Región”. Egío ha recordado que la solución a la actual crisis migratoria pasa por una “cuestión de solidaridad”, pero también de “inteligencia política”. “Ceuta, Melilla, Andalucía, las Islas Baleares y la Región de Murcia somos los territorios que reciben estos flujos migratorios, y somos los primeros interesados en que haya un reparto solidario entre todas las comunidades”, ha proseguido.

La vuelta a las aulas en la Región de Murcia se acerca con temperaturas que siguen superando los 30 grados en algunos centros educativos y con un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha reclamado a la Consejería de Educación información sobre el estrés térmico en 23 centros además de que subsane las condiciones denunciadas en uno de ellos.

El organismo ha emitido un requerimiento a Educación después de que UGT pusiera en su conocimiento la situación del CEIP Santa María de Gracia de Murcia, donde las deficiencias de una instalación eléctrica antigua impiden utilizar con normalidad los equipos de climatización, según ha denunciado el sindicato. La Inspección ha instado a la Consejería a actuar y a cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 486/1997.

El caso llega a las puertas del nuevo curso: los docentes se incorporarán a los centros el 1 de septiembre y los alumnos comenzarán las clases el día 8.

UGT considera especialmente significativo que la normativa invocada por la Inspección lleve vigente casi tres décadas. “Hemos tenido tiempo de adaptar los centros educativos y el calor cada vez es más sofocante”, señala la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, que reclama un plan integral para abordar la situación.

La normativa establece, para los locales donde se desarrollan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, que la temperatura no debe superar los 27 grados. Sin embargo, los registros realizados en centros educativos murcianos muestran que las aulas pueden encontrarse varios grados por encima de ese umbral. “Estamos superando con holgura los 31 grados, ahora llega la vuelta a las clases y seguimos con un estrés térmico que sufren alumnado y personal docente”, denuncia Del Vas.

Termómetros que registran la temperatura cada hora

La situación ha sido monitorizada durante los últimos meses por Sterm, el sindicato de estudiantes y la FAPA Juan González a través del denominado grupo de calor. Las organizaciones instalaron termómetros digitales en una treintena de centros educativos.

“Son termómetros que miden la temperatura cada hora y tienen cierta consistencia”, explica Andrés Martínez, portavoz de Sterm. Según los datos recogidos por el colectivo, este miércoles se registraban alrededor de 30 grados en varios centros, mientras que la situación se repite en buena parte de los colegios e institutos monitorizados.

Los registros más elevados de este miércoles se produjeron en el IES Carthago Spartaria de La Palma, en Cartagena, con 32,7 grados, seguido del CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca, con 32,6, y del IES Marqués de los Vélez de El Palmar, con 32,5.

El grupo de calor decidió además trasladar la situación a la Inspección de Trabajo. La denuncia se presentó de forma conjunta con UGT y CCOO, relata Andrés Martínez, con el objetivo de que el organismo analizara las condiciones de estrés térmico existentes en los centros señalados.

Para Sterm, el problema no se limita a las temperaturas puntualmente alcanzadas durante una ola de calor, sino a la falta de una estrategia permanente para adaptar los edificios educativos.

Una ley para obligar a climatizar los colegios

La respuesta que plantean las organizaciones no pasa únicamente por instalar aparatos de aire acondicionado en los centros donde se registran temperaturas más elevadas. El pasado mes de julio quedó registrada en la Asamblea Regional una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover una ley que establezca un plan de infraestructuras y climatización de los centros educativos murcianos.

La iniciativa se encuentra ahora pendiente de que la Mesa de la Asamblea se reúna en septiembre y determine si admite la propuesta a trámite. En caso de que prospere, sus impulsores podrán comenzar la recogida de firmas necesaria para llevar adelante la iniciativa.

El objetivo es que la futura norma obligue a realizar una auditoría del estado de las infraestructuras educativas, determine las necesidades de cada centro y establezca un calendario de actuaciones urgentes y periódicas.

89 millones para climatizar las aulas

La Comunidad Autónoma anunció el pasado junio el Plan ClimaTIZA, con una inversión prevista de 89 millones de euros, con el objetivo de climatizar todas las aulas de la Región antes de 2030; y durante este verano, la Consejería de Educación ha ejecutado obras en 38 centros educativos, algunas de ellas destinadas a mejorar el confort térmico, además de actuaciones en cubiertas, instalaciones solares y ampliaciones, señalan desde este departamento.

Para UGT, estas intervenciones resultan “insuficientes” ante las necesidades de la red educativa regional. El sindicato reclama conocer qué actuaciones concretas se han realizado durante el verano y qué partidas presupuestarias se han destinado a combatir el calor. “Sin presupuestos da igual que López Miras diga que hay un Plan ClimaTIZA sin partidas presupuestarias concretas”, afirma Del Vas.

Las motos de agua han sido el centro del debate sobre el estado del Mar Menor este verano. A lo largo de estos meses, han saltado a los medios la reivindicación de entidades ecologistas y vecinos del litoral para la limitación y prohibición de estas embarcaciones de recreo en la laguna salada. Todo ello, acompañado de la resistencia de entidades promotoras de motos náuticas, que han negado o minimizado el problema.

Mientras, la industria está experimentando un momento dulce, al ser Murcia la quinta provincia con más matriculaciones nuevas de embarcaciones de recreo, según un informe de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, elaborado a partir de datos de la Dirección General de la Marina Mercante.

De acuerdo con fuentes de Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, en lo que llevamos de verano, la Guardia Civil ha interpuesto 72 denuncias por diferentes infracciones cometidas por distintos tipos de embarcaciones. Previamente, entre enero y junio de 2026, Capitanía Marítima tramitó en la Región de Murcia un total de 258 expedientes sancionadores, un 42% más que en el mismo periodo del año pasado. De este incremento, algo más del 34% corresponde a infracciones relacionadas con motos náuticas.

¿Cuál es el impacto de las motos acuáticas en el Mar Menor?

Tal y como señala el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, parte del perjuicio que las motos acuáticas ejercen sobre el ecosistema se debe a su mal uso: “Es un vehículo que se está utilizando para el alquiler, muchas veces por personas sin formación náutica y mucho menos con conocimientos de los daños que provoca al ecosistema”.

“Las motos van a excesivas velocidades y varan en las orillas, algo que está prohibido. Hay una zona, la de la playa de Puerto Bello [al sureste del Mar Menor], donde están dejando que se lancen embarcaciones y motos de agua, lo cual es totalmente ilegal”, enumeran desde SOS Mar Menor.

El resultado es que muchas de estas embarcaciones recorren las zonas someras del Mar Menor, de poca profundidad, a grandes velocidades: “Por las motos de agua en estas zonas se puede producir una resuspensión de sedimentos, poniendo a disposición de las microalgas los nutrientes que están en el sedimento, enturbiando las aguas. También a grandes velocidades pueden descalzar las plantas y las algas e incluso animales que estén sujetas al fondo”, enumera Luengo.

Una realidad que reconocen los propios fabricantes de motos de agua en sus recomendaciones de uso: “En aguas poco profundas, las embarcaciones pueden remover el fondo y los sedimentos suspendidos, lo que limitará la penetración de la luz y mermará el nivel de oxígeno. Esto puede afectar a los peces y a la alimentación de los pájaros. Para evitar este efecto, navegue por los canales principales y evite en lo posible las aguas poco profundas”, explican en Seadoo a través de su programa Conductores Responsables.

“Hay zonas de vegetación, como las praderas marinas, que constituyen un delicado vivero en el que se crían muchos peces. Las algas y otra flora no son la mejor compañía para una embarcación. La entrada de vegetación en la embarcación puede causar problemas en el motor o en la bomba y provocar un deterioro del rendimiento. ¡No se acerque!”, abundan. Por su parte, Yamaha, en su manual de etiqueta de conducción, recuerda a los usuarios de motos acuáticas que deben adaptar su velocidad en áreas “con una gran población de fauna”.

“Con la sopa verde perdimos el 80% de las praderas marinas de Cymodocea nodosa, necesitamos proteger las praderas que quedan porque son muy importantes para la recuperación del Mar Menor”, recuerdan desde SOS Mar Menor.

El ruido de las motos de agua, por su parte, no solo es molesto para los bañistas que se encuentran a orillas de la laguna salada: “El impacto del sonido es mucho mayor que en tierra, puede provocar desorientación y finalmente la muerte de especies marinas”, añade Luengo.

Algo que avala un estudio de Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA) de la organización ecologista, que señala que el estrés sonoro no solo afecta a los grandes cetáceos -especies que no habitan el Mar Menor-, también a invertebrados acuáticos y aves marinas: “Las reacciones de comportamiento observadas frente a las motos acuáticas son particularmente fuertes en aguas poco profundas, pues los animales no pueden escapar hacia abajo, sino que tienen que hacerlo horizontalmente”, explica.

Luengo recuerda que el entorno del Mar Menor es Zona de Especial Protección para las Aves, el ruido de las motos de agua puede provocar que abandonen sus nidos: “Las aves acuáticas coloniales reproductoras son particularmente susceptibles a la perturbación humana debido a su hábitat de nidificación de alta densidad”, abunda el informe de GENA.

¿Qué dice la normativa?

El Real Decreto 118/2024, de 30 de enero, por el que se establecen limitaciones a la navegación marítima para la protección y recuperación del Mar Menor, establece límites de velocidad condicionados a la profundidad de las aguas de la laguna salada.

En concreto, no se podrán superar los cinco nudos en profundidades inferiores a cuatro metros, y en las zonas de fondeo la velocidad deberá ser inferior a los tres nudos. En el resto del entorno no se superarán los 20 nudos “salvo en los polígonos de velocidad autorizados”.

La franja de cuatro metros de profundidad, con límite de velocidad a cinco nudos, bordea la práctica totalidad de la costa del Mar Menor. También afecta a la Gola de Marchamalo, uno de los canales de comunicación más importante entre la laguna salada y el Mediterráneo, una zona de paso habitual de las motos náuticas.

El problema, como en el grueso de dificultades que afronta el Mar Menor, no reside en la escasez de normativa, sino en su aplicación: “La normativa en sí misma no es suficiente si no se hace cumplir. En tierra, puedes tener un límite de velocidad en autovía de 120 kilómetros por hora, pero si no se hicieran controles para que aquellos que no lo respetan se lleven una multa, de poco servirían las reglas de circulación. Lo mismo ocurre en el Mar Menor”, señala Luengo.

Respecto al combustible, la normativa contempla la promoción del uso de embarcaciones de recreo con motores de gas licuado del petróleo (GLP), gas natural licuado (GNL) o hidrógeno.

El precedente de Cabo de Gata

Este verano ha sido el primero en el que las motos de agua no han podido circular por el entorno protegido de Cabo de Gata, en Almería. La medida, recogida en una resolución de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, puso fin a una larga reivindicación impulsada por la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Cabo de Gata, integrada por trece colectivos vecinales y conservacionistas. Previo a la prohibición y de forma similar al Mar Menor, se observó un incremento de la navegación recreativa en las aguas del Parque Natural, con motos de agua a pocos metros de la línea de costa en playas naturales y zonas de Reserva Integral.

No es el único lugar en el que se ha limitado o prohibido su uso. En Cantabria, tras la aprobación de la Ley de Transporte Marítimo, se ha abierto la puerta a prohibir el acceso de motos acuáticas a playas y espacios naturales protegidos “por razones de seguridad y de protección del medio ambiente”. En Catalunya, tampoco podrán circular por el entorno de Cap de Creus tras la aprobación el pasado año de un nuevo plan de gestión de este entorno protegido.

Mientras, en la Región de Murcia, los colectivos vecinales y ambientales han conseguido reunir más de 30.000 firmas exigiendo la restricción de las motos de agua dentro de la laguna. El debate pronto llegará a la Asamblea Regional, donde Podemos se ha comprometido a llevar una iniciativa al respecto “tan pronto comience el curso político”: [La prohibición de las motos de agua] es perfectamente legal y realizable y no entendemos por qué no se ha tomado ya en el Mar Menor“, ha apuntado la diputada morada María Marín.

Una embarcación con medio centenar de personas a bordo ha desembarcado este miércoles en el Parque Nacional de Calblanque, en el municipio de Cartagena. Los migrantes han llegado alrededor de las siete de la mañana, a Cala de los Dentoles, conocida como Cala Dorada, ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque.

“La Guardia Civil ha monitorizado su trayectoria y ha activado un dispositivo para interceptar a sus ocupantes”, han explicado desde Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. “Próximamente, serán puestos a disposición de la Policía Nacional”.

Se trata del tercer desembarco en dos semanas de características similares en la Región de Murcia. El pasado 19 de agosto, una lancha rápida dejó a 62 personas en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso. Tres días después, el 22 de agosto, otra embarcación alcanzó Cala Dentoles, en Calblanque con 49 personas a bordo, nueve de ellas menores.

Tras la llegada de este miércoles, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que se reunirá el Consejo de Gobierno este jueves: “Otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la Región con total impunidad”, ha denunciado.

Estas llegadas recientes, junto a la situación de Ceuta, han reavivado el debate político de las llegadas de migrantes por mar en esta Comunidad. Esta semana, López Miras exigió por carta a Pedro Sánchez más medios policiales para hacer frente a las mafias que se mueven “sin control” en las costas murcianas. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo regional, el presidente del Gobierno aún no ha respondido a su misiva.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, solicitó este martes una reunión con López Miras, una “oportunidad de demostrar su colaboración para combatir la inmigración irregular”. Una mano tendida que, por el momento, el Gobierno regional ha optado por ignorar: “El Gobierno regional siempre está abierto al diálogo, pero esperamos también conocer la disposición del presidente del Gobierno de España porque es quien tiene las competencias en materia de seguridad e inmigración”, han señalado fuentes de la Comunidad al diario local La Opinión.

Desde Podemos han afeado el “discurso alarmista” alimentado por el Gobierno Regional: “No estamos ante una invasión, por mucho que al Gobierno regional y a la ultraderecha de Vox les interese repetirlo una y otra vez. Ellos solo quieren hablar sobre inmigración para no hablar, por ejemplo, de la vuelta al cole a colegios sin aire acondicionado, de las listas de espera de la sanidad pública o de los incendios que hemos padecido este verano y que sí son de su responsabilidad”, ha denunciado el portavoz morado Víctor Egío.

Egío ha recordado que la Región está aún “muy lejos” de las llegadas de migrantes de los años 2020 y 2021, cuando arribaron a las costas regionales en torno a 4.000 personas. “En 2026 no hemos llegado ni a la mitad”, ha proseguido. Podemos ha exigido, en este sentido, “mecanismos de solidaridad” entre todas las comunidades autónomas “para la acogida de estas personas mientras se tramitan sus solicitudes de asilo”.

“No tiene sentido que el Gobierno regional bloquee todas las iniciativas para el reparto de los menores de Ceuta cuando la Región de Murcia es otro punto principal en las rutas migratorias, y nosotros también podemos vernos en la necesidad de repartir algunos de los migrantes que llegan a nuestras costas y van a seguir llegando”, ha concluido el portavoz.

A los 86 años de edad, ha fallecido el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia (UMU) y exalcalde socialista del Ayuntamiento de Murcia entre 1983 y 1987, Antonio Bódalo. “Murcia despide con profundo pesar a quien fue referente de nuestro municipalismo”, ha recordado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, quien ha dicho de Bódalo que puso “su vida al servicio público y siguió sirviendo a su Ayuntamiento hasta el final”.

El Consistorio, además, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde. “Las banderas oficiales ya ondean a media asta en señal de respeto y duelo”, ha escrito Rebeca Pérez en su cuenta de X.

Nacido en Nerpio en 1940 cuando esta localidad albaceteña todavía integraba la provincia de Murcia, se licenció en Ciencias Químicas en 1963 y veinte años después aterrizó como primer edil en el Ayuntamiento de la capital. Miembro del Partido Socialista de la Región de Murcia, Bódalo fue el segundo alcalde de la ciudad tras la restauración de la democracia, sustituyendo a José María Aroca RuizFunes. Aunque consiguió el bastón de mando con mayoría absoluta, solo se mantuvo un mandato al frente de la alcaldía, que pasaría después al también socialista José Méndez.

“Nos ha dejado un excelente compañero y uno de los mejores alcaldes que ha tenido Murcia”, ha escrito sobre Bódalo el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá.

Antes de desembarcar en la Glorieta, ejerció como director general de Universidades de la Región de Murcia (1982-83). Y tras su paso por el Ayuntamiento asumió la Consejería de Administración Pública (1991-93) en el Gobierno regional, presidido por el socialista Carlos Collado.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, también ha tenido unas palabras para Bódalo en su cuenta de X, a quien ha calificado como “una figura clave en la transformación del municipio de Murcia”.

Bódalo, además, fue vicerrector de Investigación (1990-91), director del Departamento de Ingeniería Química (2005-2010), vicedecano del Consejo General de Colegios de Químicos de España (2003-2012), presidente la Asociación de Químicos de Murcia y decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Murcia (1995-2019). Y tras su jubilación, profesor emérito de Químicas.

Hacer un trámite administrativo ya no implica pedir una mañana libre, desplazarse hasta una oficina municipal o esperar turno. Esa es la transformación que persigue el Ayuntamiento de Murcia con la evolución de la aplicación TuMurcia, cuya versión 10.0 ha dado un paso más hacia un modelo de administración electrónica en el que el teléfono móvil se convierte en una auténtica ventanilla única para los ciudadanos.

La principal novedad de esta actualización es la integración de una Sede Electrónica nativa, que permite realizar de principio a fin la totalidad de los trámites municipales directamente desde la aplicación, sin necesidad de abrir un navegador web externo. El sistema incorpora además identificación biométrica y altos estándares de seguridad digital, facilitando el acceso al historial ciudadano y simplificando la gestión administrativa desde cualquier lugar.

Uno de los avances más relevantes es la incorporación de la Carpeta Ciudadana, un espacio personal desde el que cada usuario puede gestionar su relación con el Ayuntamiento de forma centralizada. A través de esta herramienta es posible consultar notificaciones electrónicas, expedientes y registros administrativos, además de acceder a diferentes servicios municipales sin salir de la aplicación. La plataforma también permite solicitar citas previas y consultar el tablón de anuncios municipal, convirtiéndose en el principal punto de acceso a la administración local desde el móvil.

Entre los servicios disponibles destaca la posibilidad de obtener de forma inmediata el volante de empadronamiento, uno de los documentos más solicitados por la ciudadanía. Su descarga puede realizarse de manera telemática mediante identificación electrónica, evitando desplazamientos y reduciendo considerablemente los tiempos de espera. Esta funcionalidad se suma a un catálogo de más de un centenar de procedimientos municipales que pueden gestionarse digitalmente a través de la plataforma.

La aplicación busca ahorrar tiempo, eliminar colas y ofrecer un servicio disponible las 24 horas del día desde cualquier dispositivo móvil.

Una gestión ágil y transparente

La Carpeta Ciudadana representa además un cambio en la forma de interactuar con la administración municipal. En lugar de acceder a diferentes portales o realizar consultas presenciales, el usuario dispone de un único espacio donde consultar el estado de sus expedientes, revisar las notificaciones pendientes, acceder a sus registros administrativos y continuar los trámites iniciados. Esta centralización facilita una gestión más ágil y transparente, además de ofrecer un mayor control sobre la información personal y la relación con el Consistorio.

Aunque el impulso de la administración electrónica constituye uno de los ejes de la actualización, la aplicación amplía también sus funcionalidades en otros ámbitos de la vida cotidiana. La versión 10.0 incorpora información en tiempo real sobre el transporte público, incluyendo rutas de autobuses urbanos e interurbanos, tiempos de llegada y localización de paradas cercanas. Asimismo, integra mapas de farmacias —incluidas las de guardia—, centros de salud, hospitales, desfibriladores públicos e instalaciones deportivas, además de una taquilla virtual para la compra de entradas de eventos culturales y nuevas opciones de personalización y participación ciudadana.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, Tu Murcia ha experimentado un crecimiento constante hasta superar los 23.000 usuarios activos y acumular más de 36.500 descargas, consolidándose como el principal canal digital de relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.

La alcaldesa de Calasparra, la socialista Teresa García, no revalidará su cargo en las elecciones municipales del próximo 2027. Tal y como ha anunciado a través de redes sociales, la primera edila ha decidido no presentarse a la reelección por motivos personales.

“Esta decisión no nace del cansancio, sino del amor a Calasparra y del trabajo y la responsabilidad que nunca he querido dejar a medias”, ha subrayado García. Regidora del Consistorio calasparreño desde el año 2020, accedió al cargo por primera vez tras la renuncia de José Vélez para ser delegado del Gobierno en la Región de Murcia. En los comicios siguientes de 2023, mantuvo la mayoría absoluta socialista. Ahora, mantiene el compromiso de agotar este mandato, pero descarta ser candidata para las próximas elecciones: “Sigo siendo alcaldesa y voy a seguir ejerciendo hasta el último día”.

En su comunicado, la primera edila reconoce el coste personal de la política: “En estos años también he vivido momentos duros, he visto demasiadas veces cómo el debate se convertía en ataque personal, cómo el insulto intentaba ocupar el lugar de los argumentos”, ha lamentado, al tiempo que ha defendido que siempre ha creído en una política “positiva, útil y respetuosa, donde se pueda discrepar sin destruir, criticar sin insultar y defender ideas sin hacer daño a las personas”.

Las tensiones dentro del Pleno municipal, ha asegurado, suelen llegar a la familia y los amigos, “a quienes no eligieron estar en primera línea”, por lo que ve necesario “parar, mirar a los tuyos y reconocer que también merecen tiempo y presencia”.

Así, la primera alcaldesa mujer de Calasparra pone fecha de caducidad a esta etapa, que define como “uno de los mayores honores” de su vida: “Tomo esta decisión con serenidad, con gratitud y con la tranquilidad de haber intentado dar siempre lo mejor de mí misma por este pueblo”.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha exigido este lunes a Pedro Sánchez más medios policiales para hacer frente a las mafias que se mueven “sin control” en las costas murcianas. Lo ha hecho a través de una carta que se ha materializado tras la llegada en los últimos seis días de 112 migrantes a bordo de embarcaciones clandestinas a la Cala del Barco y Punta Negra, en Cartagena.

En su misiva, López Miras ha mostrado además su preocupación ante la posibilidad de que la “invasión” de Ceuta este verano provoque que los migrantes que no lograron pasar a la ciudad autónoma sigan buscando vías irregulares para llegar a España.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha considerado el discurso del presidente murciano “irresponsable” y “oportunista”. Y ha lamentado que se vincule la situación de Ceuta “con la llegada de más inmigrantes a nuestras costas”. Según Francisco Lucas, “son dos fenómenos completamente distintos”.

“Lamentablemente, el presidente regional ha decidido utilizar la inmigración para generar alarma social, asustar a la población y tapar su incapacidad para gestionar la Región de Murcia; López Miras vuelve a demostrar su deslealtad institucional y oportunismo, copiando lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía y enviando una carta al presidente del Gobierno vinculando estos dos fenómenos y describiendo una situación que no es real en la Región de Murcia”, ha manifestado el delegado.

“Entiendo la preocupación de los ciudadanos, pero al mismo tiempo les garantizo que todos los organismos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Región de Murcia luchan incansablemente y con buenos resultados contra las mafias, como demuestra el desmantelamiento en agosto de una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico de personas en el Mediterráneo”, ha añadido.

Lucas ha comunicado que el Ministerio del Interior ha asignado una nueva embarcación que ya está en Cartagena y que servirá para reforzar los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y las mafias.

“Total impunidad”

En su carta a Pedro Sánchez, el presidente regional ha denunciado que en el plazo “de apenas cuatro días”, se ha registrado la llegada de lanchas rápidas que trafican con inmigrantes “con total impunidad y a plena luz del día, sin que hayan sido interceptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Sin embargo, en un comunicado de prensa, el delegado del Gobierno ha recordado que todas las personas que han desembarcado en la Región de Murcia en los últimos días han sido localizadas por la Guardia Civil, atendidas por Cruz Roja y que se han iniciado los correspondientes procedimientos de expulsión.

En palabras de López Miras, “lo ocurrido en las playas de Cartagena estos días de agosto, pone de manifiesto la imprevisión de un Ministerio del Interior sin respuesta a las reiteradas demandas de reforzar los efectivos de la Guardia Civil en nuestra comunidad autónoma”. Y ha urgido a incrementar los medios tecnológicos de vigilancia, “como sensores, radares o drones, que permitan controlar y prevenir incidentes de esta naturaleza”.