Mientras en el País Valencià miles de docentes mantienen una huelga indefinida desde hace cuatro semanas y llenan las calles para defender la educación pública, en nuestra región seguimos observando con resignación cómo se acumulan los problemas sin que exista una respuesta política a la altura.

Quizá uno de nuestros mayores lastres sea precisamente la dificultad para dar el paso. Somos una región que históricamente se moviliza poco. En los últimos años, a pesar de que las quejas en los claustros, salas de profesores y pasillos no han dejado de aumentar, rara vez hemos conseguido transformar ese malestar en una reivindicación sostenida. Sin embargo, la experiencia demuestra que los avances laborales y educativos nunca han llegado por generación espontánea. Han sido fruto de la presión social, del diálogo respaldado por la movilización y de la capacidad de una comunidad para defender aquello que considera esencial.

Llevamos más de quince años esperando la reversión de unos recortes que la Consejería considera ya permanentes. Quince años durante los cuales se han sucedido gobiernos, anuncios y promesas, que no se han transformado en una planificación educativa seria a medio y largo plazo y que no han dotado ni de recursos ni de estabilidad a la educación de todas y todos. Se gobierna a golpe de improvisación y se atiende la urgencia del día a día, mientras se elude seguir una hoja de ruta que permita afrontar los retos del sistema educativo.

Nuestras reivindicaciones afectan a todos los ámbitos de la enseñanza, y, aunque son de sobra conocidas, no dejan de ser urgentes. Desde la reducción de ratios hasta el aumento de recursos para la atención a la diversidad; desde la necesidad de climatizar unas aulas que cada año soportan temperaturas más extremas hasta la urgencia de acometer un verdadero plan de infraestructuras que acabe con el hacinamiento, el amianto, los barracones y el envejecimiento de los centros. A ello se suman problemas enquistados como la creciente conflictividad escolar, el exceso de burocracia o la insuficiente dotación económica que reciben los centros educativos para su funcionamiento, cuya financiación todavía es inferior a la de hace quince años.

Tampoco pueden ignorarse cuestiones laborales que afectan directamente a la profesión docente: la pérdida continuada de poder adquisitivo, la falta de protección para el profesorado mayor de 55 años, la incertidumbre en procesos de oposiciones o el incremento constante de responsabilidades que recaen sobre el personal docente y equipos educativos, sin que se dote del tiempo y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Cada curso se exige más al profesorado, pero esa exigencia no se ve acompañada con una mejora de las condiciones de trabajo.

A todo esto se suma un progresivo deterioro de la consideración social de la profesión docente. Durante años se ha ido construyendo un relato que cuestiona permanentemente nuestro trabajo y minimiza nuestra aportación al conjunto de la sociedad. Como consecuencia, muchas de nuestras reivindicaciones son recibidas con indiferencia, cuando no directamente con desconfianza o menosprecio. Se olvida que defender unas condiciones laborales dignas para el personal docente no es un privilegio para unos pocos, sino una condición indispensable para garantizar una educación pública de calidad.

Estamos viviendo en directo cómo se privatiza la Formación Profesional, después de años de avance imparable de la universidad privada ultracatólica, cómo se apuntala la educación concertada al tiempo que se cierran líneas en la pública, cómo se llevan las ratios al límite y cómo se eliminan programas específicos para ahorrar presupuesto. La educación pública es la herramienta más potente de cohesión social y la única que asegura la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. No podemos achacar todo esto a una falta de incapacidad o de incompetencia, al menos no en su totalidad, sino también a un plan premeditado del Gobierno regional para definir un modelo social segregador marcado por los orígenes y por la situación socioeconómica que tenía nuestra familia cuando llegamos al mundo.

Muchos de estos problemas no son nuevos, sino que han sido señalados durante años por docentes, equipos directivos, sindicatos y por toda la comunidad educativa. Lo que falta no es información, sino voluntad política para abordar soluciones estructurales. Falta una estrategia clara, consensuada y dotada presupuestariamente. Falta que, ante el posicionamiento del Gobierno regional sobre su modelo educación pública, la ciudadanía responda y muestre su desacuerdo.

Por eso resulta inevitable mirar hacia el País Valencià y preguntarnos qué nos impide hacer lo mismo. Allí la comunidad educativa ha entendido que la movilización es una herramienta democrática para defender derechos, reclamar mejoras y situar la educación pública en el centro del debate social. Docentes, estudiantes y familias han demostrado que cuando existe una preocupación compartida es posible organizarse colectivamente para hacerse escuchar. En ese proceso también ha sido importante la capacidad de las organizaciones sindicales progresistas para construir espacios de unidad en torno a objetivos comunes. En un contexto de fragmentación y desgaste, esa voluntad de colaboración constituye una experiencia de la que merece la pena aprender.

Ha llegado el momento de reconstruir la fuerza demostrada por la marea verde y de hacerlo desde la base. De organizarse desde los claustros, desde los centros educativos, con las asociaciones de estudiantes y de familias, con todas las personas que sostienen cada día la escuela pública. Somos nosotras quienes conocemos los problemas reales y quienes sufrimos las consecuencias del desmantelamiento de los servicios públicos, pero también quienes tenemos la capacidad de impulsar el cambio.

La realidad es que nos sobran los motivos para salir a la calle. Porque la educación pública no puede seguir siendo desmantelada. Porque después de quince años de recortes y promesas incumplidas, la paciencia tiene límites. Y porque, aunque nos cueste movilizarnos, la resignación nunca ha mejorado la escuela, recuperado ningún derecho ni construido un futuro mejor para nuestras hijas e hijos.

“La maestra luchando también está enseñando”

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Veolia Región de Murcia pone el foco en un aspecto que pasa desapercibido: qué ocurre con el agua después de utilizarla en nuestro día a día. En la EDAR de Cabezo Beaza, en Cartagena, ese recurso inicia un nuevo camino gracias a los procesos de depuración y regeneración que permiten darle una segunda vida. El agua tratada en esta planta se destina a usos agrícolas, pero además el trabajo de la compañía ha convertido este entorno en un espacio de gran valor para la biodiversidad.

En colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y la asociación ecologista ANSE, Veolia impulsa desde hace años actuaciones para favorecer la presencia de aves acuáticas, mejorar la diversidad vegetal y controlar especies invasoras. Este vídeo muestra cómo la gestión sostenible del agua puede transformar una infraestructura ambiental en un refugio de vida y en un ejemplo de colaboración público-privada al servicio del territorio. “En Veolia no tenemos ninguna duda de que regenerar el agua es la mejor manera proteger el medio ambiente”, apuntan.

Cuidar el medio ambiente no es un gesto puntual ni una fecha marcada en el calendario. Aunque el Día Mundial del Medio Ambiente recuerde cada 5 de junio la importancia de proteger el planeta, en Murcia esta labor se realiza todos los días del año. Con esa filosofía —la de que cada día es 5 de junio— el Ayuntamiento de Murcia y PreZero pusieron en marcha en julio del pasado año el sistema 'Un Solo Día', una herramienta diseñada para mejorar la gestión de enseres y voluminosos, evitar abandonos en la vía pública y avanzar hacia un entorno más limpio y sostenible.

La iniciativa comenzó como una fase piloto en siete pedanías de la Costera Sur —Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos, Barrio del Progreso, San José de la Vega y Algezares—, donde se estableció un calendario claro: depósito de enseres los martes por la noche y recogida los miércoles. Los resultados fueron inmediatos: menos puntos negros, calles más ordenadas y un servicio más eficiente.

Con esta experiencia positiva, en abril el Ayuntamiento decidió ampliar el sistema a cuatro pedanías más: El Raal, Llano de Brujas, Puente Tocinos y Santa Cruz, alcanzando así a más de 70.000 vecinos del municipio. En estas nuevas zonas, el calendario fijado fue el depósito los jueves y la recogida los viernes, manteniendo la misma franja horaria y las mismas normas de uso.

Un sistema sencillo para ordenar la recogida

'Un Solo Día' funciona con una idea simple: un día para bajar los enseres y un día para recogerlos, sin necesidad de avisos previos. Los vecinos deben depositar los muebles y objetos voluminosos entre las 20:00 y las 23:00 horas, siempre junto al contenedor más cercano al domicilio y sin obstaculizar el paso.

Este modelo permite planificar rutas más eficientes, reducir la presencia de voluminosos en la vía pública y mejorar la convivencia en los barrios.

Normas para garantizar un servicio eficaz

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se mantienen unas pautas básicas:

El Ayuntamiento de Murcia y PreZero recuerdan que no se recogen restos de poda, escombros ni aparatos que contengan gases CFC, como frigoríficos o aires acondicionados, y que estos elementos deben llevarse al Ecoparque, donde se gestionan de forma segura y conforme a la normativa ambiental.

Además, la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos establece que abandonar muebles o enseres en la vía pública es una infracción grave, sancionable con multas que pueden alcanzar importes elevados, lo que refuerza la importancia de utilizar correctamente los servicios municipales.

Un trabajo continuo de comunicación y cercanía

Antes de la puesta en marcha del sistema, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero desarrollaron una amplia fase de concienciación en todas las pedanías, en la que las brigadas cívicas recorrieron establecimientos, centros públicos, supermercados, comercios y locales de barrio, informando directamente a los vecinos sobre el nuevo modelo de recogida. Este trabajo se realizó a pie de calle, con el apoyo de las juntas vecinales y asociaciones locales, que ayudaron a trasladar el mensaje y a dar voz a las necesidades de cada zona.

Desde el equipo de las brigadas cívicas del servicio de limpieza destacan que “comunicar a pie de calle sirve para tomar el pulso real a los vecinos. La iniciativa se está recibiendo de forma muy positiva y se aprecia claramente que a la ciudadanía le importa y quiere ser parte activa del cuidado de su entorno”.

Precisamente, Jesús Zapata, pedáneo de Llano de Brujas, resalta el valor educativo y comunitario de esta labor en los barrios: “Además de esperar que nuestro pueblo esté mucho más limpio, este sistema es una forma excelente de educar a los vecinos, ayudándoles a adquirir hábitos responsables y a aprender qué día concreto deben sacar los enseres. De hecho, en el colegio ya se lo han aprendido de memoria; las brigadas cívicas se acercaron a dar una charla y a los niños les gustó muchísimo. Es fundamental empezar desde la base”.

Una vez implantado el sistema, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero mantienen un trabajo constante de comunicación para recordar a los vecinos el funcionamiento del servicio y reforzar los hábitos responsables.

A través de los ecopuntos semanales, que recorren las pedanías durante toda la semana, se traslada esta información de manera directa y accesible. Estos puntos informativos tienen una presencia especial en los mercadillos habituales, donde se atiende a los vecinos de cada zona, se resuelven dudas y se recuerda el calendario de depósito y las normas de uso. Este contacto directo permite reforzar el mensaje, mejorar la comprensión del sistema y fomentar una participación activa de la ciudadanía.

La voz de los vecinos: cuatro miradas sobre un sistema útil y cercano

El sistema 'Un Solo Día' también ha sido bien recibido por los vecinos, que lo han incorporado a sus rutinas y destacan su utilidad en el día a día. Diego, vecino de Puente Tocinos, explica que para él “es muy cómodo tener un día fijo. Lo apunto en la agenda del imán del frigorífico y así organizo cuándo bajar los muebles viejos o cosas grandes. Antes no sabía si llamar o si pasarían, ahora está claro”.

Pilar, vecina joven de Llano de Brujas, comenta cómo conoció la iniciativa: “Vi el cartel informativo en la alcaldía de la pedanía y nuestro pedáneo me estuvo explicando al detalle cómo funcionaba todo. Me pareció una idea estupenda y enseguida se lo conté a mis vecinas; ahora ya lo saben todas y estamos pendientes de cumplir con el día asignado. Al final, enterarse y ayudarnos entre todos hace que el pueblo funcione mejor”.

Pedro, maestro jubilado de Beniaján, valora especialmente la regularidad del sistema: “A mi edad me gusta tener las cosas ordenadas. Sé que los martes por la noche puedo bajar lo que ya no uso y el miércoles desaparece. Lo tengo integrado en mi rutina”. Mientras que María, residente en una zona de huerta en El Raal, lamenta cuando ve enseres abandonados fuera de lugar: “Da pena ver muebles tirados en la acequia o en un camino. Con este sistema ya no hay excusa. Si todos respetamos el día, la huerta se mantiene limpia”.

Atención y recogida en el resto del municipio

Para garantizar que todo el término municipal disponga de una cobertura óptima, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero recuerdan que aquellos vecinos que no residan en las pedanías adscritas al sistema 'Un Solo Día' deben seguir utilizando el canal tradicional. En estos casos, el procedimiento sigue siendo el habitual: es necesario llamar al teléfono gratuito de recogida de enseres 900 511 133 e indicar el domicilio exacto. Posteriormente, y siguiendo las indicaciones del servicio, los objetos deberán depositarse ordenadamente junto al contenedor más cercano a su vivienda para su correcta retirada.

Un gesto sencillo para cuidar Murcia todos los días

La experiencia de 'Un Solo Día' demuestra que la sostenibilidad se construye con gestos cotidianos y con sistemas que facilitan a la ciudadanía actuar de forma responsable. Antes de convertirse en residuo, los muebles o enseres deberían repararse, reutilizarse o donarse si aún están en buen estado. Los muebles nuevos tienen un alto coste económico y un impacto ambiental significativo, por lo que alargar su vida útil es siempre la opción más sostenible.

Solo cuando estos objetos ya no pueden aprovecharse entra en juego la recogida municipal, que garantiza un tratamiento adecuado y respetuoso con el entorno. En el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, los materiales reciclables se recuperan y el resto se transforma en combustible sólido recuperado, una alternativa a los combustibles fósiles que contribuye a reducir emisiones y avanzar hacia un modelo de economía circular.

El Día Mundial del Medio Ambiente recuerda cada año la importancia de un consumo responsable, de alargar la vida útil de los objetos y de utilizar los recursos de forma eficiente. El sistema 'Un Solo Día' forma parte de ese compromiso: una herramienta que ordena la recogida, protege el entorno y ayuda a construir un municipio más sostenible.

El Ayuntamiento de Murcia y PreZero continúan trabajando para modernizar los servicios, mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia un modelo más respetuoso con el planeta. Porque en Murcia, cada día es 5 de junio y cada gesto cuenta para cuidar el medio ambiente.

El director de la extinción ha declarado controlado el incendio forestal en la pedanía de Los Garres y Los Lages (Murcia), que ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy. Por su parte, el director del Plan Infomur ha decretado la situación operativa 0 del mismo. Tras 48 horas, los equipos de extinción han conseguido frenar el avance de las llamas.

A las 13:35 horas de hoy se declaraba controlado y, como consecuencia, la situación operativa del Plan ha pasado a 0. Permanecen en el lugar en tareas de refresco de terreno y de vigilancia efectivos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales. En total, cuatro brigadas forestales, dos brigadas de intervención rápida, agentes medioambientales, técnicos y personal de coordinación y apoyo se encuentran controlando la zona. El pasado miércoles, a las 18:20 horas, se daba por estabilizado y esta mañana se declaraba la situación operativa 1 de la fase de emergencia del Infomur.

El incendio comenzó a las 15:10 horas del pasado martes, 2 de junio. En apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzaron en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla. Esa misma tarde, se declaró la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur. Han participado en su extinción medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Murcia, del Estado y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.

En los momentos más críticos del incendio llegaron a trabajar unos 400 efectivos, entre personal de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, bomberos municipales de Murcia, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales y personal técnico especializado. La Unidad Militar de Emergencias ha reforzó sus esfuerzos con un despliegue de más de 170 efectivos y 50 vehículos los medios que ya trabajaban en la zona. Medio centenar de viviendas tuvieron que ser desalojadas y los vecinos con sus mangueras ayudaron a contener el fuego en las calles donde tienen sus casas.

“En la parte este, al sur de la sierra. Zona verde justo en el límite de la zona quemada”, se escucha repetir a dos efectivos con el terminal portátil en mano en el puesto de mando avanzado para combatir el incendio, situado junto al cementerio de la pedanía murciana de Los Garres. Los coordinadores guían por radio a los medios aéreos señalando posiciones con precisión milimétrica al pie de la Cresta del Gallo, la formación rocosa de unos 500 metros que da nombre a uno de los rincones más frecuentados del parque regional de El Valle y Carrascoy, ya que su cima está coronada por grandes rocas rojizas que, vistas desde la ciudad, recuerdan la cresta de un ave.

No han pasado todavía las 24 horas desde que se declaró el fuego este martes, a las 15.10 de la tarde y varios helicópteros sobrevuelan sin descanso la zona, con el bambi colgando a varios metros bajo el fuselaje. En cuestión de segundos, el agua cae en cortina sobre las llamas y, sin apenas margen de pausa, cada aparato regresa de inmediato a balsas cercanas -y en el caso del hidroavión, al pantano de la Pedrera, en Orihuela- para reiniciar la maniobra. Mantienen así una presión constante y coordinada sobre el incendio en Murcia.

“No habíamos visto nunca nada así, ayer [por el martes] se vivieron momentos de película de terror”. Habla Mercedes, vecina de Los Garres, minutos antes de meterse en el coche para visitar el cementerio de la localidad, a los pies de la sierra, y franqueado por un alto muro que impidió que las llamas se colaran en el camposanto, situado en la zona cero del incendio. “Queremos asegurarnos de que no ha habido daños”, remata. Su casa está a unas pocas decenas de metros de un par de fincas que arrasaron las llamas. “Esto está muy descuidado, lleno de matorral seco, hace años era una explotación de naranjos, pero ya no queda nada, está muy abandonado”.

“El limonero no arde”

Juan Carlos Moyano, exalcalde pedáneo (Ciudadanos) de San José de la Vega, población que queda dividida de Los Garres al atravesar la avenida del Camino de la Tejera, no tiene dudas sobre las causas del incendio que ha arrasado la Cresta del Gallo: “Esto se lleva diciendo años. Que iba a pasar, que iba a pasar. Y ha pasado”. Moyano apunta directamente al abandono de la finca Barceló, ahora propiedad de una empresa vinculada al mexicano Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones y uno de los hombres más ricos del mundo, y de la antigua finca de la Tana, cuyos terrenos quedaron en barbecho cuando su propietaria, la familia Cánovas, arrancó los cítricos a finales de los años 90.

Unos 15.000 habitantes residen en ambas pedanías de Murcia -de un total de 55-, donde se extienden dúplex, almacenes frutales, cítricos y edificios de escasa altura, todos ellos atravesados por los carriles -carreteras estrechas, sin apenas acera- de huerta y a escasos metros de la sierra, pulmón de la capital murciana.

“El limonero no arde. Hay dos fincas quemadas y un huerto de limoneros en el centro que no ha ardido”, explica Moyano. Varios bomberos trabajan aún en apagar los últimos rescoldos junto a una nave agrícola, donde se dibuja una frontera nítida entre el verde intacto de los limoneros y el negro de las cenizas en las que se ha convertido el matorral de las parcelas. A su juicio, la sustitución de los cultivos de cítricos por vegetación seca y abandonada fue la mecha que esperaba prenderse: “La maleza tiene una capacidad de combustión enorme. Arde rápido y se propaga”. 

El expedáneo recuerda que tanto él como otros alcaldes de la Vega Baja del Segura llevan años denunciando la dejadez en la limpieza de esas fincas de más de 300.000 metros cuadrados. “Hay una ordenanza municipal que obliga al propietario a tener la finca vallada y limpia, y que faculta al Ayuntamiento a entrar, limpiarla y pasarle el cobro. Pero no se hace. Nunca se ha hecho”, lamenta.

Moyano vivió el incendio de cerca. Dormía la siesta el pasado martes cuando su mujer le llamó por teléfono. “Cuando abrí la puerta, una bocanada de humo entró en casa. No se veía ni los chalets de enfrente”, recuerda. En los minutos más críticos, entre las cinco y las seis de la tarde, acogió en su casa a más de veinte vecinos desalojados, con varios perros y gatos, mientras intentaba calmar a familias con niños pequeños aterrados. Ahora su preocupación se traslada al futuro: “Cuando caiga una dana en otoño, aquí no va a haber nada que pare el agua. Esa ladera quemada va a ser un desastre”.

Una EBAU, sin “haber pegado ojo en toda la noche”

Con los móviles en alto, Tania y Nerea registraban a primera hora la labor de los helicópteros. Ambas estudiantes, son amigas y vecinas de la parte alta de la pedanía. Y sus familias se cuentan entre el centenar de desalojadas este martes para prevenir un desastre ante el voraz avance de las llamas.

“Empezamos a llamar a Emergencias a las tres de la tarde, pero a las tres y media seguía sin haber mucho movimiento de efectivos y a las cuatro el fuego se había adueñado de la sierra”, se queja Nerea, que a pesar de haber terminado Bahillerato -cuenta- no tenía previsto realizar las pruebas de la EBAU, “pero otros compañeros sí que han tenido que presentarse esta mañana, a pesar de no haber pegado ojo en toda la noche”.

A su lado, Tania recuerda “el miedo” vivido en la tarde del martes cuando les aconsejaron salir de sus casas. “Fue horrible ver cómo ardía la montaña y el fuego corriendo hacia abajo, se quedó a diez metros de nuestras viviendas y tuvieron que desalojar a bebés y personas mayores; mucha gente no quería salir de su casa, o estaba durmiendo porque fue a la hora de la siesta y no se habían enterado de nada”.

Entre las cinco y las seis de la tarde del martes se vivieron los peores momentos. “A esa hora hasta bajaban los bomberos mareados de la asfixia, vimos a algunos tirados en el suelo, con lipotimias”, recuerda Tania, que como el resto de sus vecinos se echó a la calle con mangueras y cubos para intentar ayudar a extinguir las llamas. “No pudimos volver a casa hasta bien entrada la madrugada”.

Mascarillas de la pandemia para protegerse del humo

No muy lejos de sus casas, en uno de los puntos calientes del incendio, se levanta el CEIP Antonio Díaz. Rescatadas de la época de la pandemia, los docentes han sacado de una caja esta mañana varias docenas de mascarillas para protegerse de la nube de humo que sigue dominando el ambiente y que ha obligado a niños y profesores a volver a cubrirse el rostro durante la mañana.

De los 300 niños que estudian en este colegio público de la pedanía, a las faldas de la sierra, solo ha cruzado la puerta a las nueve de la mañana medio centenar. “Pero a muchos se los están llevando ya porque las aulas huelen mucho a humo, y no se puede estar dentro”, cuenta la jefa de estudios minutos antes de recibir en el colegio a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y al consejero de Presidencia, Acción Exterior, Emergencias y Juventud, Marcos Ortuño, que se han acercado hasta el centro escolar a primera hora de la mañana.

El origen del incendio se sitúa en torno a las 15.10 del martes. “No se sabe nada todavía de las causas del incendio pero la policía científica está desplegada investigando el asunto y en las próximas horas o días es posible que sepamos algo”, dice la alcaldesa Rebeca Pérez, quien apunta que “el viento fue el problema fundamental, que provocó que se expandiera con demasiada virulencia”, unido a las temperaturas extremas de un día con alerta naranja declarada. “El dispositivo, formado por más de 400 hombres, sigue activo”, destaca el consejero Marcos Ortuño, quien ha cifrado en 177 hectáreas el espacio afectado por el incendio, “unos siete kilómetros”, de las que un 50 por ciento pertenecen a masa forestal.

La actividad que no cesa

En el campamento donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado no cesa la actividad. Técnicos, agentes medioambientales, bomberos y responsables de emergencias siguen de cerca la evolución del incendio y coordinan sobre el terreno el despliegue de medios terrestres y aéreos, en una jornada marcada por el humo, las altas temperaturas y la vigilancia constante de los puntos más sensibles del perímetro.

“Los efectivos siguen actuando esta mañana para sofocar los fuegos que se van reactivando con el viento”, explica Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia desde el centro de coordinación del incendio. Desde las siete de la mañana, concreta, han empezado a operar en la zona de nuevo los medios aéreos, tres helicópteros del Gobierno regional y un avión del Ministerio para la Transición Ecológica.

“Desde ayer mismo tanto la Guardia Civil como la Policía Científica están al pie del cañón para investigar las causas del incendio”, adelanta Perona, quien pide prudencia para determinar las posibles causas de las llamas.

Incendios “más virulentos”

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha acudido al puesto de mando para agradecer el trabajo de los efectivos desplegados desde el inicio del incendio. Desde el Ministerio, según explica, se pusieron a disposición de la Región de Murcia cinco medios aéreos: un avión de coordinación, tres anfibios de gran capacidad y un helicóptero, además de 200 militares de la UME y 75 medios terrestres. “Desde el primer momento ha habido una estrecha colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno. Hemos trabajado mano a mano”.

El dispositivo, además, está integrado por una treintena de efectivos de Emergencias y Protección Civil, seis unidades policiales, cuatro vehículos de bomberos, cinco brigadas forestales y cuarenta agentes de la Unidad Militar de Emergencias, que continuaban este miércoles trabajando en la Cresta del Gallo, el punto que corona la Sierra de Carrascoy, y uno de los focos donde las llamas más han resistido.

Aagesen lanza un aviso sobre la situación general: “Los incendios no solo afloran con mayor cantidad, sino que son mucho más virulentos”. La ministra apela a un pacto de Estado frente a la emergencia climática y reclamó anticipación, prevención y más medios. Al término de su intervención, afirma que la situación era “mucho mejor que la de ayer [por el martes]” y que se espera poder declarar el incendio estabilizado a lo largo de la tarde de este miércoles.

Gran parte de los pinares de este parque regional son fruto de las repoblaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, continuadas durante el franquismo con el pino carrasco como especie casi única. Lo que entonces se plantó para salvar los montes desnudos, el fuego del martes lo devoró en horas.

“No hablamos solo del valor ambiental, que es enorme. Con las condiciones climáticas actuales, tener un pulmón para la ciudad de este volumen y tan cerca es muy importante. Pero también hablamos del valor sentimental, porque quién no se ha subido al monte a andar una tarde o un fin de semana. Es una joya que tenemos que cuidar siempre”, apunta el portavoz socialista en el consistorio murciano, Ginés Ruiz Maciá.

El olor a humo sigue impregnado en la piel y la atmósfera.

El Ayuntamiento de Calasparra ha presentado esta tarde la programación de la Donación de la Villa 2026, que tomará el centro urbano del 5 al 9 de junio para recordar la entrega de la localidad a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, un acontecimiento que en 1289 fijó la identidad del municipio. En la presentación han intervenido Teresa García, alcaldesa de Calasparra; Pablo Cassinello, concejal de Cultura; Juan José López, concejal de Festejos; representantes de la Asociación Coral de Calasparra y del Taller Municipal de Comediantes; y el escritor Fulgencio Fernández Buendía.

El eje central de las celebraciones será, una vez más, el mercado medieval La Encomienda, instalado en la zona centro, con alrededor de cuarenta puestos de artesanía y animación permanente. A su alrededor se desplegarán propuestas de divulgación y espectáculo: conciertos corales, teatro del Taller Municipal de Comediantes, números de calle y espectáculos de fuego que transformarán plazas y rincones en un escenario continuo. La programación mantendrá su vocación familiar con un rincón infantil, cuentacuentos y juegos de ingenio, junto a recreaciones de campamento y personajes de época.

Como novedades destacadas de esta edición, el Archivo Municipal abrirá en jornada de puertas abiertas para acercar al público los documentos originales de la Donación de la Villa, y se ha incorporado una ruta guiada con explicación histórica del Castillo de Calasparra y de la fortaleza medieval de San Juan (siglo XII, BIC).

La agenda cultural suma además la presentación del libro 'El Albéitar y la Encomienda', de Fulgencio Fernández Buendía, y una batería de intervenciones escénicas de ambiente fantástico que convivirán con la música y la animación del mercado.

La programación culminará con dos grandes acontecimientos: el Gran Desfile Medieval por el casco urbano y la teatralización de la Donación de la Villa en la plaza de San Pedro, a cargo del Taller Municipal de Comediantes. Estos actos pondrán el broche final a cinco días de actividades que combinarán historia, cultura, tradición y participación ciudadana para conmemorar uno de los acontecimientos más relevantes del pasado de Calasparra.

Además, el Ayuntamiento de Calasparra rendirá homenaje a dos referentes fundamentales de la historia y la identidad del municipio. Por un lado, concederá a título póstumo las Llaves de la Villa a Juan Montiel García, maestro de profesión y de vocación, cuya trayectoria dejó una profunda huella en generaciones de calasparreños y calasparreñas. Más allá de su labor educativa, Juan Montiel destacó por su implicación en la vida social, cultural y deportiva del municipio, participando en iniciativas teatrales y formando parte de los Veteranos de Fútbol de Calasparra, convirtiéndose en una persona especialmente querida y respetada por sus vecinos.

Asimismo, el Ayuntamiento otorgará la Medalla de Oro de la Villa a la Denominación de Origen Protegida de Calasparra en su 40 Aniversario como homenaje a todas las personas e instituciones que han contribuido, a lo largo de las generaciones, a hacer del Arroz de Calasparra un referente de calidad y excelencia reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Agricultores, cooperativistas, empresarios, técnicos y representantes institucionales recibirán este reconocimiento colectivo por su trabajo en la protección, promoción y prestigio de un producto que constituye uno de los principales símbolos de identidad de Calasparra y uno de sus mejores embajadores a nivel nacional e internacional.

Con este programa, Calasparra vuelve a mirar a su pasado para reforzar su identidad y memoria histórica. Cinco días de actividades abiertas a vecinos y visitantes que servirán para recordar una de las páginas más importantes de la historia local y, al mismo tiempo, reconocer a quienes han contribuido con su esfuerzo y dedicación al presente y al futuro de la Villa.

Los equipos de emergencia han logrado perimetrar el incendio forestal que se inició ayer por la tarde en las inmediaciones de Murcia y que ya ha devastado más de 177 hectáreas del parque regional El Valle-Carrasco. Las labores de extinción se han visto favorecidas por la tregua del viento, permitiendo actuar eficazmente a los bomberos y a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Rebeca Pérez, alcaldesa de la ciudad, ha expresado su gratitud ante la total colaboración y el respaldo de las administraciones estatal y regional. Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo de los cerca de 300 profesionales, entre militares y bomberos —algunos llegados de comunidades vecinas—, cuyo despliegue coordinado ha sido clave para frenar el avance de las llamas.

La regidora también ha ensalzado la intervención de las aeronaves, indispensables para combatir el fuego en las cumbres y áreas escarpadas de difícil acceso donde el personal de tierra no podía maniobrar debido a los grandes desniveles. Se espera que esta misma tarde la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se desplace hasta el puesto de mando avanzado para supervisar de primera mano la evolución de los trabajos sobre el terreno.

Medio centenar de viviendas tuvieron que ser desalojadas y los vecinos con sus mangueras ayudaron a contenter el fuego en las calles donde tienen sus casas. La Unidad Militar de Emergencias ha reforzado la pasada noche con 170 efectivos y 50 vehículos los medios que ya trabajaban en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al foco.

La evolución del incendio mostraba esta mañana una leve mejoría tras las últimas horas de trabajo ininterrumpido. En declaraciones al programa Hoy por Hoy Región de Murcia, el consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, detalló que por la noche las brigadas pudieron trabajar en el perímetro durante una madrugada “sin nada extraordinario” que complicara el escenario. Desde primera hora de este miércoles, los recursos aéreos se sumaron a las tareas de extinción con el fin de “refrescar puntos calientes”, concentrando todos los esfuerzos en estabilizar el fuego “lo antes posible”.

En Onda Regional, el alcalde pedáneo de la localidad, Antonio Ramírez, recordó que el momento de mayor tensión se vivió ayer, cuando la fuerza de las llamas rozó la zona residencial y desató la alarma entre los vecinos. Sin embargo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al confirmar que el núcleo urbano ya no corre peligro.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas del martes y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzaraon en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Protección de la Naturaleza está ya trabajando en la investigación del origen del incendio después de que el pasado domingo se produjera otro que acabó con dos hectáreas de terreno forestal cerca de allí, por la rambla de los Saltadores. 

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamentaba al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

Cervezas Alhambra pone el cierre a una nueva temporada de Murcia Origen, el proyecto cultural y gastronómico con el que la marca invita a descubrir la cultura sin prisa a través del talento local y el origen de los procesos creativos. La iniciativa concluye una edición que ha reunido a más de un millar de asistentes en catorce experiencias culturales y gastronómicas desarrolladas en dieciocho establecimientos y espacios colaboradores de la ciudad.

Murcia Origen ha reunido durante estos meses a creadores, espacios culturales, hosteleros y público en torno a una misma manera de entender la cultura, poniendo el foco en el origen de las ideas, el valor del proceso creativo y la conexión con el territorio. Una propuesta que ha permitido acercar distintas disciplinas creativas al público desde una mirada conectada con sus protagonistas.

A través de catas maridaje, encuentros gastronómicos, recorridos gastroculturales y propuestas centradas en la música y la poesía, Murcia Origen ha explorado distintas formas de creación y expresión vinculadas al territorio. Iniciativas como Degustando Sentidos, Ruta LUX, Canciones Contadas, UNIVerso Murcia o Murcia en Vinilo han acercado al público a la gastronomía, el patrimonio y los procesos creativos que hay detrás de cada disciplina, poniendo el foco en el origen y en las personas que las hacen posibles.

Los dieciocho establecimientos y espacios colaboradores que han formado parte de Murcia Origen han sido fundamentales para el desarrollo del proyecto. Locales como Cucü Gastrobar, Pura Vida, Bar de las Artes, Abonico, Sapidum, Los Pájaros Ateneo Huertano, La Porchá, El Sur, Picoesquina de Mirrín, Mariantonietta, La Morena, La Casa Verde, La Gusa, Kiosco Ben Arabí, Todo Passa Club o Zalacaín han acogido las distintas experiencias de esta edición, contribuyendo a reforzar la conexión entre la cultura, la gastronomía y el tejido local murciano.

Esta temporada ha supuesto la consolidación de Murcia Origen como propuesta cultural de Cervezas Alhambra en la ciudad, ampliando el relato cultural del proyecto y permitiendo profundizar en conceptos que forman parte de su identidad, como el valor del origen, el proceso creativo y el apoyo al talento local. Una evolución que ha contribuido a reforzar la conexión entre cultura, gastronomía y territorio a través de experiencias concebidas para disfrutarse sin prisa.

Un grave incendio forestal declarado este martes por la tarde en la Cresta del Gallo, entre las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, ha obligado a activar el Plan Infomur en situación 2 y a solicitar al Gobierno central el envío de tres aviones anfibios y dos helicópteros para reforzar el operativo de extinción. El delegado del Gobierno de la Región, Francisco Lucas, ha advertido en su cuenta de la red social X pasadas las 19 horas que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había sido activada y “se encuentra de camino para sumarse a las labores de extinción del incendio declarado en Los Garres”.

“Seguimos con preocupación el avance del fuego en el municipio de Murcia, que ha llevado al desalojo de varias viviendas”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas, y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzan en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

El incendio supera ya las 110 hectáreas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia. Algunos vecinos han decidido abandonar sus viviendas de forma preventiva ante el avance de las llamas, próximas a varios núcleos habitados en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al incendio.

“Hay varios helicópteros e hidroaviones sobrevolando la zona de un lado a otro”, cuenta al otro lado del teléfono Paco, propietario de la cafetería Iris, en San José de la Vega. “Aquí no hay peligro, estamos a unos 300 metros; pero arriba el fuego ha llegado a la carretera y en algunas zonas ha saltado muy cerca de las casas, por eso han desolajado algunas viviendas”, continúa. “La nube de humo y ceniza es muy grande, en el monte hay muchas ramas secas y el viento no acompaña”.

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamenta al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

“Aquí en Los Garres está todo el mundo revolucionado, se sigue viendo gente por la calle pero con mascarillas; y lo que es muy curioso es que está el coche lleno de coches aparcados, por lo visto nadie quiere dejar los coches dentro de los garajes porque ha habido un corte de luz y está el pueblo hasta arriba de vehículos”, relara Antonio Pérez, vecino de Los Garres. “Mucha gente se está yendo porque no se fían, las llamas de hecho están llegando ya cerca de un colegio”.

El parque natural cuenta con zonas residenciales en lo que se conoce como la Costera de Murcia, en la falda de la cordillera, en las que viven unos 25.000 habitantes. “Hay mucha zona residencial que ha tenido el fuego muy, muy cerca. Hablo de una calle de cuatro metros y un frente de llamas de 20 metros de altura. [...] Como ha llovido tanto en Murcia y en toda España, hasta hace un mes estaba verde y no ha dado tiempo a limpiar. Esa maleza, que tenía dos o tres metros de altura en algunos sitios, ha ardido con un frente de llamas verdaderamente espectacular”.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha solicitado a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha medios aéreos, al igual que “máxima precaución” a los vecinos a través de su cuenta de X.

Pérez también ha informado en esta red social de que las instalaciones deportivas de las pedanías murcianas de Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, Los Ramos, Torreagüera y Algezares se encuentran cerradas por el incendio, así como los centros de mayores y los campos de fútbol de las dos primeras.

El dispositivo desplegado se acerca a los 300 efectivos, con tres helicópteros operativos más uno de coordinación, brigadas forestales de la UDIF, agentes medioambientales, Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático han movilizado tres aviones anfibio, un avión de coordinación y un helicóptero. El Ayuntamiento ha procedido al desalojo preventivo de las viviendas más cercanas al foco, mientras en algunas zonas se han ordenado cortes de suministro eléctrico para evitar riesgos adicionales.

El fuego se produce en el peor momento posible: la jornada más calurosa de la primavera en la Región, con temperaturas que han alcanzado los 40 grados en la capital y aviso naranja por calor extremo. Las rachas de viento en la sierra complican aún más los trabajos de extinción en el parque regional de Carrascoy y El Valle. Por el momento no se ha informado de heridos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha pedido a los habitantes de la capital murciana que “extremen la precaución” en la red social X.

Desde Protección Civil y Emergencias Murcia han querido recordar a los murcianos y murcianas la importancia de “seguir en todo momento los distintos perfiles oficiales de los servicios de emergencia para evitar bulos o desinformación”. También han informado de que se siguen desplegando nuevos recursos de protección civil y emergencias para este incendio forestal en la ladera de Murcia.

El delegado del Gobierno de la Región, por su parte, ha advertido pasadas las 17.30 horas de que se encontraba de camino “una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero”.

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Con lágrimas en los ojos. Así ha cerrado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el intento de ser apartada del poder con una moción de censura. Tras un intenso Pleno, la moción no ha salido adelante por 13 'noes' y 12 'síes'. Tras dos horas y media de impasse entre los miembros de la Mesa de Edad, se ha celebrado el debate de esta moción que llegaba muerta al Pleno después de perder el respaldo de dos de sus firmantes, los díscolos de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

El debate de la moción lo ha abierto el candidato a alcalde, Jesús Giménez Gallo: “Un total de 16 personas han firmado que el gobierno de Cartagena está llevando a cabo una crisis institucional”, ha apuntado, contando los apoyos retirados de los ex de Vox y las solicitudes de continuar el debate de los fieles Abascal. En un principio, la moción contaba con los 14 votos necesarios para ser presentada, la mayoría absoluta del Pleno. Más tarde caería al descolgarse los tránsfugas de Vox, que se espera que vuelvan a incorporarse al gobierno municipal: “Con el trasunto que ha llevado el PP estos días no nos es de extrañar que los ciudadanos quieran dejar de creer en la política”, ha reprochado Gallo.

Un sentimiento que ha compartido el socialista Manuel Torres: “Durante estos diez días no me he preguntado si la moción salía o no, sino qué miedo tiene el PP de perder el poder. Esta moción no es un capricho, nace de la realidad de que este gobierno ha dejado de ser útil”.

“Esta sesión reunirá o no reunirá [las condiciones para que tenga lugar], pero lo que queda es un debate constructivo”, ha concluido Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena.

Arroyo, por su parte, ha pedido perdón por el “ridículo, bochorno y sinvergonzonería” que ha tenido lugar este martes en el Pleno de Cartagena. Ha querido insistir en la nulidad del Pleno y en el hecho de que se haya incumplido el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): “[Los tránsfugas de Vox] de manera libre han tomado una decisión y es presentar un requerimiento de desistimiento para no seguir apoyando que se presente, que se debata y que se vote esta moción de censura”, ha recordado.

“Nulidad de pleno derecho”

“Nadie está por encima de la ley, ni el PSOE ni Giménez Gallo. Hoy, por intereses partidistas y personales sin ningún fundamento, se está acometiendo una ilegalidad. Este Pleno está tomado por una nulidad de pleno derecho”, ha reprochado. “Por supuesto que en una democracia puede presentarse una moción de censura, pero debe cumplir sus condiciones, y esta no las cumple”.

En su turno de palabra, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha atribuido a esta formación la continuidad del gobierno municipal: “Vamos a votar no a la moción. Vamos a votar no, y ella [Noelia Arroyo] seguirá pudiendo ser alcaldesa porque Vox no cambia principios por sillones”. “Ellos [el PP] se quedan con los tránsfugas que nos han traído hasta aquí, para pasar este bochorno. Se han acercado al cesto de la fruta y se han llevado la podrida para seguir en el poder”.

López Pretel ha aprovechado para reprochar la ausencia del tránsfuga de Vox, Diego Salinas, clave en el fracaso de la moción: “Uno de los firmantes y desfirmantes de la moción no vino al pleno pasado ni a este. Tenemos obligaciones como concejales”.

Al finalizar la votación en el Pleno del consistorio cartagenero, López Pretel ha reclamado ante los medios que “la coherencia de Vox no borra los errores del Partido Popular, que ha decidido expulsar del Gobierno a quienes fueron leales al pacto para conservar a quienes lo rompieron”. Una decisión que, ha anticipado, tendrá “consecuencias políticas, pues la confianza, cuando se rompe, es muy difícil de recuperar”.

El portavoz de Vox en el consistorio de la ciudad portuaria ha explicado que su formación ha votado en contra “porque el PSOE no va a entrar en ningún Gobierno siempre que esté en nuestras manos impedirlo, no porque el PP haya actuado correctamente”.

Rifirrafe en la Mesa de Edad

Todo apuntaba a que la moción nunca llegaría a debatirse, pero los miembros de la Mesa de Edad han entrado a mediodía en un intenso debate interno. Estos han sido Enrique Perez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha recordado que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla, un criterio que compartió la secretaria del Pleno.

Por su parte, Abellán ha defendido que el debate de la moción tenía que seguir adelante: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

Tras dos horas de media de impasse, finalmente se ha impuesto el criterio del edil de MC, mientras la alcaldesa de Cartagena ha advertido de que solicitará la nulidad del Pleno y demandará a Abellán por prevaricación.

De la implosión de Vox a la moción de censura

Aunque la moción de censura se presentó hace dos semanas, su maquinaria lleva moviéndose desde la implosión de Vox en la Región de Murcia. Tras el cese del por aquel entonces líder de los de Abascal en la Comunidad, José Ángel Antelo, Diego Salinas fue el primero en seguir su estela y abandonar la formación. Le seguiría Beatriz Sánchez del Álamo. Hace tres semanas, Salinas abandonó también el gobierno municipal, y una semana más tarde, los tránsfugas de Vox presentaron la moción de censura junto a MC, PSOE y Sí Cartagena.

La convicción de derrocar al gobierno de Arroyo les duró a los tránsfugas una semana. En un intento de evitar que tuviera lugar la moción, la alcaldesa destituyó a los fieles de Vox del gobierno municipal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Horas más tarde, Salinas y Sánchez del Álamo renegaron de la moción de censura: “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justificaron así su cambio de parecer. El pasado lunes fueron más allá registrando sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción y afianzando su fracaso.

Los fieles a Abascal, por su parte, solicitaron formalmente que se mantuviera el debate, recordando que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”.

“Que me has cortado, chico”, estas palabras revelan el tono adoptado entre los miembros de la Mesa de Edad del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, encargada de determinar si se debate y vota la moción de censura presentada contra la popular Noelia Arroyo. Los integrantes de este órgano, Enrique Pérez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP, han mantenido un tenso debate sobre esta cuestión desde el mediodía. Lo que ha empezado como una conversación a micro cerrado se ha convertido en una disputa abierta entre los miembros de la Mesa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha expuesto que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla. Por su parte, Abellán ha defendido que debe seguir adelante el debate de la moción: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

El concejal no adscrito Diego Salinas no ha acudido este martes al Pleno, así que, en el caso de celebrarse, el PP podría perder la moción.

El clima del Pleno se ha recrudecido aún más al declararse el propio Abellán presidente de la Mesa, al ser el integrante de mayor edad y, de este modo, resolver a favor de la moción con su voto de calidad. Por su parte, el más joven ha defendido que los dos integrantes de la Mesa la copresiden.

La Mesa de Edad le ha cedido la palabra a la secretaria del Pleno, que también ha señalado que se deben mantener los mismos requisitos que se presentaron durante la moción en el momento de su lectura. No se pueden sustituir los proponentes, ya que eso significaría dar paso a otra moción de censura. “Constan en el expediente dos escritos, una de las proponentes retira el apoyo de la moción. Existen dos momentos en los que se deben cumplir los requisitos de la proposición. En la presentación de la moción y en su lectura”, ha argumentado.

Contra el criterio de Jaúdenes, Abellán ha intentado cederle en numerosas ocasiones la palabra a su compañero de partido, el candidato a la moción de censura y líder de MC, Jesús Giménez Gallo: “Esto quedará grabado para siempre. Una votación que debería haber tenido lugar se está convirtiendo en una presión a un concejal libre y electo por parte de los altos funcionarios de este Ayuntamiento”.

Finalmente, Noelia Arroyo ha preguntado si se cumplían las condiciones para celebrar la moción o se levantaba la sesión. “Todo es asesoramiento, nadie puede decirle lo que usted tiene que hacer”, le ha recordado la secretaria del Pleno. Por su parte, Giménez Gallo también ha adelantado que emprenderá acciones legales en caso de que se suspenda.

“Por el bien de la seguridad jurídica del Pleno”, el interviniente ha recomendado a la Mesa de Edad un receso.

La llave de la moción

Los tránsfugas de Vox han sido la llave que ha abierto y cerrado la moción de censura de Cartagena, el cataclismo de este duro encontronazo. Una semana les duró la convicción a los ex de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, de presentar la moción de censura contra Noelia Arroyo junto a MC, PSOE y Sí Cartagena. Después, la alcaldesa les ofreció un puesto en el gobierno y la destitución de los fieles de Abascal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Tras el nuevo acuerdo, los tránsfugas han hecho todo lo posible para desandar los pasos que caminaron hacia la moción. Lanzaron un comunicado renegando de ella, y el pasado lunes registraron sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción. Los de Vox, por otro lado, solicitaron poco después que se mantuviera el debate en otros escritos.

La Red Regional LGTBIQ+ en la Región de Murcia ha condenado el acuerdo entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Totana que “veta posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo” como condición para la aprobación de los presupuestos.

En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal. Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales.

Según ha denunciado la Red Regional LGTBIQ+, este acuerdo afecta “a vecinos y vecinas que nacen, viven, trabajan o llegan a Totana, y que afrontan las dificultades propias de ser una minoría en una población pequeña”. En este sentido, han criticado que para Vox “la prioridad es que queden resignados al olvido en un mes en el que suelen esperar un pequeño guiño de sus instituciones públicas”. También han apuntado que “el PP ha comprado este discurso discriminatorio a cambio de la aprobación de sus cuentas para la Corporación, o puede que ya lo compartiesen”.

El acuerdo contempla, concretamente, “la ausencia total de actos institucionales LGTBI y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como el resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista”. Desde la red han recordado que este punto contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de la bandera LGTBI en espacios públicos y la Ley LGTBI regional, aprobada por unanimidad en la Asamblea regional y respaldada en su momento por el PP. A su juicio, “las vidas LGTBIAQ+ pasan de existencia a mera ideología, invisibilizando así a las personas a las que deberían representar”.

La Red Regional LGTBIQ+ ha hecho además un llamamiento a la ciudadanía de Totana para colgar banderas arcoíris en los balcones y visibilizar el Orgullo y la diversidad. También ha animado a partidos políticos, sindicatos, comercios, asociaciones y centros educativos a impulsar actos de celebración de la diversidad en el municipio, y no descarta organizar nuevas acciones en la localidad.

Con el incremento de las temperaturas y la llegada de una ola de calor que afecta al sur de Europa —tras haber impactado ya en comunidades como Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Aragón o Madrid—, el consejero de Educación murciano, Víctor Marín, no descarta la suspensión de clases esta semana en la Región de Murcia.

Ante estas situaciones, la Consejería de Educación, ha recordado el consejero, “tiene diseñado un protocolo de actuación para los centros, como ocurre con otras contingencias extraordinarias que se puedan producir, como episodios de dana”. Este protocolo, ha apuntado, incluye medidas “regladas” y puestas a disposición de los equipos directivos para dar respuesta a estas circunstancias, entre ellas la suspensión de la actividad lectiva “cuando sea necesario”.

El titular regional de Educación ha subrayado que esta medida “en ningún caso ha de entenderse como un mecanismo de protesta”, sino como “la aplicación de un protocolo diseñado por la Consejería”.

En las últimas semanas, la falta de climatización en los centros educativos de la Región de Murcia ha vuelto a situarse en el centro del debate con la llegada de episodios de calor extremo. Docentes y padres han denunciado “la falta de soluciones estructurales” y la dependencia de medidas puntuales. Desde la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres, recuerdan que “la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería” y que las soluciones no pueden seguir dependiendo de iniciativas aisladas o de la capacidad económica de cada comunidad escolar.

El umbral, en los 27 grados

Las instrucciones a las que hace referencia el consejero permiten la reubicación del alumnado o la suspensión de la actividad lectiva cuando las temperaturas en el interior de las aulas superan los umbrales previstos, en torno a los 27 grados. El modelo ya se ha aplicado en casos como el del IES Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, convertido en símbolo del problema tras acumular varias jornadas con clases interrumpidas por el calor el curso pasado.

Por otra parte, el consejero ha insistido en que la suspensión de clases no implica la obligación de las familias de recoger a los alumnos, que podrán permanecer en los centros “reubicados en otros espacios sin actividad lectiva, en zonas con menor exposición a las altas temperaturas, zonas de sombra o espacios comunes con climatización”, manteniéndose además operativos los servicios complementarios.

En paralelo, Marín ha defendido que la administración continúa con inversiones para mejorar el confort térmico en los centros educativos. Según ha señalado, desde 2020 se han destinado “80 millones de euros en mejorar la climatización y las potencias eléctricas de un centenar de centros”, y ha avanzado una partida específica de 11 millones de euros prevista para 2026.

El consejero ha añadido que estos planes forman parte de una estrategia de modernización de infraestructuras que, según ha dicho, “en ningún caso fueron concebidas cuando se construyeron para contemplar sistemas de climatización adecuados”.

Grupo de calor: sindicatos, ampas y estudiantes

Para hacer frente a esta problemática, varias AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT, además de colectivos estudiantiles, han creado el denominado grupo de calor, una iniciativa destinada a dar visibilidad a esta situación y reclamar una actuación por parte de la Consejería. “Reclamamos un plan integral que permita adaptar los centros educativos al incremento de las temperaturas, acompañado de una financiación adecuada”, ha señalado Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm.

Entre las acciones emprendidas destacan la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo, el control y registro de las temperaturas en las aulas y la divulgación de estos datos. Asimismo, según explican desde Sterm, se está desarrollando un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante el uso de termómetros conectados a aplicaciones digitales.

La moción de censura de Cartagena parece un nudo marinero. Cuando parece que está hecho, alguien tira de la cuerda desde el otro extremo. Por el momento, se desconoce si se podrá votar en el pleno municipal. Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, han registrado este lunes un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura convocado para este martes. La maniobra llega horas después de que los concejales no adscritos Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Salinas presentaran sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción a y, con ello, tratar de evitar que el debate y la votación lleguen a producirse, según ha adelantado el diario local La Opinión.

Queda en manos de la secretaria del Pleno determinar si se cumplen los requisitos para que tenga lugar el debate, ateniéndose a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La norma, en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y que cuente con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero. La secretaria del pleno deberá determinar si son válidos los escritos de desistimiento de los tránsfugas de Vox o la solicitud de mantener el debate de los concejales que se han mantenido fieles a Abascal.

Desde Vox consideran que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”. El partido recuerda que durante más de dos semanas Cartagena ha vivido una situación de “máxima inestabilidad institucional” provocada por dos concejales que abandonaron sus siglas, firmaron una moción de censura contra el gobierno del que formaban parte y desencadenaron lo que califican como una crisis sin precedentes en el Ayuntamiento. Ahora, señalan, “pretenden que todo desaparezca sin debate público, sin votación y sin asumir ninguna responsabilidad política ante el Pleno”.

La formación de extrema derecha quiere conocer las razones por las que se firmó una moción de censura alegando un supuesto caos económico y de gestión para, posteriormente, sostener al mismo gobierno al que se pretendía desalojar. “Si hace unos días existía una situación tan grave que justificaba una moción de censura, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado exactamente. Y si nada ha cambiado, también merecen saber por qué se firmó aquella moción”, señala el partido en su nota de prensa.

Por ello, los ediles han manifestado formalmente su disposición a que la moción sea debatida y votada, “garantizando así que el Pleno pueda pronunciarse y que ningún artificio procedimental impida el debate político que Cartagena merece”.

Un voto sin anticipar y una aritmética “delicada”

El partido de Santiago Abascal no ha desvelado el sentido de su voto y lanza así una advertencia velada tanto al PP como a los promotores de la moción. Vox subraya que la situación política actual no es la misma que cuando se presentó la moción: entonces formaba parte del gobierno municipal, mientras que hoy ha sido “expulsado por decisión del Partido Popular para satisfacer las exigencias de quienes habían firmado la propia moción de censura”.

En cuanto a los números, Vox recuerda que los promotores que mantienen su posición suman doce concejales, frente a los diez del PP y los dos no adscritos que han decidido sostener al gobierno. “La aritmética política es, por tanto, mucho más delicada de lo que algunos intentan trasladar a la opinión pública”, advierten, recordando además que en una moción de censura “lo determinante es el resultado final de la votación y la relación entre votos favorables, votos contrarios y eventuales abstenciones”.

Vox desafía a Arroyo y le plantea que, si quiere mantener la Alcaldía, deberá explicar a los ciudadanos por qué ha expulsado del gobierno a quienes fueron leales al pacto de coalición “para satisfacer las exigencias de quienes firmaron una moción de censura contra ese mismo Gobierno”. Y deberá explicar también, añaden, “por qué la estabilidad de Cartagena depende hoy precisamente de quienes hace apenas unos días afirmaban que este Gobierno era incapaz de gestionar la ciudad”.

“La pregunta ya no es qué hará Vox. La pregunta es qué explicaciones están dispuestos a dar quienes provocaron esta crisis política”, concluye el partido, que llama a que cada concejal “dé la cara, se siente en el Pleno y vote públicamente aquello que considere mejor para la ciudad”.

Arroyo desactiva la moción

La alcaldesa del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, destituyó el pasado miércoles a los dos concejales de Vox que formaban parte de su gobierno de coalición, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, en una maniobra calculada para frenar la moción de censura que estaba prevista para el 2 de junio. La iniciativa había sido impulsada por el partido cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), el PSOE y Sí Cartagena, y necesitaba los votos de los 14 firmantes para salir adelante, incluidos los de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, dos exconcejales de Vox que habían abandonado el partido en marzo. 

La maniobra de Arroyo funcionó: pocas horas después de los ceses, Salinas y Sánchez del Álamo anunciaron en un comunicado que no votarían a favor de la moción, alegando que lo más responsable era mantener la estabilidad institucional y evitar que el PSOE entrara en el gobierno municipal. Con su retirada, la moción quedó desactivada antes de llegar a votarse, y Arroyo conserva la alcaldía, aunque ahora gobierna con Vox en la oposición.

La división de Vox en la Región de Murcia tras la expulsión a finales de febrero de su antiguo líder José Ángel Antelo ha derivado en la partición de este grupo municipal en Cartagena, ya que existía una tensión palpable entre ellos a lo largo de este mandato que ha acabado provocando una crisis de gobierno.

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

Familiares y pacientes intervenidos por el cirujano cardiovascular Rubén T. M. han expresado su preocupación tras las últimas informaciones sobre la investigación de una presunta trama de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), en la que la Policía Nacional ha detectado el uso de al menos un stent caducado en el marco de las pesquisas de la UDEF. Aunque la Consejería de Salud sostiene que no se han utilizado prótesis caducadas en pacientes, el avance de la investigación —que apunta a la posible facturación de material no homologado y a irregularidades en parte de las intervenciones analizadas— ha reactivado la inquietud entre familias que piden claridad sobre las operaciones realizadas y garantías sobre el seguimiento de los casos.

La trama, presuntamente activa desde 2019 hasta fechas recientes, habría implicado a responsables de Logimed —empresa distribuidora de prótesis vasculares—, de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS o unidad de compras, y de médicos adscritos al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas como presuntas autoras de un fraude de cerca de siete millones de euros, perpetrado mediante la manipulación sistemática de facturas.

“Papá, este titular es para ti, supongo que estarás tan contento como yo. No veas el subidón que me dio cuando vi la foto [del cirujano de La Arrixaca detenido], le habían pixelado la cara pero aun así le reconocí, al instante, no veas qué alegría y hasta miedo sentí. Pero no, era él esposado”. Con estas palabras se dirige Eva Ríos Asunción en un post de Facebook a su padre, Antonio Ríos Peñalver, fallecido por una presunta “una negligencia médica” el 13 de mayo de 2022. El post, de hace cinco días, es una reacción a la publicación en la prensa regional de la detención del cirujano del Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., por la trama de las prótesis caducadas del Servicio Murciano de Salud (SMS).

A Antonio Ríos Peñalver le pusieron una endoprótesis aórtica y sufrió una infección nosocomial por la manipulación de la prótesis, relatan desde la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de la Región de Murcia (Avinesarmur). “Desconocemos si la prótesis venía infectada o se infectó al manipularla en la operación”, continúan. “No hay datos sobre la prótesis, no tenemos información sobre su procedencia, ni venía con código de barras”. Desde Avisenamur recalcan que su denuncia, a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), está argumentada en una serie de negligencias, pero desvinculan el caso de la trama del SMS. En los últimos días, tras conocerse la identidad del cirujano detenido, sí que les han llovido unos cuantos casos más de denuncias de negligencias por parte del mismo equipo.

Según el relato de Eva, su padre ingresó con neumonía en el Hospital Reina Sofía. Y allí le detectaron un aneurisma de la aorta abdominal. “Tenía 77 años, y estaba muy fuerte”, cuenta emocionada. “Le dijeron que era apto para la operación, que era sencilla, con los riesgos lógicos pero sencilla; se trataba de colocar una endoprótesis”. Su padre, continúa, “era reacio, pero nos convencieron porque nos aseguraron que le alargaría la vida”.

Para la intervención, les derivaron al Hospital Virgen de la Arrixaca, con el equipo liderado por Rubén T.M. “Cuando le operaron estaba perfecto, un hombre que pesaba cien kilos, fuerte, robusto”. Pero a los pocos días empezó a sentir molestias, recuerda. “Al llegar a casa, comenzó un declive que nos llevó de hospital en hospital”. Nueve meses que describe como “un horror, una agonía”.

Eva echa la memoria atrás y rememora “muchas incongruencias, cosas raras, no nos proporcionaban todos los datos que pedíamos”. Consultando a otros profesionales, constata, “nos insistían en que los síntomas que tenía mi padre podían deberse a las prótesis, pero desde el equipo que le operó nos aseguraban que no estaba infectada”. Eva describe un comportamiento “déspota” por parte del equipo.

Su padre, lamenta Eva, “terminó con 60 kilos, en silla de ruedas, con pañales y dolores constantes”. Cuando entró por última vez en el hospital, “era prácticamente un cadáver”. “De tanto presionar, terminaron reconociendo que la prótesis estaba infectada, que se había movido y que le había perforado el duodeno; le volvieron a operar, pero fue otra masacre”. Otro equipo médico “intentó arreglar el problema: nos dijeron que estaba infectado hasta las orejas y que ya no se podía hacer nada por él, se murió podrido cuando se le podría haber evitado mucho sufrimiento”. Eva no es la única familiar que denuncia un caso de presunta “negligencia” practicado por este cirujano.

Incapacidad permanente

Las tres operaciones por las que pasó la murciana María Teresa Bo, también a manos de Rubén T.M., terminaron en una incapacidad permanente en solo ocho meses. La primera intervención fue en mayo de 2024, la segunda en noviembre y la última, en enero de 2025. “Me han fastidiado, porque era una mujer muy activa, siempre de aquí para allá, me encantaba salir, y tenía mi trabajo en una empresa de limpieza”. Ahora “solo puedo pasear cerca de casa, máximo media hora a que me dé un poco el sol, pero para distancias medias o largas necesito que me lleven en coche mi marido o alguno de mis tres hijos”, relata. En mayo de 2024, intervinieron a María Teresa en la pierna izquierda porque tenía “una obstrucción en la arteria”.

A los dos días, recuerda, le dieron el alta. Pero una vez en casa, “no dejaba de supurarme la herida; me tuvieron que poner un dispositivo que llevaba colgado las 24 horas del día durante doce semanas, pero no dio resultado y me tuvieron que volver a operar”. Según su testimonio, “me dijeron que mi pierna había rechazado la prótesis, y me colocaron otra en la siguiente operación”. Tampoco tuvo éxito esa intervención. “A los dos o tres días tenía un dolor que rabiaba, me llevaron en ambulancia a la Arrixaca; tenía tanto dolor que yo pedía que me cortaran el pie”.

En esa tercera operación María Teresa desconoce si se le implantó otra prótesis. “Cuando salieron los sanitarios le dijeron a mi marido que habían removido músculos y tendones, que era la primera vez que veían algo así y que desde el principio me tendrían que haber puesto una prótesis de mejor calidad”. La mujer, de 62 años, teme que las prótesis que lleva en la pierna “sean de las caducadas y que por eso haya tenido tantos problemas”.

Si hasta ahora no ha denunciado ha sido porque “creía que era mi pierna la que no lo había aceptado, pero cuando vi su cara (la del cirujano detenido) en prensa empecé a pensar que a lo mejor estaba caducada”. Reconoce que le apena la situación porque “le vi preocupado por mi caso, y le he llegado a apreciar pero si ha habido negligencia es su responsabilidad”. Ahora sí que se plantea judicializar su caso. “Cuando pongo el pie en el suelo es como si llevara una bota que pesa 20 kilos, tengo que caminar con muletas porque no tengo estabilidad y todo este proceso ha sido un calvario”.

“Ya tengo los papeles del alta firmados”

A Giuseppe Perrone, de 64 años, le intervino Rubén T.M. el 20 de febrero del pasado año en un centro concertado para abordar una isquemia arterial crónica: “En principio iba a ser un cateterismo, entrar y salir. Cuando salió de quirófano nos dijo que había ido todo bien, que al final le habían tenido que hacer un bypass”, explica su hija, Eli Ann. Giuseppe falleció la madrugada del día siguiente, unas ocho horas después de su intervención.

“Tras operarlo, nos dijeron que en una hora nos lo llevaban a la habitación, pero no llegaba”, continúa. A las dos horas, el cirujano volvió a llamar a la familia de Giuseppe: “Dijo que a mi padre le había bajado la tensión y que iban a medicarlo para volver a subírsela, que no nos preocupáramos. Que había perdido sangre, pero que era normal en una intervención así”. Mientras Ruben T.M. trataba de tranquilizar a la familia, Eli recuerda como una enfermera se dirigió aprisa en dirección a su padre, “con dos bolsas de sangre escondidas tras una hoja de papel”. Finalmente, a las doce, mandaron a la familia de Giuseppe a casa.

“Nos dijeron que mi padre estaba durmiendo. A mi padre le mandamos una foto mi madre y yo, para decirle que volvíamos mañana y que estábamos tristes por no poder verlo”, relata.

Pidiendo el historial de su padre, Eli ha descubierto que el centro médico le ocultó que volvieron a intervenir a su padre otras dos veces más: “Lo operaron sin mi consentimiento, lo intubaron sin mi consentimiento. A mí no me llamaron hasta las dos, para decirme que estaba muy mal”, denuncia.

“En la exploración presenta lesión en vena femoral que provoca hemorragia de 500 mililitros de manera aguda y deteriora al paciente hemodinámicamente”, describe el informe evolutivo de hospitalización. A las tres de la madrugada, y tras dos episodios de hipotensión arterial, Giuseppe murió a causa de un paro cardiaco.

“El cirujano que le va a operar”

Agustín Peñalver acudió el 30 de enero del pasado año a la sala de urgencias del Virgen de la Arrixaca, con un fuerte dolor en la pierna izquierda. Se marchó con una cita para un TC de aorta (prueba diagnóstica no invasiva) para el siguiente 7 de febrero, pero su rápido deterioro propició su ingreso en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. Tenía, entre otros, un aneurisma de aorta infrarrenal y una trombosis de la arteria poplipea -en la pierna- izquierda, y esperaba junto a su familia la cirugía para que le quitasen el trombo.

Durante la espera irrumpió en la habitación Rubén T.M., identificándose como “el cirujano que le va a operar”, anunciando que a Agustín no le iban a intervenir del trombo, sino que le iban a implantar un bypass: “Le dijo a mi padre que tenía un 98% de posibilidades de sobrevivir a la operación, que si no lo operaba duraría meses”, relata su hija, María Dolores Peñalver. El 11 de febrero a Agustín se le interviene en La Arrixaca mediante una cirugía de bypass aortobifemoral. Cinco días después, Agustín falleció a los 70 años.

“Mi marido no entró a morir. Estaba perfecto, pero de ahí no salió”, lamenta la mujer de Agustín, Magdalena Peñalver. Tal y como describe la denuncia que la familia interpuso contra el cirujano el pasado año, “inexplicablemente” los médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular “se olvidaron” del trombo que Agustín aún alojaba en su pierna izquierda. Ya en el posoperatorio, se pudo comprobar que la circulación no había vuelto a las piernas de Agustín, que continuaban teniendo “mala perfusión”.

“Lo metían y lo sacaban del quirófano todos los días, sin avisarnos. No nos daban explicaciones, cuando preguntaba por el cirujano, siempre nos ponían a hablar con chicos jóvenes”, recuerda Magdalena.

Poco a poco, Agustín se iba deteriorando: “Una noche [la del 14 de febrero] vino el mismo cirujano que le operó y nos dijo que [durante una sesión clínica] habían hablado de amputarle la pierna, pero que él lo iba a operar bajo su responsabilidad”, relata Magdalena. A su salida, el cirujano Rubén T.M. dijo a Magdalena que la operación había sido un éxito, que el lunes [tres días después] “lo iban a bajar a la cafetería”. Según la denuncia, no consta la cirugía en el informe de alta.

Horas después, Agustín entró en shock hemodinámico y necesitó reanimación, se le intervino de nuevo el mismo día: “El paciente había sufrido una hemorragia posoperatoria que había pasado inadvertida, pese a estar fuertemente anticoagulado. (...) Nadie informó a la familia de esto hasta después de la cirugía, diciendo entonces que el diagnóstico era fatal”, revela la denuncia.

“Cuando murió, al día siguiente, en el entierro, decidimos llevar esto a un abogado. No lo veíamos nada claro”, concluye Magdalena. “Estamos en contacto con el forense, no hay informes de él, lo han borrado todo. En el parte de defunción pusieron que murió de muerte natural”, añade María Dolores.

Desde la Consejería de Salud insisten en que, según el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de La Arrixaca, no se han producido episodios clínicos compatibles con la implantación de prótesis caducadas. Y añaden que fue la propia Consejería de Salud la que puso en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraude: “Llegaremos hasta el final utilizando todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total supuestamente defraudada; en el marco de la investigación judicial en curso, no se pueden facilitar otros datos”.

La política en la Región de Murcia está viviendo en este mes de mayo una sacudida detrás de otra. El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado las ondas del terremoto que hacen temblar los centros de poder de la Región para realizar un cambio de Gobierno, tal y como hizo a finales de la legislatura anterior. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, abandonan sus responsabilidades y son sustituidos por Joaquín Buendía, por el momento gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, e Isabel Ayala Vigueras, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, respectivamente. La portavocía la asumirá la hasta ahora consejera de Empresa, Marisa López Aragón, desplazando a Marcos Ortuño, quien retiene la consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias y añade Juventud. López Aragón gana el mayor peso político al asumir también la cartera de Economía, Hacienda, Portavocía Fondos europeos y transformación digital, anteriormente en manos de Luis Alberto Marín, quien se hace cargo de Empresa, Empleo y Economía Social, en lo que supone un intercambio de áreas.

El presidente murciano ha explicado en su alocución el Palacio de San Esteban que la Región se enfrenta a una “etapa clave” y ha subrayado su disposición a proteger el Mar Menor y la agricultura. López Miras ha vuelto a poner sobre la mesa los “problemas” de financiación de la región y el “déficit histórico de infraestructuras”. Frente al ruido, la confrontación y corrupción nacional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la estabilidad. “Gobernar es anticiparse”, ha concluido.

“No ha sido un año corriente”. Con esa frase arrancaba el anuncio de la última remodelación de López Miras hace ya dos años. Tampoco este lo ha sido. El murciano Fernando López Miras ha afrontado este jueves una nueva remodelación de su gabinete. Y lo ha hecho en un momento de especial presión política marcado por las crisis institucionales, la inestabilidad en el equilibrio municipal de ayuntamientos como el Cartagena o el desgaste derivado de la gestión de varios frentes judiciales y sanitarios que han tensado la agenda pública en la Región. No en vano, la reestructuración coincide con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, ha sido una de las integrantes del Gobierno regional apartadas por el presidente Fernando López Miras en la remodelación. Su salida se relaciona con el desgaste generado en torno a la gestión de un informe sobre la calidad de los suelos del Campo de Cartagena. Un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por su departamento en 2023 y en el que se detectan concentraciones muy elevadas de metales pesados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La controversia sobre el tratamiento administrativo del documento, su publicación y las acusaciones de falta de transparencia han intensificado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas, situando la gestión ambiental y agraria en el centro del debate político regional.

Este movimiento de piezas llega dos años después de la última remodelación del Ejecutivo, el 15 de julio de 2024, cuando el presidente Fernando López Miras anunció una nueva composición del Consejo de Gobierno tras la salida de varios consejeros de Vox. Aquella crisis se produjo como consecuencia de la ruptura del partido de Santiago Abascal de los pactos autonómicos a nivel nacional, lo que provocó la salida de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo del Ejecutivo regional. Tras esa crisis, el PP ha gobernado en solitario en la Región de Murcia, con una estructura de gobierno que ahora afronta su primera reordenación de calado desde entonces.

En aquella remodelación de 2024 se incorporaron Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro, al frente de Fomento e Infraestructuras. Ese ajuste buscó estabilizar el Ejecutivo con perfiles técnicos tras la ruptura de la coalición.

Murcia y Cartagena

A nivel municipal, el tablero también se ha movido con fuerza. En Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo ha logrado desactivar una moción de censura tras la fractura interna de Vox y la retirada de apoyo de exconcejales del partido, en un episodio que ha evidenciado la implosión de la formación en la ciudad portuaria. Y en la capital regional, Murcia ha visto cómo Rebeca Pérez tras el fallecimiento del exalcalde José Ballesta.

En paralelo a la remodelación del Gobierno regional, la crisis interna de Vox en la Región de Murcia se ha traducido también este jueves en la salida de José Ángel Antelo del partido, al que acusa de haber abandonado su papel como alternativa política para convertirse en un proyecto controlado por un reducido núcleo de dirigentes. El hasta ahora diputado regional ha justificado su decisión en lo que considera una deriva interna y en la “falta de coherencia estratégica” de la formación, que, según sostiene, “se ha alejado de sus principios fundacionales y ha perdido cohesión orgánica”.

Antelo sí que ha subrayado que mantendrá el apoyo a aquellas iniciativas que considere “beneficiosas” para la Región de Murcia, especialmente en materias como vivienda, inversiones en infraestructuras o proyectos vinculados al desarrollo regional.

El Ayuntamiento de Calasparra ha presentado oficialmente este miércoles las Rutas del Arroz 2026, una propuesta que este año va más allá del arrozal para poner el foco en el ecosistema que lo hace posible: el agua. El río Segura, las presas, los sotos y la ribera son los protagonistas de una programación que, de mayo a octubre, invita a recorrer un paisaje cultural vivo, declarado como tal por el Ministerio de Cultura. En 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra.

El concejal de Promoción Turística, Juan José López, ha presentado la programación acompañado por los concejales del equipo de gobierno, Juan Bernal y Pablo Cassinello, así como por José Martínez Núñez, presidente de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, y Ana García, presidenta de la Asociación Amigos del Museo del Arroz.

“Hoy presentamos mucho más que un calendario de actividades. Es una invitación a mirar Calasparra con otros ojos: a caminar despacio, a escuchar el agua en las acequias y a entender que aquí, entre montañas y arrozales, hay un paisaje vivo que cuenta quiénes somos”, ha afirmado Juan José López. “Las Rutas del Arroz han unido naturaleza, patrimonio, cultura, deporte y gastronomía alrededor de aquello que mejor nos representa: nuestro arroz y nuestra vega.”

Este 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra. “Hablar del arroz de Calasparra es hablar de esfuerzo y de generaciones trabajando la tierra. Aquí el arroz no es solo un cultivo: es historia, identidad y también futuro”, ha subrayado el concejal, que ha agradecido la implicación de la DOP, la Oficina de Turismo, las asociaciones locales, los agricultores que permiten el paso por sus fincas y las personas y guías que hacen posibles las rutas.

Una edición que llega respaldada, además, por un doble reconocimiento. El pasado febrero, la Senda del Arroz obtuvo el galardón Sendero Azul, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a los itinerarios comprometidos con la conservación ambiental, la educación y el turismo sostenible. Calasparra suma así su segundo Sendero Azul consecutivo, el primero fue para la ruta de El Bayo en 2025, una progresión que habla por sí sola del modelo de turismo que este municipio está construyendo.

Las rutas arrancan ya este fin de semana con dos salidas al atardecer que marcan el tono de lo que está por venir. El sábado 30 de mayo, a las 19:30 h, el punto de encuentro es la Escuela de Piragüismo para un recorrido por el corazón de la vega arrocera, descubriendo la biodiversidad de este espacio de interés ornitológico y su vegetación de ribera: una cita ecoturística con los paisajes fluviales del Segura, de acceso gratuito con inscripción previa y aforo limitado.

El domingo 31 de mayo llega la Ruta de los Espejos, uno de los recorridos más especiales del programa. Bajo el distintivo Sendero Azul, esta visita guiada parte de la Estación de Ferrocarril, en pie desde 1865, y recorre la vega arrocera hasta el Paraje de la Presa del Bayo, pasando junto al Molino Arrocero de Juan Haro y adentrándose en el sotobosque de la ribera del Segura. Son 6,25 km de recorrido sencillo que al atardecer se convierten en un juego de luces y reflejos sobre el agua que da nombre a la ruta. La salida es a las 19:30 h desde la Estación de Ferrocarril (Zona Norte), con un precio simbólico de 7 €.

El resto del calendario sigue el ritmo del arroz y suma alguna sorpresa. En junio, la ruta a caballo por el Paraje El Olivarejo y las panorámicas desde el Castillo de San Juan ofrecen nuevas miradas al paisaje arrocero.

Eclipse solar y una salida a la isla de Juan Vacas

El verano trae una cita singular: el 12 de agosto, la visita a la Isla de Juan Vacas coincidirá con el eclipse solar. En septiembre, la VI 10K Entre Arrozales convoca a corredores y senderistas, y en octubre la Ruta de la Siega cerrará el ciclo junto a los Abrigos del Pozo, en el Día Internacional del Arte Rupestre (Patrimonio Mundial UNESCO).

“Cuando alguien recorre nuestros arrozales, descubre una forma de vivir, de cuidar la tierra y de entender el tiempo”, ha proseguido el concejal. “Calasparra es denominación de origen y destino: un paisaje cultural vivo donde agricultura, gastronomía y patrimonio se dan la mano para construir futuro”, ha concluido.

Las Rutas del Arroz 2026 se integran en Gastropaisajes 2026, el Foro Internacional de la Cultura Gastronómica y los Paisajes Culturales, que convierte a Calasparra durante estos meses en punto de encuentro entre productores, instituciones, investigadores y ciudadanía. El programa culminará con Calarroz 2026, homenaje al Arroz de Calasparra y al entorno natural y humano que lo sostiene.

Una Thermomix, un jamón ibérico y varias botellas de vino. Son los premios con los que las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, se han lanzado a recaudar fondos para instalar aire acondicionado en el colegio. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro. Mientras el calor empieza a apretar, familias, docentes y equipos directivos vuelven a enfrentarse a un problema que se repite en la Región de Murcia: centros educativos sin climatización suficiente para soportar las altas temperaturas.

“En estas fechas las aulas ya concentran mucho calor, nos encontramos con temperaturas por encima de los 30 grados a las diez de la mañana”, explica Cayetano Martínez, portavoz del AMPA del CEIP Ana Caicedo. Denuncia que las administraciones “se van pasando la pelota unas a otras” sin que se materialicen soluciones estructurales.

“Ya hemos conseguido vender casi todos los boletos”, añade Martínez. El dinero servirá para climatizar el centro, que acoge a 459 alumnos. La inversión ronda los 50.000 euros y permitirá cubrir unas 12 aulas, mientras otras ocho quedarán pendientes para el próximo curso.

“Al final, las familias hacemos lo que está en nuestras manos por nuestros hijos, pero la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería”, afirma Marisa Maldonado, presidenta de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres. Maldonado aboga por una intervención de la Administración en estos casos, “para que no se generen desigualdades”.

“Es como ir al centro de salud y que los pacientes tengan que comprar la máquina de rayos X porque la Administración no la ha puesto”, lamenta el portavoz del PSOE en la ciudad de Murcia, Ginés Ruiz Macía.

“La situación es esperpéntica, sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”, ha denunciado.

Visibilizar el problema: el grupo de calor

Para afrontar esta situación, distintas AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT y organizaciones estudiantiles, han constituido el llamado 'grupo de calor,' un espacio para visibilizar el problema y forzar una respuesta de la Consejería. “Exigimos un plan global de adaptación de los centros educativos al aumento de temperaturas, con una inversión suficiente”, apunta Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm. Una medida en la que coincide Nacho Tornel, responsable de Educación en Comisiones.

Entre las medidas de presión figuran las denuncias ante la Inspección de Trabajo, las mediciones de temperatura en aulas y la difusión pública de los datos. También trabajan en la elaboración de un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante termómetros conectados a aplicaciones digitales, señalan desde Sterm.

Según este sindicato, menos de la mitad de los centros tienen aire acondicionado. “La Consejería lo que hizo hace dos años fue abrir la puerta a que los centros diseñen sus protocolos de calor y se adelante el final de la actividad lectiva si se superan los 27º C: es decir, cortar las clases y llamar a los padres; se lavan las manos y dejan el problema a los equipos directivos”. Una media “superprecaria”.

“Es un tema complejo porque es difícil dar clase con un calor tan extremo, pero también hay que pensar en qué se hace con los niños si se suspenden las clases o cómo se concilia”, apunta Maldonado. En todo caso, insiste en que es imprescindible adaptar las instalaciones, ya que las interrupciones lectivas afectan al rendimiento académico en una región “con altas tasas de abandono escolar”. Y si se producen incidencias por el calor, “recomendamos que se acuda al médico para obtener informes que acrediten la situación”.

El caso del Valle de Leiva: pionero en parar las clases

El centro pionero en paralizar las clases por estrés térmico, el curso pasado, fue el IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia), un centro inaugurado en 2023. Pese a tratarse de un edificio reciente, el centro comenzó sin un sistema de aire acondicionado operativo, explica su director, Roberto García de la Calera.

A pesar de que en las instrucciones aprobadas por la Consejería el umbral térmico está fijado en 27 °C, el centro lo elevó hasta los 30 como criterio de actuación. El 29 de mayo del pasado curso, por primera vez, las mediciones superaron ese límite y se adelantó la salida del alumnado: “Era algo previsto desde principio de curso”, recuerda su director. Desde entonces, asegura, se han producido hasta once suspensiones o adelantos de jornada. “Medíamos las temperaturas y, si una clase llegaba a 30 grados, entendíamos que todo el centro estaba afectado”, explica.

La decisión contó con un amplio respaldo de las familias. “Teníamos el apoyo del 95%”, afirma el director, que insiste en que actuaron amparados por las instrucciones de la Consejería. “Nos dijeron que pusiéramos ‘pingüinos’, compramos algunos, pero eso no servía para nada”, lamenta. La instalación definitiva del sistema de climatización está ya en marcha, con una inversión cercana al medio millón de euros. Una medida con la que el director confía en dejar atrás una situación que define como “tres años de infierno”.

“En otros casos la Administración no se plantea prescindir de la climatización para reducir costes, solo en los centros. Sería impensable poner un despacho para los arquitectos municipales, por ejemplo, sin aire acondicionado”, plantea Ruiz Maciá.

“No se puede ni respirar”

La falta de climatización también afecta de forma directa al profesorado. Vladimir Solá, de la plataforma Docentes Unidos, describe aulas donde las condiciones de trabajo se vuelven insostenibles. “Hay veces que te ves obligado a parar la clase porque no se puede ni respirar. Acabamos empapados de sudor o con mareos”, explica. “Hay aulas que son auténticos hornos”, resume.

A esta situación se suma, según denuncia, la masificación. “Hay clases con ratios muy elevadas, de hasta 32 adolescentes” y advierte de lo que denomina “segregación climática”, ya que en algunos casos son las propias familias las que acaban financiando la climatización de los centros. “Pero no puede depender de la capacidad económica de cada comunidad educativa”, sostiene.

Desde Sterm denuncian que “hay edificios de hace más de cuarenta o cincuenta años, con infraestructuras muy envejecidas; pero incluso hay centros nuevos que tampoco cuentan con la climatización”. Y ponen sobre la mesa “un abandono económico”, que “da la cara sobre todo con el calor”.

Por su parte, el responsable de Educación de CCOO, Nacho Tornel, afirma que el sindicato quiere repetir la estrategia de 2022 con denuncias a la Inspección de Trabajo para visibilizar la falta de medidas frente al calor en las aulas. Tornel critica que no existe un plan de climatización para los alrededor de 600 centros educativos públicos de la Región y reclama actuaciones globales. Sobre el cese de las clases por estrés térmico, subraya que “los equipos directivos están asumiendo un trabajo enorme para evitar esa medida, cambiando horarios y aulas o reduciendo sesiones: otra carga de trabajo más, por si tuvieran poca”.

Presupuestos para climatizar las aulas, sin ejecutar

El Gobierno regional anunció hace un par de semanas que destinará 11 millones de euros de los presupuestos del próximo año a la mejora de la infraestructura educativa de las aulas. Del total, se espera que siete se destinen a un Plan de Climatización Plurianual.

El pasado año 2025, se previeron dos partidas para la climatización y eficiencia energética de los centros educativos por un valor total de 3.235.304 euros, de los que solo se ejecutaron 217.899,93. No llega al 7% de lo inicialmente presupuestado.

Otra partida, prevista en unos 1.482.367,99 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), quedó sin gastar. 

También se planeó destinar parte de los presupuestos a la sustitución de una veintena de cubiertas de centros educativos, de los que se ejecutó tres cuartas partes de forma total o parcial.

“Puede ir anunciando lo que quiera, porque el año que viene volverá a anunciar, sin haber gastado nada”, lamenta el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, Jose Luis Álvarez-Castellanos.

El parlamentario apunta a que la Región de Murcia es la única comunidad del sur sin legislación específica para la mejora de las condiciones térmicas en los centros: “Una ley podría dar plazos concretos a la climatización, establecer auditorías o evaluaciones energéticas para todos los centros. Supondría que la climatización debe aplicarse de forma homogénea, sin que nadie quede apartado”.

En Extremadura se aprobó en el año 2019 con un gobierno del Partido Popular la Ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños. Más tarde, en el año 2020, Andalucía presentó su propia norma, y Castilla-La Mancha hizo lo propio cuatro años más tarde, en el año 2024. De acuerdo con Álvarez-Castellanos, IU-Verdes presentará la próxima semana una moción para que la Región cuente también con normativa propia.

Por su parte, desde la Consejería de Educación concretan que en “los últimos años” han climatizado más de quince centros. El Gobierno regional, aseguran las mismas fuentes, han ejecutado “la mayor inversión” en modernización energética de la historia de la educación, “con una inversión de cerca de 80 millones de euros, en actuaciones integrales como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización en un centenar de centros educativos”.

La planificación de la inversión, continúan, permitirá destinar una partida específica de 11 millones de euros en los presupuestos de este año, para mejorar el confort térmico de las aulas y las infraestructuras educativas de la Región.

Además cifran en dos millones de euros la inversión en la instalación de placas fotovoltaicas y el cambio de cubiertas en centros educativos de la Región.