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Puerto Mayor: medio siglo de prórrogas y litigios hasta desmantelar el proyecto frustrado de La Manga

Vista aérea de La Manga del Mar Menor, en la que se observan las estructuras y los diques construidos durante las obras del proyecto inacabado de Puerto Mayor, junto al canal del Estacio

Erena Calvo

17 de noviembre de 2026 18:30 h

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Las estructuras metálicas que se levantan sobre las aguas de la Caleta del Estacio, en la vertiente mediterránea de La Manga del Mar Menor, son el esqueleto de un puerto deportivo que nunca llegó a terminarse. Las tablestacas, clavadas en el fondo marino hace más de dos décadas, permanecen en uno de los pocos enclaves naturales que han resistido a la urbanización de esta franja litoral, un espacio de especial valor ambiental por sus sistemas de dunas y sus fondos marinos. Son los restos de Puerto Mayor, el megaproyecto que impulsó el empresario Tomás Maestre y que sobrevivió 45 años a prórrogas y una larga batalla judicial. Ahora, el Estado destinará cerca de 24 millones de euros a retirar las estructuras y restaurar la zona, después de que la Comunidad Autónoma de Murcia declarase caducada en 2020 una concesión que ya se había intentado extinguir en 1989.

La historia de Puerto Mayor se remonta a 1975, cuando el Gobierno franquista otorgó una concesión de 50 años a la sociedad impulsada por Tomás Maestre Aznar, el empresario que había comenzado a transformar La Manga en un destino turístico y residencial durante la década de los sesenta. Maestre quiso levantar un segundo puerto deportivo en la zona, abierto al Mediterráneo, que con los años acabaría formando parte de un megaproyecto con cerca de un millar de amarres, miles de viviendas, un hotel y espacios comerciales. Pero las obras no avanzaron según lo previsto. Según los antecedentes administrativos recogidos en el Dictamen 13/2017 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, la empresa obtuvo una primera ampliación del plazo de ejecución en 1979. En 1982, las competencias portuarias pasaron a la Comunidad Autónoma, que en diciembre de 1988 concedió otros cinco años para ejecutar los trabajos.

Operarios durante los trabajos de desmantelamiento de Puerto Mayor

Aquella ampliación, junto a modificaciones del proyecto, llegó cuando la protección ambiental del litoral había adquirido un nuevo peso con la Ley de Costas. Solo seis meses después, en junio de 1989, el propio Ejecutivo autonómico anuló aquella prórroga y declaró caducada la concesión por incumplimiento de los plazos de ejecución.

En 1996, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anuló aquel acuerdo por defectos de procedimiento, sin entrar a valorar si el incumplimiento de los plazos justificaba la caducidad de la concesión. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2002.

Tablestacas de Puerto Mayor

El conflicto se intensificó a comienzos de los años 2000, cuando la promotora retomó las actuaciones en la Caleta del Estacio. Para entonces, las organizaciones ecologistas ya habían comenzado a cuestionar la legalidad del proyecto. Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción, recuerda que su organización presentó una queja ante la Comisión Europea en 2001 por la posible vulneración de la Directiva Hábitats, ya que la caleta y parte de los fondos marinos de su entorno figuraban en la propuesta de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000. “Ya tenía una protección cautelar, estaba reconocido”, sostiene.

Pedro García, director de ANSE, recuerda que los primeros escritos de su asociación al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel se remontan a 2003, cuando solicitaron que no se autorizase la reanudación de los trabajos. Según relata, el conflicto se agravó cuando la Dirección General de Calidad Ambiental levantó la suspensión mediante una resolución que, sostiene, fue adoptada por un órgano que carecía de competencias para ello.

En 2004, la Demarcación de Costas del Estado exigió la paralización de los trabajos en Puerto Mayor y el Ministerio de Medio Ambiente solicitó la anulación de las autorizaciones autonómicas que habían permitido reanudar las obras. Vives considera que las modificaciones introducidas en el proyecto fueron uno de los aspectos fundamentales del conflicto. “Tenía autorización de los años setenta, pero el proyecto ya no se parecía en nada”, resume.

La disputa terminó trasladándose de nuevo a los tribunales y, en junio de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó la suspensión cautelar de parte de las obras. Hubo que esperar hasta 2017 para que la Comunidad Autónoma anulase la resolución de 1988 que había permitido prorrogar las obras, un paso decisivo para la posterior caducidad de la concesión.

Una batalla judicial de casi dos décadas

“No es algo que tenga muchos precedentes, eliminar un puerto a medio construir”, explica Pedro García, director de ANSE, una de las organizaciones que encabezaron la oposición ecologista al proyecto.

Protesta de ANSE y Greenpeace

La movilización alcanzó uno de sus momentos más importantes los días 29 y 30 de enero de 2005, cuando activistas de ANSE y Greenpeace protagonizaron una protesta para detener las obras; a esa le siguieron varias acciones. A partir de entonces, las organizaciones ecologistas buscaron también la intervención del Gobierno central, encabezado en materia ambiental por la ministra Cristina Narbona.

“Pedimos al Ministerio que interpusiera un contencioso porque iba a ser imposible que, si un juez ordenaba paralizar las obras, se acordase sin fianza. Nosotros no podríamos haber conseguido eso”, explica García. ANSE se personó después en el procedimiento judicial y continuó participando en los litigios hasta los últimos recursos de la promotora ante el Tribunal Supremo.

La batalla judicial se prolongó durante años, primero para cuestionar las autorizaciones que habían permitido reanudar las obras y después para conseguir la caducidad de la concesión, una decisión que también recurrió la promotora. En octubre de 2019, el Gobierno murciano ya había declarado caducada la concesión, pero tuvo que dejar sin efecto aquella decisión porque tardó más de lo permitido legalmente en resolver el expediente. La Administración inició entonces un nuevo procedimiento y, el 6 de agosto de 2020, volvió a declarar caducada la concesión y ordenó a Puertomayor S. A. retirar las instalaciones a su cargo, sin derecho a indemnización. Según consta en el acuerdo autonómico, la empresa disponía de dos meses desde la notificación para ejecutar la retirada.

En enero de 2005, un grupo de cuarenta activistas de Greenpeace y ANSE realizaron una acción de protesta por la estructura de Puerto Mayor

Los últimos arenales de La Manga

La Caleta del Estacio representa uno de los escasos espacios que conservan parte de los ecosistemas naturales de La Manga. Vives destaca el valor de sus fondos marinos, asociados a extensas praderas de posidonia oceánica y otras comunidades de vegetación submarina.

“Desde el punto de vista terrestre, era de lo poco que quedaba sin destruir de La Manga”, explica. Para el portavoz ecologista, la caleta tenía un valor estratégico precisamente por encontrarse en una franja litoral donde la urbanización ha transformado profundamente el paisaje y las dinámicas naturales.

García comparte ese diagnóstico. Recuerda que la construcción completa de Puerto Mayor habría supuesto la desaparición de aproximadamente un kilómetro de arenales y afectado a una de las últimas grandes superficies dunares del norte de La Manga. También advierte de las consecuencias que habría podido tener sobre las praderas submarinas y la dinámica de intercambio de aguas entre el Mediterráneo y el Mar Menor.

Una restauración de casi 24 millones

El Ministerio para la Transición Ecológica prevé restaurar 97,72 hectáreas de la Caleta del Estacio, tanto en tierra como bajo el agua, mediante una intervención que incluye la retirada de más de 2.500 metros de estructuras metálicas, de los que 700 se extraerán mediante maquinaria terrestre y 1.824 con medios marítimos. Los trabajos incluyen también la retirada de 98.000 metros cúbicos de rellenos artificiales y cerca de 45.000 metros cúbicos de suelos contaminados con metales pesados.

Según la respuesta facilitada por el Ministerio, ya se ha iniciado el proceso de extracción de las estructuras accesibles desde tierra, mientras que las operaciones marítimas comenzarán en el segundo semestre de 2027. El departamento mantiene un plazo de ejecución de 18 meses y prevé finalizar las obras a principios de 2028, “sin que hasta ahora haya detectado dificultades técnicas o ambientales que puedan provocar retrasos”.

Aunque el Estado ha adelantado la inversión necesaria para recuperar la caleta, el Ministerio mantiene que Puertomayor S. A. es la principal obligada a retirar las instalaciones. Según explica el departamento, una vez concluidos los trabajos, se liquidará su importe real y, si la sociedad no abona la cantidad reclamada, se iniciará un procedimiento de apremio a través de la Agencia Tributaria.

La recuperación ambiental tampoco concluirá con la retirada de las estructuras. El Ministerio ha previsto un programa de vigilancia durante los dos años posteriores a las obras, con controles sobre la calidad del agua, la supervivencia de la vegetación dunar y el estado de las praderas submarinas. Estas últimas se examinarán en nueve estaciones de muestreo, mientras que la plantación experimental de posidonia contará con un seguimiento específico durante varios años.

Parte de las estructuras que se están desmontando en Puerto Mayor

La recuperación de la Caleta del Estacio también representa una reivindicación histórica para los vecinos de La Manga, que llevan décadas reclamando la restauración de este espacio. “Han sido muchos años de espera y de movilizaciones, pero nunca hemos perdido la esperanza de recuperar este espacio tan importante y simbólico”, señala Marioli Vivancos, vecina de La Manga y responsable del perfil @viviendolamanga.

“Tenemos muchas ganas de poder disfrutar de la caleta, una vez recuperada y siempre con respeto”, apunta. Vivancos defiende que la recuperación ambiental sea compatible con un acceso público ordenado: “Lo ideal es que se dé protagonismo al entorno natural y que se cuide el ecosistema, pero instalando miradores y pasarelas para que los ciudadanos podamos disfrutarlo; cada pasito que dan es una alegría”.

elDiario.es se ha dirigido a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de San Javier para recabar su valoración sobre el proyecto de Puerto Mayor y el proceso de recuperación ambiental de la Caleta del Estacio. Ninguna de las dos administraciones ha respondido a las preguntas remitidas por este periódico hasta el momento de la publicación.

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