La cámara donde Cáceres pesa lo mismo que Madrid
Cuenta Cicerón en su tratado sobre la vejez que los antiguos llamaron Senado a su consejo supremo porque atribuían a los ancianos —senes— el consejo, la razón y el juicio. Yo nací en 1994 y aspiro a sentarme en una cámara que lleva la vejez en el nombre. No lo tomo como una ironía, sino como una advertencia: lo que allí se decide envejece despacio. Dura más que una legislatura y, a veces, más que el gobierno que lo celebró.
Empezaré por lo que no voy a decir. No diré que el Senado elige al presidente del Gobierno, porque no lo elige. Tampoco que tiene la última palabra sobre las leyes: el Congreso puede levantar sus vetos. Quien pide el voto exagerando la institución a la que aspira merece que se lo nieguen. El Senado es una cámara de segunda lectura y una cámara territorial a medio hacer: el 29 de noviembre saldrán de las urnas 209 senadores, frente a los 58 que designaron los parlamentos autonómicos en la legislatura que termina. Esa desproporción, ha escrito el jurista Pedro Moreno Brenes, “desmiente en la práctica que el Senado sea una verdadera Cámara de representación”.
Y, sin embargo, importa. Importa, primero, por una razón que en Extremadura debería bastarnos: es la única urna en la que la demografía no nos condena. En el Congreso, Cáceres aporta cuatro escaños de trescientos cincuenta. En el Senado elige cuatro senadores: los mismos que Madrid, los mismos que Barcelona. Allí donde el padrón nos hace pequeños, la Constitución nos hizo iguales. Una provincia de 388.000 habitantes no puede permitirse regalar el único lugar donde su voz no se mide por su tamaño.
Importa, después, por lo que el Senado decide sin que el Congreso pueda corregirlo. Lo ha explicado con claridad de aula el propio Moreno Brenes, letrado del Tribunal Supremo y profesor titular de la Universidad de Málaga, en un artículo publicado en infoLibre el 16 de octubre cuyo título no necesita glosa: 'El Senado importa, y mucho'. Recuerda que la Cámara Alta autoriza por mayoría absoluta la aplicación del artículo 155 y que designa, por tres quintos, a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional —cuyo mandato expiró en diciembre de 2025 y que siguen sin relevo— y a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Y advierte: “[…] existe la posibilidad de que, por primera vez en democracia, los tres quintos de los miembros del Senado sean alcanzados por un solo bloque ideológico que ha puesto de manifiesto su voluntad de formar Gobierno (en este caso PP y Vox), y que parece probable que trasladen ese acuerdo a la elección de los órganos constitucionales. Esto podría implicar, frente a la práctica habitual de distribución equilibrada en la propuesta de miembros a esos órganos, que exista la tentación de monopolizar esas propuestas, lo que llevaría a una situación inédita y nada deseable en nuestro sistema constitucional”.
Conviene traducirlo. Un magistrado del Constitucional ejerce nueve años: quien reúna tres quintos del Senado no gana una legislatura, nombra árbitros para una década. Y esos árbitros no son una abstracción para iniciados. El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el conflicto con el que la Junta de Extremadura impugna el Plan Estatal de Vivienda, que prevé 210 millones para nuestra región. Vox registró en mayo, precisamente en el Senado, una moción para derogar la Ley contra la Violencia de Género. No ha prosperado. La distancia entre pedir y conseguir se llama mayoría.
Sabemos, además, para qué usa la derecha el Senado cuando lo controla, porque lo ha controlado con mayoría absoluta estos tres años: para vetar, para dilatar y para dejar sin renovar lo que le tocaba renovar. En 2024 rechazó por dos veces los objetivos de estabilidad; según el Ministerio de Hacienda, aquello restó casi 5.000 millones de capacidad de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos. Soy funcionario de Administración Local y sé en qué se convierte esa cifra cuando baja hasta un pueblo: en la ayuda a domicilio, en el camino, en la escuela infantil. Tocqueville escribió que las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia. En un pueblo, además, lo público no es una opción entre varias: es la única.
De esa evidencia nace Senado de Progreso. No la inventó un partido: la reclamó una asociación cívica, Senadoras y Senadores por la Democracia, y la hemos hecho nuestra el PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y otras fuerzas progresistas en la mayor parte del país. Su razón es aritmética antes que sentimental. Al Senado se vota a personas: cada elector marca hasta tres nombres y obtienen escaño los cuatro más votados, de modo que el bloque que llega primero suele llevarse tres y el segundo, uno. En 2023 las derechas reunieron el 49,9% de los votos y el 61,1% de los senadores. En Cáceres empatamos a dos, y a nuestra tercera candidata le faltaron menos de dos mil votos para el escaño mientras más de catorce mil electores progresistas marcaban nombres de una candidatura que no obtuvo ninguno. La derecha ha tomado nota: Vox presenta esta vez un solo candidato en la provincia para que sus votantes completen la papeleta con nombres del PP.
Por eso, en la papeleta sepia, no hay que buscar unas siglas sino un nombre, Senado de Progreso, y debajo tres personas: Joaquín Cuello, Mireya Conejero y Antonio Leonardo Calle. Tres cruces, las tres: la que se queda sin marcar es la que decide el cuarto escaño. La papeleta blanca del Congreso tiene su propia aritmética —en una provincia de cuatro diputados la dispersión también se paga— y de ella se ocupa mi compañera Irene Pozas.
No pido el voto para ocupar una trinchera. Lo pido para que ningún bloque pueda nombrar él solo a los árbitros de todos, y para que esta tierra tenga voz allí donde la Constitución se la reconoció entera. Para que las pensiones sigan subiendo por ley y no por gracia. Para que quienes tumbaron en octubre los decretos de vivienda no encuentren en el Senado una segunda cerradura. Para que la cámara que el artículo 69 llama territorial empiece a parecerse al territorio: a sus pueblos, a sus distancias, a su gente joven que quiere quedarse o volver.
Cicerón pensaba que el consejo, la razón y el juicio eran cosa de viejos. Hoy son, sobre todo, cosa de quien va a vivir más tiempo con las consecuencias. El 29 de noviembre Cáceres elige cuatro senadores. Los mismos que Madrid. Sería imperdonable no usarlos.
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