Los expresidentes del PSOE y del Gobierno de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros cuyas condenas por el caso ERE anuló el Tribunal Constitucional, han alegado en contra de la personación de la Junta, que recientemente ha solicitado formar parte de la causa censurando ante la Audiencia de Sevilla las “injerencias no permitidas” del tribunal de garantías.

La Audiencia de Sevilla había acordado el año pasado la constitución de un nuevo tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a ex altos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

Así las cosas, tal y como había pedido el pasado mes de febrero la acusación representada por el PP, la Audiencia había dado a todas las partes un plazo de tres días para presentar alegaciones en relación con los escritos presentados por la letrada de la Junta de Andalucía. Las defensas de los exdirigentes socialistas han expuesto unos argumentos coincidentes, de acuerdo a las fuentes de las defensas, en su “frontal oposición” a la pretensión de personación de la Junta y al planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En unos de esos escritos de alegaciones, la representación legal de un exconsejero explica a la Audiencia de Sevilla que la Junta “expresamente renunció y se desistió de su condición de parte procesal” en el procedimiento (“no formuló acusación, no intervino en el juicio, quedó fuera del circuito de notificaciones”), lo cual con lleva que su pretensión sea “incoherente, inconsistente e intempestiva”, y esté “huérfana de sustento jurídico”.

La Junta estuvo personada como acusación particular en los ERE hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

Parte en la instrucción, dejar de serlo en el juicio y volver a serlo en la fase de ejecutoria

Según este exconsejero aquella fue una decisión “bien sopesada y argumentada” en un escrito “señero” y “sólidamente fundado en Derecho” mediante el cual el gabinete jurídico autonómico “marcó distancias” con la Fiscalía y el Ministerio Fiscal se situó en una línea “de coincidencia troncal con buena parte de los postulados de la defensa”. “Esos mismos que, al fin y a la postre, ha hecho suyos y dejado establecidos el Tribunal Constitucional a través de las sentencias” que ha venido dictaminando.

Además de alabar a “los letrados, funcionarios altamente cualificados, de aquel gabinete jurídico”, el actual escrito de la Junta tiene “pseudoargumentos” que “son baladíes y de pura oportunidad” al objeto de “intempestivamente dar una imposible marcha atrás en el tiempo para, en pirueta jurídica incalificable, prodigiosamente volver a ser esa parte procesal que, irreversiblemente y por su propio designio, ya hace mucho que dejó de ser”. Además, “ninguna novedad aportan al debate tales extemporáneas alegaciones” por parte de la Junta, apunta este exconsejero.

“No se puede, no se debe intentar, de manera jurídicamente caprichosa, ser parte procesal en la fase de instrucción, dejar de ser parte en la fase de juicio y volver a ser parte en la fase de ejecutoria del proceso”, critica en las alegaciones, y “mucho menos admisible por virtud de un dicterio de orden político emanado en forma de Orden del consejero [de Presidencia, Antonio Sanz] del que orgánicamente depende el gabinete, cuyo expediente completo sería de alto interés conocer, y en concreto el informe jurídico que le dé sostén”.

La defensa de este ex alto cargo apunta que “se puede estar o no de acuerdo con los planteamientos de fondo y las decisiones contenidas” en las sentencias del Constitucional, pero la Audiencia de Sevilla no debe albergarlas al tener en cuenta que “el Tribunal Constitucional, al dictarlas, no ha excedido su ámbito natural y plenamente legítimo de actuación, sin exceder los límites reservados a la jurisdicción y sin incurrir en valoraciones probatorias y juicios de subsunción alternativos, sino limitándose al control constitucionalidad que le corresponde”.

A pocas horas para que expire el plazo que se ha dado la Audiencia Provincial de Sevilla para decidir si eleva el caso ERE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la anulación total o parcial de las condenas a una decena de ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE dictada por el Constitucional, el presidente Juan Manuel Moreno ha anunciado, por sorpresa, que la Junta “va a volver a personarse” en el caso ERE “a lo largo del día de hoy o de mañana”.

“Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el [Tribunal] Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana (...) La obligación que tiene la Administración de la Junta es evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía”, ha asegurado, a la pregunta de una periodista sobre si considera “adecuado” que la Audiencia lleve el caso ERE ante la Justicia Europea.

El presidente andaluz ha evitado mencionar que esas sentencias a las que alude fueron anuladas hace un año por el Tribunal de Garantías, tras considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los líderes socialistas condenados.

Moreno ha hecho este anuncio a las puertas del Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado este lunes en Madrid, y donde Alberto Núñez Feijóo ha convocado el Congreso Nacional del partido para el próximo julio, en previsión de que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales a final de año.

El mensaje del presidente andaluz de que la Junta “volverá a personarse” en el caso ERE para tratar de “recuperar los 700 millones” defraudados a la hacienda pública ha causado cierto desconcierto en instancias judiciales porque, hoy por hoy, no existe una pieza política abierta del caso ERE donde personarse.

Fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas por elDiario.es aseguran que se presentará “un escrito para personarse” ante la Audiencia Provincial, que es donde reside el procedimiento de la pieza política de los ERE, para reclamar “que se mantengan las condenas contra los líderes socialistas que dictó el Supremo y no se revisen los fallos”, pese a que estos fueron anulados luego por el TC.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que la Audiencia Provincial de Sevilla no ha reabierto la instrucción del caso ERE, aseguran que es el Gobierno de Moreno quien debe aclarar dónde se personan si, en este momento, no hay una causa abierta, y apuntan que será la Audiencia la competente en resolver la solicitud de personación de la Junta. “Habrá que ver el escrito y los argumentos”, concluyen las fuentes jurídicas consultadas, que no recuerdan ningún precedente parecido.

La Consejería de Presidencia, responsable de presentar este escrito, no ha proporcionado el documento de personación a este periódico, pero ha confirmado el registro de un escrito este mismo lunes ante la Audiencia de Sevilla “para apoyar que este órgano judicial acuda el Tribunal de la UE” tras las sentencias del Constitucional sobre el caso ERE“.

La Junta comparecerá en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo, pues considera que el Constitucional se ha “extralimitado en sus funciones y podría provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción de la historia de España”.

El Gobierno de Moreno, en consonancia con el planteamiento que ya hizo el PP, considera “que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE”. Ya entrada la tarde, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado en un audio remitido a los medios que “ha dado orden al gabinete jurídico de la Junta de proteger los intereses de los andaluces”.

Personación del PP

El PP ya estuvo personado como acusación particular en la llamada pieza política del caso ERE, que culminó con la condena del Supremo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a ocho exaltos cargos, por malversación y prevaricación.

La Junta de Andalucía también lo estuvo, como parte perjudicada, hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

A falta de conocerse la explicación técnica o jurídica para “volver a personarse” en el caso ERE, el anuncio de Moreno debe leerse en el momento político exacto en el que se produce, esto es, a pocas horas de que la Audiencia de Sevilla decida si acude a la Justicia Europea para preservar las condenas a los dirigentes socialistas, un escenario inédito que solicitó el propio PP como acusación particular personada en la causa, y que fuentes del Constitucional tildaron de acto de “rebelión”.

El presidente andaluz ha mostrado, desde el principio, su disconformidad con la anulación de las condenas que dictó el Tribunal de Garantías, y el mensaje de este lunes busca reabrir la pelea política -volviendo a reclamar el reintegro del dinero defraudado- pero también la vía judicial.

Reactivar los ERE tras el Constitucional

El proceso judicial que inició la jueza Mercedes Alaya hace 14 años culminó con la sentencia del Constitucional que, el pasado julio, anuló las condenas a Chaves, Griñán y el resto de la cúpula de los gobiernos socialistas, tras concluir que se habían vulnerado sus derechos de representación y a la presuncion de inocencia.

El Tribunal de Garantías obligó a la Audiencia de Sevilla a repetir las sentencias contra los altos cargos socialistas pero sin casi la totalidad de acusaciones que pesaron sobre ellos, y la Audiencia, en un giro sin precedentes, se rebeló contra la decisión del Constitucional y planteó una consulta prejudicial a las partes para decidir si eleva el caso ERE a la Justicia Europea.

Los populares han cargado duramente contra el fallo del TC, acusando a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, de “ilegítimo” y de actuar como juez y parte en beneficio de los socialistas. Estos, por su parte, se sintieron exculpados, aliviados y exhultantes por la anulación de condenas del caso ERE y en los últimos meses han salido en tromba para denunciar, de forma retroactiva, que todo el proceso fue una “cacería política, judicial y mediática” orquestada por el PP para arrebatarles el Gobierno andaluz.

En este acalorado contexto, y bajo el ruido de tambores electorales tanto en Madrid como en Andalucía, Moreno ha puesto el contador a cero del caso ERE, reactivando un proceso que, hoy por hoy, no tiene ninguna instrucción abierta, y apelando al montante global de los fondos de la Consejería de Empleo con el que se pagaban las ayudas sociolaborales, esos casi 700 millones que incluyen las ayudas ilegales, pero también las legales que aún hoy sigue abonando su Administración.

Tras el anuncio hecho en Madrid, al presidente andaluz le han pedido que confirme si la Junta “se va a personar ante la Audiencia de Sevilla”, pero Moreno no ha respondido.

Moreno sigue pagando ayudas legales de los 700 millones de los ERE

Desde 2019, cuando el Ejecutivo andaluz del PP diseña sus primeros Presupuestos Autonómicos, hasta hoy, la Junta ha seguido presupuestando y abonando regularmente las ayudas legales del fondo de los ERE a miles de prejubilados salpicados por la causa judicial que Moreno insiste en incluir en “el robo de 680 millones”. Los populares, aún hoy, usan la cifra de la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas, pero también las legales, que la Junta siguió abonando cuando Moreno llegó al poder, y que seguirá pagando hasta mediados de 2026, confirman desde el Ejecutivo andaluz.

El pasado junio, durante el debate de política general en el Parlamento andaluz, Moreno subió a la tribuna y explicó que la Junta, desde que gobierna el PP, ha ingresado más de 27 millones “de los 62 millones que la Justicia y el Tribunal de Cuentas han acordado para su devolución a las arcas públicas”, y que viene reclamando otros 135 millones en las decenas de piezas de la macrocausa de los ERE que siguen abiertas.

Lo que no dijo Moreno es que, cada año, su Gobierno consigna una cantidad en el presupuesto autonómico para seguir abonando las ayudas sociolaborales de pago directo y a través de la financiación de pólizas de seguro colectivo de rentas a los prejubilados que en su momento se acogieron legalmente a un ERE. Sólo en su primer ejercicio presupuestario respaldado por Ciudadanos y Vox (2019), el Ejecutivo de Moreno pagó 35,7 millones en ayudas a los prejubilados de los ERE.

La jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, calculó que se desviaron 855 millones, la Fiscalía lo estimó en 741,6 millones y aquella sentencia, ratificada luego en el Supremo, rebajó hasta los 680 millones. Si bien parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo, como ahora admite con sus actos el propio Gobierno del PP.

En la mítica película Casablanca, que he visto muchas veces y que volveré a ver cuando me den la oportunidad, ha quedado para la historia una frase que Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bergman en la romántica despedida en el aeropuerto: “Siempre nos quedará París”.

Algunos jueces y tribunales españoles han retorcido el sentido y el significado de la frase y la utilizan, sustituyendo París por Luxemburgo, como una excusa para rebelarse contra sentencias que estiman contrarias a sus convicciones ideológicas, dejando a un lado su adecuación a los principios constitucionales y legales que deben respetar por imperativo de las normas reguladoras de nuestro sistema procesal. El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (más adelante intentaré explicar en qué consiste) se ha convertido en una bandera que se enarbola, con gran repique de campanas de una parte de los medios de comunicación, con el único propósito de sembrar la duda sobre la correcta adecuación a derecho de algunas sentencias sobre asuntos de relevancia política  

España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985 en Madrid y se integró efectivamente en la Comunidad Económica el 1 de enero de 1986. Este acontecimiento transformó nuestro tradicional modelo de algunas estructuras del Estado y fundamentalmente del Poder Judicial que pasó a integrarse en un sistema jerárquico de leyes y de principios jurídicos de los que habíamos carecido durante los cuarenta años de dictadura hasta la promulgación de nuestro texto constitucional.

La integración en la Comunidad Económica Europea nos sometió a una amplia gama de Directivas, Reglamentos, Decisiones y Acuerdos emanados de los distintos órganos que componen la actual Unión Europea. Los Reglamentos son actos legislativos vinculantes para todos los miembros. Las Directivas son actos legislativos en los cuales se establecen los objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos. Las Decisiones son vinculantes para aquellos Estados a quienes se dirigen y por último existen también Recomendaciones evidentemente no vinculantes.   

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pasó a integrarse en nuestro sistema judicial convirtiéndose en juez nacional para diversas cuestiones reguladas por el ordenamiento jurídico emanado de los órganos comunitarios. Al mismo tiempo los jueces españoles se transformaban en jueces comunitarios, obligados a la aplicación de esas normas cuando son procedentes para resolver un caso concreto. Acudir al Tribunal de Luxemburgo no puede obedecer a un capricho o a una motivación política.  Como es lógico los jueces y tribunales deben ser rigurosamente cuidadosos antes de tomar esta decisión. Deben sopesar las consecuencias de toda índole que supone utilizar abusivamente la cuestión prejudicial.

En el año 2001, la Junta de Andalucía inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones y despidos a los trabajadores afectados por estos ERE. Se creó una partida presupuestaria aprobada por el Parlamento de Andalucía en los presupuestos de la Comunidad Autónoma cada año ininterrumpidamente. No pongo en duda que en su ejecución hayan existido deficiencias e incluso irregularidades, pero resulta llamativo e incomprensible que, durante diez años, los órganos judiciales hayan permanecido impasibles sin haber tomado ninguna iniciativa para averiguar la posible existencia de hechos delictivos.

Entre las diversas personas condenadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, se encontraban los ex presidentes Chaves y Griñán como autores de un delito de prevaricación administrativa.  En dos artículos precedentes sostuve que al tratarse de una ley aprobada en un Parlamento era imposible la existencia de hechos delictivos, sin perjuicio de la responsabilidad política que ciertamente fue dilucidada por los ciudadanos andaluces votando mayoritariamente al Partido Popular.

Los condenados acudieron en amparo al Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente los recursos, ordenando a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que se descarte el delito de prevaricación.  La sentencia que resuelve el amparo centra el debate en el principio de la separación de poderes. Sostiene que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Ni un anteproyecto ni un proyecto de ley pueden someterse a un juicio de legalidad y al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de su constitucionalidad.  La sentencia explica que los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes.  

Es cierto que el Tribunal Constitucional, al estimar parcialmente el recurso de amparo y devolver la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dictase una sentencia absolutoria, dejó abierta la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial. Pero esta alternativa no puede dar rienda suelta a iniciativas inspiradas únicamente en la confrontación política con el Tribunal Constitucional. No se puede utilizar la cuestión prejudicial sin un sólido fundamento que la justifique.

El Reglamento de funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marca, de una manera clara y precisa, cuáles son las pautas y requisitos para justificar el planteamiento de una cuestión prejudicial. El artículo 94 exige una exposición concisa del objeto del litigio, los datos fácticos en que se basan las cuestiones planteadas. Se consignarán las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto, la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

Según el artículo 95, el Tribunal de Justicia, mediante un auto motivado, puede rechazar la cuestión prejudicial cuando por su contenido no suscite ninguna duda razonable sobre su inconsistencia. Posibilidad que, en mi opinión, deberán ponderar los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla antes de tomar el camino que conduce a Luxemburgo. Superado este trance, el Tribunal, tratándose de una cuestión penal que afecta a derechos fundamentales, con toda seguridad utilizará el procedimiento de urgencia o, en todo caso, el procedimiento acelerado, lo que retrasaría la restauración de los derechos de las personas indebidamente condenadas. La tramitación exige que todas las peticiones de decisión prejudicial se notifiquen al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y al Banco Central Europeo, para permitirles valorar si tienen un interés particular en la cuestión y decidir si desean ejercer su derecho a presentar alegaciones u observaciones escritas.

El Tribunal de Justicia es un observatorio privilegiado para medir la calidad en los sistemas judiciales de los veintisiete países miembros. La cuestión prejudicial, en principio, está prevista para asuntos de naturaleza civil, mercantil, de competencia o bancarias, sin descartar otras cuestiones de relevancia política o penal.  He pasado casi cincuenta años desempeñando mis funciones en el ámbito del Poder Judicial, conviviendo con personas de las más diversas ideologías de muchas de las cuales guardo muy buenos recuerdos. Las disidencias en la interpretación de las normas son la esencia del Derecho. Me permito aconsejar modestamente a los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, que mediten sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial. Los magistrados del Tribunal de Justicia, a la vista de los antecedentes que se les deben facilitar, no tendrán duda de que se trata de una cuestión política interna al margen del derecho comunitario. 

La Fiscalía Anticorrupción se ha alineado con el criterio del Tribunal Constitucional (TC) en su oposición a que el caso ERE se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ha planteado la Audiencia de Sevilla a propuesta del PP y del sindicato ultraderechista Manos Limpias, personados como acusación particular.

El pasado julio, el TC anuló parcialmente las sentencias que condenaron por delitos de prevaricación y malversación a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a ocho exconsejeros de su Gobierno en la llamada pieza política del caso ERE. El Tribunal de Garantías consideró que se había vulnerado el derecho fundamental a la defensa de los dirigentes socialistas -“de legalidad penal”-, admitió el recurso de amparo de los condenados, y remitió el fallo al tribunal de origen para que rehiciera su sentencia teniendo esto en cuenta.

Pero la Audiencia de Sevilla, a instancias del PP y Manos Limpias, planteó elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE al considerar que el TC se había extralimitado en sus competencias al anular su sentencia y que sus valoraciones no eran compatibles con el Derecho de la Unión. El Ministerio Público se ha pronunciado ahora sobre este escenario, inédito hasta la fecha, rechazando de plano reabrir la causa en Luxemburgo, recordando que un tribunal ordinario no puede corregir ni cuestionar las decisiones del Tribunal de Garantías, que en este caso vela por los derechos fundamentales de los acusados.

“La primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal”, reza el escrito de los fiscales Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga, delegados de Anticorrupción en Sevilla, presentado ante la Audiencia Provincial el pasado 1 de marzo.

La apelación del Ministerio Público cita en sus conclusiones una sentencia de 2022 del Tribunal de la UE, el mismo órgano al que la Audiencia sopesa remitir el caso ERE, que establece también que “la obligación de garantizar que tales delitos son objeto de sanciones penales eficaces y disuasorias no dispensa al órgano jurisdiccional remitente de verificar el necesario respeto de los derechos fundamentales”.

Los fiscales, por tanto, defiende que el TC ha actuado en el ejercicio de sus competencias sin trangredir ninguna normativa europea. “Ninguna duda existe de que el Tribunal Constitucional no se extralimita al anular una resolución judicial por entender que la misma incurre en aplicación extensiva o analogía in malam partem de un tipo penal pues, en tales casos, la interpretación del órgano jurisdiccional incurre en vulneración del principio de legalidad proclamado en el artículo 25” de la Carta Magna, reza el escrito.

La propia jurisprudencia del TJUE y del Supremo, que cita el documento, advierte de que las dudas sobre posible incompatibilidad del derecho nacional con el europeo “pueden ser resueltas por el propio tribunal nacional” y “desaconsejan el planteamiento de una cuestión prejudicial ante Luxemburgo: ”La duda expresada por el órgano jurisdiccional puede ser resuelta con arreglo a las normas del derecho interno sin apreciar incompatibilidad con la normativa europea“, concluye.

Los fiscales también impugnan lo afirmado por la Audiencia Provincial en su providencia del 18 de marzo, al afirmar que “el Constitucional no ha optado por una interpretación alternativa de los tipos penales de prevaricación y malversación”, como subrayaron los jueces del tribunal ordinario. “Las consideraciones que han conducido al Constitucional a alcanzar esta conclusión [esto es, que en realidad fue la Audiencia y el Supremo los que hicieron una ”interpretación extensiva“ y, por tanto, vulnera el derecho de legalidad de los condenados] no resultan irracionales y mucho menos arbitrarias”, subraya el escrito de los fiscales.

El PP carga contra la Fiscalía

La cuestión prejudicial que ha planteado la Audiencia de Sevilla tras las sentencias del Tribunal de Garantías que anularon parcialmente las condenas a Chaves y Griñán ha desatado un terremoto judicial y político en España. Es un escenario sin precedentes que ha enfrentado la opinión de magistrados, tanto del sector conservador como del progresista. En el órgano que preside Cándido Conde Pumpido hay voces autorizadas que lo consideran un “acto de rebeldía”.

En el ámbito político, el PP ha acusado abiertamente a Conde Pumpido de “corrupto” y de estar instrumentalizando el Tribunal Constitucional para “blanquear el mayor caso de corrupción de la historia de España”, en referencia a los ERE. En plena polémica por las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, al tildar de “vergüenza” la sentencia exculpatoria del futbolista Dani Alves, muy contestada por el sector judicial por ir “contra la presunción de inocencia”, los populares han señalado públicametne tanto a Conde Pumpido como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusan de actuar de parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En su comparecencia de este miércoles ante la prensa, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha referido a García Ortiz citando una página de Abc en su edición de hoy que habla de supuestos intentos del fiscal general para que Anticorrupción se opusiera al planteamiento de la Audiencia de Sevilla de llevar el caso ERE al Tribunal Europeo. La decisión del Ministerio Público se hizo pública el pasado lunes -adelantada por El Confidencial-, pero no ha sido hasta hoy cuando se ha difundido el escrito de los dos fiscales delegados en Sevilla.

“La Fiscalía Anticorrupción, y todas sus delegaciones, así como la Audiencia Provincial de Sevilla merece que se les respete y se les defienda. Lo que está pasando no tiene nombre: a los mayores garantes de la defensa de las leyes, da la impresión, de que pudieran estar colaborando en esta estrategia torticera de blanquear el mayor caso de corrupción de la historia, maniatando a la Audiencia de Sevilla, que ha querido apelar a la Justicia europea. Me parece escandaloso”, ha asegurado Martín.

Horas después de su comparecencia se ha hecho público el escrito de los fiscales anticorrupción, argumentando a favor del criterio del Constitucional y en contra de la Audiencia de Sevilla.

Las críticas abiertas del PP andaluz al Ministerio Público tras discrepar de su intención para que el Tribunal de Luxemburgo revise la anulación de las sentencias dictada por el TC provoca el primer cisma entre ambos dentro de un procedimiento judicial que ha durado más de una década. Hasta hoy, los populares, personados como acusación particular en el caso ERE, han elogiado siempre los pasos que ha ido dando Anticorrupción.

La posición procesal de la Fiscalía en la llamada pieza política fue coincidente con el criterio de la Audiencia de Sevilla: los fiscales acusaron a Chaves de prevaricación y a Griñán de prevaricación y malversación, como a otros 19 exaltos cargos de los anteriorres gobiernos socialistas, que terminaron siendo condenados. También se alineó con el criterio del Tribunal Supremo, que refrendó esas acusaciones en las sentencias definitivas de 2022.

El PP aplaudió cada paso, sin embargo, ahora carga duramente contra los fiscales por distanciarse del criterio de la Audiencia y alinearse con el enfoque del Constitucional, que anuló las condenas en el caso ERE por considerar que el tribunal ordinario había vulnerado el principio de legalidad penal.

El Ministerio Público también rechaza que las conductas que se enjuician aquí afecten a los intereses financieros de la UE, como llega a plantear la Audiencia, al vincular la anulación parcial de las sentencias de la pieza política de los ERE con el fraude de las ayudas millonarias que concedió la Junta de Andalucía (y que son objetos de otras causas cerradas y aún en proceso).

“El TJUE ha afirmado en numerosas ocasiones que la obligación de los jueces nacionales de interpretar la normativa interna conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, incluso cuando se trate de evitar un riesgo sistemático de impunidad en materia de corrupción, no autoriza a violentar el derecho de legalidad penal, pergeñando interpretaciones de los tipos penales que desborden su sentido literal”, dice el documento.

La Audiencia de Sevilla ha denegado a la defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán la posibilidad de aclarar su providencia en la que pide que las partes del caso de los ERE se pronuncien sobre si el Tribunal Constitucional “se ha extralimitado” haciendo una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación”.

En una providencia emitida el pasado 27 de marzo, la Sección Primera de la Audiencia da cuenta de la petición de la representación de Griñán y expone que “la firma de la providencia se ha producido por la magistrada ponente, tal y como se ha hecho en todas las providencias dictadas en este procedimiento”.

También defiende el carácter no recurrible de la providencia porque “el trámite de alegaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas resulta obligado” por Ley, zanjando que “no ha lugar a hacer aclaración por cuanto la providencia expone con claridad las cuestiones que se someten a las partes”.

Es de recordar que, después de aceptar el envite del PP y plantear la posibilidad de que las sentencias del TC en el caso ERE no fueran “del todo compatibles” con el Derecho de la Unión Europea, en una diligencia de ordenación la Audiencia ha pedido al tribunal de garantías que explique por qué y para qué le ha reclamado la providencia en la que pedía a las partes que se posicionaran sobre la posibilidad de elevar una consulta a Europa.

Por los pasillos rojos del 41º Congreso del PSOE, celebrado en Sevilla el último fin de semana de noviembre, fluían dos debates subterráneos sobre el anfitrión, el otrora poderoso PSOE de Andalucía: uno sobre el cambio de nombres en su ejecutiva, que se sustanciará en los próximos dos meses y concluirá en el 15º Congreso regional de Armilla (Granada) del 22 al 23 de febrero.

El otro es el cambio de ciclo pendiente en una federación socialista que no ha recuperado el pulso desde que perdió el Gobierno andaluz en 2018, después de 37 años ininterrumpidos en el poder. Aunque pueda parecerlo, no son debates conectados entre sí.

De hecho, ni Juan Espadas -actual secretario general del PSOE-A- ni quienes más zarandean la corriente crítica que aspira a desbancarlo representan un proyecto de refundación del partido, como el que supuso la victoria contra pronóstico de un desconocido José Luis Rodríguez Zapatero en el 35º Congreso federal, en 2000.

De Zapatero se habló mucho en los pasillos del último cónclave socialista. El expresidente andaba por allí, desinhibido, cubriendo la ausencia física y moral de Felipe González en Sevilla, insuflando ánimos a la tropa para que no bajara la cabeza ante el “asedio judicial” de la derecha contra Pedro Sánchez. “En el PSOE, la lealtad por toda regla”, les vino a decir a los mil delegados socialistas. Pero su nombre también apareció en los corrillos donde se buscaba un diagnóstico acertado para el PSOE andaluz en el peor momento de su historia reciente.

“Zapatero fue un punto de inflexión en el PSOE. No sólo propició un salto generacional, también una refundación completa: de personas, de programas, de estrategias, incluso del modo de organizarnos. Era un desconocido que conectó con su tiempo, que protagonizó el cambio de época que sigue a una crisis como la que vivíamos entonces. Y eso todavía no lo hemos hecho nosotros en Andalucía”, se quejaba una exconsejera de José Antonio Griñán invitada al congreso federal.

Mientras se dirime el futuro inmediato del PSOE andaluz, marcado por el calendario de primarias que enfrentará a Espadas con un rival aún por definir, elDiario.es ha recogido la reflexión de una treintena de dirigentes socialistas, exconsejeros, exministros, alcaldes, concejales, secretarios y exsecretarios provinciales con una visión más panorámica, más a largo plazo. Todos creen que “el PSOE andaluz tiene un problema de fondo, que va más allá del nombre del líder que elija el próximo congreso regional”.

“Nos hace falta que entre otra generación, no sólo de edad, también de mentalidad. Hay que archivar los tomos del PSOE de Chaves y de Griñán, que son los mismos que de Susana Díaz y de Juan Espadas, y abrir una nueva etapa en el socialismo andaluz. Con gente que no aspire a seguir, sino a empezar. Con hambre, sin complejos, que vengan a comerse el mundo. En Andalucía necesitamos una generación Zapatero”, resumía un exconsejero andaluz y exdirigente socialista con varios trienios.

En el año 2000, un joven de León de 40 años se atrevió a disputarle la Secretaria General del PSOE a los herederos naturales de Felipe González, es decir, al aparato del partido. Zapatero irrumpió con energía, ilusión y un optimismo recalcitrante en un momento de bajón existencial del socialismo, y su inesperada victoria (por nueve votos) significó descolgar del poder orgánico a toda la generación de Felipe.

A todos, menos a uno: el expresidente andaluz Manuel Chaves, que fue nombrado ese año presidente del PSOE federal y terminaría siendo vicepresidente del Gobierno de Zapatero nueve años después. Algunos de los dirigentes consultados en el congreso de Sevilla creen que la supervivencia de Chaves en el organigrama del PSOE de Zapatero “dificultó” o “retrasó demasiado” un cambio de ciclo similar en el PSOE en Andalucía, donde éste llevaba gobernando diez años, y aún estaría nueve años más.

Zapatero y Chaves “pactaron/forcejearon” el relevo de este último como presidente de la Junta en 2009, cuando le sucedió otro exministro de la generación felipista, José Antonio Griñán. El nombre que se quedó en el camino -la preferida de Zapatero- fue el de la exconsejera jiennense Mar Moreno, que se habría convertido en la primera presidenta de la Junta. “Cuatro años después de la designación de Griñán, sí hubo un cambio generacional en el PSOE andaluz, pero no hubo un cambio de mentalidad, sino más de lo mismo”, sentencia un exdirigente sobre la llegada al poder de Susana Díaz.

Griñán, punto de inflexión

Griñán fue una rara avis como secretario general. “Conocía mejor los engranajes de la administración pública que los de su partido”, relata un colaborador, al recordar cómo el expresidente andaluz intentó compensar aquel desconocimiento orgánico rodeándose de jóvenes curtidos en la dureza de las Juventudes Socialistas.

Fue lo más cerca que estuvo el PSOE andaluz de un cambio de ciclo, del relevo generacional que hoy se echa en falta. Pero muchas voces consultadas creen que “llegó tarde y mal”: con el desgaste que arrastraba el socialismo tras casi tres décadas en el poder y el mazazo de la corrupción que supuso el caso ERE y las condenas a Chaves, Griñán y parte de la cúpula de sus gobiernos por delitos de prevaricación y malversación (anulados parcialmente 13 años después por el Tribunal Constitucional).

En la cantera del PSOE de Andalucía, se dice que los jóvenes aprenden “lo mejor y lo peor de la política”. Griñán colocó en la cúpula de su ejecutiva a tres prometedores cachorros -Rafael Velasco, Susana Díaz y Mario Jiménez-, que no habían conocido otra carrera profesional que la política, y que acabarían despedazándose entre sí. Los dos últimos siguen en activo -ella es senadora; él es diputado en el Parlamento andaluz- y siguen enfrentados, aunque ahora les une el proyecto común de derrocar a Espadas.

Muchos de los que hoy cuestionan el liderazgo del secretario general son los mismos que le respaldaron en las primarias contra Susana Díaz en junio de 2021, cuando el exalcalde de Sevilla se impuso con el 55% de votos de la militancia, 17 puntos por encima de la entonces secretaria general.

Espadas contó con dos puntos a su favor: el aval indisimulado de Pedro Sánchez y un amplio consenso en las direcciones provinciales del PSOE-A para expulsar a la expresidenta andaluza que perdió la Junta tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas.

Sánchez le había pedido a Espadas que dejara la Alcaldía de Sevilla -que ganó a un PP con mayoría absoluta- para pilotar un PSOE andaluz en la oposición sin hábito ni conocimientos ni ganas de hacer oposición. En las elecciones andaluzas de 2022 obtuvo el peor resultado de la historia, con 30 diputados, frente a los 58 del PP, que consolidó la mayoría absoluta y el liderazgo de Juan Manuel Moreno.

Espadas no ha logrado abrir del todo una etapa nueva en el partido. Creó una ejecutiva mastodóntica -de más de 60 miembros- reclutando a alcaldes y concejales, con idea de crear “un gobierno en la sombra” que fiscalizase, política a política, la gestión del Ejecutivo de Moreno.

Pero en el día a día ha ido estrechando cada vez más su círculo de confianza, “reducido a un pequeño grupo de colaboradores que no comparte las líneas maestras de su estrategia de oposición con el resto”, advierten fuentes del grupo parlamentario. Sus críticos le reprochan que tratase de extrapolar al ámbito autonómico la forma de hacer política de un ayuntamiento. “Andalucía no es un ayuntamiento ni tampoco es Sevilla”, dicen.

Lo que sí es extrapolable a las provincias es la debilidad del PSOE andaluz tras la debacle de las municipales de 2023. Hoy, cuando un secretario provincial levanta la voz para respaldar o criticar a Espadas, no se entiende que su agrupación entera represente a esa voz de forma unánime. Excepto Sevilla y Jaén, que conservaron las diputaciones provinciales, el liderazgo del resto está muy discutido internamente.

La refundación del PSOE andaluz es un debate en dos tiempos, porque la falta de pulso de la ejecutiva regional es igual o mayor en las provincias. “El partido tiene que entrar en el taller, no sólo tenemos el motor agripado, tampoco nos funcionan las luces cortas, las luces largas y los espejos retrovisores. Tenemos a cinco de ocho secretarios provinciales en Madrid, en el Congreso o en el Senado, y eso significa que no están en sus territorios con la oreja pegada al suelo”, se lamenta un dirigente en Sevilla.

La pérdida de poder institucional, de cargos públicos y de salarios que supuso el fiasco de las municipales alimenta al sector crítico, pero se trata de un sector crítico segmentado, con un común denominador resuelto a brochazos, a saber: la censura al líder regional y a su proyecto -“no se puede ganar al moderado Moreno con el moderado Espadas”-; y la sustitución inmediata por otro candidato, el que sea.

“No hay un debate de fondo en las provincias. Se usa muy a la ligera el lenguaje de la renovación del partido pero, ¿sabe alguien qué le ha pasado al PSOE desde que no tiene el poder institucional?”, se pregunta un exministro socialista.

Esta es una idea recurrente entre los consultados: se habla del PSOE andaluz como aquel rey desnudo del cuento de Andersen, cuyo traje invisible sería, en este caso, la Junta de Andalucía. “Resulta que sin el gobierno, el partido estaba desnudo, no ha sabido cómo funcionar. Las direcciones provinciales se han convertido en estructuras bunkerizadas, muchos se han ido, y los que se han quedado no están dispuestos a coger el coche por las tardes, después de su trabajo, para visitar a la militancia en las casas de pueblo del PSOE”, anota un veterano exdiputado andaluz.

A su lado, una parlamentaria le escucha: “Las casas de pueblo están cerradas”, matiza, y rememora la “desmovilización brutal” de la campaña de las elecciones europeas del pasado junio, que el PP ganó a los socialistas en Andalucía por primera vez desde 1987.

El PSOE andaluz, todavía la federación más numerosa del país, perdió casi dos militantes por día desde las últimas primarias que ganó Juan Espadas, en junio de 2021, hasta la consulta a la militancia sobre los pactos de Sánchez con los independentistas, a finales de 2023. El censo del PSOE en Andalucía en aquel referéndum era de 43.610 afiliados, cuando en las primarias dos años antes se fijó en 45.374.

Este periódico ha pedido insistentemente la actualización de esta cifra para saber cuántos militantes podrán participar en las próximas primarias, pero desde el PSOE andaluz aseguran que es la dirección federal quien maneja el número exacto y rehusa facilitarla. “Unos 40.000 militantes”, concluyen. El censo válido para el congreso federal en Sevilla era de 40.138 militantes, aunque puede variar levemente de aquí al cónclave regional de finales de febrero.

“¿Juan Espadas tira?”

La pregunta más recurrente en el 41º Congreso del PSOE fue “si Juan Espadas tira”, es decir, si era el mejor candidato que tiene el partido para plantar cara a la derecha en la comunidad más poblada de España, si puede quebrar -al segundo intento- la mayoría absoluta de Moreno en las próximas elecciones andaluzas, previstas para 2026.

Es una pregunta que trasciende el ámbito regional, porque Andalucía -con permiso de Castilla y León- abrirá el nuevo ciclo electoral en el que Pedro Sánchez se ha propuesto recuperar, con nuevos liderazgos territoriales, el poder autonómico que ahora monopoliza el PP.

“Espadas fue su peor enemigo en el congreso federal”, admite uno de sus más fieles aliados. El exalcalde de Sevilla se enredó en profundos análisis de complejas estructuras discursivas, a lo largo de 22 minutos, y cuando terminó de hablar tenía sobre sus hombros la marca escarlata de la sucesión. “Se ha inmolado”, dijo, pasmado, un miembro de su propia ejecutiva.

Salió con menos apoyos de los que entró, con Sánchez de perfil, y un coro de dirigentes críticos pidiéndole que se apartara para facilitar el relevo a un candidato con más mordiente. Pero el presidente del Gobierno no hizo señales de humo en aquel congreso a favor o en contra de Espadas, hizo lo mínimo para que los oficialistas y los críticos siguieran leyendo entre líneas.

24 días después, ya con el calendario congresual de Andalucía aprobado y el plazo de inscripción de candidaturas a las primarias a las puertas -del 7 al 10 de enero-, no hay aspirante en firme a disputarle la secretaría general a Juan Espadas.

En un despacho de Ferraz se mueve el nombre del diputado jiennense Juanfran Serrano, de 34 años, pero el PSOE de Sevilla y de Jaén se han conjurado para que el futuro secretario general del partido en Andalucía no venga impuesto por Madrid. En las últimas 24 horas, dirigentes socialistas de Jaén han movido ficha, avalando el nombre de Serrano como oponente a Espadas, siempre que no haya una alternativa de más consenso.

Esa alternativa no es un secreto, se sigue manoseando en Madrid y en todas las provincias andaluzas, y lleva el nombre de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE. Montero no representa un cambio generacional (tiene 58 años, la misma edad que Espadas) y tampoco es un giro copernicano respecto al socialismo histórico andaluz, porque fue consejera en los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz.

Pero quienes promocionan su nombre aseguran que, hoy por hoy, es el “único capaz de coser al partido” y chutarle adrenalina de cara a las andaluzas de 2026. Es el diagnóstico que le ha llegado a Pedro Sánchez de históricos dirigentes del PSOE andaluz, conocedores del partido y de la política autonómica. Montero ha dicho públicamente dos cosas: que no quiere volver y que está a disposición del partido y del presidente del Gobierno.

La ministra es un puntal para Sánchez y en su agenda lleva dos de los grandes retos de esta legislatura: la negociación para reformar la financiación autonómica -con la singularidad pactada con los independentistas para Cataluña y la mayoría de gobiernos regionales del PP en contra- y los Presupuestos Generales para 2025. Mucha tela que cortar a la que añadir, ahora, el liderazgo de la federación más numerosa del PSOE.

Fuentes de la dirección federal señalan que “no es incompatible” que siga en el Gobierno y pilote la renovación en Andalucía hasta las autonómicas, que podrían solaparse con las generales en 2026. Las mismas fuentes recuerdan que María Dolores de Cospedal compatibilizó la secretaría general del PP, la presidencia de Castilla La Mancha y el Ministerio de Defensa.

Pero los recelos de Montero son de una complejidad aún mayor: en el PSOE se está barruntando, a fuego lento, el postsanchismo. La etapa que viene tras la salida de Sánchez, que hoy no se vislumbra, pero que el propio presidente convirtió en algo tangible cuando verbalizó ese escenario en sus famosos cinco días de reflexión.

Estos días de interludio navideño se está escribiendo el próximo capítulo del PSOE andaluz. Dirigentes de peso han expresado abiertamente su temor a celebrar unas primarias a cara de perro en el momento de mayor debilidad del partido en la historia reciente.

Hay movimientos en Sevilla y Jaén, las agrupaciones más sólidas, para que Espadas dé un paso al lado y propicie el cambio si logra imponerse un candidato de consenso. No parece que Juanfran Serrano concite esa armonía necesaria entre Ferraz y el socialismo andaluz y, de momento, el exalcalde de Sevilla se mantiene firme en su intención de presentarse a la reelección.

Es posible que esta incertidumbre, que no tiene precedentes en la historia de un partido con 145 años de historia, sea el dato más significativo para entender el vértigo que produce pilotar un cambio de ciclo en la federación más numerosa del PSOE, con más de 700 agrupaciones diseminadas por la comunidad más poblada de España.

La que solía ser granero de votos socialistas y apuntalar a presidentes del partido en la Moncloa. “Moreno está muy fuerte. Ha sido muy inteligente, ha absorbido el discurso y el espacio político de centro que tenía el PSOE, y nos ha dejado poco margen para recuperarlo”, se queja un secretario provincial.

La paradoja es que los socialistas andaluces han heredado hoy el discurso de lamentación que usó el PP durante casi 40 décadas en la oposición: “Aunque pasemos de 30 a 40 diputados, miramos a los lados y no tenemos a nadie con quien pactar en el centro y a nuestra izquierda para arrebatar el gobierno a Moreno”, resume este mismo dirigente.

Hacía una década que José Antonio Griñán no salía de su casa para asistir a un acto público del PSOE. El expresidente andaluz ha reaparecido este sábado en el 41 Congreso federal del partido que se celebra este fin de semana en Sevilla. Griñán ha sido arropado por los suyos, agasajado y fotografiado mil veces, hasta que se ha sentado en primera fila entre su antecesor, Manuel Chaves, y su sucesora, Susana Díaz.

La presencia de Chaves y Griñán en este cónclave, adelantada por elDiario.es, es más que un simbolismo, más que un revulsivo para el partido. El PSOE rescata, homenajea y ensalza ante los casi mil delegados socialistas a quienes lo fueron todo en el partido y en el Gobierno de Andalucía, durante 37 años ininterrumpidos en el poder.

Los últimos 14 años han sufrido un ostracismo político como consecuencia del largo proceso judicial del fraude de los ERE, que terminó con la condena de ambos en el Tribunal Supremo: el primero fue inhabilitado diez años para ostentar un cargo público por un delito de prevaricacón, el segundo, además, fue condenado a seis años de prisión por malversación.

Los expresidentes y el resto de consejeros y altos cargos de sus gobiernos condenados recurrieron al Constitución, que antes del verano anuló provisionalmente las sentencias del Supremo, y devolvió el caso a la Audiencia Provincial de Sevilla para que emita una nueva sentencia. El caso ERE no ha terminado, ahora un nuevo tribunal -compuesto por los mismos jueces y otros distintos- revisará la instrucción teniendo en cuenta las reservas planteadas por el Constitucional.

Pero en este impasse, el PSOE, los dos expresidentes andaluces y el resto de exdirigentes condenados se han sacudido la ignominia, la “gran desolación”, la vergüenza y la rabia. La exministra Magdalena Álvarez, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo -un año en prisión- y el propio Chaves salieron en tromba, tras el fallo del tribunal de garantías, para denunciar que fueron víctimas de una “cacería política y judicial”, comandada por el PP. Chaves, además, remató el relato asegurando que hoy Juan Manuel Moreno no sería presidente de Andalucía sin ese “asedio judicial”, sin ese “lawfare”.

Por eso su reaparición en el 41 Congreso federal del PSOE en Sevilla no sirve sólo para curar heridas del pasado, porque está de plena actualidad. Porque los socialistas usan hoy el ejemplo de Chaves y Griñán para explicar los que les está pasando en los tribunales estos días, el “asedio judicial” contra el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y dirigentes de la cúpula socialista hoy salpicados por sospechas judiciales, aún por resolver.

“Quiero hacer un reconocimiento por justicia a estos compañeros: Gracias Manolo, gracias Pepe, Carmen, Magdalena, Miguel Ángel”, ha dicho el presidente del 41 Congreso y anfitrión del cónclave, Juan Espadas, poniendo en pie a los expresidentes andaluces y a todo el plenario, que les han arropado con un largo aplauso.

En 2015, siendo Susana Díaz presidenta de la Junta y líder del PSOE-A, los dos expresidentes andaluces fueron conminados a abandonar sus cargos públicos y a entregar el carné del partido –donde habían militado desde el tardofranquismo– tras ser imputados por corrupción, es decir, antes del momento procesal que establece el código ético del PSOE: la apertura de juicio oral. 

Este sábado se han sentado los tres juntos, en primera fila, en un cónclave socialista que va a coronar a Pedro Sánchez y aspira a rearmar al partido en uno de los momentos políticos más difíciles de su historia desde la reinstauración de la democracia.

La revisión de la pieza política del caso ERE, tras anular el Tribunal Constitucional parte de las condenas a la antigua cúpula del Gobierno socialista de Andalucía, recaerá en cinco magistrados, dos juezas que ya dictaron la primera sentencia y otros tres nuevos, de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El acuerdo gubernativo dictado por el presidente de la sección primera de la Audiencia de Sevilla implica que la nueva sentencia del caso ERE, a tenor de la enmienda que introdujo el Constitucional, estará en manos de una sala ampliada de jueces que, previsiblemente, agilizará el trabajo de revisión del fallo.

Estos cinco magistrados tendrán que determinar ahora si repiten el juicio entero -que contó con 150 sesiones-, si hacen vistas o no, si vuelven a llamar a testificar, o si dictan directamente una sentencia deliberativa, habida cuenta que se trata de una valoración jurídica -a raíz de la anulación del primer fallo que dictó el Constitucional- y no una valoración de los hechos denunciados hace más de 15 años.

El pasado julio, el pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de Chaves, los magistrados ordenaron a la Audiencia de Sevilla que reconsideren y rebajen su condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En el de Griñán, la sentencia anuló su condena de seis años de prisión por malversación y además encargó una nueva resolución al tribunal sevillano para que rebaje los 15 años de inhabilitación que le fueron impuestos por la prevaricación.

Previamente, el tribunal de garantías había estimado también de manera total o parcial los recursos de casi todos los exconsejeros socialistas condenados, como el de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que pasó un año en prisión y salió con el tercer grado. En otros, como el de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla recibió la consigna de repetir su sentencia pero, en la práctica, rebajando su condena al excluir buena parte de los hechos que se habían considerado delictivos. 

 En el acuerdo gubernativo, fechado este 7 de noviembre, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia acuerda que, además de las magistradas Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles -dos de los tres magistrados que formaron parte del tribunal que enjuició y dictó sentencia en este procedimiento-, formen también parte de la Sala los magistrados de la Sección Primera Francisco de Asís Molina Crespo, Juan Jesús García Vélez y Patricia Fernández Franco, correspondiendo la ponencia a Pilar Llorente. 

 Este acuerdo, tal y como se recoge en su texto, se dicta una vez comunicado a la Sección Primera de la Audiencia el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que daba respuesta a la consulta urgente que le fue remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a la conformación del tribunal que deberá dictar la nueva sentencia.

 En concreto, la Sala de Gobierno del TSJA elevó una consulta sobre la posibilidad de que la magistrada Encarnación Gómez, actualmente destinada en la Audiencia Provincial de Alicante y en la situación administrativa de excedencia voluntaria, se incorporase a la Sala para el dictado de la nueva resolución, informa el Alto Tribunal andaluz en un comunicado.

Teniendo en cuenta que el objeto de la consulta es de naturaleza jurisdiccional y que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prohíbe al CGPJ dictar instrucciones sobre la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, la Comisión Permanente del CGPJ respondió al TSJA informando de que “subsiste para la magistrada la obligación de concurrir a formar Sala para el dictado de la nueva sentencia”, y ello conforme al artículo 194.2.3. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Dificultad y trascendencia jurídica del procedimiento

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia toma esta decisión teniendo en cuenta varios aspectos, y en concreto que no puede integrar la Sala el magistrado que fue ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, y que debe designarse otro magistrado/a para dicha función, así como el contenido del artículo 199.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “que aconseja formar la Sala con los magistrados necesarios para formar mayoría”.

De igual modo, alude al contenido del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “que faculta para ser llamados para formar Sala a mayor número de magistrados cuando se estime necesario para la administración de justicia (lo que en el presente procedimiento es innegable por su dificultad y trascendencia jurídica)”, a lo que se suma que “el asunto a deliberar, sin perjuicio de lo que pudiera llegar a entender la Sala, podría configurarse en el sentido de tener una finalidad estricta y exclusiva de acomodar jurídicamente la base fáctica ya establecida a la situación y razonamientos dimanantes de la sentencia del Tribunal Constitucional”.

 Conforme al acuerdo gubernativo dictado, deberá formarse la Sala ampliada en el procedimiento indicado, notificarse su constitución a las partes personadas, y dictarse por la misma las resoluciones que procedan. Este acuerdo ha sido adoptado conforme a lo resuelto por el CGPJ y lo interesado por el TSJA y la Presidencia de la Audiencia Provincial sobre la base de las funciones Gubernativas que, según el artículo 198.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponden a los presidentes de las Secciones.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha dado este martes respuesta a la consulta urgente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto a la conformación del tribunal que deberá dictar una nueva sentencia del caso de los ERE para dar cumplimiento a los fallos requeridos por el Tribunal Constitucional, que amparó a casi todos los antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y que adelgazaron al mínimo las acusaciones. Encarnación Gómez, que formó parte del tribunal de la Audiencia de Sevilla, actualmente destinada en la Audiencia Provincial de Alicante y en la situación administrativa de excedencia voluntaria, tiene “la obligación de concurrir a formar Sala para el dictado de la nueva sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 194.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe al CGPJ dictar instrucciones sobre la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, ha informado el CGPJ, por lo que “subsiste” esa obligación de acuerdo a la LEC. El TSJA había resuelto elevar una consulta para que hiciera “una interpretación de si esa persona puede o no formar parte de ese tribunal” en su actual situación de excedencia voluntaria, insistiendo en que lo que la ley estipula es que “no pueden dictar sentencias los (magistrados/as) que estén en excedencia voluntaria para ocupar cargos políticos, que no es su caso”, según dijo su presidente, Lorenzo del Río.

En función de lo que dictamine el Consejo General del Poder Judicial, según indicó Del Río, quizá “sería necesario o bien esperar a que pase esa situación de excedencia” o “en su caso”, promover “una nueva vista, un nuevo juicio con un tribunal distinto, lo cual sí que sería un problema de tiempo enorme”.

“Tendría que celebrarse una nueva vista por otro tribunal” al que dictó sentencia en 2019 por el 'caso ERE' si así lo considera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la situación de excedencia voluntaria de una de las dos magistradas de la Audiencia de Sevilla designadas para dictar nuevos fallos requeridos por el Tribunal Constitucional, que amparó a casi todos los antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y que adelgazaron al mínimo las acusaciones.

Eso ha dicho este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que elevará una consulta al órgano de gobierno de los jueces después de que la magistrada Encarnación Gómez Caselles, otrora miembro del tribunal original y actualmente en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, se encuentre en situación de “excedencia voluntaria” para el cuidado de un familiar.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Lorenzo del Río ha confirmado la información publicada por el Grupo Joly y ha dicho que “la regla general” es que, ante un caso judicial de esta naturaleza, “las sentencias las pongan los mismos” magistrados intervinientes en el procedimiento original. De dicha norma “se exceptúa solamente a los que han perdido la condición de juez o los que pasan a la legislación de excedencia pero para ocupar cargos políticos”, lo que “no es el caso de la magistrada” Gómez Caselles.

En todo caso, el TSJA ha resuelto elevar una consulta al CGPJ para que haga “una interpretación de si esa persona puede o no formar parte de ese tribunal” en su actual situación de excedencia voluntaria, insistiendo en que lo que la ley estipula es que “no pueden dictar sentencias los (magistrados/as) que estén en excedencia voluntaria para ocupar cargos políticos, que no es su caso”.

“Unos contratiempos que no se esperaban”

“Vamos a pedir esa consulta y que el CGPJ valore si puede o no puede dictar la sentencia junto con la otra persona”, ha señalado Lorenzo del Río, reconociendo que esta situación supone “un contratiempo importante” para la emisión de las nuevas sentencias ordenadas por el Constitucional, porque de momento “habrá que esperar” a que el CPGJ dilucide esta cuestión y después proceder en consecuencia. No obstante, el presidente del TSJA ha asegurado que él confía en que “en un corto plazo de tiempo” pese ya una respuesta por parte del CGPJ.

En función de lo que dictamine el Consejo General del Poder Judicial, según ha indicado, quizá “sería necesario o bien esperar a que pase esa situación de excedencia” o “en su caso”, promover “una nueva vista, un nuevo juicio con un tribunal distinto, lo cual sí que sería un problema de tiempo enorme”.

Repreguntado por el periodista por ese posible nuevo juicio, Del Río ha dicho “me temo”, si bien no ha querido “aventurar hipótesis” acerca de “si sería un juicio idéntico, con repetición” o “en qué condiciones” se celebraría una nueva vista, reconociendo que “se están produciendo unos contratiempos que no se esperaban”.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el pleno en la que subraya que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos “existió”, y pide una “condena” de la Cámara baja a las “acciones políticas” que lo “facilitaron”.

Así se puede leer en el texto de esta iniciativa parlamentaria del PP relativa a “la condena del fraude millonario de dinero público producido en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009”, registrada tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que entre los pasados meses de junio y julio estimaron parcialmente recursos de amparo de una decena de ex altos cargos de la anterior etapa de administración socialista en la Junta condenados en este caso, entre quienes figuraban los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En concreto, el PP quiere con esta PNL, consultada por Europa Press, que el Congreso de los Diputados condene y repruebe “las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos a través de la deliberada eliminación de controles a la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales”. Estas partidas fueron manejados por la entidad denominada primero Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en la década transcurrida entre los años 2000 y 2009.

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el PP alude a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, el 19 de noviembre de 2019, “condenó a diversos miembros del gobierno de la Junta de Andalucía a diversas penas por el llamado 'caso de los ERE'”, y que fue posteriormente confirmada –en septiembre de 2022– por el Tribunal Supremo (TS) tras haber sido recurrida en casación.

“Ambas sentencias presentaban, fruto de una ingente instrucción, un sólido conjunto de hechos probados que acreditan la existencia de un sistema de pagos de ayudas sociolaborales a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) desprovisto de cualquier tipo de control”, remarca el PP en la PNL que ha elevado al Congreso.

Beneficiarios ilegales

Desde el Grupo Popular subrayan que “las sentencias acreditan también que la tramitación de cientos de millones de euros públicos a través de estos mecanismos carentes de procedimiento administrativo alguno permitió la inclusión de beneficiarios que no habían pertenecido a las empresas teóricamente ayudadas, facilitó que se siguiesen percibiendo estas rentas tras haber dejado de cumplir los teóricos requisitos, o incluso avaló el uso de estos fondos para fines completamente ajenos a las ayudas sociolaborales”.

Este “sistema” (continúa exponiendo la iniciativa del PP) “se institucionalizó de forma progresiva para superar diversos obstáculos que los mecanismos de control interno de la administración autonómica fueron advirtiendo”, de modo que, “para evitar informes negativos de estos órganos se tramitaron primero modificaciones presupuestarias, después un convenio marco jamás publicado ni informado por los servicios jurídicos y, finalmente, una ocultación de estas ayudas en una partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA que posibilitaba que estos expedientes de gasto no fuesen objeto de la fiscalización necesaria”.

El “ejercicio de revisión” del Tribunal Constitucional

Tras este relato del sistema de pagos de ayudas sociolaborales “desprovisto de cualquier tipo de control” que estaría en la base del caso de los ERE, el PP se refiere en su PNL al “ejercicio de revisión de la jurisdicción ordinaria inédito hasta la fecha” que ha realizado el Tribunal Constitucional al estimar parcialmente varios recursos de amparo de los altos cargos condenados por estos hechos.

“Las sentencias del Tribunal Constitucional no ponen en cuestión los hechos probados ni ponen en duda la existencia de este sistema de gestión sin control de millones de euros públicos o su uso para fines espurios”, puntualizan desde el PP, desde donde añaden que dichas sentencias “sostienen que el mecanismo que los acusados utilizaron para habilitar este sistema –la creación de una partida específica en las leyes de presupuestos autonómicas– no puede ser castigado por la justicia ordinaria al ser objeto posteriormente del aval parlamentario necesario para su entrada en vigor”.

“Es decir: los hechos sucedieron, el gasto incontrolado se produjo, los usos espurios de dinero público se consumaron y los altos cargos lo facilitaron pero no pueden ser objeto de responsabilidad penal –parcialmente, porque la sentencia sí la reconoce para la tramitación de determinadas modificaciones presupuestarias– porque los actos con los que habilitaron este proceder no fueron administrativos sino políticos, enmarcados en la relación entre gobierno y Parlamento”, se puede leer en la exposición de motivos de la PNL del PP.

El Grupo Popular sostiene entonces que las referidas sentencias del TC “no establecen ni pueden establecer” un “relato fáctico alternativo sobre lo que sucedió en Andalucía en esos años”, con “millones de euros públicos” que “fueron gestionados sin control” y “utilizados para fines distintos a los previstos gracias a un mecanismo diseñado y facilitado por los máximos cargos del gobierno de la Junta”.

“Gravísimos hechos de corrupción”

El PP justifica la presentación de esta iniciativa desde la premisa de que “resulta preocupante que se instale una falsa percepción en la opinión pública de que estos gravísimos hechos de corrupción jamás tuvieron lugar, o de que los dirigentes acusados fueron totalmente ajenos a ellos, cuando no es tal cosa la que se deduce de unas sentencias que únicamente cuestionan la posibilidad de perseguir penalmente unos hechos que no se niegan”.

“Sería tremendamente grave para el discurso público y la ética de la política y de la administración de nuestro país que se diese por buena, aunque fuese a meros efectos discursivos y de opinión pública, una actuación indudablemente lesiva para los intereses públicos”, advierte el Grupo Popular para subrayar a continuación que “el caso ERE existió, los fondos fueron utilizados indebidamente y los cargos del Gobierno andaluz habilitaron los mecanismos que facilitaron, de modo deliberado, ese fraude, con independencia de si los medios que utilizaron para ello entran o no dentro del ámbito de lo perseguible penalmente”.

“La controvertida procedencia o no del reproche penal a este caso no debe excluir en ningún caso el necesario reproche público, político, moral y ético a un modo de actuar que marcó la gestión pública en Andalucía durante años”, concluye el PP para justificar la presentación de esta PNL pendiente de debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El Tribunal Constitucional ha dictado una docena de sentencias que dibujan un nuevo escenario en el caso de los ERE de Andalucía. Resoluciones que amparan a casi todos los antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y que adelgazan al mínimo las acusaciones, aunque no elimina la existencia de irregularidades en el sistema de ayudas ni las responsabilidades penales de varios de ellos. El balance, tras un mes de deliberaciones, es de diez recursos estimados, cinco excarcelados y la duda de cómo afectará esto a las decenas de piezas separadas pendientes de juicio por cada adjudicación concreta de dinero público salida de esas partidas presupuestarias.

Las resoluciones no han borrado por completo el fraude en la gestión del sistema de ayudas implantado en los años noventa en el seno de la administración andaluza: varios ex altos cargos de la Junta siguen condenados por malversación, y la mayor parte de ellos seguirán condenados por prevaricación aunque con sanciones inferiores. Pero sí descarta la existencia de una estrategia conjunta y coordinada de los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán para mantener el sistema de reparto descontrolado de ayudas sociolaborales hasta llegar a los 670 millones de euros.

Los argumentos para estimar los recursos, de forma total o parcial, han sido repetidos en casi todas las sentencias: no se puede sancionar por la vía penal un proceso legislativo, en este caso de la administración andaluza. No es “previsible”, dice el Constitucional, considerar prevaricación o malversación el anteproyecto de unos presupuestos que después aprobaba el Parlamento.

En otros muchos casos las condenas de prisión de malversación han quedado anuladas porque, además, según el Constitucional ni el Supremo ni la Audiencia de Sevilla argumentaron correctamente la razón por la que inculpaban a cada alto cargo más allá de adjudicarle la responsabilidad en función de su puesto en el organigrama.

El balance es de diez recursos estimados y dos desestimados: el del exconsejero José Antonio Viera y el del exdirector de Trabajo, Juan Márquez. Los dos condenados a siete años de prisión y cuyas sentencias se quedan intactas por defectos en sus recursos. El resto de encausados han visto modificadas sus penas: se eliminan las de prisión por malversación y, además, la Audiencia de Sevilla debe revisar a la baja las condenas de inhabilitación, que no implican la entrada en la cárcel.

Para el Constitucional no hubo delitos ni irregularidades en la cocina de los presupuestos donde estaban las partidas y las ayudas que se repartieron de forma fraudulenta. Pero no cierra la puerta a que se dicten condenas de inhabilitación, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación directa de algunas de estas subvenciones procedentes de partidas que no tenían ese objetivo.

Los argumentos de la mayoría progresista del Constitucional mezclan lo expresado por la Fiscalía en amparo con lo que dijeron dos magistradas del Tribunal Supremo, Susana Polo y Ana Ferrer, en sus votos particulares. “No se considera mínimamente motivado que Griñán hubiera realizado con conocimiento los hechos”, dice el tribunal de garantías sobre la sentencia del Supremo sobre su condena de malversación, la que le acarreó seis años de prisión porque todos “actuaron con conocimiento de las irregularidades”.

La vertiente más institucional del caso, que marcó la vida política en Andalucía después de décadas de gobierno socialista, se ciñe a actos más cercanos a la concesión concreta de cada ayuda: las modificaciones presupuestarias de finales de 2004 en el programa 3.2H, por ejemplo, sí pueden ser considerados prevaricadores, entre otros. “Los fines de dicho programa no eran la concesión de ayudas sociolaborales”. Las nuevas sentencias, que no tendrán cárcel y sí tendrán menos inhabilitación, vuelven a manos de la Audiencia de Sevilla.

“Hace tambalearse los pilares del Estado de Derecho”

Las sentencias del Constitucional no son las últimas resoluciones que los jueces españoles tendrán que dictar sobre el caso de los ERE de Andalucía. Los tribunales de la región tienen un centenar de piezas separadas pendientes de sentencia firme, analizando en cada una la gestión concreta de las ayudas que salieron de la partida presupuestaria que centra el caso: la 31-L. El conocido como “fondo de reptiles”. Juzgados y tribunales de Andalucía, por tanto, todavía tienen mucho que decir sobre la gestión irregular de millones de euros, a la espera de saber si estas decisiones del tribunal de garantías afectan de alguna manera a estas causas.

Esta misma semana, la Audiencia de Sevilla ha impuesto un año y dos meses de cárcel al exalcalde socialista de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre, por prevaricación y malversación en relación con una ayuda de 750.000 que su ayuntamiento adjudicó de forma ilegal. Dinero que procedía, precisamente, de ese “fondo de reptiles”.

Son sentencias que ya no se pueden recurrir, pero que no han sido unánimes. Todas las deliberaciones han simbolizado una división profunda entre el sector mayoritario y progresista del pleno, que ha sacado adelante las ponencias, y el sector minoritario y conservador, que con sus cuatro votos no ha conseguido hacer efectiva su oposición a los argumentos que exoneran a los antiguos altos cargos de la Junta.

Existen argumentos transversales a los votos particulares que han firmado, a veces juntos y a veces por separado, los cuatro integrantes del sector conservador: Ricardo Enríquez, César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Por ejemplo, reprochan a la mayoría del pleno que hayan convertido al Constitucional en una nueva instancia penal ante la que recurrir condenas del Supremo, yendo más allá de sus límites habituales. Pero también acusan abiertamente a sus compañeros de estar atacando los cimientos de la democracia. “La sentencia hace tambalearse los pilares básicos del Estado de Derecho”, dijo Enrique Arnaldo en uno de ellos. César Tolosa, exmagistrado del Supremo, entiende que estas resoluciones afectan a “la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros”.

Son sentencias que no han gustado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que en septiembre de 2022 avaló en lo esencial las condenas y la existencia de la trama política de los ERE. Las acusaciones de sentenciar el caso de forma “imprevisible” o, directamente, ignorando la separación de poderes y sin argumentos suficientes, no han sentado bien en el parque Villa de París: “Cuesta creer que el Tribunal Constitucional pueda conceder legitimidad a ayudas que fueron tramitadas sin informe económico o el estudio de viabilidad que las justifican, o pagos por transferencias de financiación sobre los que no había control alguno”, dijo Juan Ramón Berdugo recientemente, uno de los jueces del Supremo que sentenció el caso hace dos años.

En este próximo agosto se cumplirán dos años de la recogida de firmas con la que respaldábamos (yo fui uno de los más de cuatro mil firmantes) la solicitud de indulto en relación con la condena de los ERE para José Griñan, e igualmente firmé apoyando el de Francisco Vallejo. Ninguno de ellos, como es sabido, prosperó. Las razones explicitas por las que los firmé se reflejaban en la motivación  que respaldaban los escritos respectivos. Pero, además, junto al conocimiento personal de los afectados y mi convicción de su honradez en el ejercicio de las responsabilidades políticas, me provocaba una profunda extrañeza  comprobar que las ayudas sociolaborales que se sentenciaban ilegales en su montante global, casi 700 millones de euros, seguían siendo percibidas por la inmensa mayoría de los 6.400 afectados porque, efectivamente, tenían derecho a ello. Se producía así una incoherencia evidente, al coexistir una ilegalidad por arriba y una legalidad a ras de suelo, si se me permite la expresión, que en ningún caso pretende poner en cuestión la legitimidad de las sentencias en los ámbitos respectivos.

En un reportaje de principios de 2021 en el diario El País se relataban las consecuencias del cierre, diez años antes, de la factoría de Santana Motor, aquel demoledor suceso que convirtió a Linares era “la ciudad con mayor paro de España”. Señalaba el texto que “desde entonces la economía de Linares gira en buena medida de la renta de los antiguos empleados de la factoría”. De esa renta formaban parte las ayudas sociolaborales para los trabajadores afectados por situaciones de crisis, que consisten en aportaciones económicas para empresas abocadas al cierre o la reestructuración, la mayoría del sector industrial, y a los trabajadores con una edad superior a los 50 años con unas dificultades prácticamente insuperables para ser recolocados en otras actividades. Para ilustrar esta circunstancia es interesante señalar cómo, entre 2003 y 2023, los trabajadores mayores de 55 años han triplicado su presencia como desempleados, del 6% al 19% sobre el paro general de España, mientras que su presencia en la población ocupada general ha pasado del 11% al 20%; es decir, el aumento del paro entre los mayores de 55 años es mucho más acelerado que su aumento en la participación sobre la población ocupada. 

En enero de 2014, la Comisión Europea adoptó la Comunicación 'Por un renacimiento industrial europeo', para invertir el declive industrial y alcanzar el objetivo del 20% del PIB europeo de actividades manufactureras en 2020. En 2013, año inmediatamente anterior, el peso del sector industrial en Andalucía era del 8,69%, de la mitad del objetivo europeo, ya que, en años anteriores, sobre todo a partir del inicio en 2008 de la Gran Recesión, se desencadenó una profunda crisis industrial que azotó, con particular intensidad, a Jaén y Cádiz, provincias con graves problemas de paro.

Es de toda lógica que un Gobierno y un Parlamento responsables y convencidos de que España, y por tanto Andalucía, es un Estado Social y Democrático de Derecho adopten medidas sociales y económicas para combatir situaciones como esa. Las alternativas empresariales que se pusieron en marcha no fructificaron en general y, por lo tanto, adquirieron mayor relieve  los amortiguadores sociales para los trabajadores afectados y para las empresas, las denominadas ayudas sociolaborales, sobre las que existía un fuerte consenso en aquellos años. Prueba de ello es que, en octubre de 2012, la Comisión de Economía y Empleo y el Parlamento andaluz aprueban por unanimidad proseguir, a través de tres proposiciones no de ley,  la aplicación de las ayudas sociolaborales para ayudar a los trabajadores y empresas afectadas por el desplome de la economía, en el marco de un compromiso del “Gobierno andaluz con la participación de los agentes económicos y sociales”. 

Este consenso se truncó con el paso de los año y se produjeron las decisiones judiciales conocidas, que el Tribunal Constitucional ha venido a anular en aspectos sustanciales. Como consecuencia de ello, las sentencias judiciales deben reescribirse en función del perímetro constitucional que ha marcado el Intérprete Supremo de la Constitución que es el Tribunal Constitucional.

Las sentencias conocidas del TC han resuelto la incoherencia que planteaba al principio: el hecho de que los trabajadores siguen, con el actual Gobierno andaluz, percibiendo sus prestaciones, que están basadas en decisiones políticas legítimas y legales, acordes con la separación de poderes que marca nuestra Constitución y protege el Tribunal Constitucional. En ningún caso esto supone la impunidad en relación con irregularidades o delitos que se hayan cometido en la aplicación material de las medidas. De hecho, en la etapa del Gobierno socialista andaluz se revisaron y depuraron a empresas y trabajadores que no cumplían con los requisitos legales.

Las sentencias del TC han resuelto también, a mi entender, una incógnita que provocaban las sentencias corregidas, y es si, efectivamente, se mantenían incólumes dos rasgos definitorios de nuestra Constitución, y de los Estatutos que emanan de ella, que son su carácter no militante y abiert. El segundo rasgo es el que asegura, y así ha ocurrido a lo largo de nuestra espléndida singladura constitucional, que se pueda producir la alternancia entre proyectos democráticos de carácter progresista y conservador, que se hacen visibles a través de la naturaleza de las leyes promulgadas. Las sentencias sobre los ERE se percibían por parte de la población española, entre la que me incluyo, como una modificación del significante nuclear Estado Social y Democrático de Derecho, que lo abocaba a Estado Social y Democrático de Derechas,  ya que decisiones legislativas con contenido social parecían quedar a extramuros del marco constitucional y, en situaciones como las de la Gran Recesión, la conclusión inexorable sería que había que dejar a los  trabajadores al albur del darwinismo social. Creo que las sentencias del TC vienen a despejar dudas sobre el carácter abierto de nuestra Constitución, sin que, y esto es muy importante, el TC haya tomado partido, ya que no ha entrado en el contenido de las políticas, sino en la legitimidad y legalidad de las decisiones del Ejecutivo andaluz a la hora de proponer anteproyectos o proyectos de ley al Parlamento. 

Una reflexión final: creo que es muy negativo, y peligroso democráticamente,  atacar la legitimidad de instituciones como el Gobierno andaluz actual, respaldado por la mayoría absoluta de los representantes parlamentarios de Andalucía. En el mismo sentido lo es atacar la legitimidad en la toma de decisiones del TC, cuyo presidente, en el que se centran la mayoría de las críticas, fue nombrado como  miembro del tribunal por el Rey en 2017, a propuesta del Senado, en el que contaba con mayoría absoluta el PP, respaldada por la mayoría de 3/5 que exige la Constitución. 

La lucha contra las desigualdades y la pobreza en Andalucía ha sido siempre vista con indiferencia no exenta de hostilidad por gran parte de la burguesía andaluza y del resto de España a lo largo de nuestra historia.  En el siglo XIX eran frecuentes los golpes y asonadas militares en nuestra tierra patria; bastantes de ellos se iniciaban en Andalucía, y se contemplaban con temor cuando la situación de hambre era “excesiva” en Andalucía, sin que se pusiera interés en resolver la situación de hambruna. La burguesía nacionalista catalana se ufanaba de su superioridad económica y biológica, por sus raíces indogermánicas, en contraste con la burguesía castellana que había sido contaminada por “la Andalucía agitanada”.

Estos terribles prejuicios con Andalucía se revistieron de criticas al denominado “voto cautivo” en el rechazo al subsidio agrario y PER, antiguo empleo comunitario. Recuerdo conversaciones infructuosas con dirigentes andaluces del PP en las que les argumentaba que lo que ocurría en los pueblos de Andalucía es que estaba muy reciente, y sobrevivía, el caciquismo, pero había una fuerza que lo contrarrestaba, las maestras y maestros de escuela, esparcidos por toda la geografía rural andaluza, verdaderos focos de opinión democrática. No era el dinero, era la educación la clave de sus derrotas. El subsidio agrario y el PER han permanecido con los sucesivos gobiernos, ya sean del PSOE o del PP, y en la actualidad, con la ultima reforma del subsidio de desempleo, se va a extender a zonas a las que no llegaba. Creo que los acontecimientos en cierta medida me han dado la razón, y también creo que ninguno de los dos grandes partidos, a la larga, puede salir beneficiado de una dinámica que deteriore la percepción social de nuestras instituciones democráticas, sino todo lo contrario. 

Sostiene Manuel Chaves que este miércoles recibió una llamada de Pedro Sánchez para felicitarle por la decisión del Constitucional. Sostiene José Antonio Griñán que en su teléfono no hay rastro de mensaje o llamada alguna del presidente del Gobierno.

Sostiene Chaves que siempre ha sentido el calor de sus compañeros y el amparo del PSOE, aunque es conocida la frase que él mismo le dijo a Griñán el día que Susana Díaz afirmó que “todos los que estén imputados deberán dejar sus escaños” y que “todos es todos”. Los ERE estaban entonces en plena eclosión y, después de aquellas palabras de quien fue ungida por el propio Griñán presidenta de la Junta de Andalucía en contra de la opinión de muchos, ambos dejaron sus escaños en el Congreso y el Senado: “Susana nos ha matado, es como si nos hubiese clavado un cuchillo”, fueron sus palabras sobre quien ya entonces maniobraba para destronar a Pedro Sánchez del liderato socialista y pretendía así dar una lección de una pureza que nunca tuvo.

En junio de 2016, un año después y antes incluso de que se dictase auto de procesamiento, los dos ex presidentes de Andalucía comunicaron por escrito al PSOE andaluz su renuncia voluntaria a la militancia del partido que también ambos habían presidido. El desgarro fue mayúsculo, pero se adelantaron a cualquier medida discipiniaria que pudiera tomar el PSOE en aplicación de su código ético, que en el punto 5.2 establece que “cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. 

Uno y otro han vivido de manera muy distinta el sufrimiento de una década de señalamiento público, las 152 sesiones que duró el juicio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, la ratificación del Supremo y ahora la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular parcialmente las condenas. Chaves mantuvo siempre su agenda social intacta, no ha dejado de asistir a actos públicos y ha mantenido contacto con sus compañeros de partido. Este jueves compareció en público para reivindicarse, denunciar que el caso de los ERE “fue una operación con ropaje judicial montada por el PP” y para ponerse “a disposición del PSOE” y volver a “trabajar para el partido”

Griñán, hoy enfermo de cáncer y refugiado en su familia, ha vivido enclaustrado, sólo ha recibido llamadas de los amigos más íntimos y ha guardado un silencio sepulcral que sólo quebró para la presentación de Cuando ya nada se espera (Galaxia Gutenberg). Aquél fue el título del libro que escribió, durante cinco años, para escudriñar el pasado, reivindicar la política y encontrar algo de alivio. 

“No es que crea en mi inocencia, es que sé de mi inocencia”, declaró entonces aunque sintiera que su vida había acabado. Quizá antes del fallo judicial, su corazón ya había dejado de latir, aunque se declarara vivo y, por tanto, “con esperanza”. Como los versos de Celaya que inspiraron el título de sus memorias:

“cuando ya nada se espera personalmente exaltante,

mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,

fieramente existiendo, ciegamente afirmando,

como un pulso que golpea las tinieblas,

cuando se miran de frente

los vertiginosos ojos claros de la muerte,

se dicen las verdades:

las bárbaras, terribles, amorosas crueldades“.

A través de aquel ensayo sintió la necesidad de expresar a su hijo mayor el sufrimiento padecido, pero también de defender que los principios, la política y la democracia merecen la pena, a pesar de todas sus veleidades. Porque sigue siendo un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre honesto. Y porque sigue creyendo en la moderación y no acumula rencor, ni siquiera hacia quienes también desde el PSOE le señalaron públicamente y le abandonaron por necesidades del guión político. Su generosidad, como la de Chaves, es infinita incluso para aquellos que les enterraron en vida y hoy se lamentan en los los platós de las televisiones del dolor acumulado que ellos mismos también provocaron.

El Tribunal Constitucional (TC) ha reprochado a la Audiencia Provincial de Sevilla y al Tribunal Supremo la interpretación de la ley que hicieron para condenar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por prevaricación y malversación en el caso ERE, sentencias que acaban de ser anuladas.

El tribunal de garantías ha revisado aquellos fallos y ordenado a los tribunales responsables que redacten nuevas conclusiones, eliminando el delito de malversación -por el que condenaron a Griñán a seis años de cárcel- y parcialmente el de prevaricación contra Chaves. Los magistrados del TC no creen probado que el expresidente Griñán, siendo consejero de Hacienda, fuera conocedor y menos aún inductor del desvío de fondos públicos que posibilitó el fraude de ayudas sociolaborales. “No se considera mínimamente motivado que Griñán hubiera realizado con conocimiento los hechos” atribuidos, señala el fallo del TC.

Además, el tribunal de garantías advierte de que la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla, y la que ratificó el Supremo en 2022, “incurren en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal”.

Siete votos a favor y cuatro en contra

Las dos sentencias que admiten parcialmente los recursos de amparo de Chaves y de Griñán van en la misma línea argumental de las que ya avalaron las defensas de los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

La Audiencia de Sevilla condenó en 2019 a Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación y 15 años y dos días de inhabilitación por prevaricación, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, penas mantenidas por el Supremo al desestimar en 2022 sus recursos de casación contra la sentencia inicial del órgano provincial, por tres votos contra dos de los magistrados de ese tribunal.

Ahora, el TC, por siete votos a favor y cuatro en contra de los magistrados encargados del caso, ha estimado parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y ordenando a dicha instancia que emita nueva sentencia incorporando los fundamentos incorporados por el tribunal a este asunto.

La sentencia del TC por el recurso de amparo de Chaves, de 64 páginas y recogida por Europa Press, expone que Chaves fue condenado como presidente de la Junta a la fecha de los hechos, “por un delito continuado de prevaricación por elaborar los anteproyectos de ley de presupuestos (de 2000 a 2009), por aprobarlos como proyectos de ley en el Consejo de Gobierno y por la realización de modificaciones presupuestarias” contando con el mencionado “procedimiento específico” de financiación de prejubilaciones para expedientes de regulación de empleo irregulares y ayudas arbitrarias y sin publicidad.

Según el TC, tanto la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a la hora de imponer su condena al expresidente andaluz como el Supremo al desestimar su recurso de casación contra dicha sentencia inicial, sostuvieron que “las actuaciones realizadas con ocasión de la participación en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyecto de ley -las actuaciones prelegislativas, en terminología de las resoluciones impugnadas- han de calificarse como resoluciones recaídas en un asunto administrativo para apreciar que concurren los elementos típicos del delito de prevaricación”, planteamiento que abarca a ambos expresidentes.

Los jueces, “sometidos al imperio de la ley”

Pero tras un prolijo análisis de la jurisprudencia y de los argumentos aportados por cada una de las partes, el Constitucional expone que “no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo”.

“Al haberlo entendido así las sentencias impugnadas han incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”, avisa el TC en las dos sentencias.

“La forma de razonar de las sentencias recurridas (...) supone privar de toda relevancia a la aprobación parlamentaria de la ley, lo que conlleva desconocer la centralidad del Parlamento andaluz en el entramado institucional diseñado estatutariamente”; señala el TC, avisando de que “los jueces, que están sometidos al imperio de la ley, tienen el deber de respetarla cualquiera que sea el juicio que su contenido les merezca” y “solo cuando consideran que es inconstitucional y que de su validez depende del fallo deben plantear cuestión de inconstitucionalidad, pero fuera de este supuesto no podrán cuestionar sus determinaciones y, menos aún, no tomarla en consideración”.

En el caso de la sentencia del TC relativa al recurso de amparo de Griñán, de 146 páginas, el tribunal repite con relación a la prevaricación detectada por la Audiencia y el Supremo que las sentencias de tales instancias incurren en “una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos” de 'resolución' y 'asunto administrativo'.

En cuanto a la malversación atribuida por tales tribunales a este expresidente de la Junta, el TC explica que “la conducta malversadora no puede provenir del uso de un procedimiento de presupuestación que contempla el pago de ayudas a través de las transferencias de financiación y la firma de convenios amparado por la ley, sino, en su caso, de la disposición de los fondos presupuestados para fines no previstos en el programa o incluso carentes de tal interés público”.

“Juicio de inferencia”

En ese sentido, el TC considera que el “juicio de inferencia” realizado “no resulta suficiente para establecer de manera cierta y precisa que Griñán hubiera intervenido, con conocimiento de causa, en la realización de alguna o algunas de las disposiciones de fondos ajenas a la cobertura presupuestaria”.

“Cierto es que a través de los informes de control financiero, y, particularmente, a través del informe adicional al informe de cumplimiento de año 2003 notificado en 2005, tuvo conocimiento de que las ayudas no se sujetaban a los requisitos del procedimiento aplicable a las subvenciones excepcionales -y que a partir de ese conocimiento es razonable concluir que se representó los riesgos de desvío que esa minoración de controles podría generar-. Ahora bien, este riesgo era inherente al sistema de presupuestación legalmente establecido”, señala el TC.

Según dicha instancia, “para apreciar que Griñán incurrió en las conductas que se le imputan no basta con poner de manifiesto que las ayudas concedidas no se ajustaban al procedimiento subvencional, conducta amparada en lo dispuesto en las leyes de presupuestos, sino que es preciso acreditar que participó activa u omisivamente con conocimiento de que los fondos públicos del programa 31L [el fondo de 680 millones de euros del que salieron las ayudas legales e irregulares] se estaban concediendo sin que existiera un fin público que justificara su concesión o para fines distintos de los previstos”.

Ello, cuando según el TC, “los informes de Intervención que la sentencia de instancia analiza como medio de prueba acreditativo del tipo subjetivo de la malversación no llegan a demostrar que Griñán hubiera realizado los hechos que se le (atribuyen) con una representación suficiente de que las ayudas se fueran a conceder al margen de toda finalidad pública. No es posible afirmar, por lo tanto, sin incurrir en una inferencia excesivamente abierta, que se representó, con el grado de concreción que demanda la imputación subjetiva de un delito de resultado como es el delito de malversación, las graves desviaciones cometidas por las autoridades de la Consejería de Empleo”, asevera el TC.

“No se considera mínimamente motivado que Griñán hubiera realizado los hechos que la sentencia declara probados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas que no respondían a ningún fin público (...), lo que permite concluir que su presunción de inocencia no ha sido respetada”, concluye el TC con relación al expresidente.

Aunque el Tribunal Constitucional todavía tiene que dictar algunas sentencias en los recursos de amparo interpuestos por algunos de los condenados en la sentencia de los ERE, con la que se ha conocido este martes, respecto de las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se puede en cierta medida decir que se ha puesto fin a la ignominia que ha supuesto la criminalización de la acción de Gobierno de la Junta de Andalucía por parte de los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Queda la amargura de que haya sido necesario llegar hasta el Tribunal Constitucional para anular unas sentencias que, en ningún caso, debían haber sido dictadas, porque, para condenar por el delito de prevaricación administrativa, había que identificar primero cuál era el “acto administrativo” prevaricador, algo que es completamente imposible en el ejercicio de la “potestad presupuestaria” bien sea por parte del Estado bien por parte de la Comunidad Autónoma. 

Porque la potestad presupuestaria reside de manera exclusiva y excluyente en el Parlamento. No hay un solo átomo de acto administrativo en los Presupuestos generales del Estado o de la Comunidad Autónoma. 

Esto es algo que ningún juez o magistrado puede desconocer. Y si lo desconoce, no es digno de ejercer la función jurisdiccional. Y sin embargo, esto es lo que ha ocurrido. Y en dos órganos jurisdiccionales que ocupan un lugar de enorme importancia en nuestro sistema de administración de justicia. Y que lo va a seguir ocupando.

Me temo, además, que no se les cae la cara de vergüenza. El acto de aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos es el acto de dirección política más importante del Gobierno. Por eso, tanto en la Constitución como en los Estatutos de Autonomía, se lo singulariza y diferencia de los demás actos que se integran en la acción de Gobierno. No hay ningún acto de Gobierno que ocupe en ambas normas el lugar que ocupa la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos. Ninguno. Es la operación de dirección política que posibilita que el Parlamento pueda ejercer de manera real y efectiva la “potestad presupuestaria”, sin la cual ningún Estado podría operar. Porque, como nos enseñó Madison ('El Federalista'), “el dinero ha sido considerado, con razón, como el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y que le permite ejecutar sus funciones más vitales”. De ahí la necesidad de que sea el Parlamento el órgano al que se atribuye su aprobación en forma de Ley de manera exclusiva y excluyente. El Gobierno elabora un Proyecto, pero únicamente el Parlamento decide.  

En la elaboración y aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos no puede cometerse ningún delito. Ni en las modificaciones presupuestarias tampoco, ya que estas también tienen naturaleza legislativa. “Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto se ajustarán a lo previsto en esta Ley y, en su caso, al contenido de las Leyes del Presupuesto”, dice el artículo 44 de la Ley 5/1983 o Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (vigente hasta el 19 de marzo de 2010). En el artículo 38 de la misma Ley se añade que “los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las modificaciones aprobadas conforme a esta ley”.

Ni puede haber un delito de prevaricación administrativa en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos ni puede haberlo tampoco en la aprobación de las modificaciones presupuestarias. 

Comprendo que el Tribunal Constitucional, tal como está el patio, haya pecado de prudencia. Pero ha pecado. La desautorización de los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo debería haber sido todavía más rotunda. 

El desmontaje de la pieza política del caso ERE ha llegado esta semana a “la cúspide de la pirámide”, como lo bautizó la primera jueza instructora, Mercedes Alaya, para trazar una línea de continuidad entre el fraude de las ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo y la responsabilidad máxima del presidente de la Junta. Por aquel juzgado de Sevilla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán hicieron el 'paseíllo' el 16 de marzo de 2016, pero también por el Tribunal Supremo. Todo ello, y mucho más, antes de la celebración del juicio, que se alargó durante todo 2018. Una “experiencia vital”, según lo definió Chaves. Ahora, el Tribunal Constitucional ha anulado la condena de cárcel de uno y ha rebajado la inhabilitación del otro, ordenando a la Audiencia de Sevilla que revise las condenas dictadas en noviembre de 2019 y ratificadas por el Supremo en junio de 2022.

Jueces, tribunales, escritos de acusación y recursos de defensa de ida y vuelta para los dirigentes del PSOE y de la Junta de Andalucía que durante 23 años consecutivos dirigieron la política andaluza y la política socialista, y que entre 2013 y 2024 han estado inmersos en un procedimiento con tanto recorrido judicial como político y mediático. Con las decisiones de este martes, el Constitucional despeja el camino al PSOE andaluz para recuperar a sus máximos referentes políticos y rehabilitar su pasado: dos décadas de gobiernos socialistas que durante los 15 años de instrucción del caso ERE han sido silenciados u orillados por sus herederos.

Ese 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales al comienzo de la instrucción, ha perseguido desde entonces a Griñán y Chaves. La jueza pidió su imputación en septiembre de 2013, una decisión difundida por el PP andaluz en el mismo momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz (luego anulada por la Audiencia). Solo había pasado mes y medio desde que Griñán anunciara que dejaba la presidencia de la Junta. “Me duele el daño del caso de los ERE a la Junta de Andalucía ,y por eso doy un paso atrás”, había esgrimido.

Los dos expresidentes andaluces fueron conminados a abandonar sus cargos públicos y entregar el carné del partido –donde habían militado desde el tardofranquismo– tras ser imputados por corrupción, es decir, antes del momento procesal que establece el código ético del PSOE: la apertura de juicio oral. Quién decidió ir más allá de los propios estatutos del partido fue precisamente la entonces secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, que había heredado ambos cargos de Griñán. Corría el año 2015, Díaz había roto el Gobierno de coalición con IU, había adelantado las elecciones y logrado una mayoría insuficiente, que precisaba del apoyo de Ciudadanos en su investidura. Decidió anticiparse a la dirección federal del partido y, sin avisar a Pedro Sánchez, anunció por sorpresa –en directo por televisión– que exigiría la dimisión de todos los cargos públicos imputados por delito de corrupción. La cabeza de Chaves y Griñán a cambio del apoyo de Ciudadanos a su investidura.

“Pepe, Susana nos ha matado”

Fue en el verano de 2014 cuando Alaya elevó parte del caso ERE al Tribunal Supremo. Unos meses después, en noviembre de 2014, el alto tribunal comenzaba su investigación. Tras declarar los expresidentes el 9 de abril y el 14 de abril de 2015, el Supremo ponía formalmente por primera vez nombre a la acusación que venía rodeando a los exdirigentes socialistas, también a la mano derecha de Chaves, el exconsejero Gaspar Zarrías: prevaricación administrativa. La misma que ahora ha tumbado el Tribunal Constitucional respecto a Griñán. “Yo no creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”, dijo el expresidente para la posteridad a las puertas del tribunal que luego ratificaría su condenaría de seis años.

Griñán, que había dimitido por la presión de los ERE y cedido el partido y el Gobierno a Susana Díaz, no movió un músculo ni protestó. Chaves la llamó por teléfono: “Me dejas a los pies de los caballos. Tus declaraciones eran innecesarias, ahora has puesto el punto de atención sobre nosotros y esto va a ser un escándalo”, le dijo. Y colgó. Luego telefoneó a Griñán: “Pepe, Susana nos ha matado. Es como si nos hubiera clavado un puñal”, le contó a su viejo amigo.

Han pasado ocho años desde que salieran de los juzgados de Sevilla sin declarar. Se remitieron a lo dicho un año antes en el Supremo, facilitando a la prensa unos escuetos comunicados. Son otros tiempos, y ahora el PSOE ha difundido un audio de Chaves tras el fallo del TC: “Por fin se ha hecho justicia. No había trama política”, ha celebrado. Fue poco después aquella no-declaración judicial, el 1 de junio de 2016, cuando el juez Álvaro Martín (el tercer instructor de la macrocausa) transformó definitivamente las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta y otros 24 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

De la Audiencia de Sevilla al Constitucional

Todo eso pasó antes del juicio, que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, apenas 15 días después de las elecciones que, por primera vez en la historia, daban el poder al PP en Andalucía. También un poco antes, aquel mes de noviembre, tanto Chaves como Griñán guardaron silencio en el Senado sobre los ERE para “preservar” su “derecho de defensa” en el juicio. Susana Díaz compareció también (el 8 de noviembre) y argumentó que aquello era “un juicio político” y que su presencia en dicha comisión obedecía a que era la candidata del PSOE. Otra vez la causa de los ERE y unas elecciones discurrían de manera casi paralela.

Otro año después llegaría la esperada y conocida sentencia de la Audiencia de Sevilla, el 19 de noviembre de 2019. La caída de los expresidentes andaluces, su dimisión en el Congreso y en el Senado, su salida del partido y su ostracismo público confluyeron hacia un punto de combustión irreversible el 22 de junio de 2022, cuando el Supremo ratifica la condena a Chaves por prevaricación y la condena a Griñán por prevaricación y malversación.

Ambos estaban convencidos de que el Alto Tribunal desarmaría la teoría de que detrás del fraude de ayudas había un plan urdido desde el Consejo de Gobierno, mandatado por el presidente y sus consejeros, que diseñaron una arquitectura legal para eludir el control de gasto, pintada en los Presupuestos Autonómicos, y engañando al Parlamento andaluz.

El estado anímico del PSOE-A, entonces ya en manos de Juan Espadas, se hundió aún más. Los socialistas vagaban por el desierto de la oposición ante un nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno con mayoría absoluta. “Acatamos, pero no compartimos”, dijo Espadas aquel día, insistiendo en que los expresidentes eran “personas honestas, que no se habían llevado un solo euro”.

Dos reacciones

La reacción de los dos expresidentes a este calvario judicial no ha sido la misma. Chaves no ha dejado de asistir a actos públicos, aunque se ha cuidado mucho de no dejarse ver en campañas, mítines o convocatorias del PSOE. Sí ha asistido a presentaciones de libros, a homenajes, a efemérides promovidas por algún agente social y, en todo momento, ha defendido con vehemencia su tesis, su profunda discrepancia con el relato jurídico-político que le había condenado, y el convencimiento de que el PP había pilotado una operación para darle muerte política porque durante 19 años fue incapaz de ganarle en las urnas.

El camino de Griñán fue otro: se apartó de la vida pública, se recluyó en su casa, se encerró con su familia y limitó el contacto con un puñado de amigos y excolaboradores. Escribió una biografía –Cuando ya nada se espera, de Galaxia Gutenberg– que concluye con un epílogo sobre el caso ERE, señalando como inductores de una cacería política a quienes dirigieron aquel PP andaluz, personado como acusación particular, con los nombres de Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido.

El tono de las memorias es un reflejo del estado anímico de Griñán estos últimos años: abatido, triste, solo, “decepcionado” con la política. El expresidente andaluz arrastra serios problemas de salud, incluido un cáncer de próstata cuyo tratamiento severo le permitió, apenas hace un año, sortear el ingreso en prisión.

El Constitucional ha abierto la puerta a la rehabilitación política de Chaves y Griñán, sacando al PSOE andaluz de la orfandad que ha arrastrado todos estos años. Espadas quiere rendirles un gran homenaje, les ha ofrecido ya devolverles el carné del partido y ha conminado a todos los alcaldes, concejales, dirigentes y cargos medios del partido de este a oeste de Andalucía a “levantar la cabeza”, defender sin fisuras el legado de los expresidentes y el nombre del PSOE-A.

Califican el caso ERE de “montaje” y acusan al PP de impulsar una “cacería política” contra los socialistas, “sin la cual Moreno hoy no sería presidente”. Los populares se ha revuelto contra el nuevo paisaje judicial, desacreditando al Constitucional, al que han calificado desde la Junta de Andalucía de “instrumento de Moncloa”.

Ruptura in extremis

El PP denuncia la vinculación de algunos de los magistrados con el PSOE –el juez Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia de Sánchez y director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001–, pero no pidió su recusación al conocer la composición que iba a deliberar sobre los recursos interpuestos por los condenados de los ERE. Lo hizo la semana pasada, pero el TC ha tumbado su solicitud por “extemporánea”, como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el Parlamento andaluz, la contraofensiva del PP de Moreno sí ha tenido una consecuencia inmediata: la ruptura in extremis del pacto que cerraron con el PSOE hace siete meses para reformar la Ley del Consejo Consultivo de Andalucía. La norma permite a los expresidentes menores de 75 años optar a un puesto como consejeros permanentes de este órgano, con un sueldo de 83.000 euros al año.

Los socialistas ofrecieron su apoyo al PP a cambio de una cláusula para extender este derecho a los expresidentes mayores de 75 años, incluyendo a Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. En principio, Chaves y Griñán quedaban fuera, al estar inhabilitados para cargo público por la condena de los ERE. El Constitucional cambió drásticamente ese escenario y, ante la perspectiva de que ambos pudieran beneficiarse de esta ley, el PP votó en contra en el último momento.

José María Calero, abogado defensor del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, ha mostrado este martes su “total satisfacción” por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a seis años de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla por malversación en el “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos.

En declaraciones a Europa Press, José María Calero ha celebrado esta decisión del TC, adoptada con siete votos a favor y cuatro en contra, emitidos por los cuatro magistrados del ala conservadora (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel), igual que en las decisiones anteriores sobre los recursos de amparo de este caso.

En el caso de Griñán, el TC ha estimado parcialmente el recurso de amparo, anulando la condena y descartando la malversación, al considerar que el derecho de Griñán a la presunción de inocencia fue vulnerado al no ser precisado en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. Griñán había sido condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación y 15 años y dos días de inhabilitación por prevaricación por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019. Posteriormente, el Tribunal Supremo desestimó su recurso de casación. Griñán no había entrado en prisión al tener suspendida la pena de cárcel merced al cáncer de próstata que padece.

En cuanto al delito de prevaricación, el TC resuelve que la elaboración de los anteproyectos de ley de los presupuestos de la Junta y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de tal naturaleza, ordenando así que la Audiencia de Sevilla dicte una nueva sentencia respecto a Griñán aplicando los aspectos ya descritos.

Una línea que abrió con la sentencia relativa al exconsejera Magdalena Álvarez y que ha apuntalado en resoluciones posteriores, desinflando la llamada “pieza política” de los ERE: las sentencias del TC mantienen que hubo delitos y descontrol en el reparto millonario de ayudas sociolaborales, pero no un plan criminal concebido en la Junta desde los anteproyectos presupuestarios para tolerar y amparar esas irregularidades.

Un “daño irreparable”

Calero ha asegurado que la Fiscalía “ya apuntó lo que, por otra parte, es una evidencia, que un anteproyecto o un proyecto de ley no pueden ser considerados como una resolución administrativa” ni como “una resolución injusta en asunto administrativo”. “A partir de ahí, se caía gran parte del discurso de las acusaciones que asumió la Audiencia de Sevilla y que asumió en una mayoría de tres a dos la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

Según Calero, en la sentencia del TC ha pesado “en el ámbito de la prevaricación, esa idea esencial de que no es posible equiparar un anteproyecto o un proyecto de Ley a una resolución administrativa”. Para la malversación, se habría incurrido en “la vulneración esencial de legalidad” penal y “la vulneración del principio de presunción de inocencia”.

“Hay un salto imposible de admitir desde el parámetro de la presunción de inocencia: presumir que una autoridad que no tiene disposición sobre los fondos (...) simplemente por el hecho de conocer que se han disminuido los controles en una situación de crisis de empresa, debía asumir también que esa disminución tenía como finalidad el sustraer fondos públicos”, ha razonado Calero: “Esto nunca ocurrió, nunca fue así y esa traducción de la prueba era claramente un vulneradora del principio de presunción de inocencia”.

El letrado de Griñán ha avisado de que a estas alturas, “es irreparable todo el daño sufrido durante todo este tiempo” por el expresidente andaluz, de quien ha destacado la “entereza y dignidad” con la que ha afrontado este “duro trance”, siempre “con un respeto absoluto a la Administración de Justicia, descartando cualquier tipo de argumento que pudiera poner en cuestión la imparcialidad de los tribunales y creyendo siempre en el propio sistema de la Administración de Justicia”.

“El Tribunal Constitucional ha superado un test de esfuerzo en un asunto que suponía una presión que absolutamente era necesario superar”, ha enfatizado el abogado José María Calero.

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente los recursos de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de Chaves, los magistrados ordenan a la Audiencia de Sevilla que reconsideren y rebajen su condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En el de Griñán, la sentencia anula su condena de seis años de prisión por malversación y además encarga una nueva resolución al tribunal sevillano para que rebaje los 15 años de inhabilitación que le fueron impuestos por la prevaricación. Las dos decisiones han llegado poco después de que el Constitucional, por unanimidad de conservadores y progresistas, hayan rechazado de plano las recusaciones que el PP presentó a última hora contra varias magistradas.

El tribunal de garantías estudia desde hace semanas los recursos de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE: el sistema millonario de ayudas públicas a empresas y trabajadores que, según el Tribunal Supremo, se basó en un descontrol instaurado y mantenido por los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El primero fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación y el segundo a seis años de cárcel al añadir los jueces el de malversación de caudales públicos.

Las diversas sentencias han estimado de manera total o parcial los recursos de casi todos los condenados. En algunos casos, como el de Carmen Martínez Aguayo, las condenas han quedado completamente anuladas. En otros, como el de Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla ha recibido la consigna de repetir su sentencia pero, en la práctica, rebajando su condena al excluir buena parte de los hechos que se habían considerado delictivos.

El pleno, con los votos en contra de los cuatro magistrados conservadores, ha entendido en la mayoría de los casos que ha estudiado que muchos actos condenados como prevaricación y malversación eran actos políticos del gobierno andaluz que no podían ser criminalizados: elaborar anteproyectos o proyectos presupuestarios, por ejemplo, que más tarde eran aprobados por el Parlamento de Andalucía. También que en otros casos varios ex altos cargos andaluces fueron condenados sin argumentos suficientes por parte de la Audiencia de Sevilla y el Supremo.

En el caso de la prevaricación, el Constitucional entiende que Griñán y Chaves han sido condenados de manera “imprevisible”: un anteproyecto de ley y su aprobación como proyecto “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”, recuerda la sentencia. No es una resolución que forme parte de un asunto administrativo sino “actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía”.

La prevaricación, en el caso de ambos expresidentes andaluces, debe ser examinada de nuevo por la Audiencia Provincial de Sevilla para rebaje la condena de nueve años de inhabilitación de Chaves y la de 15 años de Griñán pero retirando buena parte de las acusaciones. Ni los anteproyectos ni los proyectos de presupuestos pueden ser considerados delictivos, ni tampoco diversas modificaciones presupuestarias pero dejando la puerta abierta que sean condenados por una de ellas: la de diciembre de 2004 en el programa 3.2H “dado que los fines de dicho programa no eran la concesión de ayudas sociolaborales”.

Elimina la condena de cárcel por malversación

En el caso de Griñán, la sentencia del Constitucional hace desaparecer su condena de seis años de prisión por el delito de malversación. La mayoría progresista del pleno entiende que, como sucede con la prevaricación, es “imprevisible” que esas acciones del gobierno andaluz sean consideradas un ilícito penal. Y como en otros casos, reconocen que algunas disposiciones de fondos públicos sí pudieron ser malversadoras pero que Griñán fue condenado sin argumentos suficientes.

“La motivación judicial carece del desarrollo argumental suficiente para considerar probado que los hechos que se le imputan han sido cometidos por el demandante”, dice el Constitucional sobre José Antonio Griñán, que presidió la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. La responsabilidad penal no se puede trasladar “automáticamente” de quienes gestionaban las ayudas de forma directa a quienes “se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes”.

Los tribunales eximieron a José Antonio Griñán de entrar a prisión a cumplir condena por el cáncer que padece, pero otros antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía han sido excarcelados en las últimas semanas después de ver cómo sus recursos de amparo eran estimados total o parcialmente. El primero fue Miguel Ángel Serrano, ex director general del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, después de un año y medio entre rejas. Esta misma semana el exconsejero Antonio Fernández y el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez también abandonaban la prisión.

Este mismo martes el Constitucional, por primera vez, ha rechazado el recurso de uno de los condenados tras entrar a examinar el fondo del asunto. Ha sido el de Juan Márquez, primero consejero de Economía y después director general de Trabajo, condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación. En su recurso solo reclamó que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia así como otros que el Constitucional no ha entendido perjudicados. “Las resoluciones impugnadas sí razonan de forma suficiente, conforme a criterios racionales y lógicos, que Márquez tuvo conocimiento de que los fondos del programa 3.1L se dedicaron a fines ajenos por completos a los establecidos legalmente”, dice esta sentencia.

Poco antes de empezar las deliberaciones, el Constitucional ha rechazado la recusación que el PP ha presentado en los últimos días contra dos magistradas del sector progresista: María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán. El pleno, por unanimidad de conservadores y progresistas, ha decidido rechazarlas por haber sido planteadas fuera de plazo.

El Tribunal Constitucional aborda esta semana la parte más política del caso de los ERE de Andalucía: las condenas de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El pleno tiene previsto abordar y estimar los recursos de los dos políticos que durante más de dos décadas llevaron las riendas de la Junta de Andalucía, perdiendo su poder a manos del caso que ahora, sentencia a sentencia, desinfla el tribunal de garantías. Las ponencias, que cuentan con el apoyo parcial de la Fiscalía y de dos magistradas del Tribunal Supremo, plantean reducir la condena de inhabilitación de Chaves y eliminar la de seis años de cárcel de Griñán con argumentos similares a los que se han llevado por delante la mayor parte de las condenas de los antiguos altos cargos de la administración andaluza.

El pleno, con los siete votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro contrarios de la minoría conservadora, lleva varias semanas estimando total o parcialmente los recursos de los consejeros, viceconsejeros y directores generales de la Junta que fueron encausados por el caso de los ERE de Andalucía. El sistema de ayudas públicas puesto en marcha para paliar los efectos de la crisis económica en Andalucía y que, según el Tribunal Supremo, se tradujo en el reparto descontrolado de 670 millones de euros a lo largo de los años.

El Constitucional no ha negado que existieran ilegalidades en la gestión del sistema de ayudas así como en algunos momentos del reparto del dinero. Hubo prevaricación y hubo malversación pero no en las cantidades y con la extensión que marcaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo. Poner en marcha un anteproyecto de presupuestos, por ejemplo, no puede considerarse un delito de prevaricación, y en muchas ocasiones las condenas por malversación se impusieron sin argumentos suficientes.

Son argumentos que han servido para rebajar o anular completamente las condenas de todos los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, muchos de los cuales incluso han salido de prisión poco después de saber que el Constitucional les había dado la razón. Condenas de cárcel por malversación completamente anuladas como la de Carmen Martínez Aguayo o sanciones de inhabilitación devueltas a la Audiencia de Sevilla, como la de la exministra Magdalena Álvarez, para que una nueva sentencia rebaje considerablemente su condena.

Los dos primeros casos que analizará el Constitucional este martes serán los de Chaves y Griñán, seguidos del exconsejero Gaspar Zarrías y los exdirectores Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano. Las ponencias pasan por dar la razón a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. En el caso de Chaves, como ha sucedido con otros altos cargos, el borrador que tendrá que aprobar el pleno cuestiona que una parte importante de los hechos que se le atribuyen puedan ser considerados un delito de prevaricación, por lo que la Audiencia de Sevilla deberá reconsiderar su caso pero muy por debajo de los nueve años de inhabilitación que le fueron impuestos en Sevilla.

En el caso de Griñán, los magistrados también tienen previsto anular su condena de malversación. No solo por entender que fue imprevisible imponer una condena de seis años de cárcel por este delito a alguien que ponía en marcha y ejecutaba una ley que ni siquiera había sido impugnada, sino también por apreciar que se le atribuyó el delito sin argumentos suficientes. Son argumentos en línea con lo expresado por dos magistrados del Tribunal Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, en el voto particular que emitieron contra la sentencia que confirmó la mayor parte de las condenas.

El recurso del expresidente Griñán, que no llegó a entrar en prisión por el cáncer que padece, combate la condena por prevaricación, denunciando entre otras cosas que el Supremo había “creado” un delito de malversación para enviar a la cárcel a varios altos cargos sin trazar una línea entre el el expresidente, los fondos malversados y el supuesto beneficiado.

Recta final del caso de los ERE

El Tribunal Constitucional afronta esta semana las últimas deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados en el caso de los ERE de Andalucía. Una causa que arrancó hace más de 15 años y que ahora tendrá que ser parcialmente revisada por la Audiencia de Sevilla que celebró más de 150 sesiones de juicio y dictó la primera sentencia.

La recta final del caso coincide con un movimiento del Partido Popular, personado en la causa como acusación desde el arranque de las diligencias. Tal y como anunció Elías Bendodo este jueves, los de Alberto Núñez Feijóo han decidido recusar a suficientes magistrados progresistas del pleno para evitar que las ponencias salgan adelante.

Las recusaciones, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se deben presentar dentro de unos plazos, pero hay excepciones si la razón por la que se pide apartar a un magistrado ha sido descubierta recientemente. En el caso del PP, alegan cosas como que Juan Carlos Campo fue ministro del Gobierno de Pedro Sánchez o alto cargo en la Junta de Andalucía, así como que Inmaculada Montalbán fue magistrada en el Tribunal Superior de Andalucía y dictó sentencias relacionadas con piezas separadas del caso.