Después de que el pasado febrero Uber desembarcara en Donostia con licencias de VTC concedidas por la Diputación de Bizkaia habilitadas para operar en toda Euskadi -en Bilbao se instauró en 2019- y del primer aniversario de Cabify en la capital vizcaína, que se cumple este julio, este miércoles se estrena Bolt en la villa, con un servicio de vehículos con conductor eléctricos. La compañía ha explicado en un comunicado que su llegada pretende “reforzar el tejido empresarial local a través de una colaboración basada en innovación y digitalización”.

Al igual que ocurre con Uber o Cabify, Bolt ni el resto de plataformas que se instauren en Euskadi, podrán hacer teóricamente trayectos urbanos, debido a que sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. No obstante, esta es una cuestión que no se cumple debido a que si hay disponibilidad de coches se puede realizar la petición para ir de una zona de Bilbao a otra a través de las plataformas. Eso sí, el precio varía según el horario y la demanda que haya.

En lo que va de año la Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de estos servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y solo una a un taxista.

A pesar de que desde la plataforma de movilidad defienden la “necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que facilite la convivencia entre los distintos operadores de movilidad”, desde el sector del taxi subrayan que “todas las empresas deben ajustarse a la ley vigente”. Según confirman desde la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), las denuncias registradas por las instituciones “muestran solo la punta del iceberg de las irregularidades”, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, alertan los taxistas que a inicios de año convocaron varias movilizaciones con el objetivo de frenar “los abusos” de las plataformas.

Dos joves que viatjaven en una motocicleta han mort aquest dimecres a Formentera en ser atropellades per un taxi, segons ha informat el SAMU 061.

L'avís de l'accident ha tingut lloc a les 11.27 hores a l'altura de Cala Dúo i, en arribar els efectius d'emergències, han comprovat com una de les afectades presentava signes incompatibles amb la vida.

L'altra afectada, d'uns 25 anys, estava en parada i, malgrat els esforços dels equips sanitaris per estabilitzar-la, no ha estat possible i també ha mort.

Pel que sembla, les dues noies anaven en la mateixa moto i han estat atropellades per un taxi. Fins al lloc del succés, entre altres, s'ha desplaçat una ambulància de Suport Vital Avançat i una altra de Suport Vital Bàsic.

Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta han muerto este miércoles en Formentera al ser alcanzadas por un taxi, según ha informado el SAMU 061.

El aviso del accidente ha tenido lugar a las 11.27 horas a la altura de Cala Dúo y, al llegar los efectivos de emergencias, han comprobado cómo una de las afectadas presentaba signos incompatibles con la vida.

La otra afectada, de unos 25 años, estaba en parada y, a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y también ha fallecido.

Al parecer, las dos chicas iban en la misma moto y han sido alcanzadas por un taxi. Hasta el lugar del suceso, entre otros, se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.

El Consell d'Eivissa ha obert enguany 636 expedients per transport il·legal de passatgers i han estat immobilitzats 18 vehicles, fins al passat 9 de juliol.

El 2015, va obrir 630 expedients sancionadors contra vehicles per transport il·legal i es van immobilitzar 162 vehicles que operaven de forma irregular, recaptant 710.752 euros en sancions de transports.

El conseller insular de Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Juan, ha visitat les instal·lacions on s'immobilitzen vehicles immobilitzats per transport il·legal. Durant la visita, ha destacat que les dades d'enguany “confirmen que la feina està donant resultats”.

A més, ha destacat que l'any passat van fer una feina “molt intensa”, immobilitzant més d'un centenar de taxis 'pirata'. Molts dels vehicles han acabat com ferralla.

Així, el conseller ha considerat que s'aconsegueix dissuadir els 'pirates' abans que cometin la infracció. També ha remarcat que el Pla d'Inspecció continuarà actiu tota la temporada turística.

El Consell d'Eivissa ha abierto este año 636 expedientes por transporte ilegal de pasajeros y han sido inmovilizados 18 vehículos, hasta el pasado 9 de julio.

En 2015, abrió 630 expedientes sancionadores contra vehículos por transporte ilegal y se inmovilizaron 162 vehículos que operaban de forma irregular, recaudando 710.752 euros en sanciones de transportes.

El conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha visitado las instalaciones donde se custodian vehículos inmovilizados por transporte ilegal. Durante la visita, ha destacado que los datos de este año “confirman que el trabajo está dando resultados”.

Además, ha destacado que el año pasado realizaron un trabajo “muy intenso”, inmovilizando a más de un centenar de taxis 'pirata'. Muchos de los vehículos han acabado como ferralla.

Así, el conseller ha considerado que se logra disuadir a los 'piratas' antes de que cometan la infracción. También ha remarcado que el Plan de Inspección seguirá activo toda la temporada turística.

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado un nuevo reglamento que declara el aeropuerto César Manrique-Lanzarote y el Puerto de Arrecife como áreas sensibles para el servicio de taxi. La medida permitirá reforzar de forma excepcional el servicio con taxis de otros municipios cuando la demanda lo requiera, con el fin de mejorar la movilidad y ofrecer una atención más eficiente a residentes y visitantes.

La nueva normativa, según ha informado este viernes el Cabildo en un comunicado, “nace como respuesta a una demanda histórica del sector del taxi, las administraciones públicas y la ciudadanía” y su objetivo es “garantizar una prestación más eficiente, coordinada y adaptada a la realidad actual de Lanzarote”.

El reglamento establece el marco jurídico para la declaración y regulación de áreas sensibles en puertos, aeropuertos, estaciones e intercambiadores de transporte, atendiendo a su condición de infraestructuras estratégicas de interés público y al elevado volumen de usuarios que concentran.

Como primera medida, se declaran áreas sensibles el aeropuerto y el Puerto de Arrecife.

La corporación insular ha explicado que esta decisión se fundamenta en los datos de movilidad de 2024 y en los informes técnicos que constatan la necesidad de reforzar el servicio en determinados momentos de alta demanda.

El servicio se reforzará con taxis procedentes de otros municipios

La normativa permitirá activar, de forma excepcional y temporal, mecanismos de refuerzo del servicio mediante la participación de taxis procedentes de otros municipios cuando las circunstancias lo requieran, bajo criterios técnicos y mediante resolución motivada del Cabildo.

Asimismo, incorpora sistemas de organización, gestión y control para aplicar de forma obligatoria las tarifas oficiales aprobadas por el Gobierno de Canarias y se crea una Comisión de seguimiento integrada por representantes institucionales, profesionales y ciudadanos.

Durante la elaboración del reglamento se ha dado audiencia a los ayuntamientos afectados, a las asociaciones representativas del sector del taxi y a las organizaciones de personas usuarias, en cumplimiento de la normativa autonómica vigente, ha indicado la corporación insular.

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene, por segundo día consecutivo, la restricción de tráfico en la zona de bajas emisiones (ZBE) por las altas concentraciones de ozono debido a la contaminación pero ha permitido una procesión de taxis para celebrar el día de San Cristóbal, patrón de los conductores.

Desde el jueves, no se puede acceder con vehículos a la ZBE salvo en los casos excepcionales previstos en la Ordenanza (residentes autorizados, transporte público, taxis, servicios esenciales, acceso a garajes, mudanzas, entre otros).Los únicos vehículos que se salvan de las restricciones son los que tienen distintivo ECO y 0 Emisiones.

Sin embargo, taxis que no estaban prestando servicio, han entrado en la zona de bajas emisiones para recorrer la calle Santiago y acabar en la Plaza Mayor, acompañados por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y los concejales de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero y de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

Pilar Terán, presidenta de la mayor cooperativa de taxis de Santander, Radiotaxi, acepta preguntas. Pero ya solo por escrito. Dispuesta a responder, dice que lo prefiere así después de “la experiencia” que ha tenido con los medios de comunicación. Se refiere a sus declaraciones en un medio nacional, tras ser recientemente condenada por la justicia, junto a otros compañeros taxistas, por agredir a un conductor de Cabify, en junio de 2023, en el aeropuerto de la capital de Cantabria. De las 18 preguntas que se le consultan ahora, la única que no contesta es sobre el incidente por el que aceptaron delitos leves de coacciones y de lesiones, que implicaron multas de hasta 960 euros y 1.450 de indemnización: “⁠No voy a contestar a esta cuestión”, zanja.

Santander tiene un borrador de reglamento para los taxis pendiente de aprobar en el que el punto principal son las licencias temporales y carece de reglamento para los llamados 'Vehículos de Transporte con Conductor' (VTC). Sin marco regulatorio, la tensión con los VTC en el transporte de pasajeros aflora. ⁠“La valoración no es todo lo positiva que al gremio del taxi le gustaría. La competencia es buena para poder mejorar, pero siempre que sea legal y en las mismas condiciones”, opina Terán, quien consultada por cómo es la relación con los VTC, dice que, aunque conviven, “el problema de estas plataformas es que no respetan las leyes, cargan en paradas de taxi y utilizan los carriles bus con total impunidad”.

En este conflicto, en Santander, de un lado, están los taxistas autónomos y las dos sociedades cooperativas del taxi. Por un lado, Radiotaxi, que es la más representativa porque aglutina a 230 taxistas, exige exclusividad -el taxista no puede tener sus propios clientes directos ni trabajar para empresas específicas de forma independiente- y funciona mediante Pide Taxi. Por otro, la minoritaria Asociación Cántabra de Pymes del Taxi (Acapyt), que funciona a través de Teletaxi, y engloba a unos 30, en el arco de la bahía de Santander.

Enfrente están los VTC -conductores autónomos para distintas compañías, como Cabify, Uber o Alsa-. “Les vemos cargar en parada, les vemos cargar a mano alzada, les vemos cargar, utilizan el carril bus, aparcan donde les da la gana... van a (la playa de ) Mataleñas, por ejemplo, y cobran 50 euros y eso pues nos va quemando el día a día”, suma Fernando Díez Calvo, de Acapyt.

Y también está un actor desconocido para la mayoría: Aurelio Crespo, socio local de Cabify que aglutina buena parte de la cuota de mercado con su marca Armonicar Digital, con más de 50 vehículos y trabajadores asalariados, que calcula tener en Santander una cuota entre el 73 y el 78% de Cabify. “El conductor de Cabify del aeropuerto no era conductor mío”, matiza Crespo, en entrevista con elDiario.es: “Es un caso aislado y defiendo a Pilar, considero que eso se sacó de contexto”, afirma sin entrar más al tema.

El mediático caso de la pelea en el aeropuerto Seve Ballesteros ha puesto sobre la mesa un conflicto entre taxistas y VTC enquistado en una ciudad que experimenta un cambio en su modelo turístico. La alcaldía busca a toda costa desestacionalizar las visitas, pero sin plan de contención. Un mayor número de visitantes que se revela con fuerza cada verano. ⁠

“El turismo de Cantabria, por suerte, está en auge. Las épocas estivales son más exigentes, pero por suerte el sector del taxi tiene trabajo todo el año”, asegura Pilar Crespo, que valora en positivo cómo Santander “cada vez atrae a más gente nacional durante todo el año”. Coincide en que hay trabajo todo el año Fernando Díez, de Acapyt, pero con reservas y críticas al auge turístico: “Más turismo no significa más trabajo, significa peor trabajo, ¿vale? Estamos viendo en verano un trabajo basura, es un turismo basura, porque no damos abasto y encima es un turismo de poca calidad”.

Cronología del conflicto

En 2014, el Parlamento de Cantabria aprobó que los VTC pudiesen operar. Para 2019, los ánimos de los taxistas de Santander ya estaban caldeados y se manifestaron para exigir, sin éxito, una inspección a los VTC, un colectivo que crecía lentamente y se regía por dos vías: funcionaba a través de aplicaciones y tenía origen y destino definido. Pero, desde 2022, el gran aumento de turistas habituados a usar VTC ha marcado un cambio drástico en los veranos.

Desde entonces, las cooperativas de taxi locales han pedido un reglamento que les permita obtener licencias temporales cuyo borrador no define el número máximo de licencias ni las características de los taxis para pedirlas. Ante esto, Pilar Terán se muestra optimista: “Se realizará un estudio a principios de año por parte del Ayuntamiento, se dará audiencia a las asociaciones con el resultado y se empezará con las bases”. Sin embargo, Fernando Díez, de Acapyt, no es tan optimista: “¿Cómo plantea el marco regulatorio? No lo plantea. Punto. No hay ningún parámetro. Esto lo deja abierto y luego lo regulamos... El reglamento general no se mete en este jaleo”, cuestiona el portavoz de Acapyt sobre un documento que aún tiene que pasar por comisión y pleno municipal.

Tanto Radio Taxi como Acapyt defienden, además, la necesidad de un decreto municipal del VTC. De hecho, ya se lo han trasladado a la alcaldesa, asegura Pilar Terán. ⁠“En las reuniones que hemos mantenido con el Ayuntamiento, sí se les planteó. Lo iban a estudiar después de finalizar el del taxi”. Por su lado, Aurelio Crespo, cuya pareja tiene dos licencias de taxi, no ve funcional un decreto municipal o autonómico: “En su momento se tenía que haber hecho un decreto estatal”, dice sobre un colectivo, los autónomos del VTC, con el que elDiario.es ha tratado de contactar sin respuesta.

“Nadie regula”

La tensión no solo procede de la forma de operar de los conductores locales de VTC. “Aquí aparecen VTC de toda España que están operando en Santander sin poder hacerlo y nadie les dice nada. Absolutamente nadie regula eso”, describe Fernando Díez, de Acapyt: “Gema (Igual) siempre va a intentar empatar, siempre va a intentar quedar bien con las VTC, siempre va a intentar quedar bien con el electorado, bien con nosotros, bien en general. Gema funciona así”, opina.

Y el conflicto entre profesionales del transporte de pasajeros también deriva del costo de las licencias: mientras para un taxi supera con creces los cien mil euros, una autorización para conducir un VTC es muy inferior, señalan fuentes del gremio.

Santander vive un auge del turismo con consecuencias directas en la vivienda y en los servicios, como la movilidad, impulsado por una alcaldesa, Gema Igual (PP), que fue concejala de turismo. Igual rechaza declarar zonas tensionadas, dar la cifra de viviendas vacías, o clarificar el número de viviendas turísticas registradas. Y de igual forma rechaza que la ciudad se sature, aunque en 2026 ha encargado por primera vez un estudio de capacidad de carga para evaluar escenarios de “potencial saturación”, del que no ha informado públicamente.

“Como que Santander (y Cantabria) parece que va a ser la Marbella del norte”, dice sonriente Crespo, el socio local de Cabify en Cantabria.“Hablan de la masificación y demás, yo creo que eso no es no no tiene mucho sentido porque hasta ahora tampoco ha habido. Días puntuales el verano pasado y demás, pero tendría que que seguir creciendo en un porcentaje muy elevado para llegar a ese extremo”, defiende este empresario defensor de la liberalización en el sector de la movilidad: “Hemos pasado de tener muy definidas las estaciones del año, sobre todo un mes y medio en verano, a ser todo mucho más lineal; hasta octubre se trabaja muy bien”.

Crespo defiende la rentabilidad de su modelo para Cantabria y dice que tiene un sueño: “Mi deseo y mi ilusión es que el sector del taxi en Cantabria se sume al VTC. Me da igual a la que sea, a Uber, a Cabify, a Volt”. Y pone de ejemplo Madrid, donde numerosos taxis funcionan también como VTC: “En Madrid quizás estemos casi a un 50% de autónomos que están operando con todas las plataformas”. Y muestra su confianza en las nuevas generaciones de taxistas: “Los chicos que están llegando de chóferes dicen: 'Es que aquí, pues hay que sumarse', porque ellos lo ven, ellos viajan”.

Para Pilar Crespo, la exclusividad es intocable: “⁠Vivimos en una ciudad en la que nos conocemos todos y ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Desde el gremio del taxi exigimos el cumplimiento de las leyes y las normas, nada más”. Una fuente del sector del taxi asegura, sin embargo, que la exclusividad no es absoluta: “No se cumple ni el 80% de los casos, casi todos los taxistas tienen sus propios clientes privados”.

Doce años después de que entraran los VTC en Cantabria, el panorama persiste incierto y el conflicto latente. Ante la posibilidad de regular los VTC, el Ayuntamiento de Santander no ha respondido a las preguntas elDiario.es.

Una jueza de Medio Cudeyo ha admitido a trámite la querella presentada por la Federación Cántabra del Taxi (que aglutina a casi dos centenares de profesionales) contra el alcalde de Vega de Pas por la prestación, en este Ayuntamiento, del transporte sociosanitario de personas “sin autorización”, lo que a juicio del colectivo podría constituir delitos de prevaricación administrativa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo acuerda admitir a trámite la querella de los taxistas cántabros -y la documentación adjunta- así como dar traslado de la misma al regidor, del que se recaban antecedentes y al que se hace el ofrecimiento de acciones.

Según el escrito de la Federación, remitido al juzgado y consultado igualmente por Europa Press, el Consistorio es propietario del vehículo con el que se viene prestando el servicio en cuestión de forma “sistemática, continuada y pública” y sin la preceptiva autorización legal.

Los taxistas detallan al respecto que el automóvil circula con el rótulo 'Transporte sociosanitario' y símbolos municipales y se ocupa del traslado “habitual” de personas.

De acuerdo con los querellantes, esta actividad infringe artículos de las leyes de Ordenación de los Transportes Terrestres de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria.

Consideran “evidente” que el que realiza el Ayuntamiento es “un transporte regular de uso especial” y entienden que tanto el vehículo como la administración municipal “carecen de autorización para llevar a cabo este tipo de transporte”.

Conforme a la citada normativa, el transporte asistencial está especializado en el traslado de personas que por su edad, condición física o mental u otras circunstancias precisen una atención especial o planteen necesidades específicas de transporte, en tanto que los servicios de transporte público regular de viajeros de uso especial “únicamente podrán prestarse cuando se cuente con la correspondiente autorización especial que habilite para ello, otorgada por la administración competente”.

Y dicha autorización “solo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica, que previamente sea titular de autorización para el transporte público de viajeros de ámbito suficiente”.

“Un sistema paralelo”

Con lo anterior, la Federación Cántabra del Taxi entiende que “se desprende inicialmente que el Ayuntamiento está incurriendo en una flagrante infracción de las normas administrativas” e, “indiciariamente, en un delito de prevaricación”, pues “no solo se está incumpliendo la legislación estatal y autonómica, sino que el propio Ayuntamiento ha institucionalizado una actividad ilegal”.

En este sentido, resaltan que “lejos de ser una actividad puntual”, el servicio está reglamentado por la ordenanza fiscal que regula el precio público por Servicio de Transporte Sociosanitario del Ayuntamiento de Vega de Pas, que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en diciembre de 2004.

En la exposición de motivos, y según rematan los taxitas, el Consistorio “reconoce la carencia de servicio público de transporte en el municipio” y, “lejos de subsanarla mediante la contratación de profesionales autorizados” conforme a la ley de Transportes Terrestres o de “canalizar esta carencia por los cauces legales” -licitación pública-, “opta por crear un sistema paralelo” a la norma y “decidid instituir un servicio de gestión directa con tarifas propias y personal sin la capacitación profesional legalmente exigible”.

Antes de presentar la querella, se denunció la situación tanto ante la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria como ante el propio Ayuntamiento, sin que ninguno de ambos organismos “haya hecho nada” al respecto, concluyen los taxistas.

Els taxistes autònoms de la Comunitat Valenciana han declarat la guerra al Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca arran de l'aprovació del nou decret llei que estableix un nou marc regulador per a garantir la convivència entre el sector del taxi i els vehicles de transport amb conductor (VTC), que operen a través de plataformes com Uber o Cabify.

La Confederació que agrupa el col·lectiu va difondre este dilluns un dur comunicat en què adverteix que la nova normativa “permetrà que els VTC facen de taxis a la Comunitat Valenciana sense cap control”. Una equiparació que consideren injusta tenint en compte que els taxis tenen la consideració de servei públic, motiu pel qual, entre altres coses, tenen unes tarifes regulades per l'Administració i poden recollir clients a demanda a la via pública quan se'ls fa senyal, mentre que els VTC estan concebuts per a un ús discrecional, és a dir, amb contractació prèvia.

Des de l'organització van carregar durament contra el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, a qui van acusar de “trair i mentir” al col·lectiu: “El conseller diu que protegeix el taxi, però el decret protegeix les plataformes i les multinacionals propietàries de la majoria dels VTC. Esperarem uns dies, fins a tindre informes detallats dels nostres advocats, per veure quines opcions té el sector a l'hora de prendre decisions”.

El nou decret aprovat pel Govern valencià paralitza durant dos anys la concessió de noves llicències de taxi —llevat d'excepcions orientades a fomentar el servei per a persones amb mobilitat reduïda— i de VTC. La suspensió estarà vigent fins que es realitze un informe exhaustiu que detalle la situació de la mobilitat i de tots dos sectors.

Multes de fins a 6.000 euros

Com a novetat, s'incorpora un nou règim sancionador específic per garantir el compliment de les condicions de prestació del servei urbà de VTC. Les sancions per infraccions molt greus podran arribar als 6.000 euros i contemplen la immobilització immediata del vehicle.

Entre les conductes sancionables s'inclouen la captació de clients a la via pública sense contractació prèvia per part dels VTC, la circulació a la recerca de viatgers o la prestació de serveis fora de l'àmbit autoritzat.

A més, es dona als ajuntaments la possibilitat d'assumir la competència per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors derivats de les infraccions previstes en este decret, així com per recaptar les sancions corresponents.

Novetats en el taxi

Entre les principals novetats per al sector del taxi, s'amplia el nombre màxim d'autoritzacions de les quals podrà ser titular una mateixa persona física, que passa a un màxim de tres autoritzacions ordinàries i fins a cinc quan estiguen vinculades a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, la titularitat de les quals serà permanent i definitiva.

Esta mesura té com a objectiu fomentar la contractació de conductors assalariats i desenvolupar teixit empresarial en el sector i, amb això, millorar la prestació del servei de taxi a les persones usuàries.

Així mateix, es flexibilitza el règim per a la creació de noves autoritzacions de taxi. Tot i que es manté la ràtio general d'una autorització per cada mil habitants, podran concedir-se noves llicències quan existisca una demanda de servei que haja de ser atesa o quan siga necessari incrementar el nombre de vehicles adaptats.

El decret també elimina l'exigència de dedicació plena i exclusiva al sector del taxi, tot i que manté la incompatibilitat entre l'activitat de taxista i la titularitat o la conducció assalariada en serveis VTC.

En matèria de transmissió d'autoritzacions, es regula la possibilitat que les persones hereves puguen mantindre i transmetre la llicència sempre que complisquen els requisits establerts en la normativa. A més, es preveu expressament la situació dels hereus menors d'edat mitjançant la designació d'una persona representant fins que puguen obtenir la capacitació necessària.

La norma també permet iniciar el procediment d'extinció de les àrees de prestació conjunta d'ambdós sectors a sol·licitud d'algun dels municipis integrants, reforçant així l'autonomia municipal en esta matèria. A més, es manté que els municipis de més de 200.000 habitants o amb més de 200 taxis puguen decidir no integrar-se en una àrea de prestació conjunta.

Noves en les VTC

En relació amb les VTC, el decret habilita provisionalment les autoritzacions estatals domiciliades a la Comunitat Valenciana per a prestar serveis de transport urbà durant un termini màxim de dos anys o fins a l'elaboració de l'estudi tècnic sobre la mobilitat i l'equilibri entre ambdós sectors.

La regulació elimina la limitació que restringia l'activitat de les VTC exclusivament als serveis interurbans i modifica les condicions de contractació del servei per facilitar-ne la disponibilitat als usuaris, eliminant l'obligació dels 15 minuts d'espera per a contractar-lo.

Los taxistas autónomos de la Comunitat Valenciana han declarado la guerra al Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca a cuenta de la aprobación del nuevo decreto ley que establece un nuevo marco regulador para garantizar la convivencia entre el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC), que gestionan plataformas como Uber o Cabify.

La Confederación que agrupa al colectivo lanzó este lunes un duro comunicado en el que advierten de que la nueva normativa “permitirá que los VTC hagan de taxis en la Comunitat Valenciana sin ningún control”. Una equiparación que consideran injusta teniendo en cuenta que los taxis tienen la consideración de servicio público, motivo por el cual, entre otras cosas, tienen unas tarifas reguladas por la administración y pueden coger clientes a demanda en la vía pública cuando se les lanza el alto y los VTC están concebidos para un uso discrecional, es decir, con previa contratación.

Desde la organización cargaron duramente contra el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, al que acusaron de “traicionar y mentir” al colectivo: “El conseller dice que protege al Taxi, pero el Decreto protege a las plataformas y a las multinacionales dueñas de la mayoría de los VTC. Esperaremos unos días, a tener informes detallados de nuestros abogados para ver las opciones que tiene el sector para tomar decisiones”.

El nuevo decreto aprobado por el Gobierno valenciano paraliza durante dos años la concesión de nuevas licencias de taxis (salvo excepciones enfocadas al fomento del servicio para personas con movilidad reducida), y de VTC. La suspensión estará en vigor hasta que se realice el informe exhaustivo que detalle la situación de la movilidad y de ambos sectores.

Según el texto legal, “la situación es extraordinaria, por cuanto el número de autorizaciones actuales de arrendamiento de vehículos con conductor es de 2.004, y el número de solicitudes presentadas en los servicios territoriales ascienden a más de 4.000”. Con esta progresión, “las autorizaciones podrían alcanzar ante la falta de ordenación, -que debe apoyarse en un estudio técnico en el que se analice la situación actual sobre los niveles de cobertura de las necesidades de movilidad en servicios de transporte público de viajeros en vehículos de turismo, con el fin de poder determinar la dimensión óptima del servicio, su calidad y la dimensión adecuada de la flota, para identificar un coeficiente de equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios que haga viable la sostenibilidad del sistema de acuerdo con los criterios objetivos aplicables-, las 6.000”.

El decreto tampoco ha gustado al sector de las VTC. Ricardo González, presidente de la patronal Movva, ha comentado que “no resuelve el problema de fondo, sino que lo aplaza dos años de modo que se mantiene la incertidumbre y la inseguridad jurídica”. En este sentido, han cuestionado la prohibición de estacionar sus vehículos en superficie en zonas de alta afluencia y mientras que no dispongan de servicio precontratado, y que al mismo tiempo se les pueda sancionar por circular en vacío por supuesta captación de usuarios: “Si una vez finalizado el servicio tenemos que irnos a un aparcamiento subterráneo a esperar que entre el siguiente y por el camino un agente nos sanciona por supuesta captación, tendría que demostrarla con pruebas. Además de que se trata de que va en contra de las políticas de sostenibilidad tener a los coches dando vueltas buscando un aparcamiento por no poder estaciones en superficie, donde finalice el servicio”.

Por otra parte, el decreto anula la precontratación de este servicio con al menos 15 minutos de antelación, cuestión esta última que para los taxistas implicará la equiparación de ambos servicios. Según Fernando del Molino, presidente de la Confederación, “la Justicia ha anulado algunas precontrataciones por considerarse abusivas y no estar suficientemente justificadas, como la de 1 hora del Ayuntamiento de València, la de 45 minutos en Baleares o la de 30 minutos de Euskadi; pero justamente de las de 15 minutos aplicadas en Cataluña o en la Comunitat Valenciana no hay sentencias en contra, por lo que no se entiende que la elimine la Generalitat por la vía del decretazo”.

Preguntado al respecto, el conseller Martínez Mus ha comentado que ya advirtieron que buscar una solución que siempre buscaba “la prioridad de los ciudadanos” iba a no poner conformes a ninguno de los sectores implicados, ni a los taxis ni a los VTC: “Quiero recordar que gran parte de lo que se plasma en el decreto eran peticiones de los dos sectores. Entendemos que cualquier cambio puede ser conflictivo, lo entiendo, pero les emplazo a que dentro de unos meses comprueben hasta qué punto les ha podido afectar. Estoy convencido de la que la idea era proteger el taxi como servicio público y mejorar el servicio a los ciudadanos y creo que lo hemos conseguido”.

Multas de hasta 6.000 euros

Como novedad, se incorpora un nuevo régimen sancionador específico para garantizar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio urbano de VTC. Las sanciones por infracciones muy graves podrán alcanzar los 6.000 euros y contemplan la inmovilización inmediata del vehículo.

Entre las conductas sancionables se incluyen la captación de clientes en vía pública sin contratación previa por parte de las VTC o la circulación en busca de viajeros o la prestación de servicios fuera del ámbito autorizado.

Además, se da la posibilidad a los ayuntamientos de asumir la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por alguna de las infracciones previstas en el presente decreto y la recaudación de estas.

Novedades en el taxi

Entre las principales novedades para el sector del taxi, se amplía el número máximo de autorizaciones de las que podrá ser titular una misma persona física, pasando a un máximo de tres autorizaciones ordinarias y hasta cinco cuando estén vinculadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, cuya adscripción será permanente y definitiva.

Esta medida tiene como objeto fomentar la contratación de conductores asalariados y desarrollar tejido empresarial en el sector y, con ello, mejorar la prestación del servicio de taxi a las personas usuarias.

Asimismo, se flexibiliza el régimen para la creación de nuevas autorizaciones de taxi. Aunque se mantiene la ratio general de una autorización por cada mil habitantes, podrán concederse nuevas licencias cuando exista una demanda de servicio que deba atenderse o cuando sea necesario incrementar el número de vehículos adaptados.

El decreto también elimina la exigencia de plena y exclusiva dedicación en el sector del taxi, aunque mantiene la incompatibilidad entre la actividad de taxista y la titularidad o conducción asalariada en servicios VTC.

En materia de transmisión de autorizaciones, se regula la posibilidad de que las personas herederas puedan mantener y transmitir la licencia siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Además, se contempla expresamente la situación de herederos menores de edad mediante la designación de una persona representante hasta que puedan obtener la capacitación necesaria.

La norma también permite iniciar la extinción de áreas de prestación conjunta de ambos sectores a solicitud de alguno de los municipios integrantes, reforzando así la autonomía municipal en esta materia. Además, se mantiene que los municipios de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis puedan decidir no integrarse en un área de prestación conjunta.

Novedades en las VTC

En relación con las VTC, el decreto habilita provisionalmente a las autorizaciones estatales domiciliadas en la Comunitat Valenciana para realizar transporte urbano durante un plazo máximo de dos años o hasta la elaboración del estudio técnico sobre la movilidad y el equilibrio entre ambos sectores.

La regulación elimina la referencia que limitaba exclusivamente a los servicios interurbanos la actividad de las VTC y modifica las condiciones de contratación del servicio para facilitar la disponibilidad al usuario, eliminando los 15 minutos de espera para contratar.

Los robotaxis pretenden aterrizar en España este año, a través de Madrid. Así lo anunciaron el martes la empresa china de conducción autónoma WeRide y Uber Technologies, en lo que, de cristalizarse, se trataría de la primera entrada conjunta de ambas compañías en el mercado europeo.

En Madrid, el servicio de transporte se llevaría a cabo con el apoyo de Avomo, filial del Grupo Moove Cars destinada a la movilidad autónoma, y socio de operaciones de flotas autónomas de Uber en Estados Unidos, utilizando la tecnología de conducción autónoma de WeRide, como indican en un comunicado. La iniciativa pretende llegar a España a finales de este año, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y los viajes estarán disponibles a través de la aplicación de Uber.

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodigo Domínguez, ha confirmado esta información y ha asegurado que la comunidad acogerá el primer piloto comercial de robotaxis de España. “La Comunidad de Madrid vuelve a situarse a la vanguardia de la movilidad del futuro”, ha añadido.

WeWide espera replicar en Madrid el “éxito operativo” obtenido en Oriente Medio a través de un despliegue “más rápido” de Robotaxis “seguros y fiables”, en palabras de la firma, que describe la capital española como “uno de los entornos urbanos de más rápido crecimiento en Europa”. Los servicios comerciales de Robotaxis totalmente autónomos ya operan en la región en ciudades como Abu Dabi y Dubái, mientras que el próximo mercado en incorporarse será Riad (Arabia Saudí).

“España es nuestro quinto mercado europeo y refuerza nuestra posición como operador de Robotaxis de confianza en el continente. Junto con Uber, estamos combinando nuestra tecnología de conducción autónoma con su plataforma de movilidad para acelerar la comercialización a gran escala”, asegura el fundador y director ejecutivo de WeRide, Tony Han. Por parte de Uber, el director global de Movilidad Autónoma y Entrega, Sarfraz Maredia, valora la “hoja de ruta regulatoria clara y sólidos socios locales” de Madrid.

El proyecto, como informan en su nota de prensa, representa la cuarta ciudad del total de 15 previstas en el acuerdo previo entre WeRide y Uber. En el acuerdo estratégico previsto hasta 2030, figuran 11 ciudades adicionales. En el marco de esta alianza, ambas compañías planean desplegar decenas de miles de Robotaxis en vías públicas para ofrecer una movilidad autónoma segura y fiable a usuarios de todo el mundo, añaden.

El Ayuntamiento de Albacete ha puesto en marcha una nueva convocatoria para obtener el permiso municipal preceptivo para conducir autotaxis. El objetivo es, según el concejal de Movilidad, Francisco Navarro, “mejorar el servicio de taxi al facilitar a sus titulares la contratación de conductores, de modo que puedan ampliarse las horas de atención y así garanticemos el servicio continuado y de calidad que Albacete reclama y necesita”.

Esta convocatoria responde además a las peticiones formuladas al Ayuntamiento desde la Asociación de Autotaxis, “y por eso estamos haciendo una convocatoria nueva cada año”.

El plazo para presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, donde después se publicará la lista de admitidos y excluidos. Las instancias pueden presentarse en la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento.

¿Cuáles son los requisitos?

Además de disponer de Permiso de Conducir de la Clase B o superior, se exige que los interesados no padezcan enfermedades infecto-contagiosa o impedimentos físicos que dificulten el normal ejercicio de la profesión, y tampoco pueden tener antecedentes penales.

El examen para obtener el certificado de aptitud constará de dos partes: una primera con 20 preguntas tipo test, y una segunda parte desarrollando la respuesta a dos preguntas sobre itinerarios, situación de calles, edificios públicos y monumentos de Albacete, y sobre la Ordenanza Reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler con Aparato.

La calificación final del examen será de apto o no apto, y el Permiso Municipal de Conducción tiene una validez de 5 años, al término de los cuales deberá ser renovado sin necesidad de nuevo examen

Navarro ha recordado que “en menos de tres años de Gobierno municipal, esta es la tercera convocatoria que realizamos para estos estos exámenes, y se vienen concediendo en torno a 30 permisos cada año. De ese modo, no sólo abrimos nuevas oportunidades de empleo para los ciudadanos, sino que los titulares de licencias de taxi tienen más posibilidad de contratar a conductores, para extender las horas de servicio y que la ciudad esté mejor dotada en ese sentido”.

Izquierda Unida va a pedir al equipo de gobierno del PP de Santander que explique, en el próximo pleno del Ayuntamiento, cómo va la adecuación a la normativa autonómica del reglamento que regula el sector del taxi en la ciudad, porque ha señalado que hay que hacerlo para septiembre de 2026.

El único concejal de la formación en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha recordado, en una nota de prensa, que esa adaptación se iba a aprobar, “en teoría”, en noviembre, ya que la norma de la comunidad autónoma salió adelante en 2024 y tiene que aplicarse en los ayuntamientos en 2026.

Martínez se ha preguntado si esa adaptación estará para el verano. “Estamos hablando de un servicio público importante para la movilidad urbana, para muchos trabajadores del sector y también para personas mayores o con problemas de accesibilidad. Conviene que las adaptaciones no se dejen para el último momento”, ha afirmado.

Las plataformas de VTC -Uber o Cabify- que operan en Euskadi no pueden hacer trayectos urbanos. Sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. Es decir, no pueden coger al cliente en un punto de una ciudad, como Bilbao, y llevarle a otro punto de la misma ciudad. No pueden, pero lo hacen; y ésa es una de las quejas habituales de los taxistas. Si a través de sus aplicaciones de contratación se busca un recorrido urbano, se accede a él sin problema si hay disponibilidad de coches. Las instituciones lo saben e intentan poner coto a las irregularidades mediante sanciones que pueden ir a más.

La polémica que ha arrancado en Bilbao, y en Bizkaia, donde estas plataformas llevan ya tiempo operando, se ha trasladado ahora a Donostia y a Gipuzkoa con el reciente desembarco de Uber en la capital donostiarra. La Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto en lo que va de año 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y sólo una a un taxista.

Donostia y Gipuzkoa también quieren acotar el servicio de los Uber dentro de la legalidad y que se sancione a los que lo incumplan y hagan trayectos interurbanos. Y esos trayectos irregulares ya se han detectado en Donostia y también en otros municipios de Gipuzkoa. El problema es que las licencias con las que operan los Uber en Gipuzkoa se han concedido en Bizkaia, ya que las licencias se conceden para la comunidad autónoma. Es decir, una vez que adquirieron la licencia para operar en Bizkaia pueden hacerlo en cualquier municipio de Euskadi. Otra cosa es qué supone que la licencia sea de Bizkaia, a la hora de imponer sanciones.

El Ayuntamiento de Donostia ha enviado un requerimiento a la Diputación de Bizkaia para que determine si es la institución foral vizcaína la que debe “sancionar de oficio” a los VTC que realicen trayectos urbanos e incumplan la ley. Bizkaia está todavía estudiando la situación. En cualquier caso, el departamento foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, al margen de las labores de control e inspección periódicas de los registros de viaje de estos VTC, trabajan en coordinación con Ertzaintza y Policías locales para detectar servicios urbanos, prohibidos por la normativa vigente. Es decir, que ese control en Donostia u otros municipios de Gipuzkoa debería pasar también en principio por una coordinación con las Policías Locales.

Precisamente la Diputación Foral de Gipuzkoa ha apuntado este martes en esa misma dirección. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha señalado en las Juntas Generales que en apenas un mes y medio de actividad, la institución foral ha detectado en el registro del Ministerio de Transportes que “se están dando servicios urbanos”, además de en Donostia, en municipios como Errenteria, Hernani, Usurbil, Irún, Oiartzun, Lasarte-Oria, Lezo o Pasaia. Ha señalado que la Diputación ha ofrecido a esas localidades formar a sus policías municipales para que puedan llevar a cabo inspecciones en la vía pública, “en el marco de sus competencias tal y como se recoge en la Ley orgánica de transportes terrestres”.

Domínguez ha señalado que están en contacto tanto con las diputaciones de Bizkaia y Álava como con el Gobierno vasco y el Ministerio de Transportes, y que se han mantenido distintas conversaciones con el sector del taxi del territorio. “No nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que hemos actuado desde el primer día”, ha indicado. Ha insistido en que están informando a los ayuntamientos de estos trayectos y “ofreciéndoles también la pertinente formación a sus policías locales, y que nuestros inspectores puedan colaborar también en esta inspección con las policías municipales”. A su juicio, “la coordinación y colaboración institucional son fundamentales para poder abordar esta cuestión que se genera en los trayectos urbanos”.

En el caso de Bizkaia, la Diputación ha elaborado un protocolo específico de inspección para VTC, que ha sido distribuido tanto a la Ertzaintza como a todos los ayuntamientos del territorio. Este documento establece qué aspectos deben comprobar los agentes durante las inspecciones y qué administración es competente para tramitar cada tipo de infracción. La difusión de este protocolo ha facilitado la detección de irregularidades y ha contribuido a que durante 2025 se haya producido un incremento de denuncias remitidas por distintas policías locales, especialmente desde municipios como Bilbao o Getxo. “El control del transporte no depende de una sola administración. Requiere coordinación entre la Diputación, las policías locales y la Ertzaintza. Cuando todos los agentes conocen qué deben controlar y cómo hacerlo, la capacidad de supervisión del sistema aumenta”, han señalado desde el departamento vizcaíno de Movilidad. El sistema de coordinación se une a la actividad de inspección del transporte.

Las irregularidades en el funcionamiento de plataformas como Uber o Cabify tiene a los taxistas en pie de guerra. Tanto en Bilbao como en Donostia han protagonizado protestas por lo que consideran “competencia desleal”. En Vitoria también están los taxistas revolucionados por sistema de guardias que quiere imponer el Ayuntamiento para reforzar el servicio, sobre todo en noches de sábados y vísperas de festivos. La concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, del PNV, buscará el apoyo de alguno de los grupos de la oposición -EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin- para sacar adelante la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxis. El Ayuntamiento busca una salida ante la negativa que ha dado el sector del taxi de la capital alavesa, en asamblea, al preacuerdo existente sobre la nueva ordenanza.

Los taxis de Logroño tendrán varias novedades en las próximas semanas. Al aumento de taxis durante las noches, una reclamación solicitada desde hace años por la ciudadanía y asegura a través de una instrucción del Ayuntamiento de Logroño, se suman el cambio en la parada del Paseo del Espolón y la subida de las tarifas, según las peticiones del colectivo de taxistas.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto con el presidente de la Asociación de Taxistas de Logroño, Ángel Ortigosa, ha presentado esta mañana las diversas novedades. “La mejora de la movilidad en la ciudad es clave para este ejecutivo y con estas medidas se logra este primer objetivo a la par que se apoya al colectivo del taxi”, ha asegurado el concejal.

Sobre los servicios mínimos durante la noche, que entrará en vigor el 1 de abril, Ángel Andrés ha informado de que “se ha establecido una franja horaria de especial control para la prestación de este servicio, entre las 23:00 y las 7:00 horas durante todos los días de la semana, que deberá cubrirse con un mínimo de cinco taxis de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos será obligatorio que haya un mínimo de 10 vehículos a disposición de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento deja a las asociaciones del sector la libertad de organizarse y articular la mejor manera para garantizar el cumplimiento de la resolución. No obstante, de manera trimestral, dichas asociaciones presentarán a las autoridades una relación detallada de las licencias que han cubierto esos servicios mínimos.

Además, se ha modificado la parada de taxi de la Plaza del Espolón de la calle Muro de Francisco de la Mata a la calle Miguel Villanueva. “Esto responde a la solicitud por parte de los taxistas de buscar un emplazamiento con mejor salida a todas las direcciones de la ciudad, además de ser un enclave con más sombra y mejor accesibilidad a la acera para los usuarios”, ha dicho el concejal.

También ha apuntado que el Ayuntamiento ha escuchado la solicitud de revisión tarifaria. “Teniendo en cuenta que nuestra ciudad es una de las más baratas de España y que no se modificaban desde 2022, la Junta de Gobierno ha aprobado una revisión tarifaria que busca acercarse al incremento que ha sufrido el IPC en estos años, sin llegar a equipararlo”. Esta subida correspondería al 11,7% mientras que, según ha apuntado, “el IPC ha subido en estos cuatro años más de un 15%”. “Las nuevas tarifas, se han consensuado con el sector y se han trasladado a la Comisión Regional de Precios del Gobierno de la Rioja proponiendo su aprobación que, de confirmarse, sería en las próximas semanas”. El edil municipal ha destacado que “esto permitirá que el sector del taxi sea más atractivo, y suponga un reclamo para las nuevas licencias que se licitarán en un futuro para su concurrencia”.

Actualmente, la ciudad cuenta con 101 licencias de taxis en activo, que dan trabajo también a 6 taxistas asalariados. De estos vehículos, 15 de ellos están adaptados para personas con movilidad reducida. Logroño cuenta con ocho paradas repartidas por toda la ciudad, incluida la nueva parada de El Espolón, en la calle Miguel Villanueva.

Los taxistas de Gipuzkoa se disputan con Uber la temporada de 'txotx'. Recién aterrizada la plataforma de VTC en territorio guipuzcoano, no sin polémica por haberlo hecho casi por sorpresa y con licencias expedidas en Bizkaia, taxis y Uber pujan ahora por ser los elegidos como medio de transporte para el desplazamiento a las sidrerías, ahora en temporada alta, donde los usuarios optan cada vez más por transportes al margen de los coches particulares para olvidarse de conducir, y poder degustar la sidra, y también librarse de los problemas de aparcamiento. Este martes los taxistas de Gipuzkoa han anunciado un acuerdo con la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa. Hace apenas una semana fue Uber el que anunció el acuerdo y los descuentos que se ofrecerán a los usuarios de estos establecimientos en sus desplazamientos.

“La sidrería apuesta por el taxi”, dice el portavoz de la Asociación de Taxistas de Gipuzkoa, Goyo Elías. “Prima el arraigo popular, porque optar por nosotros es como optar por pequeños establecimientos, como por el pequeño comercio frente a las grandes cadenas”, señala, aunque no quiere presentar este acuerdo como una forma de contrarrestar a Uber. “No es la primera vez que tenemos este marco de colaboración”, dice, aunque reconoce que es la primera vez que se hace público como se ha hecho en esta ocasión, a través de un comunicado enviado a los medios. “Nosotros sólo queremos que Uber cumpla la ley, como la tenemos que cumplir nosotros”, señala. Mientras tanto, buscan publicitar sus acuerdos y servicios al menos tanto como la plataforma multinacional. “Nosotros hemos estado siempre aquí y seguimos estando”, asegura Elías.

El acuerdo anunciado este martes supone que “la relación histórica entre la Asociación Radio Taxi Donostia y la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa alcanza una nueva dimensión”. Por un lado, por la plena operatividad de la Zona de Régimen Especial (ZRE) de Donostialdea -que permite que los taxis se puedan mover con libertad en determinados municipios, entre ellos los que son claves en la temporada de sidrerías, como Astigarraga, Hernani, Urnieta, Usurbil y Oiartzun. Por otro lado, por la consolidación de la figura del “socio colaborador”. Se trata de una figura, impulsada por Radio Taxi Donosti, que permite que los taxistas locales de Astigarraga (integrados desde julio de 2025) y Hernani (incorporados en diciembre de 2025) trabajen de forma coordinada bajo una misma centralita. “Este sistema asegura que las llamadas de las personas usuarias sean atendidas las 24 horas del día, otorgando prioridad a los profesionales del propio municipio y activando el refuerzo de la flota de Donostia solo cuando la demanda local se ve desbordada”, detalla Elías. En esta ZRE se incluyen un total de 308 taxis, de los 118 son de los diez municipios integrados.

Hasta el momento, en Astigarraga se han atendido más de 2.000 servicios desde su integración, mientras que en Hernani ya se contabilizan más de 200 servicios bajo este modelo. En el caso de las sidrerías, desde la apertura de la temporada 2026 hasta la fecha, se contabilizan en ambas localidades más de 650 servicios atendidos, lo que “demuestra un refuerzo real de la estructura de transporte”.

Olatz Mitxelena, coordinadora de la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa, ha destacado la importancia de este servicio: “Llevamos muchos años intentando buscar la mejor manera de gestionar los trayectos desde y hasta nuestras sidrerías. A día de hoy, contamos con muchas sidrerías que durante la semana buscan la mejor opción de transporte para sus clientes, ya que es muy importante que la experiencia completa sea un éxito. Por ello, el sector de la sidra agradece los pasos que se han dado en los últimos años para mejorar la gestión del transporte para sus sidrerías con la creación de la ZRE y la gestión telefónica de las solicitudes del servicio para cuando así se requiera”, ha señalado Mitxelena.

Tanto el representante de los taxistas como de las sidrerías han destacado que “más allá de la logística propia de estos meses, esta alianza histórica pretende consolidarse como un espacio estratégico donde ambos sectores, profundamente arraigados en la cultura guipuzcoana, sigan construyendo un servicio de excelencia para la persona usuaria”. En este sentido, señalan que el taxi y las sidrerías “no son sólo servicios, son activos locales formados por profesionales con arraigo local, que viven en nuestros pueblos y son reconocidos por su nombre por los propios ciudadanos y ciudadanas”, y que reivindican el valor de la “cercanía y la identidad”, han señalado.

Lo cierto es que pese a este reconocimiento del taxi como “activo local”, la asociación de sidrerías de Gipuzkoa también ha suscrito un acuerdo con Uber en el que está presente la Asociación de Hosteleros de Gipuzkoa. En virtud de este acuerdo, que anunció la pasada semana, la plataforma ofrece los usuarios un 20% de descuento en sus viajes cuando el origen o destino de su trayecto sea una de las 40 sidrerías en zonas como Astigarraga, Hernani, Urnieta y Usurbil. “Esta iniciativa nos ayuda a proporcionar otra oportunidad a las personas que a lo largo de toda la semana se acercan a algunas de nuestras sidrerías. A día de hoy todavía contamos con muchas sidrerías que abren sus puertas desde el lunes hasta el domingo. La opción que nos brinda Uber junto con las últimas decisiones por parte de Taxi Donostia contribuyen a que las personas que disfrutan de la sidra puedan volver a casa”, asegura Olatz Mitxelena.

Movilización el 26 de marzo en Donostia contra el “intrusismo” de Uber

Este anuncio llega cuando está convocada el día 26 de marzo una nueva movilización “contra el intrusismo de Uber”, esta vez en Donostia, después de la que tuvo lugar el pasado 4 de febrero en Bilbao. “La Administración Pública continúa tolerando el ilícito intrusismo profesional” de plataformas como Uber que “cometen en perjuicio del taxi a través de VTC”, han señalado desde la Plataforma Vasca del Taxi, que han acusado al alcalde de Donostia, Jon Itxausti, de “falta absoluta de interés” en que las VTC “cumplan con el estricto marco normativo”.

“Nos sorprende que diferentes representantes políticos toleren este intrusismo porque Uber tiene su domicilio fiscal en Holanda, por lo que declara sus ingresos allí y la mayoría de sus comisiones por servicio tributan fuera del territorio vasco” y porque “la gran mayoría de empresas que tienen autorizaciones VTC y que cooperan con estas plataformas, tienen su domicilio en Madrid, así que tampoco tributan en nuestro territorio”, han señalado.

Por su parte, el alcalde de Donostia ha instado a convocar el Consejo del taxi para abordar la situación del sector ha señalado que el Consistorio donostiarra está “regulando el tráfico, como hace siempre”. “Es la única competencia que tenemos actualmente”, ha señalado. Es decir que hacer los vehículos de Uber “respeten los carriles en los que pueden operar” y no circulen por los carriles bus que usan también los taxis; para que “no hagan ciertos giros que los taxis sí pueden hacer”, y para que no usen las paradas de taxi.

También la Diputación de Gipuzkoa se ha referido este martes a este conflicto. La portavoz, Irune Berasaluze, ha considerado que hay un “vacío legal” en la regulación de la actividad de la plataforma Uber en Donostia y ha reiterado que la institución foral no tiene competencia en el área urbana para llevar a cabo la citada regulación. “Nosotros estamos operando con la legislación del Estado que se trasladó esa competencia vía decreto Ábalos en el 2018 a las comunidades autónomas y, en virtud de ello, las diputaciones forales sí podemos dar las licencias para estas VTC para que puedan operar en trama interurbana, que es lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, por parte de la Diputación de Bizkaia”, ha explicado.

Tras señalar que la Diputación foral no tiene competencia en el área urbana, ha insistido en que “quizás sí falta esa regulación para dotar a toda esta cuestión de una mayor seguridad jurídica”. En cuanto a la petición del alcalde donostiarra de que se convoque el Consejo del Taxi para abordar la situación del sector tras el desembarco de Uber en la ciudad, ha afirmado que “si hay que hacerlo, se hará”.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV ha exigido a Uber, que arrancó en febrero su actividad en la ciudad, que el servicio que preste en la capital guipuzcoana sea “eficiente” y “accesible”, pero también “en euskera”. Además, ha solicitado a la empresa información “ampliada y detallada” del marco legal por el cual han empezado a operar, ya que disponen de licencias vizcaínas.

Insausti ha mantenido esta semana una reunión con representantes de Uber en la que la empresa ha dado cuenta del servicio que ha empezado a prestar en la capital guipuzcoana. La compañía se ha comprometido a proporcionar la documentación para que pueda ser analizada por los servicios jurídicos, según han explicado desde el Ayuntamiento. El alcalde ha defendido el principio de que “las mismas reglas deben aplicarse a todos los operadores” y considera que la competencia “solo puede ser justa si se desarrolla en igualdad de condiciones y dentro de un marco normativo claro”, informa Europa Press.

Además, ha reiterado en la reunión su prioridad de garantizar que los donostiarras “dispongan del mejor servicio posible de transporte de personas”. Demanda “un servicio seguro, de calidad, accesible y eficiente”, a lo que el alcalde ha añadido el componente lingüístico de “garantizar el uso del euskera”.

El problema de los taxis nocturnos de Logroño viene de largo. Hace años que resulta muy complicado coger un taxi en Logroño, especialmente durante las noches del fin de semana. Las largas filas y las discusiones para coger uno son habituales, mientras las soluciones parecían no llegar. Ahora, el Ayuntamiento de Logroño ha elaborado una Instrucción, que ya se ha publicado en el BOR, para garantizar la cobertura mínima del servicio en horario nocturno.

A través de esta instrucción, se marca, para el horario de 23.00 horas a 7.00 horas del día siguiente, un servicio mínimo de diez licencias operativas viernes, sábado y vísperas de festivo y cinco de domingo a jueves. Asimismo, deberá preverse un mínimo de cinco licencias adicionales en situación de disponibilidad sustitutoria para atender incidencias o imposibilidad sobrevenida de prestación del servicio. Esta resolución entra en vigor el 1 de abril y el primer periodo de aplicación durará hasta el 30 de junio.

El Ayuntamiento de Logroño se reserva la capacidad de ampliar los niveles de cobertura mediante una resolución motivada en caso de circunstancias de especial afluencia de público, celebración de eventos extraordinarios, festividades locales o cualquier otra situación que implique un incremento significativo de la demanda del servicio.

Dentro de los diez primeros días hábiles de cada trimestre natural, las asociaciones representativas del sector remitirán al Ayuntamiento la relación detallada de las licencias que hayan garantizado la cobertura mínima en cada una de las noches del mes anterior, especificando fecha y número de licencia, en un único documento. La Instrucción recoge que el Ayuntamiento podrá seleccionar aleatoriamente determinadas licencias para acreditar su disponibilidad.

También recogen el régimen sancionador conforme a la Ley 8/2005, de Transporte Urbano por Carretera de La Rioja por la falta de información requerida, la negativa a colaborar con las actuaciones inspectoras o el incumplimiento no justificado de los niveles mínimos de cobertura.

El Ayuntamiento de Logroño busca dar respuesta así a las “diversas quejas” que aseguran haber recibido y después de constatar “la existencia de deficiencias” en la cobertura del servicio nocturno. Desde el consistorio recuerda que “el servicio de autotaxi es un servicio público de interés general cuya continuidad y adecuada prestación deben garantizarse en todo momento, especialmente en aquellas franjas horarias en las que la demanda resulta socialmente más sensible”. Por ello, justifican que la adopción de medidas organizativas inmediatas resulta “necesario y urgente”, sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente ordenanza municipal reguladora del servicio.

La voraz competencia existente entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify ante un perfil muy similar de potenciales usuarios vive momentos de máxima tensión.

Los representantes de ambas modalidades se han manifestado en los últimos días por considerar que sus derechos se están viendo amenazados por el contrario. Las movilizaciones se enmarcan en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad, anunciado por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. Las asociaciones del sector del taxi prevén convocar nuevas concentraciones y paros durante todo el mes de marzo. Por su parte, las patronales mayoritarias de las VTC lanzaron una campaña de concienciación, con carteles instalados en los reposacabezas de los vehículos, para alertar a los ciudadanos de los “graves efectos” del futuro decreto y pedir al Consell que recapacite.

En concreto, los taxistas hicieron una huelga de 24 horas este miércoles 25 de febrero con protestas y manifestaciones por toda la Comunitat Valenciana. El sector del taxi, al menos las entidades que apoyaron la movilización y que representan a una mayoría (Confederación de Taxistas Autónomos, Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas, USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association) exigen que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los VTC, un equilibrio que se ha venido cifrando en una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, ese ratio hace tiempo que dejó de cumplirse puesto que en la actualidad la Comunitat Valenciana cuenta con 4.700 licencias de taxi y 1.800 de VTC, es decir, un permiso de VTC por cada 2,6 de taxis.

Las entidades reconocieron la buena predisposición de Martínez Mus, para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los VTC, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que abre una vía para la liberalización del sector y supone una amenaza para los taxistas, decidieron movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, explicaron.

Este fallo de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del pasado 21 de noviembre, recurrido por el sector del taxi, viene a avalar que los VTC puedan hacer servicios urbanos, un aspecto que no clarifica la ley 4/2019 que regula el servicio de VTC en la Comunitat Valenciana, y que para los taxistas es una puerta abierta para la liberalización del sector y para el servicio sin límite de los VTC.

El mencionado decreto establece en su artículo 1 que su objeto es “regular el transporte de personas viajeras en vehículos de turismo en régimen de arrendamiento con conductor (VTC) que se realice íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana” sin especificar si se trata de trayectos urbanos o interurbanos, un vacío que la Justicia interpreta que no impide ese tipo de servicios.

Protesta de los VTC

Pero si los taxistas están en pie de guerra al verse amenazados por los VTC, estos últimos no se quedan atrás y también realizaron una protesta masiva este jueves 26 de febrero. Fuentes del sector informaron de que más de 1.000 VTC se manifestaron en València en una marcha lenta organizada por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), con el apoyo de MOVVA, Unauto VTC y Feneval - VTC, para rechazar el decreto ley que prepara la Generalitat Valenciana y que según ellos limita la actividad de los VTC en los entornos urbanos.

Según explican, esta medida, de aprobarse, pondría en riesgo “la estabilidad de alrededor de 5.000 empleos en la Comunitat Valenciana y afecta gravemente a la oferta de este servicio, que se reduce en un 40%, perjudicando a los usuarios”. Además, se eliminarían “más de 104 millones de euros en salarios, se perderían más de 56 millones de euros en ingresos fiscales, y más de 42 millones de euros en gastos relacionados con suministros y servicios locales, que repercuten directamente en la economía de la Comunitat Valenciana”.

Al inicio de la concentración, los portavoces del sector de los VTC expresaron su rechazo a la normativa y criticaron la falta de información y diálogo por parte de la Generalitat. El secretario de Organización del sindicato SLT, José María Cazallas, subrayó que “los sindicatos que representamos a los trabajadores de los VTC no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Generalitat: les hemos pedido una reunión y no nos han contestado y la situación es que ahora no sabemos a qué atenernos para decirnos qué va a pasar”. Cazallas lamentó que se esté hablando de “una norma que afecta al 80% de la actividad de los VTC, que son trayectos dentro de las ciudades, sobre todo Valencia y Alicante, por lo que, si no nos permiten este tipo de servicios, muchos conductores dejarían de trabajar. Estamos hablando de más de 5.000 puestos de trabajo que irían al paro”.

La Generalitat Valenciana llama al diálogo

La Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) para “intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca” tras sus protestas de los dos últimos días, según avanzó el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Mus afirmó que ambos sectores “tienen toda la legitimidad del mundo” para mostrar sus reivindicaciones, al tiempo que señaló que “hay que ver cómo recibe la sociedad” estas protestas. “No sé si es la mejor manera de ganarse a la población con ese tipo de medidas”, dijo. “Pero, en cierta manera, lo que nos preocupa a la Consellería es encontrar la manera de hacer que esa cohabitación que ya llevan haciendo en los últimos años sea más razonable y que, además, sirva para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible”, comentó.

Es por eso que el conseller anunció que han convocado para la próxima semana a ambos sectores a una mesa para “entre todos para intentar buscar la manera de que todas las partes tengan una solución que les complazca si es posible”. “Y si no lo es, tendremos que tomar las decisiones oportunas”, advirtió.

Un conflicto que se remonta al año 2009

El conflicto entre el sector del taxi y los VTC viene del año 2009, cuando el Ministerio de Fomento, competente en la materia, modificó la normativa y dejó un vacío legal que aprovecharon diversas empresas para solicitar cientos de licencias de vehículos con conductor hasta el año 2015, momento en el que la ley se clarificó y se estableció el ratio legal por el que se considera que para que haya un equilibrio entre ambas modalidades de transporte, debe haber una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, en ese periodo se solicitaron miles de licencias en toda España a cambio de una tasa de entre 35 y los 40 euros. Licencias que hoy valen miles de euros. Las administraciones trataron de frenar este boom denegando licencias acogiéndose al ratio, pero las empresas que compraron las licencias de VTC, esgrimiendo ese vacío, recurrieron y hasta ahora los juzgados les han ido dando la razón cuando se trata de permisos denegados en ese periodo de tiempo.