Izquierda Unida va a pedir al equipo de gobierno del PP de Santander que explique, en el próximo pleno del Ayuntamiento, cómo va la adecuación a la normativa autonómica del reglamento que regula el sector del taxi en la ciudad, porque ha señalado que hay que hacerlo para septiembre de 2026.

El único concejal de la formación en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha recordado, en una nota de prensa, que esa adaptación se iba a aprobar, “en teoría”, en noviembre, ya que la norma de la comunidad autónoma salió adelante en 2024 y tiene que aplicarse en los ayuntamientos en 2026.

Martínez se ha preguntado si esa adaptación estará para el verano. “Estamos hablando de un servicio público importante para la movilidad urbana, para muchos trabajadores del sector y también para personas mayores o con problemas de accesibilidad. Conviene que las adaptaciones no se dejen para el último momento”, ha afirmado.

Las plataformas de VTC -Uber o Cabify- que operan en Euskadi no pueden hacer trayectos urbanos. Sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. Es decir, no pueden coger al cliente en un punto de una ciudad, como Bilbao, y llevarle a otro punto de la misma ciudad. No pueden, pero lo hacen; y ésa es una de las quejas habituales de los taxistas. Si a través de sus aplicaciones de contratación se busca un recorrido urbano, se accede a él sin problema si hay disponibilidad de coches. Las instituciones lo saben e intentan poner coto a las irregularidades mediante sanciones que pueden ir a más.

La polémica que ha arrancado en Bilbao, y en Bizkaia, donde estas plataformas llevan ya tiempo operando, se ha trasladado ahora a Donostia y a Gipuzkoa con el reciente desembarco de Uber en la capital donostiarra. La Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto en lo que va de año 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y sólo una a un taxista.

Donostia y Gipuzkoa también quieren acotar el servicio de los Uber dentro de la legalidad y que se sancione a los que lo incumplan y hagan trayectos interurbanos. Y esos trayectos irregulares ya se han detectado en Donostia y también en otros municipios de Gipuzkoa. El problema es que las licencias con las que operan los Uber en Gipuzkoa se han concedido en Bizkaia, ya que las licencias se conceden para la comunidad autónoma. Es decir, una vez que adquirieron la licencia para operar en Bizkaia pueden hacerlo en cualquier municipio de Euskadi. Otra cosa es qué supone que la licencia sea de Bizkaia, a la hora de imponer sanciones.

El Ayuntamiento de Donostia ha enviado un requerimiento a la Diputación de Bizkaia para que determine si es la institución foral vizcaína la que debe “sancionar de oficio” a los VTC que realicen trayectos urbanos e incumplan la ley. Bizkaia está todavía estudiando la situación. En cualquier caso, el departamento foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, al margen de las labores de control e inspección periódicas de los registros de viaje de estos VTC, trabajan en coordinación con Ertzaintza y Policías locales para detectar servicios urbanos, prohibidos por la normativa vigente. Es decir, que ese control en Donostia u otros municipios de Gipuzkoa debería pasar también en principio por una coordinación con las Policías Locales.

Precisamente la Diputación Foral de Gipuzkoa ha apuntado este martes en esa misma dirección. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha señalado en las Juntas Generales que en apenas un mes y medio de actividad, la institución foral ha detectado en el registro del Ministerio de Transportes que “se están dando servicios urbanos”, además de en Donostia, en municipios como Errenteria, Hernani, Usurbil, Irún, Oiartzun, Lasarte-Oria, Lezo o Pasaia. Ha señalado que la Diputación ha ofrecido a esas localidades formar a sus policías municipales para que puedan llevar a cabo inspecciones en la vía pública, “en el marco de sus competencias tal y como se recoge en la Ley orgánica de transportes terrestres”.

Domínguez ha señalado que están en contacto tanto con las diputaciones de Bizkaia y Álava como con el Gobierno vasco y el Ministerio de Transportes, y que se han mantenido distintas conversaciones con el sector del taxi del territorio. “No nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que hemos actuado desde el primer día”, ha indicado. Ha insistido en que están informando a los ayuntamientos de estos trayectos y “ofreciéndoles también la pertinente formación a sus policías locales, y que nuestros inspectores puedan colaborar también en esta inspección con las policías municipales”. A su juicio, “la coordinación y colaboración institucional son fundamentales para poder abordar esta cuestión que se genera en los trayectos urbanos”.

En el caso de Bizkaia, la Diputación ha elaborado un protocolo específico de inspección para VTC, que ha sido distribuido tanto a la Ertzaintza como a todos los ayuntamientos del territorio. Este documento establece qué aspectos deben comprobar los agentes durante las inspecciones y qué administración es competente para tramitar cada tipo de infracción. La difusión de este protocolo ha facilitado la detección de irregularidades y ha contribuido a que durante 2025 se haya producido un incremento de denuncias remitidas por distintas policías locales, especialmente desde municipios como Bilbao o Getxo. “El control del transporte no depende de una sola administración. Requiere coordinación entre la Diputación, las policías locales y la Ertzaintza. Cuando todos los agentes conocen qué deben controlar y cómo hacerlo, la capacidad de supervisión del sistema aumenta”, han señalado desde el departamento vizcaíno de Movilidad. El sistema de coordinación se une a la actividad de inspección del transporte.

Las irregularidades en el funcionamiento de plataformas como Uber o Cabify tiene a los taxistas en pie de guerra. Tanto en Bilbao como en Donostia han protagonizado protestas por lo que consideran “competencia desleal”. En Vitoria también están los taxistas revolucionados por sistema de guardias que quiere imponer el Ayuntamiento para reforzar el servicio, sobre todo en noches de sábados y vísperas de festivos. La concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, del PNV, buscará el apoyo de alguno de los grupos de la oposición -EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin- para sacar adelante la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxis. El Ayuntamiento busca una salida ante la negativa que ha dado el sector del taxi de la capital alavesa, en asamblea, al preacuerdo existente sobre la nueva ordenanza.

Los taxis de Logroño tendrán varias novedades en las próximas semanas. Al aumento de taxis durante las noches, una reclamación solicitada desde hace años por la ciudadanía y asegura a través de una instrucción del Ayuntamiento de Logroño, se suman el cambio en la parada del Paseo del Espolón y la subida de las tarifas, según las peticiones del colectivo de taxistas.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto con el presidente de la Asociación de Taxistas de Logroño, Ángel Ortigosa, ha presentado esta mañana las diversas novedades. “La mejora de la movilidad en la ciudad es clave para este ejecutivo y con estas medidas se logra este primer objetivo a la par que se apoya al colectivo del taxi”, ha asegurado el concejal.

Sobre los servicios mínimos durante la noche, que entrará en vigor el 1 de abril, Ángel Andrés ha informado de que “se ha establecido una franja horaria de especial control para la prestación de este servicio, entre las 23:00 y las 7:00 horas durante todos los días de la semana, que deberá cubrirse con un mínimo de cinco taxis de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos será obligatorio que haya un mínimo de 10 vehículos a disposición de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento deja a las asociaciones del sector la libertad de organizarse y articular la mejor manera para garantizar el cumplimiento de la resolución. No obstante, de manera trimestral, dichas asociaciones presentarán a las autoridades una relación detallada de las licencias que han cubierto esos servicios mínimos.

Además, se ha modificado la parada de taxi de la Plaza del Espolón de la calle Muro de Francisco de la Mata a la calle Miguel Villanueva. “Esto responde a la solicitud por parte de los taxistas de buscar un emplazamiento con mejor salida a todas las direcciones de la ciudad, además de ser un enclave con más sombra y mejor accesibilidad a la acera para los usuarios”, ha dicho el concejal.

También ha apuntado que el Ayuntamiento ha escuchado la solicitud de revisión tarifaria. “Teniendo en cuenta que nuestra ciudad es una de las más baratas de España y que no se modificaban desde 2022, la Junta de Gobierno ha aprobado una revisión tarifaria que busca acercarse al incremento que ha sufrido el IPC en estos años, sin llegar a equipararlo”. Esta subida correspondería al 11,7% mientras que, según ha apuntado, “el IPC ha subido en estos cuatro años más de un 15%”. “Las nuevas tarifas, se han consensuado con el sector y se han trasladado a la Comisión Regional de Precios del Gobierno de la Rioja proponiendo su aprobación que, de confirmarse, sería en las próximas semanas”. El edil municipal ha destacado que “esto permitirá que el sector del taxi sea más atractivo, y suponga un reclamo para las nuevas licencias que se licitarán en un futuro para su concurrencia”.

Actualmente, la ciudad cuenta con 101 licencias de taxis en activo, que dan trabajo también a 6 taxistas asalariados. De estos vehículos, 15 de ellos están adaptados para personas con movilidad reducida. Logroño cuenta con ocho paradas repartidas por toda la ciudad, incluida la nueva parada de El Espolón, en la calle Miguel Villanueva.

Los taxistas de Gipuzkoa se disputan con Uber la temporada de 'txotx'. Recién aterrizada la plataforma de VTC en territorio guipuzcoano, no sin polémica por haberlo hecho casi por sorpresa y con licencias expedidas en Bizkaia, taxis y Uber pujan ahora por ser los elegidos como medio de transporte para el desplazamiento a las sidrerías, ahora en temporada alta, donde los usuarios optan cada vez más por transportes al margen de los coches particulares para olvidarse de conducir, y poder degustar la sidra, y también librarse de los problemas de aparcamiento. Este martes los taxistas de Gipuzkoa han anunciado un acuerdo con la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa. Hace apenas una semana fue Uber el que anunció el acuerdo y los descuentos que se ofrecerán a los usuarios de estos establecimientos en sus desplazamientos.

“La sidrería apuesta por el taxi”, dice el portavoz de la Asociación de Taxistas de Gipuzkoa, Goyo Elías. “Prima el arraigo popular, porque optar por nosotros es como optar por pequeños establecimientos, como por el pequeño comercio frente a las grandes cadenas”, señala, aunque no quiere presentar este acuerdo como una forma de contrarrestar a Uber. “No es la primera vez que tenemos este marco de colaboración”, dice, aunque reconoce que es la primera vez que se hace público como se ha hecho en esta ocasión, a través de un comunicado enviado a los medios. “Nosotros sólo queremos que Uber cumpla la ley, como la tenemos que cumplir nosotros”, señala. Mientras tanto, buscan publicitar sus acuerdos y servicios al menos tanto como la plataforma multinacional. “Nosotros hemos estado siempre aquí y seguimos estando”, asegura Elías.

El acuerdo anunciado este martes supone que “la relación histórica entre la Asociación Radio Taxi Donostia y la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa alcanza una nueva dimensión”. Por un lado, por la plena operatividad de la Zona de Régimen Especial (ZRE) de Donostialdea -que permite que los taxis se puedan mover con libertad en determinados municipios, entre ellos los que son claves en la temporada de sidrerías, como Astigarraga, Hernani, Urnieta, Usurbil y Oiartzun. Por otro lado, por la consolidación de la figura del “socio colaborador”. Se trata de una figura, impulsada por Radio Taxi Donosti, que permite que los taxistas locales de Astigarraga (integrados desde julio de 2025) y Hernani (incorporados en diciembre de 2025) trabajen de forma coordinada bajo una misma centralita. “Este sistema asegura que las llamadas de las personas usuarias sean atendidas las 24 horas del día, otorgando prioridad a los profesionales del propio municipio y activando el refuerzo de la flota de Donostia solo cuando la demanda local se ve desbordada”, detalla Elías. En esta ZRE se incluyen un total de 308 taxis, de los 118 son de los diez municipios integrados.

Hasta el momento, en Astigarraga se han atendido más de 2.000 servicios desde su integración, mientras que en Hernani ya se contabilizan más de 200 servicios bajo este modelo. En el caso de las sidrerías, desde la apertura de la temporada 2026 hasta la fecha, se contabilizan en ambas localidades más de 650 servicios atendidos, lo que “demuestra un refuerzo real de la estructura de transporte”.

Olatz Mitxelena, coordinadora de la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa, ha destacado la importancia de este servicio: “Llevamos muchos años intentando buscar la mejor manera de gestionar los trayectos desde y hasta nuestras sidrerías. A día de hoy, contamos con muchas sidrerías que durante la semana buscan la mejor opción de transporte para sus clientes, ya que es muy importante que la experiencia completa sea un éxito. Por ello, el sector de la sidra agradece los pasos que se han dado en los últimos años para mejorar la gestión del transporte para sus sidrerías con la creación de la ZRE y la gestión telefónica de las solicitudes del servicio para cuando así se requiera”, ha señalado Mitxelena.

Tanto el representante de los taxistas como de las sidrerías han destacado que “más allá de la logística propia de estos meses, esta alianza histórica pretende consolidarse como un espacio estratégico donde ambos sectores, profundamente arraigados en la cultura guipuzcoana, sigan construyendo un servicio de excelencia para la persona usuaria”. En este sentido, señalan que el taxi y las sidrerías “no son sólo servicios, son activos locales formados por profesionales con arraigo local, que viven en nuestros pueblos y son reconocidos por su nombre por los propios ciudadanos y ciudadanas”, y que reivindican el valor de la “cercanía y la identidad”, han señalado.

Lo cierto es que pese a este reconocimiento del taxi como “activo local”, la asociación de sidrerías de Gipuzkoa también ha suscrito un acuerdo con Uber en el que está presente la Asociación de Hosteleros de Gipuzkoa. En virtud de este acuerdo, que anunció la pasada semana, la plataforma ofrece los usuarios un 20% de descuento en sus viajes cuando el origen o destino de su trayecto sea una de las 40 sidrerías en zonas como Astigarraga, Hernani, Urnieta y Usurbil. “Esta iniciativa nos ayuda a proporcionar otra oportunidad a las personas que a lo largo de toda la semana se acercan a algunas de nuestras sidrerías. A día de hoy todavía contamos con muchas sidrerías que abren sus puertas desde el lunes hasta el domingo. La opción que nos brinda Uber junto con las últimas decisiones por parte de Taxi Donostia contribuyen a que las personas que disfrutan de la sidra puedan volver a casa”, asegura Olatz Mitxelena.

Movilización el 26 de marzo en Donostia contra el “intrusismo” de Uber

Este anuncio llega cuando está convocada el día 26 de marzo una nueva movilización “contra el intrusismo de Uber”, esta vez en Donostia, después de la que tuvo lugar el pasado 4 de febrero en Bilbao. “La Administración Pública continúa tolerando el ilícito intrusismo profesional” de plataformas como Uber que “cometen en perjuicio del taxi a través de VTC”, han señalado desde la Plataforma Vasca del Taxi, que han acusado al alcalde de Donostia, Jon Itxausti, de “falta absoluta de interés” en que las VTC “cumplan con el estricto marco normativo”.

“Nos sorprende que diferentes representantes políticos toleren este intrusismo porque Uber tiene su domicilio fiscal en Holanda, por lo que declara sus ingresos allí y la mayoría de sus comisiones por servicio tributan fuera del territorio vasco” y porque “la gran mayoría de empresas que tienen autorizaciones VTC y que cooperan con estas plataformas, tienen su domicilio en Madrid, así que tampoco tributan en nuestro territorio”, han señalado.

Por su parte, el alcalde de Donostia ha instado a convocar el Consejo del taxi para abordar la situación del sector ha señalado que el Consistorio donostiarra está “regulando el tráfico, como hace siempre”. “Es la única competencia que tenemos actualmente”, ha señalado. Es decir que hacer los vehículos de Uber “respeten los carriles en los que pueden operar” y no circulen por los carriles bus que usan también los taxis; para que “no hagan ciertos giros que los taxis sí pueden hacer”, y para que no usen las paradas de taxi.

También la Diputación de Gipuzkoa se ha referido este martes a este conflicto. La portavoz, Irune Berasaluze, ha considerado que hay un “vacío legal” en la regulación de la actividad de la plataforma Uber en Donostia y ha reiterado que la institución foral no tiene competencia en el área urbana para llevar a cabo la citada regulación. “Nosotros estamos operando con la legislación del Estado que se trasladó esa competencia vía decreto Ábalos en el 2018 a las comunidades autónomas y, en virtud de ello, las diputaciones forales sí podemos dar las licencias para estas VTC para que puedan operar en trama interurbana, que es lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, por parte de la Diputación de Bizkaia”, ha explicado.

Tras señalar que la Diputación foral no tiene competencia en el área urbana, ha insistido en que “quizás sí falta esa regulación para dotar a toda esta cuestión de una mayor seguridad jurídica”. En cuanto a la petición del alcalde donostiarra de que se convoque el Consejo del Taxi para abordar la situación del sector tras el desembarco de Uber en la ciudad, ha afirmado que “si hay que hacerlo, se hará”.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV ha exigido a Uber, que arrancó en febrero su actividad en la ciudad, que el servicio que preste en la capital guipuzcoana sea “eficiente” y “accesible”, pero también “en euskera”. Además, ha solicitado a la empresa información “ampliada y detallada” del marco legal por el cual han empezado a operar, ya que disponen de licencias vizcaínas.

Insausti ha mantenido esta semana una reunión con representantes de Uber en la que la empresa ha dado cuenta del servicio que ha empezado a prestar en la capital guipuzcoana. La compañía se ha comprometido a proporcionar la documentación para que pueda ser analizada por los servicios jurídicos, según han explicado desde el Ayuntamiento. El alcalde ha defendido el principio de que “las mismas reglas deben aplicarse a todos los operadores” y considera que la competencia “solo puede ser justa si se desarrolla en igualdad de condiciones y dentro de un marco normativo claro”, informa Europa Press.

Además, ha reiterado en la reunión su prioridad de garantizar que los donostiarras “dispongan del mejor servicio posible de transporte de personas”. Demanda “un servicio seguro, de calidad, accesible y eficiente”, a lo que el alcalde ha añadido el componente lingüístico de “garantizar el uso del euskera”.

El problema de los taxis nocturnos de Logroño viene de largo. Hace años que resulta muy complicado coger un taxi en Logroño, especialmente durante las noches del fin de semana. Las largas filas y las discusiones para coger uno son habituales, mientras las soluciones parecían no llegar. Ahora, el Ayuntamiento de Logroño ha elaborado una Instrucción, que ya se ha publicado en el BOR, para garantizar la cobertura mínima del servicio en horario nocturno.

A través de esta instrucción, se marca, para el horario de 23.00 horas a 7.00 horas del día siguiente, un servicio mínimo de diez licencias operativas viernes, sábado y vísperas de festivo y cinco de domingo a jueves. Asimismo, deberá preverse un mínimo de cinco licencias adicionales en situación de disponibilidad sustitutoria para atender incidencias o imposibilidad sobrevenida de prestación del servicio. Esta resolución entra en vigor el 1 de abril y el primer periodo de aplicación durará hasta el 30 de junio.

El Ayuntamiento de Logroño se reserva la capacidad de ampliar los niveles de cobertura mediante una resolución motivada en caso de circunstancias de especial afluencia de público, celebración de eventos extraordinarios, festividades locales o cualquier otra situación que implique un incremento significativo de la demanda del servicio.

Dentro de los diez primeros días hábiles de cada trimestre natural, las asociaciones representativas del sector remitirán al Ayuntamiento la relación detallada de las licencias que hayan garantizado la cobertura mínima en cada una de las noches del mes anterior, especificando fecha y número de licencia, en un único documento. La Instrucción recoge que el Ayuntamiento podrá seleccionar aleatoriamente determinadas licencias para acreditar su disponibilidad.

También recogen el régimen sancionador conforme a la Ley 8/2005, de Transporte Urbano por Carretera de La Rioja por la falta de información requerida, la negativa a colaborar con las actuaciones inspectoras o el incumplimiento no justificado de los niveles mínimos de cobertura.

El Ayuntamiento de Logroño busca dar respuesta así a las “diversas quejas” que aseguran haber recibido y después de constatar “la existencia de deficiencias” en la cobertura del servicio nocturno. Desde el consistorio recuerda que “el servicio de autotaxi es un servicio público de interés general cuya continuidad y adecuada prestación deben garantizarse en todo momento, especialmente en aquellas franjas horarias en las que la demanda resulta socialmente más sensible”. Por ello, justifican que la adopción de medidas organizativas inmediatas resulta “necesario y urgente”, sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente ordenanza municipal reguladora del servicio.

La voraz competencia existente entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify ante un perfil muy similar de potenciales usuarios vive momentos de máxima tensión.

Los representantes de ambas modalidades se han manifestado en los últimos días por considerar que sus derechos se están viendo amenazados por el contrario. Las movilizaciones se enmarcan en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad, anunciado por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. Las asociaciones del sector del taxi prevén convocar nuevas concentraciones y paros durante todo el mes de marzo. Por su parte, las patronales mayoritarias de las VTC lanzaron una campaña de concienciación, con carteles instalados en los reposacabezas de los vehículos, para alertar a los ciudadanos de los “graves efectos” del futuro decreto y pedir al Consell que recapacite.

En concreto, los taxistas hicieron una huelga de 24 horas este miércoles 25 de febrero con protestas y manifestaciones por toda la Comunitat Valenciana. El sector del taxi, al menos las entidades que apoyaron la movilización y que representan a una mayoría (Confederación de Taxistas Autónomos, Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas, USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association) exigen que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los VTC, un equilibrio que se ha venido cifrando en una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, ese ratio hace tiempo que dejó de cumplirse puesto que en la actualidad la Comunitat Valenciana cuenta con 4.700 licencias de taxi y 1.800 de VTC, es decir, un permiso de VTC por cada 2,6 de taxis.

Las entidades reconocieron la buena predisposición de Martínez Mus, para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los VTC, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que abre una vía para la liberalización del sector y supone una amenaza para los taxistas, decidieron movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, explicaron.

Este fallo de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del pasado 21 de noviembre, recurrido por el sector del taxi, viene a avalar que los VTC puedan hacer servicios urbanos, un aspecto que no clarifica la ley 4/2019 que regula el servicio de VTC en la Comunitat Valenciana, y que para los taxistas es una puerta abierta para la liberalización del sector y para el servicio sin límite de los VTC.

El mencionado decreto establece en su artículo 1 que su objeto es “regular el transporte de personas viajeras en vehículos de turismo en régimen de arrendamiento con conductor (VTC) que se realice íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana” sin especificar si se trata de trayectos urbanos o interurbanos, un vacío que la Justicia interpreta que no impide ese tipo de servicios.

Protesta de los VTC

Pero si los taxistas están en pie de guerra al verse amenazados por los VTC, estos últimos no se quedan atrás y también realizaron una protesta masiva este jueves 26 de febrero. Fuentes del sector informaron de que más de 1.000 VTC se manifestaron en València en una marcha lenta organizada por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), con el apoyo de MOVVA, Unauto VTC y Feneval - VTC, para rechazar el decreto ley que prepara la Generalitat Valenciana y que según ellos limita la actividad de los VTC en los entornos urbanos.

Según explican, esta medida, de aprobarse, pondría en riesgo “la estabilidad de alrededor de 5.000 empleos en la Comunitat Valenciana y afecta gravemente a la oferta de este servicio, que se reduce en un 40%, perjudicando a los usuarios”. Además, se eliminarían “más de 104 millones de euros en salarios, se perderían más de 56 millones de euros en ingresos fiscales, y más de 42 millones de euros en gastos relacionados con suministros y servicios locales, que repercuten directamente en la economía de la Comunitat Valenciana”.

Al inicio de la concentración, los portavoces del sector de los VTC expresaron su rechazo a la normativa y criticaron la falta de información y diálogo por parte de la Generalitat. El secretario de Organización del sindicato SLT, José María Cazallas, subrayó que “los sindicatos que representamos a los trabajadores de los VTC no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Generalitat: les hemos pedido una reunión y no nos han contestado y la situación es que ahora no sabemos a qué atenernos para decirnos qué va a pasar”. Cazallas lamentó que se esté hablando de “una norma que afecta al 80% de la actividad de los VTC, que son trayectos dentro de las ciudades, sobre todo Valencia y Alicante, por lo que, si no nos permiten este tipo de servicios, muchos conductores dejarían de trabajar. Estamos hablando de más de 5.000 puestos de trabajo que irían al paro”.

La Generalitat Valenciana llama al diálogo

La Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) para “intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca” tras sus protestas de los dos últimos días, según avanzó el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Mus afirmó que ambos sectores “tienen toda la legitimidad del mundo” para mostrar sus reivindicaciones, al tiempo que señaló que “hay que ver cómo recibe la sociedad” estas protestas. “No sé si es la mejor manera de ganarse a la población con ese tipo de medidas”, dijo. “Pero, en cierta manera, lo que nos preocupa a la Consellería es encontrar la manera de hacer que esa cohabitación que ya llevan haciendo en los últimos años sea más razonable y que, además, sirva para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible”, comentó.

Es por eso que el conseller anunció que han convocado para la próxima semana a ambos sectores a una mesa para “entre todos para intentar buscar la manera de que todas las partes tengan una solución que les complazca si es posible”. “Y si no lo es, tendremos que tomar las decisiones oportunas”, advirtió.

Un conflicto que se remonta al año 2009

El conflicto entre el sector del taxi y los VTC viene del año 2009, cuando el Ministerio de Fomento, competente en la materia, modificó la normativa y dejó un vacío legal que aprovecharon diversas empresas para solicitar cientos de licencias de vehículos con conductor hasta el año 2015, momento en el que la ley se clarificó y se estableció el ratio legal por el que se considera que para que haya un equilibrio entre ambas modalidades de transporte, debe haber una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, en ese periodo se solicitaron miles de licencias en toda España a cambio de una tasa de entre 35 y los 40 euros. Licencias que hoy valen miles de euros. Las administraciones trataron de frenar este boom denegando licencias acogiéndose al ratio, pero las empresas que compraron las licencias de VTC, esgrimiendo ese vacío, recurrieron y hasta ahora los juzgados les han ido dando la razón cuando se trata de permisos denegados en ese periodo de tiempo.

Los taxis que secundan el paro de 24 horas convocado por varias organizaciones de taxistas para este miércoles han iniciado la manifestación en la ciudad de València desde los diferentes puntos de salida previstos alrededor de las 08.45 horas de este miércoles.

Los taxis han comenzado a concentrarse a las ocho de la mañana en los puntos de encuentro de la protesta, y en el inicio de la manifestación ya se registra congestión en las entradas a València por la Pista de Silla-Ausiàs March, avenida de Catalunya-Aragó y Corts Valencianes y Cid, según la información del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València.

Está previsto que la manifestación concluya en las Torres de Serranos y los taxistas se concentren ante el Palau de la Generalitat hasta las 14 horas. La protesta tiene por objetivo parar el aeropuerto, la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla y la Estació del Nord, y la estación de autobuses mientras dure el paro general de 24 horas, que ha comenzado a las 06.00 horas de la mañana y se prolongará hasta la misma hora del jueves para exigir que la Conselleria responsable de transportes “devuelva el equilibrio” al sector respecto a los vehículos VTC.

Este martes se produjo una reunión entre las asociaciones representativas del taxi en la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus de la que salieron sin “nada nuevo que contar”, según han informado en un comunicado conjunto la Confederación de Taxistas Autónomos (CTA), Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas (ATCV), USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association.

Las entidades reconocen la buena predisposición del conseller para elaborar un decreto que proteja el equilibro entre los taxis y los vehículos de transporte con conductor (VTC) que explotan empresas como Uber o Cabify, pero ante la falta de plazos concretos y ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que amenaza con la liberalización del sector, han decidido movilizarse “por el futuro de 7.000 familias”, han explicado desde el sector.

Un viento fuerte soplaba sobre el río Urumea mientras surgía la pregunta de cómo llegar más rápido al Kursaal. Con la sorpresiva llegada de Uber a Donostia en la mañana de este miércoles, ¿por qué no ponerlo a prueba? Aplicación descargada, usuario creado, zona seleccionada.

La pantalla de ‘Inicio’ recibe al usuario con una primera vista de ofertas de restaurantes. Desde 2017, Uber Eats reparte comida a domicilio en España, por lo que este servicio se encuentra integrado en la misma aplicación. En la parte superior se introdujo el destino deseado y el sistema calculó un trayecto de 1,7 kilómetros en trece minutos, por un precio de 6,81 euros. El vehículo llegaría en cinco minutos, indicaba la aplicación. Siete minutos más tarde, apareció un Mercedes-Benz negro, matriculado el año pasado. 

Uber se ha estrenado en Donostia de sopetón, sin licencias locales. Opera con las de Bizkaia, que dice que son perfectamente válidas. Nuestro coche es de la empresa Black Cars Spain, con domicilio en la localidad de Leganés, en Madrid. No lleva ninguna rotulación, aunque sí su matrícula trasera en azul, la de los taxis y VTC. Su licencia fue aprobada el 9 de febrero y le es válida hasta dentro de dos años, en 2028, según datos oficiales.

Con tráfico moderado y casi todos los semáforos en rojo, fue inevitable entablar conversación con la conductora. Ha sido un “día abrumador”, confesaba, porque, a pesar de haber tomado dos cursos, “una cosa es ver la aplicación en la oficina y otra es estar en el coche y usarla”. Para poder trabajar con Uber, explica, has de tener al menos dos años con la licencia y un buen expediente de conducción. Y “ser una persona coherente”.

Durante sus trayectos, la conductora ha conversado con sus clientes para amenizar la jornada. Muchos le comentaban que “sí querían que llegara la aplicación a Donostia” para poder disponer más fácilmente de un “taxi” durante la madrugada. Otros, simplemente, eran periodistas. El servicio está disponible en buena parte de la provincia y, además, permite solicitar viajes hasta el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo.

Tras recorrer los kilómetros convenidos, la despedida fue cordial. El móvil notificó el fin del trayecto e invitó a reseñar a la conductora. También animó a darle una propina adicional y mostró la factura final del viaje: 7,83 euros.

Uber desembarca este miércoles en Donostia. Y casi por sorpresa. Sus coches empezarán a moverse por las calles de la capital guipuzcoana a partir de las 11.00 hora de esta misma mañana tras anunciarlo públicamente unas horas antes. Y lo harán con licencias de VTC concedidas por la Diputación de Bizkaia habilitadas para operar en toda Euskadi. Se tratará del servicio UberX, es decir de taxi local, que ya trabaja en Bilbao y que ha ocasionado muchas fricciones con los taxistas de la capital vizcaína.

La llegada de Uber a Donostia se realizará con una flota de 30 vehículos cien por cien eléctricos, que competirán en las calles donostiarras con los taxis, aunque desde la empresa señalan que “quieren trabajar de la mano de taxi”, un servicio que recuerdan que “ofrecen integrado en su plataforma en 17 ciudades en España a las que ahora se suma la capital guipuzcoana. En toda España ya son 6.000 los taxis que operan con la plataforma, generando el doble de ingresos en comparación con aquellos que solo realizan servicios de mano alzada”.

“Queremos trabajar de la mano del taxi, el tejido empresarial local y la administración para ofrecer una alternativa de transporte segura y fiable que contribuya a mejorar la movilidad de residentes y visitantes de Donostia”, ha señalado Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal. En Bilbao, los taxistas realizaron una jornada de paro el pasado 4 de febrero precisamente por lo que consideran “competencia desleal” por parte de las plataformas Uber y Cabify porque entre otras cuestiones esperan posibles viajeros estacionados en la vía pública. Los trayectos desde la capital donostiarra podrán llegar hasta localidades como Rentería, Getaria o Tolosa, siempre que se tenga la capital como punto de partida o llegada.

Fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa han señalado que Uber no les había comunicado su intención de operar en Gipuzkoa y han señalado que “están analizando con los servicios jurídicos la viabilidad legal de que los vehículos autorizados en Bizkaia presten servicio en Gipuzkoa. ”A partir de ahí iremos dando los pasos que haya que dar“. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Donostia se ha confirmado que la empresa se lo comunicó ayer mismo. La concejala de Movilidad y Transporte Sostenible, Olatz Yarza, ha explicado que ”la llegada de Uber sitúa, no solo a Donostia, sino a todos los municipios guipuzcoanos, ante una nueva realidad que nos toca analizar y gestionar“. ”Éramos conscientes de que este tipo de servicios iban a llegar en algún momento, y nuestra prioridad ahora mismo es dar certidumbre jurídica a los donostiarras“, ha afirmado. La empresa tiene intención de reunirse con ambas instituciones, pero no están confirmado cuándo se celebrarán las reuniones.

Con el lanzamiento en Donostia, adelantado por 'El Diario Vasco', Uber tiene ya presencia en España en 17 las ciudades. Además de Donostia y Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Granada, Valencia, Mallorca, Tenerife, Zaragoza, Ibiza, Alicante, Elche, Santander, Murcia, A Coruña y Vigo. Además, desde 2025, Uber también está disponible en Andorra.

La industria tecnológica lleva más de una década asegurando que sus coches autónomos podrán navegar el complejo tráfico de las ciudades guiados únicamente por sensores y algoritmos. Cientos de miles de millones de dólares después y con millones de kilómetros recorridos con versiones de pruebas, la realidad del negocio sigue siendo otra. Waymo, la filial de Google que lidera el sector de los robotaxis, ha reconocido en el Senado de EEUU que sus vehículos autónomos dependen de operadores humanos que toman el control desde Filipinas para manejar situaciones imprevistas en la carretera.

Así lo reconoció este jueves Mauricio Peña, director de seguridad de la compañía, en una comparecencia para analizar la necesidad de una ley nacional que regule estos servicios. Presionado sobre la localización del personal de soporte, el ejecutivo reconoció la existencia de equipos “en el extranjero” y, tras la insistencia de los senadores confirmó que se encuentran en el archipiélago asiático.

Peña aseguró que estos trabajadores “no conducen remotamente” los vehículos, sino que proporcionan “guía” o “inputs adicionales” cuando el software se bloquea ante un obstáculo desconocido. Sin embargo, la necesidad de ese apoyo externo evidencia que esta tecnología sigue requiriendo operadores humanos para solventar circunstancias inesperadas en la vía, que ha sido la principal duda de los especialistas desde el principio.

La inteligencia artificial puede mantener el control dinámico del vehículo en entornos de tráfico que ha podido analizar previamente. No obstante, tiene serios problemas para actuar en situaciones inesperadas donde concurren diferentes eventos a la vez, hasta generar un escenario sobre el que no tiene referencias claras. Estos momentos, denominados “casos límite”, suelen darse habitualmente en la circulación urbana y la mayoría de las veces no suponen un riesgo para el conductor humano.

Sin embargo, provocan fallos en la IA de los vehículos autónomos, que cometen errores o se detienen completamente, incapaces de hallar referencias sobre cómo solventar esa situación concreta.

“Pide orientación”

Con todo, Peña aseguró que esta práctica es un mecanismo de seguridad ante la “incertidumbre” y enfatizó que no se trata de un fallo, sino de una medida de seguridad deliberada. El ejecutivo explicó que el sistema está diseñado para ser “conservador”. Cuando el vehículo se enfrenta a una situación incierta (como una zona de obras compleja o un apagón de semáforos), en lugar de arriesgarse, “pide orientación” a los operadores en remoto.

Sin embargo, Peña aseguró que no sabe cuántos trabajadores realizan este tipo de funciones para Waymo desde Filipinas. La empresa ofrece su servicio de robotaxis en Silicon Valley, Phoenix, Los Ángeles, Austin o Miami, y está esperando la aprobación para ampliar su negocio a otras áreas del país, lo que ha levantado las dudas de los legisladores sobre la necesidad de una regulación federal. Waymo asegura que sus coches tienen 10 veces menos accidentes que los conductores humanos.

En la comparecencia también estuvo presente el vicepresidente de Ingeniería de Tesla. Los senadores criticaron el enfoque de la compañía de Elon Musk para la conducción autónoma, que ha retirado los sensores LiDAR (un radar que utiliza luz láser para medir distancias y formas) de sus vehículos y ha apostado únicamente por las cámaras, lo que interpretan como una dejación de seguridad. También cargaron contra lo fácil que es engañar a su sistema de conducción autónoma, que requiere que el conductor tenga las manos en el volante, pero puede ser burlado con un sencillo mecanismo de pesas que se vende por Internet.

La “mano de obra fantasma”

La revelación sobre los operadores filipinos de los vehículos “autónomos” de Waymo vuelve a poner el foco sobre los trabajadores precarizados que desempeñan labores clave para la industria tecnológica desde el sur global. Filipinas es, precisamente, uno de los países donde las multinacionales de Silicon Valley suelen contratar este tipo de servicios mientras proyectan una imagen de automatización.

Kenia, Venezuela o Argentina son otros de los centros de lo que los investigadores denominan ya la “mano de obra fantasma” de la tecnología digital. Karen Hao, autora El Imperio de la IA, donde desgrana prácticas ocultas de las empresas que desarrollan esta tecnología, lo denomina “capitalismo de desastre”, puesto que las compañías suelen buscar a este tipo de trabajadores en países que han sufrido catástrofes medioambientales o políticas.

“Casos de compañías de tecnología que usan trabajadores precarizados remotos para simular una IA que en realidad no existe se vienen registrando desde hace años”, recordaba en un reciente reportaje de elDiario.es Milagros Miceli, una de las investigadoras más reputadas sobre las asimetrías de poder y explotación que rodean a los trabajadores de la industria de la IA.

Centenares de taxis han colapsado este miércoles el tráfico en la capital vizcaína, circulando en varias columnas por las calles de Bilbao para denunciar los “abusos” de las plataformas de VTC (vehículos con conductor) es decir, Uber o Cabify, ante lo que consideran una competencia desleal. Exigen más inspecciones para controlar su funcionamiento y que no sobrepasen lo que les permite la normativa. Esto es, por ejemplo que no estén parados en la vía pública esperando un cliente, algo que los taxistas denuncian que es una práctica habitual.

La protesta, convocada por la Federación del Taxi de Euskadi quiere que se corte la concesión de licencias a estas plataformas y que se les someta a mayores inspecciones para dejar en evidencia las irregularidades que cometen. El año pasado el Ayuntamiento de Bilbao realizó un total de tres campañas de inspección a taxis y VTC, según señala el consistorio en una pregunta planteada por la coalición Elkarrekin. Estas campañas se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y sólo una a un taxista.

En concreto, las campañas se realizaron los fines de semana de junio y la semana de 23 al 29 de ese mes, del 15 al 21 de septiembre y del 8 al 14 de diciembre. Se inspeccionaron en esas tres campañas a 30 taxis, que se saldó con una única denuncia. Por contra, se denunciaron a 21 VTC tras inspeccionarse a 29 coches de estas plataformas.

Los taxistas aseguran que estas denuncias muestran sólo la punta del iceberg de las irregularidades, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, según la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Los taxistas aseguran que si no se toman medidas endurecerán su postura empezando con paros de jornada completa “preparar un cierre total” del sector del Taxi en toda Euskadi. La movilización de este miércoles se ha circunscrito a Bilbao porque en Gipuzkoa y Álava está más controlado el número de licencias de VTC. Pero de cara al futuro, barajan la posibilidad de convocar cierres puntuales y movilizaciones ante eventos concretos importantes, como los de mayo con motivo de los campeonatos europeos de rugby.

En Vitoria los problemas se centran fundamentalmente en la ordenanza municipal que se prepara para que los taxistas tengan horario nocturno. Aquí no hay competencia de ninguna plataforma digital. En la cercana Pamplona se ha instalado Bolt.

Los taxistas vascos se movilizarán el próximo 4 de febrero contra los “abusos” de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi. En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para el sector del Taxi, Miquel González, ha explicado que su organización ha celebrado este miércoles una reunión abierta al sector para ver qué iniciativas se podían poner en marcha para conseguir el objetivo de que haya inspecciones “cotidianas, diarias”, por parte institucional contra los “abusos de las plataformas de los VTCs”.

En ella, han acordado que desde UPTA van a participar de la convocatoria de movilización que ha hecho la Federación Vasca del Taxi para el día 4 de febrero, a falta de concretar cómo se materializará, para que sea “lo más masiva y representativa posible”.

El objetivo de la movilización es que las instituciones vascas lleven a cabo inspecciones diarias a los VTC, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”. “Si las instituciones no se ponen serias y cortan esta sangría, caminaremos hacia un cierre total del servicio del taxi, ya veremos cómo, cuándo y de qué manera, pero ese es el objetivo”, ha advertido.

Tras denunciar que en Bizkaia hay un “goteo constante” de nuevas licencias de VTC, autorizadas por la Diputación foral, a diferencia de Gipuzkoa, donde no se dan nuevas licencias, o en Álava, donde se encuentran “bastante más resistencia institucional”, González ha lamentado los efectos dañinos de estas plataformas para los 2.100 taxistas que ejercen en Euskadi.

El sector del taxi d'Eivissa dorm amb un ull obert davant el possible escenari al que es podria enfrontar després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autoritzacions sol·licitades per l'empresa Moove Cars Balears S.L.O i que van ser denegades quan es van tramitar l'any 2023. La Sala contenciosa administrativa ha estimat parcialment un recurs presentat per la mercantil contra el Govern i diverses federacions de taxi de l'arxipèlag i ha acordat la retroacció del procediment perquè la institució doni una nova resposta a les autoritzacions VTC sol·licitades.

La resolució judicial, a la que ha pogut accedir elDiario.es, qüestiona un dels principals instruments amb els quals Balears havia tractat de contenir l'expansió d'empreses com Uber, Bolt o Cabify: el Govern havia argumentat que les sol·licituds no complien amb la ràtio establerta pel Decret 43/2014 de 3 d'octubre entre taxis (VT) i VTC. A l'illa de Mallorca, la proporció ha de ser de 12,6 taxis per cada VTC (i no es compleix perquè hi ha 1.949 taxis i 350 VTC). Mentre que a Eivissa hi ha 61 taxis per cada Uber (existeixen 980 llicències de VT enfront de les 16 de VTC), quan la proporció que estipula el decret és de tan sols 6,74. Per tant, no sols es compleix la ràtio, sinó que hi hauria marge per a aprovar almenys 125 llicències d'Uber més.

La fallada no implica la concessió automàtica d'aquestes llicències, però sí que suposa un revés per a l'estratègia autonòmica per a contenir l’allau d'aquestes empreses a la comunitat. L'Administració va aplicar la ràtio automàtica justificant la insularitat del territori i la seva estacionalitat en el sector turístic. Així com la necessitat d'establir un sistema d'equilibri entre les dues modalitats de transport públic en vehicles de turisme: el transport públic discrecional i de lloguer amb conductor. No obstant això, el TSJIB conclou -en línia amb el raonament del Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea- que no queden demostrades raons d'interès general, com l'impacte ambiental o la congestió real de trànsit.

En total, s'han fet 10.000 sol·licituds en tot l'arxipèlag; 6.500 d'elles només a l'illa d'Eivissa. Encara que ara mateix hi ha sobre la taula 600 sol·licituds, la sentència afecta a totes les sol·licitades a partir de juliol de 2023. La mera possibilitat que es revisi sol·licitud per sol·licitud ha despertat un nerviosisme entre federacions i associacions de taxi no sols de les Pitiüses, sinó de Balears en general, que veuen perillar la seva posició en el negoci de transport de viatgers per carretera.

Al voltant de mil llicències de taxi

Les gairebé mil llicències actives a l'illa d'Eivissa suposen una xifra que, d'aprovar-se la major part d'autoritzacions sol·licitades per VTC, seria gairebé ínfima. “La veritat és que estem espantats”, confessa Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi d'Eivissa (FITIE). Per municipis, la ciutat d'Eivissa -la capital- és la que té el major nombre de llicències, amb 328 en total; 174 estacionals i 154 fixes. La segueix el terme municipal de Sant Josep, el que més quilòmetres de platja suma de l'illa: 180 taxistes només per a la temporada turística i altres 106 que operen de gener a desembre. Sant Antoni, un altre dels punts calents per al sector turístic, té 108 llicències estacionals (de les quals vuit són vehicles adaptats, Eurotaxis) i 89 fixos, el que suma un total de 197.

En la zona est, a Santa Eulària, l'àrea de comunicació de l’Ajuntament ha explicat a elDiario.es que hi ha actualment 141 taxistes amb llicència; 63 que funcionen durant tot l'any i 78 només per als mesos de temporada. Sant Joan és el que compta amb menor nombre de taxis, amb 28 llicències vigents.

Lolo Ruiz, portaveu de l’associació Élite Corsaris Eivissa, trasllada que una de les principals injustícies resideix en què el taxi està molt regulat, fins i tot per a fer canvis en el seu propi sector, mentre que els VTC no estan subjectes de moment a cap requisit. És la mateixa situació que es repeteix en altres plans del mercat turístic insular, com els hotels amb les viles o Airbnb, als qui acusen de rebentar l'oferta amb una proposta més lliure al no estar subjecta a cap regulació. Això desestabilitza el tauler i afecta, en el cas del taxi, a empreses familiars que són les històricament tenen les llicències -amb preus, actualment, estratosfèrics-.

Roig va estar present durant la reunió mantinguda en el Consolat de la Mar, la seu del Govern, amb la presidenta Marga Prohens a principis de gener, on els taxistes de Balears van manifestar la seva “profunda preocupació” per la nova situació per als VTC. La mateixa que ha transmès en ser preguntat per elDiario.es el també vicepresident de la Federació Independent del Taxi de les illes Balears (FITIB), que inclou a la FITIE. El sol fet d'haver d'acatar la sentència ja porta de bòlid als taxistes, que dormien tranquils sabent que havien denegat les sol·licituds. Ara temen noves resolucions judicials que confirmin errors en els passos seguits per l'administració i que el resultat sigui una porta oberta per a Uber per a operar al territori insular.

Concorde a les mesures de decreixement

“El nombre -de llicències sol·licitades- és prou exagerat per a inquietar-se”, assenyala Roig. D'altra banda, el president de la Fitie sospita que la majoria d'aquestes empreses vol aterrar en les carreteres de Balears “només per a especular” i adverteix que ha arribat l'hora de replantejar-se l'economia que es vol per a les illes, on també s'està intentant fixar un sostre de vehicles. Eivissa ha implantat per primera vegada el límit aquest estiu -imitant el model de Formentera.eco- i Mallorca ja estudia la mateixa mesura. En aquest sentit, des de la federació esperen que l'esperit de la nova norma que estudia el Govern vagi concorde a la resta de mesures de decreixement que es valoren a l'illa per a reduir la densitat de trànsit i la cura del medi ambient.

Els taxistes són conscients que la resolució és inamovible i estan a l'espera ara que es tramiti “el que s'hagi de tramitar”. Mentrestant, demanen a les administracions que treballin per a reforçar els arguments jurídics que els permetin defensar a la petita i mitjana empresa. El nou escenari, afegeixen, tampoc és atractiu per als vehicles de transport amb conductor tradicionals.

La Presidència del Govern ha comunicat que els serveis jurídics estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany. La institució ja va impulsar, a principis de 2024, una modificació legal aprovada pel Parlament que va suposar la suspensió de la tramitació de noves llicències, tant de taxi com de VTC. La paralització continua vigent a l'espera de l'aprovació definitiva del decret que ha de regular tots dos sectors, un text que, segons l'Executiu, es troba en una fase molt avançada de tramitació i que ha estat validat pel Consell Balear de Transport Terrestre.

Els serveis jurídics del Govern estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany

Una vegada aprovat el decret, hauran de reprendre's els expedients que van quedar suspesos durant la moratòria, sempre sota el nou marc regulador, que segons el Govern permetrà evitar un creixement descontrolat i ajustar el nombre d'autoritzacions a les “necessitats reals” del territori. El que sembla indicar que l'augment d'Uber i altres VTC a Eivissa serà inevitable.

Diverses infraccions d'Uber

Un portaveu de la conselleria de Movilitat ha recalcat a elDiario.es que Balears, per la seva condició de territori insular, limitat i especialment protegit, no podrà absorbir “una allau” de noves autoritzacions sense comprometre l'equilibri del sistema de mobilitat. El temor entre taxistes no sols procedeix d'aquest fet, sinó també dels nombrosos incompliments d'aquestes empreses una vegada en les carreteres: des d'una furgoneta discoteca amb dj per a anar fins a Amnèsia fins a l'ús de parades només habilitades per a taxis.

En el cas del furgó, la Direcció General de Trànsit (DGT) va confirmar que no complia els requisits de circulació i la Policia li va posar dues multes. Encara així, ha continuat funcionant. També s'han donat, des que Uber va desembarcar a l'illa a la fi de 2023, nombroses infraccions greus al volant per part dels seus conductors, entre elles, circular sota els efectes de substàncies estupefaents, segons diversos casos publicats per Diario de Ibiza. Uber no ha respost a la petició d'informació d'elDiario.es en el moment de publicació d'aquesta notícia.

“Una vegada que es concedeixin les llicències, qui és, al carrer, que s'encarregarà de vigilar que es compleixi amb la normativa i es facin les coses bé?”, es pregunta Roig. Enmig d'aquest “malson” que posa al seu negoci en risc els taxistes subratllen que el 70% de les sol·licituds de tot Balears recauen a Eivissa: “Pot haver-hi un impacte absolut en el sector eivissenc del taxi”.

El sector del taxi de Eivissa duerme con un ojo abierto ante el posible escenario al que se podría enfrentar después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autorizaciones solicitadas por la empresa Moove Cars Balears S.L.U y que fueron denegadas cuando se tramitaron en el año 2023. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente un recurso presentado por la mercantil contra el Govern y varias federaciones de taxi del archipiélago y ha acordado la retroacción del procedimiento para que la institución dé una nueva respuesta a las autorizaciones VTC solicitadas. 

La resolución judicial, a la que ha accedido elDiario.es, cuestiona uno de los principales instrumentos con los que Balears había tratado de contener la expansión de empresas como Uber, Bolt o Cabify: el Govern había argumentado que las solicitudes no cumplían con la ratio establecida por el Decreto 43/2014 de 3 de octubre entre taxis (VT) y VTC. En la isla de Mallorca, la proporción tiene que ser de 12,6 taxis por cada VTC (y no se cumple porque hay 1.949 taxis y 350 VTC). Mientras que en Eivissa hay 61 taxis por cada Uber (existen 980 licencias de VT frente a 16 de VTC), cuando la proporción que estipula el decreto es de tan solo 6,74. Por lo tanto, no solo se cumple la ratio, sino que habría margen para aprobar por lo menos 125 licencias más de Uber.

El fallo no implica la concesión automática de estas licencias, pero sí supone un revés para la estrategia autonómica para contener una avalancha de estas empresas en la comunidad. La Administración aplicó la ratio automática justificando la insularidad del territorio y su estacionalidad en el sector turístico. Así como la necesidad de establecer un sistema de equilibrio entre las dos modalidades de transporte público en vehículos de turismo: el transporte público discrecional y de alquiler con conductor. Sin embargo, el TSJIB concluye -en línea con el razonamiento del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- que no quedan demostradas razones de interés general, como el impacto ambiental o la congestión real de tráfico.

En total, se han hecho 10.000 solicitudes en todo el archipiélago; 6.500 de ellas solo en la isla de Eivissa. Aunque ahora mismo hay sobre la mesa 600 solicitudes, la sentencia afecta a todas las solicitadas a partir de julio de 2023. La mera posibilidad de que se revise solicitud por solicitud ha despertado un nerviosismo entre federaciones y asociaciones de taxi no solo de las Pitiüses, sino de Balears en general, que ven peligrar su posición en el negocio de transporte de viajeros por carretera.

Alrededor de mil licencias de taxi

Las casi mil licencias activas en la isla de Eivissa suponen una cifra que, de aprobarse la mayor parte de autorizaciones solicitadas por VTC, sería casi ínfima. “La verdad es que estamos asustados”, confiesa Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa (FITIE). Por municipios, la ciudad de Eivissa -la capital- es la que tiene el mayor número de licencias, con 328 en total; 174 estacionales y 154 fijas. Le sigue el término municipal de Sant Josep, el que más kilómetros de playa suma de la isla: 180 taxistas solo para la temporada turística y otros 106 que operan de enero a diciembre. Sant Antoni, otro de los puntos calientes para el sector turístico, tiene 108 licencias estacionales (de las cuales ocho son vehículos adaptados, Eurotaxis) y 89 fijos, lo que suma un total de 197. 

En la zona este, en Santa Eulària, el área de comunicación del Ayuntamiento ha explicado a elDiario.es que hay actualmente 141 taxistas con licencia; 63 que funcionan durante todo el año y 78 solo para los meses de temporada. Sant Joan es el que cuenta con menor número de taxis, con 28 licencias vigentes.

Lolo Ruiz, portavoz de la asociación Élite Corsaris Ibiza, traslada que una de las principales injusticias reside en que el taxi está muy regulado, incluso para hacer cambios en su propio sector, mientras que los VTC no están sujetos de momento a ningún requisito. Es la misma situación que se repite en otros planos del mercado turístico insular, como los hoteles con las villas o Airbnb, a quienes acusan de reventar la oferta con una propuesta más libre al no estar sujeta a ninguna regulación. Esto desestabiliza el tablero y afecta, en el caso del taxi, a empresas familiares que son las históricamente tienen las licencias -con precios, actualmente, estratosféricos-. 

Roig estuvo presente durante la reunión mantenida en el Consolat del Mar, la sede del Govern, con la presidenta Marga Prohens a principios de enero, en la que los taxistas de Balears manifestaron su “profunda preocupación” por la nueva situación para los VTC. La misma que ha transmitido al ser preguntado por elDiario.es el también vicepresidente de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB), que incluye a la FITIE. El solo hecho de tener que acatar la sentencia ya trae de bólido a los taxistas, quienes dormían tranquilos sabiendo que habían denegado las solicitudes. Ahora temen nuevas resoluciones judiciales que confirmen fallos en los pasos seguidos por la administración y que el resultado sea una puerta abierta para Uber para operar en territorio insular.

Acorde a las medidas de decrecimiento

“El número -de licencias solicitadas- es lo suficientemente exagerado para inquietarse”, señala Roig. Por otro lado, el presidente de la Fitie sospecha que la mayoría de estas empresas quiere aterrizar en las carreteras de Balears “solo para especular” y advierte de que ha llegado la hora de replantearse la economía que se quiere para las islas, donde también se está intentando fijar un techo de vehículos. Eivissa ha implantado por primera vez este límite este verano -imitando el modelo de Formentera.eco- y Mallorca ya estudia la misma medida. En ese sentido, desde la federación esperan que el espíritu de la nueva norma que estudia el Govern vaya acorde al resto de medidas de decrecimiento que se valoran en la isla para reducir la densidad de tráfico y el cuidado del medio ambiente.

Los taxistas son conscientes de que la resolución es inamovible y están a la espera ahora de que se tramite “lo que se tenga que tramitar”. Mientras tanto, piden a las administraciones que trabajen para reforzar los argumentos jurídicos que les permitan defender a la pequeña y mediana empresa. El nuevo escenario, añaden, tampoco es atractivo para los vehículos de transporte con conductor tradicionales.

La Presidència del Govern ha comunicado que los servicios jurídicos están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año. La institución ya impulsó, a principios de 2024, una modificación legal aprobada por el Parlament que supuso la suspensión de la tramitación de nuevas licencias, tanto de taxi como de VTC. La paralización sigue vigente a la espera de la aprobación definitiva del decreto que debe regular ambos sectores, un texto que, según el Ejecutivo, se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación y que ha sido validado por el Consell Balear de Transport Terrestre. 

Los servicios jurídicos del Govern están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año

Una vez aprobado el decreto, deberán retomarse los expedientes que quedaron suspendidos durante la moratoria, siempre bajo el nuevo marco regulador, que según el Govern permitirá evitar un crecimiento descontrolado y ajustar el número de autorizaciones a las “necesidades reales” del territorio. Lo que parece indicar que el aumento de Uber y otros VTC en Eivissa será inevitable.

Varias infracciones de Uber

Un portavoz de la conselleria de Movilitat ha recalcado a elDiario.es que Balears, por su condición de territorio insular, limitado y especialmente protegido, no podrá absorber “una avalancha” de nuevas autorizaciones sin comprometer el equilibrio del sistema de movilidad. El temor entre taxistas no solo procede de este hecho, sino también de los numerosos incumplimientos de estas empresas una vez en las carreteras: desde una furgoneta discoteca con dj para ir hasta Amnesia hasta el uso de paradas solo habilitadas para taxis.

En el caso del furgón, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que no cumplía los requisitos de circulación y la Policía le puso dos multas. Aun así, ha seguido funcionando. También se han dado, desde que Uber desembarcó en la isla a finales de 2023, numerosas infracciones graves al volante por parte de sus conductores, entre ellas, circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes, según varios casos publicados por Diario de Ibiza. Uber no ha respondido a la petición de información de elDiario.es en el momento de publicación de esta noticia.

“Una vez que se concedan las licencias, ¿quién es, en la calle, que se encargará de vigilar que se cumpla con la normativa y se hagan las cosas bien?”, se pregunta Roig. En medio de esta “pesadilla” que pone a su negocio en riesgo los taxistas subrayan que el 70% de las solicitudes de todo Balears recaen en Eivissa: “Puede haber un impacto absoluto en el sector ibicenco del taxi”.

Las novedades relacionadas con la ecotasa de basuras por parte de los ayuntamientos valencianos (y del resto de España) como consecuencia de una directiva europea es la principal novedad en materia fiscal que trae el año 2026. En algunos casos, como en Castelló de la Plana, se aplicarán bonificaciones para reducir la cuantía abonada en 2025 y en otros, como en València, se cobrará en el recibo del agua con un año de retraso y por lo tanto se cobrará en 2026 la cuantía de 2025 y está por ver si también la de este ejercicio.

Se trata de un gravamen de obligado cobro desde abril del pasado año para todos los consistorios, tal como se recoge en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que viene motivada por la Comisión Europea.

Esta nueva tasa de basuras permite implantar sistemas de pago por generación y refleja el coste real de la recogida y transporte de los residuos urbanos. La ley subraya que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos.

Por este motivo será de aplicación en los hogares y en las empresas y cada municipio podrá adaptar la tasa en función de las características locales y el volumen de residuos gestionados. A partir de ahí, cada ayuntamiento valenciano ha estudiado la forma de implementar esta nueva tasa de basuras.

Por ejemplo en Alicante y Castellón está vinculado al valor catastral de las viviendas. En la capital alicantina oscila entre los 69 y los 144 euros y en el de la de la Plana, va de los 165 euros a los 202 euros anuales. En este último municipio se podrán aplicar bonificaciones este año de hasta el 50% para quienes acreditan haber realizado al menos siete visitas al ecoparque en 2025.

En el caso de València llega con un año de retraso, lo que ha supuesto críticas por parte del portavoz socialista, Borja Sanjuan, quien considera que los vecinos de la ciudad deberán afrontar un doble pago de la tasa (la de 2025 y la de 2026) por la mala gestión del equipo de la alcaldesa María Joisé Catalá. Supondrá una recaudación de 47,6 millones de euros. La cuantía se calculará en función del consumo de agua.

La ordenanza fiscal aprobada por el gobierno municipal de València del PP y de Vox fija diferentes cuotas en el apartado de las viviendas. Hasta los 65 m3, los hogares pagarán 39 euros cada año. Un recibo que abonarán cerca de la mitad de los contribuyentes (202.000 de los 408.000 recibos). La otra mitad, pagará entre 122 y 272 euros por hogar y año en función de la horquilla de consumo en la que se encuentre.

A nivel autonómico, otro recargo impositivo como el canon de saneamiento que se aplica en el recibo del agua queda congelado para el año 2026.

El Metro y TRAM se mantiene

La Generalitat mantendrá hasta el 30 de junio de 2026 las reducciones temporales de las tarifas en los servicios públicos de transporte autonómico, según recoge el decreto ley publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y que permite prorrogar las condiciones previstas en el decreto ley 9/2025, de 25 de junio.

Esta medida afecta a las reducciones temporales de tarifas en los abonos de transporte y títulos multiviaje emitidos por la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), al sistema TAM de Alicante y del transporte metropolitano de la Plana en Castellón, así como de los títulos de transporte propios de la red de Metrovalencia y de la red del TRAM de Alicante.

El nuevo decreto, aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell, tiene como objetivo seguir facilitando el acceso al transporte público, promover una movilidad sostenible y aliviar el impacto económico sobre la ciudadanía.

Con esta prórroga se mantiene la gratuidad temporal del transporte para la población infantil, hasta los 14 años inclusive, y el título dirigido a las personas empadronadas en determinados municipios afectados por la Dana de octubre de 2024, que mantiene su validez hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de realizar ninguna recarga o proceso de actualización.

Esta prórroga en los descuentos responde a la estrategia de la recuperación a las zonas afectadas por las inundaciones, con el objeto de continuar ofreciendo a todos los vecinos de estos municipios beneficios concretos durante el proceso de vuelta a la normalidad. En este sentido, se han entregado durante 2025 un total de 222.539 tarjeras de transporte gratuito Recuperem València y se han realizado cerca de 19 millones de validaciones.

A su vez, en los próximos seis meses se mantiene el descuento del 50 % en los títulos destinados a jóvenes y una reducción del 40 % por ciento en los abonos y títulos multiviaje de los transportes autonómicos.

De este modo, para la población joven se mantiene en Valencia una tarifa plana para viajar de manera ilimitada por 14,90 euros al mes; en Alicante, la tarifa joven de 30 viajes mensuales será de 10,60 euros; y en Castellón, el abono temporal 30 Joven IVA, tendrá un coste mensual de 12,75 euros.

El mismo decreto establece que la tarifa habitual de los títulos con bonificaciones parciales o totales se corresponde con la tarifa vigente a 31 de diciembre de 2025 para cada origen-destino o, en su caso combinación zonal, que sea de aplicación en cada ámbito para los abonos y títulos multiviaje o, en su defecto, el billete sencillo.

El decreto ley prevé que en el caso de que el Estado apruebe ayudas para descuentos en el transporte público durante el periodo de vigencia de esta prórroga, los descuentos autonómicos podrán adaptarse mediante resolución para ajustarse a las condiciones que establezca la normativa estatal.

Asimismo, el decreto regula igualmente las indemnizaciones que la Generalitat deberá compensar a los concesionarios de los servicios públicos de transporte por la aplicación de estas medidas.

Suben los taxis

En cuanto las tarifas de los taxis, la Generalitat Valenciana ha aprobado una subida del 9% para los del área de València y de un 6% en las áreas interurbanas. En la zona de València, la bajada de bandera será de 2 euros por la mañana y de 2,60 euros por la noche; la tarifa mínima diurna será de 4,95 euros por la mañana y de 7,20 euros por la noche.

La Federación Sindical del Taxi ha hecho una lectura positiva de las tarifas que, según afirman, no subían por encima del IPC desde el año 2014, aunque ha lamentado que sigue sin repercutirse el coste del vehículo o de la financiación para la compra de los mismos.

En Alicante las tarifas se incrementan en torno a un 9%: la bajada de bandera de la tarifa 1 será de 2,20 euros y de la tarifa 2 de 2,25 euros, mientras el mínimo diurno será de 4,75 euros y el nocturno de 6,15 euros. En Castellón se encarecen entre un 6% y un 8%: la bajada de bandera será de 1,55 y 1,60 euros respectivamente para las tarifas 1 y 2 y el mínimo de percepción por carrera de 5,35 euros por las mañanas y de 6,50 euros por las noches.

EMT València congela tarifas

El Ayuntamiento de València mantiene durante el primer semestre de 2026 las bonificaciones actuales a los títulos de la EMT, con cargo a los fondos propios municipales, y solicitará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las ayudas directas al transporte de viajeros colectivo urbano para que el Ayuntamiento sea considerado como entidad beneficiaria. Para mantener las tarifas, el Ayuntamiento deberá asumir una penalización de 14 millones de euros al no haber aprobado la Zona de Bajas Emisiones por falta de acuerdo entre el PP y Vox.

De esta forma, continuará la gratuidad para la población infantil hasta los catorce años, a través del título EMT Infantil; el descuento del 50 % sobre la tarifa general con EMT Jove, y el del 40% en el Bonobús, Bonobús Personalitzat y MoviEMT.

De esta manera, los menores de 30 podrán realizar viajes y transbordos ilimitados en la red por 12,50 euros mensuales con EMT Jove y el Bonobús, cuya tarifa es de 8,50 euros, se podrá adquirir por 5,10 euros. Por su parte, el Bonobús Personalitzat costará 4,10 euros para categoría general y 2,55 euros para la categoría especial (familias numerosas o monoparentales).

Adicionalmente, se han aprobado los supuestos, requisitos sociales y procedimientos para la obtención de los títulos ya indicados en 2026 y de los siguientes: EMTambTu, Bono Oro, MovimEMT y Bono Mascota.

Diversos taxistas cortan este martes los tres carriles centrales de la Gran Vía de Barcelona para denunciar “el expolio” de Uber y otras empresas de VTC. El corte comienza en el cruce con la calle Bailén, junto a la plaza Tetuán, y permite que los coches circulen por los carriles laterales.

En la protesta participan taxis llegados de varios municipios y que este martes tienen intención de llevar a cabo una “movilización histórica”. Élite Taxi ha convocado una suspensión del servicio en toda Catalunya desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La protesta no cuenta con el apoyo de todo el sector, ya que no se han adherido el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC), la Agrupación Taxi Companys (ATC) y PakTaxi.

Uber ofrece pagar el seguro a los conductores

Coincidiendo con la huelga, Uber ha anunciado este martes que que pagará 1.500 euros para financiar el seguro de cada taxista que se incorpore a la plataforma hasta el 31 de marzo. La empresa ha explicado que, para acceder a la medida los conductores deberán ser titulares de una licencia de taxi y realizar al menos 250 viajes con la plataforma durante los primeros 60 días desde su incorporación.

Según Uber, en Barcelona hay unos 2.000 taxistas que trabajan con la plataforma y que “generan el doble de ingresos que quienes trabajan solo a mano alzada o con emisora, llegando a superar los 10.000 euros de facturación mensual”.

El nuevo anuncio de Uber para intentar captar taxistas se suma a los que ha hecho en los últimos meses, como los 300 euros por cada taxista que recomiende la plataforma a un compañero, o los 300 euros por incorporar publicidad en los vehículos. Según Uber, una cincuentena de taxistas han aceptado esta última opción e incorporarán publicidad de la plataforma en las próximas semanas.

La semana pasada, Uber denunció a Élite Taxi, así como a su portavoz, Tito Álvarez, ante la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) por “intento de boicot” ante el paro general de taxistas de este martes.

En un comunicado, la multinacional criticó que Élite Taxi prohíbe a sus asociados prestar servicios a las plataformas de Uber. A su juicio, estas conductas constituyen una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). La Acco ha confirmado a la ACN que ha recibido un escrito de la multinacional que “analizarán”.

Las tarifas de los taxis en Sevilla subirán de nuevo el próximo año, tal como se desprende de la propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi que se vota este jueves en el pleno municipal. El acuerdo contempla un alza del 5% en la tarifa que se aplica en en días laborables, de 7 a 21 horas; de un 3,5% en el resto de tramos, Semana Santa y Feria, y precios especiales para el Lunes del Pescaíto o para ir a la prisión Sevilla I y a la factoría de Heineken, desplazamientos que tendrán un suplemento de 5,81 euros.

La propuesta fue presentada conjuntamente por las asociaciones Unión Sevillana del Taxi y Élite Taxi, y sometida al Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi, se aprobó por 13 votos a favor y tres en contra –los vocales de Solidaridad del Taxi y Facua–, tal como remarcan fuentes municipales a Europa Press.

La tarifa 1, que se corresponde con servicios urbanos efectuados en días laborables, de 7 a 21 horas, contempla una bajada de bandera de 1,70 euros (4,93%) y 1,16 euros por kilómetro recorrido. La carrera mínima se establece en 4,62 euros (+5%). El pasado año, las tarifas para esos conceptos eran de 1,62 euros, 1,10 euros y 4,40 euros, respectivamente.

También suben las tarifas 2 y 3

En cuanto a las tarifas 2 y 3, también experimentan una subida, si bien en este caso oscila el 3,5%. Como novedad, la tarifa 2 estará vigente el lunes del alumbrado de la Feria desde las 14 horas hasta las 20 horas, y la tarifa urbana 3, desde las 20 horas hasta las 7 horas del día siguiente.

La tarifa urbana 2 se aplica de lunes a jueves laborables de 00 a 7 horas y de 21 a medianoche; los viernes y vísperas de festivos de 00 a 7 horas y de 21 a 22 horas; los sábados, domingos y festivos de 7 a 22 horas; en Semana Santa, de 7 a 21 horas, y en Feria de Abril, de 7 a 20 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 00 a 22 horas. La bajada de bandera queda en 2,02 euros y la carrera mínima en 5,66 euros.

En lo que concierne a la tarifa 3, estará vigente en viernes y vísperas de festivo de 22 a 24 horas; en sábados, domingos y festivos de 00 a 7 horas y de 22 a 24 horas; en Semana Santa de 00 a 7 horas y de 21 a 24 horas, mientras que en la Feria de Abril, se aplicará al tramo de 20 a 7 horas del día siguiente. La bajada de bandera se sitúa en 2,53 euros y la carrera mínima en 7,09 euros

Servicio al aeropuerto y suplementos

La tarifa 4, que se corresponde con un servicio al aeropuerto, también se incrementa hasta un 1,09% con respecto al pasado año en días laborables y de 7 a 21 horas, lo que implica que el cliente deberá abonar un importe de 26 euros. Por su parte, la tarifa 5, de lunes a viernes laborables por las noches y sábados, domingos y festivos las 24 horas, lo hará un 1,15%, por lo que el coste sería de 29 euros.

La propuesta tarifaria del servicio del taxi señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos –hasta un máximo de cuatro–, excluido equipaje de mano –cuando no supere los 50x4x20cm–, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,57 euros más que los se paga en la actualidad.

Desde la estación ferroviaria de Santa Justa y desde las estaciones de autobuses del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas se pagará un suplemento de 3,70 euros y 2,63 euros, respectivamente, mientras que desde el aeropuerto será de 5,81 euros, el mismo que se aplicará por desplazamiento a la cárcel Sevilla I y a la Factoría Heineken.

Un grupo de turistas espera en la puerta de su hotel un coche que les recoge y les lleva a una bodega para una visita, después les traslada a otra para una cata y, finalmente, les lleva a un restaurante para comer. Un día completo para descubrir La Rioja a través del enoturismo con la comodidad de que un coche te recoge y te lleva hasta la puerta de los lugares de visita, te espera e incluso te explica algunos datos. Sin embargo, hay un pero importante: ese coche no tiene la matrícula azul obligatoria para transporte de pasajeros.

La matrícula azul identifica los vehículos que tienen permiso para el transporte de personas, es decir, la llevan los vehículos con licencia VT (Vehículo de transporte de viajeros), la que tienen los taxis, y las licencias VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), los que operan en compañías como Uber o Cabify. Es decir, en La Rioja hay personas haciendo servicios de taxi con coches particulares y sin los permisos reglamentarios.

“No jugamos con las mismas reglas”, denuncian los taxistas, que llevan años viendo como estos servicios se multiplican hasta los, según calculan, “más de 37 vehículos que actualmente realizan este servicio sin licencia. Las exigencias son mucho mayores para un taxi. Los taxistas no pueden comprar un vehículo con más de dos años de antigüedad para su uso con la tarjeta VT, es decir, como taxi. En los últimos años, taxistas con mucha antigüedad han visto duplicarse sus pólizas hasta los 3.000, mientras los nuevos que se incorporan pagan 5.000 euros con pólizas a terceros. En cualquier caso, muy alejados de una prima de seguro para coche particular, que puede ser de 700 euros a todo riesgo.

Además, los taxis cuentan con mayores exigencias para la Inspección Técnica de Vehículos. Tiene que pasar una ITV antes de matricular o hacer el cambio como taxi. Después, la deben pasar anualmente y a partir del quinto año, cada seis meses. Un coche particular, sin embargo, pasa su primera ITV al quinto año. Por otra parte, la obligatoria tarjeta de transporte se debe renovar cada cuatro años en el caso de los taxis y, en el de los VTC, cada dos. A la vez que renuevan, tienen que presentar una serie de documentos que acrediten que están al día con Hacienda, con la Seguridad Social, justificante del seguro...

Las obligaciones no son las mismas y tampoco lo son los precios. “Estos taxis piratas tienen incluso páginas web o perfiles en redes sociales, algunos de ellos hasta se anuncian como chóferes privados y, hasta hace poco tiempo, publicaban sus desorbitadas tarifas”, señala un afectado. Las tarifas de taxi son oficiales y están reguladas por los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Estos “chóferes privados” estipulan libremente el precio e incluso hay casos en los que publican precios de viajes a diferentes ciudades del país y del extranjero sin necesidad de camuflarlo como un paquete de viaje.

Según llevan años observando los taxistas, estos servicios empezaron como “transporte complementario”, algo que sí está permitido y se refiere al que realiza una empresa cuya actividad principal no es el transporte, sino que es de uso interno para trasladar a los clientes a la actividad. Por ejemplo, en el caso del enoturismo, los servicios que trasladan a los turistas a una viña para enseñarle las labores agrícolas o los que los llevan hasta el lugar donde guardan unas bicicletas con las que realizarán una ruta. Sin embargo, en algunos casos, transformaron su actividad para dar solo el servicio de transporte, lo que ya no está dentro de la legalidad. “Hay casos en los que incluso les están ofreciendo de comer, probablemente sin ningún tipo de registro sanitario”, advierte los afectados, resaltando que también pueden estar haciendo competencia desleal al sector de la hostelería.

Por su parte, los taxistas lamentan que no se estén realizando suficiente controles y sanciones a pesar de que se anuncien públicamente. “Se han metido en nuestra bolsa de trabajo y no pasa nada”. Calculan que puede haber más de 37 vehículos realizando servicio de transporte de forma ilegal. “Y no solo no se les sancionan, sino que en algunos casos reciben ayudas públicas y premios”, resaltan. En Álava ya se han interpuesto siete sanciones por este motivo, por lo que reclaman más “contundencia” al Gobierno de La Rioja.

Desde el ejecutivo regional, han informado de que la Dirección General de Infraestructuras ha tramitado este año un expediente sancionador por operar sin licencia de taxi o VTC, lo que conlleva una multa de 4.000 euros. De forma escueta, explica que Infraestructuras solicita a las policías locales que hagan campañas de inspección y cuando llega una denuncia, se tramita el correspondiente expediente sancionador.

Mientras tanto, los taxistas siguen reclamando medidas ante una actividad que ven cómo se multiplica sin freno y sin garantías. “¿Qué pasa si hay un accidente?”, se preguntan sobre la falta de los necesarios seguros de responsabilidad civil. También viven cómo muchos turistas, que sí les contratan a ellos, les piden una visita guiada por el pueblo al que les llevan o los paisajes que recorren y ellos les tienen que aclarar que ese no es su trabajo y que hay profesionales especializados en ello. Sin embargo, lamentan que otras personas, con un coche y un carné de conducir, sí puedan hacer su trabajo.

El Parlament de Catalunya quiere regular de una vez por todas la convivencia entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor, VTC, del que Uber y Cabify son los máximos exponentes. Este jueves cinco grupos que suman una amplia mayoría de la Cámara, PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, han presentado una propuesta de ley que contiene como principal medida la expulsión paulatina pero prácticamente total de las VTC.

La nueva norma, que Junts ya ha anunciado que tratará de enmendar, reducen las VTC a meros complementos del taxi en trayectos interurbanos, el único que se les permitirá realizar. Además, se obligará a quien desee utilizar una VTC que las precontrate con al menos dos horas de margen y que después haga un uso del vehículo de al menos una hora.

La idea que subyace en el texto es que Uber o Cabify queden reducidos a trayectos largos y ocasionales, y enfocados a situaciones de empresa o eventos y no para el publico general. Mantendrán como hasta ahora la prohibición de buscar clientes por la calle.

Las VTC quedarían por tanto reducidas a la mínima expresión en una ciudad como Barcelona, limitadas a trayectos con destino en otra ciudad a momentos específicos como la semana de Mobile World Congress, cuando se hará una moratoria de la prohibición.

Este veto se llevaría a cabo de forma progresiva pero, cuando se complete, supondría la eliminación de dos tercios de las actuales 900 licencias de VTC existentes en Barcelona, según los cálculos de la propia Generalitat.

La ley introduce también una nueva normativa para el taxi, comenzando por la obtención de un título B1 de catalán, que Junts ya ha anunciado que considera insuficiente. En la misma línea, se endurece el código sancionador para evitar infracciones como los cobros fuera de las tarifas reguladas o actuar sin respetar las normas de prioridad.

Además todos los vehículos que realicen transporte privado de viajeros se equiparán con geolocalizadores para garantizar que cumplan con la normativa. Los partidos creen que la ley podría quedar aprobada en 2026, aunque las licencias de VTC se mantendrán hasta que expiren, lo que las formaciones consideran que repercutirá en una “transición suave” hacia la desaparición de este tipo de transporte en el área metropolitana de Barcelona.

En un comunicado conjunto emitido por Uber, Cabify y Bolt, las principales plataformas de VTC lamentan que, de salir adelante, esta ley empeoraría la “endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona”, además de que “4.000 personas perderían su empleo de la noche a la mañana”. Las empresas consideran además que esta norma contraviene la normativa europea, por lo que reclaman a los partidos a reconsiderar el texto.

En la misma línea la patronal mayoritaria del sector, Unauto VTC, ha valorado el texto registrado en el Parlament como “profundamente antisocial” y “radicalmente contrario al interés general”, al entender que los efectos de expulsar las VTC de los ámbitos urbanos enviaría al paro a miles de trabajadores y condenaría al cierre a cientos de empresas. “Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi”, ha asegurado la patronal en una nota de prensa.

En el otro lado, Élite Taxi, la agrupación mayoritaria de taxistas en Barcelona, han calificado de “valiente” la proposición de ley, que a su juicio permitirá que todo el sector trabaje con las mismas condiciones. Desde el sector de los taxistas también han destacado el endurecimiento del código sancionador, una medida con la que Élite se ha mostrado de acuerdo al entender que persiguen infracciones “de unos pocos” que “perjudican a todo el sector”.