Las tarifas de los taxis en Sevilla contemplan para el año 2027 una subida generalizada del 3,5% y un suplemento de casi cuatro euros para quienes soliciten el servicio desde el estadio de la Cartuja, esto es cuando el recinto albergue eventos de diversa naturaleza, ya sean conciertos o partidos. El pleno municipal abordará la cuestión este jueves, después de que el consejo de gobierno del Instituto del Taxi aprobase la propuesta tarifaria del próximo año en la sesión celebrada el pasado 15 de julio de 2026.

El suplemento de servicios en eventos de Cartuja (3,83 euros), se instaura como novedad sustituyendo la recogida con carrera mínima. “Esto se ha hecho porque hemos observado que el taxi, al llegar con el taxímetro puesto, el luminoso verde iba apagado y los clientes entendían que el vehículo estaba ocupado”. De este modo, para evitar esa “confusión” y “por transparencia” –para que sea siempre la misma cantidad– se ha aprobado un suplemento fijo, tal como explican fuentes del sector a Europa Press.

En este sentido, el servicio del taxi, a partir de 2027, cuando se publiquen las tarifas en el BOE, llegará a la Cartuja para recoger clientes con el luminoso verde encendido y cobrará el suplemento aprobado, “que es de una cuantía inferior a lo que se podía llegar a cobrar en 2026 para las mismas recogidas en la Cartuja”, añaden las mismas fuentes.

Las nuevas tarifas

De este modo, la propuesta que se debate este jueves en la sesión plenaria establece que la carrera mínima con tarifa 1 se sitúa en 4,78 euros (diferencia con 2026 de 0,16 céntimos); con tarifa 2, 5,86 euros (diferencia de 0,20 céntimos) y con tarifa 3, en 7,34 euros (diferencia de 0,25 céntimos). La tarifa del aeropuerto se congela de nuevo, con 26 y 29 euros, según sea tarifa 1 o 2 respectivamente.

La tarifa 1, que se corresponde con servicios urbanos efectuados en días laborables, de 7 a 21 horas, contempla una bajada de bandera de 1,76 euros (+0,06 euros) y 1,20 euros por kilómetro recorrido (+0,04).

La tarifa 2, que también estará vigente el lunes del alumbrado de la Feria desde las 14 horas hasta las 20 horas, recoge 2,09 euros por bajada de bandera y 1,48 euros por kilómetro recogido. Esta tarifa se aplica de lunes a jueves laborables de medianoche a 7 horas y de 21 a medianoche; los viernes y vísperas de festivos de medianoche a 7 horas y de 21 a 22 horas; los sábados, domingos y festivos de 7 a 22 horas; en Semana Santa, de 7 a 21 horas, y en la Feria de Abril, de 7 a 20 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de medianoche a 22 horas.

En lo que concierne a la tarifa 3, estará vigente en viernes y vísperas de festivo de 21 a 24 horas; en sábados, domingos y festivos de medianoche a 7 horas y de 21 a 24 horas; en Semana Santa de medianoche a 7 horas y de 21 a 24 horas, mientras que en la Feria de Abril se aplicará al tramo de 20 a 7 horas del día siguiente. La bajada de bandera se sitúa en 2,62 euros (+0,09) y la carrera mínima en 7,34 euros (+0,25 euros).

Servicio al aeropuerto y suplementos

La tarifa 4, que se corresponde con un servicio al aeropuerto tiene un coste de 26 euros en días laborables y de 7 a 21 horas, mientras que la tarifa 5, de lunes a viernes laborables por las noches y sábados, domingos y festivos las 24 horas, se mantiene en los 29 euros.

La propuesta tarifaria del servicio del taxi señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos –hasta un máximo de cuatro–, excluido equipaje de mano –cuando no supere los 50x4x20cm–, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,59 euros, dos céntimos más que los se paga en la actualidad.

Desde la estación ferroviaria de Santa Justa y de las estaciones de autobuses del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas se pagará un suplemento de 3,83 euros (+0,13) y 2,72 (+0,09), respectivamente, mientras que desde el aeropuerto será de 6,01 euros (+0,20), el mismo que se aplicará por desplazamiento a la cárcel Sevilla I y a la Factoría Heineken.

Los coches eléctricos y totalmente autónomos Waymo de Alphabet, empresa matriz de Google, preparan su desembarco en la Comunidad de Madrid. La empresa estadounidense ha anunciado en un comunicado que está “sentando las bases” para desplegar su servicio de transporte de viajeros en nuestro país, un proceso que se hará de forma gradual y que culminará en 2027, cuando la flota opere de forma totalmente autónoma. Solo con una máquina al volante. 

Waymo primero pondrá en marcha un periodo de pruebas, en el que sus vehículos eléctricos Jaguar I-PACE aún se conducirán de forma manual. “Estamos adoptando un enfoque metódico, gradual y que prioriza la seguridad, comenzando con la conducción manual antes de avanzar a una rigurosa validación técnica con especialistas locales capacitados en conducción autónoma”, explica la empresa matriz de Google en su comunicado. 

Según detalla la compañía, se trata de un periodo fundamental, porque garantizará que el Waymo Driver se adapte sin problemas a los patrones de tráfico y las condiciones de las carreteras específicas de la Comunidad de Madrid. Cuando todo esté listo, los coches circularán de forma autónoma, con la máquina al volante. 

No es la única compañía de vehículos autónomos que está desembarcando en la región madrileña. Los taxis autónomos sin conductor de Uber también han recibido la autorización para circular por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de las autoridades regionales. 

De momento, en el caso de Uber, también se tratan de pruebas, que se calcula que desarrollarán a finales de este año. Entre las tareas que llevará a cabo el gigante estadounidense está el mapeo de las zonas de operación, la validación de las rutas y las pruebas de operatividad de los vehículos. Unas bases sobre las que se cimentará el posterior servicio de robotaxis, al que ya le ha salido competencia: Waymo. 

Vehículos autónomos y seguridad

Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, nació oficialmente en 2009 bajo el nombre de Google Self-Driving Car Project. En 2016, el proyecto concluyó su fase de prueba en laboratorio, se convirtió en una empresa independiente dentro de Alphabet y adoptó el nombre comercial de Waymo.

Según datos de la compañía, hasta 2025, se superaron los veinte millones de viajes, una cifra que supone cuadruplicar el volumen total con el que cerró el ejercicio de 2024. En la actualidad, la plataforma ofrece más de 500.000 trayectos pagados a la semana dentro de sus operaciones comerciales. Esta opera en grandes ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Miami, Londres y Múnich. Y prepara también su desembarco en Toronto. 

En su afán por expandirse, Waymo combate el recelo de algunos usuarios, que cuestionan la seguridad de los coches eléctricos totalmente autónomos. Los datos de más de 400 millones de kilómetros recorridos de forma totalmente autónoma demuestran que, según la compañía, estos se vieron involucrados en un 95 % menos de accidentes con lesiones graves o peores en comparación con los humanos en las ciudades donde operamos. 

Sin embargo, estos vehículos autónomos han presentado varios problemas. Por ejemplo, la empresa tuvo que retirar miles de coches después de detectar un nuevo fallo de software que permitía a sus coches ignorar señales e internarse en zonas de obras en autopistas. También sus responsables han admitido que las máquinas, por muy preparadas que estén, fallarán a la hora de circular por las carreteras. 

Uber ha ganado una importante batalla judicial contra los tradicionales taxis negros de Londres que da aire al gigante estadounidense de la movilidad, envuelto en conflictos en numerosas ciudades. El Tribunal Superior británico ha desestimado dos demandas que reclamaban alrededor de 340 millones de libras (más de 400 millones de euros) por presuntas irregularidades de la plataforma de transporte al obtener su licencia para operar en la capital británica. El juez ha aceptado el argumento de la compañía de que las reclamaciones se presentaron fuera del plazo legal, sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones.

Las demandas, presentadas en 2024, representaban a unos 13.000 taxistas londinenses y a dos antiguas empresas de transporte privado, Kabbie e Iride. Los conductores reclamaban cerca de 200 millones de libras, mientras que el procedimiento relacionado con las dos compañías solicitaba alrededor de 140 millones.

Los demandantes acusaban a Uber de proporcionar información “engañosa e inexacta” a Transport for London (TfL), la autoridad que regula el transporte en la capital, para conseguir en 2012 una licencia de operador de vehículos de alquiler con conductor. Según su versión, la empresa habría ocultado o tergiversado aspectos de su funcionamiento para obtener una autorización que le permitió competir en condiciones ventajosas frente al taxi tradicional.

El juez Simon Birt ha concluido que los demandantes podrían haber descubierto el supuesto engaño antes de 2018. Como las acciones judiciales se interpusieron más de seis años después de ese momento, las reclamaciones quedaron fuera del plazo de prescripción aplicable. La decisión permite cerrar los procedimientos sin determinar si Uber incurrió realmente en las irregularidades denunciadas.

“Nos complace que el tribunal haya desestimado todas estas demandas en su totalidad a la primera oportunidad, y el fallo de hoy ha dejado definitivamente atrás estos asuntos pendientes”, ha afirmado un portavoz de Uber a Reuters.

Por su parte, RGL Management, la entidad que gestiona la reclamación en nombre de los taxistas, ha expresado su decepción y ha señalado que estudia las opciones disponibles junto con el equipo jurídico. Los demandantes todavía podrían valorar posibles vías de actuación frente a la decisión.

Una batalla por el negocio del taxi londinense

El litigio se remonta a la expansión de Uber en Londres, donde la plataforma ha captado una parte sustancial del mercado del transporte urbano que tradicionalmente dominaban los taxis negros, conocidos como black cabs. Los conductores sostenían que las presuntas irregularidades en la obtención de la licencia habían permitido a la compañía operar de manera contraria a la normativa y ofrecer tarifas más competitivas entre 2012 y 2018, con el consiguiente perjuicio económico para el sector.

La derrota judicial supone un revés para los taxistas, que aspiraban a obtener indemnizaciones individuales por las pérdidas que atribuían a la entrada de la plataforma. Sin embargo, al no haberse examinado el fondo del asunto, el fallo no supone una validación judicial de las prácticas de Uber, sino que resuelve la disputa por una cuestión de plazos.

La resolución llega, además, en un momento en el que la compañía continúa ampliando su presencia en la movilidad londinense. Uber ha anunciado el lanzamiento de viajes autónomos supervisados en colaboración con la empresa británica Wayve, que ha desarrollado su tecnología de conducción mediante inteligencia artificial en las complejas calles de la capital desde 2018.

En esta fase inicial, algunos usuarios que soliciten servicios UberX, Uber Electric o Uber Comfort podrán ser asignados a un Ford Mustang Mach-E eléctrico equipado con el sistema de conducción autónoma de Wayve. Los trayectos contarán con un conductor profesional con licencia de TfL a bordo para supervisar el recorrido, y los pasajeros podrán rechazar el vehículo autónomo y optar por uno convencional.

La nueva regulación del transporte urbano en Aragón ha abierto otro frente judicial entre las administraciones y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). La patronal UNAUTO ha anunciado este miércoles que recurrirá ante los tribunales la Orden VFL/1445/2026 del Gobierno de Aragón y solicitará su suspensión cautelar inmediata por considerar desproporcionadas las medidas que contempla, entre ellas el precinto de vehículos durante un plazo máximo de un año por operar sin autorización municipal. El conflicto tiene uno de sus principales escenarios en Zaragoza, donde la asociación denuncia que el Ayuntamiento mantiene bloqueada la concesión de 59 nuevas licencias mientras exige disponer de ellas para prestar el servicio.

La orden autonómica, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 9 de octubre y en vigor desde el día 10, endurece las medidas de control sobre la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos de turismo. Según denuncia UNAUTO, la regulación permite inmovilizar y precintar vehículos, imponer sanciones económicas y retirar o revocar autorizaciones en determinados supuestos de reincidencia.

“Estamos ante unas medidas absolutamente desproporcionadas, de efectos prácticamente confiscatorios, que ponen en riesgo la continuidad de las empresas y miles de puestos de trabajo”, sostiene el presidente de UNAUTO VTC, José Manuel Berzal, quien considera “inadmisible que las administraciones amenacen con precintar vehículos mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias que exigen para operar”.

La patronal sostiene que esta situación genera una contradicción entre las obligaciones impuestas a los operadores y las posibilidades reales de cumplirlas. Por ello, además de solicitar la suspensión cautelar de la orden, anuncia que estudiará las responsabilidades legales que pudieran derivarse de su aplicación, incluidas las personales.

La asociación señala directamente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde asegura que únicamente existen 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce prácticamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis.

Esta limitación está en el origen de una controversia jurídica que alcanzó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia dictada el 8 de junio de 2023 sobre la regulación del Área Metropolitana de Barcelona, el tribunal consideró contraria a la libertad de establecimiento una restricción cuantitativa de estas características cuando no está suficientemente justificada por objetivos legítimos y criterios de proporcionalidad.

La resolución europea, sin embargo, no eliminó la posibilidad de exigir autorizaciones adicionales para prestar servicios urbanos. Admitió que las administraciones pueden establecerlas cuando respondan a necesidades específicas de gestión del transporte, del tráfico, del espacio público o del medioambiente, siempre que sus condiciones sean objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.

UNAUTO acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de continuar aplicando de facto la proporción 1:30 pese a conocer esta jurisprudencia. También cuestiona el procedimiento mediante el que se concedieron las 59 autorizaciones existentes, que, según sostiene, fueron otorgadas sin convocatoria pública ni suficiente transparencia.

La patronal reclama que se publiquen los expedientes administrativos y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios. Asimismo, denuncia que empresas que ya operaban en Zaragoza quedaron fuera del reparto y que sus solicitudes posteriores fueron desestimadas mediante silencio administrativo, sin recibir una explicación expresa.

El Ayuntamiento reconoció que no concedía nuevas autorizaciones

La controversia sobre las licencias ya había llegado al debate municipal meses antes de aprobarse la nueva orden autonómica.

En febrero de 2026, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, explicó en una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza que no estaba prevista la concesión de nuevas autorizaciones VTC hasta disponer de una regulación autonómica que permitiera establecer las condiciones aplicables.

La cuestión había sido planteada por Vox, que solicitó explicaciones sobre las 59 licencias existentes, el procedimiento seguido para su concesión y la posible aplicación del límite de una VTC por cada 30 taxis.

El responsable municipal defendió entonces que las autorizaciones se habían concedido conforme a la normativa vigente y vinculó la tramitación de nuevas solicitudes al desarrollo de criterios relacionados con la protección medioambiental, la gestión del transporte y la circulación urbana.

La entrada en vigor de la nueva orden del Gobierno de Aragón introduce ahora un elemento adicional en este debate, al aprobarse la regulación autonómica a la que el Ayuntamiento había hecho referencia para justificar la ausencia de nuevas concesiones.

Un conflicto de intereses con el sector del taxi

El endurecimiento de las medidas de control también responde a un escenario de enfrentamiento entre las VTC y el sector del taxi, que lleva meses reclamando una actuación más contundente contra los vehículos que, a su juicio, prestan servicios urbanos sin disponer de las autorizaciones exigidas.

Las organizaciones del taxi han defendido la necesidad de reforzar las inspecciones y garantizar que las empresas de VTC cumplan las mismas exigencias administrativas que les correspondan para desarrollar su actividad. Desde este sector se ha denunciado la existencia de centenares de vehículos que consideran irregulares en Zaragoza.

La nueva orden autonómica se sitúa así en medio de dos reivindicaciones contrapuestas. Mientras los taxistas reclaman que se impida operar a quienes carecen de autorización, las empresas de VTC sostienen que las administraciones no pueden endurecer las consecuencias de incumplir un requisito cuando, según denuncian, mantienen restringido el procedimiento para obtenerlo.

“No se puede impedir a una empresa obtener una licencia y después precintar sus vehículos por no tenerla. Vamos a acudir a los tribunales para defender los derechos de nuestros asociados y exigir responsabilidades por las consecuencias de estas decisiones”, advierte Berzal.

UNAUTO reclama al Gobierno de Aragón la revisión inmediata de la orden y al Ayuntamiento de Zaragoza que ponga fin a las restricciones que considera injustificadas. La asociación confía en que los tribunales suspendan cautelarmente las nuevas medidas por entender que vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libertad de establecimiento.

Consumidores y empresarios alertan de más esperas tras las colas del Pilar

A las críticas de las empresas VTC se han sumado organizaciones de consumidores y representantes de sectores económicos y sociales integrados en la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, que consideran que las nuevas restricciones agravarán los problemas de movilidad de Zaragoza. La alianza señala como ejemplo las largas colas registradas durante las Fiestas del Pilar, especialmente por la noche y a la salida de los grandes acontecimientos, cuando numerosos ciudadanos tuvieron dificultades para encontrar transporte de regreso a sus domicilios.

La plataforma, de la que forman parte la Unión de Consumidores de Aragón, organizaciones vinculadas al ocio, la restauración y el turismo, así como empresas de movilidad como Bolt, sostiene que la demanda de servicios de transporte bajo demanda ha aumentado un 600% en Aragón. A su juicio, limitar la actividad de las VTC reducirá las alternativas disponibles y perjudicará especialmente a quienes se desplazan de noche, residen en barrios peor comunicados o asisten a eventos multitudinarios.

“Lo que hemos visto estos días en el Pilar no es una anécdota, es un síntoma. Cuando miles de personas tienen que esperar en la calle para volver a casa, el problema es que la oferta no está a la altura de la demanda”, afirma José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.

Oliván defiende la convivencia de todos los medios de transporte y advierte de que la solución no pasa por restringir la actividad de uno de ellos. “El taxi es una pieza esencial y el transporte público la columna vertebral de la ciudad, pero Zaragoza necesita que todas las soluciones convivan y se complementen”, sostiene.

La alianza reprocha además al Gobierno de Aragón que haya aprobado la orden sin escuchar previamente a los usuarios, pese a que, según asegura, las organizaciones de consumidores habían solicitado reuniones con los responsables autonómicos de movilidad. Por ello, reclama a las administraciones que cumplan su compromiso de equilibrar la oferta y la demanda y elaboren planes específicos de refuerzo del transporte para acontecimientos multitudinarios como las Fiestas del Pilar, coordinando los servicios públicos, el taxi y las VTC.

La Federación Vasca del Taxi se ha movilizado este miércoles en Donostia ante la situación que atraviesa el sector y la “falta de soluciones” que ven por parte de las administraciones frente a la actividad de las plataformas como Uber, llegadas recientemente a la ciudad. Alrededor de unos 500 manifestantes, entre personas y vehículos, han marchado en dos columnas y han colapsado por momentos el tráfico en la ciudad.

La manifestación ha contado con la participación de profesionales del taxi procedentes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, quienes ha partido desde Bidebieta o desde la plaza Europa (Universidades). A partir de ambos puntos, los profesionales se han desplazado a pie o en sus vehículos hasta el centro de la capital, colapsando la ciudad y llenándola de ruido con bocinas. La movilización, tras unirse en el puente del Kursaal, ha finalizado a mediodía en el Boulevard y Alderdi Eder.

Además, de los problemas de tráficos generados, se han producido momentos de tensión, aunque sin incidentes reseñables. Algunos profesionales del taxi han saltado la valla y han entrado en las escaleras de acceso al Ayuntamiento por Alderdi Eder con la pancarta, haciendo que fuesen desalojados por la Guardia Municipal.

El portavoz de la Federación Vasca del Taxi, Iñaki Pardo, ha explicado que esta convocatoria en Donostia es la tercera del sector, tras las dos celebradas en Bilbao, y no descartan llevar a cabo otra más en Vitoria, donde no hay plataformas de este tipo por el momento. Así, ha asegurado que seguirán adelante con las manifestaciones para pedir que “se cumpla la ley” y que las VTC, como se conoce a esas licecias, “hagan servicios interurbanos, que se controle que están haciendo porque estamos viendo que la mayoría de los servicios que hacen son urbanos”.

Pardo ha detallado que la Federación pide a las diputaciones, al Gobierno vasco y a los ayuntamientos que “se preocupen un poco por el sector que tiene el público del taxi y que empiecen a hacer cumplir la normativa vigente”. No conforme, Pardo ha asegurado que las instituciones “cada vez están dando más autorizaciones” y ha detallado que en Gipuzkoa “hace poco una empresa ha pedido 299 autorizaciones y se las han denegado porque no cumplían los requisitos”. Sin embargo, el portavoz ha asegurado que siguen pidiendo las autorizaciones de las cuales “algunas cuelan”, haciendo que lleguen entre unas 200 o hasta 400 autorizaciones, cuando “no hay sitio en las ciudades para meter toda esta gente”. Adicionalmente, Pardo ha denunciado que los Uber “paran en las paradas de taxi, van por los carriles bus” y denotan comportamientos “violentos” de los conductores. Ha afirmado que “les insultan y les hacen gestos provocándoles”. “Puede llegar un momento en el que alguno reviente y tengamos problemas”, ha augurado.

La empresa concesionaria del Transporte Sensible a la Demanda (TSD) de Almadén ha llegado a un acuerdo con los taxistas para incorporarlos al servicio, donde ha mediado el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La empresa AISA y los taxistas de la zona de Almadén han llegado a un acuerdo para que estos operen prestando servicio dentro del nuevo modelo de Transporte Sensible a la Demanda que ha entrado en funcionamiento en Almadén este mes de septiembre.

Tras varias reuniones a tres bandas y con mediación de la Dirección General de Transportes, cinco taxistas han aceptado las condiciones ofrecidas por la empresa concesionaria para prestar el servicio.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que la normativa estatal impide a la Administración contratar directamente a los taxistas para prestar este servicio. Por ello, la legislación en materia de contratación pública exige que exista un único adjudicatario, es decir, una sola empresa responsable de la prestación del servicio. No obstante, ha precisado que esa empresa puede subcontratar a los taxistas de la zona, lo que ha permitido alcanzar un acuerdo “muy positivo” para los profesionales del taxi de Almadén.

En este sentido, Hernando ha avanzado que en la prestación del servicio participarán prácticamente todos los taxistas que han querido sumarse al proyecto y ha agradecido a la empresa concesionaria su disposición para “asumir las labores de coordinación”, actuando como elemento vertebrador de una iniciativa que, según ha subrayado, “se desarrolla de la mano de los taxistas de la región”.

Asimismo, Hernando ha valorado el acuerdo alcanzado entre la empresa concesionaria y los taxistas de la comarca, destacando que “es un ejemplo de cómo el diálogo y la colaboración permiten encontrar soluciones que benefician a todos y, sobre todo, a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos” y ha incidido en que “este acuerdo demuestra la voluntad que siempre ha tenido el Gobierno regional de contar con los taxistas y solo era cuestión de terminar de materializar los acuerdos”.

Además, ha asegurado que “este ha sido siempre el modelo”, recordando que se trata de un sistema pionero a nivel europeo, reconocido y puesto en valor por distintas instituciones comunitarias. Además, ha destacado que ya funciona en Cuenca, en Campo de Montiel y en el resto de los servicios de transporte a la demanda impulsados por el Gobierno regional.

En este contexto, ha avanzado que “la legislatura terminará con una nueva batería de servicios de transporte a la demanda que se anunciarán en los próximos días durante el Debate sobre el Estado de la Región”.

Nuevo transporte sensible a la demanda en Almadén

El nuevo TSD que comenzó a operar el pasado 9 de septiembre, beneficia a nueve municipios de la zona y refuerza la conexión con Puertollano y las estaciones ferroviarias de Almadenejos y Guadalmez, en lo que supone un refuerzo de la movilidad de las zonas rurales del suroeste de la provincia de Ciudad Real y ampliar las oportunidades de acceso a servicios esenciales, sanitarios, educativos, administrativos y comerciales.

El Transporte Sensible a la Demanda funciona de lunes a viernes laborables entre las 7:00 y las 18:30 horas. Además, los domingos prestará servicio entre las 17:00 y las 19:00 horas para garantizar las conexiones con las estaciones ferroviarias de Almadenejos y Guadalmez.

Las reservas se realizan con una antelación mínima de 16 horas y pueden gestionarse tanto a través de la aplicación informática específica TD-Almadén como mediante un servicio de atención telefónica. El centro de atención telefónica estará operativo de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 15:00 a 18:00 horas.

Junto al transporte a la demanda, el contrato mantiene diferentes rutas regulares entre Chillón y Puertollano durante toda la semana, con servicios directos y paradas intermedias adaptadas a los distintos días laborables y fines de semana.

El Cabildo de Gran Canaria avanza en la puesta en marcha del sistema que permitirá conectar un botón del pánico instalado en los taxis de la isla con las jefaturas de Policía Local, que podrá recibir imágenes y audio en tiempo real, según ha anunciado este jueves.

De esta forma, ante una situación de emergencia, los agentes podrán recibir información en directo desde el interior del vehículo y actuar con mayor rapidez, explica en un comunicado el Cabildo.

La corporación que refiere que hace este anuncio tras haber mantenido una reunión de coordinación con representantes de las cooperativas de taxis y de las policías locales para resolver las dudas sobre la implantación del sistema y poner a su disposición los medios necesarios para hacer efectiva la interconexión.

Actualmente, las cámaras instaladas en los taxis almacenan las imágenes en tarjetas integradas en los propios dispositivos, que permanecen precintadas y sujetas a la normativa de protección de datos, expone, añadiendo que estas grabaciones están siendo requeridas por policías y juzgados para la investigación y esclarecimiento de posibles delitos, con una media aproximada de dos solicitudes diarias.

La conexión del botón del pánico supondrá un salto cualitativo, ya que, cuando se produzca una alerta, las jefaturas de Policía Local podrán acceder a imagen y sonido en tiempo real desde el vehículo, lo que permitirá conocer inmediatamente qué está ocurriendo y valorar la respuesta necesaria, plantea el Cabildo.

El sistema contempla, además, la posibilidad de establecer comunicación desde la propia jefatura con el interior del taxi, destaca.

Esta nueva fase desarrolla el proyecto iniciado por el Cabildo para interconectar los sistemas de videovigilancia instalados en los vehículos con los dispositivos municipales de seguridad y tráfico.

La documentación remitida a los ayuntamientos establece precisamente como objetivo la interoperabilidad del botón del pánico con las policías locales, para reforzar la seguridad de profesionales y usuarios.

Hasta el momento, detalla la nota, se han instalado 1.160 cámaras de videovigilancia en taxis de Gran Canaria, a través de las líneas de apoyo impulsadas por el Cabildo y canalizadas mediante las cooperativas del sector.

La institución insular prepara además una nueva convocatoria de ayudas por un importe cercano a los 500.000 euros para continuar extendiendo estos dispositivos entre la flota.

La subvención prevista será de 450 euros por licencia municipal, y las cooperativas serán las encargadas de concurrir a la convocatoria y canalizar las ayudas hacia los profesionales.

El consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, ha destacado que el objetivo del Cabildo es “facilitar al sector del taxi y a las policías locales la tecnología necesaria para implantar el botón del pánico” y hacer posible “su conexión en tiempo real ante una situación de emergencia, especialmente para aquellos municipios que no dispongan de la infraestructura requerida”.

La Federación Cántabra del Taxi ha presentado alegaciones al reglamento municipal de Santander, en concreto un total de 19, al considerar que el Ayuntamiento ha tardado “más de dos años” en presentar un documento “muy rácano”, que “no concreta nada” sobre las demandas del sector y, además, “deja en el aire” los puntos más importantes.

Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi, ha trasladado a Europa Press que sigue pendiente de que el consejero de Fomento del Gobierno regional, Roberto Media, “cumpla su promesa” acerca de que su departamento estaba trabajando en limitar el número de licencias municipales en función de la población. Una cuestión que, según dijo en su día, tenía previsto llevar a cabo mediante la modificación de la de Transporte de Viajero por Carretera.

En ese sentido, una de las alegaciones del colectivo es al artículo del reglamento de la capital cántabra que versa sobre la previsión de una nueva licencia por cada 750 habitantes censados y creen que ese criterio municipal debe suprimirse, pues el incremento “no puede convertirse en una consecuencia prácticamente automática de una variación demográfica”.

Y es que, según recalcan, el artículo en cuestión del texto municipal exige acreditar la necesidad y conveniencia del servicio atendiendo también a “la oferta existente, las necesidades reales, la repercusión sobre el transporte y la circulación y la suficiencia económica” del mismo, según las alegaciones, consultadas por Europa Press.

Ratios para nuevas licencias

Los taxistas señalan al respecto que está pendiente además la regulación regional con la publicación, en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales, de los ratios para el otorgamiento de nuevas licencias, por lo que consideran “improcedente que una norma municipal anticipe ahora un parámetro rígido propio que pueda quedar inmediatamente desplazado o entrar en contradicción con la norma autonómica”.

También han formulado alegaciones contra otros artículos del reglamento de Santander por falta de regulación de las condiciones de adjudicación de las licencias temporales, el relacionado con las licencias extinguidas o el que regula la obligación general de disponer de sistemas automáticos de pago y facturación y de excluir los asientos auxiliares o plegables instalados en la zona destinada a maletero, de modo que no se permitirán los transportines en esa parte del vehículo.

El resto de alegaciones están relacionadas con los artículos que regulan la antigüedad del vehículo para su incorporación inicial al servicio, la necesidad de llevar extintor de incendios, sobre la publicidad interior y admisión de soportes no digitales o audiovisuales dentro, la renovación del permiso municipal junto con el permiso de conducción, o la inclusión expresa del autónomo colaborador en todos los artículos referidos a conductores asalariados.

Y las últimas versan sobre la incorporación de un régimen de excedencia o suspensión temporal de la licencia, la regulación de la misma o autorización provisional, la “incongruencia” del anticipo para recorridos superiores a 30 kilómetros dentro del municipio, la incorporación de la tarifa concertada o precio cerrado mediante sistema automático de gestión, la simplificación y digitalización de documentación obligatoria, la corrección del artículo sobre el indicador de libre o la determinación “inequívoca” de la anchura de la franja azul, además de la publicidad institucional obligatoria.

El Área de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha iniciado dos expedientes sancionadores que superan los 8.000 euros en conjunto contra dos vehículos por la presunta realización de servicios de transporte público de viajeros sin la autorización administrativa preceptiva.

La Corporación insular ha explicado que las dos actuaciones se produjeron durante la madrugada del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, coincidiendo con una jornada de especial afluencia de jóvenes a la zona de ocio.

Agentes de la Policía Nacional detectaron en ambos casos cómo los vehículos acudían reiteradamente al lugar para recoger pasajeros y posteriormente trasladarlos a diferentes puntos de la capital.

Durante la intervención, los efectivos localizaron además tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico, comprobando en uno de los dispositivos la existencia de un grupo de mensajería denominado “Uber”.

El expediente señala que estos elementos se consideran indicios complementarios y que la imputación se fundamenta principalmente en la actuación observada por los agentes y en las manifestaciones de los pasajeros sobre el sistema empleado para solicitar el servicio.

Como consecuencia de ambas actuaciones, el Cabildo ha iniciado los correspondientes procedimientos sancionadores y tal y como señala el consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, “cada uno de los expedientes contempla una propuesta de sanción de 4.001 euros, por lo que la cuantía conjunta asciende a 8.002 euros”.

“Los hechos -añadió- están tipificados como infracción muy grave por la normativa canaria de transportes, al tratarse presuntamente de la realización de transportes públicos careciendo de la concesión, autorización o licencia que resulte preceptiva”.

La Policia Local d'Eivissa ha denunciat aquest dijous un taxi procedent de Palma que es trobava operant a la ciutat sense l'autorització pertinent.

El conductor del vehicle ha estat denunciat per una infracció molt greu, conforme a l'article 96.e del Reglament del Servei Municipal del Taxi, i s'enfronta a una sanció d'entre 1.001 i 6.000 euros, segons ha informat l'Ajuntament.

A més, els fets podrien ser susceptibles de l'aplicació de l'article 89.2 de la Llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de Balears, que considera infracció molt greu mancar de permís municipal o no tenir-lo en vigor, com també captar clients sense comptar amb llicència.

Des del Consistori han subratllat que l'actuació d'aquest dijous posa de manifest el front comú que manté amb el Consell d'Eivissa en la lluita contra l'intrusisme, especialment durant la temporada turística, quan s'incrementa la demanda de serveis de transport.

Resclosa d'un taxi procedent de Barcelona

Aquesta actuació se suma a altres intervencions realitzades durant la temporada alta. El juliol de 2025, la Policia Local d'Eivissa també va denunciar un taxi procedent de Barcelona que estava operant il·legalment a la ciutat, dins del dispositiu reforçat desplegat durant la temporada turística.

En aquest cas, el propietari del vehicle també va ser denunciat per una infracció molt greu, amb una sanció prevista d'entre 1.001 i 6.000 euros.

La Policía Local de Eivissa ha denunciado este jueves a un taxi procedente de Palma que se encontraba operando en la ciudad sin la autorización pertinente.

El conductor del vehículo ha sido denunciado por una infracción muy grave, conforme al artículo 96.e del Reglamento del Servicio Municipal del Taxi, y se enfrenta a una sanción de entre 1.001 y 6.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, los hechos podrían ser susceptibles de la aplicación del artículo 89.2 de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Balears, que considera infracción muy grave carecer de permiso municipal o no tenerlo en vigor, así como captar clientes sin contar con licencia.

Desde el Consistorio han subrayado que la actuación de este jueves pone de manifiesto el frente común que mantiene con el Consell d'Eivissa en la lucha contra el intrusismo, especialmente durante la temporada turística, cuando se incrementa la demanda de servicios de transporte.

Antecedente de un taxi procedente de Barcelona

Esta actuación se suma a otras intervenciones realizadas durante la temporada alta. En julio de 2025, la Policía Local de Eivissa también denunció a un taxi procedente de Barcelona que estaba operando ilegalmente en la ciudad, dentro del dispositivo reforzado desplegado durante la temporada turística.

En ese caso, el propietario del vehículo también fue denunciado por una infracción muy grave, con una sanción prevista de entre 1.001 y 6.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las sanciones impuestas a Cabify y otras tres empresas vinculadas a su red de conductores por valor de 547.520 euros. Las multas, por una infracción muy grave relacionada con la cesión ilegal de trabajadores, han quedado sin efecto porque el tribunal considera que las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Generalitat superaron el plazo máximo legal.

La resolución, avanzada por El Periódico, deja sin efecto seis actos de sanción. Fuentes del Departament de Empresa y Trabajo han confirmado la recepción de la resolución y aseguran que están analizándola para evaluar los pasos a seguir. El argumento de las compañías es que la administración catalana tardó 17 días más de lo permitido por la ley en remitirles las actas infractoras y el del expediente sancionador.

Los hechos inspeccionados se remontan a 2020, cuando la Inspección de Trabajo empezó a investigar cómo funcionaba el sistema de conductores de Caibify y descubrieron que había una red de empresas que posibilitaban el servicio, pero dependientes todas de mismo algoritmo. Los clientes venían de Cabify, pero las flotas de conductores operaban bajo otras firmas.

La autoridad laboral les acusó de cesión ilegal de trabajadores, lo que calificó como una falta muy grave. Ahora bien, según dicta la ley, estas actuaciones comprobatorias no pueden alargarse más de nueve meses.

Fa tot just un any, l’aeroport d’Eivissa era un dels principals escenaris d’actuació dels taxis ‘pirata’. Actualment, després d’una intensa campanya d’inspeccions que ha acabat amb 162 vehicles immobilitzats i convertits en ferralla, l’obertura de més de 630 expedients sancionadors i una recaptació rècord de 710.752 euros durant el 2025 -segons dades del Consell Insular-, la pressió sobre el transport il·legal n’ha reduït dràsticament la presència a l’aeròdrom, tot i que els taxistes alerten que el problema s’ha traslladat a les platges i a les zones d’oci.

Quan el PP va arribar al govern de la institució insular el 2019, es va fixar entre els seus objectius prioritaris la lluita contra l’intrusisme, centrant-se principalment en el transport i el lloguer turístic il·legal. Per fer-ho, es va crear un departament nou, dotat d’un cos d’inspectors, que treballa coordinadament amb les policies locals i la Guàrdia Civil.

Aquest esforç ha permès reduir l’oferta il·legal a l’aeroport de l’illa, que era un dels principals punts d’operacions dels transportistes ‘pirata’. Les dades més actualitzades del juliol del 2026 mostren que s’han obert 636 expedients sancionadors més, mentre que el nombre de taxis clandestins immobilitzats s’ha reduït fins als 18, cosa que suposa un descens del 89% respecte al conjunt del 2025.

“L’any passat vam fer una feina molt intensa. Vam obrir més de 600 expedients i vam immobilitzar més d’un centenar de taxis ‘pirata’. Molts d’aquests vehicles han acabat convertits en ferralla. Ara les dades demostren que aquest esforç està donant fruits i que cada vegada hi ha menys vehicles que s’atreveixen a operar al marge de la llei”, afirma Mariano Juan, conseller insular de Mobilitat, Infraestructures i Lluita contra l’Intrusisme.

Diversos associats del sector del taxi reconeixen i agraeixen els esforços dirigits a eliminar el transport il·legal, tot i que lamenten que, a causa de la professionalització d’aquestes xarxes, continuen tenint presència en punts propers a les platges i zones d’oci, com ara les discoteques. “Coincideixo que ara són molt menys a l’aeroport i que van molt més a les platges i les discoteques”, explica a elDiario.es un taxista titular d’una llicència a Sant Josep de sa Talaia. És un dels municipis amb més moviment de taxis il·legals, ja que dins d’aquest terme municipal hi ha diversos punts turístics clau: l’aeroport, la zona d’oci de Platja d’en Bossa -amb diversos hotels i discoteques famoses- i les platges del Parc Natural de ses Salines.

El ‘modus operandi’

“El sector -il·legal- s’ha professionalitzat. Són a les xarxes socials i a plataformes d’internet i, malgrat tota la lluita que s’està duent a terme -i que s’està fent molt bé-, el que demanem és que no s’aturi», explica a aquest diari Toni Roig, president de FITIE (Federació Insular del Taxi de l’Illa d’Eivissa i Formentera).

El modus operandi dels taxistes ‘pirata’ –que en ocasions s'ha organitzat al voltant de xarxes mafioses– es desenvolupa en els punts d'origen o destí dels turistes, que solen ser fonamentalment l'aeroport, els ports, els hotels, les discoteques i altres llocs destinats a l’oci. Sota l’aparença d’operar com una empresa privada de transport de viatgers, en realitat s’hi duu a terme una activitat fraudulenta de trasllat de turistes. Vehicles que no disposen de llicència o autorització administrativa presten il·legalment aquest servei a canvi d’una contraprestació econòmica. A vegades s’organitzen a través de plataformes d’internet o aplicacions mòbils com WhatsApp o Telegram.

La responsabilitat per les irregularitats comeses recau, en els casos de les xarxes de transport clandestines, en la persona que materialment dugui a terme l’activitat en nom propi o que l’organitzi; en aquells que col·laborin en la realització d’aquesta activitat sense ser personal assalariat, i en els comercialitzadors o intermediaris que ofereixin serveis sense llicència o títol habilitant, incloent-hi l’oferta a través de pàgines web o aplicacions de missatgeria instantània, tal com estableix l' article 76.1.b) de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. El transport il·legal està tipificat en l' article 94.1 de la normativa. Aquestes infraccions, a més, es sancionen amb multes d'entre 15.000 i 25.000 euros, segons l'article 97.1 de la normativa.

“Que s’incrementi, en la mesura del possible, tota la feina que s’està fent sobre aquest assumpte”, insisteix Roig, per aquests motius, respecte de la inspecció i el control. Alhora, agraeix l’esforç que estan fent les administracions insulars, així com els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, perquè el transport il·legal passi a ser una pràctica residual.

Més inspecció i recursos

El departament de Transports del Consell Insular ha implementat en els darrers anys un pla d’inspecció que ha suposat una ofensiva contra les xarxes clandestines dels taxis ‘pirata’. Aquest pla s’elabora en col·laboració amb la Policia Local dels cinc ajuntaments -Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja-; la Guàrdia Civil i els responsables del departament de lluita contra l’intrusisme, com també els funcionaris encarregats de les operacions.

Per fer-ho, tant els inspectors com els agents d’inspecció de transports del Consell Insular exerceixen un control constant sobre les carreteres i vies públiques. Aquests controls se solen dur a terme en coordinació amb els diferents cossos i forces de seguretat amb competències en matèria de transports. Es fan amb més freqüència a carreteres i llocs de gran afluència, de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia.

Tant el conseller insular de Mobilitat, Infraestructures i Lluita contra l’Intrusisme, Mariano Juan, com el director insular de Transports, Roberto Algaba, fan un balanç positiu de la feina feta. En una visita a les instal·lacions de Ca na Negreta, on es custodien els vehicles immobilitzats per transport il·legal abans de ser convertits en ferralla, Juan ha destacat que les dades d’aquest any “confirmen que la feina que s’està fent dona resultats”.

Així mateix, ha afegit que “no hi ha millor immobilització que la que no s’ha de produir perquè hem aconseguit dissuadir els taxis pirata abans que cometin la infracció”. “Aquest és el millor indicador que el pla d’inspecció funciona”, conclou el conseller, que ha recordat que el pla d’inspecció continuarà actiu durant tota la temporada turística “amb l’objectiu de continuar combatent l’intrusisme i garantir un transport segur, legal i de qualitat a l’illa”.

Platges i discoteques

Malgrat tot, els taxistes adverteixen que el transport il·legal no ha desaparegut. “L’intrusisme i la competència deslleial, per desgràcia, continuen existint i continuen sent perfectament visibles”, afirma Roig, president de FITIE. Mentre que s’ha reduït força a l’aeroport, s’ha desplaçat més cap a altres nuclis turístics de l’illa, com ara les platges i les discoteques.

“S’ha reduït força a l’aeroport, però hi ha una feina pendent a les discoteques i les platges”, assegura Lolo Ruiz, portaveu d’Élite Corsaris. Ruiz reconeix que la feina institucional feta a l’aeroport durant el dia ha donat resultats, però que ara queda pendent actuar en altres punts de l’illa. Especialment, a les zones de discoteques i platges, on part de l’activitat il·legal s’ha desplaçat.

Així, Ruiz insisteix que cal continuar mantenint aquesta pressió durant uns quants anys més per desincentivar aquells que continuen dedicant-se al transport il·legal i aconseguir que acabin buscant una activitat legal. D’altra banda, considera que continuen havent-hi conflictes amb els taxis ‘pirata’ cap a la matinada, quan pràcticament ja no hi ha servei d’autobusos i les úniques alternatives per sortir de l’aeroport són els taxis, les VTC i els serveis regulats de transport discrecional de viatgers.

En aquest sentit, proposa implantar autobusos nocturns des de l'aeroport –no només els discobus destinats a les zones d'oci– per reduir les llargues cues que continua havent-hi als voltants de l'aeròdrom i que permeti que els turistes tinguin altres opcions de desplaçament per arribar a les seves destinacions. En ocasions, aquestes esperes són les oportunitats que aprofiten les xarxes del transport il·legal per cobrar viatges de forma fraudulenta.

Després de la implementació del nou contracte del servei públic, que ha renovat tota la flota d’autobusos i ha incorporat més i millors freqüències, hi ha cinc línies d’autobusos amb sortida de l’aeroport cap a diferents punts de l’illa.

El primer fa la ruta -en ambdues direccions- entre l’aeròdrom i Sant Antoni de Portmany, passant per Sant Josep de sa Talaia. En horari d’estiu surt un autobús cada mitja hora, i l’últim ho fa a la una i mitja de la matinada. La segon fa la ruta cap a Eivissa passant per Sant Jordi i el port. En horari d’estiu surt cada mitja hora, i l’últim surt a dos quarts d’una de la nit.

La tercera línea, fins al port d’Eivissa, en horari d’estiu surt cada mitja hora, i l’última ho fa a tres quarts de dotze de la nit. La quarta línia fa la ruta cap a la platja de Cala Nova passant per Santa Eulària des Riu. En horari d’estiu surt cada hora, i l’última ho fa a les dotze de la nit. La cinquena línia fa la ruta cap al barri de ses Figueretes -municipi d’Eivissa-, passant per la zona d’oci i turística de Platja d’en Bossa. Aquest autobús només presta servei a l’estiu, cada mitja hora, i l’últim surt a les dotze i deu de la nit. Els diumenges i festius hi ha rutes que tenen menys freqüències.

A més de sol·licitar més freqüències d’autobusos durant la matinada des de l’aeroport, Ruiz lamenta que “quan els inspectors se’n van, [els pirata] tornen”. Segons el portaveu d’Élite Corsaris, les xarxes clandestines estan molt pendents dels moviments de les autoritats i, tan bon punt veuen que ja no hi ha inspecció o presència policial, especialment a la nit, tornen a l’aeroport. Com que el negoci que hi feien s’ha reduït molt, estan esperant qualsevol oportunitat per tornar a captar clients.

Hace apenas un año, el aeropuerto de Eivissa era uno de los principales escenarios de actuación de los taxis 'pirata'. En la actualidad, tras una intensa campaña de inspecciones que ha acabado con 162 vehículos inmovilizados y convertidos en chatarra, la apertura de más de 630 expedientes sancionadores y una recaudación récord de 710.752 euros durante 2025 -según datos del Consell Insular-, la presión sobre el transporte ilegal ha reducido drásticamente su presencia en el aeródromo, aunque los taxistas alertan de que el problema se ha trasladado a playas y zonas de ocio.

Cuando el PP llegó al gobierno de la institución insular en 2019, se fijó entre sus objetivos prioritarios la lucha contra el intrusismo, centrándose principalmente en el transporte y alquiler turístico ilegal. Para ello se formó un departamento de nueva creación, dotado de un cuerpo de inspectores, que trabaja coordinadamente con las policías locales y la Guardia Civil.

Este esfuerzo ha permitido reducir la oferta ilegal en el aeropuerto de la isla, que era uno de los principales puntos de operaciones de los transportistas ‘pirata’. Los datos más actualizados de julio de 2026 muestran que se han abierto otros 636 expedientes sancionadores, mientras que el número de taxis clandestinos inmovilizados se ha reducido hasta los 18, lo que supone un descenso del 89% respecto al conjunto de 2025.

“El año pasado hicimos un trabajo muy intenso. Abrimos más de 600 expedientes e inmovilizamos más de un centenar de taxis ‘pirata’. Muchos de estos vehículos han acabado convertidos en chatarra. Ahora los datos demuestran que este esfuerzo está dando sus frutos y que cada vez hay menos vehículos que se atreven a operar al margen de la ley”, afirma Mariano Juan, conseller insular de Movilidad, Infraestructuras y Lucha contra el Intrusismo.

Diferentes asociados de taxi reconocen y agradecen los esfuerzos dirigidos a liquidar el transporte ilegal, aunque lamentan que debido a la profesionalización de estas redes siguen teniendo presencia en puntos cercanos a las playas y zonas de ocio, como las discotecas. “Coincido en que están mucho menos en el aeropuerto y que van mucho más a playas y discotecas”, explica a elDiario.es un taxista titular de una licencia en Sant Josep de sa Talaia. Es uno de los municipios con más movimiento de taxis ilegales debido a que dentro de este término municipal hay varios puntos turísticos claves: el aeropuerto, la zona de ocio de Platja d’en Bossa –con varios hoteles y discotecas famosas– y las playas del Parque Natural de ses Salines.

El ‘modus operandi’

“El sector –ilegal– se ha profesionalizado”. Están en las redes sociales y en plataformas de internet y, pese a toda la lucha que se está llevando a cabo –y se está haciendo muy bien–, pedimos es que no se detenga“, explica a este diario Toni Roig, presidente de FITIE (Federació Insular del Taxi de l'Illa d'Eivissa i Formentera).

El modus operandi de los taxistas ‘pirata’ –que en ocasiones se ha organizado en torno a redes mafiosas– se efectúa en los puntos de origen o destino de los turistas, que suelen ser fundamentalmente el aeropuerto, los puertos, hoteles, discotecas, y otros lugares destinados al ocio. Bajo la apariencia de operar como una empresa privada de transporte de viajeros, en realidad se está llevando a cabo una actividad fraudulenta de traslado de turistas. Vehículos que no cuentan con una licencia o autorización administrativa realizan ilegalmente este servicio a cambio de una contraprestación económica. En ocasiones se organizan en torno a plataformas de internet o aplicaciones móviles como Whatsapp o Telegram.

La responsabilidad por las irregularidades cometidas recae, en los casos de las redes de transporte clandestinas, en la persona que materialmente lleve a cabo la actividad en nombre propio o la organice; quienes colaboren en la realización de dicha actividad sin ser personal asalariado y en los comercializadores o intermediarios que ofrezcan servicios sin licencia o título habilitante, incluyendo el ofrecimiento a través de páginas web o aplicaciones de mensajería instantánea, como afirma el artículo 76.1.b) de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears. El transporte ilegal está tipificado en el artículo 94.1 de la normativa. Estas infracciones, además, se sancionan con multas de entre 15.000 y 25.000 euros, según el artículo 97.1 de la normativa.

“Que se incremente, en la medida de lo posible, todo el trabajo que se está realizando sobre este asunto”, insiste, por estos motivos, Roig, el portavoz de una de las patronales del taxi, respecto a la inspección y el control. Al mismo tiempo, agradece el esfuerzo que están realizando las administraciones insulares, así como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que el transporte ilegal pase a ser una práctica residual.

Más inspección y recursos

El departamento de Transportes del Consell Insular ha implementado en los últimos años un plan de inspección que ha supuesto una ofensiva contra las redes clandestinas de los taxis ‘piratas’. Este plan se elabora en colaboración con la Policía Local de los cinco ayuntamientos –Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja–; la Guardia Civil y los responsables del departamento de lucha contra el intrusismo, así como los funcionarios encargados de las operaciones.

Para ello, tanto los inspectores como los agentes de inspección de transportes del Consell Insular ejercen un control constante sobre las carreteras y vías públicas. Estos controles se suelen realizar en coordinación con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias en materia de transportes. Se realizan con mayor frecuencia en carreteras y lugares de gran afluencia, de forma aleatoria, y en cualquier momento del día.

Tanto el conseller insular de Movilidad, Infraestructuras y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, como el director insular de Transportes, Roberto Algaba, hacen un balance positivo del trabajo realizado. En una visita a las instalaciones de Ca na Negreta, donde se custodian los vehículos inmovilizados por transporte ilegal antes de ser convertidos en chatarra, Juan ha destacado que los datos de este año “confirman que el trabajo que se está haciendo da resultados”.

Asimismo, ha añadido que “no hay mejor inmovilización que la que no se tiene que producir porque hemos conseguido disuadir a los taxis pirata antes de que cometan la infracción”. “Este es el mejor indicador de que el plan de inspección funciona”, concluye el conseller, que ha recordado que el plan de inspección continuará activo durante toda la temporada turística “con el objetivo de seguir combatiendo el intrusismo y garantizar un transporte seguro, legal y de calidad en la isla”.

Playas y discotecas

Pese a todo, los taxistas advierten que el transporte ilegal no ha desaparecido. “El intrusismo y la competencia desleal, por desgracia, siguen existiendo y siguen siendo perfectamente visibles”, afirma Roig, presidente de FITIE. Mientras que se ha reducido bastante en el aeropuerto, se ha desplazado más hacia otros núcleos turísticos de la isla, como las playas y las discotecas.

“Se ha reducido bastante en el aeropuerto, pero hay un trabajo pendiente en las discotecas y las playas”, asegura Lolo Ruiz, portavoz de Élite Corsaris. Ruiz reconoce que el trabajo institucional realizado en el aeropuerto durante el día ha dado resultados, pero que ahora queda pendiente actuar en otros puntos de la isla. Especialmente, en las zonas de discotecas y playas, donde parte de la actividad ilegal se ha desplazado.

Así, Ruiz insiste en que hay que seguir manteniendo esta presión durante varios años más para desincentivar a quienes siguen dedicándose al transporte ilegal y que acaben buscando una actividad legal. Por otro lado, considera que sigue habiendo conflictos con los taxis ‘pirata’ hacia la madrugada, cuando apenas queda servicio de autobuses, y las únicas alternativas para salir del aeropuerto son los taxis, las VTC y los servicios regulados de transporte discrecional de viajeros.

En este sentido, propone implantar autobuses nocturnos desde el aeropuerto –no solo los discobuses destinados a las zonas de ocio– para reducir las largas colas que sigue habiendo en los alrededores del aeródromo y que permita que los turistas tengan otras opciones de desplazamiento para llegar a sus destinos. En ocasiones, estas esperas son las oportunidades que aprovechan las redes del transporte ilegal para cobrar viajes de forma fraudulenta.

Después de la implementación del nuevo contrato del servicio público, que ha renovado toda la flota de autobuses y ha incorporado más y mejores frecuencias, existen cinco líneas de autobuses con salida del aeropuerto hacia distintos puntos de la isla.

El primero hace la ruta –en ambas direcciones– entre el aeródromo y Sant Antoni de Portmany, pasando por Sant Josep de sa Talaia. En horario de verano sale uno cada media hora, siendo el último a la una y media de la madrugada. El segundo hace la ruta hacia Eivissa pasando por Sant Jordi y el puerto. En horario de verano sale cada media hora, siendo el último con salida a las doce y media de la noche.

El tercero, al puerto de Eivissa, en horario de verano sale cada media hora, siendo el último a las doce menos cuarto de la noche. El cuarto hace la ruta hacia la playa de Cala Nova pasando por Santa Eulària des Riu. En horario de verano sale cada hora, siendo el último a las doce de la noche. El quinto hace la ruta hacia el barrio de Ses Figueretes –municipio de Eivissa–, pasando por la zona de ocio y turística Platja d’en Bossa. Este autobús solo hace servicio en verano, cada media hora, siendo el último a las doce y diez de la noche. En domingos y festivos hay rutas que tienen menos frecuencias.

Además de solicitar más frecuencias de autobuses durante la madrugada desde el aeropuerto, Ruiz lamenta que “cuando los inspectores se marchan, [los piratas] vuelven”. Según el portavoz de Élite Corsaris, las redes clandestinas están muy pendientes de los movimientos de las autoridades y, en cuanto ven que ya no hay inspección o presencia policial, especialmente por la noche, regresan al aeropuerto. Al haberse reducido mucho el negocio que hacían allí, están esperando cualquier oportunidad para volver a captar clientes.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptó este viernes por la mañana un taxi que circulaba con pasajeros a bordo y sin uno de los neumáticos traseros. por la GC-23.

En sus redes sociales, el cuerpo policial muestra un vídeo donde puede apreciarse como el taxi circula en esas condiciones por la GC-23, a la altura del Hospital Doctor Negrín.

Ante la situación y tras ser alertados por otro ciudadano, unidades de la zona Puerto interceptaron de inmediato el vehículo.

Además, una vez detenido taxi, los agentes comprobaron que el coche presentaba “visibles deficiencias”.

La Policía Local realizó las correspondientes diligencias.

Después de que el pasado febrero Uber desembarcara en Donostia con licencias de VTC concedidas por la Diputación de Bizkaia habilitadas para operar en toda Euskadi -en Bilbao se instauró en 2019- y del primer aniversario de Cabify en la capital vizcaína, que se cumple este julio, este miércoles se estrena Bolt en la villa, con un servicio de vehículos con conductor eléctricos. La compañía ha explicado en un comunicado que su llegada pretende “reforzar el tejido empresarial local a través de una colaboración basada en innovación y digitalización”.

Al igual que ocurre con Uber o Cabify, Bolt ni el resto de plataformas que se instauren en Euskadi, podrán hacer teóricamente trayectos urbanos, debido a que sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. No obstante, esta es una cuestión que no se cumple debido a que si hay disponibilidad de coches se puede realizar la petición para ir de una zona de Bilbao a otra a través de las plataformas. Eso sí, el precio varía según el horario y la demanda que haya.

En lo que va de año la Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de estos servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y solo una a un taxista.

A pesar de que desde la plataforma de movilidad defienden la “necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que facilite la convivencia entre los distintos operadores de movilidad”, desde el sector del taxi subrayan que “todas las empresas deben ajustarse a la ley vigente”. Según confirman desde la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), las denuncias registradas por las instituciones “muestran solo la punta del iceberg de las irregularidades”, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, alertan los taxistas que a inicios de año convocaron varias movilizaciones con el objetivo de frenar “los abusos” de las plataformas.

Dos joves que viatjaven en una motocicleta han mort aquest dimecres a Formentera en ser atropellades per un taxi, segons ha informat el SAMU 061.

L'avís de l'accident ha tingut lloc a les 11.27 hores a l'altura de Cala Dúo i, en arribar els efectius d'emergències, han comprovat com una de les afectades presentava signes incompatibles amb la vida.

L'altra afectada, d'uns 25 anys, estava en parada i, malgrat els esforços dels equips sanitaris per estabilitzar-la, no ha estat possible i també ha mort.

Pel que sembla, les dues noies anaven en la mateixa moto i han estat atropellades per un taxi. Fins al lloc del succés, entre altres, s'ha desplaçat una ambulància de Suport Vital Avançat i una altra de Suport Vital Bàsic.

Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta han muerto este miércoles en Formentera al ser alcanzadas por un taxi, según ha informado el SAMU 061.

El aviso del accidente ha tenido lugar a las 11.27 horas a la altura de Cala Dúo y, al llegar los efectivos de emergencias, han comprobado cómo una de las afectadas presentaba signos incompatibles con la vida.

La otra afectada, de unos 25 años, estaba en parada y, a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y también ha fallecido.

Al parecer, las dos chicas iban en la misma moto y han sido alcanzadas por un taxi. Hasta el lugar del suceso, entre otros, se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.

El Consell d'Eivissa ha obert enguany 636 expedients per transport il·legal de passatgers i han estat immobilitzats 18 vehicles, fins al passat 9 de juliol.

El 2015, va obrir 630 expedients sancionadors contra vehicles per transport il·legal i es van immobilitzar 162 vehicles que operaven de forma irregular, recaptant 710.752 euros en sancions de transports.

El conseller insular de Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Juan, ha visitat les instal·lacions on s'immobilitzen vehicles immobilitzats per transport il·legal. Durant la visita, ha destacat que les dades d'enguany “confirmen que la feina està donant resultats”.

A més, ha destacat que l'any passat van fer una feina “molt intensa”, immobilitzant més d'un centenar de taxis 'pirata'. Molts dels vehicles han acabat com ferralla.

Així, el conseller ha considerat que s'aconsegueix dissuadir els 'pirates' abans que cometin la infracció. També ha remarcat que el Pla d'Inspecció continuarà actiu tota la temporada turística.

El Consell d'Eivissa ha abierto este año 636 expedientes por transporte ilegal de pasajeros y han sido inmovilizados 18 vehículos, hasta el pasado 9 de julio.

En 2015, abrió 630 expedientes sancionadores contra vehículos por transporte ilegal y se inmovilizaron 162 vehículos que operaban de forma irregular, recaudando 710.752 euros en sanciones de transportes.

El conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha visitado las instalaciones donde se custodian vehículos inmovilizados por transporte ilegal. Durante la visita, ha destacado que los datos de este año “confirman que el trabajo está dando resultados”.

Además, ha destacado que el año pasado realizaron un trabajo “muy intenso”, inmovilizando a más de un centenar de taxis 'pirata'. Muchos de los vehículos han acabado como ferralla.

Así, el conseller ha considerado que se logra disuadir a los 'piratas' antes de que cometan la infracción. También ha remarcado que el Plan de Inspección seguirá activo toda la temporada turística.