Los chivatazos de los vecinos, las multas y el número de registro en Airbnb reducen el alquiler turístico ilegal en Ibiza

Casi 15.000 plazas turísticas irregulares -concretamente, 14.532- han desaparecido de las principales plataformas digitales en Eivissa entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2026, según datos del Consell, la máxima institución insular. La oferta habitacional ilegal con fines turísticos es uno de los principales escollos de la pitiusa, sobre todo, desde el dificilísimo acceso a la vivienda por los precios desorbitados que se achacan, en parte, a la existencia de estos recursos para turistas y al intrusismo en el sector, muy regulado en las islas.

Detrás de esa cifra no hay necesariamente un aumento del fraude respecto a ejercicios anteriores, sino un cambio en la estrategia basada en detectar y bloquear los anuncios prácticamente en tiempo real para impedir que la oferta ilegal llegue a consolidarse en Internet. Solo este año se han bloqueado más de 4.000 anuncios asociados a oferta ilegal en la isla, según datos aportados por el Consell.

La presión del alquiler turístico ilegal sobre la isla continúa siendo elevada. Para reforzar la detección de estas viviendas, el Consell mantiene abierto un formulario de denuncias confidenciales dirigido tanto a vecinos afectados como a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una actividad irregular.

“¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?”, formula la institución, dirigiéndose a cualquier ciudadano que pueda comunicar casos de alquiler vacacional ilegal.

El formulario anónimo del Consell Insular pregunta a los residentes: '¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?'

En el mismo apartado sobre Intrusismo de su portal web, el Consell recoge información acerca del marco normativo que prohíbe el alquiler turístico ilegal en edificios residenciales plurifamiliares de la isla. Esto es, La Ley 8/2012, de Turismo de las Islas Baleares, que prevé, además, sanciones para los que pueden alcanzar los 400.000 euros. Aunque ahora ya no se persigue solo al infractor, sino que se intenta prevenir para que el anuncio ni siquiera llegue a materializarse rastreando quién está detrás de la oferta.

Oferta escasa y elitista

Si uno ojea Airbnb en plena temporada alta en búsqueda de alojamiento vacacional para dos personas, por ejemplo, a finales de julio, la oferta es limitada: algunos hospedajes en Sant Joan -que rondan los 2.000 euros por tres noches- y en otras zonas turísticas del norte de la isla, como Cala Llenya, Sa Trenca o es Canar. Uno de ellos es una tienda de campaña que se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en “primera línea de mar”, en el reconocido camping La Playa, cerca de Cala Martina.

En Airbnb, una tienda de campaña se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en 'primera línea de mar'

También hay alojamientos en Vila -como se conoce a la ciudad de Eivissa- y en pueblos de alrededores como Sant Jordi, donde la media de precio es 1.500 euros, así como en núcleos poblacionales de interés turístico como Sant Antoni y Sant Josep. La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto. Eso sí, con capacidad para entre seis y ocho personas.

La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto

Los datos del sistema SIT Eivissa, la herramienta del Consell encargada de gestionar la información estadística generada en torno al turismo en la isla y del conocimiento y la inteligencia de los distintos mercados, muestran que la oferta de viviendas de Eivissa anunciadas en Airbnb se ha reducido un 36,5% en el último año, al pasar de 3.171 anuncios en junio de 2025 a 2.014 en el mismo mes de 2026. Sin embargo, la caída se explica casi exclusivamente por la desaparición de los alojamientos sin licencia. Hace un año, el 35,8% de los anuncios publicados en la plataforma correspondían a viviendas irregulares (1.135 en total), mientras que desde diciembre Airbnb ya no registra ninguna oferta sin número de registro turístico válido.

En la práctica, el volumen de alojamientos legales apenas ha variado: los anuncios con licencia han pasado de 2.036 a 2.014 en el periodo de un año. Paralelamente, la oferta que permanece en la plataforma corresponde cada vez más a viviendas de mayor capacidad y precio, mientras que disminuyen especialmente los anuncios de habitaciones privadas y otros alojamientos de menor tamaño.

Alianza con Airbnb

La retirada de los anuncios responde primordialmente a la colaboración con las plataformas de alquiler turístico. Airbnb, que no ha respondido a la petición de información de este diario, anunció en septiembre de 2025 que eliminará todos los anuncios de viviendas que no dispongan de un número de registro válido, una medida que presentó durante la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Eivissa.

La decisión culminaba un proceso de colaboración iniciado en 2019 entre la plataforma y el Consell que se reforzó en 2024 con un memorándum que permitió agilizar la detección y retirada de la oferta irregular. En junio del año siguiente [2025], la institución y la plataforma habitacional volvían a consolidar su acuerdo para combatir la oferta de alojamiento turístico no reglado.

Avisaban: “En virtud de este acuerdo voluntario, cualquier alojamiento catalogado como alquiler de corta duración que se anuncie en Eivissa a través de Airbnb y no muestre su número de registro -ahora, número de alquiler de corta duración- será dado de baja de la plataforma”. Eivissa se convirtió así en un territorio “pionero” -en palabras del presidente del Consell, Vicent Marí- en la lucha contra las actividades turísticas ilegales, al ser uno de los primeros territorios en instaurar este tipo de iniciativas.

Las medidas, por otro lado, responden en parte a la entrada en vigor del nuevo marco regulador europeo y español -el reglamento sirve para que los Estados miembros tengan acceso a todos los datos de actividad que se han realizado en estos inmuebles anunciados en las plataformas-, que refuerza el control sobre las viviendas comercializadas a través de plataformas digitales y exige una mayor trazabilidad de la oferta turística. En el caso de España, la competencia en ordenación turística corresponde a las comunidades autónomas.

Redes organizadas

La vía sancionadora para los infractores es uno de los aspectos que ha cambiado de forma significativa. Desde el segundo semestre de 2025, el Consell inicia los expedientes por una sanción media de 275.000 euros, junto con la orden de cese de la actividad y la clausura del inmueble, en lugar de partir de la multa mínima de 40.000 euros, como ocurría antes de la reforma legal.

El cambio permite además dirigir los expedientes directamente contra los propietarios de las viviendas, sin depender de los datos facilitados por las plataformas digitales. De momento, la recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025. En cuanto a este año, a fecha de 17 de julio de 2026, la recaudación acumulada supera ya los 604.000 euros, según datos oficiales.

La recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025

La mitad de las infracciones corresponden a propietarios que comercializan directamente sus viviendas sin autorización y el resto se reparte entre inquilinos que subarriendan los inmuebles —con o sin conocimiento del propietario—, intermediarios profesionales y otras fórmulas.

Además, se han detectado patrones propios de redes organizadas, con anuncios que reutilizan las mismas fotografías, descripciones o números de registro, e incluso cuentas que llegan a publicar decenas de anuncios en pocos minutos en distintos puntos del sur de Europa, algo que apunta más a una posible estafa, pero que también se daba cabida en las plataformas que se utilizan para el alquiler turístico.

Desaparición de anuncios

La caída de la oferta -según muestra el SIT- no ha sido uniforme en toda la isla: el descenso más acusado se ha registrado en el término municipal de Vila, donde el número de anuncios publicados en Airbnb se ha reducido un 67% entre junio de 2025 y junio de 2026. La cifra asciende a un 78% en el caso de las casas ofertadas enteras. Esto deja solo 136 inmuebles disponibles.

Las infracciones, sin embargo, no cesan: en una de las últimas actuaciones, la Policía Local de Eivissa detectó un inmueble que, según la investigación municipal, funcionaba como un establecimiento hotelero encubierto, con cuatro apartamentos comercializados a través de una plataforma digital. La intervención dio lugar a una nueva denuncia, la décima de este tipo en lo que va de 2026.

Apenas un mes antes, en junio, el Ayuntamiento de Vila confirmaba una multa de 793.443 euros por transformar una vivienda residencial en alojamiento turístico sin autorización, una de las sanciones más elevadas impuestas hasta ahora por este tipo de infracciones urbanísticas.

Después de Vila, el mayor descenso se registra en Sant Josep, donde el número de anuncios en Airbnb se ha reducido un 36% en el último año. En Santa Eulària y Sant Joan la caída alcanza el 32%, mientras que Sant Antoni presenta el retroceso más moderado, con un 22%, en datos del SIT.