Consuma Crudeza, después de cinco temporadas siendo la sección sobre consumo sostenible de Carne Cruda, se convierte en podcast. En todos los episodios abordaremos un tema monográfico para facilitar el consumo responsable, entrevistaremos a una persona conocida que consume conscientemente, o por lo menos lo intenta; resolveremos dudas de la audiencia en un consultorio, haremos nominaciones a los greenwashing y socialwashing más sonrojases, y recomendaremos libros, películas, documentales o eventos sobre consumo crítico o transformador.

#10. Investigación: el lado tóxico de los coches eléctricos

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Cuando compras un coche eléctrico lo haces para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, la fabricación de sus componentes a miles de kilómetros de distancia está contaminando ríos y enfermando a las personas que viven a su alrededor. La electrónica que se usa para los coches eléctricos, móviles y ordenadores salen de una zona de la India donde hay más de 750 fábricas que contaminan el medio ambiente sin pudor.

En este episodio de Consuma Crudeza contamos los datos de una reciente investigación desarrollada durante ocho meses en la India por la propia Brenda Chavez, Varsha Torgalkar (en India), Khalid Bencherif (de Marruecos) gracias a una beca de periodismo de investigación del Journalism Fund Europe. Podéis ampliar la información en Público en el artículo “El rastro tóxico de los coches eléctricos fabricados en España contamina y enferma a la India”.

Pero también hablamos de alternativas: entrevistamos a Miquel Ballester, jefe de Producto cofundador de FAIRPHONE, que no contribuye a la crisis climática ni a la explotación laboral. También con la actriz Elisabeth Laren, conocida por su papel de Andy en 'La que se avecina', sobre su consumo sostenible y nominamos a las empresas por su greenwashing.

#9. Dónde invierten los bancos tu dinero

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Nunca usarías tu dinero para invertir en la industria armamentística. Pero, ¿y tú banco? ¿Qué hace con el dinero que tú ingresas en sus cuentas? ¿Sabes si apoya proyectos que impulsan la deforestación? Hablamos con María Fraile, investigadora en Centre Delàs y presidenta de Setem País Valencià, y Edu Aragón, activista de la Campaña Banca Armada. Ambos nos desgranan ejemplos que implican a La Caixa o el Santander. Y nos ayuda en este camino Enrique Quintanilla, veterano y legendario activista de Ecologistas en Acción. Entrevistamos, también, a Juan González Arroyo, de Capitán Denim, una marca de jeans de Albacete que apuesta por una producción sostenible de vaqueros asequibles.Y sabremos cómo consume la actriz Silvia Marsó en su día a día: cómo hace la compra, cómo se mueve por la ciudad y cómo reduce el consumo de plásticos.

#8. Cómo diferenciar una cerveza artesana (de verdad)

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¿Por qué deberías comprar cervezas artesanas? ¿Qué estás apoyando exactamente con su compra? Estefanía Pintado (Fábrica Excepcional) y Daniel de Julián Rodríguez (Valle del Kash) te cuentan todo el proceso de su elaboración. Además, Rubén Hernández de Errata Naturae explica cómo ser sostenible desde una editorial y Fernando Valladares, uno de los divulgadores y activistas contra la crisis climática más conocidos, se sincera y habla de cómo consume día a día (y hasta cuál es la compra menos sostenible que hace).

#7. Huertos que transforman vidas y ciudades

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Si estás pensando en montar un huerto en la ciudad tienes que escuchar la entrevista con Kois Fernández Casadevante, autor de Huertopías, un libro con historias inspiradoras de huertos urbanos y consejos para crear uno. ¿Es seguro consumir tomates cultivados en el barrio?

Además, el actor Alberto San Juan nos cuenta qué empresa energética tiene contratada, cómo hace la compra, cómo se mueve por la ciudad y cómo consigue consumir de manera consciente y sostenible. 

#6. ¿Tóxicos en mis cosméticos?

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¿Sabes leer la etiqueta de los productos cosméticos y de higiene? ¿En qué te tienes que fijar a la hora de comprar un champú o una crema para evitar las sustancias nocivas? Te contamos cuáles son los más tóxicos y cómo identificarlos. Además, entrevistamos a Martín Barreiro, presentador de El Tiempo de TVE, y su pareja, Ana Mariño, creadora de proyectos, contenidos y productora audiovisual. Nos cuentan cómo ser sostenible en una familia con niños pequeños.

#5. Alimentos kilométricos: tus garbanzos recorren 7.500km

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El consumo de CO2 de los alimentos que consumimos es muy alto porque viajan miles de kilómetros desde su lugar de producción hasta nuestra mesa. No solo los garbanzos; el café de tu desayuno recorren entre 8.000 y 10.000 km y el trigo del pan entre 2.000 y 7.000 km. Te contamos cómo reducirlo con pequeños gestos diarios. 

Además, Yago Álvarez, Econocabreado, nos cuenta qué compañía tiene de teléfono y luz y qué tarea todavía se le resiste para ser más sostenible.

#4. Navidades sostenibles: ¿es posible?

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Cuando llevas 11 meses al año intentando ser responsable con tu consumo, ¿qué haces en Navidad? ¿Te subes al carro del consumismo? Te damos las claves para seguir siendo responsable con el nutricionista Aitor Sánchez, la responsable del área de biodiversidad de Greenpeace, Celia Ojeda, y la actriz Manuela Velasco.

#3. Residuos textiles: ¿Qué pasa con mi ropa?

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¿Qué hacemos con la ropa que no nos ponemos? ¿La podemos reciclar? ¿Realmente se recicla? Hoy nos preguntamos por los residuos textiles de esta industria glamourosa que a veces no lo es tanto.

#2. Megafestivales: cómo reducir su impacto ambiental

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En España se celebran más de 850 festivales de música. Eso supone un desplazamiento masivo, un consumo de recursos y un gran impacto en el entorno. ¿Qué medidas están tomando los festivales para reducir ese impacto? Hablamos con Antonio Cañas, managing director de Greenize Projects (empresa de consultoría sobre sostenibilidad y circularidad) y Simone Firmani, coordinador de Cultura de Rototom. Nos visita el cantante Lasai para contarnos cómo consume responsablemente y nos interpreta dos canciones en directo. Además, te aconsejamos cómo buscar cepillos de dientes y dentífricos sostenibles y nominamos a las empresas de greenwashing del mes.

#1. Independencia solar ¿Cómo lo hago? Autoconsumo y comunidades energéticas fácilmente

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Hablamos de independencia solar y de cómo auto-consumir energía (individual, colectivamente y como comunidades energéticas) sin quebraderos de cabeza con Laura Feijoo, Coordinadora de autoconsumo y comunidades energéticas de Ecooo Energía ciudadana. Entrevistamos a Javier Gallego Crudo sobre cómo consume conscientemente, nominaremos a los greenwashing y socialwashing a varias multinacionales, y recomendamos dos lecturas sobre el presente de Amazon y el pasado de El Corte Inglés.

Escucha aquí todos los programas y secciones pasados de Consuma Crudeza en Carne Cruda.

Ha sido un proceso “duro y largo”. Pero lo han conseguido. Más de la mitad de las personas particulares, empresas y otros espacios que integran la Comunidad Energética del Casco Histórico de Toledo ya dispone de energía fotovoltaica. En total, más de una treintena de socios y socias.

Se ha convertido, de esta forma, en la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad en conseguir que placas solares instaladas en espacios municipales “extramuros” viertan energía eléctrica dentro del conjunto monumental.

La cuestión es muy relevante. Toledo no solo es una las ciudades más calurosas y con más días de sol en el país, sino que también alberga uno de los conjuntos monumentales más grandes de Europa. Fusionar la protección de ese patrimonio con la energía fotovoltaica y sus vistosas placas solares ha sido muy complejo.

No es de extrañar que la Comunidad Energética del Casco Histórico haya tardado casi dos años y medio en conseguir que este proyecto sea una realidad. Porque fue en 2023 cuando todo comenzó: el Ayuntamiento de Toledo solicitó una ayuda pública para la apertura de una Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), a través de fondos europeos destinados al asesoramiento para el uso de energías limpias.

La solicitud de la subvención se hizo en enero de 2023, es decir, fue una iniciativa del anterior equipo de Gobierno a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Esa solicitud salió adelante y fue la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) la encargada de gestionar la OTC. Desde allí se impulsó la creación de la actual Comunidad Energética del Casco Histórico. El reto, desde el primer momento, “parecía imposible”, cuenta a este periódico el presidente de este colectivo, Enrique García.

La prohibición de placas solares “intramuros”

Porque el primer obstáculo a sortear era la prohibición de instalar placas solares en las cubiertas del Casco Histórico, que recoge el Plan Especial de este distrito (PECHT) por motivos de estética y por el “resplandor” que podría generarse en las vistas panorámicas de la ciudad.

Por eso el proyecto solo tenía una salida: buscar cubiertas de edificios con titularidad municipal ubicados “extramuros” y donde pudieran instalarse paneles fotovoltaicos. Pero, al mismo tiempo, no podían estar a más de dos kilómetros de los futuros receptores de la energía generada, según la normativa española para compartir esta renovable en comunidades energéticas.

Ahora, la normativa de autoconsumo ha ampliado ese radio a cinco kilómetros, pero cuando arrancó la iniciativa, el “perímetro inicial” se realizó bajo el parámetro de esa primera distancia.

Así arrancó hace unas semanas la primera conexión de energía solar en el Casco Histórico de Toledo. La instalación: la cubierta de la pista de patinaje de la Escuela Municipal de Gimnasia de la ciudad. Placas solares, instaladas por la empresa Kaylo, con capacidad para generar un total de 100 kilovatios (el máximo permitido) que ahora suministran energía a una treintena de los integrantes de la Comunidad Energética.

Entre los beneficiarios, los conventos que elaboran repostería

Un dato curioso: entre estos primeros beneficiarios se encuentran todos los conventos de Toledo, con facturas altísimas de luz debido a elaboración artesanal de repostería. Ahora, algunos de ellos ya están ahorrando hasta 200 euros mensuales en la factura eléctrica.

Enrique García precisa que cuando el proyecto se impulsó a través de la OTC de Toledo, lo hicieron al mismo tiempo otros similares en Castilla-La Mancha. “Pero somos los únicos que hemos salido adelante. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con muchas facilidades para el asesoramiento, pese a las horas y horas de dedicación. Sin la colaboración del Ayuntamiento, el apoyo y las ganas de todos, con la cantidad de trámites burocráticos que esto supone, cualquiera se hubiera echado atrás”, destaca.

En la Comunidad Energética del Casco Histórico actualmente hay 71 integrantes. Desde su origen, se concibió, no solo para los vecinos y vecinas, sino para que también participaran empresas, comercios, empresas de restauración y cualquier interesado. “Aquí no solo estamos los que vivimos, sino también los que trabajan y hacen posible la vida social”.   

Aunque ahora son 34 los socios y socias que ya disponen de energía solar desde la mencionada instalación, la previsión es que próximamente haya una segunda conexión que permita “conectar” al resto de los integrantes de la Comunidad. El espacio será la cubierta de la piscina del Salto del Caballo. “Ya está realizado todo el montaje de placas y la conexión a la red, pero quedan las autorizaciones del Ministerio de Industria y de la empresa, en este caso, Iberdrola”, avanza. También en este caso es de 100 kilovatios.

Lista de espera y “democratización” del proyecto

Y ahí no terminará el proyecto. La Comunidad Energética tiene “lista de espera” y a lo largo de este verano iniciará los trámites para una tercera instalación, en la cubierta de la tribuna del campo de fútbol, también en el Salto del Caballo.

Este miércoles, día 17 de junio, el colectivo celebra una asamblea general a la que están invitadas todas las personas y empresas interesadas, sobre todo las de esa “lista de espera”. Allí se les informará de la primera conexión a la red y de las previsiones y cuentas. “Ante todo, queremos transparencia y claridad y que, desde luego, nunca nadie se quede con ganas de conocer cualquier mínimo aspecto de lo que estamos haciendo”.

Para “democratizar” el proyecto y dar cobertura al mayor número posible de personas, Enrique García precisa que han establecido que los particulares puedan pedir un máximo de 5 kilovatios y las empresas o comercios hasta 7,5 kilovatios. “Lo que no vamos a hacer es estar todos dedicando tanto tiempo a esta iniciativa para que luego algún hotel o cualquier empresa privada absorba toda la energía de la instalación. No tendría ningún sentido”, avisa.

Y tras varias semanas en marcha, en la factura eléctrica de los primeros “enganchados” a la red ya hay cambios notables. Cuenta el presidente de la Comunidad Energética que él mismo, en el mes de mayo, se ha ahorrado 45 euros, y que uno de los restaurantes socios ha tenido un ahorro de más de 200 euros.

Teniendo en cuenta que el proyecto se ha llevado a cabo sin ningún tipo de subvenciones públicas, y que los integrantes han pagado “a escote” las instalaciones en función de la energía demandada, comenzar a notar cómo la factura se reduce es “todo un alivio”. Destaca su presidente que en cinco o seis años estará amortizada la inversión en esa primera instalación, cuyo plazo de vida útil es de 30 años.

Pero ante todo, más allá del ahorro, destaca que el objetivo inicial es aportar su “grano de arena” a minimizar los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de CO2. “Es un objetivo múltiple y posible, y lo estamos consiguiendo”, celebra. El cálculo es que con las previsiones de las instalaciones actuales, se dejen de emitir unas 170 toneladas de CO2 anuales.

Por eso ahora son “muy optimistas”. El boca a boca está funcionando entre los habitantes, empresas y comercios del Casco Histórico y ya hay grandes empresas de hostelería y restauración interesados en cambiarse a las energías limpias.

“Vamos a seguir instalando siempre que tengamos autorización y cesión de cubiertas de propiedad municipal. Según vayamos teniendo inscripciones, iremos montando instalaciones. Y que nadie que viva en el Casco Histórico y que tenga interés en acceder a la energía solar se quede sin ella”.

Sin el futuro tenemos subvenciones, las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social

La Comunidad Energética cuenta con la posibilidad de que en el futuro sí puedan acceder a subvenciones. Pero incluso en ese caso “no se van a repartir entre los socios”, sino que “las utilizaremos para obras o actividades de ámbito social” como plantaciones de árboles o puntos de recarga de coches eléctricos para los socios.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha celebrado el arranque de esta conexión. “Esto sí que es un salto cualitativo, un elemento diferenciador tremendo el que tiene ahora mismo el Casco Histórico ”, manifestó. De hecho, avanzó la intención de impulsar esta iniciativa en el Polígono industrial, aunque hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la misma.

Tras agotar la subvención recibida para la creación de la OTC -136.000 de los 180.000 euros que se invirtieron-, el Ayuntamiento ha asumido la gestión renombrándola como Oficina Municipal de la Energía de Toledo (OMET), aunque por el momento no dispone de una página web actualizada. Sí sigue habilitada la de la OTC, con contactos e información sobre su actividad.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) el autoconsumo fotovoltaico en España continúa avanzando y alcanza ya los 9,3 gigavatios de potencia instalada, consolidándose como “una de las principales palancas de la transición energética, la competitividad empresarial y el ahorro energético de los consumidores”.

El despliegue del autoconsumo fotovoltaico no termina de remontar tras el boom de instalaciones de 2022; los últimos datos de Red Eléctrica de España (REE) no invitan al optimismo y el sector está en alerta tras amenazar el gurú económico del PP, Alberto Nadal, con recuperar su impuesto al sol.

La amenaza la planteó hace unos días el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP en una charla sobre su “visión alternativa” de la energía en la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles (Madrid).

“¿Qué es el impuesto al sol?”, se preguntó Nadal cuando le plantearon si pensaba recuperarlo. “Exactamente lo que acabo de describir: era que la instalación fotovoltaica de autoconsumo pagara también los costes de red”. “Lo que habría que hacer es reajustar el peaje”: “Reconstruir el peaje entero para que sea el consumo de red lo que determine el pago de los costes de red, y no el consumo de energía”, para que “los que fuerzan sobreinversión en la red porque tienen fluctuaciones de demanda paguen la diferencia”.

Su tesis es que “la mayor parte” de los peajes, “el 90%” de estos costes regulados del recibo que sufragan las redes (transporte y distribución) y fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pagan “en función de la energía consumida”, lo que “beneficia” a las segundas residencias, muy especialmente a las que tienen autoconsumo, en lo que calificó de “subvención”.

Según expuso, para ser rentable al autoconsumo se le tiene que “subvencionar” con la “variabilidad del peaje” porque los costes fijos del sistema los paga “fundamentalmente el consumo” y “el señor que pone unas placas paga menos por la red de lo que le corresponde, porque retira energía del sistema”. El que no autoconsume “le está regalando el coste de la red”. “Esa es la subvención”.

“Lo único que deberíamos cambiar es el peaje. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que el peaje se fije en función del consumo de energía y no en función del consumo de red”. Eso sí, “el que ha recibido las subvenciones se queda con sus subvenciones”.

Según Nadal, los bloques de apartamentos “no pueden hacer autoconsumo” en sus azoteas y solo pueden hacerlo “viviendas unifamiliares en las zonas ricas de las ciudades”, “drenando subvenciones” en “la política más regresiva que se ha inventado”.

El responsable de Economía del PP dijo en varias ocasiones no tener nada contra el autoconsumo, que “ni muchísimo menos” es “el problema más grave” de la política energética española. “Lo que me parece mal es subvencionarlo a costa del que no tiene capacidad de poner autoconsumo”. Con el sistema actual, aseguró, “el consumidor que entra a un Ikea lleno de placas fotovoltaicas y que no puede autoconsumir le está pagando al Ikea su electricidad. Siento ser tan burro”.

Hizo una analogía con el coste del Metro, que aseguró en “la mayoría de los países del mundo” es más caro “en la punta” de demanda.

Sí reconoció que esta solución energética reduce la necesidad de invertir en unas redes que, aseguró, no requieren “una inversión fuerte”; pero deslizó que “genera problemas de control” y “se ha vendido como la democratización, como el abaratamiento”, pero “no es más barato, de hecho es más caro”, porque es “evidente” que “llenar” los tejados de paneles solares “es mucho más caro” que poner una planta fotovoltaica de 400 MW en el campo, “en un sitio planito y de manera industrial”.

Mientras, PP y Vox acaban de pactar en Castilla y León poner coto a las grandes fotovoltaicas y eólicas, como ya acordaron en Extremadura y Aragón. Y prometen “fomentar el autoconsumo industrial delimitando una banda alrededor de los polígonos industriales en la que se autoricen instalaciones destinadas mayoritariamente al autoconsumo industrial”, dice el documento que acaban de firmar el partido de Nadal y la ultraderecha.

Alarma en el sector 

La propuesta del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo ha propiciado el rechazo de expertos como el economista Manuel Hidalgo, que en un artículo en Cinco Días recuerda que el autoconsumo “no es un capricho de unos pocos privilegiados, ya que hunde los precios mayoristas y despliega un paraguas protector sobre toda la población”.

Hidalgo subraya que España ya soporta el término fijo de potencia más alto de la UE, “herencia de las subidas de 2012 a 2015”, y “quien autoconsume no esquiva ese coste, porque la potencia se paga por estar conectado, se consuma o no de la red”. E imponer “cargos disuasorios para proteger el modelo de negocio de las viejas redes sería un error de diagnóstico monumental, que condenaría a la sociedad a un futuro eléctrico más caro y desigual”.

Repescado hace menos de un año por Feijóo, Nadal fue secretario de Estado de Energía con José Manuel Soria como ministro de Industria, de diciembre de 2012 a noviembre de 2016, y responsable del impuesto al sol y el recorte retroactivo a las renovables que llevó a una catarata de condenas contra España que aún colea.

El impuesto al sol, cuya génesis se atribuyó en el sector a Iberdrola, lo defendió en 2015 la FAES de José María Aznar (entonces asesor de Endesa) en un estudio coescrito por un directivo de la eléctrica vasca, que en 2017 admitió que esta solución energética era un riesgo para su negocio. El denominado “cargo por autoconsumo” frenó durante años su despegue y provocó la mofa de la revista Forbes sobre cómo España iba a poner un “impuesto al sol”, con un conato de revuelta incluso en comunidades gobernadas por el PP.

Ahora el sector ve con preocupación la amenaza del gurú económico del PP, mientras admite cierto parón en la instalación de nueva potencia de autoconsumo. No obstante, el sector pone en cuestión los datos que publica desde diciembre REE, que apuntan a una fuerte caída en los últimos meses. 

A finales de 2025, el operador del sistema empezó a publicar información sobre la potencia instalada de autoconsumo, tras años en los que la única fuente de estos datos eran las estimaciones de las patronales del sector. Según sus datos provisionales, de diciembre a junio se habrían conectado menos de 500 megavatios (MW). Supondrían menos de 1.000 MW en un año, un mínimo desde 2020, cuando no se llegó a 600, y ahondaría las caídas de los últimos ejercicios.

En los dos últimos años se han instalado unos 1,1 gigavatios (GW) anuales, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación y de las deducciones en el IRPF, y ya son tres ejercicios seguidos de retrocesos en el ritmo de instalación tras el histórico 2022. Ese año, los disparatados precios de la luz que provocó la invasión de Ucrania propiciaron que se instalaran 2,5 GW, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Los datos de REE se basan en la información disponible en el Sistema de Medidas Eléctricas (SIMEL) remitidos por las distribuidoras y en estimaciones del operador del sistema con “la mejor información disponible en cada momento”. Como advierte el Ministerio para la Transición Ecológica, estos datos pueden tener “un decalaje importante” aunque el mercado haya aflojado en los últimos meses.

“Vemos una tendencia bastante plana”, de “caída en el sector residencial pero incremento en el industrial”, indica Héctor de Lama, director técnico de UNEF, que apunta los problemas para conectar a la red nueva demanda como asidero del sector.

Javier Lázaro, director Técnico y de Regulación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), invita a leer con cautela los datos de REE, dado que tiene “muchas dificultades para tener toda la información fidedigna”, sobre todo de las instalaciones sin excedentes, que no vierten energía a la red.

El responsable de APPA admite que el arranque de 2026 ha sido el peor en años: “Lo que nos comentan las empresas del sector es que es verdad que ha sido un primer trimestre muy malo”, en el que “ha sido imposible trabajar por todas las lluvias y borrascas”. “Puede que el ritmo de las propias instalaciones sea inferior al de otros años, pero no hemos notado un feedback de que haya descendido muchísimo”, dice Lázaro.

REE, que actualiza diariamente sus datos, recoge que a junio habría instalados 9.194 MW de autoconsumo. UNEF estimaba en enero 9,3 GW al cierre de 2025. Y APPA estima que el año pasado se cerró con casi 9,6 GW, tras instalarse 368 MW en el segmento residencial y 846 MW del ámbito comercial e industrial, según sus datos.

Lo normal es que el Real Decreto-Ley 7/2026 (el de la guerra en Irán) impulse el autoconsumo, tras ampliarse hasta 5 kilómetros el radio para compartirlo en plantas de suelo (y no solo en cubiertas). Además, Transición Ecológica tramita desde hace meses un Real Decreto para impulsar el autoconsumo colectivo. No obstante, la CNMC ha expresado dudas sobre la propuesta ante “los riesgos asociados a potenciales desequilibrios de tensión en las redes”, un aviso a navegantes tras el apagón del 28 de abril de 2025, los problemas de observabilidad de estas plantas para REE y la desconexión de muchas instalaciones en ese histórico colapso energético.

Con todo, la situación actual del autoconsumo es radicalmente distinta al erial que vivió con Mariano Rajoy. El departamento de Sara Aagesen calcula que más de 600.000 hogares y empresas han apostado por él tras “un crecimiento exponencial del 1.600% desde 2018”. Recuerda que su hoja de ruta (de 2021) contemplaba un escenario base de 9 GW ya superado y de 14 GW en un escenario de alta penetración. Esta solución energética ya cubre el 4% del consumo eléctrico en España.

La última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de 2023, contemplaba 19 GW para 2030. Un PNIEC que el último ministro de Energía de Rajoy, Álvaro Nadal, fue incapaz de aprobar pese a exigirlo la Comisión Europea. Su hermano gemelo (partidario de mantener las nucleares al menos 20 años) lo tacha de “literatura de ficción”.

El pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado la creación de la Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres, una red que reunirá a las más de 40 comunidades energéticas que se han constituido, y las que se vayan constituyendo, con el acompañamiento de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Cáceres. “Se trata de crear un espacio de cooperación, coordinación, participación, formación e intercambio de experiencias entre estas entidades”, ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, Esther Gutiérrez

Hay que recordar que fue en 2024 cuando la institución provincial puso en marcha la Oficina de Transformación Comunitaria, y comenzaron a arrancar las comunidades energéticas, unas entidades formadas por vecinos y vecinas de un municipio, empresas, ayuntamientos… para generar, gestionar y consumir su propia energía renovable, lo que permite abaratar los costes y contribuir a la sostenibilidad.

En este sentido, la Red Provincia de Comunidades Energéticas se enmarca en la Agenda Provincial impulsada desde la diputación como instrumento de planificación para promover un modelo de desarrollo territorial sostenible, equilibrado, participativo y adaptado a los retos climáticos, energéticos, demográficos y sociales.

Precisamente, el pleno también ha dado luz verde a la adhesión de la Diputación de Cáceres a la Comunidad Energética Local Salto del Calderón de Piornal, teniendo en cuenta que la diputación es titular de la Hospedería “la Serrana”, ubicada en esta localidad, que es donde radica la comunidad energética. Con esta adhesión se participa en una entidad orientada a la obtención de beneficios medioambientales, sociales y económicos, por el ahorro que supone. Además, se impulsa la transición energética, se fomenta el autconsumo renovable y se promocionan modelos energéticos sostenibles y participativos.

Mejora de la infraestructura eléctrica en 26 municipios

Otro punto importante en el orden del día ha sido el crédito extraordinario, por valor de 1,3 millones de euros, para la mejora de la infraestructura eléctrica de 26 municipios. Concretamente, son 26 entidades locales que estaban incluidas en la lista de reserva de la convocatoria del Plan MIE, un programa de subvenciones dirigido a los municipios de la provincia para modernizar y adaptar sus redes de alumbrado exterior y sistemas eléctricos a la normativa vigente. El objetivo último de la diputación con este plan es el ahorro y la eficiencia energética, ya que permite a los ayuntamientos sustituir luminarias por tecnología LED y optimizar el consumo, entre otras cuestiones.

A este respecto, el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Fernando García Nicolás, ha anunciado que ya se estudia la movilización de más fondos de cara a llegar a todos los municipios que aún puedan quedar pendientes.

Por otro lado, se ha llevado a pleno la convocatoria de subvenciones dirigidas a mancomunidades y entidades locales de la provincia para realizar análisis de vulnerabilidad en materia de ciberseguridad, con un importe total de 44.528 euros. Con esto, ha apuntado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, la diputación “continúa trabajando para proteger y garantizar la integridad de los datos de los municipios y prevenir ataques cibernéticos, accesos no autorizados o robos de información sensible”.

Con esta convocatoria, ha incidido el presidente de la diputación, “cerramos el círculo, llegando a todos los municipios, pero, además, a las mancomunidades y a la entidades locales menores, de manera que podamos estar tranquilos en un ámbito como el cibernético y de las nuevas tecnologías”.

En cuanto a obras o distintas intervenciones en entidades locales, se han aprobado diferentes puntos por valor de 860.000 euros, entre los que se incluye, por ejemplo, la mejora y acondicionamiento del acceso al polígono industrial “Las Habazas”, en Malpartida de Plasencia, por 350.000 euros; obras en pavimentos y en redes de saneamiento y abastecimiento, así como la renovación del parque infantil de Villanueva de la Vera, por 321.866 euros; pavimentación en Escurial, por 53.000 euros; o la concesión de 135.000 euros a distintos ayuntamientos para diversas obras -cementerio de Aldeanueva del Cano, alumbrado público de Bohonal de Ibor, instalaciones deportivas de Cachorrilla, caminos vecinales de Gargüera, parque municipal de El Torno, Pavimento y redes de Talaveruela de la Vera o adquisición de vehículos de uso municipal por parte de Aldeanueva del Camino y de Navas del Madroño-.

En relación a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales, han salido adelante un total de 311.057 euros, que irán destinados, por ejemplo, a la Sociedad Española de Virología, para la organización del Congreso Nacional de Virología; a la Asociación de Amigos del Museo Vostell, para el II Encuentro de Escultura, Naturaleza y Tacto; a la Asociación Extremeña de Fundaciones, para la organización de un encuentro hispanoluso de fundaciones; a la Federación Extremeña de Deportes para personas con discapacidad intelectual, y la organización del Campeonato de España; para el Club de Piragüismo Río Jerte y la actividad “Aprendiendo Piragüismo” y al Club de Vela Barlovento y la actividad “Aprendiendo Vela”; para la Asociación Red de Cooperación de las aldeas y conjuntos de La Raya cacereña, o para la Asociación Lideresas Valle del Alagón, entre otras.

Continuidad de Almaraz

En otro orden de cosas, se ha llevado a cabo la aprobación de dos créditos extraordinarios por valor total de 190.104 euros, para destinar a dos proyectos europeos en los que participa la Diputación de Cáceres, como son el denominado “Comunidad de recursos y oportunidades para sistemas rurales transfronterizos innovadores”, que es una iniciativa, cofinanciada con fondos FEDER, de cooperación para revitalizar las zonas rurales fronterizas, especialmente Centro-Extremadura-Alentejo, fomentando el empleo de calidad, la retención de talento joven y la financiación de población; y un segundo proyecto denominado “Ecosistemas innovadores de economía social agroalimentaria”, también cofinanciado con fondos FEDER, para, en este caso, impulsar el relevo generacional, el empleo juvenil y la modernización del sector agroalimentario.

Finalmente, el pleno ha acordado trasladar al Gobierno de España, “la petición unánime de esta corporación de que, una vez recibido el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno de España se pronuncie, sin dilación, a favor de la continuidad de la central, y no solo por la cantidad de energía que vierte a la red nacional, sino porque es un elemento de creación de empleo y de fijación de población al territorio”, ha concluido el presidente de la diputación.

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, a través del Consejo Insular de la Energía, nuevas convocatorias de ayudas destinadas al autoconsumo energético en viviendas y empresas, así como a la movilidad sostenible para 2026, que cuenta con un presupuesto total de 700.000 euros. Con esta medida, el Gobierno insular refuerza su estrategia de transición energética.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó que “estas ayudas permiten dar un salto cualitativo en el autoconsumo doméstico, facilitando que cada vez más hogares puedan producir su propia energía y reducir su dependencia del exterior”.

Además, subrayó que “la transición energética no se hace solo con grandes infraestructuras, sino desde cada vivienda. Cuando una familia instala placas solares, está contribuyendo directamente a un modelo energético más justo, más eficiente y más resiliente”.

La principal línea de subvenciones se dirige al ámbito residencial, con ayudas que permitirán a las familias instalar sistemas de energía solar y reducir su factura eléctrica.

En concreto, las ayudas para viviendas alcanzan los 500 euros por kilovatio instalado, con un máximo de 3.000 euros, a lo que se suma una ayuda adicional para sistemas de almacenamiento de 300 euros por kilovatio hora, con un máximo de 1.000 euros. De este modo, cada vivienda podrá recibir hasta 4.000 euros por instalación.

La convocatoria contempla también la participación de comunidades de propietarios, siempre que las instalaciones estén destinadas al suministro de las zonas comunes del edificio, lo que abre la puerta a extender el autoconsumo en entornos urbanos.

Empresas: reducción de costes y mejora de la competitividad

Junto a la línea de viviendas, el Cabildo ha habilitado una convocatoria específica para empresas y entidades sin ánimo de lucro, dotada con 125.000 euros.

Estas ayudas permitirán financiar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico vinculadas a la actividad económica, así como sistemas de almacenamiento energético.

En este sentido, Raúl García Brink señaló que “el autoconsumo es hoy una herramienta estratégica para nuestras empresas, porque les permite reducir costes estructurales y ganar competitividad en un contexto energético complejo”.

Ayudas para vehículos eléctricos ligeros

Las convocatorias incluyen también una línea de ayudas a la movilidad sostenible, orientada a fomentar el uso de vehículos eléctricos ligeros.

Las subvenciones cubrirán hasta el 50% del coste de adquisición, con hasta 1.000 euros para ciclomotores eléctricos, 600 euros para bicicletas eléctricas, 150 euros para patinetes y 1.500 euros para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del crédito disponible, mediante procedimiento telemático.

El consejero concluyó que “Gran Canaria está demostrando que la transición energética se construye desde lo local, con políticas útiles y cercanas a la ciudadanía, que tienen un impacto real en la vida diaria de las personas”.

La Región de Murcia se encuentra a la cola de España en la gestión de las ayudas al autoconsumo y la movilidad eléctrica, se queja Antonio Fernández, vicepresidente de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), que empezó a rodar hace año y medio y tiene presencia estatal. “Somos los únicos que no hemos recibido una ampliación de fondos del programa MOVES 2025 por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), mientras que el resto de territorios la obtuvieron hace ya más de un mes”, se lamenta.

Según relata este portavoz, “Murcia ha sido la última comunidad en iniciar la tramitación del MOVES 2025 y a día de hoy no se ha emitido ninguna resolución de concesión de ayudas, lo que impide acceder a nuevas ampliaciones de crédito, por lo que una vez más los ciudadanos de la Región de Murcia quedamos en clara desventaja respecto al resto de España por una deficiente gestión política de estos incentivos”.

A esos retrasos se suman los de las subvenciones para el autoconsumo, cuenta: “Hay ciudadanos que solicitaron sus ayudas en 2021 y siguen a la espera de que se les abonen los expedientes”.

Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran que se están acelerando las gestiones, que ya se han abonado ocho millones referentes a estas ayudas en el último semestre tanto de autoconsumo como del MOVES y que solo en diciembre se emitieron órdenes de pago por 2,5 millones. Además, “está previsto tramitar el pago de la mayor parte de los expedientes que justifiquen correctamente en los próximos seis meses, porque muchos plazos vencen en los primeros meses de 2026”.

Las mismas fuentes señalan que las ayudas las diseñó el Gobierno de España y que la situación es similar en todas las comunidades. “A la vista de este panorama y tras años de reivindicaciones, el Gobierno de España anunció en diciembre de 2025 un cambio total de paradigma en unas nuevas ayudas, de las que aún no sabemos nada las comunidades”.

A pesar de esos esfuerzos, apunta Acmeis, de los 53,8 millones de euros transferidos a la Comunidad para el autoconsumo, se ha resuelto un 15% de los expedientes; solo por detrás de Ceuta y Asturias. Mientras que del primer plan MOVES, el porcentaje de ayudas ingresadas es de algo más del 3%, “siendo la última a nivel estatal”.

“En 2024 ningún solicitante había cobrado las ayudas de autoconsumo, y una cantidad raquítica había conseguido beneficiarse de las del plan MOVES III”. De esos 81 millones de fondos europeos, calcula, solo se han resuelto peticiones por valor de diez.

Desde ACMEIS no entienden el por qué de estos retrasos: “Se está incentivando el uso del vehículo eléctrico y las energías renovables, el dinero está, tienen los fondos, sabemos que se ha contratado a personal, pero las ayudas siguen sin llegar a los bolsillos de los afectados”.

Mala calidad del aire

El problema, continúa su vicepresidente, resulta “especialmente grave” en una región donde las principales ciudades sufren una mala calidad del aire, registrándose en 2025 más de 200 días con niveles deficientes en la ciudad de Murcia. Frenar el acceso a la movilidad eléctrica en este contexto es “irresponsable” desde el punto de vista ambiental y sanitario.

La asociación se fundó “porque vimos que había muchos afectados por el plan MOVES III y el autoconsumo y pensamos que era más efectivo asociarnos y que las reclamaciones no se hicieran exclusivamente de forma particular”. El problema, cuenta, es que hay usuarios que llevan mucho tiempo esperando a cobrar, hasta cuatro años.

La situación de la Región “es la más deficitaria de todas”, explica el vicepresidente de ACMEIS, que en 2024 presentaron decenas de quejas formales al Defensor del Pueblo para interesarse por el estado de resolución de las ayudas “y que todavía siguen sin respuesta por parte del Gobierno de Murcia”.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, apunta Antonio Fernández, “argumentan que las peticiones no resueltas se deben a que quedan documentos por justificar o a procedimientos burocráticos, pero hay muchas personas que lo tienen todo, a falta de dar la orden de pago para cobrar un dinero que se recibió de Europa hace ya cuatro años”.

“Ni un expediente resuelto del MOVES 2025”

Al acabarse los fondos europeos, expone Antonio Fernández, el Gobierno de España repartió otros 400 millones para el Plan MOVES 2025 para las comunidades autónomas. “A la Región le correspondieron 12 millones, y todas las comunidades menos la nuestra se han quedado ya sin fondos; en Madrid, por ejemplo, se agotaron en dos semanas; quí no hemos resuelto ni un solo expediente de las cerca de tres mil solicitudes que había en diciembre de 2025”.

El vicepresidente de ACMEIS se lamenta de que aunque en otras comunidades también hay retrasos, “las ayudas de MOVES se suelen cobrar en menos de un año, a excepción de Murcia y Asturias”. Las últimas ayudas del MOVES 2025 se abrieron el 15 septiembre en la Región de Murcia, “mientras que la mayoría de comunidades lo hicieron en junio”.

Datos que contrastan con la versión del Gobierno de Murcia que asegura que la Región sí está resolviendo y pagando ayudas MOVES, “y presenta un índice de concesiones del 87%, seis puntos por encima de la media nacional (81%)”.

“Estos porcentajes hacen alusión simplemente a la notificación que se hace a los demandantes sobre si tienen o no derecho a percibir la ayuda, el paso previo a comenzar con la justificación para obtener la orden de pago”, puntualiza el vicepresidente de Acmeis.

“Están cobrando los que pidieron las ayudas en 2023”

Javier presentó la solicitud para percibir la subvención por la compra de un coche eléctrico y la instalación de un cargador entre marzo y mayo de 2024. “Pasado el año me mandaron un requerimiento para subsanar unas cuestiones de la documentación; así lo hice y a partir de entonces, sigo esperando a percibir las ayudas”. El problema, cuenta, es que al retrasarse tanto los plazos, “te piden documentación ya presentada pero que ha expirado”. Desde septiembre de 2025, Javier tiene ya todo el papeleo hecho a falta de la orden de pago: “Pero a saber cuándo me toca porque ahora están cobrando los de abril de 2023”.

En este proceso, dice, “hay que armarse de paciencia; a mí me tienen que transferir 3.500 euros en total, pero hay familias que han pedido las ayudas del autoconsumo y las del plan MOVES y a lo mejor están esperando 15.000 euros y llevan cuatro años esperando; la orden de pago se hace eterna”.

En un caso similar está Paco, pero él solicitó las ayudas en noviembre de 2021. Un total de cinco mil euros al achatarrar también su vehículo antiguo. “En febrero de 2024 me comunicaron que tenía que aportar unos documentos expirados y me dijeron que ese verano tendría hecha la transferencia”. Pero pasó el verano, y todo el año 2025. La primera semana de ete enero “me avisaron de nuevo de que tenía otro documento caducado y lo han resuelto en solo dos semanas porque han contratado a una empresa para externalizar las gestiones; ahora estoy solo a falta de emitir la orden de pago”.

“Me tendrían que haber pagado hace ya tres años, no quiero imaginarme cuándo van a cobrar los que están pidiendo el MOVES 2025”.

Las comunidades autónomas han reclamado este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica una ampliación del plazo para ejecutar las ayudas al autoconsumo energético y el Moves III, que subvenciona la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la UE.

La petición se ha planteado en la Conferencia Sectorial de Energía que desde las 16 horas de este lunes ha reunido al departamento de Sara Aagesen con los gobiernos autonómicos.

El plazo para justificar estas ayudas (las que están territorializadas entre las comunidades autónomas) concluye en el segundo semestre de 2026. Ahora será la Comisión Europea la que tendrá que decidir sobre esa prórroga. Pero no está claro qué programas podrán acogerse aún esa prórroga.

La petición llega tras constatarse el retraso de algunas comunidades en el ritmo de ejecución de estos programas. En el caso del Moves III, que se puso en marcha en abril de 2021 y después se prorrogó sucesivamente, con un presupuesto total (incluidas las ampliaciones) de 1.335 millones de euros, muy pocas regiones superan el 50% en el porcentaje de verificaciones respecto al presupuesto resuelto, según los datos que se han expuesto en esa conferencia sectorial, a los que ha tenido acceso elDiario.es y que en la mayoría de los casos están actualizados a noviembre de este año.

Así, en el Moves III destacan en el vagón de cola Murcia (solo un 3% de ayudas verificadas), Castilla-La Mancha (18%), Canarias (21%), Extremadura (23%), Cantabria (26%), Catalunya (34%), La Rioja (41%), Navarra (42%), Castilla y León (45%), Galicia (47%), Aragón (48%). Solo cuatro regiones superan el 50%: Andalucía y Comunitat Valenciana (51%), Euskadi (57%) y Madrid (64%).

En el caso de las ayudas al autoconsumo, con un presupuesto total de 2.085 millones, incluidas las ampliaciones aprobadas, también hay una gran disparidad, pese a que las reglas de distribución de estos fondos eran comunes y el ministerio había dado flexibilidad a los gobiernos para agilizar el reparto.

En este caso, las comunidades más rezagadas son Asturias (6% de subvenciones justificadas a noviembre), Murcia (11%), Canarias y Comunitat Valenciana (23%), La Rioja (28%), Andalucía (30%), Extremadura (35%), Castilla-La Mancha (36%), Navarra (40%), Galicia (44%) y Aragón (45%). Por encima del 50% solo están Castilla y León (58%), Madrid (59%) y Euskadi (91%).

La ventanilla para obtener ayudas de estos programas se cerró en diciembre de 2024. Las ayudas tienen que estar subidas, como muy tarde, el 30 de junio de 2026 en la plataforma de gestión de fondos europeos para el PRTR (conocida como aplicativo Coffee).

Por ahora Bruselas ha dado su visto bueno a la prórroga de unos 700 millones que ya están aprobados, sobre todo para cadena de valor e hidrógeno verde, pero está por decidir el resto. Y se plantea la incógnita de qué ocurrirá con las subvenciones que se han concedido si no llegan a tiempo de justificarse ante Bruselas, apuntan fuentes con conocimiento de la situación.

En el caso de las ayudas que distribuye directamente el Gobierno central a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en octubre el gobierno amplió hasta 2030 en algunos casos el plazo para ejecutar más de 1.300 millones en fondos europeos para energía.

Se trata de proyectos relacionados con repotenciación, eólica marina, almacenamiento, hibridación, comunidades energéticas o geotermia. La petición del Gobierno central llegó después de que en junio la Comisión abriera la puerta a ampliar esos plazos, tras advertir el Tribunal de Cuentas Europeo de que la UE corría el riesgo de no llegar a tiempo para invertir los 723.800 millones que Bruselas puso a disposición de los Estados Miembros en plena pandemia.

La Comunicación de la Comisión en la que se amparó el ministerio instaba a los Estados miembros a “revisar exhaustivamente” sus planes “lo antes posible para garantizar que todos los hitos y objetivos puedan ejecutarse antes del plazo del 31 de agosto de 2026”. Entonces quedaban por desembolsar a escala europea “unos 335.000 millones”, de los que aproximadamente 154.000 millones eran subvenciones y 180.000 millones, préstamos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que “la acumulación de las distintas ayudas disponibles” en los últimos años para el autoconsumo eléctrico “podría haber dado lugar a situaciones de sobrecompensación, llegando a cubrir, en algunos casos, más del 90% del coste de las instalaciones para un hogar”. El organismo recomienda simplificar la tramitación de estas ayudas, de las que el grueso ha desaparecido ya, al agotarse los fondos del Plan de Recuperación para esta tecnología.

Cerrada ya la ventanilla para los más de 2.000 millones en subvenciones al autoconsumo del Plan de Recuperación (aunque todavía hay incentivos ya asignados y pendientes de cobrarse), el organismo que preside Cani Fernández ha publicado este miércoles una evaluación sobre el impacto de las ayudas públicas a esta solución energética. En ella analiza los distintos apoyos que pueden solicitar los usuarios particulares y las empresas y formula varias recomendaciones.

Entre ellas, propone una ventanilla única digital para simplificar las ayudas y aboga por definirlas en cuantías fijas vinculadas a objetivos concretos y por incentivar el almacenamiento. Además de los fondos europeos, en los últimos años distintas administraciones han aprobado bonificaciones locales en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Actividades Económicas (IAE), además de deducciones estatales y autonómicas en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de los territorios forales de País Vasco y Navarra.

El organismo señala que la “coexistencia” de numerosos incentivos gestionados por administraciones distintas “genera trámites complejos”, especialmente para los beneficiarios con menos recursos. “Un diseño inadecuado también puede generar diferencias en el acceso a las ayudas que distorsionen la competencia”, señala.

Así, reclama “establecer una estrategia conjunta de todas las administraciones para reducir la burocracia, evitar solapamientos y mejorar la eficacia y la estabilidad de los incentivos” o “priorizar las ayudas donde sean más necesarias y eficaces para el sistema (como almacenamiento u otros), para evitar distorsiones innecesarias”.

El organismo subraya que esta solución ha tenido “un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años y ha impulsado la competencia en el sector eléctrico”. Cifra la potencia instalada en 5,4 gigavatios (GW), basándose en la información de Red Eléctrica, que a junio de 2025 contabilizaba 696.000 instalaciones capaces de cubrir el 5% de la demanda eléctrica. La patronal UNEF eleva la potencia instalada a cerca de 8,2 GW. El gran boom llegó en 2022, en plena crisis energética por la invasión de Ucrania, aunque el ritmo de instalación ha caído en picado a medida que los precios de la luz se han normalizado.

La CNMC explica que la implantación de estas instalaciones “es mayor en zonas de más irradiación solar y en municipios con rentas más altas y mayor presencia de viviendas unifamiliares” en un país que, recuerda, “es el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población viviendo en edificaciones donde conviven varios hogares: en 2024, el 65,3% vivía en pisos o apartamentos. Por tanto, España es uno de los países donde el autoconsumo colectivo puede ofrecer mayores oportunidades y potencial para los hogares”.

El estudio explora la distribución geográfica y social de las ayudas concedidas, constatando por ejemplo que las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) asociadas al autoconsumo que han aprobado en los últimos años “tienen una fuerte correlación positiva con el nivel de renta de los municipios, debido a que dicho impuesto se basa en el valor catastral de los inmuebles”.

Esto, además de poder tener implicaciones distributivas y reducir la eficiencia en el uso de los recursos públicos, puede afectar a la dinámica competitiva por influir sobre la posición competitiva de las empresas, tanto energéticas como de otros mercados, ubicadas en municipios distintos“.

La CNMC ha constatado también que “la tramitación administrativa de las subvenciones ha sido compleja y se ha demorado bastante en el tiempo por el elevado número de solicitudes, lo cual puede crear costes y barreras de acceso a las ayudas que pueden perjudicar particularmente a los potenciales solicitantes con menores recursos para afrontarlas y, así, impactar sobre la dinámica competitiva”.

Por ello, reclama “acelerar el acceso a las ayudas, a fin de evitar distorsiones competitivas asociadas a la existencia de diferencias en recursos o capacidad financiera de los solicitantes. Se recomienda agilizar la tramitación administrativa de las ayudas para acortar sus plazos”.

Un pueblo salmantino de 200 habitantes se ha independizado de las eléctricas. Produce cada mes 6.000 kilovatios hora procedentes de energía solar, suficientes para poner 6.000 lavadoras o para recorrer 3.600 kilómetros en un coche eléctrico.

Los vecinos de Valdelacasa crearon la primera comunidad energética de la provincia de Salamanca, formada por 80 socios (prácticamente todas las familias del municipio junto con alguna empresa y el propio ayuntamiento. Todos con exactamente el mismo porcentaje de participación) para buscar la autosuficiencia energética. Y de momento les va bien: el 70 por ciento de los ingresos del consistorio provienen de la venta de esta energía y tienen proyectado adquirir un vehículo eléctrico a disposición de todos los vecinos.

Un caso de éxito expuesto por Ricardo Bonafonte, presidente de Vacoe (así se llama legalmente la comunidad energética de Valdecasa) durante la II Cumbre de Comunidades Energéticas. El foro, organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), se ha celebrado este miércoles en Toledo y ha contado con la participación de elDiario.es Castilla-La Mancha como ‘media partner’.

La jornada ha servido para hacer una radiografía de las comunidades energéticas en nuestro país: qué son, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios y qué retos tienen que resolver en el futuro.

Aprovechar las renovables para reinvertir los beneficios en la comunidad

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

En España existen 679 comunidades energéticas, según datos de ECODES, que ha presentado en el encuentro su “Informe de Energía Común”. Las más habituales son las rurales, pero su ámbito de actuación también puede ubicarse en ciudades, barrios o complejos industriales. Como en el Casco Histórico de Toledo.

El informe indica que esas comunidades están constituidas para desarrollar actividades principalmente de autoconsumo, movilidad o rehabilitación energética, abordando aspectos sociales como la pobreza energética, la vulnerabilidad o la brecha de género. Sin embargo, apenas el 17,7% de ellas tienen alguno de sus proyectos en funcionamiento.

Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas de UNEF, explica en una entrevista con este medio que esto se debe a que “son comunidades muy pioneras y muy incipientes. Por lo tanto necesitan una cierta madurez del proyecto”.

Santos añade que también hay retos técnicos no facilitan que una comunidad energética inicie su labor, como el acceso y conexión a la red. “La red es un problema para la transición energética, porque hay que aumentar capacidad y hacerla mucho más flexible. Las comunidades energéticas también están teniendo problemas con los plazos para que una instalación de autoconsumo funcione y que la distribuidora le dé el visto bueno”.

Falta de un marco regulatorio y financiación, principales obstáculos

Aparte del problema mencionado por Santos, durante las diferentes mesas celebradas en la cumbre se han repetido una y otra vez dos problemas que todos los actores ven comunes para el desarrollo de las comunidades energéticas: la falta de normativa y de financiación.

“En términos de normativa, la figura de las comunidades energéticas no está regulada de manera extensa. Es fundamental que se haga un marco normativo para que ponga un poco de luz sobre qué es una comunidad energética y qué no”, afirma Santos. “Si no se desarrolla una normativa, al final se van a desarrollar proyectos pequeños de comunidades energéticas que se van a quedar muy en lo local, en lo anecdótico.”, añade la experta, que aboga por un marco legal que permita que las comunidades energéticas participen en el sector. de la energía.

Acerca de la financiación, la clave para muchos de los expertos que han intervenido en la cumbre está en asegurarla en las primeras fases del proyecto: “El autoconsumo es económicamente rentable, pero el problema es la financiación inicial”, aseguraba en su intervención Joel Cibil, director comercial, Elecsum. “Si conseguimos arrancar, podremos desarrollar las otras actividades”.

Otro caso de éxito que se ha expuesto en la II Cumbre de Comunidades Energéticas ha sido precisamente uno ubicado en la ciudad que lo ha acogido: Toledo. La capital de Castilla-La Mancha puso en marcha el año pasado la primera comunidad energética en un casco histórico. Participan de ella particulares, empresas, conventos y el propio Ayuntamiento de Toledo.

“El hecho de ser ciudad de Patrimonio de Humanidad condicionaba todo mucho”, ha explicado en la Cumbre Rubén Lozano, concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deporte en el Ayuntamiento de Toledo. “No podíamos instalar placas solares en el techo de las casas. Hemos podido instalar las placas en el techo de nuestras cubiertas deportivas para dar ese servicio”.

Lozano también ha explicado la importancia de que las comunidades energéticas cuenten con el respaldo de que los ayuntamientos. “Hay mucha gente que todavía desconoce el beneficio que tiene crear una comunidad energética y esos vecinos buscan un lugar donde asesorarse y ahí está el papel de la administración para ofrecer ese servicio al vecino”.

La directora de Comunidades Energéticas de UNEF, Paula Santos, también coincidía en lo importante que es que las administraciones, sobre todo a nivel local, se impliquen. “Si está el ayuntamiento es mucho más sencillo porque da robustez, solidez y seguridad al proyecto”, afirma.

Además, ha explicado que las comunidades energéticas suponen para los consistorios una oportunidad para desarrollar su plan de transición energética. Santos también destaca que el ahorro económico es un beneficio potencial para todos los actores: “Yo puedo creer en la sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático, pero si yo empiezo a ver ahorro en la factura de la luz… Es fundamental. Y para la industria y para la economía local, el beneficio es la competitividad”.

Alrededor de un centenar de especialistas se van a dar cita en la II Cumbre Nacional de Comunidades Energéticas que se celebrará en Toledo el próximo 24 de septiembre. El Palacio de Congresos ‘El Greco’ de la capital de Castilla-La Mancha acogerá este evento en el que se van a abordar las nuevas fórmulas asociativas de socialización de la energía.

La cita se ha presentado en la Consejería de Desarrollo Sostenible, en un acto en el que la titular de este departamento, Mercedes Gómez, ha recalcado que “Castilla-La Mancha da un paso más” con el impulso de esta comunidades que permiten “tanto a particulares como a empresas generar y consumir su propia energía, abaratando facturas y costes, a la vez que contribuyen a descarbonizar el sistema”.

La consejera, que ha presentado el acto junto al director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha recordado que en la región ya hay ejemplos de éxito con las comunidades energéticas, citando a la del Casco Histórico de la ciudad de Toledo y a la comunidad energética del municipio de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), de las que ha recordado que fueron reconocidas “en los premios regionales del Día Mundial de Medio Ambiente de este 2025”.

Gómez ha destacado también de las convocatorias de ayudas que se están preparando desde el Ejecutivo de García-Page con fondos FEDER. Estos se pondrán a disposición de particulares y empresas antes de que acabe el año, para impulsar estas nuevas fórmulas asociativas.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha resaltado los “récords” que ha logrado Castilla-La Mancha en materia de autoconsumo, lo que los convierte en “el espejo en el que queremos mirarnos con las comunidades energéticas, porque es un gran ejemplo de lo que está suponiendo la apuesta que está llevando a cabo este Gobierno por socializar la energía”.

Gómez ha señalado los 95 millones de euros con fondos MRR que ha movilizado el Ejecutivo regional. “Han permitido que facilitemos, agotando el presupuesto, más de 15.000 ayudas a empresas, particulares y administraciones, con lo que se ha conseguido que, en apenas seis años, se haya multiplicado por 13 la potencia fotovoltaica instalada para autoconsumo”.

“Estas jornadas nos van a ayudar en la transición energética”

En el acto también han participado la directora de comunidades energéticas y responsable electrificación de UNEF, Paula Santos; y el director general de Transición Energética, Alipio García, que ha matizado que la región ha pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a los 888.

En cuanto a las instalaciones, el “crecimiento también ha sido espectacular, pasando de apenas 1.000 en 2023 a las 49.660 que hay en Castilla-La Mancha en la actualidad”, ha explicado.

“El siguiente paso en la socialización de la energía son las comunidades energéticas, que deben jugar un papel fundamental en la transición energética de la región, puesto que queremos que el esfuerzo que estamos haciendo y que nos ha llevado a liderar el desarrollo y la generación de renovables revierta en beneficio de nuestro territorio”, ha afirmado Mercedes Gómez.

El evento se celebrará el último miércoles de septiembre en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo, teniendo a la UNEF como organizadora del evento. La cumbre, en las que también colabora la Junta de Comunidades y de la que elDiario.es Castilla-La Mancha es media partner, es el congreso “más importante” sobre comunidades energéticas de los que se celebran en España.

Monforte de Moyuela se ha convertido en el primer pueblo aragonés y sexto de España en implantar una comunidad energética rural de titularidad municipal. Paula Delmás es la alcaldesa de esta localidad de 60 vecinos y explica que tienen a su alrededor “una implantación de macro renovables y queríamos que las renovables llegaran a los bolsillos de los vecinos”.

Este enclave turolense está rodeado por 430 aerogeneradores, según explica la alcaldesa. Querían cambiar el concepto y que la energía renovable que se produce en la zona, que es mucha, se quede ahí. “Esa energía es de unas empresas que han venido, han hecho su instalación y se han ido”.

Siguiendo los pasos de Luco de Jiloca, una cooperativa vecinal de autoabastecimiento energético mediante placas solares, comenzaron a investigar para llevar a cabo su propio huerto solar. “Casi todos los vecinos estuvieron de acuerdo”, explica la alcaldesa: “La acogida ha sido buenísima, de repente el Ayuntamiento hace toda la inversión y como vecino no te tienes que ver en nada ni económico ni burocrático, queríamos que fuese pionero y saliese adelante. Están todos muy contentos”.

Pidieron a los vecinos que se inscribieron, unas 50 casas, sus facturas de la luz para dimensionar el tamaño de la instalación, ya que “el 80% de la producción tiene que ser para autoconsumo”. En agosto de 2022 se construyó la cooperativa y se presentó el proyecto. Cada vecino, o más bien cada vivienda con un contador de luz, realizó una inversión de 50 euros para el capital social y comenzaron con los trámites burocráticos, que ha sido “un proceso muy lento”.

Hace dos semanas, por fin comenzó este proyecto que llevan años esperando. Ahora, es el turno de que “las comercializadoras den de alta y cambien los contratos de los clientes”. En el pueblo viven 60 personas todo el año, aunque hay muchas más casas de personas que acuden los fines de semana o en los periodos vacacionales y que también han querido participar, el número final de contadores inscritos en el sistema de autoconsumo es de 57.

El pasado sábado presentaron el inicio del proyecto con un evento de conexión “para celebrar que estábamos dados de alta, es un proyecto importante, somos la primera comunidad energética impulsada por un ayuntamiento en Aragón. En un pueblo como el nuestro estas cosas hay que celebrarlas. En los pueblos pequeños también hacemos cosas y somos pioneros”, expone.

Inversión de 134.000 euros

En esta presentación estaba presente el vicepresidente de la cooperativa y teniente de alcalde del pueblo, Nacho Orte, que explicó que la suma total de los costes asciende a 134.000 euros, el 45% de estos ha sido subvencionado. La filosofía del proyecto, según Orte, es “ser soberanos energéticamente y que el vecino lo note en la factura de la luz”, así se lo dijo a Jorge Pueyo en un vídeo que el diputado de CHA por Sumar hizo en la localidad, hasta la que se acercó el sábado.

Pueyo celebró que “frente al modelo que se nos impone desde Madrid, olvidándose de todo el Aragón vaciado” y aseguró que “esa luz es la que debe iluminar el camino del resto de comunidades energéticas de todo el país y el Estado frente a que sean las empresas eléctricas las que se queden con los beneficios de la implantación y la destrucción del paisaje, puedan ser los propios vecinos los que decidan su futuro”, según recoge el Diario de Teruel.

También acudió el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que consideró que es un “motivo de orgullo”. La DPT ha puesto en marcha una oficina técnica de asesoramiento para ayudar a los municipios que quieran tomar de ejemplo a Monforte de Moyuela.

El número de comunidades energéticas en España prácticamente se ha duplicado en dos años, hasta 659 en 2024, pero solo el 17,7% tiene su primer proyecto en marcha, según el último informe del Observatorio de Energía Común. Expertos del sector reclamaron cambios legales para que esta figura pueda despegar.

Estas comunidades están recogidas en dos directivas europeas que obligan a promoverlas como vía para empoderar al consumidor. Deben estar legalmente constituidas (en España el 66% lo han hecho como asociación y el 31%, como cooperativas) y controladas por sus socios: personas, empresas y administraciones que se unen para impulsar proyectos comunitarios relacionados con la energía. La actividad más habitual es el autoconsumo fotovoltaico, pero también pueden dedicarse a movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas, almacenamiento, renovables térmicas, acciones contra la pobreza energética…

Sin un registro oficial centralizado que las contabilice, el termómetro más fiable para calibrar su despliegue es este informe elaborado a iniciativa de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y de Redeia (matriz de Red Eléctrica) con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica. El documento, basado en encuestas o el rastreo de registros autonómicos, recoge que ya hay comunidades de energía en el 8,1% de los municipios españoles, frente al 4% de 2022. Sobresalen Euskadi (30% de los municipios) y Navarra (24%), ambas con larga tradición cooperativista, seguidas de Galicia (20%) y Comunitat Valenciana (18%).

El estudio calcula que en 2024 había 27.000 personas y entidades socias de una comunidad energética. El 69,3% estaban localizadas en el ámbito rural; el 21,4% eran urbanas y un 6,3% trabajaban en los barrios. La mayoría (58,4%) tienen menos de 20 socios, muestra de que siguen “en una fase incipiente”. Solo el 17,7% tiene su primer proyecto en marcha, frente al 12% de 2023. Un incremento “bajo”, como explicó el coordinador del informe, Carlos Pesqué, durante su presentación en Madrid el pasado martes. “Es importante gestionar esas expectativas y esa motivación” de los momentos iniciales para que “no acaben desfalleciendo”, apuntó.

María González, jefa de Área de Mercado Minorista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), explicó que “la ciudadanía tiende a confundir los conceptos de comunidad energética y autoconsumo colectivo”, cuando este último es una de las actividades que pueden desarrollar, pero no la única. En su opinión, la “primera barrera” para su desarrollo es social, por tratarse de decisiones colectivas; y “las Administraciones tenemos que hacer mucha pedagogía” para que el ciudadano no las perciba como un proceso “dificultoso”.

El informe señala que España es uno de los países de la UE “con menores índices de participación ciudadana activa en iniciativas sociales, culturales o educativas”. Superar esta dinámica representa uno de los principales retos de la transición energética en nuestro país. Las comunidades “no son únicamente un mecanismo para reducir nuestras facturas de energía y reducir emisiones de carbono, sino que también tienen el potencial de transformar las estructuras sociales y económicas locales”.

Joan Herrera, ex diputado de ICV, ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y fundador de la consultora Samso, lamentó el martes la falta de un marco normativo acorde a la directiva europea, que les dota de un rol “protagonista” en un sector “altamente complejo” en el que “necesitas musculatura”. En su opinión, solo están saliendo adelante las comunidades de “aquellas personas más motivadas”. Son “pequeñas experiencias muy interesantes pero que no emergen como un nuevo actor”. Y hasta el año pasado han tenido “el dopaje de las ayudas” públicas, ya concluidas [el 58% de las comunidades habían recibido algún tipo de ayuda pública en 2024, según el informe], pero sin un marco favorable que permita que cojan vuelo.

Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas en la asociación fotovoltaica UNEF, señaló que estas entidades son “punta de lanza de la electrificación” y “tienen valor social”, pero para que “puedan participar en igualdad de condiciones” falta “regulación” que les permita “la escalabilidad”; tanto en la normativa del autoconsumo como en la definición de su control efectivo o sus trámites.

UNEF propone habilitar “ventanas de tramitación” en las comunidades autónomas para estas entidades, ayudas fiscales a sus socios en el IRPF o el IBI y cambios en la Ley de Régimen Local que faciliten la participación de los ayuntamientos. En el 61% de las comunidades, los consistorios ejercen como “facilitadores”, cediendo espacios y cubiertas de edificios municipales para proyectos energéticos. Pero los municipios solo son socios en un 21% de ellas.

Pedro Fresco, director de la patronal valenciana de renovables Avaesen, abogó por “pensar fuera de la caja” para “escalar” las comunidades. Por ejemplo, agrupando a pymes, que tienen un consumo muy superior a los usuarios domésticos. Puso como ejemplo la primera comunidad energética que se puso en marcha en España, la de Crevillent (Alicante), de la cooperativa Enercoop, con 100 kilovatios (kW) nominales y baterías. “La realidad es que para ser un actor relevante y sustituir la energía que genera la central nuclear de Cofrentes necesitaríamos 50.000 comunidades energéticas como la de Crevillent”, expuso.

En 2024 hubo una ligera disminución en la creación de nuevas comunidades en España. Surgieron 200 (frente a 211 en 2024), lo que, apunta el informe, “puede deberse a múltiples factores”, como la evolución del marco regulatorio, la disponibilidad de ayudas o la consolidación de iniciativas ya existentes. El pasado ejercicio fue un año “sin novedades sobre un marco estatal”, mientras “algunas comunidades autónomas han avanzado por su cuenta”, explicó el coordinador del estudio.

Transición Ecológica sacó a consulta en abril de 2023 un borrador de Real Decreto para regular las comunidades de energías renovables (CER), centradas en proyectos de generación renovable de ámbito local, y las comunidades ciudadanas de energía (CCE), orientadas a cualquier actividad del sector eléctrico. Pero finalmente solo traspuso parte de la normativa europea en un decreto-ley para hacer frente a la guerra en Ucrania (el 5/23).

Sí incorporaron novedades legislativas en 2024 Galicia, Catalunya y Aragón, a la que el informe señala como “referencia legislativa en participación ciudadana en energía”, con un régimen autonómico específico para las CER y las CCE y líneas de ayuda directa, entre otros instrumentos de apoyo.

Pionera en Teruel

La pionera en esta región fue la comunidad energética de Luco de Jiloca, un pueblecito adscrito a Calamocha (Teruel) que simboliza la España vaciada (en los 70 rondaba los 700 vecinos y tiene 60). La cooperativa echó a andar en plena pandemia, a principios de 2021, y en abril de 2023 conectaron una planta fotovoltaica de 60 kW de potencia.

Con 26 hogares adheridos y el Ayuntamiento como socio, el proyecto ha supuesto hasta ahora una inversión de unos 200.000 euros que han cubierto al 50% con ayudas públicas. El resto vino de los socios (a entre 1.000 y 1.500 euros por cabeza) y de un crowdfunding para la fase inicial que captó unos 6.000 euros. La planta, cuya potencia se plantean aumentar, se ubica en una era de la cooperativa, junto a dos pajares en ruinas que están rehabilitando para convertirlos en su sede social. Planean instalar baterías y abrir un centro de interpretación de la energía que explique la histórica vinculación de la zona con la energía hidroeléctrica.

Allí funcionaron tres saltos de agua hasta la década de los 70, explica uno de los fundadores de la cooperativa, el ingeniero industrial Carlos Aríñez, vecino del municipio. Los socios tienen firmado un acuerdo para el reparto de la energía que se produce y que se registra en cada contador, mediante unos porcentajes que la distribuidora comunica a las comercializadoras para calcular cuánto le toca a cada vecino, “hora por hora”.

El ahorro conseguido en factura, explica, ronda el 50%. Pero quieren ir más allá. Están implantando un punto de recarga de vehículos eléctricos que quieren poner a disposición de los vecinos “gratuitamente” y desarrollan un software “pionero” para monitorizar los contadores a nivel colectivo, realizar previsiones de generación con los pronósticos meteorológicos de la AEMET, optimizar consumos, gestionar excedentes y venderlos en la red... en suma, capitalizar la comunidad para poner en marcha más proyectos. Su idea es poner esa herramienta a disposición de otras comunidades energéticas de todo el país.

Aríñez reconoce que el 28 de abril, durante el histórico apagón ibérico, los socios de Luco se quedaron sin luz como el resto de España, porque “al final, dependemos de la red eléctrica. A día de hoy, no es posible tirar línea directa a las casas desde nuestra planta de generación”: necesitan acceder a un punto de acceso de la distribuidora, en este caso Endesa. Algo que, apunta, contemplan las directivas europeas y “se está dilatando en el tiempo”, pero que, afirma, la legislación española tendrá que acabar permitiendo.

La Diputación de Badajoz abre este año una novedosa convocatoria de ayudas, destinadas a financiar la redacción de proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales, en el marco de su estrategia de descarbonización y transición energética. La convocatoria, abierta a todos los municipios de la provincia, tiene una dotación global de 810.000 euros.

Esta acción se enmarca dentro del compromiso de la institución provincial con la transición energética y demográfica, con foco en la sostenibilidad de servicios municipales y reducción de emisiones de carbono. Además, supone una oportunidad de cara a aprovechar los recursos solares locales para generar beneficios económicos y sociales en municipios.

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, ha presentado en el Hospital Centro Vivo esta convocatoria y ha dicho que va a ser “un antes y un después en un proyecto global de autoconsumo, ya que este programa forma parte de un compromiso de la Diputación de Badajoz con la eficiencia energética, que hasta el 2027 hará un esfuerzo económico que llegará a los 20 millones de euros y es un compromiso que se cumplirá, seguro, tengo o no fondos externos”.

Provincia sostenible y limpia

El presidente ha apuntado que el objetivo no es otro que “nuestra provincia sea más sostenible y más limpia, que apueste por la descarbonización para que nuestros hijos tengan un mundo donde puedan vivir”.

Entre los beneficios esperados con estas instalaciones, destaca la reducción de los costes energéticos de las instalaciones municipales. También facilitará la promoción de comunidades energéticas locales y participación ciudadana. Asimismo, se conseguirá una mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios municipales, contribuyendo a la cohesión territorial.

En consecuencia, la Diputación de Badajoz persigue facilitar que los beneficios económicos derivados de la abundancia del recurso solar puedan revertir a las entidades locales e, indirectamente, al tejido social y económico de la provincia.

Por tanto, el objeto de esta convocatoria es financiar la redacción de proyectos técnicos para la ejecución de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales. Los proyectos incluirán estudios técnicos necesarios y deberán ejecutarse y pagarse en un plazo de tres meses tras la concesión. El importe por proyecto no excederá de 4.500 euros, limitado al 3% del presupuesto de ejecución material según la potencia pico proyectada.

En definitiva, la Diputación persigue facilitar que los beneficios económicos derivados de la abundancia del recurso solar puedan revertir a las entidades locales e, indirectamente, al tejido social y económico de la provincia, a través del sector privado que también se verá beneficiado con la redacción de los proyectos.

Reactivar un autoconsumo en horas bajas y hacer realidad el despliegue de las nuevas redes eléctricas con una nueva planificación hasta 2030 figuran entre las tareas clave que va a afrontar en los próximos meses la nueva vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. 

Tras unas primeras semanas al frente del ministerio marcadas por la conmoción de la DANA de Valencia, a la anterior secretaria de Estado de Energía le espera una agenda energética apretada para el nuevo curso. 2024 ha sido un año de cierto parón en este departamento, primero por las elecciones europeas de junio (con Teresa Ribera como cabeza de lista del PSOE) y luego por el compás de espera de la antecesora de Aagesen hasta convertirse en vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

Lo más inmediato sobre la mesa del ministerio es la aprobación del borrador de la nueva planificación de la red eléctrica 2025-2030, en la que lleva meses trabajando el operador del sistema, Red Eléctrica. Transición Ecológica, que inició su tramitación la víspera de la Nochebuena de 2023, va a sacar a consulta la propuesta en breve, posiblemente en enero.

Esta planificación tiene que estar aprobada antes de que acabe 2025 y establecerá las necesidades de desarrollo de la red de transporte hasta el final de la década. Será clave para hacer realidad los objetivos de la nueva actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con más de 300.000 millones de euros de inversión asociada, y que se remitió a Bruselas en septiembre.

Como apunta Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora beBartlet, la nueva planificación “previsiblemente va a generar bastante ruido a nivel político y empresarial”. Ya lo hubo con la actual (2021-2026) y “siempre habrá comunidades autónomas que se sientan agraviadas y empresas que se quejen por no haber entrado”. 

El PNIEC contiene metas muy ambiciosas de renovables, producción de hidrógeno o almacenamiento y de electrificación de la economía y para ello las redes serán esenciales. Para la planificación que se va a aprobar ahora van a entrar en juego la expansión del hidrógeno verde y los famosos centros de datos “y hasta qué punto queremos albergar este tipo de industrias”, apunta este experto. 

Una de las opciones que se barajan es que el ministerio ponga en marcha un sistema de subastas para ordenar la conexión a la red de estos centros, que ya han sido vetados por algún ayuntamiento, como el de Lleida, por su elevado consumo de agua y energía. El nuevo PNIEC, un documento de más de 700 páginas, dedica a estas instalaciones apenas una línea al señalar que “se promoverá un marco regulatorio que impulse y ordene la instalación sostenible”.

En este contexto, es previsible que el Gobierno revise al alza los límites a la inversión en transporte y distribución que el sector lleva años reclamando, en un ejercicio en el que deberá estar en vigor la nueva circular de retribución de las redes. Esta tarea corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la anunciada Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuya creación se está retrasando por la precaria aritmética parlamentaria en el Congreso. Cuando se aprobó el proyecto de ley de recuperación de la CNE, en febrero, Ribera confió en que estuviera lista a finales de 2024.

De cara a esa nueva circular de las redes, en octubre Transición ecológica publicó unas inusuales “orientaciones” a la CNMC, por específicas, sobre cómo debe calcularse la tasa de retribución de las redes, que estaban totalmente en línea con las peticiones de las empresas. 

Entre lo más relevante del nuevo curso también va a estar la esperada nueva normativa de autoconsumo, que en los despachos de Transición Ecológica esperan que esté en vigor en torno a mediados de año. 

En octubre, el ministerio sacó a consulta previa un proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de esta solución energética, que lleva meses de capa caída. Tras el boom que vivió durante la crisis de precios de 2021 y 2022, a cierre del tercer trimestre el autoconsumo registró una caída del 15% con respecto a los nueve primeros meses de 2023, fundamentalmente en el sector industrial (-22%) pero también en el residencial (-5%) y en el comercial (-1%), de acuerdo con las estimaciones de la asociación sectorial Unef. Empresas del sector como Holaluz o EiDF, entre otras, llevan meses en serias dificultades.

Expectación

En el sector hay expectación ante el grado de ambición de la reforma. La normativa actual está pensada sobre todo para instalaciones individuales de autoconsumo. Las directivas europeas apuestan por ir más allá y desarrollar vías para compartir energía, dar otro tratamiento de los excedentes, fomentar las instalaciones colectivas o impulsar las comunidades energéticas. 

Y está por ver si se permite compartir autoconsumo a más distancia que los 2 kilómetros que actualmente se permiten, como ocurre en otros países europeos. Algunos permiten incluso el autoconsumo colectivo mientras se trate de instalaciones y consumidores conectados a la misma red de baja o media tensión, con independencia de la distancia.

En el ministerio de Aagesen sitúan como “una de las prioridades de la agenda regulatoria” la nueva normativa para impulsar un mercado de capacidad. Se trata de una suerte de “seguro” antiapagones que se va a poner en marcha el próximo ejercicio, con la expectativa de lanzar la primera subasta a principios de año.

Será una de las vías para impulsar el almacenamiento, cuya regulación todavía debe completarse. En España, según la Hoja de ruta de Almacenamiento, hay más de 8 GW de capacidad para guardar electricidad (la gran mayoría, 6,5 GW, es bombeo hidroeléctrico), y el PNIEC marca el ambicioso objetivo de alcanzar los 22 GW para 2030. 

Una parte será a través de baterías, cuyo despliegue, como señala un reciente informe de ONE, “está encontrando más obstáculos que en otros países europeos”. Para poder sumar los casi 14 GW de almacenamiento necesarios para cumplir los objetivos del PNIEC, “aún queda mucho por hacer”.

Que España pueda almacenar más energía es clave por la escasa interconexión con Francia, que condiciona el despliegue de las renovables. El almacenamiento energético ayuda a aliviar la congestión de la red en los momentos de mayor oferta de energía, guardando el excedente y liberándolo en las horas de menor generación renovable, permitiendo consolidar la sustitución de combustibles fósiles.

Con ello, se podrá aumentar el proceso de electrificación, que en España avanza a un ritmo mucho más lento que el despliegue renovable. La electricidad todavía tiene un peso de sólo un 22% en el mix energético nacional. La reducida implementación de bombas de calor, la baja penetración del vehículo eléctrico y el aún escaso uso de electricidad en procesos industriales llevan a momentos en los que se genera más energía renovable de la que se consume. El resultado son los denominados vertidos de energía, que en 2023 alcanzaron un 1,18% de la energía renovable total producida en España, según datos de la asociación de reguladores europea ACER.

Entre los temas pendientes está también la elaboración de una nueva Estrategia de Pobreza Energética para sustituir a la existente hasta ahora (2019-2024); a aprobación de la orden ministerial que deberá fijar las condiciones para llevar a cabo las primeras subastas de eólica marina en España, y la transposición de varias normativas europeas. Entre ellas, la del conocido como paquete del gas (clave para el despliegue de los gases renovables), y la directiva de renovables conocida como Red III, que aumenta el compromiso de los Estados miembros para 2030 respecto de la cuota de energía del consumo final bruto procedente de fuentes limpias de un 32% a un 42,5%. Para transponer esta última hay de plazo hasta el 21 de mayo. 

Entre sus novedades está la obligación de elaborar planes que señalen las “zonas de aceleración renovable” para uno o más tipos de fuentes de energía limpia en las que se aligerarán los trámites: silencio positivo si no hay respuesta de la Administración, un trámite ambiental mucho más sencillo y plazos más reducidos. Su traslado al ordenamiento jurídico español “va a tener especial incidencia en el hidrógeno y el transporte”, opina Labanda.

Muchas empresas, varios conventos y algunos particulares constituyen ya los cerca de 90 integrantes de la primera comunidad energética del Casco Histórico de Toledo. Es decir, un colectivo de personas físicas y jurídicas que se asocian para producir, consumir y gestionar su propia energía. No es la primera iniciativa de este tipo en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero el proyecto sí es pionero por el hecho de que lo ha promovido el propio Ayuntamiento a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) creada hace unos meses con los fondos europeos destinados a asesoramiento para el uso de energías limpias.

Que el autoconsumo llegue a la zona patrimonial de Toledo no ha sido un camino fácil. La protección de la UNESCO y las ordenanzas municipales derivadas impiden modificar la estética del Casco Histórico, es decir, su “visualidad”.

No se puede, por tanto, instalar placas solares en los tejados, y mucho menos en una ubicación en altura como la que tiene el conjunto monumental toledano. Si eso sucediera, la vista de la ciudad, por ejemplo, desde las afueras del Valle, al otro lado del Tajo, sería básicamente un resplandor solar.  

Actualmente, la normativa europea sobre comunidades energéticas está regulada en la Directiva de 2018 sobre las comunidades de energías renovables y la de 2019 sobre las comunidades ciudadanas de energía. No hay trasposición a las leyes españolas ni normativa reguladora estatal. La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha contabilizado más de 350 comunidades energéticas en España, pero al haber indefinición jurídica, es posible que muchas estén sin identificar.

En el caso del Casco Histórico de Toledo, la iniciativa para conseguir el autoconsumo comenzó hace tiempo. La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) se promovió como proyecto en la anterior legislatura municipal del PSOE por parte la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) Ahora, el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco (del PP, que gobierna con Vox) ha decidido que sea una realidad y ha impulsado las reuniones de esta oficina con diferentes asociaciones del Casco Histórico. El resultado, la reciente constitución de la Asociación ‘Comunidad Energética Casco Histórico Ciudad de Toledo’.

De la muralla hacia fuera

La base de ‘autoconsumidores’ es un grupo de empresas y particulares. Pero la cuestión ahora es dónde instalar las placas para su suministro. La normativa impide que se ubiquen a más de dos kilómetros de distancia desde el lugar del consumo final de la energía y al mismo tiempo debe preservarse la estética de la ciudad. Es decir, en Toledo debe hacerse “extramuros”, de la muralla hacia fuera.

El concejal explica a elDiarioclm.es que los técnicos están estudiando varios emplazamientos dentro de ese radio: varias cubiertas de edificios que son propiedad del Ayuntamiento. “Hay que ver cuáles son mejores y dónde caben más placas. Primero se ofrecerá a la comunidad energética una sola cubierta como primera instalación, pero es posible que cuando empiece a funcionar, el proyecto se amplíe a otras cubiertas. Por eso estamos analizando varias”, detalla.

También precisa que la comunidad energética ha decidido que, de cada instalación, el 50 por ciento sea aprovechamiento para particulares y la otra mitad para negocios y empresas. Pero es una “aproximación”, porque las empresas necesitan más suministro y es posible que ese porcentaje varíe. Por ejemplo, en el caso de algunos conventos toledanos, su gasto eléctrico es muy elevado (hasta 20.000 euros al mes) debido a los hornos que utilizan para la preparación de dulces, entre ellos el conocido mazapán.

Desde la Oficina de Transformación Comunitaria están asesorando a la Asociación en cuanto al ahorro en la factura de la luz y el tiempo de amortización de la inversión por la instalación de las placas y la conexión a la red. En líneas generales, el ahorro puede incrementarse en un 40% y el plazo de amortización gira en torno a los tres años. “Aunque todo ello también depende de los hábitos de consumo, del gasto de cada uno y de muchos factores”, avisa Velasco.

Con todo ello, los técnicos consideran que el proyecto puede estar en funcionamiento en la primavera de 2025. Es decir, con la energía ya suministrada a la comunidad.

Miembros de la asociación ya han manifestado su satisfacción por esta iniciativa, pero también hay particulares que se han puesto en contacto con este periódico para manifestar su malestar por haberse inscrito ya en el portal y no haber recibido ninguna respuesta ni haberles convocado a ninguna reunión.

Algunos también quieren saber cómo se ha seleccionado a los técnicos de la comunidad. El concejal José Manuel Velasco afirma que todo el proceso es transparente y que se está respondiendo a todas inscripciones. Pero ante cualquier duda, remite a la Oficina de Transición Comunitaria.

A Vox le parece bien pese a que rechaza la Agenda 2030

Otro dato significativo es el hecho de que Vox, con su discurso negacionista del cambio climático y de la Agenda 2030, gobierne con el PP en el Ayuntamiento. El concejal del PP afirma que su socio no se ha mostrado en contra de la iniciativa. “Con independencia de que los fondos estén vinculados a la Agenda 2030, tampoco se trata de una cuestión de partidos políticos. Todo el mundo quiere que se le rebaje su factura de la luz, todo el mundo quiere consumir energías limpias si se lo facilitan. No puede ser de otra manera, es una buena noticia para todos”.

Y de cualquier forma, ¿es un revulsivo para la ciudad?. Velasco dice que “lo es en cuanto al uso de las energías limpias, pero también por dejar claro que vivir en el Casco Histórico no es un castigo. Además, hasta ahora, el autoconsumo estaba visto como una cuestión individual de particulares, que está muy bien, pero demostramos que existe la posibilidad de hacerlo con empresas y en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también lo considera así. Paula Santos, directora de Autoconsumo y Comunidades Energéticas de esta asociación, subraya que estos proyectos van a ser “los ecosistemas de la transición energética” porque en ellos se integran “todos los pilares necesarios”.

“Es fundamental que empiecen a participar actores no tradicionales del sector como la ciudadanía, los ayuntamientos y las pymes, que son las representantes de la economía local. Eso permite la transversalidad y además que haya beneficios y que estos se queden en el territorio. Eso supone el empoderamiento de la ciudadanía y de la comunidad local”, destaca.

La participación de empresas hace que no sea algo residual, sino un instrumento de la ciudadanía; es así como se empodera a la gente

Paula Santos — Unión Española Fotovoltaica

El hecho de que todavía no haya una normativa española de regulación crea una “indefinición jurídica” al respecto. Por eso la UNEF también considera vital que sean los ayuntamientos quienes apoyen la creación de comunidades energéticas, “porque conocen la realidad local y a qué actores hay que involucrar”. La Administración Local se convierte así en “un instrumento catalizador esencial” porque traslada la “sociología” de la ciudad.

Considera Paula Santos que también es destacable que la iniciativa toledana haya germinado en la OTC. “No tiene por qué ser así, pero ese acompañamiento es necesario y muy recomendable”. Como también destaca el hecho de que se hayan incorporado empresas y conventos: “Así se garantiza que no sea algo residual, sino un instrumento de la ciudadanía; es así como se empodera a la gente”.

Aunque la promoción del Ayuntamiento de Toledo para la iniciativa sí es pionera, esta ciudad no es la primera Ciudad Patrimonio que cuenta con este tipo de proyectos. En Córdoba están en preparación tres microplantas solares gestionadas por tres cooperativas energéticas ciudadanas, que permitirán que unos 4.000 vecinos de la ciudad abaraten el precio que pagan por la factura de la luz.

En este caso, se trata de una iniciativa liderada por la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA), que ha sido respaldada por el Ayuntamiento de Córdoba, aunque en este caso no la ha promovido ni ha cedido los espacios para su puesta en marcha.

Otros proyectos de ciudades patrimoniales en España, sin embargo, han resultado fallidos. Así sucedió en Segovia, donde se ha conseguido en la provincia mediante la asociación de varios municipios, pero no en la ciudad. Tampoco fue posible en San Cristóbal de la Laguna. En este último caso el Ayuntamiento llegó a iniciar los trabajos comunitarios con varios distritos, pero finalmente el proyecto de descartó y se están buscando otros modelos alternativos.

En Toledo, el Ayuntamiento quiere ahora crear más comunidades de este tipo. Ha puesto el foco también en el Polígono Industrial, para que los negocios allí ubicados se puedan autoabastecer. Además, está entre los objetivos de la OTC realizar acciones de sensibilización e información por todos los barrios de la ciudad.

La Junta de Extremadura ha aprobado la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos por importe de 30 millones de euros para mejorar la climatización y la eficiencia energética de los colegios, que variarán entre 30.000 y 200.000 euros. Los consistorios tendrán que hacer frente a un 20% de la inversión, prevista para tres anualidades.

Tras la reunión, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha informado en una rueda de prensa que los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en este nivel educativo, deberán aportar el 20% de la inversión, prevista para tres anualidades.

La convocatoria se orienta a la mejora de la envolvente térmica, instalación de iluminaciones eficientes y mejora de los sistemas de calefacción y climatización en los edificios e infraestructuras vinculados a la prestación de servicios educativos, introduciendo si fuera preciso sistemas de climatización mediante refrigeración, que permitan garantizar unas condiciones mínimas de confort para los usuarios.

Además, también se ha dado luz verde esta semana a la contratación del suministro de sistemas de generación fotovoltaica para autoconsumo eléctrico y luminarias led para la adecuación del sistema de iluminación y mejora de la eficiencia energética en institutos de Educación Secundaria, con un presupuesto de licitación de 6.848.946 euros y una financiación del 85% con cargo al programa Feder 2021-2027. De esta medida se beneficiarán 58 centros.

Los actuales institutos disponen de suministro eléctrico mediante conexión a las redes de distribución, lo que crea una total dependencia no necesariamente de origen renovable ni cercana al lugar de consumo. Además, la mayor parte del periodo de funcionamiento de estos centros se produce en horario diurno, asociado al potencial de producción de energía a partir de la radiación solar.

Por otra parte, las fuentes de iluminación de estos centros educativos se encuentran en gran medida obsoletas o en mal estado, por lo que su sustitución por aparatos de iluminación con tecnología led permitirá reducir aún más el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética.

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado una instalación solar fotovoltaica, conformada por más de 7.600 paneles ubicados en cubiertas de sus campus, dentro de su apuesta por las energías renovables y por el ahorro económico que supone en su factura de electricidad, que se estima en 800.000 euros anuales.

El vicerrector de Economía de la UEx, Agustín García, ha destacado que el proyecto “se ha ejecutado de forma muy eficiente y sin incidencias” pese a que se ha desarrollado durante 10 meses y en múltiples edificios.

La iniciativa, con base en la cubierta de la Biblioteca Central del campus de Badajoz, ha englobado la instalación de 7.676 paneles, con una potencia nominal de 3,21 megavatios y con la previsión de que produzcan unos 6,24 gigavatios/hora al año, por lo que la inversión se amortizará en menos de cinco ejercicios. El proyecto evitará más de 1.700 toneladas de CO2 equivalente dentro de una institución cuyas emisiones asociadas a la huella de carbono alcanzan las más de 2.000 toneladas de CO2 equivalente.

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha manifestado en el acto que tanto esta instalación solar como la planta piloto de generación de hidrógeno renovable inaugurada el pasado marzo también en la universidad “son activos de esta entidad, pero también de la comunidad autónoma” dentro del “compromiso por el progreso” y por la eficiencia energética.

En el caso de la planta de generación de hidrógeno renovable, esta tecnología instalada en el campus de Badajoz permite obtener hidrógeno que es utilizado por su parte para distintas iniciativas de energías renovables en la región.

El “Programa de Energía e Hidrógeno Verde” en el que se incluye esta actuación también engloba otros proyectos que se acometen en la comunidad autónoma, como la generación de gas natural renovable o la utilización del hidrógeno en combustión en el sector industrial, entre otros.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha asistido al acto, ha recordado que la región es líder en energía solar, un hecho que representa un ahorro para la sociedad extremeña, territorio que exporta además el 80 por ciento de esta energía.

La tecnología inaugurada, que se suma “a los muchos proyectos extremeños en este área”, permitirá “a los alumnos además que puedan desarrollar investigación y realizar prácticas que les acerquen al mundo laboral que les espera”, ha dicho. La planta de hidrógeno verde inaugurada el pasado marzo también posee este papel formativo, ha destacado Guardiola

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del Grupo Endesa por posibles prácticas anticompetitivas, entre ellas, haber podido dar un trato “discriminatorio y preferente” a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras.

En un comunicado, el organismo presidido por Cani Fernández indicó que está investigando a E-distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, y a sus respectivas matrices --Endesa y Endesa Energía--, por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica.

Las prácticas, según la CNMC, afectarían a todos los territorios donde el Grupo Endesa opera como distribuidora: Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz.

En este contexto, el 'superregulador' destacó que la investigación se centra en el presunto trato “discriminatorio y preferente” que la energética habría dado a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras.

Entre otros, se analizan los trámites relacionados con la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, la prestación de servicios energéticos, así como la instalación y operación del autoconsumo, vinculado al mercado de generación distribuida.

La CNMC recibió varias denuncias contra e-distribución por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), e inició una información reservada, y en junio de 2023, personal de la CNMC inspeccionó dos sedes de varias sociedades del Grupo Endesa.

La CNMC señaló que la incoación de este expediente por posibles conductas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no prejuzga el resultado final de la investigación, al tiempo que se ha abierto un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

Endesa asegura que cumple la legislación

Por su parte, fuentes de Endesa indicaron a Europa Press que E-distribución ha actuado en todo momento “cumpliendo la legislación y respetando escrupulosamente el principio de neutralidad que rige el funcionamiento de las distribuidoras de electricidad en su trato con las distintas comercializadoras existentes en el mercado, que garantiza que no se produce ningún trato de favor a ningún agente”.

Además, la eléctrica recordó que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, en la que la compañía destacó que ha colaborado aportando toda la información requerida y que seguirá colaborando en todo lo que solicite.

Asimismo, Endesa subrayó que la voluntad de actuar como una agente facilitador del autoconsumo queda de manifiesto en las medidas implementadas por E-distribución “para acelerar y facilitar el procedimiento de activación de los autoconsumos y mejorar la información a todos los agentes implicados”.

A este respecto, a cierre de este mes de junio, E-distribución había activado más de 295.000 suministros de autoconsumo, según la compañía, una cifra que supone un incremento del 156% respecto al cierre de 2022.

El Congreso de los Diputados va a tener que posicionarse sobre una propuesta para ampliar el radio para compartir el autoconsumo fuera de zonas urbanas hasta una horquilla de entre 10 y 20 kilómetros, frente a actuales dos kilómetros.

La propuesta figura en una proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que, en línea con lo aprobado por Francia a finales del año pasado, plantea una ampliación de ese límite y que, si saliera adelante, podría ser un revulsivo para las denominadas comunidades energéticas, muy poco desarrolladas en España.

La propuesta figura en una iniciativa “sobre la ampliación de las distancias entre los miembros de las comunidades energéticas de autoconsumo para favorecer la democratización de la energía”, presentada para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja.

Los republicanos plantean extender las iniciativas de autoconsumo colectivo hasta una distancia máxima de 10 km en las regiones periurbanas y hasta 20 kilómetros en las zonas rurales. Se llevaría a cabo a través de una modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

La idea va en la línea de lo que ya planteó a comienzos de año la Generalitat de Catalunya. En enero, el consejero catalán de Acción Climática, David Mascort, reclamó esta medida al Ministerio para la Transición Ecológica para “hacer más atractivo” el autoconsumo colectivo y facilitarlo en las zonas industriales y más allá de las áreas urbanas, y favorecer que se impulsen las instalaciones de autoconsumo de más potencia.

“La energía proveniente de los sistemas de autoconsumo es una electricidad más barata, que genera cero emisiones y, sobre todo, que pertenece a las familias y a las empresas que la utilizan”, esgrimió entonces Mascort. La idea llega ahora al Congreso, con ERC tensando la cuerda para la investidura en Catalunya. 

La propuesta de la formación independentista, socios del Gobierno central en Madrid, va en la estela del camino seguido por el Gobierno francés en octubre de 2023, cuando aprobó un decreto para aumentar de 2 km a 20 km la distancia máxima entre los miembros de las comunidades energéticas de autoconsumo.

De esta manera, las iniciativas de autoconsumo colectivo se extendieron allí hasta 10 km en las regiones periurbanas (pueblos pequeños y determinados cinturones urbanos) y hasta 20 kilómetros en las zonas rurales.

“Si en el Estado español se ejecutara la misma medida, este cambio transformaría radicalmente el potencial de las comunidades energéticas, puesto que permitiría el acceso a muchos más vecinos y sería un gran paso adelante para permitir una mejor retribución y retorno en el territorio cuando se genere renovables”, expone la formación republicana.

ERC recuerda que a finales de 2022, y “después de la presión y negociación” de la formación independentista, el departamento de Teresa Ribera ya amplió el límite de redes de autoconsumo hasta los 2 kilómetros del núcleo urbano, en línea con lo que ya se estaba haciendo en ese momento en Francia o Portugal.

Lo hizo poco después de que, en octubre de ese año, el límite se incrementara de 500 metros hasta 1 kilómetro, en un decreto ley de medidas de ahorro energético y protección de los consumidores en aplicación del Plan + Seguridad energética frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Esa primera ampliación, recuerda Esquerra, fue “duramente criticada ya que se entendía como una solución de mínimos que buscaba aplacar las críticas” recibidas por el “incumplimiento” de los compromisos recogidos por un decreto de 2019, el Real Decreto 244/2019.

La propuesta de ERC señala que aunque la ampliación del aumento de la distancia para el autoconsumo colectivo hasta los dos kilómetros “ha sido celebrada por el sector, ya que supone una disminución de barreras y un empujón en la creación de Comunidades Energéticas”, todavía supone “un freno, en especial para los emplazamientos rurales”. 

Más que “pasar de un modelo dominado por los combustibles fósiles a un modelo basado en energías renovables que esté concentrado en las mismas grandes empresas, lo que hace falta es un proceso de democratización de la energía”.

Por eso, reclaman apostar por el autoconsumo compartido y por la regulación de las Comunidades Energéticas. Potenciarlas es “una oportunidad para que la ciudadanía sea soberana de la energía que produce y por eso es una herramienta esencial para hacer realidad el empoderamiento de la ciudadanía respecto al oligopolio eléctrico”.

Incertidumbre

La propuesta llega en un momento de incertidumbre para el autoconsumo, con empresas como Holaluz en graves dificultades. Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en el primer trimestre de este año, con el precio mayorista de la luz cotizando en negativo por primera vez en la historia en España, y tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación para ponerse placas, la instalación de nuevas plantas de autoconsumo cayó un 26,3%. La caída fue especialmente fuerte, del 30%, en el segmento industrial (instalaciones con más de 50 kilovatios de potencia), el que mejor había aguantado hasta ahora.

Tras un 2022 histórico por la explosión de precios de la luz (la potencia instalada se duplicó en un año), derivada de la guerra en Ucrania, el pasado ejercicio la nueva potencia de autoconsumo ya cayó un 32%, con un batacazo especialmente duro (del 54%) en el sector residencial, aunque con cifras todavía históricas en comparación con los años previos a ese 2022 de récord.

La potencia acumulada en autoconsumo ha superado en este comienzo del ejercicio la de todo el parque nuclear español. Pese a ese hito, un reciente informe de Global Energy Monitor (GEM) advierte de que en España estamos “rezagados” respecto a otros países europeos y ve “difícil” pasar de los 7 GW instalados al cierre de 2023 a los 19 GW que aspira a alcanzar la última actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.

GEM, organización sin ánimo de lucro que elabora y comparte información para respaldar el movimiento mundial en favor de las energías limpias, ha recomendado “revertir la reciente disminución de paneles solares en tejados y volver a apostar por los incentivos”, como el 0% de IVA que ha reclamado la patronal UNEF, “inspirado en el éxito de medidas parecidas en Alemania y el Reino Unido”, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación.

Según esta organización, “comparando las cifras de GEM a escala comercial con las cifras totales de energía solar de IRENA [la Agencia Internacional de Energías Renovables], se observa que solo el 5% de la capacidad solar de España corresponde a instalaciones a pequeña escala y en tejados residenciales, frente al 62% en Europa”.

Esta solución energética, recuerda la ONG, “además de democratizar el acceso a la energía, ayuda a aliviar los cuellos de botella de la red y evita que los terrenos agrícolas y los campos verdes se conviertan en huertos solares”.

España cumpliría sus objetivos de instalación de energía solar para 2030 si se pusiera en marcha el 24% de la potencia que se ha anunciado, según un informe de Global Energy Monitor (GEM) presentado este miércoles que insta a “fomentar más” el autoconsumo y desplegar “de forma sensata y oportuna” los proyectos eólicos o solares anunciados o en fase de preconstrucción.

GEM, organización sin ánimo de lucro que elabora y comparte información para respaldar el movimiento mundial en favor de las energías limpias, recuerda que en mayo España tenía ya 29,5 gigavatios (GW) de energía solar instalados y 7,8 GW en construcción, es decir, el 60% del objetivo del Gobierno de contar en 2030 con 57 GW de energía fotovoltaica (sin contar autoconsumo) y 5 GW de termosolar.

“Con 106,1 GW adicionales de proyectos solares a escala comercial anunciados o en fase de preconstrucción, España podría alcanzar su objetivo solar para 2030 poniendo en marcha menos de una cuarta parte de estas propuestas existentes (24,7 GW) en los seis próximos años”, dice el informe.

GEM destaca que “España brilla como líder europeo en energía solar a escala comercial”. Tiene más capacidad en funcionamiento que ningún otro país de la UE y “más capacidad en construcción (7,8 GW) y en etapas tempranas de desarrollo (106,1 GW) que los tres siguientes Estados europeos juntos”.

Sin embargo, el país “necesita acelerar el ritmo para cumplir los objetivos de renovables para 2030”. La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) plantea contar con 62 GW de energía eólica y 81 GW solares (incluyendo 19 GW de autoconsumo) cuando acabe esta década. Como “obstáculos” para lograrlo, el informe destaca los cuellos de botella en los permisos de construcción, un “crecimiento anémico de la energía solar en los tejados y limitaciones de infraestructuras que impiden la demanda”.

Sin embargo, “con la combinación adecuada de estrategias políticas en los próximos años”, el país “tiene posibilidades realistas de satisfacer los objetivos de energías renovables para 2030 ratificados en la COP28”.

GEM apuesta por “fomentar más la energía solar a pequeña escala, poner en marcha de forma sensata y oportuna las propuestas eólicas y solares a escala comercial existentes, así como continuar investigando la energía eólica marina y las medidas para incrementar la demanda y evitar el exceso de oferta”.

Pese al repunte de nuevos proyectos solares, “el protagonismo inicial de España como líder en energía eólica ha decaído”, aunque sigue ocupando el tercer puesto entre los países europeos en capacidad eólica operativa (29,5 GW) y el sexto en capacidad prospectiva (41,8 GW).

Con 1,7 GW eólicos en construcción, España “ya ha alcanzado más de la mitad de su objetivo nacional de 62 GW para 2030”. Pero para lograr los restantes 30,8 GW, necesita construir el 77% de los 40 GW de parques eólicos a escala comercial actualmente “anunciados” o “en preconstrucción”. Para ello, “habrá que multiplicar casi por cinco el ritmo de las nuevas puestas en marcha en los seis próximos años”.

“Rezagado” en autoconsumo

El informe ve “difícil” pasar de los 7 GW de autoconsumo instalados al cierre de 2023 a los 19 GW que aspira a alcanzar el PNIEC para 2030: “Habrá que revertir la reciente disminución de paneles solares en tejados y volver a apostar por los incentivos”, como el 0% de IVA que ha reclamado la patronal UNEF, “inspirado en el éxito de medidas parecidas en Alemania y el Reino Unido”, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación.

El informe destaca que en autoconsumo el país “se ha quedado muy rezagado con respecto a otros” y lo achaca al denominado impuesto al sol del PP, eliminado en 2018. “Comparando las cifras de GEM a escala comercial con las cifras totales de energía solar de IRENA [la Agencia Internacional de Energías Renovables], se observa que solo el 5% de la capacidad solar de España corresponde a instalaciones a pequeña escala y en tejados residenciales, frente al 62% en Europa”. Esta solución energética, recuerda la ONG, “además de democratizar el acceso a la energía, ayuda a aliviar los cuellos de botella de la red y evita que los terrenos agrícolas y los campos verdes se conviertan en huertos solares”.

El informe destaca que más del 90% de los posibles proyectos de energías renovables a escala comercial de España aún no han alcanzado la fase de construcción. “En la mayoría de casos, todavía se están solicitando los permisos o acaban de anunciarse” y “es posible que una cantidad significativa de proyectos en estas etapas iniciales no lleguen a materializarse nunca”.

Hay varios motivos. En primer lugar, por el posible impacto ambiental, sobre la agricultura y el uso tradicional de la tierra, que “ha dado lugar a evaluaciones de impacto ambiental desfavorables, protestas de los ciudadanos y demandas judiciales que han frenado o llevado a la cancelación de muchos proyectos”.

“La oposición a los grandes proyectos de renovables es especialmente acusada en Galicia, Aragón y Cataluña, donde la generación de energía basada en renovables creció solo un 2,2% en 2023, en comparación con un 15,1% a nivel nacional”.

Además, hay proyectos que se solapan sobre un mismo terreno en las zonas de mayor potencial, y “el reciente exceso de propuestas de energías renovables ha empeorado los retrasos en el ya lento proceso de concesión de permisos existente en España, que puede llevar hasta cinco años. Esto quiere decir que algunos de los proyectos que figuran actualmente en la base de datos de GEM, aunque se aprueben, no podrán ponerse en marcha antes de 2030”.

Otros dos factores que “dificultan el lanzamiento de nuevos proyectos” son “la escasa demanda de electricidad y la inadecuación de las infraestructuras”.

GEM es una organización con sede en San Francisco que tiene por objeto elaborar una guía abierta del sistema energético mundial. Sus datos son utilizados por organismos internacionales como el Departamento del Tesoro de EEUU, el Banco Mundial, el IPCC, el PNUMA o las universidades de Harvard u Oxford.