Consuma Crudeza, después de cinco temporadas siendo la sección sobre consumo sostenible de Carne Cruda, se convierte en podcast. En todos los episodios abordaremos un tema monográfico para facilitar el consumo responsable, entrevistaremos a una persona conocida que consume conscientemente, o por lo menos lo intenta; resolveremos dudas de la audiencia en un consultorio, haremos nominaciones a los greenwashing y socialwashing más sonrojases, y recomendaremos libros, películas, documentales o eventos sobre consumo crítico o transformador.

#9. Dónde invierten los bancos tu dinero

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Nunca usarías tu dinero para invertir en la industria armamentística. Pero, ¿y tú banco? ¿Qué hace con el dinero que tú ingresas en sus cuentas? ¿Sabes si apoya proyectos que impulsan la deforestación? Hablamos con María Fraile, investigadora en Centre Delàs y presidenta de Setem País Valencià, y Edu Aragón, activista de la Campaña Banca Armada. Ambos nos desgranan ejemplos que implican a La Caixa o el Santander. Y nos ayuda en este camino Enrique Quintanilla, veterano y legendario activista de Ecologistas en Acción. Entrevistamos, también, a Juan González Arroyo, de Capitán Denim, una marca de jeans de Albacete que apuesta por una producción sostenible de vaqueros asequibles.Y sabremos cómo consume la actriz Silvia Marsó en su día a día: cómo hace la compra, cómo se mueve por la ciudad y cómo reduce el consumo de plásticos.

#8. Cómo diferenciar una cerveza artesana (de verdad)

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¿Por qué deberías comprar cervezas artesanas? ¿Qué estás apoyando exactamente con su compra? Estefanía Pintado (Fábrica Excepcional) y Daniel de Julián Rodríguez (Valle del Kash) te cuentan todo el proceso de su elaboración. Además, Rubén Hernández de Errata Naturae explica cómo ser sostenible desde una editorial y Fernando Valladares, uno de los divulgadores y activistas contra la crisis climática más conocidos, se sincera y habla de cómo consume día a día (y hasta cuál es la compra menos sostenible que hace).

#7. Huertos que transforman vidas y ciudades

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Si estás pensando en montar un huerto en la ciudad tienes que escuchar la entrevista con Kois Fernández Casadevante, autor de Huertopías, un libro con historias inspiradoras de huertos urbanos y consejos para crear uno. ¿Es seguro consumir tomates cultivados en el barrio?

Además, el actor Alberto San Juan nos cuenta qué empresa energética tiene contratada, cómo hace la compra, cómo se mueve por la ciudad y cómo consigue consumir de manera consciente y sostenible. 

#6. ¿Tóxicos en mis cosméticos?

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¿Sabes leer la etiqueta de los productos cosméticos y de higiene? ¿En qué te tienes que fijar a la hora de comprar un champú o una crema para evitar las sustancias nocivas? Te contamos cuáles son los más tóxicos y cómo identificarlos. Además, entrevistamos a Martín Barreiro, presentador de El Tiempo de TVE, y su pareja, Ana Mariño, creadora de proyectos, contenidos y productora audiovisual. Nos cuentan cómo ser sostenible en una familia con niños pequeños.

#5. Alimentos kilométricos: tus garbanzos recorren 7.500km

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El consumo de CO2 de los alimentos que consumimos es muy alto porque viajan miles de kilómetros desde su lugar de producción hasta nuestra mesa. No solo los garbanzos; el café de tu desayuno recorren entre 8.000 y 10.000 km y el trigo del pan entre 2.000 y 7.000 km. Te contamos cómo reducirlo con pequeños gestos diarios. 

Además, Yago Álvarez, Econocabreado, nos cuenta qué compañía tiene de teléfono y luz y qué tarea todavía se le resiste para ser más sostenible.

#4. Navidades sostenibles: ¿es posible?

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Cuando llevas 11 meses al año intentando ser responsable con tu consumo, ¿qué haces en Navidad? ¿Te subes al carro del consumismo? Te damos las claves para seguir siendo responsable con el nutricionista Aitor Sánchez, la responsable del área de biodiversidad de Greenpeace, Celia Ojeda, y la actriz Manuela Velasco.

#3. Residuos textiles: ¿Qué pasa con mi ropa?

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¿Qué hacemos con la ropa que no nos ponemos? ¿La podemos reciclar? ¿Realmente se recicla? Hoy nos preguntamos por los residuos textiles de esta industria glamourosa que a veces no lo es tanto.

#2. Megafestivales: cómo reducir su impacto ambiental

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En España se celebran más de 850 festivales de música. Eso supone un desplazamiento masivo, un consumo de recursos y un gran impacto en el entorno. ¿Qué medidas están tomando los festivales para reducir ese impacto? Hablamos con Antonio Cañas, managing director de Greenize Projects (empresa de consultoría sobre sostenibilidad y circularidad) y Simone Firmani, coordinador de Cultura de Rototom. Nos visita el cantante Lasai para contarnos cómo consume responsablemente y nos interpreta dos canciones en directo. Además, te aconsejamos cómo buscar cepillos de dientes y dentífricos sostenibles y nominamos a las empresas de greenwashing del mes.

#1. Independencia solar ¿Cómo lo hago? Autoconsumo y comunidades energéticas fácilmente

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Hablamos de independencia solar y de cómo auto-consumir energía (individual, colectivamente y como comunidades energéticas) sin quebraderos de cabeza con Laura Feijoo, Coordinadora de autoconsumo y comunidades energéticas de Ecooo Energía ciudadana. Entrevistamos a Javier Gallego Crudo sobre cómo consume conscientemente, nominaremos a los greenwashing y socialwashing a varias multinacionales, y recomendamos dos lecturas sobre el presente de Amazon y el pasado de El Corte Inglés.

Escucha aquí todos los programas y secciones pasados de Consuma Crudeza en Carne Cruda.

La Región de Murcia se encuentra a la cola de España en la gestión de las ayudas al autoconsumo y la movilidad eléctrica, se queja Antonio Fernández, vicepresidente de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), que empezó a rodar hace año y medio y tiene presencia estatal. “Somos los únicos que no hemos recibido una ampliación de fondos del programa MOVES 2025 por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), mientras que el resto de territorios la obtuvieron hace ya más de un mes”, se lamenta.

Según relata este portavoz, “Murcia ha sido la última comunidad en iniciar la tramitación del MOVES 2025 y a día de hoy no se ha emitido ninguna resolución de concesión de ayudas, lo que impide acceder a nuevas ampliaciones de crédito, por lo que una vez más los ciudadanos de la Región de Murcia quedamos en clara desventaja respecto al resto de España por una deficiente gestión política de estos incentivos”.

A esos retrasos se suman los de las subvenciones para el autoconsumo, cuenta: “Hay ciudadanos que solicitaron sus ayudas en 2021 y siguen a la espera de que se les abonen los expedientes”.

Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran que se están acelerando las gestiones, que ya se han abonado ocho millones referentes a estas ayudas en el último semestre tanto de autoconsumo como del MOVES y que solo en diciembre se emitieron órdenes de pago por 2,5 millones. Además, “está previsto tramitar el pago de la mayor parte de los expedientes que justifiquen correctamente en los próximos seis meses, porque muchos plazos vencen en los primeros meses de 2026”.

Las mismas fuentes señalan que las ayudas las diseñó el Gobierno de España y que la situación es similar en todas las comunidades. “A la vista de este panorama y tras años de reivindicaciones, el Gobierno de España anunció en diciembre de 2025 un cambio total de paradigma en unas nuevas ayudas, de las que aún no sabemos nada las comunidades”.

A pesar de esos esfuerzos, apunta Acmeis, de los 53,8 millones de euros transferidos a la Comunidad para el autoconsumo, se ha resuelto un 15% de los expedientes; solo por detrás de Ceuta y Asturias. Mientras que del primer plan MOVES, el porcentaje de ayudas ingresadas es de algo más del 3%, “siendo la última a nivel estatal”.

“En 2024 ningún solicitante había cobrado las ayudas de autoconsumo, y una cantidad raquítica había conseguido beneficiarse de las del plan MOVES III”. De esos 81 millones de fondos europeos, calcula, solo se han resuelto peticiones por valor de diez.

Desde ACMEIS no entienden el por qué de estos retrasos: “Se está incentivando el uso del vehículo eléctrico y las energías renovables, el dinero está, tienen los fondos, sabemos que se ha contratado a personal, pero las ayudas siguen sin llegar a los bolsillos de los afectados”.

Mala calidad del aire

El problema, continúa su vicepresidente, resulta “especialmente grave” en una región donde las principales ciudades sufren una mala calidad del aire, registrándose en 2025 más de 200 días con niveles deficientes en la ciudad de Murcia. Frenar el acceso a la movilidad eléctrica en este contexto es “irresponsable” desde el punto de vista ambiental y sanitario.

La asociación se fundó “porque vimos que había muchos afectados por el plan MOVES III y el autoconsumo y pensamos que era más efectivo asociarnos y que las reclamaciones no se hicieran exclusivamente de forma particular”. El problema, cuenta, es que hay usuarios que llevan mucho tiempo esperando a cobrar, hasta cuatro años.

La situación de la Región “es la más deficitaria de todas”, explica el vicepresidente de ACMEIS, que en 2024 presentaron decenas de quejas formales al Defensor del Pueblo para interesarse por el estado de resolución de las ayudas “y que todavía siguen sin respuesta por parte del Gobierno de Murcia”.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, apunta Antonio Fernández, “argumentan que las peticiones no resueltas se deben a que quedan documentos por justificar o a procedimientos burocráticos, pero hay muchas personas que lo tienen todo, a falta de dar la orden de pago para cobrar un dinero que se recibió de Europa hace ya cuatro años”.

“Ni un expediente resuelto del MOVES 2025”

Al acabarse los fondos europeos, expone Antonio Fernández, el Gobierno de España repartió otros 400 millones para el Plan MOVES 2025 para las comunidades autónomas. “A la Región le correspondieron 12 millones, y todas las comunidades menos la nuestra se han quedado ya sin fondos; en Madrid, por ejemplo, se agotaron en dos semanas; quí no hemos resuelto ni un solo expediente de las cerca de tres mil solicitudes que había en diciembre de 2025”.

El vicepresidente de ACMEIS se lamenta de que aunque en otras comunidades también hay retrasos, “las ayudas de MOVES se suelen cobrar en menos de un año, a excepción de Murcia y Asturias”. Las últimas ayudas del MOVES 2025 se abrieron el 15 septiembre en la Región de Murcia, “mientras que la mayoría de comunidades lo hicieron en junio”.

Datos que contrastan con la versión del Gobierno de Murcia que asegura que la Región sí está resolviendo y pagando ayudas MOVES, “y presenta un índice de concesiones del 87%, seis puntos por encima de la media nacional (81%)”.

“Estos porcentajes hacen alusión simplemente a la notificación que se hace a los demandantes sobre si tienen o no derecho a percibir la ayuda, el paso previo a comenzar con la justificación para obtener la orden de pago”, puntualiza el vicepresidente de Acmeis.

“Están cobrando los que pidieron las ayudas en 2023”

Javier presentó la solicitud para percibir la subvención por la compra de un coche eléctrico y la instalación de un cargador entre marzo y mayo de 2024. “Pasado el año me mandaron un requerimiento para subsanar unas cuestiones de la documentación; así lo hice y a partir de entonces, sigo esperando a percibir las ayudas”. El problema, cuenta, es que al retrasarse tanto los plazos, “te piden documentación ya presentada pero que ha expirado”. Desde septiembre de 2025, Javier tiene ya todo el papeleo hecho a falta de la orden de pago: “Pero a saber cuándo me toca porque ahora están cobrando los de abril de 2023”.

En este proceso, dice, “hay que armarse de paciencia; a mí me tienen que transferir 3.500 euros en total, pero hay familias que han pedido las ayudas del autoconsumo y las del plan MOVES y a lo mejor están esperando 15.000 euros y llevan cuatro años esperando; la orden de pago se hace eterna”.

En un caso similar está Paco, pero él solicitó las ayudas en noviembre de 2021. Un total de cinco mil euros al achatarrar también su vehículo antiguo. “En febrero de 2024 me comunicaron que tenía que aportar unos documentos expirados y me dijeron que ese verano tendría hecha la transferencia”. Pero pasó el verano, y todo el año 2025. La primera semana de ete enero “me avisaron de nuevo de que tenía otro documento caducado y lo han resuelto en solo dos semanas porque han contratado a una empresa para externalizar las gestiones; ahora estoy solo a falta de emitir la orden de pago”.

“Me tendrían que haber pagado hace ya tres años, no quiero imaginarme cuándo van a cobrar los que están pidiendo el MOVES 2025”.

Las comunidades autónomas han reclamado este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica una ampliación del plazo para ejecutar las ayudas al autoconsumo energético y el Moves III, que subvenciona la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la UE.

La petición se ha planteado en la Conferencia Sectorial de Energía que desde las 16 horas de este lunes ha reunido al departamento de Sara Aagesen con los gobiernos autonómicos.

El plazo para justificar estas ayudas (las que están territorializadas entre las comunidades autónomas) concluye en el segundo semestre de 2026. Ahora será la Comisión Europea la que tendrá que decidir sobre esa prórroga. Pero no está claro qué programas podrán acogerse aún esa prórroga.

La petición llega tras constatarse el retraso de algunas comunidades en el ritmo de ejecución de estos programas. En el caso del Moves III, que se puso en marcha en abril de 2021 y después se prorrogó sucesivamente, con un presupuesto total (incluidas las ampliaciones) de 1.335 millones de euros, muy pocas regiones superan el 50% en el porcentaje de verificaciones respecto al presupuesto resuelto, según los datos que se han expuesto en esa conferencia sectorial, a los que ha tenido acceso elDiario.es y que en la mayoría de los casos están actualizados a noviembre de este año.

Así, en el Moves III destacan en el vagón de cola Murcia (solo un 3% de ayudas verificadas), Castilla-La Mancha (18%), Canarias (21%), Extremadura (23%), Cantabria (26%), Catalunya (34%), La Rioja (41%), Navarra (42%), Castilla y León (45%), Galicia (47%), Aragón (48%). Solo cuatro regiones superan el 50%: Andalucía y Comunitat Valenciana (51%), Euskadi (57%) y Madrid (64%).

En el caso de las ayudas al autoconsumo, con un presupuesto total de 2.085 millones, incluidas las ampliaciones aprobadas, también hay una gran disparidad, pese a que las reglas de distribución de estos fondos eran comunes y el ministerio había dado flexibilidad a los gobiernos para agilizar el reparto.

En este caso, las comunidades más rezagadas son Asturias (6% de subvenciones justificadas a noviembre), Murcia (11%), Canarias y Comunitat Valenciana (23%), La Rioja (28%), Andalucía (30%), Extremadura (35%), Castilla-La Mancha (36%), Navarra (40%), Galicia (44%) y Aragón (45%). Por encima del 50% solo están Castilla y León (58%), Madrid (59%) y Euskadi (91%).

La ventanilla para obtener ayudas de estos programas se cerró en diciembre de 2024. Las ayudas tienen que estar subidas, como muy tarde, el 30 de junio de 2026 en la plataforma de gestión de fondos europeos para el PRTR (conocida como aplicativo Coffee).

Por ahora Bruselas ha dado su visto bueno a la prórroga de unos 700 millones que ya están aprobados, sobre todo para cadena de valor e hidrógeno verde, pero está por decidir el resto. Y se plantea la incógnita de qué ocurrirá con las subvenciones que se han concedido si no llegan a tiempo de justificarse ante Bruselas, apuntan fuentes con conocimiento de la situación.

En el caso de las ayudas que distribuye directamente el Gobierno central a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en octubre el gobierno amplió hasta 2030 en algunos casos el plazo para ejecutar más de 1.300 millones en fondos europeos para energía.

Se trata de proyectos relacionados con repotenciación, eólica marina, almacenamiento, hibridación, comunidades energéticas o geotermia. La petición del Gobierno central llegó después de que en junio la Comisión abriera la puerta a ampliar esos plazos, tras advertir el Tribunal de Cuentas Europeo de que la UE corría el riesgo de no llegar a tiempo para invertir los 723.800 millones que Bruselas puso a disposición de los Estados Miembros en plena pandemia.

La Comunicación de la Comisión en la que se amparó el ministerio instaba a los Estados miembros a “revisar exhaustivamente” sus planes “lo antes posible para garantizar que todos los hitos y objetivos puedan ejecutarse antes del plazo del 31 de agosto de 2026”. Entonces quedaban por desembolsar a escala europea “unos 335.000 millones”, de los que aproximadamente 154.000 millones eran subvenciones y 180.000 millones, préstamos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que “la acumulación de las distintas ayudas disponibles” en los últimos años para el autoconsumo eléctrico “podría haber dado lugar a situaciones de sobrecompensación, llegando a cubrir, en algunos casos, más del 90% del coste de las instalaciones para un hogar”. El organismo recomienda simplificar la tramitación de estas ayudas, de las que el grueso ha desaparecido ya, al agotarse los fondos del Plan de Recuperación para esta tecnología.

Cerrada ya la ventanilla para los más de 2.000 millones en subvenciones al autoconsumo del Plan de Recuperación (aunque todavía hay incentivos ya asignados y pendientes de cobrarse), el organismo que preside Cani Fernández ha publicado este miércoles una evaluación sobre el impacto de las ayudas públicas a esta solución energética. En ella analiza los distintos apoyos que pueden solicitar los usuarios particulares y las empresas y formula varias recomendaciones.

Entre ellas, propone una ventanilla única digital para simplificar las ayudas y aboga por definirlas en cuantías fijas vinculadas a objetivos concretos y por incentivar el almacenamiento. Además de los fondos europeos, en los últimos años distintas administraciones han aprobado bonificaciones locales en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Actividades Económicas (IAE), además de deducciones estatales y autonómicas en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de los territorios forales de País Vasco y Navarra.

El organismo señala que la “coexistencia” de numerosos incentivos gestionados por administraciones distintas “genera trámites complejos”, especialmente para los beneficiarios con menos recursos. “Un diseño inadecuado también puede generar diferencias en el acceso a las ayudas que distorsionen la competencia”, señala.

Así, reclama “establecer una estrategia conjunta de todas las administraciones para reducir la burocracia, evitar solapamientos y mejorar la eficacia y la estabilidad de los incentivos” o “priorizar las ayudas donde sean más necesarias y eficaces para el sistema (como almacenamiento u otros), para evitar distorsiones innecesarias”.

El organismo subraya que esta solución ha tenido “un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años y ha impulsado la competencia en el sector eléctrico”. Cifra la potencia instalada en 5,4 gigavatios (GW), basándose en la información de Red Eléctrica, que a junio de 2025 contabilizaba 696.000 instalaciones capaces de cubrir el 5% de la demanda eléctrica. La patronal UNEF eleva la potencia instalada a cerca de 8,2 GW. El gran boom llegó en 2022, en plena crisis energética por la invasión de Ucrania, aunque el ritmo de instalación ha caído en picado a medida que los precios de la luz se han normalizado.

La CNMC explica que la implantación de estas instalaciones “es mayor en zonas de más irradiación solar y en municipios con rentas más altas y mayor presencia de viviendas unifamiliares” en un país que, recuerda, “es el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población viviendo en edificaciones donde conviven varios hogares: en 2024, el 65,3% vivía en pisos o apartamentos. Por tanto, España es uno de los países donde el autoconsumo colectivo puede ofrecer mayores oportunidades y potencial para los hogares”.

El estudio explora la distribución geográfica y social de las ayudas concedidas, constatando por ejemplo que las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) asociadas al autoconsumo que han aprobado en los últimos años “tienen una fuerte correlación positiva con el nivel de renta de los municipios, debido a que dicho impuesto se basa en el valor catastral de los inmuebles”.

Esto, además de poder tener implicaciones distributivas y reducir la eficiencia en el uso de los recursos públicos, puede afectar a la dinámica competitiva por influir sobre la posición competitiva de las empresas, tanto energéticas como de otros mercados, ubicadas en municipios distintos“.

La CNMC ha constatado también que “la tramitación administrativa de las subvenciones ha sido compleja y se ha demorado bastante en el tiempo por el elevado número de solicitudes, lo cual puede crear costes y barreras de acceso a las ayudas que pueden perjudicar particularmente a los potenciales solicitantes con menores recursos para afrontarlas y, así, impactar sobre la dinámica competitiva”.

Por ello, reclama “acelerar el acceso a las ayudas, a fin de evitar distorsiones competitivas asociadas a la existencia de diferencias en recursos o capacidad financiera de los solicitantes. Se recomienda agilizar la tramitación administrativa de las ayudas para acortar sus plazos”.

Un pueblo salmantino de 200 habitantes se ha independizado de las eléctricas. Produce cada mes 6.000 kilovatios hora procedentes de energía solar, suficientes para poner 6.000 lavadoras o para recorrer 3.600 kilómetros en un coche eléctrico.

Los vecinos de Valdelacasa crearon la primera comunidad energética de la provincia de Salamanca, formada por 80 socios (prácticamente todas las familias del municipio junto con alguna empresa y el propio ayuntamiento. Todos con exactamente el mismo porcentaje de participación) para buscar la autosuficiencia energética. Y de momento les va bien: el 70 por ciento de los ingresos del consistorio provienen de la venta de esta energía y tienen proyectado adquirir un vehículo eléctrico a disposición de todos los vecinos.

Un caso de éxito expuesto por Ricardo Bonafonte, presidente de Vacoe (así se llama legalmente la comunidad energética de Valdecasa) durante la II Cumbre de Comunidades Energéticas. El foro, organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), se ha celebrado este miércoles en Toledo y ha contado con la participación de elDiario.es Castilla-La Mancha como ‘media partner’.

La jornada ha servido para hacer una radiografía de las comunidades energéticas en nuestro país: qué son, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios y qué retos tienen que resolver en el futuro.

Aprovechar las renovables para reinvertir los beneficios en la comunidad

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

En España existen 679 comunidades energéticas, según datos de ECODES, que ha presentado en el encuentro su “Informe de Energía Común”. Las más habituales son las rurales, pero su ámbito de actuación también puede ubicarse en ciudades, barrios o complejos industriales. Como en el Casco Histórico de Toledo.

El informe indica que esas comunidades están constituidas para desarrollar actividades principalmente de autoconsumo, movilidad o rehabilitación energética, abordando aspectos sociales como la pobreza energética, la vulnerabilidad o la brecha de género. Sin embargo, apenas el 17,7% de ellas tienen alguno de sus proyectos en funcionamiento.

Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas de UNEF, explica en una entrevista con este medio que esto se debe a que “son comunidades muy pioneras y muy incipientes. Por lo tanto necesitan una cierta madurez del proyecto”.

Santos añade que también hay retos técnicos no facilitan que una comunidad energética inicie su labor, como el acceso y conexión a la red. “La red es un problema para la transición energética, porque hay que aumentar capacidad y hacerla mucho más flexible. Las comunidades energéticas también están teniendo problemas con los plazos para que una instalación de autoconsumo funcione y que la distribuidora le dé el visto bueno”.

Falta de un marco regulatorio y financiación, principales obstáculos

Aparte del problema mencionado por Santos, durante las diferentes mesas celebradas en la cumbre se han repetido una y otra vez dos problemas que todos los actores ven comunes para el desarrollo de las comunidades energéticas: la falta de normativa y de financiación.

“En términos de normativa, la figura de las comunidades energéticas no está regulada de manera extensa. Es fundamental que se haga un marco normativo para que ponga un poco de luz sobre qué es una comunidad energética y qué no”, afirma Santos. “Si no se desarrolla una normativa, al final se van a desarrollar proyectos pequeños de comunidades energéticas que se van a quedar muy en lo local, en lo anecdótico.”, añade la experta, que aboga por un marco legal que permita que las comunidades energéticas participen en el sector. de la energía.

Acerca de la financiación, la clave para muchos de los expertos que han intervenido en la cumbre está en asegurarla en las primeras fases del proyecto: “El autoconsumo es económicamente rentable, pero el problema es la financiación inicial”, aseguraba en su intervención Joel Cibil, director comercial, Elecsum. “Si conseguimos arrancar, podremos desarrollar las otras actividades”.

Otro caso de éxito que se ha expuesto en la II Cumbre de Comunidades Energéticas ha sido precisamente uno ubicado en la ciudad que lo ha acogido: Toledo. La capital de Castilla-La Mancha puso en marcha el año pasado la primera comunidad energética en un casco histórico. Participan de ella particulares, empresas, conventos y el propio Ayuntamiento de Toledo.

“El hecho de ser ciudad de Patrimonio de Humanidad condicionaba todo mucho”, ha explicado en la Cumbre Rubén Lozano, concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deporte en el Ayuntamiento de Toledo. “No podíamos instalar placas solares en el techo de las casas. Hemos podido instalar las placas en el techo de nuestras cubiertas deportivas para dar ese servicio”.

Lozano también ha explicado la importancia de que las comunidades energéticas cuenten con el respaldo de que los ayuntamientos. “Hay mucha gente que todavía desconoce el beneficio que tiene crear una comunidad energética y esos vecinos buscan un lugar donde asesorarse y ahí está el papel de la administración para ofrecer ese servicio al vecino”.

La directora de Comunidades Energéticas de UNEF, Paula Santos, también coincidía en lo importante que es que las administraciones, sobre todo a nivel local, se impliquen. “Si está el ayuntamiento es mucho más sencillo porque da robustez, solidez y seguridad al proyecto”, afirma.

Además, ha explicado que las comunidades energéticas suponen para los consistorios una oportunidad para desarrollar su plan de transición energética. Santos también destaca que el ahorro económico es un beneficio potencial para todos los actores: “Yo puedo creer en la sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático, pero si yo empiezo a ver ahorro en la factura de la luz… Es fundamental. Y para la industria y para la economía local, el beneficio es la competitividad”.

Alrededor de un centenar de especialistas se van a dar cita en la II Cumbre Nacional de Comunidades Energéticas que se celebrará en Toledo el próximo 24 de septiembre. El Palacio de Congresos ‘El Greco’ de la capital de Castilla-La Mancha acogerá este evento en el que se van a abordar las nuevas fórmulas asociativas de socialización de la energía.

La cita se ha presentado en la Consejería de Desarrollo Sostenible, en un acto en el que la titular de este departamento, Mercedes Gómez, ha recalcado que “Castilla-La Mancha da un paso más” con el impulso de esta comunidades que permiten “tanto a particulares como a empresas generar y consumir su propia energía, abaratando facturas y costes, a la vez que contribuyen a descarbonizar el sistema”.

La consejera, que ha presentado el acto junto al director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha recordado que en la región ya hay ejemplos de éxito con las comunidades energéticas, citando a la del Casco Histórico de la ciudad de Toledo y a la comunidad energética del municipio de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), de las que ha recordado que fueron reconocidas “en los premios regionales del Día Mundial de Medio Ambiente de este 2025”.

Gómez ha destacado también de las convocatorias de ayudas que se están preparando desde el Ejecutivo de García-Page con fondos FEDER. Estos se pondrán a disposición de particulares y empresas antes de que acabe el año, para impulsar estas nuevas fórmulas asociativas.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha resaltado los “récords” que ha logrado Castilla-La Mancha en materia de autoconsumo, lo que los convierte en “el espejo en el que queremos mirarnos con las comunidades energéticas, porque es un gran ejemplo de lo que está suponiendo la apuesta que está llevando a cabo este Gobierno por socializar la energía”.

Gómez ha señalado los 95 millones de euros con fondos MRR que ha movilizado el Ejecutivo regional. “Han permitido que facilitemos, agotando el presupuesto, más de 15.000 ayudas a empresas, particulares y administraciones, con lo que se ha conseguido que, en apenas seis años, se haya multiplicado por 13 la potencia fotovoltaica instalada para autoconsumo”.

“Estas jornadas nos van a ayudar en la transición energética”

En el acto también han participado la directora de comunidades energéticas y responsable electrificación de UNEF, Paula Santos; y el director general de Transición Energética, Alipio García, que ha matizado que la región ha pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a los 888.

En cuanto a las instalaciones, el “crecimiento también ha sido espectacular, pasando de apenas 1.000 en 2023 a las 49.660 que hay en Castilla-La Mancha en la actualidad”, ha explicado.

“El siguiente paso en la socialización de la energía son las comunidades energéticas, que deben jugar un papel fundamental en la transición energética de la región, puesto que queremos que el esfuerzo que estamos haciendo y que nos ha llevado a liderar el desarrollo y la generación de renovables revierta en beneficio de nuestro territorio”, ha afirmado Mercedes Gómez.

El evento se celebrará el último miércoles de septiembre en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo, teniendo a la UNEF como organizadora del evento. La cumbre, en las que también colabora la Junta de Comunidades y de la que elDiario.es Castilla-La Mancha es media partner, es el congreso “más importante” sobre comunidades energéticas de los que se celebran en España.

Monforte de Moyuela se ha convertido en el primer pueblo aragonés y sexto de España en implantar una comunidad energética rural de titularidad municipal. Paula Delmás es la alcaldesa de esta localidad de 60 vecinos y explica que tienen a su alrededor “una implantación de macro renovables y queríamos que las renovables llegaran a los bolsillos de los vecinos”.

Este enclave turolense está rodeado por 430 aerogeneradores, según explica la alcaldesa. Querían cambiar el concepto y que la energía renovable que se produce en la zona, que es mucha, se quede ahí. “Esa energía es de unas empresas que han venido, han hecho su instalación y se han ido”.

Siguiendo los pasos de Luco de Jiloca, una cooperativa vecinal de autoabastecimiento energético mediante placas solares, comenzaron a investigar para llevar a cabo su propio huerto solar. “Casi todos los vecinos estuvieron de acuerdo”, explica la alcaldesa: “La acogida ha sido buenísima, de repente el Ayuntamiento hace toda la inversión y como vecino no te tienes que ver en nada ni económico ni burocrático, queríamos que fuese pionero y saliese adelante. Están todos muy contentos”.

Pidieron a los vecinos que se inscribieron, unas 50 casas, sus facturas de la luz para dimensionar el tamaño de la instalación, ya que “el 80% de la producción tiene que ser para autoconsumo”. En agosto de 2022 se construyó la cooperativa y se presentó el proyecto. Cada vecino, o más bien cada vivienda con un contador de luz, realizó una inversión de 50 euros para el capital social y comenzaron con los trámites burocráticos, que ha sido “un proceso muy lento”.

Hace dos semanas, por fin comenzó este proyecto que llevan años esperando. Ahora, es el turno de que “las comercializadoras den de alta y cambien los contratos de los clientes”. En el pueblo viven 60 personas todo el año, aunque hay muchas más casas de personas que acuden los fines de semana o en los periodos vacacionales y que también han querido participar, el número final de contadores inscritos en el sistema de autoconsumo es de 57.

El pasado sábado presentaron el inicio del proyecto con un evento de conexión “para celebrar que estábamos dados de alta, es un proyecto importante, somos la primera comunidad energética impulsada por un ayuntamiento en Aragón. En un pueblo como el nuestro estas cosas hay que celebrarlas. En los pueblos pequeños también hacemos cosas y somos pioneros”, expone.

Inversión de 134.000 euros

En esta presentación estaba presente el vicepresidente de la cooperativa y teniente de alcalde del pueblo, Nacho Orte, que explicó que la suma total de los costes asciende a 134.000 euros, el 45% de estos ha sido subvencionado. La filosofía del proyecto, según Orte, es “ser soberanos energéticamente y que el vecino lo note en la factura de la luz”, así se lo dijo a Jorge Pueyo en un vídeo que el diputado de CHA por Sumar hizo en la localidad, hasta la que se acercó el sábado.

Pueyo celebró que “frente al modelo que se nos impone desde Madrid, olvidándose de todo el Aragón vaciado” y aseguró que “esa luz es la que debe iluminar el camino del resto de comunidades energéticas de todo el país y el Estado frente a que sean las empresas eléctricas las que se queden con los beneficios de la implantación y la destrucción del paisaje, puedan ser los propios vecinos los que decidan su futuro”, según recoge el Diario de Teruel.

También acudió el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que consideró que es un “motivo de orgullo”. La DPT ha puesto en marcha una oficina técnica de asesoramiento para ayudar a los municipios que quieran tomar de ejemplo a Monforte de Moyuela.

El número de comunidades energéticas en España prácticamente se ha duplicado en dos años, hasta 659 en 2024, pero solo el 17,7% tiene su primer proyecto en marcha, según el último informe del Observatorio de Energía Común. Expertos del sector reclamaron cambios legales para que esta figura pueda despegar.

Estas comunidades están recogidas en dos directivas europeas que obligan a promoverlas como vía para empoderar al consumidor. Deben estar legalmente constituidas (en España el 66% lo han hecho como asociación y el 31%, como cooperativas) y controladas por sus socios: personas, empresas y administraciones que se unen para impulsar proyectos comunitarios relacionados con la energía. La actividad más habitual es el autoconsumo fotovoltaico, pero también pueden dedicarse a movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas, almacenamiento, renovables térmicas, acciones contra la pobreza energética…

Sin un registro oficial centralizado que las contabilice, el termómetro más fiable para calibrar su despliegue es este informe elaborado a iniciativa de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y de Redeia (matriz de Red Eléctrica) con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica. El documento, basado en encuestas o el rastreo de registros autonómicos, recoge que ya hay comunidades de energía en el 8,1% de los municipios españoles, frente al 4% de 2022. Sobresalen Euskadi (30% de los municipios) y Navarra (24%), ambas con larga tradición cooperativista, seguidas de Galicia (20%) y Comunitat Valenciana (18%).

El estudio calcula que en 2024 había 27.000 personas y entidades socias de una comunidad energética. El 69,3% estaban localizadas en el ámbito rural; el 21,4% eran urbanas y un 6,3% trabajaban en los barrios. La mayoría (58,4%) tienen menos de 20 socios, muestra de que siguen “en una fase incipiente”. Solo el 17,7% tiene su primer proyecto en marcha, frente al 12% de 2023. Un incremento “bajo”, como explicó el coordinador del informe, Carlos Pesqué, durante su presentación en Madrid el pasado martes. “Es importante gestionar esas expectativas y esa motivación” de los momentos iniciales para que “no acaben desfalleciendo”, apuntó.

María González, jefa de Área de Mercado Minorista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), explicó que “la ciudadanía tiende a confundir los conceptos de comunidad energética y autoconsumo colectivo”, cuando este último es una de las actividades que pueden desarrollar, pero no la única. En su opinión, la “primera barrera” para su desarrollo es social, por tratarse de decisiones colectivas; y “las Administraciones tenemos que hacer mucha pedagogía” para que el ciudadano no las perciba como un proceso “dificultoso”.

El informe señala que España es uno de los países de la UE “con menores índices de participación ciudadana activa en iniciativas sociales, culturales o educativas”. Superar esta dinámica representa uno de los principales retos de la transición energética en nuestro país. Las comunidades “no son únicamente un mecanismo para reducir nuestras facturas de energía y reducir emisiones de carbono, sino que también tienen el potencial de transformar las estructuras sociales y económicas locales”.

Joan Herrera, ex diputado de ICV, ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y fundador de la consultora Samso, lamentó el martes la falta de un marco normativo acorde a la directiva europea, que les dota de un rol “protagonista” en un sector “altamente complejo” en el que “necesitas musculatura”. En su opinión, solo están saliendo adelante las comunidades de “aquellas personas más motivadas”. Son “pequeñas experiencias muy interesantes pero que no emergen como un nuevo actor”. Y hasta el año pasado han tenido “el dopaje de las ayudas” públicas, ya concluidas [el 58% de las comunidades habían recibido algún tipo de ayuda pública en 2024, según el informe], pero sin un marco favorable que permita que cojan vuelo.

Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas en la asociación fotovoltaica UNEF, señaló que estas entidades son “punta de lanza de la electrificación” y “tienen valor social”, pero para que “puedan participar en igualdad de condiciones” falta “regulación” que les permita “la escalabilidad”; tanto en la normativa del autoconsumo como en la definición de su control efectivo o sus trámites.

UNEF propone habilitar “ventanas de tramitación” en las comunidades autónomas para estas entidades, ayudas fiscales a sus socios en el IRPF o el IBI y cambios en la Ley de Régimen Local que faciliten la participación de los ayuntamientos. En el 61% de las comunidades, los consistorios ejercen como “facilitadores”, cediendo espacios y cubiertas de edificios municipales para proyectos energéticos. Pero los municipios solo son socios en un 21% de ellas.

Pedro Fresco, director de la patronal valenciana de renovables Avaesen, abogó por “pensar fuera de la caja” para “escalar” las comunidades. Por ejemplo, agrupando a pymes, que tienen un consumo muy superior a los usuarios domésticos. Puso como ejemplo la primera comunidad energética que se puso en marcha en España, la de Crevillent (Alicante), de la cooperativa Enercoop, con 100 kilovatios (kW) nominales y baterías. “La realidad es que para ser un actor relevante y sustituir la energía que genera la central nuclear de Cofrentes necesitaríamos 50.000 comunidades energéticas como la de Crevillent”, expuso.

En 2024 hubo una ligera disminución en la creación de nuevas comunidades en España. Surgieron 200 (frente a 211 en 2024), lo que, apunta el informe, “puede deberse a múltiples factores”, como la evolución del marco regulatorio, la disponibilidad de ayudas o la consolidación de iniciativas ya existentes. El pasado ejercicio fue un año “sin novedades sobre un marco estatal”, mientras “algunas comunidades autónomas han avanzado por su cuenta”, explicó el coordinador del estudio.

Transición Ecológica sacó a consulta en abril de 2023 un borrador de Real Decreto para regular las comunidades de energías renovables (CER), centradas en proyectos de generación renovable de ámbito local, y las comunidades ciudadanas de energía (CCE), orientadas a cualquier actividad del sector eléctrico. Pero finalmente solo traspuso parte de la normativa europea en un decreto-ley para hacer frente a la guerra en Ucrania (el 5/23).

Sí incorporaron novedades legislativas en 2024 Galicia, Catalunya y Aragón, a la que el informe señala como “referencia legislativa en participación ciudadana en energía”, con un régimen autonómico específico para las CER y las CCE y líneas de ayuda directa, entre otros instrumentos de apoyo.

Pionera en Teruel

La pionera en esta región fue la comunidad energética de Luco de Jiloca, un pueblecito adscrito a Calamocha (Teruel) que simboliza la España vaciada (en los 70 rondaba los 700 vecinos y tiene 60). La cooperativa echó a andar en plena pandemia, a principios de 2021, y en abril de 2023 conectaron una planta fotovoltaica de 60 kW de potencia.

Con 26 hogares adheridos y el Ayuntamiento como socio, el proyecto ha supuesto hasta ahora una inversión de unos 200.000 euros que han cubierto al 50% con ayudas públicas. El resto vino de los socios (a entre 1.000 y 1.500 euros por cabeza) y de un crowdfunding para la fase inicial que captó unos 6.000 euros. La planta, cuya potencia se plantean aumentar, se ubica en una era de la cooperativa, junto a dos pajares en ruinas que están rehabilitando para convertirlos en su sede social. Planean instalar baterías y abrir un centro de interpretación de la energía que explique la histórica vinculación de la zona con la energía hidroeléctrica.

Allí funcionaron tres saltos de agua hasta la década de los 70, explica uno de los fundadores de la cooperativa, el ingeniero industrial Carlos Aríñez, vecino del municipio. Los socios tienen firmado un acuerdo para el reparto de la energía que se produce y que se registra en cada contador, mediante unos porcentajes que la distribuidora comunica a las comercializadoras para calcular cuánto le toca a cada vecino, “hora por hora”.

El ahorro conseguido en factura, explica, ronda el 50%. Pero quieren ir más allá. Están implantando un punto de recarga de vehículos eléctricos que quieren poner a disposición de los vecinos “gratuitamente” y desarrollan un software “pionero” para monitorizar los contadores a nivel colectivo, realizar previsiones de generación con los pronósticos meteorológicos de la AEMET, optimizar consumos, gestionar excedentes y venderlos en la red... en suma, capitalizar la comunidad para poner en marcha más proyectos. Su idea es poner esa herramienta a disposición de otras comunidades energéticas de todo el país.

Aríñez reconoce que el 28 de abril, durante el histórico apagón ibérico, los socios de Luco se quedaron sin luz como el resto de España, porque “al final, dependemos de la red eléctrica. A día de hoy, no es posible tirar línea directa a las casas desde nuestra planta de generación”: necesitan acceder a un punto de acceso de la distribuidora, en este caso Endesa. Algo que, apunta, contemplan las directivas europeas y “se está dilatando en el tiempo”, pero que, afirma, la legislación española tendrá que acabar permitiendo.

La Diputación de Badajoz abre este año una novedosa convocatoria de ayudas, destinadas a financiar la redacción de proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales, en el marco de su estrategia de descarbonización y transición energética. La convocatoria, abierta a todos los municipios de la provincia, tiene una dotación global de 810.000 euros.

Esta acción se enmarca dentro del compromiso de la institución provincial con la transición energética y demográfica, con foco en la sostenibilidad de servicios municipales y reducción de emisiones de carbono. Además, supone una oportunidad de cara a aprovechar los recursos solares locales para generar beneficios económicos y sociales en municipios.

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, ha presentado en el Hospital Centro Vivo esta convocatoria y ha dicho que va a ser “un antes y un después en un proyecto global de autoconsumo, ya que este programa forma parte de un compromiso de la Diputación de Badajoz con la eficiencia energética, que hasta el 2027 hará un esfuerzo económico que llegará a los 20 millones de euros y es un compromiso que se cumplirá, seguro, tengo o no fondos externos”.

Provincia sostenible y limpia

El presidente ha apuntado que el objetivo no es otro que “nuestra provincia sea más sostenible y más limpia, que apueste por la descarbonización para que nuestros hijos tengan un mundo donde puedan vivir”.

Entre los beneficios esperados con estas instalaciones, destaca la reducción de los costes energéticos de las instalaciones municipales. También facilitará la promoción de comunidades energéticas locales y participación ciudadana. Asimismo, se conseguirá una mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios municipales, contribuyendo a la cohesión territorial.

En consecuencia, la Diputación de Badajoz persigue facilitar que los beneficios económicos derivados de la abundancia del recurso solar puedan revertir a las entidades locales e, indirectamente, al tejido social y económico de la provincia.

Por tanto, el objeto de esta convocatoria es financiar la redacción de proyectos técnicos para la ejecución de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales. Los proyectos incluirán estudios técnicos necesarios y deberán ejecutarse y pagarse en un plazo de tres meses tras la concesión. El importe por proyecto no excederá de 4.500 euros, limitado al 3% del presupuesto de ejecución material según la potencia pico proyectada.

En definitiva, la Diputación persigue facilitar que los beneficios económicos derivados de la abundancia del recurso solar puedan revertir a las entidades locales e, indirectamente, al tejido social y económico de la provincia, a través del sector privado que también se verá beneficiado con la redacción de los proyectos.

Reactivar un autoconsumo en horas bajas y hacer realidad el despliegue de las nuevas redes eléctricas con una nueva planificación hasta 2030 figuran entre las tareas clave que va a afrontar en los próximos meses la nueva vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. 

Tras unas primeras semanas al frente del ministerio marcadas por la conmoción de la DANA de Valencia, a la anterior secretaria de Estado de Energía le espera una agenda energética apretada para el nuevo curso. 2024 ha sido un año de cierto parón en este departamento, primero por las elecciones europeas de junio (con Teresa Ribera como cabeza de lista del PSOE) y luego por el compás de espera de la antecesora de Aagesen hasta convertirse en vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

Lo más inmediato sobre la mesa del ministerio es la aprobación del borrador de la nueva planificación de la red eléctrica 2025-2030, en la que lleva meses trabajando el operador del sistema, Red Eléctrica. Transición Ecológica, que inició su tramitación la víspera de la Nochebuena de 2023, va a sacar a consulta la propuesta en breve, posiblemente en enero.

Esta planificación tiene que estar aprobada antes de que acabe 2025 y establecerá las necesidades de desarrollo de la red de transporte hasta el final de la década. Será clave para hacer realidad los objetivos de la nueva actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con más de 300.000 millones de euros de inversión asociada, y que se remitió a Bruselas en septiembre.

Como apunta Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora beBartlet, la nueva planificación “previsiblemente va a generar bastante ruido a nivel político y empresarial”. Ya lo hubo con la actual (2021-2026) y “siempre habrá comunidades autónomas que se sientan agraviadas y empresas que se quejen por no haber entrado”. 

El PNIEC contiene metas muy ambiciosas de renovables, producción de hidrógeno o almacenamiento y de electrificación de la economía y para ello las redes serán esenciales. Para la planificación que se va a aprobar ahora van a entrar en juego la expansión del hidrógeno verde y los famosos centros de datos “y hasta qué punto queremos albergar este tipo de industrias”, apunta este experto. 

Una de las opciones que se barajan es que el ministerio ponga en marcha un sistema de subastas para ordenar la conexión a la red de estos centros, que ya han sido vetados por algún ayuntamiento, como el de Lleida, por su elevado consumo de agua y energía. El nuevo PNIEC, un documento de más de 700 páginas, dedica a estas instalaciones apenas una línea al señalar que “se promoverá un marco regulatorio que impulse y ordene la instalación sostenible”.

En este contexto, es previsible que el Gobierno revise al alza los límites a la inversión en transporte y distribución que el sector lleva años reclamando, en un ejercicio en el que deberá estar en vigor la nueva circular de retribución de las redes. Esta tarea corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la anunciada Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuya creación se está retrasando por la precaria aritmética parlamentaria en el Congreso. Cuando se aprobó el proyecto de ley de recuperación de la CNE, en febrero, Ribera confió en que estuviera lista a finales de 2024.

De cara a esa nueva circular de las redes, en octubre Transición ecológica publicó unas inusuales “orientaciones” a la CNMC, por específicas, sobre cómo debe calcularse la tasa de retribución de las redes, que estaban totalmente en línea con las peticiones de las empresas. 

Entre lo más relevante del nuevo curso también va a estar la esperada nueva normativa de autoconsumo, que en los despachos de Transición Ecológica esperan que esté en vigor en torno a mediados de año. 

En octubre, el ministerio sacó a consulta previa un proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de esta solución energética, que lleva meses de capa caída. Tras el boom que vivió durante la crisis de precios de 2021 y 2022, a cierre del tercer trimestre el autoconsumo registró una caída del 15% con respecto a los nueve primeros meses de 2023, fundamentalmente en el sector industrial (-22%) pero también en el residencial (-5%) y en el comercial (-1%), de acuerdo con las estimaciones de la asociación sectorial Unef. Empresas del sector como Holaluz o EiDF, entre otras, llevan meses en serias dificultades.

Expectación

En el sector hay expectación ante el grado de ambición de la reforma. La normativa actual está pensada sobre todo para instalaciones individuales de autoconsumo. Las directivas europeas apuestan por ir más allá y desarrollar vías para compartir energía, dar otro tratamiento de los excedentes, fomentar las instalaciones colectivas o impulsar las comunidades energéticas. 

Y está por ver si se permite compartir autoconsumo a más distancia que los 2 kilómetros que actualmente se permiten, como ocurre en otros países europeos. Algunos permiten incluso el autoconsumo colectivo mientras se trate de instalaciones y consumidores conectados a la misma red de baja o media tensión, con independencia de la distancia.

En el ministerio de Aagesen sitúan como “una de las prioridades de la agenda regulatoria” la nueva normativa para impulsar un mercado de capacidad. Se trata de una suerte de “seguro” antiapagones que se va a poner en marcha el próximo ejercicio, con la expectativa de lanzar la primera subasta a principios de año.

Será una de las vías para impulsar el almacenamiento, cuya regulación todavía debe completarse. En España, según la Hoja de ruta de Almacenamiento, hay más de 8 GW de capacidad para guardar electricidad (la gran mayoría, 6,5 GW, es bombeo hidroeléctrico), y el PNIEC marca el ambicioso objetivo de alcanzar los 22 GW para 2030. 

Una parte será a través de baterías, cuyo despliegue, como señala un reciente informe de ONE, “está encontrando más obstáculos que en otros países europeos”. Para poder sumar los casi 14 GW de almacenamiento necesarios para cumplir los objetivos del PNIEC, “aún queda mucho por hacer”.

Que España pueda almacenar más energía es clave por la escasa interconexión con Francia, que condiciona el despliegue de las renovables. El almacenamiento energético ayuda a aliviar la congestión de la red en los momentos de mayor oferta de energía, guardando el excedente y liberándolo en las horas de menor generación renovable, permitiendo consolidar la sustitución de combustibles fósiles.

Con ello, se podrá aumentar el proceso de electrificación, que en España avanza a un ritmo mucho más lento que el despliegue renovable. La electricidad todavía tiene un peso de sólo un 22% en el mix energético nacional. La reducida implementación de bombas de calor, la baja penetración del vehículo eléctrico y el aún escaso uso de electricidad en procesos industriales llevan a momentos en los que se genera más energía renovable de la que se consume. El resultado son los denominados vertidos de energía, que en 2023 alcanzaron un 1,18% de la energía renovable total producida en España, según datos de la asociación de reguladores europea ACER.

Entre los temas pendientes está también la elaboración de una nueva Estrategia de Pobreza Energética para sustituir a la existente hasta ahora (2019-2024); a aprobación de la orden ministerial que deberá fijar las condiciones para llevar a cabo las primeras subastas de eólica marina en España, y la transposición de varias normativas europeas. Entre ellas, la del conocido como paquete del gas (clave para el despliegue de los gases renovables), y la directiva de renovables conocida como Red III, que aumenta el compromiso de los Estados miembros para 2030 respecto de la cuota de energía del consumo final bruto procedente de fuentes limpias de un 32% a un 42,5%. Para transponer esta última hay de plazo hasta el 21 de mayo. 

Entre sus novedades está la obligación de elaborar planes que señalen las “zonas de aceleración renovable” para uno o más tipos de fuentes de energía limpia en las que se aligerarán los trámites: silencio positivo si no hay respuesta de la Administración, un trámite ambiental mucho más sencillo y plazos más reducidos. Su traslado al ordenamiento jurídico español “va a tener especial incidencia en el hidrógeno y el transporte”, opina Labanda.

Muchas empresas, varios conventos y algunos particulares constituyen ya los cerca de 90 integrantes de la primera comunidad energética del Casco Histórico de Toledo. Es decir, un colectivo de personas físicas y jurídicas que se asocian para producir, consumir y gestionar su propia energía. No es la primera iniciativa de este tipo en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero el proyecto sí es pionero por el hecho de que lo ha promovido el propio Ayuntamiento a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) creada hace unos meses con los fondos europeos destinados a asesoramiento para el uso de energías limpias.

Que el autoconsumo llegue a la zona patrimonial de Toledo no ha sido un camino fácil. La protección de la UNESCO y las ordenanzas municipales derivadas impiden modificar la estética del Casco Histórico, es decir, su “visualidad”.

No se puede, por tanto, instalar placas solares en los tejados, y mucho menos en una ubicación en altura como la que tiene el conjunto monumental toledano. Si eso sucediera, la vista de la ciudad, por ejemplo, desde las afueras del Valle, al otro lado del Tajo, sería básicamente un resplandor solar.  

Actualmente, la normativa europea sobre comunidades energéticas está regulada en la Directiva de 2018 sobre las comunidades de energías renovables y la de 2019 sobre las comunidades ciudadanas de energía. No hay trasposición a las leyes españolas ni normativa reguladora estatal. La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha contabilizado más de 350 comunidades energéticas en España, pero al haber indefinición jurídica, es posible que muchas estén sin identificar.

En el caso del Casco Histórico de Toledo, la iniciativa para conseguir el autoconsumo comenzó hace tiempo. La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) se promovió como proyecto en la anterior legislatura municipal del PSOE por parte la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) Ahora, el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco (del PP, que gobierna con Vox) ha decidido que sea una realidad y ha impulsado las reuniones de esta oficina con diferentes asociaciones del Casco Histórico. El resultado, la reciente constitución de la Asociación ‘Comunidad Energética Casco Histórico Ciudad de Toledo’.

De la muralla hacia fuera

La base de ‘autoconsumidores’ es un grupo de empresas y particulares. Pero la cuestión ahora es dónde instalar las placas para su suministro. La normativa impide que se ubiquen a más de dos kilómetros de distancia desde el lugar del consumo final de la energía y al mismo tiempo debe preservarse la estética de la ciudad. Es decir, en Toledo debe hacerse “extramuros”, de la muralla hacia fuera.

El concejal explica a elDiarioclm.es que los técnicos están estudiando varios emplazamientos dentro de ese radio: varias cubiertas de edificios que son propiedad del Ayuntamiento. “Hay que ver cuáles son mejores y dónde caben más placas. Primero se ofrecerá a la comunidad energética una sola cubierta como primera instalación, pero es posible que cuando empiece a funcionar, el proyecto se amplíe a otras cubiertas. Por eso estamos analizando varias”, detalla.

También precisa que la comunidad energética ha decidido que, de cada instalación, el 50 por ciento sea aprovechamiento para particulares y la otra mitad para negocios y empresas. Pero es una “aproximación”, porque las empresas necesitan más suministro y es posible que ese porcentaje varíe. Por ejemplo, en el caso de algunos conventos toledanos, su gasto eléctrico es muy elevado (hasta 20.000 euros al mes) debido a los hornos que utilizan para la preparación de dulces, entre ellos el conocido mazapán.

Desde la Oficina de Transformación Comunitaria están asesorando a la Asociación en cuanto al ahorro en la factura de la luz y el tiempo de amortización de la inversión por la instalación de las placas y la conexión a la red. En líneas generales, el ahorro puede incrementarse en un 40% y el plazo de amortización gira en torno a los tres años. “Aunque todo ello también depende de los hábitos de consumo, del gasto de cada uno y de muchos factores”, avisa Velasco.

Con todo ello, los técnicos consideran que el proyecto puede estar en funcionamiento en la primavera de 2025. Es decir, con la energía ya suministrada a la comunidad.

Miembros de la asociación ya han manifestado su satisfacción por esta iniciativa, pero también hay particulares que se han puesto en contacto con este periódico para manifestar su malestar por haberse inscrito ya en el portal y no haber recibido ninguna respuesta ni haberles convocado a ninguna reunión.

Algunos también quieren saber cómo se ha seleccionado a los técnicos de la comunidad. El concejal José Manuel Velasco afirma que todo el proceso es transparente y que se está respondiendo a todas inscripciones. Pero ante cualquier duda, remite a la Oficina de Transición Comunitaria.

A Vox le parece bien pese a que rechaza la Agenda 2030

Otro dato significativo es el hecho de que Vox, con su discurso negacionista del cambio climático y de la Agenda 2030, gobierne con el PP en el Ayuntamiento. El concejal del PP afirma que su socio no se ha mostrado en contra de la iniciativa. “Con independencia de que los fondos estén vinculados a la Agenda 2030, tampoco se trata de una cuestión de partidos políticos. Todo el mundo quiere que se le rebaje su factura de la luz, todo el mundo quiere consumir energías limpias si se lo facilitan. No puede ser de otra manera, es una buena noticia para todos”.

Y de cualquier forma, ¿es un revulsivo para la ciudad?. Velasco dice que “lo es en cuanto al uso de las energías limpias, pero también por dejar claro que vivir en el Casco Histórico no es un castigo. Además, hasta ahora, el autoconsumo estaba visto como una cuestión individual de particulares, que está muy bien, pero demostramos que existe la posibilidad de hacerlo con empresas y en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también lo considera así. Paula Santos, directora de Autoconsumo y Comunidades Energéticas de esta asociación, subraya que estos proyectos van a ser “los ecosistemas de la transición energética” porque en ellos se integran “todos los pilares necesarios”.

“Es fundamental que empiecen a participar actores no tradicionales del sector como la ciudadanía, los ayuntamientos y las pymes, que son las representantes de la economía local. Eso permite la transversalidad y además que haya beneficios y que estos se queden en el territorio. Eso supone el empoderamiento de la ciudadanía y de la comunidad local”, destaca.

La participación de empresas hace que no sea algo residual, sino un instrumento de la ciudadanía; es así como se empodera a la gente

Paula Santos — Unión Española Fotovoltaica

El hecho de que todavía no haya una normativa española de regulación crea una “indefinición jurídica” al respecto. Por eso la UNEF también considera vital que sean los ayuntamientos quienes apoyen la creación de comunidades energéticas, “porque conocen la realidad local y a qué actores hay que involucrar”. La Administración Local se convierte así en “un instrumento catalizador esencial” porque traslada la “sociología” de la ciudad.

Considera Paula Santos que también es destacable que la iniciativa toledana haya germinado en la OTC. “No tiene por qué ser así, pero ese acompañamiento es necesario y muy recomendable”. Como también destaca el hecho de que se hayan incorporado empresas y conventos: “Así se garantiza que no sea algo residual, sino un instrumento de la ciudadanía; es así como se empodera a la gente”.

Aunque la promoción del Ayuntamiento de Toledo para la iniciativa sí es pionera, esta ciudad no es la primera Ciudad Patrimonio que cuenta con este tipo de proyectos. En Córdoba están en preparación tres microplantas solares gestionadas por tres cooperativas energéticas ciudadanas, que permitirán que unos 4.000 vecinos de la ciudad abaraten el precio que pagan por la factura de la luz.

En este caso, se trata de una iniciativa liderada por la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA), que ha sido respaldada por el Ayuntamiento de Córdoba, aunque en este caso no la ha promovido ni ha cedido los espacios para su puesta en marcha.

Otros proyectos de ciudades patrimoniales en España, sin embargo, han resultado fallidos. Así sucedió en Segovia, donde se ha conseguido en la provincia mediante la asociación de varios municipios, pero no en la ciudad. Tampoco fue posible en San Cristóbal de la Laguna. En este último caso el Ayuntamiento llegó a iniciar los trabajos comunitarios con varios distritos, pero finalmente el proyecto de descartó y se están buscando otros modelos alternativos.

En Toledo, el Ayuntamiento quiere ahora crear más comunidades de este tipo. Ha puesto el foco también en el Polígono Industrial, para que los negocios allí ubicados se puedan autoabastecer. Además, está entre los objetivos de la OTC realizar acciones de sensibilización e información por todos los barrios de la ciudad.

La Junta de Extremadura ha aprobado la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos por importe de 30 millones de euros para mejorar la climatización y la eficiencia energética de los colegios, que variarán entre 30.000 y 200.000 euros. Los consistorios tendrán que hacer frente a un 20% de la inversión, prevista para tres anualidades.

Tras la reunión, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha informado en una rueda de prensa que los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en este nivel educativo, deberán aportar el 20% de la inversión, prevista para tres anualidades.

La convocatoria se orienta a la mejora de la envolvente térmica, instalación de iluminaciones eficientes y mejora de los sistemas de calefacción y climatización en los edificios e infraestructuras vinculados a la prestación de servicios educativos, introduciendo si fuera preciso sistemas de climatización mediante refrigeración, que permitan garantizar unas condiciones mínimas de confort para los usuarios.

Además, también se ha dado luz verde esta semana a la contratación del suministro de sistemas de generación fotovoltaica para autoconsumo eléctrico y luminarias led para la adecuación del sistema de iluminación y mejora de la eficiencia energética en institutos de Educación Secundaria, con un presupuesto de licitación de 6.848.946 euros y una financiación del 85% con cargo al programa Feder 2021-2027. De esta medida se beneficiarán 58 centros.

Los actuales institutos disponen de suministro eléctrico mediante conexión a las redes de distribución, lo que crea una total dependencia no necesariamente de origen renovable ni cercana al lugar de consumo. Además, la mayor parte del periodo de funcionamiento de estos centros se produce en horario diurno, asociado al potencial de producción de energía a partir de la radiación solar.

Por otra parte, las fuentes de iluminación de estos centros educativos se encuentran en gran medida obsoletas o en mal estado, por lo que su sustitución por aparatos de iluminación con tecnología led permitirá reducir aún más el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética.

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado una instalación solar fotovoltaica, conformada por más de 7.600 paneles ubicados en cubiertas de sus campus, dentro de su apuesta por las energías renovables y por el ahorro económico que supone en su factura de electricidad, que se estima en 800.000 euros anuales.

El vicerrector de Economía de la UEx, Agustín García, ha destacado que el proyecto “se ha ejecutado de forma muy eficiente y sin incidencias” pese a que se ha desarrollado durante 10 meses y en múltiples edificios.

La iniciativa, con base en la cubierta de la Biblioteca Central del campus de Badajoz, ha englobado la instalación de 7.676 paneles, con una potencia nominal de 3,21 megavatios y con la previsión de que produzcan unos 6,24 gigavatios/hora al año, por lo que la inversión se amortizará en menos de cinco ejercicios. El proyecto evitará más de 1.700 toneladas de CO2 equivalente dentro de una institución cuyas emisiones asociadas a la huella de carbono alcanzan las más de 2.000 toneladas de CO2 equivalente.

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha manifestado en el acto que tanto esta instalación solar como la planta piloto de generación de hidrógeno renovable inaugurada el pasado marzo también en la universidad “son activos de esta entidad, pero también de la comunidad autónoma” dentro del “compromiso por el progreso” y por la eficiencia energética.

En el caso de la planta de generación de hidrógeno renovable, esta tecnología instalada en el campus de Badajoz permite obtener hidrógeno que es utilizado por su parte para distintas iniciativas de energías renovables en la región.

El “Programa de Energía e Hidrógeno Verde” en el que se incluye esta actuación también engloba otros proyectos que se acometen en la comunidad autónoma, como la generación de gas natural renovable o la utilización del hidrógeno en combustión en el sector industrial, entre otros.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha asistido al acto, ha recordado que la región es líder en energía solar, un hecho que representa un ahorro para la sociedad extremeña, territorio que exporta además el 80 por ciento de esta energía.

La tecnología inaugurada, que se suma “a los muchos proyectos extremeños en este área”, permitirá “a los alumnos además que puedan desarrollar investigación y realizar prácticas que les acerquen al mundo laboral que les espera”, ha dicho. La planta de hidrógeno verde inaugurada el pasado marzo también posee este papel formativo, ha destacado Guardiola

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del Grupo Endesa por posibles prácticas anticompetitivas, entre ellas, haber podido dar un trato “discriminatorio y preferente” a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras.

En un comunicado, el organismo presidido por Cani Fernández indicó que está investigando a E-distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, y a sus respectivas matrices --Endesa y Endesa Energía--, por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica.

Las prácticas, según la CNMC, afectarían a todos los territorios donde el Grupo Endesa opera como distribuidora: Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz.

En este contexto, el 'superregulador' destacó que la investigación se centra en el presunto trato “discriminatorio y preferente” que la energética habría dado a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras.

Entre otros, se analizan los trámites relacionados con la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, la prestación de servicios energéticos, así como la instalación y operación del autoconsumo, vinculado al mercado de generación distribuida.

La CNMC recibió varias denuncias contra e-distribución por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), e inició una información reservada, y en junio de 2023, personal de la CNMC inspeccionó dos sedes de varias sociedades del Grupo Endesa.

La CNMC señaló que la incoación de este expediente por posibles conductas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no prejuzga el resultado final de la investigación, al tiempo que se ha abierto un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

Endesa asegura que cumple la legislación

Por su parte, fuentes de Endesa indicaron a Europa Press que E-distribución ha actuado en todo momento “cumpliendo la legislación y respetando escrupulosamente el principio de neutralidad que rige el funcionamiento de las distribuidoras de electricidad en su trato con las distintas comercializadoras existentes en el mercado, que garantiza que no se produce ningún trato de favor a ningún agente”.

Además, la eléctrica recordó que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, en la que la compañía destacó que ha colaborado aportando toda la información requerida y que seguirá colaborando en todo lo que solicite.

Asimismo, Endesa subrayó que la voluntad de actuar como una agente facilitador del autoconsumo queda de manifiesto en las medidas implementadas por E-distribución “para acelerar y facilitar el procedimiento de activación de los autoconsumos y mejorar la información a todos los agentes implicados”.

A este respecto, a cierre de este mes de junio, E-distribución había activado más de 295.000 suministros de autoconsumo, según la compañía, una cifra que supone un incremento del 156% respecto al cierre de 2022.

El Congreso de los Diputados va a tener que posicionarse sobre una propuesta para ampliar el radio para compartir el autoconsumo fuera de zonas urbanas hasta una horquilla de entre 10 y 20 kilómetros, frente a actuales dos kilómetros.

La propuesta figura en una proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que, en línea con lo aprobado por Francia a finales del año pasado, plantea una ampliación de ese límite y que, si saliera adelante, podría ser un revulsivo para las denominadas comunidades energéticas, muy poco desarrolladas en España.

La propuesta figura en una iniciativa “sobre la ampliación de las distancias entre los miembros de las comunidades energéticas de autoconsumo para favorecer la democratización de la energía”, presentada para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja.

Los republicanos plantean extender las iniciativas de autoconsumo colectivo hasta una distancia máxima de 10 km en las regiones periurbanas y hasta 20 kilómetros en las zonas rurales. Se llevaría a cabo a través de una modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

La idea va en la línea de lo que ya planteó a comienzos de año la Generalitat de Catalunya. En enero, el consejero catalán de Acción Climática, David Mascort, reclamó esta medida al Ministerio para la Transición Ecológica para “hacer más atractivo” el autoconsumo colectivo y facilitarlo en las zonas industriales y más allá de las áreas urbanas, y favorecer que se impulsen las instalaciones de autoconsumo de más potencia.

“La energía proveniente de los sistemas de autoconsumo es una electricidad más barata, que genera cero emisiones y, sobre todo, que pertenece a las familias y a las empresas que la utilizan”, esgrimió entonces Mascort. La idea llega ahora al Congreso, con ERC tensando la cuerda para la investidura en Catalunya. 

La propuesta de la formación independentista, socios del Gobierno central en Madrid, va en la estela del camino seguido por el Gobierno francés en octubre de 2023, cuando aprobó un decreto para aumentar de 2 km a 20 km la distancia máxima entre los miembros de las comunidades energéticas de autoconsumo.

De esta manera, las iniciativas de autoconsumo colectivo se extendieron allí hasta 10 km en las regiones periurbanas (pueblos pequeños y determinados cinturones urbanos) y hasta 20 kilómetros en las zonas rurales.

“Si en el Estado español se ejecutara la misma medida, este cambio transformaría radicalmente el potencial de las comunidades energéticas, puesto que permitiría el acceso a muchos más vecinos y sería un gran paso adelante para permitir una mejor retribución y retorno en el territorio cuando se genere renovables”, expone la formación republicana.

ERC recuerda que a finales de 2022, y “después de la presión y negociación” de la formación independentista, el departamento de Teresa Ribera ya amplió el límite de redes de autoconsumo hasta los 2 kilómetros del núcleo urbano, en línea con lo que ya se estaba haciendo en ese momento en Francia o Portugal.

Lo hizo poco después de que, en octubre de ese año, el límite se incrementara de 500 metros hasta 1 kilómetro, en un decreto ley de medidas de ahorro energético y protección de los consumidores en aplicación del Plan + Seguridad energética frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Esa primera ampliación, recuerda Esquerra, fue “duramente criticada ya que se entendía como una solución de mínimos que buscaba aplacar las críticas” recibidas por el “incumplimiento” de los compromisos recogidos por un decreto de 2019, el Real Decreto 244/2019.

La propuesta de ERC señala que aunque la ampliación del aumento de la distancia para el autoconsumo colectivo hasta los dos kilómetros “ha sido celebrada por el sector, ya que supone una disminución de barreras y un empujón en la creación de Comunidades Energéticas”, todavía supone “un freno, en especial para los emplazamientos rurales”. 

Más que “pasar de un modelo dominado por los combustibles fósiles a un modelo basado en energías renovables que esté concentrado en las mismas grandes empresas, lo que hace falta es un proceso de democratización de la energía”.

Por eso, reclaman apostar por el autoconsumo compartido y por la regulación de las Comunidades Energéticas. Potenciarlas es “una oportunidad para que la ciudadanía sea soberana de la energía que produce y por eso es una herramienta esencial para hacer realidad el empoderamiento de la ciudadanía respecto al oligopolio eléctrico”.

Incertidumbre

La propuesta llega en un momento de incertidumbre para el autoconsumo, con empresas como Holaluz en graves dificultades. Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en el primer trimestre de este año, con el precio mayorista de la luz cotizando en negativo por primera vez en la historia en España, y tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación para ponerse placas, la instalación de nuevas plantas de autoconsumo cayó un 26,3%. La caída fue especialmente fuerte, del 30%, en el segmento industrial (instalaciones con más de 50 kilovatios de potencia), el que mejor había aguantado hasta ahora.

Tras un 2022 histórico por la explosión de precios de la luz (la potencia instalada se duplicó en un año), derivada de la guerra en Ucrania, el pasado ejercicio la nueva potencia de autoconsumo ya cayó un 32%, con un batacazo especialmente duro (del 54%) en el sector residencial, aunque con cifras todavía históricas en comparación con los años previos a ese 2022 de récord.

La potencia acumulada en autoconsumo ha superado en este comienzo del ejercicio la de todo el parque nuclear español. Pese a ese hito, un reciente informe de Global Energy Monitor (GEM) advierte de que en España estamos “rezagados” respecto a otros países europeos y ve “difícil” pasar de los 7 GW instalados al cierre de 2023 a los 19 GW que aspira a alcanzar la última actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.

GEM, organización sin ánimo de lucro que elabora y comparte información para respaldar el movimiento mundial en favor de las energías limpias, ha recomendado “revertir la reciente disminución de paneles solares en tejados y volver a apostar por los incentivos”, como el 0% de IVA que ha reclamado la patronal UNEF, “inspirado en el éxito de medidas parecidas en Alemania y el Reino Unido”, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación.

Según esta organización, “comparando las cifras de GEM a escala comercial con las cifras totales de energía solar de IRENA [la Agencia Internacional de Energías Renovables], se observa que solo el 5% de la capacidad solar de España corresponde a instalaciones a pequeña escala y en tejados residenciales, frente al 62% en Europa”.

Esta solución energética, recuerda la ONG, “además de democratizar el acceso a la energía, ayuda a aliviar los cuellos de botella de la red y evita que los terrenos agrícolas y los campos verdes se conviertan en huertos solares”.

España cumpliría sus objetivos de instalación de energía solar para 2030 si se pusiera en marcha el 24% de la potencia que se ha anunciado, según un informe de Global Energy Monitor (GEM) presentado este miércoles que insta a “fomentar más” el autoconsumo y desplegar “de forma sensata y oportuna” los proyectos eólicos o solares anunciados o en fase de preconstrucción.

GEM, organización sin ánimo de lucro que elabora y comparte información para respaldar el movimiento mundial en favor de las energías limpias, recuerda que en mayo España tenía ya 29,5 gigavatios (GW) de energía solar instalados y 7,8 GW en construcción, es decir, el 60% del objetivo del Gobierno de contar en 2030 con 57 GW de energía fotovoltaica (sin contar autoconsumo) y 5 GW de termosolar.

“Con 106,1 GW adicionales de proyectos solares a escala comercial anunciados o en fase de preconstrucción, España podría alcanzar su objetivo solar para 2030 poniendo en marcha menos de una cuarta parte de estas propuestas existentes (24,7 GW) en los seis próximos años”, dice el informe.

GEM destaca que “España brilla como líder europeo en energía solar a escala comercial”. Tiene más capacidad en funcionamiento que ningún otro país de la UE y “más capacidad en construcción (7,8 GW) y en etapas tempranas de desarrollo (106,1 GW) que los tres siguientes Estados europeos juntos”.

Sin embargo, el país “necesita acelerar el ritmo para cumplir los objetivos de renovables para 2030”. La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) plantea contar con 62 GW de energía eólica y 81 GW solares (incluyendo 19 GW de autoconsumo) cuando acabe esta década. Como “obstáculos” para lograrlo, el informe destaca los cuellos de botella en los permisos de construcción, un “crecimiento anémico de la energía solar en los tejados y limitaciones de infraestructuras que impiden la demanda”.

Sin embargo, “con la combinación adecuada de estrategias políticas en los próximos años”, el país “tiene posibilidades realistas de satisfacer los objetivos de energías renovables para 2030 ratificados en la COP28”.

GEM apuesta por “fomentar más la energía solar a pequeña escala, poner en marcha de forma sensata y oportuna las propuestas eólicas y solares a escala comercial existentes, así como continuar investigando la energía eólica marina y las medidas para incrementar la demanda y evitar el exceso de oferta”.

Pese al repunte de nuevos proyectos solares, “el protagonismo inicial de España como líder en energía eólica ha decaído”, aunque sigue ocupando el tercer puesto entre los países europeos en capacidad eólica operativa (29,5 GW) y el sexto en capacidad prospectiva (41,8 GW).

Con 1,7 GW eólicos en construcción, España “ya ha alcanzado más de la mitad de su objetivo nacional de 62 GW para 2030”. Pero para lograr los restantes 30,8 GW, necesita construir el 77% de los 40 GW de parques eólicos a escala comercial actualmente “anunciados” o “en preconstrucción”. Para ello, “habrá que multiplicar casi por cinco el ritmo de las nuevas puestas en marcha en los seis próximos años”.

“Rezagado” en autoconsumo

El informe ve “difícil” pasar de los 7 GW de autoconsumo instalados al cierre de 2023 a los 19 GW que aspira a alcanzar el PNIEC para 2030: “Habrá que revertir la reciente disminución de paneles solares en tejados y volver a apostar por los incentivos”, como el 0% de IVA que ha reclamado la patronal UNEF, “inspirado en el éxito de medidas parecidas en Alemania y el Reino Unido”, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación.

El informe destaca que en autoconsumo el país “se ha quedado muy rezagado con respecto a otros” y lo achaca al denominado impuesto al sol del PP, eliminado en 2018. “Comparando las cifras de GEM a escala comercial con las cifras totales de energía solar de IRENA [la Agencia Internacional de Energías Renovables], se observa que solo el 5% de la capacidad solar de España corresponde a instalaciones a pequeña escala y en tejados residenciales, frente al 62% en Europa”. Esta solución energética, recuerda la ONG, “además de democratizar el acceso a la energía, ayuda a aliviar los cuellos de botella de la red y evita que los terrenos agrícolas y los campos verdes se conviertan en huertos solares”.

El informe destaca que más del 90% de los posibles proyectos de energías renovables a escala comercial de España aún no han alcanzado la fase de construcción. “En la mayoría de casos, todavía se están solicitando los permisos o acaban de anunciarse” y “es posible que una cantidad significativa de proyectos en estas etapas iniciales no lleguen a materializarse nunca”.

Hay varios motivos. En primer lugar, por el posible impacto ambiental, sobre la agricultura y el uso tradicional de la tierra, que “ha dado lugar a evaluaciones de impacto ambiental desfavorables, protestas de los ciudadanos y demandas judiciales que han frenado o llevado a la cancelación de muchos proyectos”.

“La oposición a los grandes proyectos de renovables es especialmente acusada en Galicia, Aragón y Cataluña, donde la generación de energía basada en renovables creció solo un 2,2% en 2023, en comparación con un 15,1% a nivel nacional”.

Además, hay proyectos que se solapan sobre un mismo terreno en las zonas de mayor potencial, y “el reciente exceso de propuestas de energías renovables ha empeorado los retrasos en el ya lento proceso de concesión de permisos existente en España, que puede llevar hasta cinco años. Esto quiere decir que algunos de los proyectos que figuran actualmente en la base de datos de GEM, aunque se aprueben, no podrán ponerse en marcha antes de 2030”.

Otros dos factores que “dificultan el lanzamiento de nuevos proyectos” son “la escasa demanda de electricidad y la inadecuación de las infraestructuras”.

GEM es una organización con sede en San Francisco que tiene por objeto elaborar una guía abierta del sistema energético mundial. Sus datos son utilizados por organismos internacionales como el Departamento del Tesoro de EEUU, el Banco Mundial, el IPCC, el PNUMA o las universidades de Harvard u Oxford.

La potencia instalada en autoconsumo solar ha dado el sorpasso este año a la de todo el parque nuclear español. Un hito simbólico, impensable hace años, que se alcanza con varias empresas del sector en una situación muy delicada, tras meses de frenazo en la instalación de nueva potencia. Y que llega en un momento de cambio de paradigma, con las plantas de fotovoltaica sobre suelo convertidas por primera vez en la mayor fuente de generación de electricidad en España.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que en los tres primeros meses de este año se instalaron más de 400 megavatios (MW) de autoconsumo. Se suman a los 6.955 MW que había a cierre de 2023 según UNEF, cuya previsión (no hay cifras oficiales fiables) es similar a la que manejaba en enero la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

En total, esas decenas de miles de pequeñas plantas de generación distribuida suman ya más de 7.300 MW instalados a 31 de marzo, frente a los 7.117 MW que tiene todo el parque nuclear español, abocado a un apagón progresivo que comenzará a finales de 2027. 

Para Jon Macías, Head of Commercial & Marketing de Edison Next Spain y presidente de APPA Autoconsumo, “indudablemente estamos ante un hito del sector energético. En los dos últimos años hemos instalado dos terceras partes de todo el autoconsumo que existe en nuestro país y eso es un esfuerzo reseñable”. “Las empresas han tenido que trabajar muy duro para responder, pero sería deseable un ritmo más sostenido en el tiempo, aunque fuera menor en volumen”, añade.

Desde el punto de vista de la generación, autoconsumo y nuclear son como la noche y el día. “No hay que fijarse en la potencia, sino en la energía”, y ahí la nuclear “le da mil vueltas”, como resume el experto Francisco Valverde. Y es que, pese a perder mes a mes peso en el mix de potencia instalada (ya supone menos del 6%), la nuclear funciona casi de continuo, mientras el autoconsumo es intermitente por naturaleza.

La energía atómica sigue teniendo un peso muy relevante en la cesta de generación, pero el crecimiento de la solar es imparable. En mayo, la fotovoltaica (sin contar la aportación del autoconsumo, ni de la termosolar) ha sido por primera vez en la historia la primera fuente de generación en España, con más del 23% (más de 5.100 GWh) y picos en los que ha llegado a aportar el 75% de la electricidad en momentos puntuales del día. Ha superado a la eólica (20%) y la nuclear (en torno al 16,5%). 

Las estadísticas (provisionales) de Red Eléctrica no tienen en cuenta al autoconsumo, en gran parte responsable de que la demanda eléctrica esté en mínimos de 20 años. APPA estimaba que a finales de 2023 el autoconsumo ya cubría en torno al 3% del consumo de electricidad. El presidente de la sección de Autoconsumo de esta patronal cree que a finales de este año “bien podría cubrirse el equivalente al 3,5%”.

En el arranque de este año, la caída en la instalación de nuevas plantas se ha moderado en el segmento doméstico, según el nuevo observatorio trimestral que acaba de crear UNEF. Su estimación es que hasta marzo se pusieron en marcha unos 93 MW, un 15% menos. Esto, en un contexto de altos de tipos de interés, drástica bajada de precios del mercado mayorista de electricidad (con valores negativos en momentos puntuales por primera vez en la historia) y fin de los fondos Next Generation, cuyas ayudas todavía no han llegado a beneficiarios que las pidieron hace más de dos años.

La moderación de la caída del autoconsumo residencial “nos da una cierta esperanza de que esté tocando suelo y llegando a ese nivel que sería normal”, señala el director general de UNEF, José Donoso. En el segmento comercial se han instalado hasta marzo unos 72,75 MW, un 22% menos. La gran caída en el arranque del año ha llegado en el autoconsumo industrial: un 30% menos, hasta 255 MW. UNEF lo atribuye a que los periodos de maduración de estos proyectos, los más grandes, son más largos.

Pese a la alarma generada por la crisis de empresas de este sector como Holaluz, EiDF o Solarprofit, en el sector recuerdan que hace años, cuando estaba en vigor el famoso impuesto al sol del PP, era impensable que en España se instalaran cada año 400 MW de autoconsumo, como en este primer trimestre. En otros tiempos “eso se hacía en cinco años”, rememora Francisco Valverde. “En aquella época, nuestra mejor estimación era de 300-400 MW al año”, coincide el director general de UNEF.

A finales de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica planteaba que el autoconsumo alcanzase los 9 gigavatios (GW) ya en 2030, cifra que entonces elevaba hasta 14 GW “en el caso de darse un escenario muy favorable de alta penetración”. Luego llegó la guerra en Ucrania y la explosión de precios de la luz de 2022, una “tormenta perfecta”, como señala Jon Macías, que unida a los costes competitivos de la tecnología, las ayudas europeas y un acceso al crédito más sencillo “hizo que se alcanzaran unos números que no eran coherentes con la trayectoria”.

El resultado, un boom histórico de 2.507 MW en 2022, con el sector demandando miles de puestos de trabajo porque la mano de obra no daba abasto. En 2023 llegó la resaca, con una caída del 32%, en un contexto de altos de tipos de interés, bajada de los precios del mercado mayorista de electricidad y lentitud administrativa para cobrar las ayudas. El pasado ejercicio el mayor pinchazo (54%) se vio en el sector residencial, seguido del comercial (-42%) y el industrial (-13%), que es el que más está sufriendo ahora.

“Velocidad de crucero”

Francisco Valverde cree posible que, tras las caídas de los últimos meses, “se haya llegado a una velocidad de crucero”, donde el mercado no dependa de la existencia de ayudas, ni de los bajos precios del mercado mayorista, y funcione “el boca a boca de lo contenta que está la gente que se lo ha puesto”.

Como señala Jon Macías, pese al retroceso de 2023, “si calculamos respecto a la cifra de 2021, vemos un incremento del 69% de la potencia instalada”. “2023 y 2024 están siendo años en los que pulsamos la verdadera realidad del sector”, añade. 

“Esto no es como hace un par de años, cuando los precios estaban disparados y encima había ayudas. Pero no está nada mal”, resume Valverde.

El presidente de APPA Autoconsumo pide “pedagogía. Si una instalación de autoconsumo residencial recupera su inversión en siete años en vez de en cuatro es algo totalmente despreciable frente a un sistema que va a estar funcionando más de veinticinco años. Debemos transmitir a la sociedad el hecho de que estas instalaciones son rentables, se pagan solas con los ahorros en pocos años y después todo es beneficio, económico, por supuesto, pero también medioambiental”.

Macías cree que a finales de este año “tendremos una fotografía más nítida de la situación del sector”. Para alcanzar los 19 GW de autoconsumo marcados como objetivo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 “necesitamos instalar 1,7 GW anuales, cifras que son realistas aunque ambiciosas”.

Ya sin fondos europeos disponibles, UNEF ha reclamado “eliminar barreras administrativas que todavía quedan para el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas” y desgravaciones fiscales: exención en el IVA para el autoconsumo residencial, como en Alemania o Países Bajos, y en Sociedades para empresas.

Macías también reclama a los poderes públicos un “esfuerzo” por contar con cifras fiables de instalación de estas plantas, ya que las únicas estimaciones que se manejan son de las propias asociaciones sectoriales.

Para el presidente de APPA Autoconsumo, “es muy importante que las Administraciones hagan un esfuerzo coordinado con todos los actores para contar con estadísticas oficiales del autoconsumo. No puede ser que una tecnología y forma de generación que supera en potencia a la nuclear y que va a generar ya el equivalente al 3,5% de la demanda, no cuente con estadísticas oficiales”.

Y en un país donde cerca del 65% de la población vive en pisos, una de las grandes palancas de crecimiento futuro en el segmento doméstico pasa por el autoconsumo colectivo, que no termina de despegar: el marco normativo no termina de aclararse y a ello se suma la complejidad de poner de acuerdo a una comunidad de vecinos para ponerse placas.

En la modalidad colectiva “está todo por hacer”, resume Francisco Valverde, que cree que “en algún momento explotará”. El pasado jueves, la Alianza por el Autoconsumo y la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP) reclamaron un cambio en el sistema de retribución para las empresas distribuidoras para incentivar esta alternativa, de cara a la consulta pública que acaba de abrir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para revisar la metodología de retribución de la distribución para el periodo 2026-2031. 

Estas entidades consideran que “en el modelo actual las empresas distribuidoras no tienen incentivos para cumplir los plazos de activación de autoconsumo colectivo establecidos en la norma, lo que provoca un retraso inasumible para la transición energética”.

El consejo de gobierno ha modificado el decreto que regula las ayudas al autoconsumo y almacenamiento energético en Extremadura para resolver el “atasco” que sufre su gestión y dar un “impulso enorme” a las resoluciones a lo largo de este año, dado que hasta el momento solo se han tramitado más 3.500 de las 11.400 solicitudes que el Ejecutivo regional se encontró cuando tomó posesión.

Según detallado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, se han modificado las bases reguladoras y se amplía la vigencia del programa hasta el 31 de julio de 2024, aunque se mantiene diciembre de 2023 como fecha de presentación de las solicitudes. La ampliación al 31 de julio solo tiene carácter técnico para adaptación al decreto nacional para poder seguir resolviendo las solicitudes.

Como novedad, la consejera también ha anunciado que para dar m´ñas agilidad y evitar más retrasos se modifica el criterio de atención de solicitudes, que serán atendidas por orden de registro, un lugar que no se perderá si desde la administración se pide al solicitante documentación o la subsanación de alguna incidencia, algo que no ocurre actualmente “donde la solicitud pasa al final” del registro.

Mercedes Morán ha precisado que actualmente se dispone para estas ayudas de 40 millones de euros, aunque por el momento y a la espera de que se vayan agilizando las solicitudes actuales, que datan de 2022, no se abrirá convocatoria alguna.

La consejera, que ha confirmado por el momento en Extremadura no se han abonado estas ayudas, ha recordado que Extremadura fue la única comunidad autónoma que tenía bases reguladoras y convocatorias mediante decreto y con condiciones tan estrictas, lo que ha hecho que su resolución no haya sido tan ágil como en otras regiones, una circunstancia que se quiere solventar con esta modificación.

Además, ha avanzado que si hay próximas convocatorias se harán mediante otro tipo de normas, que hagan más fácil que estas ayudas lleguen cuanto antes a los ciudadanos.

La consejera ha reconocido que “evidentemente” en dos meses -hasta julio- no se podrá agilizar las resoluciones, aunque con esta modificación se espera darle “un impulso enorme”, a lo que sumará nuevas herramientas telemáticas y la contratación, sí fuese necesario, de más personal.

La instalación de plantas de autoconsumo ha registrado una nueva caída del 26,3% en el primer trimestre de este año, hasta unos 420 MW, de acuerdo con datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentados este martes en Madrid. 

El nuevo observatorio trimestral que acaba de crear UNEF calcula que en el segmento doméstico, el que más sufrió en 2023, se han instalado unos 93 MW entre enero y marzo de 2024, con una caída del 15%. En comercial se han instalado 72,75 MW, un 22% menos.

Y en industrial (instalaciones con una potencia de más de 50 KW), “la ola de caída ha llegado este año”, con un descenso del 30%, hasta 255 MW, según los datos avanzados por el director general de UNEF, José Donoso, que ha atribuido el descenso a que el periodo de maduración de los proyectos en este segmento son más largos.

“Veremos en el siguiente trimestre”, pero en residencial y comercial “se está tocando suelo”, ha señalado el director general de la patronal, que ha reclamado “tomar medidas” si se quieren alcanzar los 19 gigavatios (GW) que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, frente a los 7 GW actuales.

Donoso ha pedido “eliminar barreras administrativas que todavía quedan para el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas” y “olvidar” la “política de subvenciones” para pasar a una política de desgravaciones fiscales: eliminar el IVA para residencial, como Alemania, y aprobar exenciones en Sociedades para empresas.

Donoso ha defendido que estos datos no significan “que haya una crisis en el sector”. Ha recordado que el “pico” de 2022, cuando se instaló un récord de 2.507 MW, el doble que un año antes, se produjo por causas “coyunturales”: el incentivo de los fondos europeos y los precios récord de la luz por la Guerra en Ucrania. 

Después ha llegado un “problema” de “gestión” con las subvenciones que “ha generado bola en las comunidades autónomas” y la percepción de que las ayudas no llegan porque “van con mucho retraso”. Algunas regiones “no están digitalizadas” y no tienen personal suficiente, ha apuntado. Y la situación ha golpeado más a quienes tenían “todos los huevos en la misma cesta”, la del doméstico, en alusión a empresas como Holaluz o EiDF. “Lo que hay que ver es el crecimiento estructural”.

El año pasado, se pasó de esos 2.507 MW a 1.706 MW en 2023, con un pinchazo del 54% en el sector residencial, el que más cayó, seguido del comercial (-42%) y el industrial (-13%). Donoso ha subrayado que cuando se dice “que la demanda eléctrica no crece”, se obvia la aportación de 7 GW de potencia instalada que ya tiene el autoconsumo.

Este martes se ha presentado el Informe Solar: Radiografía del Autoconsumo en España 2024, elaborado por The Cocktail Analysis para SotySolar, con el apoyo de UNEF y Aiko Energy. La encuesta señala que el 5% de los consumidores tiene ya instaladas placas solares. Hay un 17% de propietarios de pisos o casas con un interés “muy elevado” en ponerse autoconsumo.

Un 14,9% de los propietarios de casas o chalets tienen ya una instalación, frente a apenas un 2% en los pisos. En el caso de los chalets, el 19,4% está interesado en ponerse placas, mientras que en los pisos ese porcentaje es del 16,2%.

El ahorro económico y la reducción del consumo son las razones que más impulsan a instalar autoconsumo, con un 60% y un 40%, respectivamente. Y vivir en un bloque es la principal barrera para hacerlo, según los propietarios de pisos. Y casi 4 de cada 10 recomendarían instalarse paneles con puntuaciones de entre 9 y 10.

Ante la existencia de precios negativos del mercado mayorista de la luz español por primera vez en la historia, Donoso ha reconocido que el sector del autoconsumo afronta tensiones “en el corto plazo”, pero ha defendido que ya hay empresas que se están deslocalizando a España atraídas por sus extraordinarias condiciones para la fotovoltaica, poniendo el reciente ejemplo de Amazon en Aragón. “Hay que matizar este tema de los precios y verlos en el medio y el largo plazo”.

“Hace unos años en nuestros mejores sueños hablábamos de un mercado en el que se instalaban 300-400 MW al año”, ha recordado Donoso, que ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que lance ya las subastas para las instalaciones fotovoltaicas de suelo.

Montse Lavilla, directora de Relaciones Institucionales de Soty Solar, ha reconocido que en el autoconsumo “hay empresas que están sufriendo” pero ha defendido que en su caso “seguimos creciendo” con aumentos del 20% en residencial. “Es verdad que en baterías hemos vendido un 50% menos que el año pasado” y “el fin de las subvenciones está afectando”. Tras una “expansión desmesurada”, el mercado tenía que consolidarse.

Extremadura pone en marcha proyecto de modificación del Decreto para incentivar el autoconsumo y renovables, con una inversión de 40 millones de euros.

La medida también afecta a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, según la resolución de la Secretaría General publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Se acuerda la apertura de la fase de consulta pública previa, sugerencias y del periodo de audiencia e información pública, cuyo plazo es de siete días hábiles desde la publicación de esta resolución.

La modificación del decreto responde a los cambios realizados en la normativa estatal, exigiendo el principio de seguridad jurídica que se transpongan en las bases autonómicas. Debido a la alta demanda y los créditos iniciales asignados a Extremadura, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible solicitó al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una ampliación de la financiación, concedida el pasado mes de diciembre.

Gracias a ello, se dispondrá de 40.395.116,34 euros para estos incentivos, lo que permitirá atender a un mayor número de solicitudes presentadas.

La previsión es de una potencia de generación renovable total (autoconsumo eléctrico y energía térmica) de 56,819 MW y una capacidad de almacenamiento de 12,649 MWh. Este programa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.