40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha avanzado este martes que planteará a sus socios de Gobierno, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), una “posible” deflactación del IRPF ante la inflación provocada por la guerra de Irán. El Ejecutivo foral aprobará este miércoles un primer paquete de medidas dirigido a particulares y empresas para paliar los efectos de la escalada de precios.

“Vamos a seguir monitorizando, porque no solo van a ser las medidas que se aprueben este miércoles. También queremos llevar otro tipo de medidas que vamos a negociar también con los socios de Gobierno”, ha subrayado la presidenta de Navarra, quien ha añadido que entre esas medidas estará la posible deflactación fiscal.

“Esto será un elemento de negociación, viendo la evolución y viendo también cómo nos afecta el incremento de los precios de cara a la mesa de fiscalidad”, ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto al destino del superávit de 2024, ha indicado que “se han puesto en común las peticiones de los distintos consejeros y consejeras, se han puesto en común también las peticiones de los propios socios de Gobierno y hay bastante coincidencia en las peticiones”.

“Veremos qué es lo que cabe en este plan de inversiones, teniendo en cuenta también que habrá un nuevo plan de inversiones con el superávit que tengamos del 2025, que todavía no tenemos las cifras definitivas”, ha indicado.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que previsiblemente no habrá noticias al respecto hasta el miércoles 15 de abril, ya que el miércoles de la semana que viene no habrá sesión de Gobierno ordinaria debido a la Semana Santa.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de Geroa Bai, ha desvelado este miércoles en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Parlamento foral que en 2018, cuando era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa, mantuvo una reunión con el empresario Antxon Alonso de la que no había informado hasta ahora por el interés que tenía el dueño de Servinabar 2000, la mercantil que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción, en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga.

“Hubo una solicitud por su parte en este sentido para llevar adelante esta cuestión, y desde Nasuvinsa se le establecieron las condiciones que podrían contemplar una opción de esas características, pero que finalmente no se materializaron. Si no recuerdo mal, se le envió una propuesta de precios de alquiler, etc., que no contestó y que, por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que ya como consejero mantuvo otras dos reuniones con Alonso en relación con el proyecto de Mina Muga en las que analizaron “la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”.

Según José María Aierdi, en esas reuniones Alonso acudía como representante de Servinabar, “pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”. Así, ha añadido, el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigió al Departamento de Vivienda que él lideró en la legislatura 2019-2023 para “planificar el suelo necesario para atender esa demanda de vivienda y las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”.

En ese contexto, ha dicho que mantuvo “unas 50 reuniones” con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso para saber si el proyecto, por parte de los socios, “tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.

Según ha añadido el consejero navarro, Antxon Alonso le trasladó que no había “ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto” y que simplemente estaban tratando de obtener las autorizaciones oportunas “para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”.

Sobre si el proyecto Mina Muga era entonces artificial, el consejero ha comentado que vieron que “quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. “Por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”, ha señalado.

Ha asegurado el consejero que no tuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha dicho.

El blindaje de los 128 profesores de religión elegidos por el obispo y no mediante una oposición en la red pública ha vuelto a dividir a los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra. Geroa Bai (Socialverdes y PNV) ha unido sus votos a los de UPN para rechazar una proposición presentada por PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) para derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos docentes pese a que su carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE.

En el debate de la ley, Geroa Bai ha introducido dos enmiendas que han recabado los votos favorables de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo/Zurekin ha votado en contra. La introducción de estas enmiendas, que recogían un régimen transitorio ante la derogación de la ley, ha motivado que los propios proponentes de la norma hayan decidido votar en contra. De esta forma, solo Geroa Bai ha apoyado la ley, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra.

Geroa Bai ha introducido, a través de una enmienda, un régimen transitorio que fijaba que el personal docente de religión que, a la fecha de entrada en vigor de la ley foral, mantenga una relación laboral de carácter indefinido con la Administración conservaría dicha condición y no podría ver extinguida su relación laboral como consecuencia directa de la derogación de la ley. Además, establecía que “las eventuales modificaciones de jornada que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes deberán ajustarse a lo previsto en la legislación laboral vigente, garantizando en todo caso los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación”.

Igualmente, a iniciativa de Geroa Bai, se había incluido que “la Administración educativa, por razón de planificación educativa, podrá reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre que dicha reorganización no suponga un menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados”. También establecía que el personal docente de religión con contrato laboral indefinido que en el año de entrada en vigor de la ley foral cumpla 55 años de edad mantendría íntegramente sus condiciones de contrato, jornada y estabilidad laboral hasta la extinción de su relación de servicio por jubilación o renuncia.

Una segunda enmienda de Geroa Bai, también introducida en el texto, recogía que el Departamento de Educación debería adoptar “las medidas necesarias para garantizar que las nuevas necesidades de contratación de personal docente de religión que pudieran derivarse para cubrir la planificación educativa a partir del curso 2026-2027 en el sistema educativo público se lleven a cabo bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

Según datos del Departamento de Educación en la red pública de Navarra hay 128 profesores de religión que imparten 1.557 horas semanales de esa asignatura. Sin embargo, Educación paga 2.577 horas semanales, el equivalente a 44 jornadas completas, lo que supone un sobrecoste que supera los dos millones de euros anuales, según esos mismos datos.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

EH Bildu y Geroa Bai no han logrado apoyos este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra para enviar una proposición de ley al Congreso de los Diputados con el fin de impulsar un salario mínimo interpofesional (SMI) propio para Navarra. La iniciativa de estas dos formaciones se hace eco de la reivindicación que están impulsando los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para un SMI propio en Navarra y Euskadi, motivo por el cual han convocado una huelga general el próximo 17 de marzo.

En el debate de la iniciativa de EH Bildu y Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, UPN se ha abstenido, mientras que PSN, Cotigo/Zurekin, PP y Vox han votado en contra.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado en la defensa de la iniciativa que la economía de Navarra “está más industrializada que la de otros territorios, la productividad por trabajador es de las más altas del Estado español y también es más alto el porcentaje de riqueza generada por cada persona”. “En Navarra, los precios de muchos de los productos y servicios son más altos que en el Estado español”, ha indicado, y ha señalado que la subida del salario mínimo en Navarra “ayudaría a una distribución de la riqueza más justa, ayudaría a reducir la pobreza, a reducir el número de personas en riesgo de exclusión social, a estrechar la brecha salarial de género, así como a estrechar otras brechas salariales como la de origen, de edad o de diversidad”.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que esta proposición de ley “parte de la premisa de que Navarra tiene una realidad económica y social propia, que tenemos un coste de vida más alto, que tenemos una mayor productividad, y por lo tanto, también entendemos que deberíamos poder contar con instrumentos que permitan adaptar determinadas políticas a esa realidad”.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que el SMI “forma parte de un núcleo de legislación laboral española y no estamos ante un simple debate político, sino que es una cuestión que afecta al reparto competencial de nuestro país y al conjunto de las Comunidades Autónomas, y cambiar el SMI exige un debate más profundo, jurídico también, mayor de lo que se plantea en esta Cámara”. “Estamos dispuestos a hablar de ello, no tenemos ningún inconveniente. Tiene su lógica que el SMI se pueda acercar a la realidad de cada territorio. UPN no va a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero no creemos que un debate como el del SMI pueda solventarse de forma aislada”, ha asegurado.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha considerado que “la proposición de ley que nos traen aquí no va de autogobierno, de desarrollar una competencia propia que ha quedado claro que no tenemos, la proposición de ley que hoy nos visten de justicia social va de reivindicación soberanista, de construcción nacional”, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PNV en Euskadi no ha compartido la reivindicación de EH Bildu. “Frente a esta propuesta queremos diálogo social, negociación colectiva y acuerdo interprofesional”, ha señalado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que, “en apariencia”, la proposición de ley “pretende acercar los salarios a la realidad de cada territorio, pero en la práctica abre la puerta a romper la igualdad laboral entre españoles, genera riesgos económicos y desdibuja el papel constitucional de la negociación colectiva”.

El portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que su grupo no quiere que “ni un solo trabajador navarro tenga condiciones socioeconómicas peores que los trabajadores del resto del país, pero tampoco queremos que ni un solo trabajador español tenga peores condiciones socioeconómicas que las que tienen los trabajadores o las trabajadoras de Navarra”. “Hoy abordamos una propuesta política nacionalista que no podemos compartir”, ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha expuesto que esta iniciativa legislativa no representa “una mejora laboral, es un nuevo paso en esa agenda separatista de EH Bildu para romper España por dentro, fragmentando derechos que deben ser iguales para todos los españoles”. “Un navarro ganará más que un extremeño o un andaluz por el mismo trabajo. Eso no es justicia social. Es discriminación territorial”, ha asegurado.

EH Bildu y PSN han “constatado” este jueves su buena sintonía y han reiterado su “satisfacción” por el acuerdo que firmaron en diciembre de 2023 para desalojar a Cristina Ibarrola de la Alcaldía de Pamplona a través de una moción de censura con la que fue investido nuevo alcalde Joseba Asiron.

Representantes de los grupos municipales de la coalición abertzale y del PSN han mantenido una reunión de seguimiento del acuerdo que firmaron para la moción de censura. Los socialistas no entraron en el nuevo gobierno municipal, formado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, pero se mantienen como socio externo y han apoyado los acuerdos de presupuestos.

Asiron ha destacado que cuando se cumplen dos años y medio de legislatura, algo menos desde su llegada de nuevo a la Alcaldía, se han cumplido ya “cerca del 90%” de los acuerdos alcanzados entre las cuatro formaciones. “Hemos puesto en marcha un sistema de trabajo que permite que la ciudad trabaje a base de trabajo entre diferentes y mucho diálogo”, ha subrayado.

Así, ha mencionado proyectos que se “han desbloqueado” esta legislatura como los corredores sostenibles de Beloso y Pío XII y ha resaltado que otros se encuentran “ya avanzados” como son el plan de vivienda asequible o el concurso de ideas para el barrio de San Jorge. También se ha referido a la resignificación del monumento a los Caídos, el mayor monumento de exaltación franquista situado en un entorno urbano del país, y las obras del Paseo Sarasate.

“Tanto en la política como en la vida, los proyectos buenos no son aquellos que no se desarrollan sin problemas, los verdaderos proyectos de vida y en la política también son aquellos en los que, cuando salen los problemas, sabemos solucionarlos. Y para eso hace falta voluntad, y estoy persuadido de que las cuatro fuerzas, que ahora mismo estamos trabajando en la base de consensos, tenemos esa voluntad”, ha añadido.

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, también ha valorado de forma positiva el acuerdo con EH Bildu, formación a la que ha reclamado sacar adelante el Plan de Convivencia. “Las ciudades avanzan cuando hay acuerdos, negociación y diálogo”, ha enfatizado.

EH Bildu y PSN han sacado adelante, con la abstención de Geroa Bai, una declaración en la que se reprueba al concejal de UPN Juan José Echeverría, que el pasado jueves acusó al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) de querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. En Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

La declaración presentada por el PSN, que ha contado con el rechazo de UPN y PP, justifica la reprobación del edil regionalista “por ridiculizar las políticas de memoria democrática en favor de las víctimas del franquismo”. En el texto también se “reafirma el compromiso con dichas políticas, el respeto a las víctimas y la defensa de una convivencia basada en los valores democráticos”.

El concejal de UPN Juan José Echeverría se ha disculpado en su turno de palabra “con las personas que se hayan podido sentir ofendidas”. “Mi intención era utilizar una figura retórica”, ha apuntado, para afirmar que no estuvo “afortunado”.

Con todo, ha insistido en que le parece “demasiado” que se destine un segundo edificio e la ciudad para la Memoria histórica y ha vuelto a atacar al PSN por sus pactos con EH Bildu y les ha acusado de ser “más tolerantes” con “otros actos ofensivos” como “la quema de banderas españolas” o “la performance de Rita Maestre en la capilla de la Universidad”.

“¿Ustedes pueden permitirse todo tipo de ofensas de la calaña más cruel y vienen aquí a pedir cuentas por una figura retórica?”, ha señalado para añadir: “A este paso acabaremos todo el grupo [UPN] reprobado”.

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juan José Echeverría ha criticado al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. “Van a hacer aquí un Sendaviva de la Memoria para que al final todos estemos paseando por una Pamplona con todo memoria por las esquinas”, ha espetado para defender una propuesta de declaración en la que el partido regionalista cuestionaba la necesidad de destinar a la Memoria Histórica dos edificios del centro de la ciudad, el Palacio Marqués de Rozalejo y el monumento a los Caídos.

“Todo va a ser de la memoria. ¿Es que va a quedar algún espacio sin ser de la memoria? Siempre que les aceptamos algo, ustedes suben la apuesta”, ha señalado el concejal regionalista Juan José Echeverría, orillando que en Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

Pero el concejal de UPN no se ha quedado ahí. Tras comparar la Memoria Histórica con un “parque temático”, Juan José Echeverría ha reprochado al PSN que “dejase” redactar la Ley de Memoria “a Otegi”. “Esa ley es la ley de Otegi”, ha afirmado. También ha criticado a Geroa Bai por gobernar Pamplona “con un partido dirigido por un terrorista condenado por secuestrar a un señor y tenerlo diez días metido en una cueva”.

También el concejal del PP Carlos García Adenero ha cuestionado que se dediquen dos espacios a la Memoria en la ciudad de Pamplona. “Tal y como están los tiempos me parece excesivo”, ha apuntado.

El resto de grupos ha criticado las palabras del concejal de UPN. Desde EH Bildu, el concejal Joxe Abaurrea le ha emplazado a que diga qué quiere hacer UPN con los Caídos. “Tendremos que pensar que UPN quiere que siga siendo lo que ha sido históricamente, un mausoleo para honrar al franquismo y a los criminales que estaban ahí enterrados”, en referencia a los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos estuvieron en el monumento hasta que fueron exhumados en 2016.

“Han dejado muy claro que prefieren pasado a cualquier futuro de esta ciudad”, ha lamentado la portavoz socialista, Marina Curiel. Desde Geroa Bai, Mikel Armendáriz le ha afeado que “hable de ETA” y meta a todos los partidos “en el mismo saco”. “Siempre hemos estado con las víctimas”. “En memoria histórica, el retroceso reaccionario d UPN es más que evidente”, ha criticado Txema Mauleón, de Contigo/Zurekin.

A finales de 2024 EH Bildu, Geroa Bai y PSN firmaron un acuerdo en Pamplona para resignificar y derribar parte de los Caídos, el segundo mayor monumento de exaltación franquista de España tras Cuelgamuros y el primero enclavado en un entorno urbano. El edificio será reconvertido en un museo memorial “para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo” que llevará el nombre de Maravillas Lamberto,  la adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por los falangistas en agosto de 1936.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.

Vox ha intentado sin éxito que el Parlamento de Navarra homenajee a uno de los fundadores de Falange. Se trata del navarro Julio Ruiz de Alda, aviador y que fue uno de los tripulantes del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, realizó un viaje entre Palos de la Frontera (Huelva) y Buenos Aires (Argentina). Con motivo del centenario de la gesta, el partido de extrema derecha ha presentado una declaración institucional en la junta de portavoces de la Cámara foral en la que reclamaba que se le conmemorase, omitiendo que Ruiz de Alda fue fundador de la Falange en 1933.

Al contrario de lo sucedido en el Parlamento de Navarra, hace unos meses la Diputación Foral de Álava, con motivo de la presentación de una exposición fotográfica, sí que destacó los hitos del aviador navarro por haber realizado las primeras fotografías aéreas del territorio alavés, orillando también su papel como fundador de Falange. “Jamás y de ninguna manera hubiera estado en ninguna exposición de la Diputación Foral de Álava en calidad de miembro o de fundador de la Falange. No se incorpora ninguna referencia a su pensamiento político, a su ideología, al régimen franquista o al golpe de Estado”, argumentó entonces el Diputado General, Ramiro González, que aseguró que “no cayó” en cuál era la trayectoria política del piloto.

En la declaración presentada en el Legislativo navarro Vox destacaba que los navarros Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada fueron partícipes de una “proeza” al realizar la primera travesía transatlántica en avión que cruzó el Atlántico Sur con un único aparato, “enfrentando numerosos desafíos como condiciones meteorológicas adversas, vientos fuertes que desviaron la ruta, limitaciones de combustible que obligaron a cálculos precisos y aterrizajes en aguas abiertas, así como el riesgo constante de fallos mecánicos en un océano vasto e inhóspito”.

De Ruiz de Alda, el partido de extrema derecha destaca que se unió al ejército a los 15 años y desarrolló “un temprano interés por la aviación”. “Como marino y aviador, alcanzó el rango de teniente de navío y se distinguió por su habilidad en vuelos pioneros, actuando como copiloto en el hidroavión Plus Ultra y contribuyendo decisivamente a la navegación y el manejo de la aeronave durante las etapas más críticas”.

Vox pedía que se le conmemorase por “la necesidad de reconocer y preservar la memoria de eventos que marcaron avances en la exploración y la tecnología, honrando a aquellos que, con valentía y pericia, contribuyeron a ellos”. “Es fundamental rendir homenaje a personajes ilustres de nuestra historia y nuestra tierra que hayan llevado a cabo acciones heroicas y gestas históricas, para fomentar así el conocimiento de nuestro pasado compartido y valorar el coraje y la innovación que impulsan el progreso de la humanidad”, reclamaba el partido de extrema derecha, sin mencionar la trayectoria política de Ruiz de Alda.

Finalmente la declaración que pedía que se le conmemorase no ha salido adelante pese a los apoyos de UPN y PP. El PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin han votado en contra y la propuesta ha sido tumbada en la junta de portavoces.

La mayoría de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha rechazado la petición de UPN para que comparezcan todos los empleados que tuvo Servinabar 2000, la empresa propiedad e Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El partido regionalista había solicitado también que acudiesen al Parlamento de Navarra “todos los socios de Servinabar 2000” para citar a quien según la UCO es el tercer accionista de la mercantil, el periodista navarro Joseba Santamaría, así como todas las personas y empresas que hayan facturado de Servinabar 2000. Únicamente ha sido aceptada la comparecencia del exdirigente de UPN y socio de Cerdán Óscar Arizcuren, que será citado en próximas fechas.

Óscar Arizcuren, amigo personal del ex secretario de Organización del PSOE, fue secretario general de UPN y alcalde de Noáin, y entre los años 2022 y 2024 facturó 69.000 euros a Servinabar 2000 a través de OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

UPN ha defendido la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, destacó su portavoz, Javier Esparza.

La religión en las aulas vuelve a agitar la política navarra. El blindaje en la red pública de los profesores que son elegidos por el obispo para impartir esa asignatura, cuya carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE, ha generado una nueva brecha entre los socios del Gobierno de la socialista María Chivite.

Mientras PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) piden derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos profesores pese a que no tienen carga lectiva y no pueden impartir otras materias por ser personal específico y no haber opositado, Geroa Bai por el momento se desmarca acusando al Departamento de Educación -cartera que está en manos de los socialistas- de no facilitarles información sobre los docentes que se verían afectados por la derogación de la norma como su edad, los criterios que se seguirán para los despidos y el coste que supondrán las indemnizaciones a los profesores damnificados.

Según los datos del Departamento de Educación, en la red pública navarra hay 111 profesores de religión, pero con la reducción de la carga lectiva tan solo 68 imparten la materia. Ello supone, según los mismos datos, un gasto anual de unos dos millones de euros para las arcas públicas.

Fuentes de la coalición de Socialverdes y PNV señalan a este periódico que todavía no han decidido si apoyar o no la propuesta de sus socios para derogar la norma que blinda a estos docentes, pero muestran su enfado por lo que consideran un “incumplimiento” del acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite presidenta. En ese documento se recoge un acuerdo para “revisar y, en su caso, derogar” la ley y, desde Geroa Bai, afean a PSN y Contigo/Zurekin que hayan presentado directamente una proposición para derogar la ley sin antes “revisarla”.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

El exconsejero de Cohesión Territorial y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha defendido este martes en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la presencia de Santos Cerdán en “algunas” reuniones del Gobierno de Navarra con el Ministerio de Fomento pese a que no era un cargo de ninguno de los dos Ejecutivos.

“Ocupaba un puesto de referencia en el PSOE como diputado y como secretario de Organización”, ha señalado Ciriza para justificar la presencia de Cerdán en las reuniones en las que se habló de la “urgencia” de duplicar los túneles de Belate en la carretera N-121-A. Esas obras fueron adjudicadas posteriormente a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

Sobre las reuniones, el que fuera consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023, ha asegurado que Cerdán tenía una actuación “normal” y “discreta” y ha afirmado que “nunca” hablaron de empresas. También ha señalado que era una práctica “habitual” y que otroes diputados también han acudido a reuniones con el Ministerio, sin saber concretar quiénes. “Fuimos a hablar de financiación, a pedir ayuda al Ministerio porque nosotros solos no podíamos acometer la obra”, ha solemnizado Ciriza, que ha apuntado que en ningún caso sospechó de la participación de Cerdán en la mercantil investigada por el Tribunal Supremo.

Preguntado por el portavoz de UPN, Javier Esparza, por su relación con Santos Cerdán, ha explicado que lo conoció en el año 2011 y que tenía una relación “cordial” con él, pero ha negado que fuese él quien le introdujera en el Gobierno foral. “Fui en las listas al Parlamento de Navarra a petición de María Chivite y es ella la que me nombra consejero”, ha apuntado para añadir que Cerdán “nunca” le habló de liderar la consejería.

También ha negado que hablara con el ex secretario de Organización del PSOE sobre los asuntos a tratar en las reuniones con Fomento. “No preparábamos nada con él antes de las reuniones, yo preparaba las reuniones con mi equipo y a Cerdán le contaba lo mismo que a otros partidos sobre las necesidades que teníamos en infraestructuras como el TAV, la N-121-A o la AP-15”, ha añadido.

Sobre la mesa de contratación de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, ha afirmado que él no la quiso “controlar” con nombramientos como el del exdirector general de Obras Públicas Pedro López Vera. Según ha precisado esa propuesta, que constaba en un correo electrónico enviado por el propio director general, era “de trabajo”, y buscaba que la mesa fuera “lo más plural y transparente”. “Estábamos buscando lo mismo que ahora, mejorar los procesos de adjudicación”, ha expuesto. “Cuando se hizo esa propuesta, ha apuntado, ”no había ni proyecto de los túneles“, ha apostillado. ”En el momento que nos dijeron que no se podía, pues se quitó“.

Ciriza también ha justificado la “necesidad” de prorrogar el contrato del director de Nuevas Infraestructuras del Gobierno foral y que ejerció como presidente de la mesa, Jesús Polo, a pesar de que estaba en edad de jubilación por las “dificultades” para cubrir las plazas de dirección.

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición en Navarra liderado por María Chivite, PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Btazarre), y EH Bildu han vetado este martes la comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre el 'caso Koldo' de la pareja del ex número dos de los socialistas navarros Ramón Alzórriz por haber trabajado entre los años 2021 y 2024 en la empresa Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La comparecencia de la pareja de Ramón Alzórriz había sido solicitada por Vox, partido que también ha pedido que acuda a la comisión de inverstigación la mujer del vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, y que trabaja en Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda del Ejecutivo navarro, que adjudicó dos contratos para la construcción de viviendas protegidas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. Las dos comparecencias han sido rechazadas con los votos en contra de los socios del Gobierno de Chivite. Sí que se ha aprobado la comparecencia de Eduardo Montes, responsable de la zona norte de Acciona cuando se formalizó la UTE con Servinabar 2000 y Osés para las obras de Belate.

La pareja de Alzórriz ejerció labores de prevención de riesgos laborales, pese a no tener experiencia previa, en la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según explicó el propio Alzórriz fue él quien le pidió a Antxon Alonso un empleo para su pareja porque tenía un “empleo precario”. El exvicesecretario general del PSN le había ocultado a Chivite esta información y, cuando en junio de 2025 se conoció que Santos Cerdán era propietario del 45% de las participaciones de Servinabar, la secretaria general de los socialistas navarros y presidenta del Gobierno foral le despojó de todos sus cargos en el partido, si bien continúa siendo parlamentario del grupo socialista.

La empresa pública Nasuvinsa, dependiente del Departamento de Vivienda adjudicó dos contratos a Acciona y Servinabar 2000 para la construcción de viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Son del año 2018 y del 2023, años en los que al frente de la consejería estaba Geroa Bai y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó “irregularidades” al apreciar “acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios”.

A finales de junio de 2025, pocos días después de que se conociera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba al ex secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, al frente de una presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, el Parlamento de Navarra aprobó la creación de una comisión de investigación para analizar las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a las empresas señaladas en dicho informe, Acciona y Servinabar 2000. Esta última, la mercantil propiedad de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La presidencia de esa comisión recayó en EH Bildu, que sitúo al frente, con el apoyo del PSN, a la parlamentaria Irati Jiménez (Atarrabia, 1992). Recibe a elDiario.es en el Parlamento navarro donde, unos minutos antes, ha comparecido Antxon Alonso, que una vez más se ha negado a dar explicaciones y apenas ha respondido a tres de toda una batería de preguntas que le han formulado los miembros de la comisión.

Abogada de profesión, Jiménez comparece en la entrevista con una carpeta con apuntes y documentos de la comisión, así como con un ejemplar del Reglamento de la Cámara y de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, del que de entre sus páginas sobresalen unos cuantos pósits. Lamenta que haya personas y organismos que estén poniendo “trabas” y que no se tomen “en serio” a la comisión navarra. Asegura que este foro tiene “una seriedad” que no ha visto en la comisión que se celebra en el Senado, que la enmarca en una “estrategia” del PP para recuperar el Gobierno. Sobre EH Bildu, afirma que está siendo igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros en Euskadi y que presidir la comisión responde a sus “principios contra la corrupción”.

Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer. ¿No respondiendo a las preguntas cumplen con esa obligación?

Obviamente desde el punto de vista jurídico no es lo mismo comparecer y responder, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que la labor del Parlamento es recoger y dar voz a la ciudadanía, es una pena que no se estén dando respuestas en esa obligación de comparecer que tienen las personas citadas. No olvidemos que esto es una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, no jurídicas. Cuando no responden, no es que no nos estén dando respuesta a los y las parlamentarias, sino que no están dando respuesta a las dudas y preocupaciones que tiene la sociedad navarra.

En este sentido, ¿cree que la comisión de investigación está indefensa?

No es que esté indefensa, la comisión tiene sus herramientas. La cuestión es si los diferentes organismos a los que nos hemos dirigido se toman en serio esta comisión. Me refiero a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y a otros organismos. Si de verdad le otorgan el valor a la comisión de investigación que la propia ciudadanía y reglamento le otorga.

¿Y se la han tomado en serio?

La respuesta creo que se ve en su manera de actuar o de facilitar la información que les hemos solicitado. También es cierto que ha habido otras instituciones que sí que han colaborado y es de agradecer.

¿Por qué la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no enviaron la documentación que se les requirió?

Argumentaron que la causa estaba siendo objeto de investigación. Pero volvemos a traer esto que está pasando en el Estado a Nafarroa y a la realidad nuestra de Nafarroa y, a través de ahí, sí que podían haber facilitado información.

¿Dan por perdida esa documentación?

Sí, somos conscientes de que no la vamos a tener. Y esto es, cuanto menos, paradójico, porque se filtra un informe de la UCO que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp, pero no se transmite de una manera oficial, que es como se deberían de hacer las cosas. Es más, es que ni siquiera sabemos si ese es el informe verdadero, o si está completo, o si faltan cosas. No lo sabemos. Aquí también es importante recordar que hay grupos en la comisión de investigación que sí que tienen acceso a esa documentación. Entonces, se produce en esta comisión de investigación una situación de que no todos los grupos parten de la misma información.

Entiendo que lo dice por el PP, que está personado en la causa. ¿Cree que no juegan con las mismas reglas?

Cada grupo político tendrá su valoración, yo describo que hay grupos que tienen más información que otros.

Han pedido al juez del Tribunal Supremo permiso para la comparecencia de Koldo García. Hace unas semanas el mismo juez rechazó la citación de José Luis Ábalos en la comisión del Senado. ¿Confía que esta vez otorgue el permiso?

Sí, porque lo justificaba por tema de plazos y aquí nosotras no tenemos los plazos tan cortos como se tenían en esa comisión.

Hace dos semanas tenían que haber comparecido los técnicos de las conferencias hidrográficas del Ebro y del Cantábrico. No lo hicieron argumentando que como funcionarios del Estado no tenían el deber de acudir a una comisión de un Parlamento autonómico. ¿Se les va a volver a citar?

Estamos a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara para saber si podremos volverles a citar. Yo comparto la opinión de los servicios jurídicos de esta Cámara, consideramos que estos funcionarios parten de una interpretación errónea de unos informes del Consejo de Estado que no tienen en consideración que aquí tenemos un artículo propio que sí les obliga a venir.

¿Teme que ese mismo argumento pueda ser utilizado por otros funcionarios a los que se va a citar como los guardias civiles que realizaron los informes, por ejemplo?

No, porque ya han venido a comparecer a esta comisión otros funcionarios del Estado.

La semana pasada tampoco vino el presidente de Acciona. ¿Confía en que acuda el 9 de febrero?

Sí. Esa es su obligación.

¿Y qué pasa si no lo hace?

Los grupos políticos, una vez más, tendrán que decidir cómo actuar. Habría que volver a requerirle o enviarlo a la Fiscalía, tendrán que decidirlo los grupos.

Existen precedentes de personas que se han negado a comparecer y finalmente sus casos han sido archivados por la Fiscalía.

Sucedió en la anterior comisión de investigación [sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena]. Habría que analizar el supuesto concreto, si los hechos han sido de la misma manera o si ha variado algo para que la Fiscalía pueda entrar si así lo considera.

Es paradójico que un informe que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp no se nos quiera transmitir de manera oficial

Acciona dice que se ha desatendido su derecho a designar su representante.

Lo que sucede es que no sé si se ha leído bien la citación, porque la citación es personal, es decir, se le ha citado a él. Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal.

¿Considera que hay quien quiere poner trabas a esta comisión?

Sí. Estamos teniendo trabas, por lo menos por parte de estas empresas. Y a mí lo que me preocupa es que las trabas las ponen a esta comisión, pero es que la comisión no es más que una herramienta para que la ciudadanía pueda obtener información y saber qué es lo que ha pasado, para que podamos establecer mecanismos de mejora y depurar responsabilidades políticas, si así procede, para tener una contratación pública transparente, garante y cumpliendo con todos los principios que son necesarios. Porque luego hablamos de desafección política, pero es que, en este caso, quienes están colaborando en esta desafección política son estas empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía.

¿La Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo también han puesto trabas?

Se podría decir que no nos han facilitado el acceso a la información.

Usted preside está comisión a propuesta de su grupo, EH Bildu, y con el apoyo del PSN. ¿Por qué EH Bildu tiene interés en presidir esta comisión? ¿No se fiaban de los socios del Gobierno?

Euskal Herria Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y cuál es su hacer, y creo que lo ha demostrado durante toda su historia política en los diferentes ayuntamientos e instituciones que ha gobernado. Y desde esa manera de hacer política que tenemos, es desde donde se propuso esto.

¿EH Bildu es igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros casos vascos como Alonsotegi o Getxo, por ejemplo?

Sí, totalmente.

¿A la hora de elegir a quién citar a esta comisión ha primado el interés por conocer la verdad o se han impuesto los intereses partidistas?

Diría que ha primado el interés por conocer la verdad. Las solicitudes de comparecencias que presentó cada grupo eran bastante dispares y se decidieron por mayorías [se votó de forma individual cada una de las solicitudes de comparecencia]. Esas mayorías fueron diferentes en muchos casos, no se repitieron constantemente.

UPN denuncia que no se ha querido citar a personas, por ejemplo a cargos del Gobierno de Navarra actuales y de la pasada legislatura, cuyo testimonio podría aportar información a la causa que se investiga.

Eso fue decisión de los grupos y de la mayoría de la comisión.

En paralelo a esta comisión se está celebrando otra en el Senado. ¿Qué diferencias encuentra entre una y otra?

La verdad es que no he seguido del todo la comisión del Senado, pero diría que la del Senado responde a una estrategia del Partido Popular por volver a tener el Gobierno y no entender la pluralidad que existe en el Estado. Y considero que en Navarra estamos actuando con la debida diligencia, con responsabilidad y, a pesar de que sí que hay algunos grupos que están fomentando esa imagen que se está viendo en Madrid, creo que la seriedad y el trabajo sí que son diferentes.

El presidente Pedro Sánchez calificó la comisión del Senado como un circo. ¿Ve ese ambiente en la de Navarra?

No diría que esta esté siendo un circo para nada. Creo que las intervenciones están siendo conforme a los intereses de cada portavoz, sin faltas de respeto y se están ateniendo al objeto de la comisión.

El origen de esta comisión está en ese informe de la UCO del mes de junio. En él se sitúa a Navarra como el origen de la presunta trama de corrupción. ¿Cómo lo ve?

El informe que se ha filtrado de la UCO sí que coloca a Navarra en esa situación, pero bueno, Antxon Alonso ha respondido que no le consta que exista. En parte, por todo eso se constituyó esta comisión de investigación y estamos investigando qué es lo que sucedió en Navarra. Y creo que lo estamos haciendo de una manera correcta. Se empezó escuchando a los miembros de la mesa de contratación de la obra de Belate para ver qué es lo que pasó y cómo se llevó a cabo esa mesa. Y es más, de un informe de la UCO nunca vamos a sacar cómo fue la mesa de contratación y, sin embargo, aquí sí que hemos visto cómo fue esa de mesa de contratación y de ahí también la información que se ha podido obtener de esa mesa.

¿Entiendo entonces que sí se le da veracidad a lo que recoge el informe de la UCO?

Yo vengo del mundo del Derecho y creo que es importante sacar conclusiones una vez finalizado el proceso, y no olvidemos que aquí estamos en el inicio de un proceso. No se puede juzgar algo sin todas las garantías procesales y penales que el ordenamiento jurídico otorga a los procedimientos penales. Sí que considero importante la labor de esta comisión de investigación desde el momento en el que se conocieron los hechos, pero lo desvinculo de lo que está sucediendo en Madrid. 

Se habla de desafección política y en este caso son las empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía las que la generan

La primera adjudicación conocida a la empresa que la UCO sitúa en el centro de la trama, Servinabar 2000, es la de la reforma del Navarra Arena en la legislatura en la que Uxue Barkos era presidenta. Sin embargo, se decidió añadir también a la investigación la presidencia de Yolanda Barcina (UPN). ¿Por qué?

Esto lo responderán mejor los grupos, que son quienes tienen que explicarlo, pero se entendió así porque se quiere analizar las obras que han hecho las empresas que aparece en el informe de la UCO y con eso se iba cuatro legislaturas atrás.

Se decidió que la comisión empezase por las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate. ¿Es donde más indicios existen de que pudo haber corrupción?

Eso se decidió por la mayoría de los grupos. Había grupos que preferían no hacer un orden cronológico y otros que abogaban por empezar por Belate. Fue una cuestión de mayorías.

En las sesiones en las que comparecieron los miembros de la mesa de contratación se vieron discrepancias importantes entre ellos en aspectos tan determinantes como el orden de las votaciones o si hubo o no presiones por parte del presidente a otros miembros. ¿A quién va a creer la comisión?

Eso habrá que verlo en las conclusiones que se realicen en su momento. Pero me parece importante destacar esto, porque no fue hasta que escuchamos a los miembros de la mesa de contratación cuando se dio a conocer cómo estaba funcionando. En cuestiones como estas es donde se ve que esta comisión sirve. Tenemos una serie de informaciones que nos vienen a través de los medios de comunicación que atienden a cuestiones que son importantes, pero también es importante saber qué pasó en la mesa de contratación. Y esa información la hemos obtenido escuchando a las personas que formaron parte de ella. De ahí destaco la importancia de esta comisión, del poder dar y ofrecer a la ciudadanía de Nafarroa esta comisión de investigación como una herramienta de escuchar y de conocer qué es lo que pasó en el caso de las obras de Belate.

¿Pero la comisión podrá llegar a saber el orden de las votaciones o si hubo presiones a la hora de puntuar?

Podrá establecer mecanismos para que en el futuro no existan esas dudas, ir hacia atrás ya no podemos.

¿Cree que esta comisión podrá determinar si hubo corrupción política en la adjudicación de obras públicas en Navarra?

El objeto de esta comisión es, en todo caso, depurar responsabilidades políticas. Hay otras cuestiones que corresponden a los órganos judiciales, en este caso al ámbito penal, con las garantías que correspondan en ese proceso.

¿Adónde podrá llegar esta comisión que no lo haga la justicia?

Es que son caminos distintos. La justicia penal depurará responsabilidades penales, si es que así las hay. Esta comisión tiene que depurar otras responsabilidades políticas. Son caminos distintos porque las funciones son distintas. Una y otra se pueden acompañar y pueden servirse la una a la otra, pero los caminos son distintos. Pueden existir puentes entre ellas, pero los caminos son distintos.

EH Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y lo ha demostrado durante toda su historia política

Además de Belate también se van a investigar el resto de contratos adjudicados a la UTE de Acciona con Osés y Servinabar 2000. Ahora un juzgado navarro va a investigar otras obras adjudicadas por una empresa de la que el Gobierno de Navarra es accionista, las obras para la reconstrucción de Sendaviva. ¿Se podrían añadir a esta comisión?

Si los grupos así lo consideran y así lo votan por mayoría, sí.

¿Las conclusiones de la comisión podrían quedar cojas si no se hace?

Hablar ahora que todavía nos quedan muchísimas comparecencias sobre las conclusiones me parece que es algo precipitado. Una vez lleguemos a las conclusiones podremos saber si hemos abordado lo que se corresponde o no.

¿Los partidos tienen las conclusiones escritas desde antes de que empezase la comisión, como en alguna sesión se ha dicho?

Eso tienen que responder los grupos parlamentarios, pero vuelvo a insistir que una comisión de investigación también es una herramienta de escucha para conocer lo que ha pasado. Y para saber lo que ha pasado necesitamos que nos lo cuenten, para así redactar unas conclusiones.

¿Todas las trabas que ha habido a la hora de recibir documentación o de citar a algunas personas condicionarán las conclusiones?

Confío en que con las personas que faltan por comparecer obtengamos una base sólida para obtener unas conclusiones sólidas.

¿Qué plazos manejan para la finalización de la comisión?

Con las personas que están llamadas a día de hoy, las comparecencias finalizarán sobre el mes de mayo, posteriormente se redactarán las conclusiones.

Dos miembros de la Gazte Koordinadora Sozialista o GKS (en castellano Coordinadora Juvenil Socialista), ataviados con máscaras y material de escalada, se han descolgado este viernes de la fachada principal del monumento franquista Los Caídos de Pamplona para exigir su derribo. También han colgado del edificio diferentes pancartas para pedir “hacer frente al fascismo” y llamar a la movilización que la organización ha convocado el sábado 31 de enero en Pamplona y que, precisamente, partirá desde este monumento.

La zona ha sido acordonada por la Policía Municipal y la Policía Nacional. Desde GKS señalan que han “amenazado” a los activistas con detenerles, si bien fuentes de la Policía Nacional señalan a este periódico que por el momento se contempla una sanción administrativa y que valorarán una posible detención una vez bajen al suelo. Al lugar también se han desplazado efectivos de bomberos. Tras ocho horas descolgados, a las 17:00 horas han bajado al suelo, coincidiendo con una movilización convocada por GKS a través de las redes sociales.

Enclavado al final de la calle Carlos III, una de las principales arterias de la capital navarra, se encuentra el que es el segundo monumento de exaltación del franquismo más grande de España, solo por detrás del Valle de Cuelgamuros. En noviembre de 2024 EH Bildu, PSN y Geroa Bai acordaron su resignificación para convertirlo en un espacio de Memoria. El acuerdo contó con el rechazo del otro socio del Gobierno municipal, Contigo/Zurekin, así como de diferentes colectivos memorialistas.

También lo rechaza GKS, organización que nació en 2019 tras la escisión de Ikasle Abertzaleak, histórica organización del movimiento estudiantil de la izquierda independentista vasca, cuya referencia actual es el partido Sortu, principal fuerza dentro de EH Bildu. En un comunicado explican que “el Monumento a los Caídos está construido para homenajear a los fascistas, que tantos trabajadores asesinaron en el franquismo”. “Por ello, defendemos su derribo”, añaden.

No es el primer acto de vandalismo que protagoniza GKS en el monumento franquista a los Caídos. Hace un año el inmueble amaneció rociado con pintura roja y con pintadas en euskera a favor de su derribo: “Caídos eraitsi” (Caídos, demolición) y “Faxismoaren aurka lehen lerrora” (En primera línea contra el fascismo). 

El empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, se ha negado este martes a responder a los miembros de las preguntas de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. Alonso, había solicitado a la comisión que su comparecencia fuese secreta, sin la presencia de medios de comunicación y sin señal de vídeo, petición que le ha sido denegada.

Así, al igual que hizo en julio del año pasado en la comisión del Senado, el empresario guipuzcoano, muy activo en Navarra, donde tenía la sede de la empresa Servinabar 2000, se ha negado a declarar ante los miembros de la comisión. Únicamente ha hecho uso de su turno inicial de palabra para recordar que está imputado en un proceso penal en el Tribunal Supremo y que siguiendo “la recomendación expresa” de su abogado iba a rechazar responder a las preguntas que se le formulasen en el Legislativo navarro.

A las 9:57 horas, en medio de una nube de fotógrafos y camarógrafos, quien es uno de los personajes clave de la trama ha entrado en la sala de comisiones. Alonso es amigo personal de Santos Cerdán, el exdirigente del PSOE ahora encarcelado, y se le encontró también un documento que mostraba que el político controlaba el 45% de la empresa Servinabar 2000, una de las piezas fundamentales de la investigación que según la Guardia Civil funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones ilegales. Escondía igualmente dinero debajo de la cama.

El primero en tomar la palabra ha sido el parlamentario de UPN Javier Esparza, que ha emplazado al empresario a decir “la verdad”, “su verdad”, porque “Navarra merece saber lo sucedido”. Durante su interrogatorio le ha preguntado por su relación con Santos Cerdán, María Chivite, el ex número dos del PSN Ramón Alzórriz, la expresidenta Uxue Barkos o exdirectivos de Acciona como Fernando Merino o Justo Vicente Pelegrini. La batería de preguntas no han tenido respuesta por parte de Antxon Alonso. “Le respondería encantado, pero no lo voy a hacer porque me ha pedido mi letrado que no lo haga”, se ha limitado a declarar el empresario vasco. También ha negado conocer a Jesús Polo, el ingeniero que presidió la mesa de contratación de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, adjudicadas a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 por 62,8 millones de euros. “Navarra no se merece estar vinculada con una trama de corrupción como la que describe la UCO y usted en eso tiene una responsabilidad enorme. Ojalá no hubiera actuado como ha actuado”, ha cerrado el interrogatorio el portavoz de UPN Javier Esparza.

“Ya llegará el momento de responder”

El PSN ha criticado en su turno que UPN haya utilizado su turno de preguntas para hablar de obras realizadas “fuera de Navarra” y ha señalado que no hay ninguna obra pública adjudicada por el Gobierno de Navarra que esté siendo objeto de investigación en la causa abierta en el Tribunal Supremo. “Ninguna”, le ha respondido Antxon Alonso. El portavoz socialista Javier Lecumberri también ha recordado que tanto Cerdán como Alonso han negado “la validez” del documento que encontró la UCO en el trastero del empresario por el que el ex secretario de organización del PSOE adquiría el 45% de las participaciones de Servinabar 2000. También ha recordado que Antxon Alonso “llegó” a Navarra “de la mano de dos alcaldes de UPN” para impulsar proyectos en los ayuntamientos de Milagro -la localidad de Santos Cerdán- y Cintruénigo.

Antxon Alonso sí que ha dirigido unas palabras al parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, que le ha preguntado al empresario por las razones de la constitución de Servinabar 2000, la venta de una parte de las acciones a Santos Cerdán, por si el ex secretario de organización del PSOE intervino en la adjudicación de obras por parte del Gobierno de Navarra o si la contratación de familiares de Cerdán en las empresas vinculadas a la trama fueron “un pago” por la “intervención política” de Cerdán, entre otras cuestiones. “Ya llegará el momento de responder a todas esas cuestiones”, le ha contestado en euskera Antxon Alonso.

También han interrogado al dueño de Servinabar 2000 Geroa Bai (Socialverdes y PNV), PP, Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) y Vox. Antxon Alonso no ha respondido a ninguna de las cuestiones planteadas por estos grupos, salvo a una realizada por el portavoz de Contigo/Zurekin y otra al de Vox. “¿Ha ayudado a facilitar una trama corrupta?”. “Evidentemente no”, ha aseverado. También ha negado que vendiese un 4% de las participaciones de Servinabar 2000 a un tercer accionista, que según la UCO sería el hijo del director del periódico 'Diario de Noticias de Navarra' Joseba Santamaría.

Antxon Alonso ha afirmado que las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a su mercantil en UTE con Acciona han sido “fiscalizadas” por la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, y por una auditoría externa encagarda por el Ejecutivo de María Chivite y que “no se han encontrado” indicios de injerencia política o corrupción.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que un 70% de los compromisos adquiridos por los socios del Gobierno que ella preside (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) tienen ya “un alto grado de ejecución” una vez superado el ecuador de la legislatura, que arrancó en agosto del 2023. En un acto celebrado en el Baluarte de Pamplona en el Segundo Ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, presentado en el transcurso del VI Encuentro de Dirección Pública de Navarra, la presidenta ha reunido a consejeros, directores generales y jefes de gabinete de los distintos departamentos de su Gobierno.

La presidenta ha afirmado que “detrás de ese 70% hay políticas públicas que tienen un efecto real y tangible en la vida de las personas”. Ha resaltado que entre los compromisos cumplidos está la nueva escuela infantil de Erripagaña y están en marcha o a punto de empezar las obras de siete centros educativos de infantil, Secundaria y FP, entre ellos Oronoz, Marcilla o Cintruénigo.

También ha destacado las obras “muy avanzadas” de centros de salud en Villava o Puente la Reina, y “para el mes de abril está previsto que empiecen las obras en el de Erripagaña”.

En el ámbito de la atención a las personas mayores, ha destacado que “ese 70% de cumplimiento del acuerdo programático se traduce, entre otras cosas, en 25 nuevos centros de día diseminados por toda Navarra que suman un total de 500 plazas”. “El próximo gran hito será la apertura de la residencia pública para mayores de Estella, la segunda mayor de Navarra”, ha resaltado.

La jefa del Ejecutivo foral también se ha referido a la cohesión territorial, para resaltar “las nuevas vías de comunicación o de la mejora de la seguridad de las ya existentes, como la Nacional 121-A”, con las que ha asegurado que se han reducido el número de accidentes. “Seguimos trabajando para duplicar los únicos túneles de España que siguen incumpliendo la directiva europea de seguridad”, ha aseverado. Chivite ha avanzado que “las siguientes grandes obras serán hacia el sur y que también pondrán fin a ”muchos años de desidia política“. ”El próximo mes licitaremos las obras del primer tramo de la Autovía a Madrid y seguiremos dando pasos clave para llevar el Canal de Navarra a la Ribera, como la firma de la financiación que acaba de confirmarnos el Banco Europeo de Inversiones“.

Por otro lado, ha explicado que este 2026 se trabaja en la aprobación de la ley foral de Comercio y la ley foral de Industria, y se hará una propuesta de modificación de la renta garantizada con el objetivo de “hacer de este recurso una herramienta útil para las personas que la necesitan, pero también una palanca que les impulse a buscar por sí mismos una salida a su situación”.

Igualmente, ha señalado que se sigue trabajando en la ley foral de Salud, que continúa con su tramitación interna, “buscando el equilibrio necesario entre las garantías que debe ofrecer el servicio público y la flexibilidad y eficacia que nos exige la ciudadanía”.

También ha destacado el trabajo en “un asunto que es capital para este Gobierno, la convivencia”. “Tras aprobar el II Plan de Convivencia trabajamos en una nueva ley foral de Víctimas del Terrorismo y seguimos avanzando en políticas de memoria. El próximo paso será la firma, este miércoles, de un protocolo con el Gobierno de España para la declaración del fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria. Un hito en las políticas de memoria”, ha resaltado.

Por otro lado, se ha referido al “problema de la vivienda”, que “es complejo y multifactorial”. “No se puede abordar con una única solución, sino con un abanico de medidas. En Navarra estamos trabajando en varios frentes: nuevos grandes desarrollos, como la ampliación de Sarriguren, Donapea o Etxabakoitz; mediante nuevas medidas fiscales que desgravan hasta el 90% de los ingresos de quienes cedan pisos a la bolsa pública; o explorando nuevas formas de convivencia, como los pisos colaborativos”, ha señalado

En el acto también ha anunciado que el Ejecutivo foral está trabajando “intensamente en nuevos proyectos industriales que colocarán a Navarra a la cabeza de sectores estratégicos clave”. Sin dar más detalles sobre los proyectos ha indicado que “la industria está en la base” de la riqueza de Navarra “como sociedad” y que “es generadora de empleos de calidad y palanca para la innovación”.

“En lo que llevamos de legislatura hemos avanzado en inversiones clave para la adaptación de nuestro sector de automoción al nuevo paradigma del vehículo eléctrico. Hoy os anuncio que el Gobierno trabaja intensamente en nuevos proyectos industriales que colocarán a Navarra a la cabeza de sectores estratégicos clave”, ha afirmado.

Durante su intervención, María Chivite ha asegurado que su Gobierno tiene “un compromiso ético en la defensa de la libertad, de la igualdad y de los valores progresistas, un compromiso por una Navarra mejor que también aspira a un mundo mejor”. Tras ello, ha pedido a los miembros de su Ejecutivo: “Seguid a la tarea, pero no olvidéis nunca este marco de honestidad e integridad al que también estamos obligados. Unos límites ineludibles que nunca hemos cruzado y que deben ser la base de todo nuestro trabajo”.

Datos personales de la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, de las vicepresidentas Ana Ollo, de Geroa Bai, y Begoña Alfaro, de Contigo/Zurekin, y del exvicepresidente recién destituido Félix Taberna han sido revelados después de un ciberataque, según la información que ha adelantado elDiario.es.

La filtración se ha llevado a cabo en un portal especializado en publicar este tipo de bases de datos y además de los datos de la presidenta navarra y de otros cargos del Ejecutivo foral, se incluye información personal del lehendakari Imanol Pradales y otros cargos del Gobierno vasco, de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, Jde orge Azcón, presidente de Aragón, de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana y de María Guardiola.

En el caso de Navarra, la filtración incluye datos erróneos sobre María Chivite como su fecha de nacimiento, su DNI, la dirección de su vivienda, su número de teléfono y su banco. Ninguno de los datos aportados con correctos. Sí lo es la información filtrada sobre el exvicepresidente primero recientemente destituido, Félix Taberna, también del PSN. De él se aporta su DNI, su número de teléfono personal y dos direcciones de correo electrónico.

Sobre las vicepresidentas segunda, Ana Ollo, de Geroa Bai (Socialverdes y PNV), y tercera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), únicamente se aporta su dirección.

“Condenamos de manera rotunda este acoso personal que estamos sufriendo, es claramente una persecución”, ha señalado la presidenta María Chivite, que ha considerado que la filtración es “una estrategia perfectamente orquestada por la ultraderecha” para “socavar la democracia”. “Tiene que ver con la participación política, con amedrentarnos para participar en política, que es la base de nuestro sistema democrático”. Y ha avanzado que “el Gobierno de Navarra no se va a quedar parado” y va a “dar un paso adelante para combatir la desinformación”.

También ha anunciado que ya se ha trasladado la filtración a la Policía Foral y a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra para “materializar una denuncia”.

El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco haré la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”, es su único mensaje. Por el momento no ha realizado más publicaciones.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por EH Bildu y que ha contado con el respaldo de los partidos que conforman el Gobierno foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por la que se urge al Ejecutivo de María Chivite a facilitar la detección automática de consumos para identificar inmbuebles que se encuentren deshabitados y así aliviar la crisis de acceso a la vivienda.

Con la aprobación de la moción, que ha contado con los votos en contra de UPN, PP, Vox y de la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, se insta al Observatorio de la Vivienda de Navarra a que “garantice antes de mayo de 2026 el aporte automatizado, actualizado y continuo de información del Registro de Viviendas Deshabitadas, con el fin de identificar viviendas deshabitadas, optimizando y modernizando las políticas públicas y facilitando la coordinación con los municipios”.

En un segundo punto se propone a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) que, en colaboración con el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra y sus entes instrumentales, antes de mayo del 2026, elabore y difunda una circular informativa sobre el Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas y una ordenanza básica o tipo que permita a los ayuntamientos desarrollar una ordenanza propia, “asegurando una aplicación jurídicamente sólida y respetando la autonomía municipal en su desarrollo”. La moción inicial hacía referencia únicamente a los consumos de las viviendas, pero una enmienda de sustitución presentada por PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, que ha sido aceptada por EH Bildu, ha ampliado el sentido de la resolución incorporando el término 'información', para así poder incluir “otros criterios que se están teniendo en cuenta para declarar viviendas como deshabitadas”, como por ejemplo el domicilio fiscal.

El parlamentario de EH Bildu que ha defendido la moción, Mikel Zabaleta, ha lamentado que en Navarra haya “miles de viviendas vacías, mientras que mucha gente está sin vivienda”, y ha apostado por poner en marcha el impuesto de viviendas vacías. Un impuesto que ha asegurado que “no está en marcha” porque el registro de viviendas vacías “no funciona correctamente” y porque las entidades locales “no han aprobado ordenanzas para la aplicación de este impuesto”, ha dicho, tras añadir que “queda una inmensidad” de viviendas vacías “por detectar”.

Daniel López, de Contigo/Zurekin, ha explicado que la enmienda propone eliminar la palabra “consumos” por “el simple hecho de que hay otros criterios que se están teniendo en cuenta para declarar viviendas como deshabitadas, como el domicilio fiscal o el destino declarado por los propios ciudadanos en la declaración de la renta”. También ha señalado que “los ayuntamientos son los que tienen mayor capacidad de actuación en este tema”.

Kevin Lucero, del PSN, ha considerado que el registro de viviendas deshabitadas “no puede ser un cajón para almacenar datos, tiene que ser una herramienta útil para la acción pública”. “Precisamente porque la herramienta sirve, porque es útil y porque funciona, es importante que el registro se despliegue bien y de forma total, automatizarlo lo máximo posible, mantenerlo actualizado y utilizarlo con un objetivo claro”, ha apuntado, tras afirmar que la moción “apuesta por seguir profundizando en el camino que Navarra ya ha emprendido”.

Por parte de Geroa Bai, Itxaso Soto ha subrayado que “no toda la vivienda que se declara deshabitada es susceptible de ser habitada”. “Contamos con viviendas deshabitadas que no cumplen los requisitos mínimos ni las condiciones para poder ser habitada por inquilinos”, ha manifestado. En este sentido, y aunque comparte con EH Bildu “que no haya recursos parados”, ha asegurado que la “movilización de vivienda no va a solucionar el problema de vivienda”. “Por eso es importante seguir apoyando y seguir aumentando las partidas para la rehabilitación”, ha remarcado.

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que la moción “pretende simular” que se afronta un problema que, a su juicio, “no existe como tal”, porque la cifra de viviendas deshabitadas en Navarra representa “únicamente el 0,6%”. Desde el PP tabién ha afeado que la moción ponga “el foco” en los propietarios de vivienda en lugar de en una gestión pública “incapaz de generar oferta”.