Euskadi se ha dado de bruces esta semana con una realidad que, sin embargo, era ya conocida y venía siendo largamente avisada por muchas voces: hay una escasez de profesionales en la red de atención primaria, es decir, en los ambulatorios y consultorios que son la puerta de entrada a la Sanidad pública. ¿Acaso esta Navidad no se redujo el horario de atención en 62 centros de salud por las vacaciones del personal imposibles de cubrir y a pesar de estar de lleno en la mayor ola de contagios de toda la pandemia? Los datos son tozudos, puesto que hay más de 100 plazas de médicos de familia sin cubrir en la actualidad, algunas de las ofertas de trabajo quedan vacantes y 500 facultativos de 1.700 se jubilarán en el próximo lustro, además de enfermeros y otros profesionales. Hay un déficit equivalente al 10% de médicos de cabecera y al 15% de los pediatras.

Sin embargo, a los habituales mensajes de que Osakidetza busca recambios hasta debajo de las piedras esta semana se ha sumado una reflexión de la consejera Gotzone Sagardui en la que ha apelado a un “cambio cultural” que implicaría, por ejemplo, desplazarse más lejos al médico o que haya consultorios sólo de enfermería. La oposición, todos los sindicatos y colegios profesionales se han levantado en armas ante lo que entiende como “recortes” en un servicio esencial e incluso se ha producido un choque entre PNV y PSE-EE, socios en el Gobierno, luego de que los socialistas sugirieran que la exigencia de euskera complica la atracción de profesionales. elDiario.es/Euskadi reconstruye la semana y aborda la situación con la voz de dos de los tres últimos consejeros de Salud, Rafael Bengoa y Nekane Murga, con la representante de la organización de enfermería Satse, Amaia Mayor, y con un médico que, según resalta, solamente no ha trabajado en dos de los ambulatorios de Álava y que acaba de abandonar Osakidetza, Roberto Sánchez.

Sagardui realizó su reflexión -desde el Gobierno se insiste en que no se presentó ningún plan ni medidas cerradas y que no se avecinan “recortes”- el miércoles en un foro de Bilbao llamado Executive Forum España y que estaba patrocinado por dos farmacéuticas privadas, Pfizer y GSK. Se da la circunstancia de que 48 horas antes, en el Parlamento, en Vitoria, la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo, y la responsable de atención primaria, Susana Martín, ofrecieron una radiografía de la situación y que, 24 horas después, se inauguró en Bilbao un congreso nacional de medicina de familia.

Las palabras precisas de Sagardui, que leyó una intervención escrita, fueron las siguientes: “No podemos obviar que tanto la especialización de recursos derivada de la innovación en técnicas y tecnologías como la escasez de médicos de familia apuntan a un horizonte de mayor movilidad de la ciudadanía para recibir atención. Euskadi es una comunidad pequeña, con buenas redes y servicios de comunicación. La movilidad no debería ser un problema, pero lo es. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanecerán cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Recurriremos a consultas telemáticas, a herramientas de triaje telemático. Esto va a ser así”.

La oposición de izquierdas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, además del grueso de los sindicatos, han entendido que el “cambio cultural” encubre un “desmantelamiento” o incluso “privatización” de la Sanidad pública. Hay convocada una manifestación de protesta. Se ha llegado a decir que Sagardui apuesta por el “modelo Ayuso”, en referencia a la controvertida gestión público-privada de la Comunidad de Madrid. Desde el flanco derecho, PP+Cs ha reabierto el debate de que exigir euskera condiciona que profesionales de fuera se sumen a Osakidetza y el PSE-EE, socio de Gobierno, se expresó en el mismo sentido. La parte del PNV del Gobierno, que se ha visto rodeada de la tormenta, ha optado por contratacar señalando que los socialistas exhiben “falta de conocimiento” y señalando que apenas 20 plazas de las 27.000 que componen la plantilla de Osakidetza requieren un PL4 o C2, el máximo conocimiento de un idioma según el marco europeo.

Un médico: “Tenía contratos de dos horas”

El doctor Roberto Sánchez, que se hizo conocido por ser uno de los denunciantes del fraude en las oposiciones médicas de 2018, tiene doble especialidad como anestesista y médico de familia. Hace pocas semanas ha dejado su hospital, el del Alto Deba, y ni se ha planteado volver a un ambulatorio. Ha optado por trabajar para la red de residencias. Los profesionales de primaria cubren no solamente las plazas de los ambulatorios sino también las de Urgencias, las ambulancias o la creciente red sociosanitaria para personas mayores. Meses atrás, se popularizó un mensaje suyo en Twitter con todos sus contratos cuando trabajaba en atención primaria. “Mi último curro ahí fue en Sansomendi y de tarde. Veía 50 personas en una tarde. Tenía contratos de dos horas. Te llamaban a las ocho de la mañana para entrar a las nueve. En cinco años me conocí todos los centros de salud de Álava menos el de Izarra y Aranbizkarra II. En 2008 lo dejé y ahora que he dejado también el hospital no he planteado volver aunque en mi centro de salud hay tres plazas vacantes e iba a tener trabajo seguro. Están asfixiados y salen con la sensación de que los pacientes necesitan una mayor atención”, señala tras matizar que, en la pandemia, sí ha hecho algunos refuerzos tanto en residencias como en atención domiciliaria en equipos de Osakidetza.

En el Parlamento, Pérez Esquerdo y Martín asumieron que las ofertas no son atractivas aunque, repitieron, el salario que se ofrece a los que acaban de terminar la formación es de “3.000 euros” y, en muchos casos, con horario solamente de mañana y sin fines de semana y guardias. A principios de junio han quedado vacantes diez de doce plazas de Pediatría y 11 de las 24 de atención de adultos. En Emergencias, de ocho sólo se llenó una. Zonas como Lea-Artibai, la Llanada Alavesa o incluso el Bidasoa presentan el mayor número de bajas. “Tiene buena remuneración pero las respuesta que tenemos es ésta”, dijo Martín. “Es más atractivo ir al hospital que a primaria”, asumió la directora general de Osakidetza, una organización que tiene 340 centros de salud. Tampoco hay jefes para esos ambulatorios. “Nos estamos creyendo todo este discurso de que todo está mal y nos cuesta mucho identificar líderes dentro de las organizaciones”, se sinceró Martín, ella misma profesional de primaria. “No hacemos ningún favor diciendo que Euskadi no es atractiva”, imploraron.

Nekane Murga: “En la tele sale el cirujano y el de Urgencias”

Nekane Murga fue consejera de Salud a propuesta de Iñigo Urkullu en 2019 y 2020, coincidiendo con la llegada del coronavirus, con el confinamiento y con las dos primeras olas. Asume que “hay plazas de difícil cobertura” aunque entiende que Euskadi “no tiene el perfil de tener localidades tan alejadas de los centros urbanos”, algo “frecuente en zonas despobladas de Galicia, Castilla y León o Extremadura”, por lo que estima que tendrá más fácil afrontar este reto para la primaria que no es privativo de esta comunidad autónoma. Apunta también que, en el caso de la pediatría, juega a su favor que “está bajando la natalidad”, por lo que se podrá compensar de alguna manera el déficit existente. Para ella, la medida fundamental pasa por prestigiar el trabajo en los ambulatorios y por orientar la formación de los nuevos profesionales para que no huyan de la medicina de familia.

Euskadi “no tiene el perfil de tener localidades tan alejadas de los centros urbanos”, algo “frecuente en zonas despobladas de Galicia, Castilla y León o Extremadura”

Nekane Murga — Consejera de Salud de 2019 a 2022

“La vocación también surge y en la tele sólo sale el cirujano o el de Urgencias salvando vidas. En nuestra etapa se trabajó para aumentar el número de centros con capacidad de acreditar plazas de médicos de atención primaria, para aumentar la capacidad formativa de Osakidetza, para incorporar como profesores a médicos de atención primaria y para aumentar la oferta de prácticas en centros de salud”, explica. En este sentido, la rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha dicho esta semana en Radio Euskadi que estudiará la posibilidad de seguir ampliando las plazas de Medicina. La UPV/EHU (pública) construye ya una nueva facultad para mudarse de Leioa a Bilbao, más cerca del hospital de Basurto, y Deusto (privada) estrenó en 2020 su primera promoción de Medicina.

Rafael Bengoa fue consejero entre 2009 y 2012, con el socialista Patxi López, y también ha sido asesor de la OMS o incluso de Barack Obama. Asegura que “hace 17 años” ya se conocía que iba a llegar una pandemia con “ataque respiratorio” y que “desde hace 25 años” se intuye un envejecimiento de la población –con todo lo que implica de cronicidad: “de los que ves en la calle todos los días, el 40% tiene ya una enfermedad crónica al menos”- y un caída de la natalidad, pese a lo cual los sistemas sanitarios llegaron “inmaduros” al momento crítico. “Ahora se sabe que viene una crisis de recursos humanos. Muchos médicos y enfermeros son ‘baby boomers’ y se van a jubilar. No es culpa de nadie en concreto pero es un problema que tendremos que resolver”, reclama Bengoa.

Rafael Bengoa: “Salen ganando los seguros privados”

A su juicio, hay que “asegurar que los incentivos sean proprimaria y no prohospitales para reforzar el sistema” porque “si se está pagando más a un médico para atender en Urgencias que en el ambulatorio” se produce un efecto indeseado. Y alerta de la creciente privatización de la Sanidad en España, lo que puede suponer más plazas para profesionales fuera de la pública. “Sabemos que en esta pandemia se está dando una tendencia absolutamente paradójica. Lo público ha salvado la situación pero salen ganando los seguros privados. La gente que puede está acudiendo a un doble aseguramiento y esto es importante porque ya se empieza convertir en tendencia. Todos los años un 2% más de la población usa su dinero para esto. Vamos a un sistema doble, una medicina de ricos y otra de pobres. Es la ‘latinoamericanización’ del sistema español”, diagnostica. Plantea también “desburocratizar” la tarea en el ambulatorio para dedicar más tiempo a la atención.

Preguntado sobre el “cambio cultural”, incide en que es necesario pero en otro sentido: “Claro que los pacientes han de responsabilizarse más de su salud. Has de saber que tu comportamiento con el tabaco, el alcohol o las drogas a los 20 te va a condicionar mucha cronicidad a los 50 o a los 60. La población tiene interiorizado que tiene un sistema de Salud ‘reparador’, pero toca a asumir responsabilidad en el estilo de vida. Pero también los Gobiernos tienen que crear condiciones para que eso ocurra. Si es más caro el aceite malo que el bueno o el restaurante de comida mediterránea que el McDonald’s…”.

Y. ¿cómo ha encajado la enfermería la idea de que haya consultorios sin médicos? Amaia Mayor, del sindicato corporativo Satse, defiende que “desde hace tiempo” estos profesionales tienen “nuevas competencias” más allá del rol tradicional de un enfermero en el pasado. Hacen “seguimiento de crónicos” o “procesos leves autolimitados”, como también el control de medicamentos que no requieren prescripción médica. Hay muchos puestos de jefatura de unidades de atención primaria ocupados por enfermeras, destaca Mayor, que reclama una “visibilización” de este colectivo muy feminizado. “A partir de ahí, no pretendemos para nada invadir competencias de otros profesionales y no estamos tampoco para nada de acuerdo en ningún tipo de recorte de servicios o en que la ciudadanía se tenga que desplazar más para recibir atención”, subraya Mayor.

Vamos a un sistema doble, una medicina de ricos y otra de pobres. Es la ‘latinoamericanización’ del sistema español

Rafael Bengoa — Consejero de Sanidad de 2009 a 2012

Y, si faltan médicos en primaria, ocurre lo mismo en enfermería. Mayor ofrece un dato: cada profesional tiene entre “1.500 y 1.800” TIS asignadas, esto es, pacientes en su cupo y, en las zonas rurales, llegan a 3.000. Un pediatra, por ejemplo, tiene unas 800 de media, según datos de esta misma semana en el Parlamento. “El enfermero de primaria es el que menos cobra en toda Osakidetza. No se percibe el 4% que cobran en hospitales a pesar de la carga de trabajo importantísima. De ser un trabajo menos gravoso por no tener nocturnidad, se ha ido deteriorando y deteriorando”, remacha.

Suscitada la polémica, Sagardui aseguró que este verano no habrá un servicio muy diferente al de otros años. Eso sí, es ya común que haya reducción en la atención. Salud se escuda en que cae también un tercio la demanda, como también afirma que hay más espera para pedir una cita telefónica con el médico de cabecera (tres días) que una presencial (dos días). A falta de los detalles precisos centro por centro, el plan pasa por que los ambulatorios que cierran a las 20.00 horas lo hagan a las 17.00 horas y que los que durante al año ya cierran más temprano no atiendan a partir de las 15.00 horas. En todo caso, el mensaje oficial es claro: “Toda persona que quiera trabajar en Osakidetza tiene las puertas abiertas”.

“Es verano y la variante delta está en Euskadi, pero no hay medidas para frenarla”. Así ha definido Rafael Bengoa la “responsabilidad” con la que el ámbito político está tratando la pandemia de la COVID-19, pues cree que han estado más pendientes de “desescalar” las medidas restrictivas aplicadas que de “escalar aunque fuera necesario” por el empeoramiento de la situación. Son algunas de las ideas que se han mencionado este miércoles en la jornada llamada 'Pandemia Covid-19: vamos a parar a pensar' dentro de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

La jornada ha tenido como protagonistas dos mesas redondas en las que ponentes de diferentes sectores, como la sanidad, el derecho y el periodismo han reflexionado sobre lo que se ha hecho, como sociedad y como profesionales de la salud, durante la pandemia de la COVID-19. En la primera han participado Rafael Bengoa, médico y experto en salud pública, codirector de The Institute for Health and Strategy y exconsejero de Salud del Gobierno vasco, además de exdirector de Sistemas de Salud de la OMS y exasesor de Barack Obama; Estibaliz Ruiz de Azua, periodista y presentadora de los informativos del fin de semana en ETB2; Juan José Álvarez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU, y Gurutz Linazasoro, neurólogo y presidente ejecutivo de VIVE biotech SL.

Bengoa ha insistido en que este tipo de episodios pandémicos “siempre acaban”, aun más cuando se han conseguido desarrollar vacunas contra el virus de manera tan rápida. Sin embargo, para el médico ha sido destacable que “los gobiernos están en clave de pensamiento único”, lo que les ha llevado a “cometer errores”. De esa manera, ha subrayado que era “importante” evaluar lo sucedido en la primera ola y “escuchar lo que dicen los expertos” para seguir sus recomendaciones y así prevenir las siguientes olas y, en consecuencia, los fallecidos. Por eso, ha sostenido que los políticos deben dar explicaciones a la ciudadanía sobre las decisiones tomadas, ya que “no se ha seguido” lo que decían los expertos, ni se ha “aprendido” de países que “han sabido qué hacer políticamente”, como Australia o Nueva Zelanda, donde se han ido aplicando “microconfinamientos”. De hecho, en enero apostó por un nuevo confinamiento porque la situación era “igual o peor” que la de marzo de 2020.

No obstante, Bengoa ha señalado que los políticos han optado por “desescalar en vez de escalar cuando era necesario”, como pasó durante la celebración de las Navidades o la Semana Santa, fechas que precedieron a nuevas olas de COVID-19, y como la temporada estival del año pasado, cuando se relajaron las medidas y los ciudadanos recuperaron la libre movilidad. Aun así, ahora la situación es otra: “la variante delta está en Euskadi –ha detallado– pero no hay medidas para frenarla”. A esta idea se ha sumado Álvarez, quien ha defendido que “los políticos deben dejar de lado las discrepancias”. “Cuando adoptas decisiones por razones políticas quiebras un punto de confianza. Habría podido ser un momento en el que revitalizar el sentido de la política”, ha añadido. Asimismo, Bengoa ha reiterado que “hay que hacer algo muy serio” en los presupuestos vascos en relación con la sanidad y los servicios sociales, porque “la gente sabe que se va a repetir dentro de unos años”.

Linazasoro ha lamentado la “desconfianza” que se ha generado en un país en el que la “tasa de negacionismo no es excesivamente alta”, por la falta de “docencia” en la “comunicación que se ha hecho durante la pandemia”. Asimismo, ha recordado que el virus utiliza la “necesidad de socializar” como caballo de Troya y que en estos momentos es necesario “no olvidar” lo ocurrido para poder aprender.

“Las medidas deshumanizan”

Durante la segunda mesa redonda, los sanitarios han resaltado el esfuerzo que han hecho por tratar a los pacientes: “Las medidas impuestas te obligaban a deshumanizarte, pero el personal se ha esforzado por humanizar el trato”, ha mencionado Felix Zubia, jefe del Servicio de Medicina Intensiva de la OSI Donostialdea. Con él han debatido David Díaz, enfermero de Urgencias Generales del Hospital Universitario Donostia y de la Plataforma de Investigación Clínica de IIS Biodonostia; Toñi López, responsable de la Comisión de Geriatría del COEGI y enfermera en la residencia de Sanmarkosene y Lourdes Ruiz Barbarin, psicóloga y responsable de la asesoría psicológica COEGI.

Zubia ha apuntado que los protocolos han sido diseñados por los propios profesionales “porque no había ninguno”. Además, pese a lamentar el aislamiento en el que han tenido que permanecer los pacientes con COVID-19, ha indicado que si no se asume la realidad y solamente se mira por el derecho de las personas “el daño colateral puede ser enorme”. Además, ha apostillado que ha habido “un silencio comunicativo por parte de los responsables sanitarios”. “Hay que reforzar la salud pública y la atención primaria”, ha resaltado, por su parte, Díaz.

El exdirector de Sistemas de Salud de la OMS y exasesor de Barack Obama, Rafael Bengoa, ha advertido de que los datos de la pandemia de la COVID-19 indican que se está “igual o peor que en marzo”, por lo que habrá que “funcionar igual que en marzo”, y ha apostado por un confinamiento domiciliario “más corto, de tres o cuatro semanas”, a la vez que ha considerado que se podrá tener “un verano seminormal”, si el proceso de vacunación “se acelera”. En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el también exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco ha dicho que “ya hay más conciencia social de que es necesario hacer, aunque sea de tres o cuatro semanas, un confinamiento domiciliario”, aunque ha señalado que “donde no parece que existe esa conciencia es a nivel del gobierno”, por lo que parece que, de momento, la decisión es “seguir un poco como se está en lugar de intervenir más fuerte”.

“Es como si a un paciente le estuviéramos dando la mitad de la quimioterapia, pero tenemos que saber que es casi bastante peor que un cáncer y necesitamos darle toda la dosis ahora”, ha advertido. Bengoa ha afirmado que las fiestas navideñas han sido “un gran evento supercontagiador y ahora se está sufriendo el impacto de ese momento”. Así mismo, ha advertido de que “no se sabe exactamente cuanto hay de la variante inglesa entre nosotros” y ha considerado que, “probablemente, se esté subestimando cuánto de esa variante hay y como hay más variante inglesa de la que se cree, hay más supercontagiadores”.

En su opinión, un confinamiento “necesita una intervención nacional”, por lo que, ahora, “el nivel nacional debería estar preparando la normativa necesaria para que todo el país o las comunidades autónomas que lo quisieran pudieran hacer un confinamiento domiciliario”. Según ha precisado, ahora ese confinamiento “no sería como el de marzo y abril, sino más corto, de tres o cuatro semanas”, lo que permite “reducir el acto de la incidencia acumulada de todos los indicadores, y eso permitiría tener un proceso de vacunación más efectivo”. En ese sentido, ha advertido que, para evitar el confinamiento domiciliario, se está intentando hacer “algo intermedio” contra un virus que “no tiene intermedio”.

“Seguir intentando hacer lo mínimo posible tanto por razones políticas como por razones de salvar la economía está teniendo el efecto contrario, es decir, la economía se va a ver más afectada si seguimos intentando durante muchos meses hacer lo mínimo posible, en lugar de hacer algo rápido, del alto impacto, como un confinamiento severo de tres o cuatro semanas, y luego ver la luz y empezar a tener impacto después de semana Santa poco a poco con el proceso de vacunación”, ha defendido. Rafael Bengoa ha indicado que el primer confinamiento “funcionó” y ha señalado que, ahora, lo que se está intentando es “repetir el semicontrol que hubo de la segunda oleada, pero esta tercera oleada es posible que tenga la variante inglesa que es muchísimo más contagiosa y, aunque no la tenga, los números son altísimos”. “No es que esté subiendo poco a poco, está subiendo exponencialmente, y la situación es bastante más grave de lo que se está contando”, ha advertido.

Tras indicar la necesidad de “reforzar la secuenciación, es decir poder identificar dónde hay la variante inglesa”, Rafael Bengoa ha afirmado que, “esté mucho o esté poco, las cifras y todos los indicadores están diciendo que se está igual o peor que en marzo”, por lo que “habrá que actuar de una forma parecida a marzo”. Así, ha dicho que “si en marzo funcionó el confinamiento y ahora se sabe que se puede tener un confinamiento mucho más corto, eso es lo que habrá que hacer”. El exasesor de la OMS, que ha señalado que el Gobierno central se “resiste” a hacer un confinamiento de tres o cuatro semanas, se ha preguntado “por qué no se le autoriza a las comunidades autónomas que así lo quisieran, cerrando sus fronteras, hacer un confinamiento, como están pidiendo varias”. “Lo lógico es pensar que las comunidades autónomas que así lo quisieran lo puedan hacer”, ha insistido.

“No hay que dar tiempo al virus”

En cuanto al proceso de vacunación, ha afirmado que es “muy buena noticia que la ciencia haya conseguido en menos de un año tener varias vacunas en el mercado”, a la vez que ha recordado que el proceso “eficaz” de la vacunación “depende de los gobiernos, y no tanto de la ciencia”, por lo que “hay que acelerar la logística que es necesaria establecer”, además, “sabiendo que no hay que dar tiempo al virus para que haga mutaciones”. Por ello, ha insistido en que el proceso de vacunación “no solo hay que acelerarlo para llegar a la famosa inmunidad de rebaño y estar todos protegidos”, sino que “hay que hacerlo para no darle tiempo al virus para que mute y juegue otra vez a hacer de las suyas de otra forma como lo ha hecho en Inglaterra”.

Sobre cómo acelerar el proceso de vacunación, Bengoa ha considerado necesario “usar todos los medios posibles”, aunque ha reconocido que el ritmo de vacunación puede depender de la disponibilidad de las vacunas. No obstante, ha afirmado que, “una vez empiecen a entrar las vacunas de forma sistemática, podríamos estar vacunando en todos los sitios que podemos bien organizados como Atención Primaria, o polideportivos y en otras estructuras para poder cubrir la población rápidamente”. En cuanto al personal para poner las vacunas, también ha apostado por “usar todas las opciones que tiene uno” y ha advertido de que, en este asunto, un gobierno “no puede estar razonando en términos de conteción de gasto en relación a los recursos humanos que hacen falta”. “Es importante que echemos el resto en recursos humanos y estabilicemos el sistema de salud, porque si el proceso de vacunación no recibe un reforzamiento fuerte es razonable pensar que el nivel de resilencia del sistema de salud llegue a un tope”, ha alertado.

Por otro lado, ha considerado que se podrá “tener un verano seminormal si el proceso de vacunación se acelera”, pero, mientras tanto, ha advertido, es necesario “respetar todas las condiciones que están diciendo los gobierno y mientras no se esté haciendo un confinamiento domiciliario de tres o cuatro semanas se va a estar conviviendo con el virus hasta septiembre u octubre fácilmente”.

El Parlamento Vasco, al hilo de la sentencia del 'caso Margüello' de irregularidades en Sanidad durante el mandato de Gabriel Inclán (PNV) que da por probada la existencia en las adjudicaciones de contratos de gestión de listas de espera de una concertación entre el exresponsable de Osakidetza en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y el doctor y empresario José Carlos Margüello, ha aprobado una resolución de cuatro puntos en la que rechaza, en el primero de ellos, “cualquier forma de corrupción que implique un mal uso del poder público con el fin de lograr una ventaja ilegítima e ilegal”. El texto, impulsado por Elkarrekin Podemos, ha sido pactado con EH BIldu y PP, así como el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno y que ha vuelto a desmarcarse de sus aliados en un caso que saltó a la luz siendo consejero el socialista Rafael Bengoa. Los nacionalistas, por consiguiente, se han quedado como los únicos en no sumarse a esta iniciativa.

El representante del PNV, Kerman Orbegozo, ha querido iniciar su intervención queriendo “dejar claro” que su partido “denuncia totalmente la corrupción”. Pero ha considerado inasumible el contenido del texto sobre el 'caso Margüello' ya que, según su criterio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que será recurrida por la Fiscalía, desmonta la tesis de que hubo corrupción durante la etapa de Inclán al frente de Sanidad. “El objetivo es extender las sospechas al PNV”, ha lamentado Orbegozo, quien ha añadido que Euskadi lidera las clasificaciones de “transparencia” de España y que Osakidetza es el mejor servicio de Salud autonómico.

Para Orbegozo, detrás del 'caso Margüello' hay cuestiones “individuales” y ha apuntado que no hay que olvidar que los acusados fueron absueltos de malversación de caudales, es decir, que no hubo quebranto económico. Se da la circunstancia de que la Fiscalía sí estimaba en 6,8 millones el efecto negativo de los contratos de Margüello pero interpretó que fue muy difícil lograr una sentencia en esa dirección puesto que el afectado, el propio Gobierno vasco cuyos servicios jurídicos controla el PNV, dio un paso atrás en el juicio y estimó que no había perjuicio dinerario.

“¿Cómo vamos a ratificar algo que los tribunales han dicho que no es cierto?”, se ha preguntado Orbegozo sobre los puntos de la resolución del resto de partidos en las que se planteaba refrendar el trabajo de la comisión de investigación que en 2011 denunció las responsabilidades políticas en torno a este caso. Según Orbegozo, su partido estaba dispuesto a votar a favor del primer punto crítico con la corrupción y del último, de apoyo a la separación de poderes.

Sin embargo, el resto de partidos han rechazado una votación separada del texto y la fotografía final ha sido del PNV, en solitario, sin apoyar esta resolución. La representante de EH Bildu, Eva Blanco, ha denunciado que el PNV nunca haya querido negociar la redacción y que, a última hora, haya buscado un resquicio para no quedarse solo en la votación. Ha indicado también que la “prevaricación no es cosa menor” y que el hecho de que algunos delitos no se hayan probado no exime de gravedad a la sentencia judicial del 'caso Margüello'.

Más beligerantes aún han sido Elkarrekin Podemos y PP. Juan Luis Uria (Elkarrekin Podemos) ha dicho que “Margüello era un corrupto” y que en Osakidetza era 'vox populi' que su amistad con el consejero Inclán le procuraba prebendas. Laura Garrido (PP) ha añadido que el PNV exige limpieza a los demás pero “no asume ninguna responsabilidad” cuando los casos le afectan a él. Ha citado el juicio del 'caso De Miguel' y también el reciente escándalo por la posible manipulación de las OPE de Osakidetza. Garrido ha recordado, igualmente, que el hoy consejero, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, firmaron en su día un manifiesto de apoyo a Margüello.

Como ocurrió el pasado año, el PSE-EE ha roto la dinámica de unidad de acción con su socio de Gobierno, el PNV, y se ha unido a la oposición. Este caso no forma parte de las discrepancias pactadas pero sí es especialmente simbólico para los socialistas porque fue el exconsejero Bengoa el principal impulsor de la investigación. “Los socialistas hacemos en 2018 lo que hacíamos entonces”, ha resumido Natalia Rojo, que sin agotar los tiempos de intervención ni cargar las tintas contra los nacionalistas ha indicado que el PSE-EE no puede quedarse de “brazos cruzados” en este asunto.

La Fiscalía de Bizkaia no quiere dar por cerrada la batalla judicial en el denominado 'caso Margüello', en el que se destaparon irregularidades en la externalización de servicios sanitarios en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que se saldó con una sentencia que recogía penas mínimas, ninguna de ellas de cárcel, a pesar de dar por probados los delitos de corrupción. Según fuentes de la oficina que dirige Ana Barrilero, quienes han dirigido la investigación han acordado ya recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la Audiencia Provincial, pero ha de ser la Fiscalía del alto tribunal la que, en última instancia, analice, decida y formalice, en su caso, la apelación.

Según la sentencia del 'caso Margüello', son “hechos probados” que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

La Fiscalía sí defendió en el juicio un quebranto económico de 6,8 millones de euros, el valor de las dos contrataciones irregulares de Elorriaga a empresas de Margüello. Sin embargo, los abogados del Gobierno vasco negaron la existencia de agujero alguno. “El delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”, interpreta el ministerio fiscal.

No obstante, uno de los asideros es que la posición del propio Gobierno ha variado y que en el pasado sí consideró que se produjo una pérdida de recursos públicos. De hecho, la denuncia inicial partió en 2009 del propio Departamento de Sanidad cuando el consejero era el socialista Rafael Bengoa. El que también ha sido asesor de la OMS y de la Administración de Barack Obama fue muy explícito en el juicio sobre el papel de las empresas de Margüello como intermediarias: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”.

El Gobierno vasco se ha felicitado por que la sentencia del 'caso Margüello' acredita que no hubo quebranto económico para la Administración y porque el único alto cargo investigado, el viceconsejero de Salud Rafael Cerdán, ha quedado absuelto. Según el portavoz Josu Erkoreka, responsable también de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, los condenados por graves irregularidades en la externalización de contratos de gestión de listas de espera de la Sanidad pública vasca José Ramón Elorriaga y José Carlos Margüello no pasan de “funcionarios con más o menos relevancia”.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Bizkaia que pone fin a casi una década de recorrido judicial recoge la “opacidad” con la que el responsable de Sanidad en Bizkaia, Elorriaga, actuó para procurar un contrato 'a dedo' a la empresa de su amigo Margüello, responsable de Calidad del hospital de Cruces y que operaba a través de una testaferro, María Nieves Fernández. Ha quedado probado que Elorriaga operó de modo “grotesco” para beneficiar a Margüello hasta el punto incluso de encararse con funcionarios. De Cerdán se dice que fue “negligente” como superior jerárquico pero que no compartía los mismos “intereses personales” que el resto de acusados.

Sin embargo, la condena es mínima, sólo por “prevaricación”. La Audiencia rechaza, en línea con la petición realizada en el juicio por los letrados del Gobierno vasco del PNV, que exista un quebranto económico porque, a pesar de ser un contrato ilegal, el servicio se prestó y se atendió a los pacientes derivados. No atiende el criterio anterior del Gobierno, expuesto en el juicio por el exconsejero Rafael Bengoa, que remarcó que la sola existencia de una intermediaria sin medios técnicos y humanos, como lo era la empresa de Margüello, suponía un sobrecoste frente a una subcontratación directa de una clínica privada.

Erkoreka, preguntado por los periodistas, ha destacado que haya quedado claro en la vía judicial que “no existió perjuicio económico” y que el “único alto cargo” acusado haya sido completamente exonerado. Repreguntado por el papel de Elorriaga, un cargo de confianza del entonces consejero, Gabriel Inclán, y de Margüello, amigo de ambos, ha rebajado su papel en la Administración a “funcionarios con más o menos relevancia”. “No eran altos cargos en función de la Ley de Gobierno”, ha querido remarcar el consejero-portavoz.

La sentencia del 'caso Margüello' también ha suscitado reacciones en la oposición. EH Bildu ha considerado que las irregularidades puestas de manifiesto en la resolución judicial indica la necesidad de “hacer una apuesta inequívoca por la gestión directa de los servicios públicos”. “Externalizar servicios sanitarios abre la puerta a actuaciones irregulares”, valora la parlamentaria Eva Blanco. Sobre el fondo del asunto, Blanco asegura que “llama la atención que el tribunal no vea malversación cuando constata voluntad de beneficiar a empresas que no podían contratar con la Administración”.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha criticado que el Gobierno vasco no haya denunciado con mayor beligerancia la “corrupción” en la Administración pública cuando ha sido el “principal perjudicado”. Fuentes de la Fiscalía han indicado a eldiarionorte.es que es muy complicado lograr una condena por malversación si el afectado estima que no ha sufrido un perjuicio. Martínez ha adelantado que pedirá la comparecencia de Erkoreka en el Parlamento porque 

“el Gobierno tiene que explicar cómo no ha exigido ninguna pena para quien daba contratos a dedo a sus amigos con el dinero de todos los vascos”.

Según el dirigente morado, la sentencia evidencia “la lógica clientelista” llevada a cabo en la Administración vasca “durante demasiados años y sin consecuencias legales”. Y ha recordado que el propio consejero actual, Jon Darpón, firmó en su momento un documento de apoyo a los acusados. 

¿Qué es el 'caso Margüello'? Son “hechos probados” por la Audiencia Provincial de Bizkaia que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

Afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que cierra un caso abierto en 2010 y cuyo juicio se celebró en marzo y abril de este año, que Gestión de Servicios Sanitarios XXI era un simple intermediaria, en ningún caso un centro sanitario autorizado y homologado para concertar con la Administración. Resumidamente, no tenía médicos. No es “suficiente” que una empresa así “disponga de convenios de colaboración” con otras clínicas, en este caso la San Francisco Javier de Bilbao. Simplemente, legalmente no podía prestar servicios sanitarios.

En efecto, en aquella época (2006) había un problema de listas de espera. Pero ese problema no justificaba la activación de un procedimiento de emergencia. Esa fórmula contratación directa, sin concurso público, se llevó a cabo no para acelerar la atención de los pacientes sino para evitar los controles administrativos y dar “opacidad” a la contratación irregular de la compañía de un amigo.

El tribunal, presidido por Alfonso González Guija, subraya que Elorriaga “no cesó hasta obtener un informe que, aunque fuese parcialmente, le pudiese dar cobertura o apariencia de legalidad a su actuación”. En su intento de “resolver cualquier cortapisa” sobre la falta de homologación de Gestión de Servicios Sanitarios XXI, hasta “insultó” a funcionarios a su cargo. Era un proceder “grotesco” con tal de beneficiar a un amigo personal, que también lo era del jefe, el consejero Inclán. Tampoco importó que conociera que en la empresa estuviera involucrado una persona incompatible por su cargo en Osakidetza para contratar con la propia Osakidetza por más que se ocultara detrás de María Nieves Fernández, la cara visible de Gestión de Servicios Sanitarios XXI pero una simple testaferro.

El procedimiento de urgencia fue visado por el viceconsejero Rafael Cerdán. Interpreta el tribunal que fue negligente al no detectar las irregularidades del expedientes, si bien estima que no compartía los intereses personales de Elorriaga por su relación con Margüello. Así pues, son culpables de prevaricación exclusivamente Elorriaga y el facultativo, más Fernández como colaboradora necesaria. Su condena se limita a inhabilitación para nueve años (siete para la testaferro), sin cárcel.

A esta primera contratación le siguió una segunda. Esta vez se activó un concurso público para la externalización de las listas de espera. Pero se suspendió y se retomó un procedimiento directo que volvió a beneficiar a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, esta vez en una UTE con la Clínica Indautxu y Rehabilidom (otra de las mercantiles de Margüello, que en total facturó más de 30 millones con Inclán). La sentencia interpreta que es un contrato “altamente reprobable desde el punto de vista moral” porque “sobrevuela la intencionalidad” de volver a beneficiar a Margüello, pero entiende que no hay elementos ni si quiera para hablar de prevaricación, que consiste en dictar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son.

La clave del procedimiento era el dinero que percibió Gestión de Servicios Sanitarios XXI por estos contratos. La Fiscalía reclamaba la devolución de 6,8 millones de euros, pero la representación letrada del Gobierno vasco retiró toda acusación en el juicio al entender que no se podía hablar de quebranto. Hecha bien o mal la contratación, el servicio se prestó y los pacientes fueron atendidos.

¿Incrementó o no la factura la existencia de una intermediaria? El consejero socialista Rafael Bengoa, que en 2009 denunció esta trama, fue muy explícito en el juicio en este sentido: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”. Las defensas insistieron en que los precios públicos pagados por la Administración se ajustaron a la legalidad. También para la Audiencia de Bizkaia “la contratación de tales servicios no supuso la sustracción o consentimiento en la sustracción de bienes o caudales públicos”. Es decir, no hubo malversación y toca absolver a los acusados de ese delito, que sí les hubiera llevado a la cárcel. Y todo a pesar de reconocer que la creación de una intermediaria tenía “ánimo de lucro” toda vez que los medios materiales y humanos lo ponía una clínica subcontratada.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Las partes disponen de un plazo de cinco días para hacerlo efectivo. Consultada la Fiscalía, ha indicado que estudia el posible recurso. No obstante, asume que “el delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha hecho pública este lunes la sentencia del denominado 'caso Margüello', que investigó irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello durante la etapa de Gabriel Inclán al frente de la Sanidad pública vasca. Cinco meses después del juicio, el tribunal presidido por Alfonso González Guija ha cerrado este caso que tanto revuelo político generó cuando se destapó hace una década con penas mínimas, sólo por prevaricación y no por malversación de caudales públicos, para tres de los cuatro acusados. Ello hará que ninguno de ellos tenga que entrar en prisión a pesar de que el fallo establece que los acusados se pusieron de acuerdo para “beneficiar económicamente” a las empresas de Margüello, que era “incompatible” para contratar con la Administración, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad”. ¿Por qué? “No consta perjuicio económico cuantificable ni evaluable. Los servicios fueron efectivamente prestados”, se lee en la resolución.

Eran cuatro los acusados. El principal y que dio nombre al caso era el doctor José Carlos Margüello, amigo del exconsejero de Sanidad por el PNV Gabriel Inclán. Margüello era apoderado de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la intermediaria contratada para gestionar las listas de espera de la Sanidad pública vasca. En la mercantil su socia era María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas. Los otros dos imputados eran cargos políticos del organigrama de Inclán. José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia, fue quien promovió las contrataciones, mientras que Rafael Cerdán, viceconsejero, fue el firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial.

La Audiencia de Bizkaia ha condenado por prevaricación a Margüello, Elorriaga y Fernández, lo que les supondrá una pena de inhabilitación de nueve años (siete en el caso de esta última, en calidad de cooperadora necesaria) y nada de cárcel. Quedan absueltos de malversación, fraude y negociaciones prohibidas. El cuarto acusado, Cerdán, queda eximido de todas las acusaciones. Sobre la primera contratación, en la que participó, el tribunal sostiene que actuó “de manera negligente” al no comprobar las ilegalidades en torno a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, si bien entiende que “desconocía los intereses personales” del resto de implicados.

Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora se planteó como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. Finalmente, la sentencia queda muy lejos incluso de la nueva calificación.

El caso tomó el apellido del doctor Margüello. Sus empresas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 hasta la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, denunció en el juicio el exconsejero socialista Rafael Bengoa, quien al relevar a Inclán en 2009 denunció este caso ante la Fiscalía.

Fueron dos los contratos concretos objeto de juicio. En ambos la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se presentó como simple “asesor” en la empresa y trató de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, llegó a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

En la segunda contratación se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones.

¿Se perdió dinero con la operación? La Fiscalía reclamaba a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegaron que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos cuando gobernaba el PSE-EE, retiró finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración.

El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó quien también ha sido asesor en materia sanitaria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero responsable de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, ha avalado en la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento la estrategia de los abogados de la Administración en el juicio del ‘caso Margüello’, que no aprecian delito en los contratos suscritos por la Sanidad pública con una intermediaria para gestionar las listas de espera y que tampoco entienden que ese servicio supusiera un sobrecoste para las arcas públicas. Erkoreka ha explicado que la posición en el proceso penal viene marcada por los dictámenes de los dos últimos directores de la Oficina de Control Económico del Gobierno (OCE) – “de dos Gobiernos diferentes e ideologías dispares”- que “coincidieron en constatar que no se había producido quebranto económico a la Hacienda vasca”.

El ‘caso Margüello’ surge con la constatación de que Sanidad había contratado ‘a dedo’ en 2006 un servicio de intermediación de la derivación de pacientes en lista de espera en Bizkaia a una empresa recién creada y vinculada al doctor José Carlos Margüello, jefe de Calidad de Cruces y amigo personal del entonces consejero, Gabriel Inclán. Posteriormente, cuando la OCE cuestiona el procedimiento de “emergencia” para tramitar esa adjudicación, la Administración realizó un segundo contrato, de nuevo directo, y que recayó en una UTE controlada de nuevo por esa mercantil, llamada Gestión de Servicios Sanitarios XXI

El Gobierno del PSE-EE, con Rafael Bengoa como consejero de Sanidad, envió el caso a la Fiscalía al entender que la existencia de un intermediario era innecesaria y que o encarecía el servicio final o, si se pagaba el mismo precio, reducía el dinero realmente destinado al paciente, como ha ratificado recientemente en el juicio. El mismo Ejecutivo que denunció, en la actualidad controlado por el PNV, entiende ahora que no existió tal perjuicio económico, como sostienen las defensas de Margüello, de su socia Edurne Fernández y de los dos excargos sanitarios procesados, José Ramón Elorriaga y Rafael Cerdán. El argumento es que los pacientes fueron atendidos y que las tarifas pagadas por las derivaciones fueron las mismas con o sin intermediaria.

Elkarrekin Podemos ha llevado el asunto al pleno del Parlamento al entender que el Gobierno vasco, “como el de Mariano Rajoy”, “se pone al servicio del partido” y protege a “imputados por corrupción”. “Son 7 millones de euros los que nos robó esta gente y el Gobierno no tiene la decencia de pedirles que devuelvan lo que se llevaron”, ha enfatizado la parlamentaria Cristina Macazaga.

Erkoreka ha replicado que los letrados gubernamentales han permanecido “hasta el último minuto” personados en el juicio, aunque también lo han estado en otras siete causas (“dos penales y cinco en lo contencioso-administrativo”) en las que se “perdió”. “Si hay condena no tenga ninguna duda. Si el juez considera que efectivamente se produjo lesión patrimonial, el Gobierno vasco recuperará hasta el último céntimo de euro. No se preocupe, será contundente y claro. Pero con seriedad”, ha expuesto el consejero-portavoz, que ha pedido a la oposición que huya de la “demagogia” en este asunto y que repase un “dossier” jurídico de “127 páginas” que él mismo entregó a la Cámara a petición del PP.

El ‘caso Margüello’ está visto para sentencia, aunque no se conoce la fecha en la que se conocerá la resolución judicial. Sólo la Fiscalía sostiene que los cuatro acusados han de ingresar en prisión, aunque ofreció a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que, a su entender, supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera.

El 'caso Margüello' ha quedado esta semana visto para sentencia nueve años después de que el diario 'El Mundo' publicara los primeros datos en torno a las presuntas irregularidades en torno a dos contratos millonarios adjudicados por el Departamento de Sanidad para la derivación a clínicas privadas de pacientes en listas de espera de Bizkaia durante la etapa final de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Tras la larga investigación, entrelazada con otros procedimientos judiciales colaterales que no se han saldado con condenas, la causa principal será resuelta en el plazo de, como mínimo, un mes. Se exponen a elevadas penas de prisión cuatro acusados: el doctor José Carlos Margüello, amigo de Inclán y apoderado de Gestión de Servicios Sanitarios XXI -la intermediaria contratada por Sanidad para gestionar las listas de espera-, su socia María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas, y los excargos políticos José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia que promovió las contrataciones, y Rafael Cerdán, viceconsejero y firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial. Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora ha planteado como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. A continuación, las cinco claves de este caso.

1 - ¿Por qué 'caso Margüello' y no 'caso Fernández'?

El caso tomó el apellido del doctor José Carlos Margüello, exdirector de Calidad del hospital de Cruces, amigo personal de Inclán y además empresario. Sus firmas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 y la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. Así describía la situación el exconsejero Rafael Bengoa (PSE-EE), bajo cuyo mandato en 2009 se iniciaron las investigaciones: “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”. En los dos contratos concretos objeto de juicio, la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se ha presentado como simple “asesor” en la empresa y ha tratado de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, ha llegado a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

2 - ¿Era necesario el contrato?

Uno de los debates más acalorados durante el juicio es si estos contratos, que tuvieron un coste de 6,8 millones de euros, eran realmente necesarios. ¿Aportaba algo Gestión de Servicios Sanitarios XXI a la atención sanitaria? Las defensas han insistido en que la compañía ofreció a Sanidad algo “novedoso”, un plantel de médicos para poder atender un pico de demanda en Osakidetza. Esta intermediaria contrataba a los profesionales y éstos intervenían a los enfermos inicialmente en la San Francisco Javier y fruto del segundo contrato en la Clínica Indautxu. Esta fórmula, sin embargo, no se ha empleado ni antes ni después en las concertaciones con centros privados, que se hacen directamente entre Osakidetza y las clínicas sin necesidad de terceros. Los testigos de la acusación, singularmente Bengoa, han calificado de “innecesario” el papel de Gestión de Servicios Sanitarios XXI. ¿Qué aportaba una empresa sin experiencia, sin recursos y sin habilitación médica en la gestión de las listas de espera? ¿No se podía haber firmado el concierto directamente con San Francisco Javier o con Indautxu? Algunos de ellos han hablado de que no era más que una “agencia de viajes”. El que fuera 'número dos' de Bengoa, el actual diputado socialista Jesús María Fernández, deslizó incluso que se comprometió la “seguridad clínica” de los pacientes al ceder sus historiales a la “agencia” de Fernández y Margüello.

3 - ¿Se ha perdido dinero con la operación?

Es, sin duda, el asunto mollar del juicio. La Fiscalía reclama a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegan que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. Han aportado testigos que aseguran que Gestión de Servicios Sanitarios XXI no obtuvo grandes beneficios de esta operación y han incidido en que los precios de los procesos médicos se ajustaron a los máximos regulados en las órdenes oficiales de tarifas. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos, ha retirado finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración. El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó en un 'cara a cara' con Beramendi, abogado de Margüello y de su socia, así como de Elorriaga. En todo caso, en el juicio no se ha calculado el porcentaje que se quedó la intermediaria para poder medir el efecto real de estas contrataciones y los acusados ven exagerado que se les haga responsables de todo el coste del contrato, incluido el del servicio médico.

4 - ¿Fueron contrataciones ilegales?

Mucho se ha discutido también sobre la forma en que se realizaron las contrataciones. La primera de ellas, la de 2006, se ejecutó por el procedimiento de emergencia, reservado en la normativa para catástrofes o incluso para asuntos de seguridad nacional. La Oficina de Control Económico (OCE) afeó 'a posteriori' este procedimiento, lo que motivó el segundo de los contratos. Las defensas han alegado que la propia OCE autorizó un año antes contratos similares en Sanidad y han recalcado que había una situación crítica en Osakidetza y, en concreto, en Bizkaia, que había de ser solucionada con celeridad. La gripe de 2006 -han repetido hasta la saciedad- retrasó otros procesos médicos y, además, el Gobierno aprobó un nuevo decreto para garantizar la atención en unos tiempos máximos. Elorriaga, responsable de Sanidad en la provincia, habló incluso de “escándalo” social para justificar la necesidad de buscar una solución de emergencia al colapso de los quirófanos y consultas vizcaínos. Fue el propio Elorriaga el que detalló en su comparecencia en el juicio que, tras las dudas de la OCE, se planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta segunda ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, manifestó.

5 - ¿Tiene el caso un componente político?

El letrado Javier Beramendi es un fijo en los casos mediáticos con cargos públicos implicados en Euskadi. Últimamente está siendo protagonista en el 'caso De Miguel' como defensor de Xabier Sánchez Robles -acusado igualmente de contrataciones irregulares en los años 2006-2009- y ha participado en otros muchos procesos. No sorprendió por ello que en su alegato final, además de las conclusiones meramente jurídicas, introdujera el componente político. Mirando al tribunal -presidido por Alfonso González Guija- habló de causa “inquisitorial” y pidió que se ponga fin a un “calvario” de casi una década de duración. Sugirió que todo el caso es una venganza del PSE-EE contra el PNV en un momento muy concreto, en plena polémica por la salida de Juan José Ibarretxe tras el pacto con el PP para desalojar al PNV del poder. Aludió incluso que los socialistas devolvieron a los nacionalistas el golpe por la investigación que en su día probó que tanto el PSE-EE como la UGT manipularon una OPE de Osakidetza para colocar a su gente. “Es una lucha política a la antigua que se sirve en plato frío”, espetó Beramendi. El 'caso Margüello', en efecto, enfrentó políticamente al PNV con el entonces Gobierno socialista. Los 'jeltzales' criticaron duramente la labor de la comisión de investigación del Parlamento y se llegó a promover un comunicado de apoyo a Margüello, Inclán y el resto de implicados. Aquel manifiesto fue firmado por, entre otros, el actual consejero Jon Darpón. Durante el juicio -y aunque ambos partidos comparten ahora Ejecutivo de coalición- los principales apoyos de la Fiscalía han sido Bengoa y Fernández, ambos excargos socialistas. De hecho, uno de los pocos desmarques del PSE-EE con su socio en el Parlamento en lo que va de legislatura fue una votación en la que los socialistas se unieron a la oposición para exigir al Gobierno que recuperara hasta la última peseta en el juicio.

El juicio por el denominado 'caso Margüello', en el que se han investigado las posibles irregularidades en la externalización de las listas de espera de Osakidetza durante el período 2006-2009, ha quedado este viernes a las 15.09 horas visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Bizkaia. La última de las vistas, como es costumbre, se ha cerrado dando por última vez la palabra a los acusados. Sólo uno ha hecho uso de la prerrogativa. Ha sido el exresponsable de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, que se ha equivocado al proclamar su inocencia y ha acabado diciendo justo lo contrario: “Éramos una trama organizada”. Sólo la Fiscalía sostiene ese argumento y exige penas de prisión contra los cuatro imputados, aunque ha ofrecido a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera. El directamente afectado, el Gobierno vasco, ha “retirado” cualquier exigencia económica al entender que el perjuicio patrimonial “no ha quedado acreditado en el juicio” porque los pacientes fueron debidamente atendidos y no hubo sobrecostes en el servicio.

El fiscal José Manuel Ortiz, a pesar de que en el juicio ha mantenido un perfil bajo, se ha apoyado en las pruebas del sumario para dar por constatado el fraude de 6,8 millones, que son la suma de los 1,9 de un primer contrato 'a dedo' por el procedimiento de emergencia a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y de los casi 5 millones de uno segundo que recayó en la misma mercantil aunque esta vez en UTE con otras sociedades. El nuevo procedimiento se articuló por los reparos legales que se detectaron en el primero.

Según Ortiz, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, como intermediaria y sin tener licencia de clínica privada, “no aportaba nada a la gestión de salud”. “Es un artificio, un intermediario que se queda con parte de los fondos”, ha enfatizado para remarcar el “carácter innecesario y finalidad fraudulenta” de estas adjudicaciones promovidas por Elorriaga desde la Delegación de Bizkaia. Están imputados también el que fuera viceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán, que firmó el primero de los dos contratos, y María Nieves Fernández, admistradora de las empresas de Margüello y a la que se acusa de testaferro del doctor, que era alto cargo del hospital de Cruces y amigo personal del consejero de Sanidad de la época, Gabriel Inclán (PNV). “Ese dinero público nunca debió salir del sistema vasco de salud”, ha recalcado el fiscal en sus conclusiones a pesar de aceptar como alternativa a la petición inicial de penas (11 años de prisión excepto para Cerdán, 6) una rebaja de casi la mitad de años de cárcel al acceder que en vez de dos delitos de malversación, prevaricación y fraude, uno por contrato, se produjo solamente uno aunque “continuado” en el tiempo para beneficiar a la trama de Margüello.

Como ya se intuía desde el inicio de las vistas, el Gobierno vasco ha dejado solo al ministerio fiscal en sus acusaciones. Su letrado, Javier Otaola, asume que la “posición” del Ejecutivo es “un poco delicada”. Con el PSE-EE en Lakua, fue el propio Departamento de Sanidad el que denunció los hechos ante la Justicia. El exconsejero socialista Rafael Bengoa ha ratificado su creencia en que hubo irregularidades manifiestas durante su declaración en el juicio. Pero la posición del Gobierno actual es que la investigación y el juicio “no han podido acreditar un daño real y efectivo” a las arcas públicas. Según Otaola, la intermediación no hizo que no se atendieran a los pacientes y el servicio se ajustó a las tarifas máximas fijadas para la concertación de servicios. “Esto justifica nuestra retirada y nos retiramos”, ha argumentado Otaola. 

El abogado de Margüello, Fernández y Elorriaga, Javier Beramendi, ha interesado del tribunal que preside Alfonso González Guija “una sentencia absolutoria que ponga fin a esta irracionalidad”. “Intereso de ustedes que pongan fin a este calvario”, ha abundado. A su juicio, “tiene bemoles” que se incrimine en este caso a Margüello cuando era “el último mono” en unas empresas dirigidas formalmente por su socia Fernández. En efecto, Margüello apenas tenía una pequeña participación societaria, pero constaba en el Registro Mercantil que tenía poderes y, además, él firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el contrato para derivar los pacientes que recibía Gestión de Servicios Sanitarios XXI de las listas de espera de Osakidetza. Su sobrina era una de las administrativas.

Según Beramendi, el 'caso Margüello' es poco menos que una venganza política del Gobierno del PSE-EE. Ha acusado abiertamente a Bengoa y a su equipo de “inflar” las acusaciones cuando ha quedado patente que había listas de espera en Bizkaia sobre las que actuar, que los pacientes fueron atendidos y que, además, no se produjo “ni una sola queja” por la supuesta mala calidad de la atención.

El único imputado con otro abogado ha sido Cerdán, implicado sólo en el primero de los contratos. Su letrado, Joanes Labayen, ha defendido también la absolución del exviceconsejero porque firmó un contrato que tenía todo los parabienes de los técnicos y cargos políticos que le asesoraban. “Aquí no hay nada reprochable por parte del señor Cerdán”, ha remarcado. Igualmente, ve excesivo reclamar que se devuelvan los 6,8 millones que costaron los conciertos sanitarios. En todo caso, habría que haber fijado en el juicio la cantidad concreta que elevó la factura la intermediación de la mercantil investigada o cuánto se pudo haber ahorrado si se hubiera realizado un concurso público y no una adjudicación 'a dedo'.

El doctor Rafael Bengoa conoció “un día antes” de acceder al cargo de consejero de Sanidad, en mayo de 2009, las presuntas irregulares en torno a los contratos para la derivación de pacientes en lista de espera de Bizkaia, que recayeron en la empresa intermediaria Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a un conocido directivo del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Esta empresa sin personal médico ni instalaciones sólo se encargaba de trasladar a los enfermos a clínicas privadas. Casi la primera decisión de Bengoa fue encargar una investigación interna que concluyó que era “innecesario” este servicio de intermediación, que costó 6,8 millones de euros. Según ha declarado en la sesión del juicio del 'caso Margüello' de este lunes el exconsejero por el PSE-EE, con experiencia en la Organización Mundial de la Salud e incluso como asesor de Barack Obama, estas anomalías administrativas sólo pueden explicarse por la existencia de una “trama” para “conseguir beneficios”. El dinero público, ha apostillado, “se quedó en el camino” y se perjudicó la atención a los pacientes.

Bengoa ha comparecido finalmente en la tercera sesión de este proceso en el que además de Margüello se sientan en el banquillo María Nieves Fernández, la administradora formal de las mercantiles vinculadas al doctor, y dos excargos del PNV en Sanidad, el director territorial en Bizkaia, Rafael Elorriaga, y el viceconsejero Rafael Cerdán. El consejero entre 2009 y 2012 estaba citado para el pasado martes pero se hallaba de viaje en Brasil. La citación le fue enviada a un despacho profesional antiguo y recepcionada por una persona contra la que “actuará” la Audiencia Provincial de Bizkaia. Según ha explicado el presidente del tribunal del 'caso Margüello', Alfonso González Guija, esa persona mostró una “clara falta de colaboración” para localizar al exconsejero, lo que ha provocado el retraso hasta el 27 de abril de un juicio que iba a quedar visto para sentencia el pasado jueves.

El testigo más importante de la Fiscalía, por su peso político, ha señalado que Osakidetza tiene capacidad para “gestionar desde dentro” las listas de espera. “No hacía falta intermediar entre la Administración y los prestadores [clínicas privadas]”, ha asegurado recordando que ni en su mandato ni en el actual de Jon Darpón, de nuevo del PNV, se recurre a este tipo de empresas.

Esa empresa intermediaria era Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Se creó en febrero de 2006, un mes antes de que el consejero en aquel momento, Gabriel Inclán, aprobara un decreto para agilizar los tiempos de espera en Osakidetza y que incluía plazos máximos para atender a los pacientes. Esa nueva garantía ciudadana entró en vigor en julio y en junio, a través de un procedimiento de “emergencia”, Elorriaga y Cerdán autorizaron una adjudicación 'a dedo' a la firma en la que Margüello tenía apenas el 1% de las acciones pero sí un importante peso interno. Rondó los 1,8 millones. Gestión de Servicios Sanitarios XXI quedó eximida de la autorización sanitaria al ser simplemente una gestora que luego derivaba a los enfermos a los facultativos que tenía conveniados. Como esa adjudicación fue cuestionada por la Oficina de Control Económico del Gobierno, se convocó un concurso aunque luego se volvió a suspender para repetir la contratación con la intermediaria, ahora en UTE con la Clínica Indautxu. Aquella tenía un tope de 0,2 millones de euros pero con las prórrogas costó alrededor de 5.

“Nadie más se presentaba a las licitaciones”

Las pesquisas internas, ha precisado Bengoa, pusieron de manifiesto que Margüello tenía intereses también en otras empresas como Rehabilidom o Medical Dom. Desde 1996 todas las sociedades relacionadas con el hoy acusado sumaron 30 millones en contratos. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, ha señalado el exconsejero preguntado por la Fiscalía. Y ha añadido: “Hay una especie de pared de silencio, nadie se presenta a las licitaciones”.

Acompaña al ministerio público como “acusación” el propio Gobierno vasco. El abogado de la institución que promovió la investigación sobre este asunto, Javier Otaola, ha formulado apenas dos preguntas a Bengoa. En ellas ha buscado del exalto cargo una ratificación pública de que los contratos con las empresas de Margüello no generaron un quebranto económico para las arcas públicas.

En la misma línea ha enfocado su interrogatorio Javier Beramendi, letrado de Margüello, Fernández y Elorriaga. Ha sido un cuestionario muy duro en el que el penalista apenas quería que Bengoa se saliera del 'sí' o el 'no'. Por momentos ha podido cuestionar su gestión política al frente de Sanidad hasta que el presidente del tribunal le ha cortado porque Bengoa no era ni mucho menos el acusado. “Para mí la única forma de cuestionar su validez es preguntándole cómo ha tomado otras decisiones que van en contra de lo que está exponiendo”, se ha justificado Beramendi.

Éste ha sido el momento más tenso:

-¿Abrió el Tribunal de Cuentas del Estado responsabilidades por alcance contable?

-No he oído hablar de eso.

-¿Conoce usted que las tarifas a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y a la UTE eran las mismas que las del resto de empresas concertadas?

-Las tarifas eran para poder prestar el servicio, no para que se retenga algo el intermediario.

-Pero, ¿costaba un euro más sí o no?

-Podré contestar algo más que sí o no, ¿verdad? Si hay dinero público de por medio, no queremos que los impuestos acaben en una situación intermediaria. Los impuestos deberían haber ido enteros para la actividad médica final. Insiste en que la suma final es la misma... Sí, pero se iba quedando dinero en el camino y, por lo tanto, hay un impacto negativo sobre los pacientes al final.

-Pero se cobraba lo mismo en San Juan de Dios que en Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

-Eso es bien interesante. Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario.

-No lo entiendo. ¿Qué dinero llega al paciente?

-¿No lo entiende? Al paciente le llegan unos servicios con el dinero del pagador. Si parte se está usando para intermediar unas listas de espera es evidente que llega menos dinero al prestador final.

-Al mismo coste para la Administración...

-Pero con impacto negativo para el paciente.

-Yo no lo entiendo.

El juez González Guija ha cortado este cruce de comentarios reprochando la actitud de Beramendi. “Lo ha explicado dos o tres veces. Otra cosa es que no le satisfaga la respuesta”, ha terciado, pese a lo cual, la siguiente pregunta retórica del letrado ha sido nuevamente “¿Cuál es el perjuicio económico?”.

Bengoa también ha calificado de “muy irregular” que Osakidetza cediera a Gestión de Servicios Sanitarios XXI la custodia de historias clínicas, documentos confidenciales y extremedamente sensibles. El exconsejero ha revelado que, debido a la falta de medios de la empresa intermediaria, inicialmente se guardaban “en un piso”. Más adelante los propios imputados reconocieron que quedaron almacenadas en la clínica San Francisco Javier, donde realmente se trataba a los pacientes.

La Fiscalía no interroga a Inclán

Además de Bengoa, el 'caso Margüello' ha recibido la visita de su predecesor, Gabriel Inclán. El exconsejero por el PNV, amigo personal del principal imputado y responsable de Sanidad cuando se produjeron las presuntas irregularidades, ha tenido un paso fugaz por la Audiencia de Bizkaia. “Mi amistad no me impide decir la verdad”, ha puntualizado al principio de su comparecencia para luego añadir sobre su posible influencia para que Margüello accediera a contratos: “Ni un ápice más para los amigos y ni un ápice menos para los enemigos”.

Llamado por Beramendi, las defensas han convocado a Inclán para explicar que Euskadi y, concretamente Bizkaia, vivían a finales de 2005 una situación de “emergencia” en cuanto al incremento de las listas de espera que justificaban un actuación urgente para derivar pacientes a la Sanidad privada. “Cuando hay personas esperando, nuestra obligación era atenderlas”, ha indicado. Es la misma versión que defendieron los imputados en su declaración.

El exconsejero ha añadido que las clínicas ya concertadas de Bizkaia estaban “en su tope” para justificar que la Administración se fijara en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que ofertaba un plantel de médicos para atender las derivaciones -que en el fondo o eran de Osakidetza o de otras clínicas-. “La contratación de emergencia no significa que es ilegal. Es otra forma de legalidad. Tomaron la decisión más apropiada para hacerlo lo antes posible”, ha destacado Inclán sobre la adjudicación urgente de 2006. Ha añadido que las tarifas que se pagaron a esta empresa no fueron un “capricho” sino dentro de los máximos fijados para todas las clínicas y que “nunca hubo una queja” en relación al servicio de gestión de las listas de espera.

Sólo los abogados defensores han aprovechado la presencia de Inclán en el juzgado. La Fiscalía no ha formulado ni una sola pregunta, ni siquiera incidir en si su relación con Margüello tuvo relación con los hechos investigados. El fiscal José Manuel Ortiz ya sorprendió la pasada semana al dedicar apenas 11 minutos al interrogatorio del principal acusado. El ministerio público solicita once años de cárcel contra todos los imputados excepto para Cerdán, a quien rebaja la petición a seis años porque no participó en la segunda adjudicación a la UTE en la que participa Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

El juicio del 'caso Margüello', en el que se analizan las presuntas irregularidades en dos contratos para la derivación a la Sanidad privada de pacientes de Osakidetza en lista de espera valorados en 6,8 millones de euros, no está dando los frutos esperados por la Fiscalía. Si en la primera jornada su interrogatorio al principal acusado, el doctor José Carlos Margüello, apenas duró 11 minutos y prácticamente se limitó a 'no sés' y 'no me constas', en la segunda el gran titular ha sido la ausencia del testigo más significativo de la acusación, el exconsejero de Sanidad por el PSE-EE, Rafael Bengoa, quien bajo su mandato ordenó revisar los expedientes de contratación de sus predecesores con empresas vinculadas a Margüello, que es amigo íntimo del anterior titular de Sanidad con el PNV, Gabriel Inclán.

Bengoa no ha participado en la sesión de este martes del juicio ya que se halla de viaje en Brasil. Fuentes de su entorno explican que el exconsejero “no recibió la citación” para comparecer como testigo en tiempo y forma, ya que fue remitida a un despacho profesional en el que hace años que no trabaja. No es el primer caso en que la Justicia es incapaz de localizar a una persona de relevancia pública en los últimos meses. Bengoa no regresará de su viaje hasta la próxima semana y el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso González Guija, ha comunicado este miércoles que la citación se traslada finalmente al próximo 26 de marzo, día en el que se realizará también parte de la prueba testifical propuesta por las defensas, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia vasco. El resto de la prueba testifical y las conclusiones del juicio quedan para el 27 de abril, como estaba previsto.

El ‘caso Margüello’ surge precisamente al poco de tomar posesión Bengoa en mayo de 2009. Su equipo, al levantar alfombras, detectó que las empresas vinculadas al amigo de Inclán habían obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios entre 1996 y 2008. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias compañías a pesar de la posible incompatibilidad. Entre ellas se puso el foco en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que no tenía más plantilla que dos administrativas. En ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, aunque una de las empleadas era hermana del facultativo y él era apoderado.

En 2006, apenas unos pocos meses después de constituirse y con base en un decreto para reducir las listas de espera, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que tenía que buscar médicos externos y conveniar el uso de una clínica privada, recibió 'a dedo' un contrato para la gestión de las derivaciones de pacientes a una clínica privada. Para ello, se activó un procedimiento de “emergencia” que evitó sacar a concurso la licitación, valorada en alrededor de 1,9 millones. Como ese contrato recibió un informe negativo de la Oficina de Control Económico, se reformuló dos años después mediante un sistema “negociado sin publicidad” que benefició a otra UTE controlada por Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Aquel contrato tenía un máximo de 200.000 euros pero acabó elevándose hasta rozar los 5 millones.

No ha comparecido Bengoa en el juicio pero sí su 'número dos', Jesús María Fernández, actualmente diputado socialista en el Congreso. El que fuera viceconsejero de Sanidad ha asegurado que “no estaba justificaba” la contratación de una intermediaria para gestionar las listas de espera. Ha explicado que con anterioridad y después de ese contrato Osakidetza ha contratado directamente con las clínicas. “Nunca se había hecho antes, ni nunca se ha hecho después y que no está justificado”, ha señalado. La investigación ha puesto de manifiesto que Gestión de Servicios Sanitarios XXI se quedaba con un porcentaje por su labor de coordinación que oscilaba entre el 5% y el 20%. Fernández no se ha quedado ahí y ha declarado que esas contrataciones irregulares “pusieron en riesgo la salud, la atención sanitaria y la seguridad clínica”, según informa Europa Press.

Fernández, ante la ausencia de Bengoa, se ha convertido en el principal apoyo de la Fiscalía para lograr las condenas propuestas para los imputados -el viceconsejero Rafael Cerdán y el director en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, por firmar las adjudicaciones irregulares y el doctor Margüello y su testaferro María Nieves Fernández-. Ha dado también algún detalle de cómo se gestó este caso en 2009 y ha destacado el trabajo investigador previo del diario 'El Mundo'.

Fernández ordenó una primera investigación interna “por la publicación en un periódico de una serie de informaciones sobre casos de estas adjudicaciones, irregulares según el periódico”. Ese trabajo se lo encomendó a Xabier Elexpe, quien también ha comparecido este martes ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, y a otra funcionaria. Sus conclusiones “reafirmaban todos los hechos que se habían publicado” por lo que se empezaron a tomar medidas laborales, administrativas y también políticas (una comisión de investigación en el Parlamento vasco).

“Se abrió expediente administrativo y se demostró que había habido una presunta autorización ilegal para concertar y contratar a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI y se solicitó un informe de la comisión jurídica asesora del Gobierno vasco que declaró nula de pleno derecho la autorización”, ha explicado sobre la empresa aparentemente controlada por Margüello, que en días antes de recibir la contrata para la derivación de las listas de espera fue declarada exenta de obtener la homologación que requieren las clínicas privadas.

El juicio del ‘caso Margüello’, que analiza las irregularidades en la externalización de la gestión de las listas de espera en la Sanidad pública vasca y que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia en medio de una importante expectación de los medios de comunicación, no ha dado honor a su nombre. Durante la larga sesión de más de cinco horas ha habido reflexiones más largas de otros imputados como José Ramón Elorriaga que lo que ha durado el interrogatorio completo de la Fiscalía al principal protagonista de esta trama, el doctor José Carlos Margüello. Frente a un ministerio fiscal que apenas ha hecho repreguntas y a un Gobierno vasco que se ha inhibido y no ha participado en ningún interrogatorio, los abogados de los imputados han logrado fijar su mensaje: no hubo ningún trato de favor a las empresas de Margüello en los contratos bajo sospecha (valorados en 6,8 millones), éste no participó en estas operaciones y aquellas adjudicaciones fueron esenciales para “salvar” una situación crítica en los hospitales vascos, descrita por los acusados como un cúmulo de huelgas, saturación de quirófanos y protestas ciudadanas contra las listas de espera. En la vista no ha quedado claro, eso sí, por qué el Gobierno confió a un intermediario sin personal a su cargo –la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que se llevaba un porcentaje por su gestión, entre el 5% y el 20%- la derivación de pacientes a clínicas privadas cuando con anterioridad y después se ha hecho de manera directa con esos centros.

El ‘caso Margüello’ surge en 2009, con el socialista Rafael Bengoa como consejero de Sanidad. Bengoa, al levantar alfombras, detectó que un amigo personal de su predecesor, Gabriel Inclán, había obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios. Ese amigo era Margüello, que no lo ha negado en el juicio. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias empresas contratistas desde al menos 1996. Entre ellas aparece Gestión de Servicios Sanitarios XXI, aunque en ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, a quien el facultativo se ha referido en el juicio como “la señorita Edurne” y a la que ha atribuido toda la gestión de un contrato que, sin embargo, firmó el propio doctor de su puño y letra.

Esa mercantil surgió en febrero de 2006. En abril de ese año Sanidad aprobó un decreto que fijaba un máximo de espera en Osakidetza para intervenciones quirúrgicas, lo que obligaba a financiar un servicio privado en caso de imposibilidad de atención en la red pública. En Bizkaia, el director territorial, José Ramón Elorriaga, otorgó ‘a dedo’ esa derivación de pacientes a la nueva empresa, que apenas tenía dos administrativas. Fue en junio. Esta compañía coordinaba las derivaciones a la clínica San Francisco Javier de Bilbao con médicos preseleccionados a los que pagaba, muchos de Osakidetza. Sanidad abonó 1,9 millones entre 2006 y 2008 a Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

En el juicio se ha discutido por qué esa contratación se realizó mediante un “procedimiento de emergencia” y no siguiendo los trámites ordinarios. Elorriaga, en su declaración como imputado, ha señalado en un circunloquio que ha durado 17 minutos que había una “emergencia de listas de espera” en Bizkaia en aquel momento, “la más grave de los tres territorios” y “un escándalo en la sociedad”. Era el “problema más grave” en Sanidad para “todos los responsables, de la quilla hasta la perilla”, ha espetado.

“Estamos hablando de miles y miles de personas. Estar en una lista de espera, con toda la incertidumbre de qué tiene uno, estar pendiente de una cirugía que te tiene postrado en camas meses, es un mundo que requiere actuaciones inmediatas”, ha explicado Elorriaga, quien ha llegado a manifestar que Gestión de Servicios Sanitarios XXI “salvó” el buen funcionamiento de Osakidetza, al menos en Bizkaia. El imputado ha indicado que el plan de gestión de las listas de espera incluso tenía un nombre interno, Tangarte, no por el sentido de ‘estafar’ que según la RAE tiene el verbo ‘tangar’, sino por un artilugio marino para achicar agua en los barcos en situaciones críticas. Elorriaga ha añadido que Bizkaia era el territorio vasco con menos privatización en la Sanidad privada.

Como él, el viceconsejero Rafael Cerdán se ha expresado en los mismos términos. Este alto cargo de Inclán autorizó el procedimiento de emergencia y ha señalado que lo hizo porque lo planteó Elorriaga con en informes jurídicos encima de la mesa. Ambos han explicado que en 2005 hubo ocho contratos por esta vía y que entendían que podían repetir la fórmula un año después sin tacha legal. Sin embargo, la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno censuró ‘a posteriori’ esa contratación ‘a dedo’, mecanismo que de hecho no se retomó hasta 2008 para hacer frente a la pandemia de la gripe aviaria.

Tras las dudas de la OCE, de hecho, Elorriaga planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier. 

Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, ha indicado después de admitir que no era un experto en contratación ni en leyes, similares argumentos a los del viceconsejero.

Antes de los excargos en Sanidad, la primera en tomar la palabra en la sesión, presidida por el juez Alfonso González Guija, ha sido María Nieves Fernández, amiga de Margüello y, según la investigación, la testaferro del doctor en la sociedad Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Ella ha asumido toda la responsabilidad en los contratos con Sanidad porque intuyó en 2006 que el problema de las listas de espera estaba “en la calle” y vio un “nicho de negocio”. Y ha reducido el papel de Margüello a “simbólico”. Ha negado que usara su influencia para lograr los contratos y ha argumentado que fue un viaje el que le obligó a darle “poderes” en la empresa para que firmara el contrato de derivación de pacientes con San Francisco Javier.

El testimonio más esperado ha sido el último, después del parón para comer, y el más decepcionante. El fiscal José Manuel Ortiz apenas ha dedicado 11 minutos al principal acusado, que ha despachado casi todas las preguntas sobre Gestión de Servicios Sanitarios XXI con un “no sé” o “no me consta”. Expresamente, ha rechazado haber hecho “gestiones” con Sanidad para lograr esos contratos. Se ha explayado un poco más para denunciar que Bengoa anuló las adjudicaciones de derivación de pacientes en lista de espera. El propio exconsejero -e Inclán- comparecerán como testigos a lo largo de este juicio, que quedará visto para sentencia esta misma semana.

En él el Gobierno vasco no pide cárcel para los cuatro imputados, para los que la Fiscalía pide 11 años excepto para Cerdán, al que rebaja la solicitud a 6 por no haber intervenido en la segunda contratación tras el informe de la OCE, que recayó exclusivamente en Elorriaga. Los letrados del Ejecutivo sólo reclaman el dinero presuntamente malversado si hay sentencia condenatoria, aunque recalcan que no se abonaron a las empresas investigadas fondos por servicios no prestados. La derivación de pacientes, según los datos aparecidos en el juicio, alcanzó a casi 100.000 vizcaínos.

En plena celebración del juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia de Álava, el mayor caso de corrupción investigado en Euskadi y que sienta en el banquillo a 26 imputados, entre ellos tres exdirigentes del PNV en Álava, la Audiencia de Bizkaia acogerá otra causa penal por irregularidades administrativas, en este caso en la externalización de servicios sanitarios durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Las vistas del denominado 'caso Margüello', cuya afección a las arcas públicas se estima en 6,8 millones de euros, tendrán inicio este lunes 19 de marzo. En esta ocasión, en cambio, está previsto que el asunto quede visto para sentencia en menos de una semana.

Como adelantó eldiarionorte.es en enero, el calendario de señalamientos abarca las mañanas de los días 19, 20, 21 y 22 de marzo a partir de las 10.00 horas y solamente en horario matinal. Será la sección primera de la Audiencia de Bizkaia la que analice un procedimiento cuya investigación se inició también hace casi una década, en 2009, cuando el socialista Rafael Bengoa asumió la cartera con más dotación presupuestaria del Gobierno vasco en sustitución de Inclán.

En este juicio se sentarán en el banquillo el exjefe de Calidad del hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, que da nombre al caso, María Nieves Fernández y dos exaltos cargos de la Sanidad vasca, el que fuera viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, y el responsable territorial en Bizkaia en esa época, José Ramón Elorriaga. Se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel y a la restitución del dinero de los contratos aparentemente irregulares por la presunta comisión de los delitos de “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos”, según determinó la entonces fiscal del caso, Carmen Adán, ahora máxima representante de la Fiscalía en Euskadi.

El ministerio público, una vez concluida la larga fase de instrucción, vio constatado que los dos exaltos cargos, Cerdán y Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la legalidad para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del hospital de Cruces, Margüello, que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández. Son dos los contratos considerados irregulares, uno con un valor aproximado de 2 millones de euros y un segundo que ascendió hasta los 4,8.

La Fiscalía desmenuza la trama

Según la calificación de la Fiscalía, Margüello era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces, pero al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. En ellas figuraba como administradora María Nieves Fernández. “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.

Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la Dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.

Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.

El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu. El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.

El Gobierno vasco, de perfil

La Fiscalía será la única acusación en el juicio del 'caso Margüello', ya que los servicios jurídicos del Gobierno vasco no solicitarán penas de prisión, de igual manera que en el 'caso De Miguel'. Los letrados autonómicos sólo reclamarán una compensación económica en caso de que “hipotéticamente” la Justicia dé la razón al ministerio público. El consejero al cargo de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, explicó el pasado año a los periodistas que es “absolutamente imprescindible tomar en consideración los nueve pronunciamientos judiciales que se han producido en los últimos diez años” en torno a esta cuestión para comprender el papel secundario que adoptará el Ejecutivo en el proceso penal.

El PSE-EE, impulsor en su día de la investigación y ahora socio del PNV en el Gobierno, mostró su malestar por esta posición e incluso llegó a desmarcarse de los nacionalistas en una votación parlamentaria por “coherencia”. El actual consejero de Salud, Jon Darpón, por su parte, fue uno de los exaltos cargos de Inclán que firmaron un documento negando la existencia de cualquier tipo de fraude. La comisión de investigación del Parlamento, finalmente, estimó que las empresas implicadas en la trama facturaron un total de 30 millones con la Administración vasca.

Para el especialista en salud pública Rafael Bengoa, invertir en teleasistencia y en coordinar la atención a pacientes crónicos puede “ahorrar mucho dinero” al erario público. La atención a este tipo de enfermos es el gran reto de los sistemas sanitarios actuales, dado el gran consumo de recursos que suponen. El exconsejero de Sanidad del Gobierno vasco y exasesor del presidente de EE UU, Barak Obama, advierte de que España necesita hacer “cambios muy pioneros que ya están haciendo los países más avanzados del mundo” para afrontar los elevados gastos que pueden generar el aumento de las enfermedades crónicas y los nuevos tratamientos futuros. Bengoa, profesor de la Universidad de Harvard y de la Deusto Business School y miembro del equipo de asesores del líder socialista Pedro Sánchez en materia de sanidad, ha participado en el II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública celebrado en Santiago de Compostela, donde se ha abordado La epidemiología y la salud pública ante el reto de cronicidad.

Según cálculos de la firma Boston Consulting Group, el coste de las enfermedades crónicas podría disparar a cerca de 100.000 millones de euros el presupuesto de salud pública en 2020, frente a unos 60.000 millones de euros actualmente. Para evitarlo, Bengoa considera que España debe invertir en fomentar la teleasistencia y en otras reformas para fomentar que los pacientes puedan conectar con médicos y enfermeros para transmitir datos sobre su estado sin desplazamiento.

“La inversión tecnológica para esos pacientes debe llevar progresivamente a convertir su domicilio en un centro de cuidados, ofreciendo en tiempo real información sobre su estado”, ha señalado a la agencia Efe. Este tipo de iniciativas ya se están aplicando, hasta el punto de que hay incluso “personas de más de 90 años que se conectan muy bien por Internet o por mensajes electrónicos” con médicos o enfermeras. Además, asegura que los médicos deben “prescribir educación en lugar de solo medicamentos”, de manera que los pacientes sean cada vez más responsables y aprendan a convivir con sus enfermedades mejorando sus hábitos de vida.

También observa la necesidad de reestructurar el sistema de salud pública para “integrar” la labor de atención primaria con la de hospitales y servicios sociales, y “empezar a trabajar de manera conjunta, en lugar de como ahora, de manera fragmentada”. Todo ello podría conllevar que el gasto de los enfermos crónicos sea “de un 8 % a un 21 % más barato” que el actual sistema consistente en atender físicamente a los pacientes en centros médicos.

“España tiene los mimbres para hacer estos cambios, incluso antes que otros socios europeos”, comenta, si bien subraya que diversos factores, incluido los demográficos, indican que en los próximos años aumentará enormemente el número de personas afectadas por enfermedades crónicas, incluidas las mentales. “Si no se toman medidas, puede haber tal aumento de la presión que podría llevarse la mayor parte del presupuesto público”, señala.

“La crisis no ha provocado las dificultades del sistema sanitario; lo que ha hecho es agudizar la complejidad de los retos a los que se enfrenta”. Esa es la opinión de Rafael Bengoa, director de Deusto Business School Health de la Universidad de Deusto y ex consejero de Sanidad del Gobierno vasco. Bengoa pasa por ser uno de los mayores expertos en el tratamiento de los enfermos crónicos, el mayor reto al que se enfrenta cualquier sistema de salud en el siglo XXI. En el caso de Euskadi, son necesarios seis cotizantes a la Seguridad Social para mantener un enfermo crónico complejo, de los que hay 43.000 en Euskadi. Los enfermos crónicos representan el 5% de los pacientes y consumen el 70% del presupuesto de la sanidad vasca. Estos números reflejan la dimensión del problema y son similares en el resto de la Unión Europea y en Estados Unidos.

Aunque los retos a los que se enfrenta el sector de la sanidad van desde los puramente clínicos a los económicos pasando por los demográficos, epidemiológicos, tecnológicos…. la atención a los enfermos crónicos marcará la sostenibilidad del sistema. Los expertos sostienen que Osakidetza (al igual que la sanidad en el resto de España y de Europa) se ha construido con una lógica de rescate, es decir, para salvar vidas. De esta forma, los enfermos crónicos no aparecen en el radar. Sin embargo, el avance de las enfermedades crónicas obliga a prevenir las hospitalizaciones innecesarias para evitar el colapso del sistema.

Bengoa ha expuesto recientemente que es preciso organizar la medicina de forma más preventiva y atender proactivamente a los pacientes crónicos “en lugar de esperar que se descompensen y acudan a urgencias”. En esta línea, la apuesta es el desarrollo de programas para que los pacientes autogestionen mejor sus enfermedades, la integración en la atención primaria y hospitalaria para ofrecer continuidad de cuidados a los pacientes e invertir en tecnologías de la información y comunicación. Es decir, que los pacientes crónicos se familiaricen con términos como e-health, m-health y telecuidados. “Hay que establecer un único sistema socio sanitario, ya que el sector sanitario y el social son vasos comunicantes y se dan múltiples ineficiencias por su separación”.

Lenta descompensación

Para Bengoa, aplicar el copago o limitar el acceso a los servicios de ciertos colectivos como los inmigrantes emiten una señal a los ciudadanos y enfermos de que el problema son ellos y que en el fondo estorban. “Las decisiones que se tomen sobre la sanidad hoy definen no solo la sanidad futura sino la clase de sociedad que queremos ser. Por otro lado, conviene recordar que no son los pacientes quienes son caros; lo que es caro es el modelo asistencial fragmentado que les ofrecemos”.

Por lo general, los enfermos crónicos se descompensan de una manera lenta. Su cuerpo da síntomas de ello, pero la red sanitaria no se percata porque no mantiene un contacto habitual con él. De ahí que este tipo de pacientes pasen por urgencias una y otra vez. “La idea central es pasar de ese sistema asistencial pasivo que 'espera' a los pacientes a uno proactivo que esté en contacto continuo con ellos y que intervenga antes de que se complique su enfermedad”.

Las estadísticas de Osakidetza reflejan que dos tercios de la ocupación de camas hospitalarias provienen de ingresos no planificados (urgencias), personas que sufren una descompensación y que pueden aparecer hasta 15 veces al año en urgencias.