Antes se coge a un mentiroso que a un cojo, dice el rico refranero español. El exasesor popular Jesús Gordillo no sufre cojera, pero le han abierto juicio oral por un presunto delito de falso testimonio por su rocambolesca declaración como testigo en el juicio sobre la caja B del PP de València durante la etapa de Rita Barberá. La Fiscalía pide para Gordillo una pena de un año de prisión tras su actuación durante el juicio de la pieza A del 'caso Taula', en el marco del cual declaró el 24 de enero de 2024 para desdecirse de todo lo que había mantenido en la fase de instrucción, echarle la culpa a un muerto y acusar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberlo presionado, tal como informó elDiario.es. Su retractación, con fragmentos dignos del cine negro, hizo aguas por todas partes y no logró salvar al principal acusado, el ex vicealcalde de València, Alfonso Grau, condenado a la sazón a cuatro años y medio de prisión.

Se trataba del testigo clave de la causa sobre la caja B del PP de València para las elecciones de 2007 y 2011. La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, lejos de creer su drástico cambio de versión, ordenó en un auto complementario al fallo que se investigara si se había producido un falso testimonio, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito del Ministerio Público, adelantado por El Español y al que también ha tenido acceso este diario, considera que la declaración de Gordillo “entró en contradicción” tanto con los otros testigos de la vista oral como con la documentación que constaba en el procedimiento, tal como “explica de manera extensa y pormenorizada” la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia. De hecho, el tribunal privó de cualquier valor probatorio al testimonio de Jesús Gordillo, del que sospechaba firmemente que pudo haber faltado a la verdad ante el tribunal “a sabiendas”, según recuerda la Fiscalía en su escrito.

La titular de la plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València dictó el auto de juicio oral contra Gordillo y designó a un juzgado de lo Penal como órgano competente, dado el presunto delito imputado al exasesor.

Jesús Gordillo, actualmente funcionario del Ayuntamiento de València, aportó a la UCO la documentación sobre el entramado del PP de València de su caja B para las municipales de 2007 y 2011 y explicó detalladamente en entramado organizado por Alfonso Grau, el vicealcalde del que el testigo había sido asesor. Actuó como una auténtica 'garganta profunda', aunque tras la fase de instrucción se plantó en el juicio oral para actuar como redimido salvador de su exjefe, con quien había roto todos los puentes.

La fábula de Gordillo en el juicio

En la vista oral Gordillo se desdijo de todo, le echó la culpa a un empresario fallecido (Vicente Sáez, de quien dijo de paso que consumía cocaína) y se sacó de la manga que un misterioso hombre —a quien ni siquiera supo describir físicamente— lo había amenazado por la calle para que entregara la documentación. Una supuesta amenaza que ni siquiera comunicó al juez instructor del 'caso Taula' cuando posteriormente se ratificó en su declaración policial.

Además, en la sala también expuso otras fabulaciones sobre la periodista a la que entregó la documentación que fueron desmentidas por el director de Valencia Plaza, Javier Alfonso, que tuvo que comparecer como testigo en el juicio a consecuencia de la retractación de Gordillo.

La nueva versión de Jesús Gordillo no logró convencer al tribunal, cuyo presidente le recordó en varias ocasiones la definición del delito de falso testimonio en el ordenamiento jurídico español.

De hecho, la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, dictada el 30 de julio de 2024, descartó de plano el cambio de versión de Gordillo y condenó a Alfonso Grau a cuatro años y medio de prisión.

El fallo, recurrido ante el Tribunal Supremo, acreditaba detalladamente las empresas contratistas del Ayuntamiento de València que hincharon la millonaria caja B del PP de Rita Barberá.

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

El juicio de la Operación Kitchen va llegando a su fin y hoy queremos fijarnos en uno de esos personajes secundarios, que parece que no importan en la trama, pero que tienen mucho que decir para la resolución del caso. Es al que en una grabación Villarejo llama: “el Morocho de los cojones”. Es Manuel Morocho, inspector jefe de policía, al que presionan para quitar de sus informes sobre la caja B del PP nombres importantes. Nada menos que el de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. 

El testimonio de Morocho es vital en este juicio y se ha reafirmado en lo que ya dijo en la fase de instrucción: hubo presiones contra él y su equipo de trabajo en aquellos años. Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado este jueves ante el tribunal del caso Kitchen que la cúpula de la Policía con el Partido Popular “desmanteló” paulatinamente su grupo de investigadores de la caja B de la formación política. En 2013, cuando comenzó esa investigación, eran 11 policías y hasta 2014 salieron más de ocho de ellos. 

“Fue una estrategia buscada”, ha añadido. Morocho ha dicho que se les ofrecían puestos de trabajo mejor remunerados. Llegaron otros policías, en menor número que las salidas (“Quno o dos”), pero sin experiencia, ha afirmado el inspector jefe. 

Morocho ha revelado otro dato desconocido. Cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en plena investigación de la caja B –para sobrecargarle de trabajo, según él– el director adjunto operativo Eugenio Pino le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU. 

Un subordinado de Eugenio Pino le advirtió de que no podría acudir a los juicios de corrupción del PP a ratificar sus informes si aceptaba el destino. “¿Pero usted sabe quién soy yo?”, ha contado Morocho que le replicó, en referencia a que su labor de instructor de los casos Gürtel y caja B, entonces sin juzgar. Morocho ha explicado que hubo informes de análisis de comisiones rogatorias de Caja B, satisfechas desde países en el extranjero, “se quedaron sin hacer”.

Esta segunda jornada de declaración de Morocho ha sido el turno para las preguntas de las defensas. Los abogados han querido desacreditar las acusaciones de sabotaje del policía. El abogado del ministro del Interior ha sacado a coalición la concesión de una medalla blanca al mérito en la época. Se trata de una mención honorífica sin asignación económica. 

Los abogados han intentado poner en cuestión la eficacia investigadora de Morocho por no registrar el domicilio de Bárcenas o intervenir los teléfonos de él y su mujer, Rosalía Iglesias. Con esta estrategia, las defensas tratan de justificar la necesidad de la operación Kitchen de espionaje a ambos por parte de los acusados en el sentido de que buscaba policialmente lo que dejó de hacer Morocho.

“No había elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales. Había que volcarse en el análisis de la información de Suiza y ampliar la Argentina, Estados Unidos y Uruguay”, ha respondido el investigador. 

El abogado de Eugenio Pino ha preguntado a Morocho por qué no activó el protocolo antiacoso de la Policía. El inspector jefe ha respondido que no recuerda si entonces ese protocolo insistía pero que, en cualquier caso, él tenía “un objetivo prioritario que era el avance de la investigación”. “Nadie me iba a desvirtuar de ese camino (…) lo asumí [el acoso de los mandos] como una carga más”, ha añadido. 

Morocho ha insistido en que fue informando de todo al juez Pablo Ruz y que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación que estaba viviendo. 

Sospecha de espionaje de sus compañeros

El inspector jefe ha asegurado durante su declaración que sospechaba que su despacho y el vehículo policial tenían micrófonos ocultos. “Se investigó también mi conducta personal”, ha afirmado. La sospechas de espionaje eran compartidas por el juez Pablo Ruz quien, según Morocho, evitaba el ordenador de su despacho para trabajar en un portátil. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, ha añadido el policía.

El abogado de José Luis Olivera le ha preguntado en qué se basa para pensar que había micrófonos en su despacho. “Un día encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha respondido.

Dentro de las presiones que recibía, Morocho ha explicado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, 'Fiti', le advirtio de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía” su nombre. El inspector jefe Morocho, investigador de los casos de caja B y Gürtel, está destinado en una comisaría de distrito en Madrid en la actualidad.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

El inspector jefe de Policía Manuel Morocho, investigador principal de los casos de corrupción del Partido Popular Gürtel y caja B, ha comparecido como testigo en el juicio del caso Kitchen en una declaración que continuará el jueves. Esta primera parte de su testimonio ha dejado dos vectores nítidos: el espionaje a Luis Bárcenas fue una operación “sin control judicial” que no tenía como fin contribuir a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja B del PP, sino que iba “contra” del trabajo del propio Morocho y sus agentes; y, por otra parte, el relato de varios años de presiones de la cúpula policial en tiempos de Mariano Rajoy para sabotear su trabajo sobre la corrupción de la formación política.

En este segundo apartado, Morocho ha relatado las “presiones” que sufrió de la “cadena de mando” que el Gobierno del Partido Popular había puesto en la Policía para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy como perceptor de sobresueldos pagados por el partido, sin declarar a Hacienda, y procedentes del dinero negro aportado por los empresarios, tal y como constaba en los papeles de Bárcenas.

Morocho solo supo en mayo de 2015, casi dos años después de que arrancara la operación Kitchen, que la Dirección Adjunta Operativa, sin atribuciones para ello, había realizado investigaciones a Bárcenas y a su entorno que se le habían ocultado. En ese mes de 2015 se le hizo una cesión de información a través de las bases de datos policiales que la Fiscalía Anticorrupción considera que fue una manera de tratar de blanquear el espionaje parapolicial. 

Esa cesión de información tardía supuso para el inspector jefe Morocho la constatación de algo que ya sospechaba, la existencia de una “operación policial sobre Bárcenas” que se había realizado “contra” él y sus policías, auténticos investigadores de las causas de corrupción del PP.

Morocho ha confirmado que nunca supo de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas, en alusión al chófer Sergio Ríos. Tampoco que se hubiera descubierto dinero de Bárcenas en Cracovia y Antillas Holandesas. Estas maniobras de los autores de la operación Kitchen son presentadas por sus defensas como un intento de demostrar que no fue un espionaje ilegal, sino su contribución a la investigación al extesorero. A ellas se sumó el expresidente del Gobierno, que se alineó con las tesis de las defensas durante su declaración como testigo, y que hoy ha quedado desmentido por el investigador de la caja B.

El policía Morocho ha confirmado también la existencia de una segunda operación Kitchen en prisión cuando ha contestado al fiscal que nunca supo de las averiguaciones hechas por la dirección de la prisión de Soto del Real y los miembros de la brigada política del PP sobre los vínculos de Bárcenas con otro preso que debía destruir unas grabaciones presuntamente de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. 

Morocho ha acudido al juicio con intención de reiterar las acusaciones de acoso y sabotaje a sus trabajos por parte de sus superiores, pero la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha interrumpido en varias ocasiones para pedirle que se ciña a las preguntas que le formulan las partes. A diferencia de otras jornadas, la declaración del testigo Morocho ha reunido en el banquillo a todos los acusados, que no tienen obligación de acudir a cada sesión.

Toda la “cadena de mando”

El policía investigador del caso de la caja B ha relatado en el juicio del caso Kitchen cómo sus superiores en la Policía durante la época de Mariano Rajoy en el Gobierno sabotearon su trabajo. La “escala de mando” de Morocho le transmitió, según ha contado, que los papeles de Bárcenas eran “una ideación de Bárcenas, que no tenía verosimilitud”.

El inspector jefe ha añadido que sus superiores, que no están en el banquillo de los acusados, le trasladaban que los papeles de Bárcenas eran “cosas de él, pero no de la formación política para la que trabajaba”.

Manuel Morocho ha asegurado ante el tribunal de Kitchen que sus mandos le presionaron para que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en el informe principal. En este sentido, el policía ha explicado que su escala de mando se reunía antes de citarle a él y que alguno de ellos tomaba la palabra en esa reunión. En este caso se trató del máximo responsable de la comisaría general de Policía Judicial, José García Losada, quien le trasladó la inconveniencia de incluir el nombre del entonces presidente del Gobierno. 

El inspector jefe Morocho ha nombrado uno por uno a todos los protagonistas de esas presiones: inspector jefe Miguel Ángel Cuevas, inspector jefe Jose Manuel Álvarez Luna, el jefe de la Brigada, José Luis Gudiña, el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, y los comisarios generales de Policía Judicial José García Losada y José Antonio Sánchez Aparicio. Ninguno de ellos se sientan en el banquillo por haber participado en la operación Kitchen. 

De ellos ha declarado como testigo, Manuel Vázquez, 'El Fiti', quien atribuyó esa supuesta coacción a desencuentros profesionales y al carácter de Morocho. De entre los acusados, Morocho ha señalado a José Luis Olivera, quien fuera jefe de la UDEF y que después de dejar el cargo le seguía reclamando información sobre investigados en la pieza de la caja B del PP. 

“Ellos me plantaban una serie de objeciones ceñidas a la construcción de la prueba del indicio, a la propia naturaleza de los papeles: si era una contabilidad extracontable o no, concatenación de la contratación de para procesos electorales, la no aparición de una persona de cargo público en los mismos… ya se ponía tela de juicio de pagos caja b y la reforma de la sede de la formación política”, ha declarado Morocho.

El jefe de la UDEF entonces, Manuel Vázquez, llegó a advertirle de que había cometido “un error” por incluir entre los donantes del Partido Popular a Ignacio López del Hierro, empresario casado entonces con la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Uno de sus jefes, José Manuel Álvarez Luna, le explicó que él era “amigo de Villarejo”.

Como ya hiciera en fase de instrucción, Manuel Morocho ha contado las penurias que vivió en la Policía al ser instructor de los casos Gürtel y caja B. Su antiguo jefe en la UDEF, José Luis Olivera, le ofreció un puesto en Lisboa muy bien remunerado. Cuando lo rechazó le dijo que podía escoger la embajada que prefiriera –es ahí donde se perciben los sueldos más altos en la Policía– algo que también rechazó, ha continuado Morocho, por su “compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir así principios democráticos y corresponsabilizarme del mandato que tenía por el magistrado, que era ser el responsable de la unidad de auxilio judicial” en la causa de Gürtel.

“Buscaban quitarme de en medio”

Las presiones de sus jefes policiales buscaban causar en él y sus agentes del grupo “desasosiego” y que orientara sus conclusiones con “cosas” que él “no veía”, ha explicado. Uno de sus jefes directos “iba diciendo por los pasillos que yo era la bestia del Partido Popular”, ha relatado. “Me acusaban de dar titulares a la prensa. Yo no estoy para dar titulares, no lo hago. Había mucho interés en la prensa por la naturaleza de lo que investigábamos”, ha continuado.

Morocho ha explicado cómo algunos informes policiales pasaban meses en manos de sus jefes antes de que pudiera entregárselos al juez. Ocurrió con uno que implicaba a Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad, en los regalos de la trama Gürtel. Estuvo más de un año en la mesa de sus jefes.

Manuel Morocho ha recuperado el episodio de cómo el Gobierno utilizó a la Unidad de Asuntos Internos para acusar al inspector jefe y sus subordinados de haber filtrado un informe de Gürtel que tenían decenas de abogados y que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. “Fue un elemento de castigo, de presión, que nadie pudo parar”, ha dicho. Entonces, el jefe de Asuntos Internos era uno de los acusados en Kitchen, el comisario Marcelino Martín Blas.

El siguiente paso fue intentar “quitarle de en medio” poniéndole la carga de un segundo destino al tiempo que tenía que seguir investigando la caja B. Estuvo un año y medio destinado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tuvo encargos como analizar la incompatibilidad de los negocios del comisario Villarejo. Cuando entregó sus conclusiones, el DAO Eugenio Pino no le aceptó el documento.

Unos arqueólogos han descubierto en una momia romana en Egipto un papiro con un fragmento de La Ilíada, atribuida a Homero. Un gran hallazgo. Me quiero imaginar que tal vez en un tiempo muy allá, un grupo de arqueólogos descubrirá en una momia, pongamos que en Madrid, partes o la totalidad de los papeles del juicio de la Kitchen.

Será digno de estudio, quizá de estupor por el tiempo pasado. La civilización que lo descubra no sé si comprenderá qué es eso de las líneas rojas en un proceso penal. Un hallazgo que inmediatamente convocará el auxilio de los forenses judiciales. Nadie lo consiguió aclarar contemporáneamente, constan consultas a magistrados en ejercicio –no se pisan la toga– y a cesantes con opiniones de todo tipo. Lo cierto es que desde que la Fiscalía, refiriéndose a la instrucción del caso Kitchen, que será encontrada en un pendrive, el antiguo papiro, quizá dentro de mil años, señalaba cómo un juez había decidido recortar la investigación, someterla a un adelgazamiento forzoso, para que las aguas de la cocina no llegaran ni a la Moncloa ni a Génova, quizá nombrada para entonces como Palermo, topónimo más adecuado a una inercia que no creo que acabe en este caso.

En el papiro aparecerá el papel, valga la redundancia, de la magistrada presidenta del tribunal, vigilante de que no se ampliara el corralito rojo que había precintado su juez instructor y que el juicio parezca amputado y abiertamente cachondeable. Y los arqueólogos judiciales se preguntarán, ¿en qué consistía la línea roja? ¿Qué naturaleza procesal tenía? ¿Quién determinaba los límites? ¿A quién protegía, quién estaba detrás? Quizá piensen que algo de Estado profundo latía en todo el trasunto del expediente aparecido, pero vaya usted a saber cómo estará España dentro de mil años.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada

La misma curiosidad arqueológica, consultarán a arqueólogos politólogos, tendrán sobre el papel de un enigmático personaje, M. Rajoy, que no se acordaba de nada ni de nadie, ni tenía remotas ideas de casi nada. Con apoyo de la bibliografía disponible descubrirán que era el presidente del Gobierno de entonces y del partido que mandaba, el PP. Desconcertante, no se acordaba de que era presidente y jefe, por tanto, de su ministro de Interior y de la ministra de Defensa, también secretaria general del mismo partido citado. La conclusión es que declaraban como testigos para decir verdad, pero que debían tener una red, quizá roja, que, si mentían, impediría aunque resbalasen que se dieran de cabeza en el suelo de la sala. Así consta en el papiro hallado.

Uno que fue director general de la Policía también aparece en el papiro. No se había dado cuenta de que más de 70 policías y ocho comisarios a sus órdenes habían estado protegiendo a su partido en una operación subversiva y antidemocrática para estropear todo tipo de pruebas. En el papiro también figura un estrafalario tipo vestido de cura, pero sin más detalles.

Lo que más sorprenderá a los arqueólogos judiciales será que una operación que amerita el nombre de Kitchen, cocina, no tenga cocinero. Una cocina robotizada. Es más, el sospechoso no está claro si era un noble galaico nombrado como M. Rajoy u otros que responden a nombres como el Barbas o el Asturiano.

El papiro termina en el año de gracia de 2026, mes de abril, y queda para nuevos hallazgos de la arqueología judicial cómo quedó el asunto. Algún guasón parece que incluyó en el féretro de la momia madrileña una foto de Pedro Pacheco. Esto inquietará porque los arqueólogos judiciales no sabrán descubrir cómo encaja la foto en el caso, pero creo que acabarán sabiéndolo.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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Mariano Rajoy abrió este jueves un frente más en el intento por limpiar su legado. A la recurrente insistencia por negar que presidió un partido que se financió con dinero negro de los empresarios, y que él mismo recibió parte de esos fondos, suma ahora la defensa de la actuación del Ministerio del Interior durante su primer gobierno. El expresidente negó la guerra sucia del caso Kitchen y, alineado con los acusados, defendió “una operación policial legal” que buscaba el dinero que pudiera tener escondido Luis Bárcenas y descubrir la identidad de sus testaferros. La tesis contraria, según la cual una operación parapolicial trató de sabotear el caso judicial de la caja B, sienta en el banquillo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de prisión.

Habían preguntado ya a Rajoy las acusaciones populares de PSOE y Podemos cuando el abogado de Villarejo interrogó al expresidente por si se interesó por una operación “de inteligencia sobre las cuentas en el extranjero” de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Rajoy respondió que no, pero añadió que quería decir algo más al respecto. “Lo conocí luego. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero era una operación policial. Estoy convencido de que esa operación se adecuó a la legalidad”, afirmó el testigo.

Las defensas del caso Kitchen esgrimen esta versión porque, entre otros motivos, no pueden negar los seguimientos a la familia de Bárcenas ni los pagos con fondos reservados al chófer de la familia para que actuara de topo. La prueba de todo ello es abrumadora. Casi dos años después de arrancar el dispositivo, uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, al que los demás llamaban 'Cospedín' por su relación profesional con la entonces secretaria general del PP, introdujo una serie de datos en las bases policiales para que pareciera que estaban compartiendo sus trabajos con los verdaderos investigadores de la caja B. No sirvió y 'Cospedín' y el resto han acabado en el banquillo.

Nada más aportó Rajoy. Con esta frase, además de negar un operativo tan grave cuando aún no llevaba dos años en el poder, Rajoy salió al rescate de su amigo Fernández Díaz. La tesis que se juzga es que el ministro del Interior fue el máximo responsable político de aquella operación Kitchen. El juez instructor dibujó “una línea roja de protección” alrededor de la cúpula política del partido, según escribieron los fiscales del caso. Pero su tesis triunfó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Rajoy no respondería por la operación Kitchen –tampoco Cospedal– y el trámite de su declaración como testigo sería la única consecuencia para él.

Rajoy afirmó que su percepción de Bárcenas cambió cuando supo que tenía 47 millones escondidos en Suiza. La de los investigadores del caso Gürtel también. La primera prueba del botín en el extranjero fue una comisión rogatoria sobre la existencia de una cuenta en el Dresdner Bank con 22 millones que llegó a España el 16 de enero de 2013. El 14 de junio siguiente, ya con los papeles de Bárcenas publicados, se recibió otra información judicial suiza con el hallazgo de 25 millones de euros en el Lombard Odier.

El primer rastro de la operación Kitchen, o del operativo legal para Rajoy, es del 13 de julio de 2013. Habían pasado siete meses desde que empezara a aflorar la fortuna del tesorero, pero según Rajoy, en el verano se activó una operación secreta y legal para encontrar más dinero y testaferros. Una operación que se inició 48 horas antes de que Bárcenas declarara, a petición propia, después de pasar 18 días en prisión y de que El Mundo publicara una confesión realizada con anterioridad sobre la financiación irregular del PP.

Según Rajoy, no fue el temor a que el PP implosionase por aquellas revelaciones lo que motivó las maniobras de policías ajenos a la investigación del caso Gürtel y la caja B. En la versión del expresidente coincidió que unos policías comenzaron a investigar el caso de la caja B de espaldas al juez porque era su “obligación”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”

Y si no existió una operación ilegal, continuaría el razonamiento del expresidente, él no pudo participar en ella, ni siquiera confluir en su interés por que la caja B del PP no aflorara. Y con ella las anotaciones sobre pagos a “M. Rajoy” incluidas. Por eso, sus contactos con el tesorero en aquellos meses eran tan insignificantes que los ha olvidado. Solo recuerda uno y porque ha aparecido publicado “casi todos los días” en estos últimos quince años, según explico al tribunal. Es aquel que escribió en SMS a Bárcenas cuando de la confesión del tesorero pendía su futuro: “Luis, sé fuerte”. A la postre, la primera sentencia del caso Gürtel incluyó una alusión a la caja B que desvelaría Bárcenas y eso motivó una moción de censura que terminaría desalojando del poder al autor del mensaje de texto.

Rajoy también dijo que no recordaba otro mensaje de Bárcenas en el que éste le pedía “hablar con Javier [Arenas]” el 5 de marzo de 2013, con los papeles de la caja B ya publicados y la amenaza de prisión para el tesorero en pie. “No lo recuerdo. No sé si me lo mandó o no. Reconocerlo no puedo porque no lo he mandado yo”, plantó Rajoy. “¿Recuerda que Bárcenas le dijese que tenía que hablar con Javier?”, le insistió la abogada del PSOE. “No”, zanjó Bárcenas.

El 26 de abril de 2012, Rajoy había escrito otro SMS a Bárcenas: “Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos”. La acusación de Podemos le preguntó por este mensaje y Rajoy respondió: “No tengo ni idea de lo que es eso”. Otro SMS que le escribió el tesorero decía: “Tú sabrás a lo que estás jugando”. Respuesta del expresidente: “Es un mensaje de hace más de 13 años. Ni me suena”.

La pregunta del abogado de Villarejo a Rajoy por si se interesó por una “operación de inteligencia” sobre Rosalía Iglesias está precedida de la afirmación del comisario en 2021 en el Congreso acerca de que él informaba a Rajoy de los avances de Kitchen a través de un número de teléfono que le habían facilitado. El juez García Castellón citó a Villarejo, que le entregó el número. Comenzaron unas pesquisas que no se agotaron por el cierre de la instrucción decretado por el magistrado el 29 de julio de 2021.

Rajoy no llegó a estar imputado. Ni siquiera declaró como testigo. Los indicios contra Cospedal no tenían relevancia penal, concluyó García Castellón. Y la responsabilidad de la Kitchen recayó en Fernández Díaz y en su secretario de Estado. A este último también le lanzó un diminuto salvavidas Rajoy este jueves. La defensa de Fernández Díaz le preguntó por las responsabilidades de un ministro del Interior sobre los fondos reservados, habida cuenta de que Rajoy también fue responsable de la cartera en 2001.

“A veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la funcionalidad de un ministro o secretario de Estado. No es tener confidentes ni saber en qué se gasta el dinero porque no tiene sentido. Es disparatado. Jamás supe nada de confidentes ni operaciones, ni fondos reservados y estuve un tiempo en el Ministerio del Interior”, dijo Rajoy. En su exposición de motivos, la ley que regula los fondos reservados, 11/1195, destaca en su exposición de motivos “la especial obligación de los ministros que tengan a su disposición gastos reservados de informar periódicamente a la comisión parlamentaria”.

Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz escuchaban a Rajoy desde los bancos para los acusados. “El secretario de Estado firmaba las grandes partidas (...) A partir de ahí no hacía absolutamente nada. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso”, afirmó. Tanto Fernández Díaz como Martínez están acusados de malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este jueves, ante el tribunal de Kitchen, cualquier relación con una operación ilegal de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. Rajoy ha ido más allá y ha negado que aquella maniobra parapolicial, con cargo a los fondos reservados, fuera una operación ilegal por la que su ministro del Interior se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel. El antiguo jefe del Ejecutivo, que comparecía como testigo, con obligación de decir verdad, ha dicho también que no recordaba uno solo de los mensajes que se intercambió con Bárcenas en aquella época, en pleno estallido del caso de la caja B del PP.

Rajoy se ha excusado en que los mensajes de Bárcenas no los enviaba él y que, por tanto, no los recordaba. Solo ha admitido saber de uno de ellos, aquel el que él mismo le pedía ser “fuerte” ante las imputaciones que pesaban sobre el guardián del secreto de la caja B del partido que Rajoy presidía. “De ese me he acordado porque a lo largo de 15 años se ha publicado casi todos los días, así que supongo que sí”, ha dicho sobre la existencia del mensaje.

Cuando Rajoy excusaba su desmemoria en el hecho de que era Bárcenas quien enviaba los mensajes, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, le ha exhibido una llamada perdida que él hizo al tesorero el 6 de marzo de 2013, antes de que entrara en prisión. La presidenta del tribunal ha declarado improcedente la pregunta, como ha ocurrido en numerosas ocasiones durante el interrogatorio, y Rajoy no ha llegado a contestar.

Cuando se le ha preguntado por el SMS en el que Rajoy trasladó a Bárcenas “hacemos lo que podemos”, el testigo ha contestado: “No tengo ni idea”. Los mensajes se produjeron dos meses después de que se descubriera la cuenta de Bárcenas con 48 millones de euros en Suiza. Sin embargo, Rajoy había declarado un poco antes que su “relación” con el tesorero cambió cuando se produjo ese descubrimiento.

La acusación popular del PSOE ha abierto el interrogatorio a Rajoy por constituir la parte que pidió su comparecencia en el juicio. Rajoy ha comenzado respondiendo a varias preguntas con un escueto “no”, como cuando se le requirió por su posible conocimiento de la operación Kitchen. Al ser preguntado sobre los apelativos como 'El Asturiano' o 'El Barbas' que utilizaban Villarejo y otros miembros de la brigada política para referirse a él, a su conocimiento de la operación y las peticiones que querían trasladarle, Rajoy ha dicho: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”

Más adelante, Rajoy se ha explayado al respecto: “No hubo ninguna operación política. Luego conocimos que había una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Ni el ministro ni el presidente del gobierno están en las operaciones policiales. Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”.

Rajoy se ha enfrentado a todas las evidencias obtenidas durante la instrucción y el juicio de que la operación Kitchen no tenía nada que ver con la investigación contra Bárcenas en la Audiencia Nacional. Respecto al uso de fondos reservados, Rajoy ha apelado a sus dos años como ministro del Interior para asegurar, en contra de lo que dice la Ley, que el titular de la cartera no tiene ninguna responsabilidad sobre los fondos reservados. También ha dicho que el secretario de Estado de Seguridad no conoce el detalle de su uso. Francisco Martínez, que ocupó ese cargo durante el mandato de Rajoy, también se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción no ha formulado una sola pregunta a Rajoy. César Rivas ha llegado incluso a interceder por los intereses del testigo al interrumpir una pregunta de la abogada del PSOE por considerarla improcedente.

Mariano Rajoy también ha negado ordenar al abogado Javier Iglesias hacer tres ofertas diferentes a Bárcenas, antes de ingresar en prisión y ya dentro, para que no tirara de la manta en el caso de la caja B. En contra de lo declarado en el pasado por Iglesias, que dice que conoce a Rajoy, pero niega esos ofrecimientos, el expresidente del PP y del Gobierno ha dicho que vió a Iglesias en Génova “dos o tres veces” porque era el abogado del extesorero del partido Álvaro Lapuerta. Durante la instrucción, el juez Manuel García Castellón nunca citó a Rajoy a declarar, ni siquiera como testigo.

Cospedal no recuerda que mandó parar “la libretita” de Bárcenas

La desmemoria ha inundado igualmente la declaración de María Dolores de Cospedal, que ha comparecido a continuación. Hasta tal punto que las grabaciones que obran en la causa no son recordadas por la exsecretaria general del PP, quien llegó a estar imputada. Cospedal ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa, en la que ella dice, en relación con los papeles de Bárcenas: “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

La citada conversación se produjo en el verano de 2013. Cospedal ha dicho que tampoco recuerda haber prometido a Villarejo que hablaría en 2017, cuatro años después, con el ministro de Economía y con el fiscal general, cuando ella era ministra de Defensa, para intentar solucionar los problemas judiciales y con el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España), que ya entonces se cernían sobre el comisario. Esa grabación está incorporada igualmente a la causa, si bien ni el juez García Castellón, ni su sucesor, Antonio Piña, decidieron valorarla como le había pedido Asuntos Internos.

La ceremonia de la confusión en la declaración de Cospedal ha arrancado ya al principio. Cospedal ha dicho que cuando conoció al comisario este era un policía “en excedencia con empresas y recién condecorado por el ministro [socialista] del Interior”. Se refiere a una medalla roja que no puede ser concedida a policías en excedencia. Además, Villarejo había vuelto de su excedencia a la Policía en 1993, un total de 16 años antes del encuentro en el que ambos se conocen en el despacho de Cospedal en la sede nacional del PP en la calle Génova.

De la grabación que no ha podido escapar Cospedal ha sido de la que recoge esa primera entrevista con Villarejo en 2009. Ha reconocido que se lo presentó su marido porque el comisario quería conocerla y que ella accedió. “Si una persona pedía verme, y era una persona normal y corriente, que no tuviera ningún problema de ninguna parte... yo recibía a mucha gente y era una persona [Villarejo] que, según decía él, tenía unas magníficas relaciones con toda la prensa. Y yo creo que todos los periodistas hablaban con él”, se le ha ocurrido a Cospedal.

La ex secretaria general del PP ha desarrollado su interés por Villarejo: “Estábamos siendo observados, espiados, seguidos por alguien que tenía que ver con el Ministerio del interior”. En aquella época, Cospedal consiguió organizar un gran revuelo con la tesis del espionaje por parte del Gobierno socialista de la sede del PP, una acusación de la que nunca hubo evidencias. El otro interés por Villarejo eran las filtraciones a la prensa que afectaban a su “amiga” Rita Barberá. Ha llegado a decir que era su “obligación” recibir al comisario, preocupada como estaba por las “filtraciones” sobre el PP.

Cospedal ha incurrido en otras contradicciones. Ha reconocido una de ellas. En fase de instrucción hablo de cuatro reuniones con Villarejo que han pasado a ser “ocho o nueve”. En ninguna de ellas, ha asegurado, le realizó encargos, pese a que en la de 2009 en su despacho, se oye a su marido y a ella proponerle “trabajos puntuales”.  “Le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”, ha afirmado.

Esa relación casi anecdótica con el comisario que ha querido presentar Cospedal se ha visto torpedeada por la declaración horas después de quien era su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, que también estuvo imputado en la causa. Ortiz ha dicho que él organizaba las reuniones entre Cospedal y Villarejo y ha introducido un matiz importante. Frente a la insistencia que Cospedal defiende que mostraba el policía, Ortiz ha dicho que “alguna vez” fue la secretaria general del PP quien solicitó el encuentro.

Mención aparte merece la relación de Cospedal con uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo. Cospedal ha dicho que le conoce porque fue jefe de seguridad de la Presidencia de Castilla-La Mancha entre 2013 y 2015. Esta afirmación es comprometedora en varios aspectos. En primer lugar, porque ese no era el puesto por el que se contrató a Gómez Gordo. Según consta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Gómez Gordo ejerció como “Director General de Documentación y Análisis”.

Por otra parte, que Gómez Gordo estuviera a las órdenes directas de Cospedal en 2013 significa que comenzó a participar en la Operación Kitchen mientras trabajaba como funcionario de la administración de Castilla-La Mancha. Posteriormente regresó a la Policía y fue condecorado con una medalla pensionada.

La declaración de Cospedal ha estado marcada por una condición anómala, la de testigo que estuvo imputada. Por ello, la presidenta del tribunal la ha advertido de que podía volver otro día con abogado –incomprensiblemente no se le había informado de ello– y que, si se quedaba, ella intercedería ante las preguntas que buscaran incriminarla. Cospedal ha decidido continuar sin abogado. De su doble condición este jueves es responsable Manuel García Castellón, quien imputó dos meses a Cospedal, para luego archivar la causa contra ella pese a las evidencias que se han puesto de manifiesto hoy, cinco años después, durante su declaración.

Zoido: “No tuve conocimiento de la operación”

La sesión de este jueves también ha contado con la comparecencia como testigo de Juan Ignacio Zoido, quien sucedió a Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior en 2016. A preguntas de la abogada del PSOE, Zoido ha negado haber tenido conocimiento de la existencia de actividades parapoliciales de espionaje al extesorero del PP con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. “No tuve ninguna noticia de que hubiese esa operación con esa denominación o con otra o que se estuviesen utilizando esas prácticas dentro del Ministerio del Interior”, ha afirmado.

Después, a preguntas de la acusación popular de Podemos, Zoido ha admitido que no realizó auditoría alguna sobre el uso de fondos reservados para financiar esa operación. “No tenía obligación de hacer una auditoría del anterior ministro”, ha explicado Zoido, que ha mantenido que el sistema de fondos reservados está “muy definido” y que su control depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

La investigación permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas se utilizaron para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP. A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (ocho inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

Mariano Rajoy declara hoy en el juicio del caso Kitchen. Hace unos días declaró Luis Bárcenas y habló del ex presidente del Gobierno: aseguró que en sus papeles M.R. era Mariano Rajoy. Esos papeles, los papeles de Bárcenas, ya han sido juzgados. Están probados y sentenciados. Ahora se juzga la destrucción de pruebas, el uso de fondos públicos desde las cloacas para que no se descubriera que el PP tenía esa caja B. Y en el juicio, Bárcenas ha declarado como testigo, como víctima… Y, desde ese rol, le escuchamos señalar más directamente que nunca… a Mariano Rajoy.

¿Pero importa algo lo que digan testigos como Bárcenas, Rajoy o Cospedal en un juicio al que llegan como testigos? ¿Puede sobresalir algún testimonio o alguna prueba diferente que cambie todo lo que no se hizo en la instrucción del caso? ¿Qué dirá el ex presidente del Gobierno en torno a su participación en la destrucción de pruebas que supuestamente probaban la existencia de una caja B en el PP? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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Turno para las víctimas de la operación Kitchen. Este lunes declaran en el juicio el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias, objetivos principales del operativo diseñado presuntamente en el Ministerio del Interior para arrebatarles pruebas de la financiación irregular de la formación que presidía Mariano Rajoy. Una pregunta coronará la declaración de Bárcenas: ¿Existe la grabación realizada por él al expresidente del Gobierno hablando de la caja B del PP?

Bárcenas ha ofrecido versiones contradictorias sobre el audio. La periodista Marisa Gallero publicó en enero de 2016 un libro con el título Bárcenas: la caja fuerte. En él se afirmaba que el extesorero del PP había grabado a Rajoy, una vez había estallado el caso Gürtel, en una reunión en la que el primero entregaba a su jefe 4.900 euros de sobresueldo y una copia con las anotaciones de la caja B que el presidente del partido habría destruido en su presencia. 

Luis Bárcenas mantuvo esa versión hasta que el 29 de mayo de 2018, en el periódico El Mundo, negó que existiera la grabación. El contexto es importante. Bárcenas estaba a punto de ingresar en prisión por su condena del caso Gürtel, pero mantenía la esperanza de que su mujer, Rosalía Iglesias, nunca llegara a pisar la cárcel. Creía que estaba en la mano del partido en el Gobierno, el PP. Tres días después triunfó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Rosalía Iglesias pasó tres años en la cárcel.

Con posterioridad, Bárcenas regresó a la versión inicial. Tanto a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como al juez García Castellón, les trasladó que las grabaciones existían, que fueron borradas de la nube porque el PP se prestó a negociar con él, pero que guardó otra copia, en un pendrive. Se trataría de la grabación sustraída por la brigada política en el marco de la operación Kitchen.

En el juicio del caso de la caja B, en 2020, Bárcenas aseguró que la grabación recoge cómo él entrega los apuntes de la caja B a Rajoy y este, “espantado”, le reprocha que conste ese material. Según aquel relato de Bárcenas, Rajoy cogió los papeles, se giró en su silla y los destruyó en la máquina que para tal efecto tenía detrás. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas añadió en el juicio la tesis del robo de la copia en el estudio de su mujer: “El señor Gómez Gordo [próximo a Cospedal y acusado en Kitchen], que se los llevó, debería aportarlos”.

La Kitchen en prisión

Esas supuestas grabaciones son uno de los misterios del caso Kitchen que la instrucción, prematuramente cerrada por el juez Manuel García Castellón, no pudo aclarar. En la última jornada del juicio afloró el pasado jueves de nuevo el asunto con el testimonio de un preso de Soto del Real al que Bárcenas habría ordenado esconderlas para, quizá, luego destruirlas. Sin embargo, las contradicciones de Isidro Sánchez, el antiguo recluso, no ayudaron a descifrar el enigma. 

Sánchez es de nacionalidad colombiana y presume de tener conocimientos informáticos. En el juicio explicó que el chófer de los Bárcenas entregó 5.000 euros a un amigo suyo en libertad para que cuando él saliera de permiso alojara en la ‘nube’, concretamente en el espacio del que dispondría una cuenta de correo electrónico previamente creada, un material relacionado con el anterior trabajo de Bárcenas, esto es, el de tesorero del PP. En fase de instrucción, Sánchez había contado otra cosa: que el encargo era únicamente para borrar el rastro de Rosalía Iglesias en noticias negativas de Youtube, un trabajo adicional, según afirmó el pasado jueves. 

El presunto espionaje en la cárcel a Bárcenas reúne algunos de los episodios más intrigantes de todo el caso Kitchen. Los funcionarios de Soto del Real dieron cuenta de la incautación a Isidro Sánchez de una nota donde supuestamente Bárcenas había escrito: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso…”. 

El entorno de Bárcenas no reconoce la letra del tesorero en esa nota, Sánchez ha declarado dos veces que a él no le incautaron nada, el director de la prisión reconoció el hallazgo en el juicio y, para rematar, el informático colombiano se llama Isidro, no Álex. Una nota interna de la prisión añade que Isidro Sánchez presumía de tener un socio ruso en el exterior también con altas habilidades informáticas. 

¿Tuvo en su poder Isidro Sánchez la supuesta grabación de Rajoy y la destruyó? Todos los testimonios confluyen en que la respuesta es no. Sánchez ha declarado que fue detenido después de pasar la primera noche del permiso penitenciario durante el cual iba a hacer el trabajo. Unos policías se presentaron en el hotel donde se alojaba porque tenía una requisitoria pendiente por otros delitos distintos a su condena. Se lo llevaron a Plaza Castilla y de ahí a la cárcel de vuelta. No pudo salir más en un año y medio. 

Fuentes jurídicas aseguran que la requisitoria no condujo a ningún enjuiciamiento posterior de Sánchez. Un policía ha declarado en el juicio que la reclamación saltó en el sistema cuando el hotel informó de los alojados esa noche, entre ellos el colombiano. Pero él añade que esa mañana firmó en dependencias de la Guardia Civil y que si hubiera tenido algo pendiente no habría salido libre del cuartel. 

Por otra parte, Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, declaró ante el juez de instrucción que sus agentes siguieron a Sánchez desde que puso un pie en la calle, a la salida de Soto del Real, porque él había sido avisado del permiso. En las agendas de Villarejo, Sánchez aparece como “colaborador” entre una maraña de anotaciones con el nombre de otros presos compañeros de Bárcenas. Todos estos interrogantes provocan una confusión tras la que se oculta la supuesta grabación de Mariano Rajoy confesando la caja B. Una grabación de la que hablaban también en las grabaciones El Gordo y Villarejo, pero que nadie ha escuchado. 

Declaración del agente 81.067

Durante la sesión del lunes está prevista también la declaración de Manuel Morocho, uno de los testimonios más adversos para la mayoría de los acusados. En fase de instrucción Morocho relató las presiones y chantajes que sufrió para que el caso de la caja B, que él investigaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, no afectara a la cúpula del PP. Esa declaración sostiene, por ejemplo, la imputación de José Luis Olivera. 

Pero la importancia para la causa de la declaración de Morocho radica en que el policía certificará que todos los seguimientos y maniobras sobre la familia de Luis Bárcenas no estaban destinados a localizar el dinero del extesorero u otras pruebas contra él en el caso Gürtel, sino que perseguía únicamente limitar los efectos que la investigación de Ruz en la Audiencia Nacional tuviera contra el PP, poniendo fuera de su alcance pruebas del dinero negro en la formación política. 

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado este lunes en el juicio del caso Kitchen que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.

La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir.

García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.

En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”.

Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”.

El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular.

Acusados y separados

El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho.

Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario.

En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha reaparecido públicamente para conceder una entrevista, la primera después de obtener la libertad condicional en su condena de 12 años de prisión, y se ha referido a la operación Kitchen, el dispositivo del Ministerio del Interior para intentar sabotear el caso de la caja B del PP “como una auténtica aberración” cometida contra personas inocentes, en referencia a su esposa, Rosalía Iglesias, y a su hijo Guillermo.

“El caso Kitchen, lo que demuestra, es hasta que punto creen en el Estado de Derecho las personas que estaban encargadas de esas funciones en esos momentos [en el Ministerio del Interior]. Es absolutamente impresentable el uso de recursos públicos para perseguir, a ya no hablo de mí, hablo de mi familia, a ciudadanos absolutamente inocentes, a mi hijo a mi mujer... con un despliegue de policías inmenso, pagando, según está acreditado en informes policiales y se determinará en el juicio, con fondos reservados. Una auténtica aberración, una auténtica barbaridad”, ha dicho Bárcenas en el podcast del abogado Miguel Durán, amigo del ex tesorero.

El juicio por la operación Kitchen está previsto que comience el próximo 6 de abril y en el banquillo se sentarán el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y el DAO de la Policía Eugenio Pino, a los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel. Estarán acompañados de un grupo de mandos policiales, integrantes de la brigada política que actuó al servicio del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En el juicio, Bárcenas y Rosalía Iglesias actúan como víctimas de aquella operación y ejercen la acusación particular.

En un momento de la entrevista, Durán pregunta a Bárcenas por el “falso cura” que asaltó su domicilio en busca de documentación del Partido Popular y que murió en la cárcel sin haber prestado declaración en el marco del caso Kitchen por las consecuencias de un ictus que había sufrido. El ex tesorero del Partido Popular ha enmarcado el asalto del “falso cura” como parte de la Operación Kitchen y ha dicho que el juicio determinará lo que ocurrió, después de que los principales acusados se hayan desmarcado del asalto.

También ha aludido a Sergio Ríos, el chófer de la familia que actuó de espía para la familia y que luego fue recompensado con el acceso a la Policía Nacional a los 42 años. Bárcenas ha explicado que se lo recomendó una persona que trabajaba en seguridad en el Partido Popular, pero que, con posterioridad, recibió el visto bueno de “alguien del Ministerio del Interior” que no ha identificado. “Alguien del Ministerio del Interior me dice que es muy buen chico. Digamos que venía ampliamente recomendado y decidí contratarlo”, ha apostillado Bárcenas.

Bárcenas ha hecho estas declaraciones en el podcast 'Asi te veo yo' en el que Durán realiza entrevistas a personajes relevantes con la colaboración del grupo de comunicación Merca2.

El ex tesorero pasó a disfrutar de la libertad condicional en diciembre de 2024 al haber cumplido los dos tercios de su condena a 12 años de cárcel. La propuesta partió del régimen donde cumplía la condena en régimen de semilibertad y acordada por el juez de Vigilancia Penitenciaria después de que la Fiscalía no se opusiera. Bárcenas suma condenas que ascienden a 33 años de cárcel, pero la legislación penitenciaria permite cumplir, como máximo, el triple de la pena que conlleva el delito más grave de los cometidos.

Quan Francisco Camps es va encabotar a obrir un gran coliseu operístic a València, dissenyat per Santiago Calatrava, poques famílies de la burgesia autòctona tenien una cultura real en la matèria, com a Viena, París o Nova York. Juan Roig, amo de Mercadona, o els Noguera, clan capdavanter de la classe dominant valenciana, n’eren l’excepció que confirmava la regla. Els nou-rics, amb grans fortunes construïdes al caliu de la pilota urbanística i del formigó, buscaven el seu propi capital cultural en altres latituds. No obstant això, dues dècades després el Palau de les Arts Reina Sofia s’ha consolidat a la ciutat, segons confirmen els comptes anuals de la fundació, i encara el final de la denovena temporada amb un augment cada vegada més notable de la seua popularitat i de les aportacions d’empreses i de mecenes particulars. Els ingressos per vendes d’entrades i abonaments el 2024, últim exercici tancat, van augmentar un 9,33% respecte de l’any anterior.

Qui finança ara com ara l’òpera a València? Primer, per descomptat, l’erari autonòmic. La fundació pública, constituïda pel Consell el 2005, va rebre dels pressupostos de la Generalitat 20,6 milions d’euros per a despeses de funcionament i 700.000 euros en concepte d’inversió; a més d’una subvenció d’un quart de milió per part de la Diputació de València o de 105.000 euros de l’ajuntament de la capital.

No obstant això, el Palau de les Arts també va augmentar els seus ingressos, especialment per venda d’entrades i d’abonaments, amb 4,7 milions d’euros anotats en els seus últims comptes depositats (davant els 4,4 de l’exercici anterior). Els patrocinis i les col·laboracions empresarials van augmentar un 14,51% (en un exercici en què Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana fins al seu sonat daltabaix pels enfrontaments amb Carlos Mazón, es va incorporar al patronat de la fundació).

En la llista de les entitats col·laboradores, destaquen diverses constructores especialitzades en obra pública, a més d’altres adjudicatàries i de la firma Broseta Abogados, un dels despatxos de capçalera de la beautiful people i de l’empresariat valencià, que va doblar la seua aportació de 3.636 euros a 8.250 euros. La família Broseta no és aliena al Palau de les Arts. Pablo Broseta, germà del president i conseller delegat del despatx, a més d’alt càrrec del Consell fins a la seua eixida recent, va ser absolt el 2020 per la secció segona de l’Audiència de València en la causa dels patrocinis del Palau de les Arts.

Quatre anys més tard, encapçalava la llista d’empreses col·laboradores de la fundació la constructora Becsa, l’accionista de la qual Gabriel Alberto Batalla Reigada va ser condemnat el 2018 per delicte electoral i falsedat documental, després d’un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció per a confessar els fets i rebaixar així la pena, en la peça del cas Gürtel del finançament il·legal del PP valencià. La firma també ha sigut una de les més agraciades en el repartiment a dit de contractes d’emergència de la Generalitat per la dana. Tot i ser l’empresa que més desemborsava, Becsa va reduir en quasi 3.000 euros la seua aportació a la fundació.

Pavasal, una altra gran beneficiària dels contractes d’emergència de la dana i que va injectar un total de 240.000 euros en la caixa B del PP de València (tal com va acreditar la sentència de la peça separada A del cas Taula), va augmentar de 20.573 euros a 24.223 euros la seua aportació a l’òpera. Per davall, va quedar Eulen, coneguda adjudicatària de serveis en els àmbits de neteja, seguretat o residències de persones majors. La Fundació Gesmed, una altra firma especialitzada en residències, va mantindre intacta la seua aportació de 15.000 euros, igual que Olivares Consultores Inmobiliarios, de Mario Olivares, amb 6.308 euros. La constructora CYES hi va entrar el 2024 com a entitat col·laboradora, amb 17.343 euros, igual que Pal-Art, una empresa de servei d’àpats, amb 1.563 euros.

Augmenten mecenes i donacions particulars

Tanmateix, la fundació també va passar un altre cassó mitjançant el Cercle de Mecenatge les Arts, creat el 2022 i alimentat econòmicament per fundacions empresarials de l’Ibex-35, mecenes i donacions particulars que els comptes no detallen. La Fundació ACS va mantindre fixa la seua aportació de 60.000 euros anuals mentre que la Fundació La Caixa la va reduir de 40.908 euros el 2023 a 19.545 euros l’any següent. Per part seua, la Fundació Iberdrola es va esborrar del mecenatge i va abaixar a zero la seua aportació de 6.000 euros el 2023. El Palau de les Arts va ingressar 70.336 euros del patrocini de Telefónica el 2024, que l’exercici anterior li havia reportat 66.145 euros.

El Club de Mecenatge ofereix diverses tarifes (des d’uns modestos 135 euros anuals dels amics de la casa fins a 5.000 euros dels grans mecenes), amb les consegüents desgravacions fiscals. Els mecenes, segons els comptes anuals de la fundació, van disparar la seua aportació: de 31.972 euros el 2023 a 56.074 euros el 2024. També van créixer les donacions particulars, que van passar de 31.145 euros a 67.865 euros. Els comptes destaquen l’“esforç” de la fundació per a “aconseguir més suports privats”, que van augmentar un 14,51%.

També va ser un any de canvis a l’interior de l’edifici concebut per Calatrava, amb l’entapissat de les butaques de la Sala Principal i la substitució dels seus laterals (per import de 558.193 euros), i la compra de focus mòbils led (354.518 euros) i d’un sistema de xarxes i elements dissuasius làser per a ocells (224.780 euros). En decorat, vestuari i attrezzo de produccions estrenades el 2024, la fundació va gastar 309.055 euros.

La remuneració del director artístic: 137.563 euros

El Palau de les Arts es va deixar 2,4 milions d’euros (una mica menys que els 2,6 milions del 2023) en compres, producció i contractació artística, de direcció musical, repartiment i propietat intel·lectual. En despeses de personal, va apujar de 16,8 milions a 17 milions el 2024. L’ens cultural té tres càrrecs d’alta direcció, després del cessament del director adjunt d’Optimització de Recursos. El director artístic, Jesús Iglesias, va percebre una remuneració total (incloent-hi despeses de manutenció i quilometratge) de 137.563 euros, per davall del sou de 156.864 euros (sense comptar indemnització per “estada”) que va arribar a cobrar en la seua etapa inicial la primera intendent i directora artística, Helga Schmidt, morta el 2019. El director general, Jorge Culla, va cobrar 90.706 euros.

Els comptes també inclouen les produccions artístiques del 2025, amb costos incorreguts en l’exercici anterior. El balanç detalla els imports de l’òpera Dialogues des carmélites, estrenada en Les Arts el 23 de gener passat (250.833 euros), a més de 21.862 euros de l’obra Roberto Devereux i 14.122 euros per Gianni Schicchi, estrenades el 4 de juny i el 25 d’abril de 2025, respectivament.

Cuando Francisco Camps se empecinó en abrir un gran coliseo operístico en València, diseñado por Santiago Calatrava, pocas familias de la burguesía autóctona tenían una cultura real en la materia, como en Viena, París o Nueva York. Juan Roig, dueño de Mercadona, o los Noguera, señero clan de la clase dominante valenciana, eran la excepción que confirmaba la regla. Los nuevos ricos, con grandes fortunas construidas al calor del pelotazo urbanístico y del hormigón, buscaban su propio capital cultural en otras latitudes. Sin embargo, dos décadas después el Palau de les Arts Reina Sofía se ha consolidado en la ciudad, según confirman las cuentas anuales de la fundación, y encara el final de su decimonovena temporada con un aumento cada vez más notable de su popularidad y de las aportaciones de empresas y de mecenas particulares. Los ingresos por ventas de entradas y abonos en 2024, último ejercicio cerrado, aumentaron un 9,33% respecto al año anterior.

¿Quién financia hoy por hoy la ópera en València? Primero, por supuesto, el erario autonómico. La fundación pública, constituida por el Consell en 2005, recibió de los presupuestos de la Generalitat 20,6 millones de euros para gastos de funcionamiento y 700.000 euros en concepto de inversión; además de una subvención de un cuarto de millón por parte de la Diputación de Valencia o de 105.000 euros del ayuntamiento de la capital.

Sin embargo, el Palau de les Arts también aumentó sus ingresos, especialmente por venta de entradas y de abonos, con 4,7 millones de euros anotados en sus últimas cuentas depositadas (frente a los 4,4 del ejercicio anterior). Los patrocinios y las colaboraciones empresariales, aumentaron un 14,51% (en un ejercicio en el que Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana hasta su sonado descalabro por los enfrentamientos con Carlos Mazón, se incorporó al patronato de la fundación).

En la lista de entidades colaboradoras, destacan varias constructoras especializadas en obra pública, además de otras adjudicatarias y de la firma Broseta Abogados, uno de los despachos de cabecera de la beautiful people y del empresariado valenciano, que disparó su aportación de 3.636 euros a 8.250 euros. La familia Broseta no es ajena al Palau de les Arts. Pablo Broseta, hermano del presidente y consejero delegado del despacho, además de alto cargo del Consell hasta su reciente salida, fue absuelto en 2020 por la sección segunda de la Audiencia de Valencia en la causa de los patrocinios del Palau de les Arts.

Cuatro años más tarde, encabezaba la lista de empresas colaboradoras de la fundación la constructora Becsa, cuyo accionista Gabriel Alberto Batalla Reigada fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental, tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos y rebajar así la pena, en la pieza del 'caso Gürtel' de la financiación ilegal del PP valenciano. La firma también ha sido una de las más agraciadas en el reparto a dedo de contratos de emergencia de la Generalitat por la dana. Aun siendo la empresa que más desembolsaba, Becsa redujo en casi 3.000 euros su aportación a la fundación.

Pavasal, otra gran beneficiaria de los contratos de emergencia de la dana y que inyectó un total de 240.000 euros en la 'caja B' del PP de València (tal como acreditó la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula'), aumentó de 20.573 euros a 24.223 euros su aportación a la ópera. Por debajo, quedó Eulen, conocida adjudicataria de servicios en los ámbitos de limpieza, seguridad o residencias de personas mayores. La Fundación Gesmed, otra firma especializada en residencias, mantuvo intacta su aportación de 15.000 euros, al igual que Olivares Consultores Inmobiliarios, de Mario Olivares, con 6.308 euros. La constructora CYES entró en 2024 como entidad colaboradora, con 17.343 euros, al igual que Pal-Art, una empresa de catering, con 1.563 euros.

Aumentan mecenas y donaciones particulares

Sin embargo, la fundación también pasó otro cazo mediante el Círculo de Mecenazgo Les Arts, creado en 2022 y alimentado económicamente por fundaciones empresariales del Ibex 35, mecenas y donaciones particulares que las cuentas no detallan. La Fundación ACS mantuvo fija su aportación de 60.000 euros anuales mientras que la Fundación La Caixa redujo de 40.908 euros en 2023 a 19.545 euros al año siguiente. Por su parte, la Fundación Iberdrola se borró del mecenazgo y bajó a cero su aportación de 6.000 euros en 2023. El Palau de les Arts ingresó 70.336 euros del patrocinio de Telefónica en 2024, que el ejercicio anterior le había reportado 66.145 euros.

El Club de Mecenazgo ofrece varias tarifas (desde unos modestos 135 euros anuales de los amigos de la casa hasta los 5.000 euros de los grandes mecenas), con sus consecuentes desgravaciones fiscales. Los mecenas, según las cuentas anuales de la fundación, dispararon su aportación: de 31.972 euros en 2023 a 56.074 euros en 2024. También crecieron las donaciones particulares, que pasaron de 31.145 euros a 67.865 euros. Las cuentas destacan el “esfuerzo” de la fundación para “conseguir más apoyos privados”, que aumentaron un 14,51%.

También fue un año de cambios en el interior del edificio concebido por Calatrava, con el tapizado de las butacas de la Sala Principal y la sustitución de sus laterales (por importe de 558.193 euros), y la compra de focos móviles led (354.518 euros) y de un sistema de redes y disuasores láser para aves (224.780 euros). En decorado, vestuario y utilería de producciones estrenadas en 2024, la fundación gastó 309.055 euros.

La remuneración del director artístico: 137.563 euros

El Palau de les Arts se dejó 2,4 millones de euros (algo menos que los 2,6 millones de 2023) en compras, producción y contratación artística, de dirección musical, reparto y propiedad intelectual. En gastos de personal, subió de 16,8 millones a 17 millones en 2024. El ente cultural cuenta con tres cargos de alta dirección, tras el cese del director adjunto de Optimización de Recursos. El director artístico, Jesús Iglesias, percibió una remuneración total (incluyendo gastos de manutención y kilometraje) de 137.563 euros, por debajo del sueldo de 156.864 euros (sin contar indemnización por “estancia”) que llegó a cobrar en su etapa inicial la primera intendente y director artística, Helga Schmidt, fallecida en 2019. El director general, Jorge Culla, cobró 90.706 euros.

Las cuentas también incluyen las producciones artísticas de 2025, con costes incurridos en el ejercicio anterior. El balance detalla los importes de la ópera Dialogues des Carmélites, estrenada en Les Arts el pasado 23 de enero (250.833 euros), además de 21.862 euros de la obra Roberto Devereux y 14.122 euros por Gianni Schicchi, estrenadas el 4 de junio y el 25 de abril de 2025, respectivamente.