La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado este lunes en el juicio del caso Kitchen que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.

La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir.

García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.

En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”.

Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”.

El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular.

Acusados y separados

El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho.

Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario.

En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha reaparecido públicamente para conceder una entrevista, la primera después de obtener la libertad condicional en su condena de 12 años de prisión, y se ha referido a la operación Kitchen, el dispositivo del Ministerio del Interior para intentar sabotear el caso de la caja B del PP “como una auténtica aberración” cometida contra personas inocentes, en referencia a su esposa, Rosalía Iglesias, y a su hijo Guillermo.

“El caso Kitchen, lo que demuestra, es hasta que punto creen en el Estado de Derecho las personas que estaban encargadas de esas funciones en esos momentos [en el Ministerio del Interior]. Es absolutamente impresentable el uso de recursos públicos para perseguir, a ya no hablo de mí, hablo de mi familia, a ciudadanos absolutamente inocentes, a mi hijo a mi mujer... con un despliegue de policías inmenso, pagando, según está acreditado en informes policiales y se determinará en el juicio, con fondos reservados. Una auténtica aberración, una auténtica barbaridad”, ha dicho Bárcenas en el podcast del abogado Miguel Durán, amigo del ex tesorero.

El juicio por la operación Kitchen está previsto que comience el próximo 6 de abril y en el banquillo se sentarán el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y el DAO de la Policía Eugenio Pino, a los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel. Estarán acompañados de un grupo de mandos policiales, integrantes de la brigada política que actuó al servicio del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En el juicio, Bárcenas y Rosalía Iglesias actúan como víctimas de aquella operación y ejercen la acusación particular.

En un momento de la entrevista, Durán pregunta a Bárcenas por el “falso cura” que asaltó su domicilio en busca de documentación del Partido Popular y que murió en la cárcel sin haber prestado declaración en el marco del caso Kitchen por las consecuencias de un ictus que había sufrido. El ex tesorero del Partido Popular ha enmarcado el asalto del “falso cura” como parte de la Operación Kitchen y ha dicho que el juicio determinará lo que ocurrió, después de que los principales acusados se hayan desmarcado del asalto.

También ha aludido a Sergio Ríos, el chófer de la familia que actuó de espía para la familia y que luego fue recompensado con el acceso a la Policía Nacional a los 42 años. Bárcenas ha explicado que se lo recomendó una persona que trabajaba en seguridad en el Partido Popular, pero que, con posterioridad, recibió el visto bueno de “alguien del Ministerio del Interior” que no ha identificado. “Alguien del Ministerio del Interior me dice que es muy buen chico. Digamos que venía ampliamente recomendado y decidí contratarlo”, ha apostillado Bárcenas.

Bárcenas ha hecho estas declaraciones en el podcast 'Asi te veo yo' en el que Durán realiza entrevistas a personajes relevantes con la colaboración del grupo de comunicación Merca2.

El ex tesorero pasó a disfrutar de la libertad condicional en diciembre de 2024 al haber cumplido los dos tercios de su condena a 12 años de cárcel. La propuesta partió del régimen donde cumplía la condena en régimen de semilibertad y acordada por el juez de Vigilancia Penitenciaria después de que la Fiscalía no se opusiera. Bárcenas suma condenas que ascienden a 33 años de cárcel, pero la legislación penitenciaria permite cumplir, como máximo, el triple de la pena que conlleva el delito más grave de los cometidos.

Quan Francisco Camps es va encabotar a obrir un gran coliseu operístic a València, dissenyat per Santiago Calatrava, poques famílies de la burgesia autòctona tenien una cultura real en la matèria, com a Viena, París o Nova York. Juan Roig, amo de Mercadona, o els Noguera, clan capdavanter de la classe dominant valenciana, n’eren l’excepció que confirmava la regla. Els nou-rics, amb grans fortunes construïdes al caliu de la pilota urbanística i del formigó, buscaven el seu propi capital cultural en altres latituds. No obstant això, dues dècades després el Palau de les Arts Reina Sofia s’ha consolidat a la ciutat, segons confirmen els comptes anuals de la fundació, i encara el final de la denovena temporada amb un augment cada vegada més notable de la seua popularitat i de les aportacions d’empreses i de mecenes particulars. Els ingressos per vendes d’entrades i abonaments el 2024, últim exercici tancat, van augmentar un 9,33% respecte de l’any anterior.

Qui finança ara com ara l’òpera a València? Primer, per descomptat, l’erari autonòmic. La fundació pública, constituïda pel Consell el 2005, va rebre dels pressupostos de la Generalitat 20,6 milions d’euros per a despeses de funcionament i 700.000 euros en concepte d’inversió; a més d’una subvenció d’un quart de milió per part de la Diputació de València o de 105.000 euros de l’ajuntament de la capital.

No obstant això, el Palau de les Arts també va augmentar els seus ingressos, especialment per venda d’entrades i d’abonaments, amb 4,7 milions d’euros anotats en els seus últims comptes depositats (davant els 4,4 de l’exercici anterior). Els patrocinis i les col·laboracions empresarials van augmentar un 14,51% (en un exercici en què Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana fins al seu sonat daltabaix pels enfrontaments amb Carlos Mazón, es va incorporar al patronat de la fundació).

En la llista de les entitats col·laboradores, destaquen diverses constructores especialitzades en obra pública, a més d’altres adjudicatàries i de la firma Broseta Abogados, un dels despatxos de capçalera de la beautiful people i de l’empresariat valencià, que va doblar la seua aportació de 3.636 euros a 8.250 euros. La família Broseta no és aliena al Palau de les Arts. Pablo Broseta, germà del president i conseller delegat del despatx, a més d’alt càrrec del Consell fins a la seua eixida recent, va ser absolt el 2020 per la secció segona de l’Audiència de València en la causa dels patrocinis del Palau de les Arts.

Quatre anys més tard, encapçalava la llista d’empreses col·laboradores de la fundació la constructora Becsa, l’accionista de la qual Gabriel Alberto Batalla Reigada va ser condemnat el 2018 per delicte electoral i falsedat documental, després d’un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció per a confessar els fets i rebaixar així la pena, en la peça del cas Gürtel del finançament il·legal del PP valencià. La firma també ha sigut una de les més agraciades en el repartiment a dit de contractes d’emergència de la Generalitat per la dana. Tot i ser l’empresa que més desemborsava, Becsa va reduir en quasi 3.000 euros la seua aportació a la fundació.

Pavasal, una altra gran beneficiària dels contractes d’emergència de la dana i que va injectar un total de 240.000 euros en la caixa B del PP de València (tal com va acreditar la sentència de la peça separada A del cas Taula), va augmentar de 20.573 euros a 24.223 euros la seua aportació a l’òpera. Per davall, va quedar Eulen, coneguda adjudicatària de serveis en els àmbits de neteja, seguretat o residències de persones majors. La Fundació Gesmed, una altra firma especialitzada en residències, va mantindre intacta la seua aportació de 15.000 euros, igual que Olivares Consultores Inmobiliarios, de Mario Olivares, amb 6.308 euros. La constructora CYES hi va entrar el 2024 com a entitat col·laboradora, amb 17.343 euros, igual que Pal-Art, una empresa de servei d’àpats, amb 1.563 euros.

Augmenten mecenes i donacions particulars

Tanmateix, la fundació també va passar un altre cassó mitjançant el Cercle de Mecenatge les Arts, creat el 2022 i alimentat econòmicament per fundacions empresarials de l’Ibex-35, mecenes i donacions particulars que els comptes no detallen. La Fundació ACS va mantindre fixa la seua aportació de 60.000 euros anuals mentre que la Fundació La Caixa la va reduir de 40.908 euros el 2023 a 19.545 euros l’any següent. Per part seua, la Fundació Iberdrola es va esborrar del mecenatge i va abaixar a zero la seua aportació de 6.000 euros el 2023. El Palau de les Arts va ingressar 70.336 euros del patrocini de Telefónica el 2024, que l’exercici anterior li havia reportat 66.145 euros.

El Club de Mecenatge ofereix diverses tarifes (des d’uns modestos 135 euros anuals dels amics de la casa fins a 5.000 euros dels grans mecenes), amb les consegüents desgravacions fiscals. Els mecenes, segons els comptes anuals de la fundació, van disparar la seua aportació: de 31.972 euros el 2023 a 56.074 euros el 2024. També van créixer les donacions particulars, que van passar de 31.145 euros a 67.865 euros. Els comptes destaquen l’“esforç” de la fundació per a “aconseguir més suports privats”, que van augmentar un 14,51%.

També va ser un any de canvis a l’interior de l’edifici concebut per Calatrava, amb l’entapissat de les butaques de la Sala Principal i la substitució dels seus laterals (per import de 558.193 euros), i la compra de focus mòbils led (354.518 euros) i d’un sistema de xarxes i elements dissuasius làser per a ocells (224.780 euros). En decorat, vestuari i attrezzo de produccions estrenades el 2024, la fundació va gastar 309.055 euros.

La remuneració del director artístic: 137.563 euros

El Palau de les Arts es va deixar 2,4 milions d’euros (una mica menys que els 2,6 milions del 2023) en compres, producció i contractació artística, de direcció musical, repartiment i propietat intel·lectual. En despeses de personal, va apujar de 16,8 milions a 17 milions el 2024. L’ens cultural té tres càrrecs d’alta direcció, després del cessament del director adjunt d’Optimització de Recursos. El director artístic, Jesús Iglesias, va percebre una remuneració total (incloent-hi despeses de manutenció i quilometratge) de 137.563 euros, per davall del sou de 156.864 euros (sense comptar indemnització per “estada”) que va arribar a cobrar en la seua etapa inicial la primera intendent i directora artística, Helga Schmidt, morta el 2019. El director general, Jorge Culla, va cobrar 90.706 euros.

Els comptes també inclouen les produccions artístiques del 2025, amb costos incorreguts en l’exercici anterior. El balanç detalla els imports de l’òpera Dialogues des carmélites, estrenada en Les Arts el 23 de gener passat (250.833 euros), a més de 21.862 euros de l’obra Roberto Devereux i 14.122 euros per Gianni Schicchi, estrenades el 4 de juny i el 25 d’abril de 2025, respectivament.

Cuando Francisco Camps se empecinó en abrir un gran coliseo operístico en València, diseñado por Santiago Calatrava, pocas familias de la burguesía autóctona tenían una cultura real en la materia, como en Viena, París o Nueva York. Juan Roig, dueño de Mercadona, o los Noguera, señero clan de la clase dominante valenciana, eran la excepción que confirmaba la regla. Los nuevos ricos, con grandes fortunas construidas al calor del pelotazo urbanístico y del hormigón, buscaban su propio capital cultural en otras latitudes. Sin embargo, dos décadas después el Palau de les Arts Reina Sofía se ha consolidado en la ciudad, según confirman las cuentas anuales de la fundación, y encara el final de su decimonovena temporada con un aumento cada vez más notable de su popularidad y de las aportaciones de empresas y de mecenas particulares. Los ingresos por ventas de entradas y abonos en 2024, último ejercicio cerrado, aumentaron un 9,33% respecto al año anterior.

¿Quién financia hoy por hoy la ópera en València? Primero, por supuesto, el erario autonómico. La fundación pública, constituida por el Consell en 2005, recibió de los presupuestos de la Generalitat 20,6 millones de euros para gastos de funcionamiento y 700.000 euros en concepto de inversión; además de una subvención de un cuarto de millón por parte de la Diputación de Valencia o de 105.000 euros del ayuntamiento de la capital.

Sin embargo, el Palau de les Arts también aumentó sus ingresos, especialmente por venta de entradas y de abonos, con 4,7 millones de euros anotados en sus últimas cuentas depositadas (frente a los 4,4 del ejercicio anterior). Los patrocinios y las colaboraciones empresariales, aumentaron un 14,51% (en un ejercicio en el que Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana hasta su sonado descalabro por los enfrentamientos con Carlos Mazón, se incorporó al patronato de la fundación).

En la lista de entidades colaboradoras, destacan varias constructoras especializadas en obra pública, además de otras adjudicatarias y de la firma Broseta Abogados, uno de los despachos de cabecera de la beautiful people y del empresariado valenciano, que disparó su aportación de 3.636 euros a 8.250 euros. La familia Broseta no es ajena al Palau de les Arts. Pablo Broseta, hermano del presidente y consejero delegado del despacho, además de alto cargo del Consell hasta su reciente salida, fue absuelto en 2020 por la sección segunda de la Audiencia de Valencia en la causa de los patrocinios del Palau de les Arts.

Cuatro años más tarde, encabezaba la lista de empresas colaboradoras de la fundación la constructora Becsa, cuyo accionista Gabriel Alberto Batalla Reigada fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental, tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos y rebajar así la pena, en la pieza del 'caso Gürtel' de la financiación ilegal del PP valenciano. La firma también ha sido una de las más agraciadas en el reparto a dedo de contratos de emergencia de la Generalitat por la dana. Aun siendo la empresa que más desembolsaba, Becsa redujo en casi 3.000 euros su aportación a la fundación.

Pavasal, otra gran beneficiaria de los contratos de emergencia de la dana y que inyectó un total de 240.000 euros en la 'caja B' del PP de València (tal como acreditó la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula'), aumentó de 20.573 euros a 24.223 euros su aportación a la ópera. Por debajo, quedó Eulen, conocida adjudicataria de servicios en los ámbitos de limpieza, seguridad o residencias de personas mayores. La Fundación Gesmed, otra firma especializada en residencias, mantuvo intacta su aportación de 15.000 euros, al igual que Olivares Consultores Inmobiliarios, de Mario Olivares, con 6.308 euros. La constructora CYES entró en 2024 como entidad colaboradora, con 17.343 euros, al igual que Pal-Art, una empresa de catering, con 1.563 euros.

Aumentan mecenas y donaciones particulares

Sin embargo, la fundación también pasó otro cazo mediante el Círculo de Mecenazgo Les Arts, creado en 2022 y alimentado económicamente por fundaciones empresariales del Ibex 35, mecenas y donaciones particulares que las cuentas no detallan. La Fundación ACS mantuvo fija su aportación de 60.000 euros anuales mientras que la Fundación La Caixa redujo de 40.908 euros en 2023 a 19.545 euros al año siguiente. Por su parte, la Fundación Iberdrola se borró del mecenazgo y bajó a cero su aportación de 6.000 euros en 2023. El Palau de les Arts ingresó 70.336 euros del patrocinio de Telefónica en 2024, que el ejercicio anterior le había reportado 66.145 euros.

El Club de Mecenazgo ofrece varias tarifas (desde unos modestos 135 euros anuales de los amigos de la casa hasta los 5.000 euros de los grandes mecenas), con sus consecuentes desgravaciones fiscales. Los mecenas, según las cuentas anuales de la fundación, dispararon su aportación: de 31.972 euros en 2023 a 56.074 euros en 2024. También crecieron las donaciones particulares, que pasaron de 31.145 euros a 67.865 euros. Las cuentas destacan el “esfuerzo” de la fundación para “conseguir más apoyos privados”, que aumentaron un 14,51%.

También fue un año de cambios en el interior del edificio concebido por Calatrava, con el tapizado de las butacas de la Sala Principal y la sustitución de sus laterales (por importe de 558.193 euros), y la compra de focos móviles led (354.518 euros) y de un sistema de redes y disuasores láser para aves (224.780 euros). En decorado, vestuario y utilería de producciones estrenadas en 2024, la fundación gastó 309.055 euros.

La remuneración del director artístico: 137.563 euros

El Palau de les Arts se dejó 2,4 millones de euros (algo menos que los 2,6 millones de 2023) en compras, producción y contratación artística, de dirección musical, reparto y propiedad intelectual. En gastos de personal, subió de 16,8 millones a 17 millones en 2024. El ente cultural cuenta con tres cargos de alta dirección, tras el cese del director adjunto de Optimización de Recursos. El director artístico, Jesús Iglesias, percibió una remuneración total (incluyendo gastos de manutención y kilometraje) de 137.563 euros, por debajo del sueldo de 156.864 euros (sin contar indemnización por “estancia”) que llegó a cobrar en su etapa inicial la primera intendente y director artística, Helga Schmidt, fallecida en 2019. El director general, Jorge Culla, cobró 90.706 euros.

Las cuentas también incluyen las producciones artísticas de 2025, con costes incurridos en el ejercicio anterior. El balance detalla los importes de la ópera Dialogues des Carmélites, estrenada en Les Arts el pasado 23 de enero (250.833 euros), además de 21.862 euros de la obra Roberto Devereux y 14.122 euros por Gianni Schicchi, estrenadas el 4 de junio y el 25 de abril de 2025, respectivamente.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Un correo electrónico de 2015 muestra cómo el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo acceso a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción perteneciente a la causa judicial de la caja B de su partido, el PP, antes que llegara a las partes personadas en el procedimiento y, probablemente, con anterioridad a que fuera presentado al juez Pablo Ruz.

El único fiscal del caso de la financiación irregular del PP era Antonio Romeral, ahora pieza clave en la actual investigación a Cristóbal Montoro. Con posterioridad al caso de la caja B, Romeral ha ascendido a número dos de Anticorrupción y en 2023 fue designado por su jefe, Alejandro Luzón, para que supervise y censure las actuaciones de la fiscal del caso, empeñada en ampliar la investigación contra el ex ministro de Hacienda en contra del criterio de sus jefes.

El correo, al que ha tenido acceso elDiario.es, es enviado por Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro, el 9 de marzo de 2015, a las 18:36:07. Martínez Rico lo remite al ‘mail’ que su jefe tiene abierto en el Ministerio con una dirección que esconde su nombre de pila y primer apellido, pero que incluye el segundo (aromero@minhap.com). Los investigadores han acreditado que se trata del buzón de Montoro.

“A Santiago le han enviado de manera informal el mismo documento que adjunta Julia. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz”, afirma Martínez Rico. Parte de la importancia del correo radica en la fecha en que se envía. La instrucción del caso más grave de corrupción del PP, el de su financiación irregular durante al menos veinte años, estaba próxima a su conclusión. Quien ha recibido el documento es Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria e igualmente imputado en la causa de corrupción por beneficiar a las empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda y a través de Equipo Económico. Por otra parte, Julia es la jefa de la Secretaría del ministro y, según muestra otro correo, a ella se lo ha remitido su homónima entonces en el Ministerio de Justicia.

En el seno de la causa judicial de la caja B se producía en aquellos días una confrontación jurídica con consecuencias políticas de alto voltaje. El PP se jugaba aparecer como acusado de un delito fiscal por no haber pagado los impuestos correspondientes al dinero negro de los empresarios con el que había sufragado parte de la reforma de su sede central.

El jefe de gabinete prosigue en el correo: “Todavía no tenemos conocimiento de ningún escrito del juez Ruz a la AEAT [la Agencia Tributaria], pero ya tiene cobertura suficiente para insistir en su planteamiento. De momento, la AEAT está preparando escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz. Felipe”.

El tráfico en Hacienda del escrito de Anticorrupción se produjo en plena disputa judicial entre el juez Pablo Ruz y las acusaciones populares, de una parte, y Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, por otra. Estos últimos defendían que los partidos políticos estaban exentos de tributar por las donaciones ilegales recibidas. Hasta en tres informes, la Agencia Tributaria de la época de Montoro libró informes al juez en ese sentido.

El correo que envía el jefe de gabinete de Montoro al ministro desvela, además, que Hacienda disponía de información adicional de la causa, de forma extraoficial, y que eso le concedía presuntamente una situación ventajosa para obtener su objetivo de que el PP no fuera imputado.

La fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, remitió un escrito a Luzón el 24 de mayo de 2023 en el que insistía en la necesidad de investigar este y otro centenar de correos incautados en Hacienda. En un punto del escrito se refiere a la gravedad del correo mencionado en esta información y a su relevancia penal: “Considero que los hechos también pueden tipificarse inicialmente constitutivos, entre otros delitos, de obstrucción a la justicia, penado en el artículo 466 del Código Penal que castiga, como sabes, al que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial”.

El 27 de abril de 2015, cinco semanas después del intercambio de correos que reproduce hoy elDiario.es, la Fiscalía Anticorrupción, con la firma de Antonio Romeral, y la Abogacía del Estado, presentaban sus escritos de acusación, en los que el PP quedaba fuera de la acusación por delito fiscal. La Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo después, corroborarían la tesis de que el dinero negro no paga impuestos. El Partido Popular fue condenado, sin embargo, como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por su tesorero, Luis Bárcenas.

Las acusaciones populares, verdaderas impulsoras del caso de la caja B del PP desde su inicio, siempre fueron muy críticas con la labor del fiscal Anticorrupción asignado al caso, Antonio Romeral, al que acusaban de no impulsar la causa cuando no de obstaculizarla.

Como hito de la instrucción figura la declaración que llevó a Bárcenas a prisión provisional. Tras su declaración, el fiscal Romeral no solicitó prisión para el tesorero del PP. Tuvo que ser una de las acusaciones populares, Adade, quien lo hiciera para que Ruz pudiera enviar a la cárcel al guardián de los secretos del Partido Popular. La prisión provisional de Bárcenas fue el preludio de las confesiones del tesorero acerca de la financiación irregular del partido desde prácticamente su fundación.

Romeral, en el caso caja B y en el caso Montoro

En el caso Montoro, el fiscal Romeral desempeña un papel fundamental. La investigación no se ha ampliado al uso que hacía el ministro de la información confidencial de los contribuyentes, enemigos personales o adversarios políticos de Montoro, porque el jefe de Anticorrupción considera que es un tráfico de información con amparo legal y que no hay indicios de delito.

Ante la insistencia de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, por que se abriese una pieza separada para investigar correos como el que desvela hoy elDiario.es, Luzón puso a su segundo, Romeral, a tutelar la actuación de la fiscal. García Cerdá no puede enviar ningún escrito al juez sin que de su visto bueno el número dos de Anticorrupción. En línea con su jefe, Romeral ha vetado la nueva línea de investigación.

La confrontación llegó hasta la celebración de una junta de fiscales de Anticorrupción, a petición de Carmen García Cerdá, donde solo cuatro fiscales apoyaron a su compañera, frente a los 18 que se posicionaron del lado de Luzón. Una de las intervenciones más duras contra la fiscal del caso, relatan fuentes presentes en la junta, fue la de Antonio Romeral, el autor del escrito que llegó en 2015 a Montoro de forma subrepticia.

Los correos incautados en Hacienda en el transcurso de la investigación a Montoro muestran cómo el ministro monitorizó toda la participación de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en la causa judicial de la caja B, pese a que los peritos de ambos organismos actuaban en funciones de auxilio judicial y debían responder únicamente a los requerimientos del juez Ruz.

El Periódico adelantó el pasado año el contenido de varios correos que desvelaban ya la intervención de Montoro en el procedimiento judicial y las maniobras para salvar al PP. El PSOE utilizó esas informaciones periodísticas para dirigirse al Tribunal Supremo, que todavía no había dictado sentencia por los recursos al fallo de la Audiencia Nacional.

Los socialistas alegaban que la actuación de los peritos de Hacienda no respondió “a los intereses generales” y que se dedicaron a “defender unos intereses particulares, los del partido (PP) al que se exoneraba de responsabilidad fiscal”. El Alto Tribunal desestimó el recurso del PSOE alegando que había sido presentado fuera de plazo.

El levantamiento del secreto de sumario en la causa contra Cristóbal Montoro permitirá conocer los indicios que alberga acerca de una guerra sucia practicada desde el Ministerio de Hacienda contra los mismos adversarios políticos a los que el Gobierno de Mariano Rajoy atacó con las herramientas del Ministerio del Interior. Los correos incautados por un juez de Tarragona a Equipo Económico, la consultoría fundada por Montoro, incluyen indicios de que Hacienda intercedió a favor del Partido Popular en el caso más grave de corrupción que ha afectado a la formación, el de su caja B, y también otros contra sus enemigos habituales, caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

El mes de marzo de 2015 negros nubarrones se cernían sobre el Partido Popular, entonces en el Gobierno. El magistrado Pablo Ruz avanzaba hacia el final de la instrucción del caso de su financiación irregular, el caso de los ‘papeles de Bárcenas’, y había solicitado a Hacienda un informe que podía resultar clave sobre la responsabilidad del partido en el pago de las reformas de su sede central con dinero negro.

Entre los correos en poder del juez de Tarragona que investiga a Montoro hay varios mensajes en los que los colaboradores del ministro le informan de las posibles respuestas al magistrado y cuál de ellas exoneraría al Partido Popular de haber cometido un delito fiscal. Finalmente, Hacienda optaría por esta vía para responder al magistrado.

El 11 de marzo de 2015, el jefe de Gabinete de Montoro escribe a su jefe: “La AEAT parte de unos ingresos de 1 millón de euros (…). Si se le aplicasen los gastos deducibles (900.000), la base imponible quedaría en 100.000. La cuota defraudada, una vez reducida en retenciones, queda alrededor de 30.000. No es delito”. El jefe de Gabinete de Montoro era Felipe Martínez Rico, ahora imputado junto al exministro por beneficiar a las empresas gasísticas con cambios legislativos a cambio de dinero. En su correo da otras opciones al ministro que finalmente no se presentaron al juez y que sí incriminaban al Partido Popular.

Estos correos fueron revelados por El Periódico en abril de 2023, cuando todavía pesaba el secreto del sumario y en medio de una guerra interna en el seno de Anticorrupción. Ese enfrentamiento lo libraban el jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón, y la fiscal del caso, Carmen García Cerdá. Esta última quería ampliar la investigación del juzgado de Tarragona de Equipo Económico, Hacienda y las gasísticas a posibles revelaciones de secretos cometidas por Montoro y sus colaboradores, que habrían utilizado los datos confidenciales de la Agencia Tributaria de forma arbitraria.

Ante los obstáculos presentados por Luzón, la fiscal del caso recurrió al instrumento excepcional de que fuera la junta de fiscales de Anticorrupción, con todos sus miembros, quien analizara las opciones. Se impuso el criterio de Luzón, según el cual no había delito de revelación de secretos porque el ministro tenía la potestad de estar informado y que añadía que tenía que haberse producido un daño no acreditado. La mayoría de los fiscales Anticorrupción se alinearon con su jefe y solo cuatro de ellos, entre ellos la fiscal de los casos Gürtel y caja B, Concepción Sabadell, se pusieron del lado de la fiscal del caso. Resultado: 19 votos contra 5.

La fiscal intentó buscar la fórmula, a través de los Mossos d’Esquadra, para que el fiscal de Tarragona estudiara los correos, pero fue descubierta y se le abrió un expediente por no respetar las órdenes de su superior cuya sanción fue recientemente refrendada por el Tribunal Supremo, imponiéndole una multa de 1.000 euros.

En el caso de la caja B del PP, el fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Romeral –actual número dos de Luzón– se posicionó en contra de atribuir un delito fiscal al Partido Popular, siguiendo el criterio de la Agencia Tributaria, cuyo director de entonces también está imputado en el caso del juzgado de Tarragona por beneficiar a las gasísticas. Finalmente, el juez Pablo Ruz acusó del delito fiscal al PP y la Audiencia Nacional primero, y el Tribunal Supremo después, condenaron por ese concepto al partido en concepto de responsable civil subsidiario.

El enfrentamiento en Anticorrupción y las informaciones de El Periódico constituían la punta del iceberg de un caso que permanecía en su mayoría en secreto. Esas discrepancias entre los investigadores se extienden también a las fuerzas policiales, según fuentes del caso. La Unidad Central Operativa se sumó a las pesquisas en 2021 y ha elaborado desde entonces dos informes que no presentan indicios contra los investigados de Equipo Económico y el Gobierno de Rajoy, frente a otros atestados de los Mossos que sí sostienen las acusaciones.

Por todo ello, el auto del juez Rubén Rus Vela conocido este miércoles ha supuesto una enorme sorpresa. El juez imputa siete delitos, varios de ellos de corrupción, al exministro Montoro y a nueve de sus colaboradores. En total son 28 personas físicas imputadas, entre ellas los presuntos corruptores de las sociedades gasísticas. Fuentes del caso hablan de 17 tomos de sumario que serán puestos a disposición de las partes personadas en los próximos días. Resta conocer si las piezas separadas abiertas por el juez están relacionadas con los ataques desde el Ministerio de Hacienda a adversarios del PP y el ministro Montoro.

“Van a elaborar una ficha de Monedero”

Los correos electrónicos que aparecen en el extenso sumario de Tarragona ofrecen también indicios de cómo el ministro Montoro era puesto al día de las actuaciones contra rivales políticos. Es el caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El profesor de la Complutense se había salvado de una imputación por fraude fiscal al haber abonado una cantidad que le reclamaba la Agencia Tributaria antes de que se le notificara la inspección y después de que la publicación de filtraciones advirtieran al profesor de Ciencias Políticas del riesgo de que derivara en una investigación judicial.

El desenlace de estos hechos no pareció que satisficiera a los responsables del Ministerio de Hacienda del PP. “Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]”, escribe el jefe de Gabinete de Montoro a una dirección de correo en la que aparece el segundo apellido del ministro.

En ese correo electrónico, que también publicó en su momento El Periódico, el jefe de Gabinete de Montoro entrega datos fiscales del adversario político al ministro y añade: “Debemos elaborar una ficha de información con trascendencia tributaria (FITT) y enviarla a la Inspección de Trabajo para que los dé de alta (a los pobres becarios) en el régimen general con los que se practicaría liquidación en la Seguridad Social”.

Juan Carlos Monedero está pendiente de conocer si podrá actuar como acusación en el proceso, algo que su defensa espera conocer con el levantamiento del secreto de sumario. Su petición de personarse se remonta a noviembre de 2023.

El intento por salvar al PP del caso de la caja B, saboteando la instrucción judicial, y de frenar las aspiraciones de Podemos por llegar al Gobierno en 2016 constituyen dos de las tres patas de la actuación de la brigada política del Ministerio del Interior, investigadas en la actualidad por la Audiencia Nacional. La confirmación de las maniobras por parte de Hacienda constituirían otra versión de la guerra sucia del PP durante el Gobierno del PP desconocida hasta ahora.

Persecución a enemigos de Montoro

La causa del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona alberga igualmente correos electrónicos que denotarían prácticas de persecución contra otros enemigos de Montoro, algunos compañeros del Partido Popular. Entre estos últimos estarían Rodrigo Rato, cuyo caso en los tribunales arrancó de una investigación de la Agencia Tributaria, y Esperanza Aguirre. Entre los mensajes hay alusiones también al periodista de ABC Javier Chicote, quien habría informado sobre las presuntas actividades delictivas del despacho fundado por Montoro.

El juez de Tarragona Rubén Rus Vela investigaba en 2017 un caso relacionado con la ordenación del territorio en el curso del cual encontró un correo electrónico que apuntaba a “la existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)”, según explica el propio magistrado en su auto de levantamiento del secreto de las actuaciones.

Rus abrió unas diligencias que en 2021 dieron un salto cualitativo con el registro de la consultora fundada por Montoro en 2006 y de la que el exministro dijo que se desvinculó antes de volver al Gobierno, después de un primer periodo como ministro de Hacienda con José María Aznar. Las continuas revelaciones del caso y su trascendencia han hecho al juez solicitar la prórroga del secreto de las actuaciones durante estos siete años, avalada por la Audiencia Provincial de Tarragona. En la causa llegó a haber pinchazos telefónicos, pero fuentes del caso aseguran que fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien solicitó su nulidad. La instancia superior respaldó esa petición, pero no así otras del departamento de Alejandro Luzón, a favor de que se levantara el secreto del sumario en años precedentes.

No hay corruptos sin corruptores. Y así lo han vuelto a poner de manifiesto las últimas revelaciones que cercan al PSOE. El informe de la Guardia Civil que apunta a la existencia de una “organización criminal” protagonizada por los dos últimos secretarios de Organización de los socialistas y el que fuera asesor Koldo García pone el foco también sobre las prácticas ilícitas de varias constructoras que habrían viciado licitaciones públicas gracias a sus sobornos a cargos con poder de decisión.

En el epicentro del caso figura la constructora Acciona, que acapara la mayoría de los contratos presuntamente amañados. Pero también otras como la navarra Servinabar y otras pequeñas constructoras que accedieron a contratos millonarios bajo sospecha. La Guardia Civil encontró un documento privado que atribuía a Santos Cerdán el control del 45% de Servinabar, pero su administrador Antxon Alonso, también imputado, asegura que no se elevó a escritura pública.

España tiene un largo historial de casos de corrupción, con gobiernos de uno y otro signo, en administraciones grandes, medianas y pequeñas. Y la mayoría de ellos —ya sentenciados o en fase de investigación—, tienen o han tenido entre sus protagonistas a cargos públicos, pero también a contratistas que se servían de comisiones disfrazadas de facturas falsas para ablandar las voluntades de esos políticos y asegurarse adjudicaciones. El atestado sobre la trama supuestamente urdida por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García revela un modus operandi similar de corruptos y corruptores. Es un engranaje perfecto en el que todos ganan.

A falta de conocer el rastro del dinero —por el momento, no hay indicios consistentes de financiación ilegal del PSOE—, las revelaciones conocidas en los últimos días devuelven al imaginario colectivo otras causas que coparon titulares tiempo atrás. Es el caso de Filesa, el escándalo de financiación ilegal del PSOE de finales de los ochenta, pero también de otros más recientes como las diferentes tramas que han asediado al Partido Popular en las últimas dos décadas: Gürtel, papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo… Y otros como el caso Palau o del 3% sobre la financiación ilegal de Convergència.

Cada una de estas causas tiene sus particularidades, aunque en todas había corruptos y corruptores. No obstante, la suerte que corrieron estos últimos ha sido desigual. El Código Penal tiene mecanismos para sancionar con cárcel, multas y prohibición de acudir a concursos públicos a los empresarios o empresas que pagan para conseguir beneficios o tener una posición de ventaja en la concurrencia a contratos y licitaciones. El catálogo de delitos para castigar estas conductas incluye tipos como el cohecho activo (pagar dádivas a cambio de favores), fraudes y exacciones ilegales (conjurarse con un político para defraudar a un ente público) o tráfico de influencias (influir en un político para obtener un beneficio).

Pero hay elementos que a veces juegan a favor de excluir de la responsabilidad penal a las empresas o a sus más altos directivos. Entre ellos, la dificultad para trazar la conexión entre donativos y adjudicaciones concretas o las limitaciones para atribuir las conductas de algunos de sus trabajadores a la compañía en su conjunto. Desde 2017, las normas de contratación también permiten sancionar a empresas y empresarios con la prohibición temporal de acceder a adjudicaciones públicas, pero los requisitos que exige la normativa han hecho que sus efectos sean limitados.

Ese veto sólo es posible cuando existe una sentencia firme que recoja expresamente esa pena accesoria. Y, además, sólo en el caso de determinados delitos como financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho o fraude fiscal, entre otros. Eso explica que empresas de constructores condenados por financiar irregularmente al PP en la rama valenciana de la Gürtel hayan accedido a contratos millonarios para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la DANA. Esos empresarios fueron condenados por delitos que no forman parte de ese catálogo —delito electoral y falsedad documental— tras llegar a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que supervisa el funcionamiento de la contratación pública, reclamó en su último informe anual que se publique la relación de empresas vetadas como contratistas de la Administración, una información de “alto valor” para detectar riesgos “en materia de corrupción o cláusulas colusorias”

La responsabilidad de la empresa

Hasta hace tres lustros no era posible juzgar a una empresa pero sí a sus empleados. Dicho de otro modo, si una compañía pagaba sobornos, los responsables eran personas físicas, pero no la empresa en sí misma, aunque se hubiera beneficiado económicamente de esas prácticas. Ese cambio legal se introdujo en 2010. Pero cinco años después, el PP aprobó en solitario una reforma del Código Penal que limitaba sus efectos al eximir de esa responsabilidad a las empresas que pudieran demostrar haber implementado planes de control con anterioridad a la comisión de un delito.

A este precepto se acogió en marzo de 2021 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cuando acordó exculpar a la tecnológica Indra en la ramificación del caso Púnica sobre la financiación irregular del PP de Madrid. En el auto de imputación, de septiembre de 2019, había definido a Indra como “parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM [un organismo público] como fuente de ingresos del partido”. Y apuntó que había camuflado 1,13 millones de euros para campañas electorales de los populares.

Apenas año y medio después, sin embargo, decidió acoger los argumentos de la tecnológica, que alegó que contaba con un modelo de cumplimiento normativo implementado de forma eficaz y que durante la investigación se había acreditado que las conductas de algunos de sus empleados no podían ser atribuidas a la empresa en su conjunto. Finalmente, la única persona vinculada a Indra que se sentará en el banquillo es el exdirector de Sistemas Diego Mora Borobia.

El sumario del caso incluye fotografías del entonces director general de Indra, Santiago Roura, destituido por este escándalo, entregando 10.000 euros al conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, en un aparcamiento de La Moraleja, una exclusiva urbanización de Madrid. Pero este directivo también quedó exonerado porque el pago estaba “desligado de una adjudicación ilegal” y, por lo tanto, “no genera responsabilidad penal”, tal y como dejó por escrito el juez García Castellón.

La vía del cohecho

Algo similar ocurrió con el caso que mejor ha ilustrado hasta la fecha la connivencia entre el poder político y económico en España: la pieza del caso Gürtel que investigaba las donaciones de empresarios al PP. Entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 un total de 22 responsables de las grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, declararon como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Sus nombres aparecían en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero en B a la formación conservadora cuando esta gobernaba y les otorgaba grandes contratos de obra civil pública.

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que estos empresarios habían ingresado cantidades al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación. Este era el requisito para poderles atribuir el único delito por el que podían ser investigados, el de cohecho, dado que la financiación ilegal de partidos no era delito cuando se produjeron las donaciones. La financiación ilegal de partidos no se introdujo en el Código Penal hasta 2015, hace solo una década.

En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo, en el primer gran juicio de Gürtel. Formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que en diciembre de 2022, el juez Santiago Pedraz decidió con apoyo de la Fiscalía que no había dónde sustentar seguir adelante a pesar de la “intensa” y “dilatada” investigación que se había realizado. “No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical,... que aporte dato incriminatorio alguno”, escribió el juez.

Pedraz se basó también en un informe de Hacienda que analizó la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero que no halló “conexión” entre los contratos adjudicados y las donaciones que reflejó el tesorero en sus manuscritos. El detalle de esas anotaciones fue negado sistemáticamente por todos los empresarios. Algunos lo calificaron de invención e incluso amenazaron con querellas a quienes los habían publicado. Tres sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han declarado acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el PP.

El agujero de la prescripción

Para otros empresarios encausados por pagar mordidas, la impunidad llegó por la vía de la prescripción. La Audiencia de Barcelona consideró probado en enero de 2018 que la constructora Ferrovial pagó patrocinios al Palau que en realidad eran comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La resolución cifró esas mordidas en 6,6 millones de euros en total a cambio de “como mínimo” cuatro obras públicas adjudicadas en el último gobierno de Jordi Pujol (1999-2003). La Ciudad de la Justicia, una línea de metro o un pabellón deportivo, entre ellas.

Sin embargo, los dos únicos responsables de la constructora encausados consiguieron salir indemnes del proceso. La Audiencia de Barcelona, en una decisión que luego ratificó el Supremo, absolvió a los dos directivos encausados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, porque los hechos por los que estaban acusados estaban prescritos. El último ingreso de Ferrovial al Palau fue en febrero de 2006 y ambos no fueron procesados hasta seis años después, uno y tres años más tarde que el plazo de prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias por los que fueron acusados.

Las multas por amaños

Al margen de la vía penal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también pone el foco sobre las alianzas de empresas que alteran concursos públicos vulnerando la ley de defensa de la competencia. El supervisor tiene un largo historial de sanciones a empresas por su participación en acuerdos secretos que alteran las condiciones del mercado.

En la mayoría de esas sanciones hay un nexo común y es que el perjudicado de estos cárteles suele ser el Estado y las administraciones públicas. Los acuerdos entre estas compañías se han realizado habitualmente como maniobras para repartirse licitaciones millonarias en grandes infraestructuras como las carreteras.

Filiales de las seis principales constructoras del país —Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr— fueron multadas en 2022 con 203,6 millones de euros por amañar concursos. Las compañías se reunían semanalmente desde 1992 y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas para la construcción de hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras. Un año antes, otras filiales de ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y OHL habían sido sancionadas por formar un cártel para alterar licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento.

Lo habitual es que las compañías recurran esas sanciones ante la Audiencia Nacional y que, entre tanto, consigan suspender el pago de la multa hasta que haya una sentencia definitiva. La CNMC ha pedido vetar en licitaciones públicas por este tipo de sanciones a más de un centenar de empresas. Y el procedimiento se ha activado en más de una decena de expedientes. Todo, con el objetivo de que las prácticas corruptas tengan más consecuencias que las reputacionales.

El número 13 de la calle Génova de Madrid tiene un alto valor simbólico en el caso Gürtel. Desde sus salas, Mariano Rajoy intentó convencer a España de que la trama no existía. Registrada de arriba a abajo por la Audiencia Nacional, fue puesta en venta por el PP de Pablo Casado y recuperada por el PP de Alberto Núñez Feijóo. Y fue reformada, según acaba de recordar el Tribunal Supremo, con dinero de la 'caja B' que el PP niega desde hace casi dos décadas. La Gürtel extendió sus tentáculos en algunos de los grandes feudos del Partido Popular pero con la sede central de Génova como principio, nudo y desenlace del caso.

El PP se mudó a su actual sede central en 1983 tras unos primeros años entre la Gran Vía y la plaza de La Luna de Madrid. En sus balcones se celebraron las victorias electorales de José María Aznar y Mariano Rajoy. En sus pasillos y despachos, según la contabilidad paralela destapada por El País, los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas registraban las entradas y salidas de dinero al margen de lo que el partido remitía, año tras año, al Tribunal de Cuentas.

Génova 13 fue el escenario elegido por Mariano Rajoy para salir al estrado acompañado de la plana mayor del PP en febrero de 2009. Allí negó la existencia de la trama Gürtel de la manera más categórica posible: “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”, dijo en un edificio que habían reformado pocos años antes de forma integral. Esa reforma, dice ahora el Supremo, se pagó con el dinero negro de una 'caja B' que había estado funcionando a pleno rendimiento hasta solo unos meses antes de la comparecencia con “M. Rajoy” entre los beneficiarios.

La sentencia, conocida este viernes en plena comparecencia de Carlos Mazón sobre la DANA en el Palau de la Generalitat, lima los errores de la Audiencia Nacional y rebaja las condenas de Luis Bárcenas y los responsables de la empresa que dirigió la reforma, hasta el punto de abrir la puerta a que no tengan que entrar en prisión a cumplir condena. Pero confirma punto por punto todo lo que tiene que ver con el PP: su tesorero usó cientos de miles de euros de su 'caja B' para pagar la reforma a espaldas de Hacienda, contribuyendo a un fraude fiscal de otros cientos de miles de euros más.

La paradoja del fortín del PP es que allí se forjó la relación simbiótica que, según describen los jueces, unió al partido con la trama Gürtel. Rajoy negó la existencia de la Gürtel en el mismo edificio donde, apenas cinco años antes, Esperanza Aguirre dice haber destapado la trama delante del propio Rajoy. Donde Luis Bárcenas mantuvo un despacho y más infraestructura años después del estallido del caso. “Pasaba más tiempo en Génova que en mi despacho”, dijo Francisco Correa, considerado el cerebro empresarial de la trama.

El juez Pablo Ruz estuvo al frente del caso en los años clave de la investigación y fue quien envió a la Policía Nacional a Génova 13 hace más de una década a buscar los contratos de la empresa Unifica que esta semana se han traducido en la sentencia firme del caso. Los requerimientos con aspecto de registro, la familiaridad con la que los cabecillas hablaban de los despachos del edificio y las sentencias que daban veracidad a todo a golpe de condena llevaron a Pablo Casado a anunciar la venta del edificio.

“Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado”, dijo en febrero de 2021. Unos días antes la Audiencia Nacional había empezado a celebrar el juicio por la reforma de la sede y el objetivo de Casado era pagar deudas y, ya de paso, desvincularse del símbolo que unía al partido con una trama corrupta desmantelada más de diez años atrás. Un año después Casado era políticamente defenestrado de Génova 13 por apuntar a la presunta corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo entraba en la séptima planta del edificio.

La venta fue abortada y el partido se quedó en su cuartel general: “Los edificios no tienen la culpa de nada”, dijo unos meses antes de que la Audiencia Nacional certificara, en una decisión ahora confirmada por el Supremo, que efectivamente la culpa no era del edificio sino del tesorero y en última instancia del PP, que según los jueces no ejerció “un control adecuado” sobre Luis Bárcenas.

Sentencias y juicios pendientes

La sede central del PP ha sido el telón de fondo de décadas de corrupción que, en la práctica, consiguió que el partido se financiara al margen de la ley en algunos de sus grandes feudos de Madrid como Majadahonda, Pozuelo o la propia capital. Contratos y adjudicaciones públicas a cambio de dinero para actos o de comisiones para cargos públicos del partido. La trama Gürtel tiene todavía varias piezas separadas pendientes de juicio o sentencia firme, sin que la existencia judicialmente testada de su 'caja B' sea un debate desde hace años.

La Audiencia Nacional mandó dos veces a los agentes a Génova 13 a requerir papeles y documentos. En febrero de 2016 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron para obtener pruebas sobre una posible financiación irregular de la facción madrileña del PP en las campañas electorales que encumbraron a Esperanza Aguirre. Un caso derivado de la Púnica, no la Gürtel, ahora a las puertas de juicio con el foco puesto sobre Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño que también tenía su despacho en la calle Génova.

La sentencia del Tribunal Supremo conocida esta semana no es la primera que confirma la existencia de una 'caja B' gestionada desde Génova 13 y está por ver si es la última que se apoya en su existencia para declarar probada la corrupción de la Gürtel. Tampoco es la primera que liga su existencia al partido y no en exclusiva al tesorero.

“Una estructura contable paralela a la oficial”, dijo la Audiencia Nacional en la sentencia de 2018 que precipitó la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa. No una trama contra el PP, como dijo Mariano Rajoy cuando no estaba obligado a decir verdad, sino del PP radicada en su cuartel general. Luis Bárcenas no robó al PP a manos llenas, como el partido intentó hacer creer a la opinión pública cuando las diligencias judiciales cogieron el camino de no retorno, sino que usó el dinero de la 'caja B' para reformar su sede central.

La Audiencia Nacional acaba de perfilar cómo será el juicio, sin fecha aún, por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Hasta ahora se conocía que en el banquillo se sentará el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, entre otros. Ahora, la Sala de lo Penal ha admitido que declaren como testigos la mayoría de los propuestos por las acusaciones populares que ejercen Podemos y PSOE y que incluyen al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su número dos en el Ejecutivo y responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala reconoce que la carga de trabajo (“saturación de plenos”) le hace imposible aún determinar la fecha del juicio. Cuando se celebre, por fin Rajoy dará su testimonio sobre la operación parapolicial para sabotear el caso judicial que afectaba al Partido Popular, el de su financiación irregular, y a él mismo, quien aparece en la prueba fundamental de esa causa como receptor de dinero negro de los empresarios. Rajoy no fue imputado porque el posible delito fiscal por los sobre de la caja B fue declarado prescrito. Y el juez Manuel García Castellón puso fin a la investigación cuando se investigaban unos supuestos indicios de mensajes entre Rajoy y el comisario Villarejo, quien se sentará en el banquillo.

Tanto Podemos como PSOE solicitaron la imputación en su momento de María Dolores de Cospedal, a quien indirectamente también señalan los principales acusados –Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez– como la verdadera impulsora de una operación para destruir la investigación del juez Pablo Ruz por la caja B del partido. Tras prestar declaración como investigada, el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Kitchen, archivó la causa contra ella, pese a los múltiples indicios, incluidas conversaciones publicadas con el comisario Villarejo. “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”, le dijo la número dos del PP al policía corrupto en referencia a los 'papeles de Bárcenas'.

Las acusaciones populares de Podemos y PSOE solicitaron la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y responsable entonces del CNI. La participación del Centro en las maniobras contra Bárcenas ha sido una sombra que se ha extendido por el caso sin que García Castellón aceptara profundizar en ella. Las dos acusaciones populares han logrado que tanto Sáenz de Santamaría como Ignacio Cosidó, director general de la Policía durante los hechos, declaren en el juicio como testigos. También tendrá que hacerlo el político que sustituyó a Fernández Díaz en el Ministerio, Juan Ignacio Zoido.

El juicio promete aclarar también lo ocurrido en otras direcciones en las que no profundizó García Castellón. Ocurre con otras conversaciones grabadas y anotaciones en su agenda sobre supuestos pagos de Cospedal al policía por trabajos para sabotear el caso Gürtel y el de la caja B que afectaban al PP. Así, también declarará José Luis Ortiz Grande, por entonces jefe de gabinete de Cospedal, y encargado de ser el enlace entre ella y el policía corrupto. Junto a Cospedal también fue imputado su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que aparece en las grabaciones solicitando trabajos puntuales a Villarejo, junto a su mujer. En el juicio, López del Hierro deberá declarar como testigo a petición de las acusaciones populares.

Se da la circunstancia de que en la vista, por decisión de la Sala de lo Penal, declarará un magistrado de la Audiencia Nacional. Se trata de Enrique López. Su actuación como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, durante la instrucción del caso Kitchen ha motivado su citación como testigo. En la lista también figura otro secretario general del PP distinto de Cospedal, Javier Arenas.

Por otra parte, pero en el mismo auto, la Sala rechaza reclamar al Ministerio de Interior que elabore un informe que detalle el coste total de la denominada operación Kitchen para “determinar el daño y perjuicio económico ocasionado al erario público”, tal y como solicitaba la acusación socialista. “Se trata de una diligencia de investigación más propia de la fase de instrucción ya cerrada, sin que este tribunal deba practicarla por exceder de sus competencias, además de por ser innecesaria e inútil a los efectos enjuiciados, debiendo estarse a lo actuado”, alegan los magistrados.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. El Ministerio Público solicita igual condena para el que fuera el número dos del Ministerio, Francisco Martínez, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino, a los que acusa de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Para José Manuel Villarejo eleva la petición de condena a 19 años por esos mismos delitos, a los que suma el de cohecho impropio. Junto a ellos se sentarán en el banquillo los principales mandos policiales de la denominada brigada política.

La Fiscalía Anticorrupción, que en 2022 pidió el archivo de la causa de la caja B del PP de Madrid para Esperanza Aguirre, solicitará durante el juicio que la ex presidenta madrileña y de la formación regional sea condenada como responsable civil a título lucrativo. Anticorrupción considera que, sin haber participado en los delitos que se juzgan, Aguirre se benefició de la trama y deberá abonar por ello 26.000 euros en concepto de responsable civil a título lucrativo.

En su escrito de conclusiones, Anticorrupción pide condenar a 7 años y 10 meses años de cárcel al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a 3 años y 6 meses de prisión al que fuera gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, al considerar que son máximos responsables de la presunta 'caja b' del partido a nivel regional, solicitando igualmente la declaración como testigo de la expresidenta Esperanza Aguirre durante el juicio.

En ese escrito, recogido por Europa Press, el Ministerio Público también considera responsable civil a título lucrativo a Ignacio González, al que reclama 28.293,22 euros. Según ha adelantado la cadena Ser y ha confirmado elDiario.es, Anticorrupción solicitará en el trámite de las cuestiones previas, al inicio del juicio, que Aguirre y González sean condenados en la citada modalidad.

La Fiscalía pide distintas penas de cárcel e inhabilitación para a la que fuera directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, al exjefe de gabinete de la presidenta, Borja Sarasola, al exdirectivo de la Comunidad José Martínez Nicolás, al presunto 'conseguidor' de Púnica, Alejandro de Pedro, y a Diego Mora.

Según Anticorrupción, Granados y Gutiérrez aprovecharon sus cargos orgánicos dentro del PP de Madrid --siendo el primero secretario general y gerente regional el segundo-- “sabedores de que en mayo del año 2011 correspondía la celebración de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y que iban a ser designados como director de la campaña y administrador electoral de la misma respectivamente”.

De esta forma, “se concertaron para, de forma similar a campañas anteriores, buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad 'afines' a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados de conformidad con la normativa del proceso electoral, así como posteriormente, ocultados a la cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid”.

“Así las cosas, Granados comenzó a programar los actos desde, al menos, inicios del mes de septiembre de 2010 de tal manera que, con fecha 8 de noviembre de 2010 el mismo ya había adjudicado la principal ejecución material de la campaña a la mercantil El Laboratorio de Almagro 36, S.L., así como consensuado con su responsable, María Luisa de Madariaga, realizar la misma y cómo se debería de facturar por parte de su empresa, así como a qué persona jurídica”, relata la Fiscalía.

Finalmente, recuerda el escrito, las elecciones fueron convocadas por Aguirre, abriéndose “el denominado periodo electoral que, a efectos económicos, supone la aplicación de los límites de gasto electoral previstos, tanto en la Ley Orgánica Electoral General como en la ley Electoral de la Comunidad de Madrid”.

Tal y como ya se preveía, apunta Anticorrupción, el principal responsable de la campaña electoral fue Granados, al tiempo que el encargado de los fondos a título de gerente de la campaña, como en las anteriores, fue Beltrán que, igualmente, fue designado ante la Junta Electoral Provincial como administrador electoral.

El organigrama principal de la campaña se desglosaba a su vez en múltiples responsables de cuestiones sectoriales, entre los que la Fiscalía destaca al responsable de campañas locales y actos públicos, Borja Sarasola y, como en las elecciones autonómicas del 2007, a la responsable de los medios de comunicación, Isabel Gallego.

En su escrito, la Fiscalía detalla una serie de ingresos y gastos y relata que, “a efectos de dar cumplimiento a la normativa electoral, Beltrán Gutiérrez, en su condición de administrador electoral y con conocimiento del también acusado, director de la campaña, presentó escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid el día 23 de septiembre de 2011, por el que presentaba la documentación comprensiva de la contabilidad de la campaña electoral del citado partido, aún a sabiendas de que la información presentada no respondía a la realidad global de los costes”.

Y esto era así, apunta Anticorrupción, en tanto que “el total del coste declarado fue de 2.986.624*89 euros, remitiéndose como adjunto al escrito la información contable oficial del Partido Popular de Madrid en que se basaba y justificaba tal cifra”.

“Conforme a la misma, se declararon un total de 35 proveedores, al tiempo que se remitieron las facturas presentadas por estos, la contabilidad analítica y por cuentas de estas, el libro diario de operaciones y los medios de pago, así como el extracto de movimientos de la cuenta de campaña”, añade el escrito.

Sin embargo, explica la Fiscalía, “tal cuantía era muy inferior a la realmente incurrida, pues por parte de los acusados se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido”.

“Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas”, aduce.

La Fiscalía argumenta que “la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados”. “Una vez entregadas, el mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para si o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar a Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas”, explica.

La declaración de un periodista en el juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' derribó la nueva versión que el testigo clave de la causa, Jesús Gordillo, interpretó en la segunda jornada de la vista. Gordillo, exasesor del acusado Alfonso Grau, antigua mano derecha de Rita Barberá, aportó documentación clave para las pesquisas sobre la supuesta caja B del PP de València, usada para pagar la campaña de las elecciones municipales de 2007. Sin embargo, durante su comparecencia en el juicio, el testigo se desdijo de todo, exculpó a Grau echándole la culpa a un empresario fallecido y, de paso, acusó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberlo presionado. 

Para contrastar la nueva versión del testigo clave, el fiscal anticorrupción pidió la declaración del periodista Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, el medio al que acudió Gordillo para filtrar documentación sensible sobre la presunta financiación ilegal del PP de València. Jesús Gordillo se plantó en la redacción del periódico, tras haber contactado con la redactora de tribunales, con un millar de documentos sobre el entramado empresarial de Laterne, utilizado en 2007 para hinchar la supuesta caja B del PP de Rita Barberá.

“Nos explicó que había estado empleado en Laterne, que había utilizado diversos procedimientos ilegales para financiar ilegalmente una campaña del PP local de 2007”, relató el periodista. El encuentro duró “entre dos y tres horas”, en las que el 'garganta profunda' explicó en detalle la documentación.

Los periodistas le advirtieron de que “lo que tenía que hacer” era aportarla a la Fiscalía, una opción que Gordillo descartó. Finalmente, a tenor de la gravedad de la documentación, los propios periodistas llevaron los papeles a la Fiscalía Anticorrupción y, tiempo después, publicaron una serie de informaciones sobre el entramado de Laterne.

Javier Alfonso aseguró ante el tribunal que no vio a Gordillo “angustiado o nervioso” ni les dijo que hubiera sido amenazado, tal como sostuvo en su última declaración en el juicio del 'caso Taula'. El periodista también confirmó que le dieron una copia de parte de la documentación en un lápiz de memoria, lo cual contradice de nuevo la nueva versión interpretada por Gordillo ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

Un medio de prueba “manifiestamente pertinente”

Las defensas solicitaron al inicio de la sesión la nulidad de la declaración del periodista. Sin embargo, el presidente del tribunal explicó que se trataba de contrastar la nueva versión exculpatoria de Gordillo. “Es un medio de prueba manifiestamente pertinente”, dijo el magistrado.

El tribunal pretende ponderar cuál de las dos versiones de Gordillo es la verdadera, la que declaró en la fase de instrucción ante la UCO (ratificada posteriormente ante el juez instructor) o la última en el juicio. Todo ello por las “consecuencias en el relato de hechos probados que finalmente contenga la sentencia”, apostilló el magistrado.

En la sesión de este miércoles también se inauguró el desfile de los testigos propuestos por las defensas. Rafael Magán, asesor fiscal externo de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), relató que, tras un requerimiento de la Agencia Tributaria sobre Laterne, aportó las facturas de la empresa y el informe que las justificaba. El testigo se limitó a afirmar que se trataba de un “informe con información” sobre los supuestos trabajos reflejados en las facturas.

La empresa vinculada a la caja B del PP de València obtuvo más de 600.000 euros de la fundación municipal, financiada con dinero público aunque de naturaleza privada, sin que se haya sabido a cambio de qué trabajos se pagó.

Jaume Mata, trabajador de la fundación, declaró que Laterne no participó en la elaboración del plan estratégico por el que facturó, elaborado por personal de la casa (una afirmación en la línea de los testigos de la sesión anterior). La ex subdirectora Loles Edo también afirmó desconocer la existencia de la empresa Laterne en aquella época.

Eva García, jefa de Administración la fundación, tampoco recordaba a Laterne aunque afirmó, a preguntas de la acusación popular que ejerce Compromís, que los pagos de facturas de 500.000 euros no eran “corrientes” en la entidad. También aclaró que “no se podía pagar en metálico”.

Las “máquinas destructoras” de papel

Más allá de la presunta caja B y su relación con la fundación, las acusaciones sostienen que se produjo una destrucción de documentación en el seno de la entidad mientras Anticorrupción y la UCO investigaban el entramado en el marco de la instrucción del 'caso Taula'. Sin embargo, Loles Edo limitó la eliminación de la documentación a meros “folletos obsoletos”. En todo caso, Edo aseguró que no tenía nada que ver con la empresa Laterne.

La testigo confirmó que se compraron “máquinas destructoras” de papel para renovar las que tenía previamente la fundación, que habían quedado obsoletas. Otra trabajadora de la fundación, Desamparados Martínez, relató que FTVCB contrató a una empresa encargada de destruir documentación aunque adujo que desconocía el contenido de las cajas que se llevaron.

La testigo aseguró que Edo dio la orden de comprar las trituradoras de papel aunque no le dio “ningún motivo en particular”. La jefa de Administración de la fundación también confirmó la compra de “máquinas destructoras” de papeles y el traslado de documentación a “unas naves” que albergaban “folletos” o “mobiliario”.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha ordenado citar como imputados a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, en el marco de la investigación de una presunta trama de extorsión al abogado Javier Gómez de Liaño con el fin de que no aparecieran publicadas informaciones sobre la caja B del PP cuando el letrado representaba a Luis Bárcenas, ex tesorero de la formación política.

La pieza 36 del caso Villarejo mantiene imputados a los tres participantes en una conversación grabada, y aportada a la causa, que hablan de una operación para chantajear a Gómez de Liaño con información sobre un supuesto cobro en negro del abogado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov y que cesen así las publicaciones periodísticas en 2014 sobre la financiación irregular del PP.

En el audio, uno de los participantes dice que al frente de la maniobra está un abogado del Estado en excedencia que responde directamente a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La propia Cospedal ha declarado como testigo en la causa asegurando que desconoce la presunta trama. Durante su declaración llegó a negar que supiera quién pagaba a los abogados que Bárcenas tuvo antes que Gómez de Liaño cuando en su momento, y en público, admitió que la minuta la pagaba el Partido Popular.

La declaración del antiguo secretario de Estado y del entonces director operativo de la Policía se producirá a petición de Gómez de Liaño, que ejerce la acusación particular, y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, si bien el juez García Castellón no ha puesto aún fecha.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Castellón asegura que hasta ahora ni imputados ni testigos han vinculado a Martínez con los hechos, al tiempo que justifica su citación porque en las agendas del comisario Villarejo aparecen anotaciones que apuntan a que estaba al tanto de la maniobra. Las agendas de Villarejo son tomadas como creíbles por los investigadores del caso al tratarse de anotaciones que el comisario había destinado a su uso personal y que fueron incautadas cuando éste ya estaba en la cárcel y pensaba que estaban a salvo de las pesquisas.

En ellas, Villarejo recoge ocho citas con 'Chisco', el apodo que adjudicó a Francisco Martínez, con alusiones a lo que el comisario calificó como “Operación Kalasov”, por el mafioso ruso que habría pagado 5 millones en negro a Liaño, lo que el abogado desmiente tajantemente.

El 4 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo escribe al lado de “Chisco”: “Kalas - Liaño”. El 4 de agosto vuelve a reunirse con el entonces secretario de Esado y anota: “Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza”. Seis citas son en ese 2014 pero hay dos anteriores, correspondientes a 2013. Se trata del mismo motivo que asume el juez para citar, también como investigado, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, esto es, anotaciones en la agenda de Villarejo para tratar con él el tema de Liaño.

Tanto Martínez como Pino se sentarán en el banquillo de los acusados por la operación Kitchen, el espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Anticorrupción pide una condena de 15 años de cárcel para cada uno de ellos. La operación Kitchen es la maniobra parapolicial para destruir la investigación judicial de la caja B del PP. Por eso, la trama paralela para presionar al abogado de Bárcenas en la que han sido citados como imputados se ha venido a llamar Kitchen paralela o Kitchen jurídica.

Cosidó se vuelve a librar

De otro lado, García Castellón rechaza citar a Alejandro Auset Domper pese a que la Fiscalía apunta a él como el abogado del Estado en excedencia al frente de un “lobby jurídico” que trabajaría para el PP, que habría encargado el ataque a Liaño, y que respondería directamente ante María Dolores de Cospedal. También se niega a citar al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó.

Alega García Castellón que Liaño no especifica si deben comparecer como testigos o imputados y que no ha surgido hasta ahora ningún indicio de su participación, si bien el fiscal anticorrupción preguntó en sus interrogatorios si el abogado del Estado en excedencia al que se refieren en el audio que origina la causa es Alejandro Auset.

[Una primera versión de esta información recogía por error que Francisco Martínez y Eugenio Pino habían sido citados como testigos]

El juez Manuel García Castellón no quiere volver a ver a María Dolores de Cospedal por la Audiencia Nacional. Después de que archivara su imputación por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, García Castellón se ha negado a que declare como testigo en otra pieza del caso Villarejo, muy vinculada a la primera, concretamente la que investiga presiones al abogado del extesorero para que información de la caja B del Partido Popular no llegara a los medios de comunicación. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez del caso Villarejo rechaza la petición de Javier Gómez de Liaño, ex letrado de Bárcenas, para que declare como testigo María Dolores de Cospedal. Gómez de Liaño figura como perjudicado en esta pieza 36 del caso Villarejo, que el juez mantuvo oculta, incluso después de archivarla, y que solo trascendió cuando la Sala de lo Penal dictó un auto obligándole a reabrirla.

García Castellón no tuvo entonces más remedio que aceptar la condición de perjudicado de Gómez de Liaño y tomarle declaración. El pasado 23 de mayo, el abogado, desvinculado hace años de la defensa de Bárcenas, insistió ante el juez en uno de los indicios obrantes en la pieza: una grabación en la que los imputados hablan de cómo un ex abogado del Estado cercano a Cospedal habría organizado la maniobra para presionar y que los papeles de la financiación irregular no llegaran a la prensa. 

Gómez de Liaño situó a la ex secretaria general del PP detrás de la operación y añadió que incluso se intentó sobornar a la secretaria de su despacho a cambio de información de Bárcenas, según informó después El Periódico de España. Por esos hechos, Gómez de Liaño presentó una denuncia en otro juzgado de la Audiencia Nacional que sobreseyó los hechos por falta de pruebas. Con la negativa a citar a Cospedal, García Castellón ensancha aún más lo que Anticorrupción calificó como “línea roja” de protección a la cúpula del PP por parte del juez [leer aquí 'La exculpación de Cospedal en cinco actos (de García Castellón)] y que incluye a Mariano Rajoy.

La pieza 36 del caso Villarejo se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, que había ordenado un registro en el domicilio de dos individuos, Halit Sahitaj y Jana Kleiner en el marco de otra casusa. Allí aparecieron unos correos electrónicos con cuatro archivos de audio, de 20 de octubre de 2014, en plena operación Kitchen, que mostraban, de forma indiciaria, una nueva treta para ocultar la financiación irregular del PP. 

“Un encargo de personas vinculadas al PP”

Dichos archivos de audio, recogía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su auto, ponían “de manifiesto, de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario”.

Una vez analizados los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de mail de Gómez de Liaño se concluyó que los tres interlocutores eran José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro, hasta ahora los tres imputados en la pieza separada 36 del caso Villarejo.

Para profundizar en las pesquisas, el letrado Gómez de Liaño pidió que se imputara a José Aliste Martín, un abogado que ya figura como investigado en un juzgado de Madrid por participar en una presunta trama de la brigada política del PP para obtener información contra Podemos de ex jerarcas venezolanos. Además, Gómez de Liaño solicitaba que declararan como testigos otros tres miembros del entorno de José Manuel Villarejo, además del propio policía jubilado: los abogados Javier Iglesias y Óscar Jiménez Rubia y la abogada del Estado y ex número dos del PP María Dolores de Cospedal. 

La Fiscalía Anticorrupción, que ya se había opuesto en su momento al cierre de la pieza dictado por García Castellón, no apoyó la declaración de cuatro de los testigos en este momento procesal, pero sí de un quinto, y en condición de investigado. Se trata del abogado Javier Iglesias Redondo, alias 'El Largo', un habitual del círculo de Villarejo conocido por ser señalado por Bárcenas como la persona que fue a visitarle a la cárcel en el verano de 2013 para ofrecerle, en nombre del Gobierno del PP, la destitución del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de las fiscales de Gürtel, y el archivo de la causa para su mujer, si no contaba la caja B de los conservadores. 

Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas argumentan que en la declaración de Gómez de Liaño del 23 de mayo “se aportaron datos objetivos, y a contrastados en la presente causa, sobre una eventual participación en esta trama de Javier Iglesias Redondo, abogado próximo al Partido Popular que visitó a Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real sin ser su letrado”.

García Castellón ha aceptado que declare Javier Iglesias pero no como investigado sino como testigo. Los fiscales avisan de que del “resultado de esta declaración” depende que respalden la petición de comparecencia de Cospedal y el resto de las personas señaladas en su escrito por Gómez de Liaño.

Un viejo conocido de los servicios de Información

La Brigada Política, incluido Villarejo, habría hurgado en las cuentas privadas del abogado Gómez de Liaño, defensor entonces de Bárcenas. con la intención de encontrar dinero negro que le comprometiera. Para ello se pusieron en contacto con uno de los antiguos clientes del exmagistrado, el mafioso ruso Zakhar Kalashov, que había sido condenado en 2010 a siete años de cárcel por su pertenencia al crimen organizado ruso. 

En las agendas del comisario Villarejo constan numerosas anotaciones en las que se muestra cómo la trama Kitchen investigó, sin orden ni mandato judicial, un supuesto cobro en 'b' por parte de Gómez de Liaño de hasta 5,5 millones de euros que habrían sido abonados por Zakhar Kalashov, algo que nunca se ha demostrado. Uno de los ciudadanos extranjeros a los que se le incautaron los audios, Halit [o Jaled] Sahitaj, es un viejo conocido de los servicios de Información españoles y miembro del círculo del mafioso ruso-georgiano Kazhar Kalashov, antiguo cliente de Gómez de Liaño.

El diario local La Región ha publicado la transcripción de una grabación de audio en la que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presume de saber cómo blanquear dinero en B. “Yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”, dice a un interlocutor que el periódico no ha “podido identificar con absoluta fidelidad”. Este le había preguntado lo siguiente: “Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas blanquear para poder gastarlo en campaña?”. ElDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de Jácome para conocer su versión pero, por el momento, no hará valoraciones. Faltan 20 días para las elecciones municipales.

La Región, cuya línea editorial es próxima a los intereses del PP de Manuel Baltar, ha publicado en los últimos días varios audios comprometedores para Jácome. El propio regidor, que hasta el año pasado gobernó la ciudad en un pacto con los populares a cambio de apoyar a Baltar en la Diputación de Ourense, ha arremetido en sus redes sociales contra la prensa local, a la que acusa de “guerra sucia y manipulada”. Pero sobre la conversación publicada este lunes guarda silencio.

Jácome, en todo caso, explica al interlocutor anónimo lo que “está haciendo” para la campaña. “La ley te permite financiar con un máximo de 50.000. Nosotros con esa cantidad nos llega... Y... Oficial o B, ¿no?”, afirma. Su interlocutor le responde entonces: “Y digo yo ¿y cómo vas a hacer? Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas a blanquear para gastar en campaña?”. En ese momento es cuando el alcalde de Democracia Ourensana -formación de derecha populista- se jacta de sus dotes en la materia. “Pues con donaciones de la gente. Se lo doy...”, dice, a lo que el interlocutor responde: “Pero es mucho dinero...”. Y Jácome: “Nooo, me hacen donaciones... No, yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”. La última advertencia del interlocutor sobre que se trata de demasiado dinero cae en saco roto. La Región transcribe el diálogo solo hasta ese punto.

El candidato socialista a la alcaldía, Francisco Rodríguez, se ha remitido a su “esperanza” en que la justicia actúe contra Pérez Jácome. “Estamos ante una situación muy seria. Todo el mundo se merece la presunción de inocencia, pero ahora le toca actuar a la justicia”, señaló, “quiero confiar en que va a actuar”. Rodríguez relacionó lo publicado por La Región con los excesos al volante de Manuel Baltar, cazado a 215 kilómetros por hora en un coche oficial de la Diputación conducido por él mismo. “Estos dos responsables políticos actúan con impunidad porque han interiorizado que las instituciones les pertenecen (…) me parece muy bien que que el PP denuncie la actuación del alcalde [Jácome] pero deberían tener la misma vara de medir con el presidente de la Diputación”, aseguró Rodríguez.

El reciente archivo de la última línea de investigación que quedaba abierta en el caso de la caja B del PP, el cohecho de los grandes empresarios, pone fin al caso más concurrido y con mayores evidencias de la connivencia entre el poder político y económico en España. Un total de 22 responsables de las grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Sus nombres aparecían en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro a la formación conservadora cuando esta gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones. 

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que el pasado 19 de diciembre, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación. 

Debido a la reforma de la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova fue un edificio provisional, en la calle Prim, el que acogió entre estrecheces las comparecencias como investigados de los 22 empresarios que habían quedado retratados por Bárcenas como donantes de dinero negro de la caja B del PP. 

El 31 de enero de 2013 se había destapado la caja de los truenos. El País publicó aquel día las anotaciones manuscritas del que había sido gerente y tesorero del PP, Luis Bárcenas, con los ingresos en dinero negro de los empresarios y las salidas de parte de esos fondos en sobresueldos a dirigentes del partido durante dos décadas. Una querella conjunta de Izquierda Unida y otras organizaciones del mismo espectro político dio pie a la apertura de una pieza separada del caso Gürtel que pasó a denominarse ‘caja B’.

En la primera tanda de declaraciones fue citado el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien dijo al magistrado instructor y al resto de las partes personadas que nunca había entregado dinero a un partido político. En las anotaciones de Bárcenas, el exministro de la UCD aparecía como donante de 100.000 euros el 19 de octubre de 2004; 180.000 euros el 25 de octubre de 2006, y 250.000 el 11 de febrero de 2008. En total, más de medio millón.

Dentro de su estrategia de defensa, Villar Mir llegó a afirmar que él a quien daba dinero era a fundaciones, incluida una de la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, dedicada a las mujeres en África, o a las de los sindicatos UGT y CCOO. 

El detalle de las anotaciones de Bárcenas fue negado sistemáticamente por todos los empresarios, que oscilaban entre atribuirlo a una invención del tesorero del PP o directamente asegurar que no le habían visto nunca, si acaso un breve saludo en un acto público. 

Algunos fueron más allá. En apenas 15 minutos de declaración, el presidente entonces de Sacyr Vallehermoso advirtió ante el juez Ruz que se querellaría contra quien hubiera redactado los papeles publicados por El País. También dijo que si conocía a ministros era porque su constructora era muy importante, que trató mucho más a Álvaro Lapuerta que a Bárcenas e incluso llegó a quejarse de que su constructora recibía menos adjudicaciones de las que merecía.

“Todo el mundo dudaba de nuestro sano juicio por responsabilizar de hechos tan graves a gente tan respetable. Luego resultó que todo era cierto”, rememora Gonzalo Boye, letrado que representó a Observatori Desc, una de las acusaciones populares que impulsaron de forma determinante la causa de la caja B. Boye alude a las tres sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que declaran acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el seno del Partido Popular. 

Antonio Segura es uno de los abogados que representó a Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados y Justicia y Sociedad, organizaciones autoras de la querella que originó la causa. Asegura a elDiario.es que “nunca” percibió temor en los empresarios que se sentaron ante el juez. Aun así recuerda aquello como “un momento histórico”. “Pensábamos que quizá no pudiéramos demostrar las entregas a cambio de adjudicaciones pero sí pensamos que al menos se iba a modificar la forma de contratación de la Administración pública, que era un coladero”, relata Segura antes de admitir que aquello nunca llegó a ocurrir.

“Tuvimos filtraciones que nos permitieron conocer que los grandes despachos que representaban a los empresarios se reunían para fijar una estrategia de defensa. Se trataba de no pisarse la manguera porque todos ellos participaban en el reparto de obras. A lo mejor se presentaban tres y estaba pactado quién se la iba a llevar en una ocasión, para que a la siguiente el beneficiado fuera otro”, rememora el abogado Segura.

Un informe de la UDEF analizó toda la adjudicación de obra pública a las empresas donantes durante los gobiernos del Partido Popular, sin que llegara a concluir que hubiera relación directa entre la adjudicación de las mismas y el dinero que entraba en secreto al partido. “No resulta posible establecer una relación entre los ingresos por donaciones y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”, zanjó Ruz en un auto del 23 de marzo de 2015.

Para Antonio Segura resultó determinante que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera que la caja B fuera una pieza separada de Gürtel y no una causa nueva que había recaído en el Juzgado de Javier Gómez Bermúdez. El letrado cree que Gómez Bermúdez tenía preparadas unas “inmediatas y contundentes diligencias” que hubiera impulsado rápida y contundentemente la causa y que se hubiera llegado a saber toda la verdad de la financiación irregular del PP.

Que los 'papeles de Bárcenas' no eran más que una tarjeta de presentación de la financiación irregular del partido, apenas 8 millones de euros en 20 años, es una idea que reconocen en privado incluso en la Fiscalía Anticorrupción: la cantidad tenía que ser mucho mayor y no aparecía en aquellas anotaciones. Ocurre algo similar con los 47 millones de euros localizados a Bárcenas en Suiza. ¿Sólo le pertenecían a él? El abogado Boye se limita a contestar: “Digamos que Bárcenas se comportó como un caballero con sus socios”.

La 'bomba' de Correa y la reapertura del caso

Más de un año después del archivo de la línea del cohecho, durante el primer gran juicio de Gürtel, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, afirmó que la adjudicación de “carreteras, autopistas y obras del AVE”, la gran obra pública durante los Gobiernos de Aznar, escondían una mordida del 3% de comisión para el PP, del que él y Luis Bárcenas se llevaban una parte. Dentro de su pacto con la Fiscalía, el testimonio de uno de los constructores, Alfonso García-Pozuelo, dijo que una parte del dinero que él entregaba a Correa acababa en “organismos centrales” del PP. 

Pablo Ruz ya no estaba en la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial convocó un concurso de plazas en las que figuraba la que ocupaba de modo interino Pablo Ruz. Si el propósito era librarse de un juez que había dado bastantes quebraderos de cabeza al partido en el Gobierno, registro de su sede nacional incluida, la jugada no terminó de salir del todo bien. A la plaza se presentó José de la Mata, ex cargo del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Zapatero y uno de los mejores instructores que se recuerdan en la Audiencia Nacional, según coinciden magistrados de distintas sensibilidades. De la Mata ganó porque era el más antiguo en aspirar al puesto. 

El juez José de la Mata reabrió la línea del cohecho y citó a Correa y García-Pozuelo, pero se negaron a colaborar. Sin embargo, la reapertura del caso abrió el camino para que el inspector que había liderado la investigación de Gürtel y caja B, Manuel Morocho, se pusiera manos a la obra. elDiario.es había desvelado en 2014 que el Ministerio de Jorge Fernández Díaz se empleaba a fondo para torpedear su trabajo, algo que ha confesado años después en público el propio Morocho en sus comparecencias en el juicio de la caja B y ante las comisiones de investigación del Congreso. 

El agente 81.067 vuelve a la carga

En noviembre de 2020, Morocho entregó un informe al juez Santiago Pedraz, quien sustituyó a De la Mata cuando este fue destinado a Eurojust. En el citado documento, el policía recopilaba diez años de investigación y cruzaba esa información con revelaciones de otros casos de corrupción del PP. El resultado eran nuevos indicios que permitían inferir que no todas las aportaciones a la caja B del PP eran realizadas por los grandes constructores para estar a bien con el partido sino que algunas se produjeron a cambio de recibir contratos concretos de la Administración.

A raíz de ese informe, el juez Pedraz requirió 23 contratos a siete ministerios de Aznar a la constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Se trataba de más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros. La Policía llegó a detectar sobrecostes en el 80% de las 23 adjudicaciones analizadas. 

Por su parte, Luis Bárcenas aseguró en sede judicial que él y Álvaro Lapuerta actuaban como una suerte de “lobby” entre los empresarios y los ministros, principalmente de Fomento y Medio Ambiente. Pero un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha dado la puntilla al caso. Con un año de retraso, la IGAE descartaba irregularidades en el proceso de esas adjudicaciones que apunte a que se produjeron a cambio de mordidas. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar el caso de la caja B que indaga en las adjudicaciones finalistas a cambio de dinero negro durante el Gobierno de José María Aznar. En un auto fechado este lunes, el magistrado cierra por falta de pruebas la línea de investigación sobre la posible conexión directa entre las supuestas donaciones en negro que grandes empresarios realizaron a esa caja B y las adjudicaciones de millonarios contratos de obra civil pública que estos mismos empresarios recibieron con sus constructoras de administraciones gobernadas por los conservadores.

En su escrito, Pedraz explica que pese a una “intensa investigación” en la que se han examinado los expedientes de contratación de todas las empresas “no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido” los hechos investigados. “No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical... que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, interventores de la Fiscalía e Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”, afirma el juez.

Esta correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas se ha investigado en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Gürtel. Esta vía del cohecho se cerró en marzo 2015 por falta de indicios pero volvió a abrirse dos años después, en 2017, tras la confesión del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo. Salvo este último, todos los empresarios objeto de las pesquisas han negado los pagos y han rechazado la existencia de un sistema general de corrupción de las constructoras con el partido.  

El fiscal del caso, Antonio Romeral, pidió el pasado 9 de noviembre el archivo de la investigación tras conocer un informe de la IGAE en el que los técnicos descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha y afirman que no se puede establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados. Ese informe no fue incorporado a la causa hasta el pasado 4 de noviembre, con un año de retraso.

En el citado informe, la IGAE contradice las conclusiones provisionales de la Policía, del magistrado instructor y de otros escritos anteriores de la propia Intervención General del Estado. Tras la petición de archivo de Anticorrupción, el juez entiende que ese informe tampoco arroja indicios de delito.

A este respecto, Pedraz recuerda que en ese informe se ha analizado la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes y en ninguno de ellos se ha encontrado “arbitrariedad”, “irregularidad” ni “elemento alguno” que “permita la conexión de dichos contratos” con las donaciones de los papeles de Bárcenas. Y explica que los técnicos se basan para hacer estas afirmaciones en dos hechos concretos. Por un lado, en que las mesas de contratación estaban formadas por funcionarios públicos. Y, por otro, en que la dirección facultativa o asistencia técnica en cada contrato —encargada de firmar los modificados, los proyectos complementarios y las certificaciones— “era distinta al resto de contratos”.

En el verano 2021, el magistrado, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, acordó no prorrogar otros seis meses la instrucción de este caso. Su decisión se conoció justo una semana después de que tomara declaración al principal testigo, Luis Bárcenas, quien volvió a hablar de algunas donaciones finalistas para la caja B del partido sin aportar ninguna prueba, con la tesis de que las que poseía le fueron sustraídas por la brigada política durante la Operación Kitchen.

Los indicios existentes desde el principio del caso de la caja B, que arrancó en 2013, llevaron a tener imputados a una veintena de los grandes empresarios del país, pero la imposibilidad de demostrar que el dinero entregado al PP era a cambio de la concesión de una obra concreta evitó que prosperara la acusación por un delito de cohecho. El entonces instructor, Pablo Ruz, archivó la línea de investigación del cohecho de los empresarios en 2015. Ahora, según Pedraz, es “plenamente aplicable” lo acordado en ese auto.

La acusación popular, ejercida por Observatori DESC, había solicitado que continuara la investigación y se practicaran nuevas diligencias, pero el juez rechaza esta petición con el argumento de que el resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción (declaraciones de investigados y testigos, pruebas documentales…) y el citado informe de la IGAE concluye que no hay en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa, lo que imposibilita establecer una “relación” entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Santiago Pedraz que archive definitivamente la causa de la caja B del Partido Popular, reabierta a raíz de nuevos indicios de que las grandes constructoras del país recibieron adjudicaciones a cambio de sus aportaciones de dinero negro al partido, han informado a elDiario.es fuentes jurídicas. 

El fiscal del caso, Antonio Romeral, presentó el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la propuesta de archivo de la línea de investigación sobre presunto cohecho. Romeral adoptó la decisión tras conocer el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), presentado por este organismo con un año de retraso. En el mismo, los técnicos de la IGAE descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha. 

En el citado informe, la IGAE contradice las conclusiones provisionales de la Policía, del magistrado instructor y de otros escritos anteriores de la propia Intervención General del Estado. Tras la petición de archivo de Anticorrupción, ahora resta que el actual juez del caso, Santiago Pedraz, se pronuncie. 

Los indicios existentes desde el principio del caso de la caja B, que arrancó en 2013, llevaron a tener imputados a una veintena de los grandes empresarios del país, pero la imposibilidad de demostrar que el dinero entregado al PP era a cambio de la concesión de una obra concreta evitó que prosperara la acusación por un delito de cohecho. El entonces instructor, Pablo Ruz, archivó la línea de investigación del cohecho de los empresarios en 2015. 

Con el resto de la pieza separada de la caja B, el siguiente juez del caso, José de la Mata, abrió juicio oral por las obras realizadas en Génova con dinero de la caja B. La vista se celebró en 2021 y la Audiencia Nacional condenó a otros dos años de cárcel a Bárcenas y al PP como responsable civil por el impago del impuesto de sociedades en 2007 de la empresa que realizó las obras. Por tercera vez en un fallo judicial daba por acreditada la financiación irregular del PP.

Entre tanto, la línea de investigación que apuntaba a los empresarios y el posible cohecho se había reabierto en 2017, a raíz de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel. Ante el tribunal, Correa aseguró que la gran obra realizada en España durante el Gobierno de Aznar llevaba un 3% de mordida para el Partido Popular. De la Mata llamó a declarar a Correa para que se ratificara, pero cuando compareció, el jefe de la Gürtel volvió a echarse atrás.

El impulso del inspector Morocho

Sin embargo, el caso volvió a dar un giro en noviembre de 2020. El investigador policial de Gürtel y caja B, el inspector jefe Manuel Morocho, entregó un informe al juez en el que recopilaba diez años de investigación y cruzaba esa información con revelaciones de otros casos de corrupción del PP. El resultado eran nuevos indicios que permitían inferir que no todas las aportaciones a la caja B del PP eran realizadas por los grandes constructores para estar a bien con el partido sino que algunas se produjeron a cambio de recibir contratos concretos de la Administración.

A raíz de ese informe, el juez Pedraz requirió 23 contratos a siete ministerios de Aznar a la constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Se trataba de más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros. La Policía llegó a detectar sobrecostes en el 80% de las 23 adjudicaciones analizadas. Por su parte, Luis Bárcenas aseguró en sede judicial que él y Álvaro Lapuerta actuaban como una suerte de “lobby” entre los empresarios y los ministros, principalmente de Fomento y Medio Ambiente. En su informe de 97 páginas, la Intervención del Estado descarta irregularidades en el proceso de esas adjudicaciones que apunte a que se produjeron a cambio de mordidas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado para el próximo 10 de noviembre en calidad de testigos a los dos técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que deben elaborar el único informe pendiente sobre las presuntas adjudicaciones irregulares a supuestos donantes de la caja B del Partido Popular para que expliquen a qué se debe el retraso.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha tomado esta decisión después de dar varios avisos a la IGAE para que enviara este último informe, donde se espera que haga un análisis global de todos los contratos otorgados a las empresas que habrían nutrido con sus donaciones la caja B a cambio de recibir contratos públicos.

En los remitidos hasta ahora, la IGAE ha ido plasmando irregularidades. Así, en uno fechado el 16 de diciembre de 2021, ponía de relieve “muy notables desviaciones” en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a la Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama Gürtel.

Una vez enviado, será el turno de la Fiscalía Anticorrupción. Tras ello, Pedraz, ya con toda la información sobre la mesa, deberá decidir si hay indicios suficientes para procesar a los investigados por esta causa, cuyas pesquisas terminaron el 29 de julio de 2021.

'Comisiones finalistas'

El caso, conocido como el de las 'comisiones finalistas', lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede 'popular' de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.