La noche prometía ser de infarto y lo ha sido Con el 98% de los votos escrutados, los socialistas se imponen por primera vez en 18 años en unas elecciones al Parlament en votos y obtienen 33 escaños, los mismos que ERC, que logra la segunda posición y un escaño más Junts per Catalunya. Los republicanos logran por primera vez superar a los posconvergentes en unas elecciones al Parlament y consiguen la hegemonía dentro del bloque independentista, algo que se les resistía desde hacía años.

Con el 23% de los votos y 33 escaños, el PSC de Salvador Illa casi dobla los 17 escaños obtenidos en 2017. No obstante, el independentismo logra retener la mayoría absoluta del Parlament: la suma de ERC, Junts y la CUP alcanza los 74 escaños, seis por encima de la mayoría absoluta. Los independentistas superan por primera vez el 50% de los votos en unas elecciones al Parlament.

A más de veinte escaños de los tres partidos que lideran el escrutinio, Vox irrumpe por primera vez en el Parlament con grupo parlamentario propio y se sitúa en cuarta posición con once escaños y alrededor del 7,6% de los votos. La CUP logra cinco escaños más de los que tiene ahora y consigue 9 diputados con el 6,6% de los votos. Le siguen los 'comuns', que retienen sus ocho escaños actuales.

El batacazo de la noche tiene el nombre de Ciudadanos. La lista liderada por Carlos Carrizosa se estrella: de ganar las elecciones en 2017 con 36 escaños pasa a seis escaños, al borde del grupo mixto. El PP logra tres diputados, empeorando incluso sus cuatro diputados en 2017, que fue su peor resultado histórico en unas elecciones al Parlament.

Las elecciones de este domingo han estado marcadas por la baja afluencia a las urnas. La combinación de pandemia y cansancio tras el procés ha llevado a los colegios a solo el 53,56% de votantes, el peor porcentaje histórico de unas elecciones al Parlament, que hasta ahora había sido el 54,87% de participación en el año 1992.

Ada Colau (Barcelona, 1974) llega a la redacción de eldiario.es después de presentar con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, una exposición sobre los 16 días del No Pasarán del Madrid de 1936. Colau ha recordado en el acto las palabras de Lluís Companys en marzo de 1937, hace 81 años, que se hicieron célebres: “Madrileños, Catalunya os ama; Catalunya os ama”.

Esas palabras de cariño parecen irreales a día de hoy, en un momento en el que el choque institucional entre el anterior Govern de la Generalitat y el Estado a raíz del 1-O y la DUI ha terminado con la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución apoyado por el PP, PSOE y Ciudadanos; así como con el procesamiento, encarcelamiento y fuga de los líderes independentistas.

Y de eso habla Colau, de cómo superar el bloqueo; de los límites de la institución; de cómo convertir la reflexión teórica en intervención política; y de la gestión de una de las ciudades más importantes de Europa. Y para todo ello reclama “mucha, mucha, mucha política”.

¿Por qué esas palabras de Companys que evidencian la fraternidad de los diferentes pueblos hoy parecen tan excepcionales?

En la memoria popular y en la de nuestras ciudades no suena extraño; lo triste es que se tenga que reivindicar desde la institución como algo excepcional. Es increíble la baja intensidad de la democracia española y lo poco madura que es. Y se ve en asuntos cruciales como estos. En París y en Berlín celebran la resistencia antifascista como un referente de la conquista democrática. Durante 40 años de dictadura se ha reprimido esa memoria antifascista democrática, pero aún es más triste que en 40 años de democracia ha sido tabú hablar del tema. Y quien se ha encargado de hacer la memoria han sido asociaciones y entidades de memoria y derechos humanos. Rarísimamente ha habido ese reconocimiento institucional.

Hay una debilidad democrática profunda que con el contexto entre Catalunya y el Gobierno del Estado todavía se recrudece más. No sólo por una cuestión catalana, sino también por el recorte de libertades con raperos en prisión y retirada de obras en una exposición en Madrid. En un Estado democrático fuerte y seguro de sí mismo estas respuestas desmesuradas y autoritarias no se darían, y tiene una relación directa con el hecho de que no se haya educado con la memoria histórica y en cómo se ha conquistado la democracia con la lucha y el sacrificio de miles de personas que dieron su vida por defender la democracia frente al fascismo.

La batalla de Madrid para mí es un símbolo muy fuerte de que no es verdad que la lucha fue entre dos Españas. Era la lucha entre quienes defendían la democracia, la república, la libertad, la fraternidad y la igualdad frente al fascismo y el autoritarismo.

Dice que se están estrechando los márgenes de la libertad y la expresión. ¿Lo interpreta como una respuesta reaccionaria a la crisis de régimen?

Con la globalización se generan muchas incertidumbres y miedos legítimos: a que las próximas generaciones no tienen su futuro asegurado; a la continuidad del planeta; a la pérdida del trabajo y tu casa... El sistema neoliberal aumenta el individualismo y la sensación de soledad de quienes están solos frente al mundo. Y la extrema derecha, como ha pasado en otros momentos de la historia, lo ha sabido leer: el neofascismo está surgiendo en Europa y EE UU.

Además, tenemos nuestro patrimonio local especialmente fecundo, con una Transición que seguro que se hizo bien en muchas cosas y en un momento difícil para dejar atrás la dictadura y empezar la democracia, pero algunas otras quedaron pendientes, y una es la memoria democrática antifascista y republicana. Ahora se pagan las consecuencias de no haber hecho ese trabajo de memoria, con un gobierno de derechas del PP que no ha acabado de romper con su pasado fascista. Y lo estamos viendo con la polémica que han generado con esta exposición de memoria de la lucha antifascista en Madrid. Cuando eso es un referente democrático en toda Europa, aquí al PP le avergüenza esa memoria y permite que exista la Fundación Franco, que reciba ayudas y reivindique la figura del dictador.

Hablaba de democracia de baja intensidad, en pleno contexto del conflicto catalán. Pero hay mucha gente que se pregunta dónde está la izquierda de este país. ¿Tiene la percepción de que está dormida?

Sí, en general hay un problema de miedos que atraviesan nuestra sociedad. Las reformas liberales, las reformas laborales, han generado situaciones de lucha por la supervivencia que no favorecen que haya movilizaciones a la altura de las circunstancias. Y se echa especialmente de menos a la izquierda en un momento de crisis en el que más se necesitan voces constructivas y propositivas que permitan un horizonte distinto con más derechos, libertad y democracia.

Pero sí hay voces, y con el conflicto en Catalunya agradezco muchísimo como barcelonesa y catalana la posición de Unidos Podemos, que no se ha dejado intimidar por el cálculo de ganar o perder votos en las próximas elecciones como hacen el resto de partidos, y ha hecho una apuesta valiente por el diálogo por la que también ha recibido duras críticas del independentismo. Una apuesta por la política; por el reconocimiento a dos millones de personas que se movilizan desde hace años y en contra de la judicialización de la política. Sí que reconozco esa valentía y esa izquierda que intenta renovarse para buscar soluciones en positivo; y en cambio el PSOE es el gran ausente en esta crisis.

A nadie nos sorprende que los partidos de derechas como el PP y Ciudadanos alimenten el conflicto con el que ganan votos; no tienen incentivos para encontrar una solución democrática y constructiva, pero el PSOE es un partido tiene que buscar respuestas democráticas y constructivas diferentes a las de la derecha. Y hemos visto al PSOE de Pedro Sánchez muy alienado con las posiciones de PP y Ciudadanos. Para ser duros y autoritarios ya tenemos a la derecha auténtica, no hace falta que el PSOE se ponga a su lado. Necesitamos un PSOE a la altura de sus siglas y que se ponga al lado de la ciudadanía buscando soluciones democráticas.

Pero parece que al PSOE, según las encuestas, le da más réditos en España esa posición que a Unidos Podemos.

Tampoco le da tan bien, ¿no?

Resiste, no baja.

Pero no gana. La ciudadanía en general está muy cansada de que los mensajes sean negativos, de bloqueo, de consolidar y reproducir ese discurso de que hay dos Españas o Catalunya y España, esos discursos que dividen a la ciudadanía. Una propuesta general, un discurso institucional, y especialmente si es progresista y de izquierdas tiene que ser inclusivo, abierto, que reconozca la pluralidad, que busca puentes entre las diferencias para ver lo que tenemos en común...

Se ha echado mucho de menos al PSOE, incluso en el PSC veo más voces que entienden eso y que en algún momento lo intentan. Hace poco Miquel Iceta proponía un gobierno de concentración, transversal; Xavi Domènech también ha hecho una propuesta de gobiernos de independientes si los independentistas no son capaces de formar gobierno. Pero Pedro Sánchez y el PSOE salieron a desautorizar a Iceta, y yo le pediría a Pedro Sánchez que confíe en los socialistas catalanes y que les deje trabajar por una solución en positivo, constructiva y que permita hacer una propuesta para un horizonte de salida de los bloques.

Las propuestas de Iceta y Domènech han sido descartadas por el resto de partidos. Los comuns han dejado claro que no facilitarán la investidura de un candidato de JxCat. ¿Pero si el candidato fuese de ERC qué harían?

Fuimos muy claros en campaña no haciendo cálculos electorales: no vamos a alimentar que gane un bloque sobre otro bloque. Lo más trágico es dividir el país en dos mitades, y no vamos a alimentar esa idea nunca. Estamos radicalmente en contra de dividir la población en bloques, en dos mitades que parecen irreconciliables.

Vamos a apostar siempre por soluciones transversales que reconozcan la pluralidad de Catalunya y que busquen los puntos en común. Por eso la propuesta de Xavi Domènech sigue viva: buscamos una fórmula transversal, limitada en el tiempo y que permita formar un gobierno efectivo. Hay que recuperar la Generalitat; acabar con el 155 y empezar a deshacer ese camino de judicialización que ha sido un desastre desde todos lo puntos de vista.

Para hacer eso, hace falta un gobierno que puede ser de independientes, de concentración como decía Iceta. Lo que hace falta es política, mucha política, y que la gente se siente a hablar. Eso no es tan fácil a través de los medios de comunicación, pero hace falta que todos los responsables de los partidos políticos hablen, especialmente de las fuerzas catalanistas en el sentido más amplio y por eso decimos que tiene que estar el PSC para que no sea un bloque que deje a otro al margen y reproducir la situación de bloqueo que nos ha llevado al desastre.

Con un planteamiento amplio y transversal se tiene que hablar, hablar y hablar y encontrar algún tipo de candidato o candidata que pueda dar un consenso posible.

Tiene que ser diputado o diputada.

Sí, sí, que entre todos los nombres se busque a alguien y seguro que se puede encontrar. Sobre todo si, como ha planteado Domènech, es por un tiempo limitado durante dos años, y que quien se presente lo haga con el compromiso de no repetir para que no haya suspicacias. Se puede armar de muchas maneras, con consensos sociales y no sólo parlamentarios.

Los partidos independentistas lo han descartado públicamente. ¿Y en privado?

No me consta que exista una negociación, pero la pedimos, porque en privado todos los partidos, excepto la CUP, que dice siempre lo mismo en privado que en público, te reconocen que hay que hacer un gobierno efectivo.

Incluso desde su estricto punto de vista independentista, para recuperar la Generalitat para defender a las personas que están en prisión e intentar hacer que salgan, va a ser más sencillo tener un gobierno de la Generalitat como interlocutor para negociar con el Estado que no teniendo.

Desde el punto de vista de Catalunya como país; el primer paso es un gobierno efectivo que haga funcionar la Generalitat al máximo rendimiento y no al mínimo rendimiento que es como lo tenemos ahora.

¿Cómo ha vivido este proceso como la alcaldesa de la capital catalana? ¿Siente que le han estirado de un lado y de otro?

Desde los partidos políticos, evidentemente, me han intentado estirar y tensionar muchísimo. Pero no voy a permitir que se parta Barcelona en dos y voy a luchar por una sola Barcelona, plural, orgullosa de su diversidad y pluralidad social y política. Que es innovadora, cosmopolita, abierta al mundo, tolerante, solidaria y esta es la identidad y el ADN de nuestra ciudad. Voy a luchar por esa Barcelona que amo y quiero, y ofreciéndola también como un escenario de seducción.

Y mientras existe esta situación de bloqueo institucional, la vida sigue, en la educación, las escuelas infantiles, la vivienda, la economía, y llevamos meses sin una Generalitat con la que reunirnos, financiando servicios que no nos tocan en educación y vivienda, y necesitamos ese interlocutor.

Mientras no se hace, nuestra responsabilidad es hacer que Barcelona esté a pleno rendimiento y no se pare ni se quede atascada, sino que demuestre que somos una ciudad de convivencia y que seguimos trabajando juntos para mejorar la realidad cotidiana.

Hace unos años, en enero de 2015, hicimos una entrevista en la comentó que “sólo ganando las elecciones no se gana; sólo ganando no vamos a recuperar la democracia”. Ahora queda menos para las siguientes. ¿Ha sido así? Además, se ha cruzado el debate nacional que no estaba previsto. hicimos una entrevista

Efectivamente, no estaba previsto para nosotros, que hicimos el paso por primera vez a la política institucional y asumimos sin pasar por la oposición el gobierno de una ciudad como Barcelona. Y lo hicimos con 11 concejales de 41. A eso hay que añadir que nos haya tocado uno de los periodos más complicados de la historia de la democracia en los últimos 40 años. No ha sido sencillo. Claro que nos ha alterado la agenda y se han generado situaciones de frustración porque nos siguen interpelando: la administración local es lo más cercano a la ciudadanía, a la que no le importa de quién dependen los presupuestos, por ejemplo. Quiere soluciones, y te lo piden con más insistencia.

Que la agenda política y mediática haya estado tan centrada en el bloqueo de las relaciones entre Catalunya y el Estado nos ha perjudicado muchísimo a la hora de poner las prioridades sociales en la agenda.

Nosotros hemos seguido trabajando porque la realidad nos interpela cada día y tenemos que dar respuesta. Barcelona ahora es líder en inversión social en el Estado; es líder en transparencia; nos han reconocido en Europa como una de las experiencias pioneras en lucha contra la pobreza energética; hemos hecho la oferta pública mayor para reforzar los servicios públicos de la ciudad de Barcelona de toda la historia de la democracia. Mantenemos nuestras prioridades porque son una demanda de la ciudadanía.

Vamos a esas políticas concretas que cita. ¿Si en un mes no consigue los apoyos para ampliar el tranvía por la Diagonal dará ya por descartado el proyecto?

Tenemos el pleno el próximo 10 de abril, o sea que tenemos una semana. El trabajo técnico esta hecho, esta todo a punto para hacer la conexión entre los dos grandes tramos. Y ese pequeño tramo que falta significa multiplicar por muchísimo las capacidades de movilidad y de reducción de coches.

¿En esta semana cree que podrá convencer a algún grupo de la oposición?

Nosotros hemos construido el consenso social, el vecinal, el institucional puesto que la Generalitat está de acuerdo, también con todos los municipios del área metropolitana, y el único que falta es el de los grupos municipales. Aquí hay algunos grupos y en concreto ERC que tiene que decidir si cumple con su propio programa o por partidismo prefiere desgastar al gobierno y no aprobar un proyecto con el que se comprometió ante su militancia y sus votantes.

Lo único que queda no es la discrepancia de ERC sino la discrepancia de Alfred Bosch. Él ha manifestado su voluntad de volverse a presentar como candidato a la alcaldía y la pregunta es si prioriza los intereses a corto plazo o el interés de la ciudad de Barcelona, las demandas de los ciudadanos y el consenso de su propio partido.

El año pasado hubo 2.591 desahucios en Barcelona. ¿Es imposible reducir esta cifra?

Con nosotros los desahucios se han reducido un 19%. Todavía es insuficiente y no puedo ser autocomplaciente porque conozco bien el sufrimiento que supone cada situación de desahucio. No nos resignamos a que haya desahucios de familias vulnerables pero gracias a las políticas proactivas que hemos hecho se ha creado una unidad de mediación que no existía, se han paralizado más de 2.000 desahucios en dos años, y se han ofrecido soluciones alternativas ya sea negociando con la propiedad para que se puedan quedar o buscando otra. Pero evidentemente todo esto depende de una ley estatal porque los desahucios los regula una ley estatal. Por eso no dejamos de interpelar al Gobierno del PP para que se cambie la legislación.

¿Estando en el despacho de la alcaldía se ha dado cuenta que a lo mejor era más difícil de lo que parecía cuando usted estaba en la PAH?

Yo he comprobado que se podía hacer mucho más de lo que se estaba haciendo. Hemos puesto recursos e insisto se han parado más de 2.000. Pero hay que ir a la legislación. Hay una propuesta de la PAH en el Congreso de los Diputados y el PP y Ciudadanos han impedido que se debatiese. Unidos Podemos entrará nuevas propuestas y es ahí donde hay que discutirlo. La clave es si se trata la vivienda como un derecho o como negocio. Primero tuvimos la burbuja de las hipotecas y ahora tenemos la de los alquileres.

Sectores económicos de la ciudad, por ejemplo el Gremio de Hoteleros, lamentan que el Ayuntamiento no destaque el activo que representa el turismo para Barcelona. ¿Sigue este pulso que mantienen desde el primer día?

Cuando he hablado con los hoteleros me han reconocido que tenían sus miedos respecto a nosotros y se puede entender porque no nos conocíamos y entramos diciendo que había que poner orden. Entiendo que de entrada se asustarán pero ahora viendo los resultados creo que se ha construido un consenso en el que todo el mundo está de acuerdo en que había que poner orden. Por el propio bien del sector y no solo por el de los vecinos afectados por la masificación turística.

Los hoteleros nos reconocen que Barcelona es pionera en la lucha contra los pisos turísticos ilegales, una de las prácticas que más les perjudica a ellos. En realidad nos reconocen el liderazgo contra el intrusismo y las malas praxis. Además, creo que han entendido que poner orden en la planificación hotelera también les conviene.

Es una obviedad que en el centro no se puede construir más porque necesitamos vecinos y no que se convierta en un parque temático. Sí se puede crecer en unas determinadas zonas con unas determinadas condiciones. En 2017, a pesar del contexto político del último trimestre, cerró con crecimiento.

En Madrid, como en Barcelona y otras grandes ciudades, existe ese problema de ciudadanos expulsados de los centros de las ciudades por la subida de los alquileres y por las operaciones de fondos de inversión que convierten edificios en apartamentos turísticos. ¿Qué se puede hacer?

No hay que asumir que la especulación es un hecho inevitable y menos con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Hay lugares donde está más regulado, como el parque de vivienda pública que hay en Viena. Aparte de generar un parque público robusto y significativo, hay que limitar la especulación, y se puede hacer con las leyes sin limitar que haya un negocio inmobiliario. El PP ha dado barra libre a los especuladores: las últimas reformas fiscales son de escándalo, porque pone autopistas a fondos buitre para que vengan a nuestras ciudades a especular y que los ayuntamientos no podamos hacer nada.

La reforma fiscales que se hizo para los fondos buitre (Socimis) que compran grandes paquetes de vivienda para el alquiler les permite pagar cero impuestos mientras los ciudadanos pagamos los nuestros. Si pagan cero impuestos al menos que sea a cambio de que ese alquiler sea asequible para los ciudadanos. Pero el PP les ha dicho: las ciudades son vuestras, podéis venir, comprar, os subvencionamos porque no os cobramos la fiscalidad y encima no os ponemos ninguna condición. La otra barbaridad del PP es subvencionar que venga gente muy rica y compre viviendas por encima de 500.000 y a cambio les da los papeles que a los trabajadores pobres les niega a través de la ley de extranjería.

Eso es una aberración democrática, porque condiciona la ciudadanía a ser rico y que compres una casa de lujo. Son leyes muy concretas que es fácil modificar para empezar a revertir la situación. Se pueden hacer muchísimas cosas, además de destinar un presupuesto que esté a la altura de las circunstancias, porque el Estado ha recortado un 70% en vivienda.

Tanto Madrid como Barcelona han tenido conflictos con el Gobierno y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el techo de gasto y la incapacidad para invertir en ciudades con superávit. ¿Hasta qué punto hay margen en la institución para hacer cosas?

Hay muchos más límites de los que quisiéramos...

... y la velocidad de la burocracia.

Sí, sí. Entras y las cosas son más lentas de lo que te gustaría porque hay que hacer muchos trámites y movilizar grandes estructuras. Y es verdad que hay un gobierno del Estado que es antimunicipalista. Eso es así. Empezando porque la financiación de los ayuntamientos en España en comparación con otros países europeos es ínfima, cuando en realidad somos la administración que está en el día a día y afronta las necesidades básicas de la población, y cada vez más porque la población se concentra en las ciudades.

Habría que revisar todo el sistema de financiación, no sólo en beneficio de los ayuntamientos. El Estado tiene que entender que es una estructura muy antigua, decimonónica y lenta que no puede dar la respuesta ágil que la ciudadanía necesita. Los ayuntamientos son aliados claves para dar respuesta a las necesidades básicas.

Montoro dice que quiere reducir la deuda, pero ataca a los ayuntamientos, que son las instituciones menos endeudadas y que han hecho los deberes, y acaba promoviendo una privatización porque no puedes hacer oferta pública y contratar trabajadores: se ha ido subcontratando para cubrir necesidades básicas.

CiU había empezado a privatizar escuelas infantiles, que hemos revertido, y ahora estamos pensando hacer una funeraria pública para que morirse no sea tan caro en Barcelona.

¿Cree que tendrá apoyo para impulsarla?

Una vez más, los partidos progresistas y de izquierdas nos dicen en privado que están a favor, pero ¿de verdad van a votar en contra para erosionar a Barcelona en Comú en lugar de apoyar algo que quieren la mayoría de los ciudadanos? Es un consenso social, una demanda ciudadana y para un partido que se supone tiene que priorizar a las personas más vulnerables que puedan acceder a servicios tan básicos como un entierro digno, no concibo que no se vaya a votar a favor.

Tras la ruptura del pacto con el PSC se ha demostrado lo complicado que es gobernar con solo 11 concejales.

Pero eso ya pasaba con el PSC. Ellos tienen cuatro concejales, y con ellos no conseguíamos ninguna mayoría. Al contrario, había partidos que eran más reacios a negociar con nosotros por nuestro pacto con el PSC.

Visto en perspectiva, ¿fue un error romper con el PSC?

Para mí el gran error y la gran decepción fue que el PSC apoyara el 155 y la respuesta represiva a lo que estaba pasando en Catalunya. Pero no pasó solo en Barcelona, es un problema que tuvo el PSC en otros ayuntamientos: dimitieron alcaldes; Núria Parlon dejó la ejecutiva del partido.

Es una tragedia que el PSC, que ha construido las instituciones democráticas en Caralunya, se haya aliado con la extrema derecha del PP y Ciudadanos. Y ojalá que eso se revierta rápido y el PSC vuelva a tesis más catalanistas y progresistas. Yo siempre voy a aspirar a contar con las fuerzas progresistas y de izquierdas para priorizar Barcelona y las políticas de izquierdas que tenemos en común con el PSC y ERC.

El PSC en este momento se ha alineado con las tesis del PP y Ciudadanos, y ojalá que podamos rehacer alianzas de izquierdas que serían buenas para Barcelona y Catalunya.

¿Ha leído el libro de Joan Coscubiela?

No he tenido tiempo, pero lo leeré seguro.

Una de las cosas que dice sobre los comunes es que la indefinición es más que la equidistancia. Y les reprocha que el 1-O se dejasen llevar por el tacticismo. A usted le afea que no se implicase en Catalunya Sí Que Es Pot. ¿Puede tener razón en algo?

Seguro que todos, Coscubiela, yo y todo el mundo, hemos cometido algún error o no hemos comunicado todo lo bien que podíamos haber comunicado. Es un buen momento para que todos hagamos autocrítica y estoy predispuesta a hacerla en un sentido constructivo. Ahora bien, no me reconozco cuando me dicen que no me he definido: me he definido clarísimamente, y también el espacio de los comunes.

Hemos dicho que no íbamos a participar de la política de bloques, y es verdad que en una situación muy tensionada y muy polarizada eso nos ha penalizado, pero no considero que eso no sea definirse. Me defino como demócrata; como soberanista porque creo que la fórmula autonómica está agotada y hay que avanzar. Yo estoy por propuestas federales o confederales y he trabajado activamente para visibilizar las alianzas en todo el Estado a favor de esa solución democrática para Catalunya.

El 1-O yo critiqué la manera en la que lo hizo el Gobierno catalán. Pero la movilización de dos millones de personas que no se ha inventado un gobierno y que lo que pedían era poder votar en una urna en las escuelas fue respondido duramente con miles de policías enviados por el Gobierno del Estado a retener a gente pacífica. Tengo clarísimo que como alcaldesa de Barcelona tenía que estar en la calle y en las escuelas defendiendo el derecho al voto el 1-O de gente que no piensa como yo.

Otra cosa es que para mí era una movilización que no tenía las garantías de un referéndum y no lo considero vinculante.

Se les acusa de equidistancia o indefinición cuando su propuesta era un referéndum pactado a la escocesa o canadiense. ¿Quizá se les critica porque llega muy pronto o por lo polarizadas que están las posiciones?

Estamos seguros que es una propuesta de futuro, y en el transcurso de este tiempo ya nos ha pasado que quienes declararon la independencia unilateral han vuelto a la idea del referéndum por el cual nos habían criticado muchísimo.

Como demócratas estamos convencidos. Nuestro espacio no prioriza el eje nacional, pero sí que dice que el autogobierno hay que mejorarlo con diálogo y escuchando a todas las voces. Hay que dar una solución democrática a las cosas, la judicialización es un desastre y como demócratas hemos estado radicalmente de la intervención del 155 y de lo que ha venido después con la gente en prisión.

Nuestra posición es muy clara, somos una formación plural y estamos orgullosos de que entre nosotros haya independentistas, federalistas, porque todos tenemos un proyecto en común de una Catalunya plural, diversa y que quiere avanzar en derechos y libertades porque entiende que el modelo está agotado. Lo indefendible es dividir a la población en dos mitades.

¿Cree que existe el riesgo de violencia, ahora que se habla tanto de los Comités de Defensa de la República?

Ya hemos sufrido violencia el 1 de octubre: hemos tenido a miles de policías enviados por el Gobierno contra población indefensa y lo que hay que buscar es una situación política a un conflicto político. Mientras se judicializa, se enquista, se tiene la Generalitat intervenida se produce una situación de anormalidad democrática que genera protestas, hasta ahora pacífica. En Barcelona no hay violencia en las calles y pediría a todo el mundo responsabilidad y que se genere alarmismo, alimentar el conflicto para ganar votos, en lo que son especialistas PP y Ciudadanos. Necesitamos rebajar tensión, escucharnos, que todo el mundo ceda un poco en sus posiciones y buscar soluciones dialogadas. Y ahí interpelo a los independentistas: necesitamos un gobierno efectivo, recuperar la institución catalana para dar la mejor respuesta posible a los muchos temas pendientes que están sobre la mesa.

¿Descarta elecciones?

No descarto nada, ni está en mis manos. Los partidos independentistas son los que tienen mayoría para formar un gobierno efectivo cuanto antes. Xavi Domènech les ha dicho que si no son capaces, que lo digan abiertamente para buscar un gobierno más transversal con el PSC y los comunes. Si no, siempre queda la opción de las elecciones, pero lo mejor sería que hubiera un gobierno para empezar a hablar de solución para todas las situaciones que tenemos: las anomalías democráticas, de retrocesos de derechos y libertades, pero también muchos temas sociales que hace demasiado tiempo estamos dando respuesta solos los ayuntamientos.

El discurso del rey el 3 de octubre abriendo la puerta al 155 ha tenido mucho rechazo cuando visitó Barcelona en enero. ¿Ese desgaste de la institución es recuperable en Catalunya?

En Catalunya ha habido desafección respecto a la monarquía después de la respuesta al conflicto, y no sólo desde las filas independentistas. Yo he sido republicana toda mi vida y preferiría que en una democracia haya un jefe del Estado que la gente vote y no sea por herencia sanguínea. Pero más allá de eso, siempre he tenido clarísima la responsabilidad institucional desde el primer día: me reúno con todo el mundo, con el rey, con el Gobierno del Estado, la Generalitat, más allá de que tenga grandes discrepancias.

Un jefe de Estado tiene que estar para las grandes cuestiones de Estado y respaldar a la ciudadanía en situaciones de crisis y defender la democracia. Aquí hemos tenido muchas crisis democráticas graves en temas de derechos sociales, violencia machista, que suponen un sufrimiento enorme de la población, y la monarquía nunca se ha significado por defender a la ciudadanía y a sus derechos. En cambio, ha intervenido para actuar de forma autoritaria y al lado de las tesis más duras del PP, en lugar de llamar a la reconciliación y mostrar empatía con las consecuencias de unas cargas policiales que nadie entendió ni en Europa ni el mundo.

El rey desgraciadamente no estuvo por encima de esa situación y se alineó con las tesis más duras. Eso no es defender la Constitución, sino una versión de la Constitución que no es la más amplia ni la más plural posible.

¿En las próximas elecciones se podrá incluir el eje municipal o seguirá el eje nacional marcando el debate?

Nosotros vamos a trabajar para que el eje sea el municipal, porque nos jugamos muchísimo como ciudad. Los ciudadanos en general han separado los diferentes ámbitos electorales y los barceloneses quieren que se hable de Barcelona y cómo despliega todo su enorme potencial en un contexto como el actual.

En la crisis democrática, no sólo catalana y española, sino global que estamos afrontando, el muncipalismo es clave para reconstruir desde abajo para hacer que la ciudadanía no se fragmente y no se deje llevar por los miedos y las tentaciones de las extremas derechas. Hay que conseguir que no nos dividan entre nosotros y los otros; que no cunda el miedo a los extranjeros y culparlos de todos nuestros males.

La clave para que la semilla del racismo y la extrema derecha no pueda proliferar está en el municipalismo. Desde la comunidad y la proximidad dando respuesta a situaciones concretas se puede transformar el miedo en esperanza, creando comunidad con los otros y no contra los otros. El municipalismo es clave para la mejora democrática en toda Europa.

La eterna pregunta que se ha instalado en la política catalana sigue siendo la pregunta que sigue sin respuesta: ¿Y ahora qué? El independentismo intenta recuperarse del mazazo emocional que han supuesto los últimos encarcelamientos y la decisión de Marta Rovira de huir a Suiza, mientras trata de rehacer una estrategia política que deberá poner en marcha antes de dos meses si no quiere volver a una campaña electoral.

El pleno de este sábado ha evidenciado dos realidades: El intento fallido de investir a Jordi Turull, de nuevo encarcelado, obliga a cambiar la estrategia de JxCat y ERC, y buscar un nuevo nombre. Podría ser ya el turno de Elsa Artadi, pero nadie lo da por hecho. El reloj hacia unas nuevas elecciones ya ha empezado a correr. Si los partidos no lo evitan los catalanes tendrán que regresar a las urnas a primeros de junio. Dos meses más en los que el autogobierno seguirá intervenido puesto que el artículo 155 seguirá siendo vigente.

La segunda evidencia que ha dejado la sesión de este sábado es que empiezan a desdibujarse los bloques. Los 'comuns se han sumado a los grupos independentistas para denunciar lo que consideran un abuso de la justicia con el propósito de acabar con las pretensiones del secesionismo. La imagen del presidente del Parlament, Roger Torrent, junto a sus predecesores y los máximos representantes de JxCat, ERC, CUP y los 'comuns' tal vez sea algo más que una fotografía. El partido de Xavier Domènech puede jugar en las próximas semanas un papel que hasta ahora no tenía.

Tambien los socialistas, todavía situados mucho más cerca de Ciudadanos y el PP, insistieron en que hay opciones para explorar consensos. El grupo de Miquel Iceta volvió a tender la mano al independentismo pero se negó a aplaudir a los familiares de los presos. Es más que improbable que el PSC pueda apoyar a un candidato independentista a la investidura, pero es un mensaje de cara a la legislatura que se avecina (a no ser que se imponga la alternativa de unas nuevas elecciones).

Soraya Sáenz de Santamaría acertó cuando dijo que habían “descabezado” el independentismo. Los autos del juez Pablo Llarena han sido letales para un movimiento que está noqueado pero que sigue exhibiendo músculo en la calle. Durante los últimos meses en el independentismo se han dibujado dos estrategias, una más proclive a formar un Govern autonómico pasando por el aro de las exigencias de los tribunales y Moncloa, y otra proclive a una desobediencia inmediata. Ninguna de las dos han ganado hasta ahora la pugna y, la vía intermedia que trató de dibujar Turull, ha naufragado.

El independentismo es todavía una mayoría parlamentaria. Pero solo mantendrá esta condición en la medida que sea capaz de consensuar una vía unitaria entre los dos grandes partidos. El anuncio de la CUP en el pleno del jueves de que se desentendía de las alianzas suscritas hasta el momento con JxCat y ERC, y de que pasaba a la oposición, auguran aún más problemas para acabar de cuajar el bloque en los próximos meses.

A diferencia de la legislatura pasada, los cuatro diputados de la CUP ya no son decisivos para la investidura de un independentista. Pero, a falta de los anticapitalistas, JxCat y ERC necesita poder disponer de los dos votos que Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC) hacen inválidos mientras retengan sus actas de diputado en Bélgica. El primero ya ha puesto a disposición de los suyos su acta; no así el segundo, que opina que deben mantenerla y conseguir un pacto con la CUP. Incluso aunque eso implique volver a la desobediencia que su partido quiere evitar. Cuadrar este 'sodoku' de intereses será la tarea de los independentistas en los próximos dos meses, mientras el reloj, ahora sí, corre.

Ni los tediosos discursos de investidura de Jordi Pujol, los “listines telefónicos” como los periodistas bautizaron esas aburridas intervenciones, eran menos convincentes que el discurso que ha protagonizado Jordi Turull este jueves en el Parlament. Lo recordaron los plumillas con varios trienios (que todavía los hay) y lo hizo el socialista Miquel Iceta (que es de los diputados que tenía escaño cuando Pujol aburría a sus señorías).

Turull no disimuló. Subió a la tribuna sabiendo que no saldría elegido presidente y pensando en la comparecencia que le espera ante Pablo Llarena. Por la mañana se había despedido de sus padres por si el juez del Supremo decreta de nuevo su ingreso en prisión. No solo Turull se despidió de los suyos. También lo hicieron el resto de imputados a los que Llarena ha citado para revisar sus medidas cautelares. En muchas de las conversaciones de pasillo este jueves se habló más de hijos y padres que de hojas de ruta.

“Diálogo, diálogo y diálogo”, resumió un candidato que si en algún momento soñó con ser president nunca pensó que sería en estas condiciones. Los que esperaban que defendiese la República catalana se quedaron con las ganas. Deberá seguir en sus mentes, que es donde la situó Carles Puigdemont hace unas semanas.

Inés Arrimadas tampoco disimuló. Ni un ápice de cortesía parlamentaria, ni un mensaje conciliador. Fue otro discurso pensado solo en contentar a la propia parroquia y como es habitual íntegramente en castellano. ¿Para que cambiar de estrategia con los buenos réditos electorales que le ha dado?

Aunque Ciudadanos crea que es incompatible, Miquel Iceta y Xavier Domènech demostraron que se puede ser duro, muy duro, y a la vez mirar hacia adelante para buscar una salida. ERC citó a Unamuno en una sesión en la que el independentismo compareció más vencido que convencido. Ahora, tras el descuelgue voluntario de la CUP, la 'vía Tardà' parece un poco menos estrambótica.

El candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha pronunciado este jueves su discurso de investidura durante casi una hora. Turull, que este viernes debe comparecer ante el Tribunal Supremo, ha centrado su intervención en el diálogo. Estas han sido las 10 frases más destacadas:

“Prefiero asumir el riesgo de ser víctima de injusticias antes que dejar de asumir el reto que se me ha propuesto”

“Volvemos a ofrecer diálogo al Gobierno español. Diálogo, diálogo y diálogo. Diálogo no quiere decir debilidad”

“Diálogo no significa una renuncia por parte de nadie. Para dialogar hay que escuchar y hasta ahora no se nos ha escuchado”

“Somos un pueblo pacífico que solo ha tenido urnas como armas. No tenemos rencor, solo sentimos una tristeza infinita”

“El clamor del 1 de octubre era la paz. Un pueblo que tiene la paz como bandera nunca podrá ser vencido”

“Sabemos distinguir perfectamente a los ciudadanos españoles de sus gobernantes”

“El Estado debe revertir todo aquello que ha hecho sin permiso de los catalanes”

“Vamos a reparar los daños causados a la ciudadanía especialmente en la enseñanza y los medios de comunicación”

“Defenderemos la escuela catalana como eje vertebrador del plurilingüismo. La lengua catalana es y debe seguir siendo la primera lengua en la escuela”

“Catalunya sufre un expolio fiscal que es catastrófico”

Jordi Turull (Parets del Vallès, 1966) lleva media vida en política. En su caso no es un decir. Empezó a militar en las juventudes de Convergència en 1983 y cuatro años después ya tenía el carnet del partido. Licenciado en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona, empezó de concejal hace más de tres décadas en su ciudad y desde entonces ha ido encadenando cargos públicos hasta convertirse en uno de los diputados con más tablas. 

En el Parlament, donde ha sido diputado en las últimas cuatro legislaturas, se le recuerda como azote del tripartito, como piloto junto a Marta Rovira del complejo grupo de Junts pel Sí, y por haber sacado de sus casillas a más de un letrado de la Cámara con sus propuestas (hasta el punto de llegar a acuñar el concepto de 'turullada' como sinónimo de dislate jurídico).

Turull fue un colaborador fiel a Artur Mas y lo ha sido a Carles Puigdemont. Es la prueba de que es un hombre de partido, con todo lo bueno y lo malo que significa esa descripción. Una de las imágenes que le perseguirá siempre es la que protagonizó junto a otros dirigentes convergentes cuando el 16 de abril del 2013 arroparon a Oriol Pujol Ferrusola a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en su declaración por el 'caso ITV'. Una foto a lo 'Reservoir Dogs' que Ciudadanos se ha encargado de recordar para cargar contra él.

El previsible nuevo presidente ya conoce los despachos del Palau de la Generalitat. En julio del año pasado fue nombrado conseller de Presidència y portavoz del Govern en sustitución de su amiga Neus Munté aunque sabía muy bien que el cargo le comportaría problemas. Es uno de los imputados en la causa por rebelión ante el Tribunal Supremo, y los investigadores le otorgan un papel clave en la difusión de la publicidad del 1-O. Decidió quedarse en España tras la declaración unilateral de independencia y el 2 de noviembre ingresó en la cárcel.

Pasó un mes en Estremera donde compartió celda con Josep Rull. Pese a que hace muchos años que son compañeros de partido, cuando entraron en prisión no mantenían la mejor de las relaciones. Las horas que pasaron juntos durante ese mes sirvieron para forjar una amistad que parecía imposible tras el tempestuoso proceso de reconversión de Convergència en el PDeCAT y en el que ambos se alinearon en bandos distintos.

Turull es un currante y no es de los que se deja deslumbrar por las mieles del poder. Le gusta refugiarse en Josa del Cadí, un pequeño pueblo del Pirineo, y cuando habla de su familia demuestra una auténtica devoción por sus dos hijas. Una de ellas, Laura, escribió en su Instagram que nunca olvidará el encarcelamiento de su padre. Y añadió: “Ellos han llegado hasta aquí, ahora nos toca a nosotros”.

“Promover sabotajes simultáneos”, “provocar graves alteraciones en los servicios públicos” o “desarrollar acciones de resistencia activa y pasiva”. Así se refiere la Guardia Civil a los Comités de la Defensa de la República (CDR), las asambleas populares nacidas para respaldar el 1-O y que protagonizaron los cortes de carreteras y las manifestaciones independentistas de octubre y noviembre. La descripción de los CDR como agentes “movilizadores” del procés por parte de la Guardia Civil ante el Supremo coincide con el archivo de las primeras causas por desórdenes públicos abiertas en los juzgados catalanes a miembros de los CDR.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra los dirigentes independentistas, pidió a la Guardia Civil un informe sobre los CDR. En concreto, sobre las autorizaciones administrativas y la convocatoria de tres asambleas generales de CDR en Catalunya. El Instituto Armado va más allá y argumenta que estos núcleos están relacionados con el plan hacia la secesión de los partidos y las entidades independentistas: “El objetivo de movilización social para la consecución de una república catalana es común para ANC, Òmnium Cultural y los CDR”.

Hay otros dos puntos de unión, a criterio de la policía judicial, entre los CDR y la hoja de ruta independentista. En primer lugar, la anotación que el exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, hizo en su libreta Moleskine, de la defensa de la desobediencia que realizó la cupaire Anna Gabriel en una reunión. Esta anotación se produjo en noviembre de 2016, diez meses antes de la fecha que la propia Guardia Civil sitúa como nacimiento de los CDR: julio de 2017.

En segundo lugar, el informe incluye dos intervenciones en los medios de comunicación de dos portavoces de los CDR, Toni Piñeiro y Helena Vázquez, en las que defienden el inicio del proceso constituyente que preveía la ley de transitoriedad jurídica y defienden “la construcción de estructuras de Estado que Artur Mas prometió y nunca construyó”. De estas dos declaraciones la Guardia Civil concluye “la vinculación de los CDR con la denominada 'ley de desconexión' y la necesidad de crear estructuras de Estado, quedando demostrada su relación con todo el proceso constituyente de la república catalana y el seguimiento de la hoja de ruta prevista en en el libro blanco e implantado por el Govern”.

Las fuentes del informe de la Guardia Civil aportado al Supremo sobre los CDR, del que ha informado en primer lugar El Confidencial y al que ha tenido acceso este diario, son recortes de prensa, tuits de las propias cuentas de los CDR y declaraciones de los portavoces de los comités a los medios de comunicación.

“Caceroladas” y “cartelería”

La Guardia Civil describe las convocatorias llevadas a cabo por los CDR durante los meses de octubre y noviembre como “acciones de resistencia pasiva, como las denominadas 'caceroladas', teniendo como finalidad la defensa del referéndum declarado ilegal, la defensa de la república catalana, la protesta por la libertad de los presos 'políticos' o por la aplicación del art. 155 de la CE”. “Como prueba de ello”, el informe incluye tuits de los CDR anunciando las convocatorias.

El informe detalla además intervenciones impulsadas por los CDR que la Guardia Civil califica de “resistencia activa”, como los “sabotajes simultáneos” y los cortes en carreteras de las huelgas soberanistas que aseguran que provocaron “una grave alteración del normal funcionamiento de los servicios públicos así como de la seguridad ciudadana”.

También se dedica un apartado del informe a analizar la “cartelería” disponible en una web independentista que los investigadores atribuyen a los CDR. El contenido independentista lleva a la Guardia Civil a concluir que los CDR fomentaron “la orientación del voto” hacia JxCat, ERC y la CUP en las pasadas elecciones así como la “vinculación” de estas asambleas con la ANC y Òmnium.

Diligencias archivadas

Las huelgas soberanistas de los pasados 3 de octubre y 8 de noviembre tuvieron un seguimiento desigual y nulo, respectivamente, en los centros de trabajo. No obstante, en especial en el paro del 8-N, varias asambleas de CDR organizaron cortes en más de 60 carreteras de toda la geografía catalana. En algunos casos los cortes duraron a penas 20 minutos pero en otros, como el caso de la N-152 de la frontera con Francia en Puigcerdà, se alargaron 24 horas.

Los Mossos d’Esquadra levantaron atestado de algunas de las protestas y los entregaron en los juzgados, que abrieron diligencias. El juzgado de instrucción 1 de Igualada (Barcelona) llegó a imputar a 51 activistas en el caso con más investigados hasta el momento, pero ha terminado archivando la causa por desórdenes públicos al no apreciar violencia en el corte de la A-2 y por la “vaga identificación” que los Mossos realizaron de los manifestantes (la policía catalana apuntó los números de matrícula de los coches de los activistas, pero sólo identificó a tres de los 51 investigados).

También una juez de Barcelona archivó la causa contra diez jóvenes que cortaron la vía del AVE en la estación de Sants el 8-N porque “la ocupación de las vías férreas fue absolutamente pacífica”. La Fiscalía recurrió y la causa se ha reabierto salvo para uno de los diez investigados a quien el fiscal no ha podido situar en las vías.

“Responsables” por una rueda de prensa

Además de los CDR, el informe de la policía judicial enumera los “responsables” de los CDR y En Pau de Pau, organización que impartió talleres sobre resistencia pacífica a algunos núcleos locales de CDR. La “descripción en detalle de los integrantes y presuntos promotores de los talleres” formulada por los agentes se basa en las personalidades que asistieron a la rueda de prensa de presentación de la iniciativa el pasado 18 de octubre.

Entre los promotores de En Peu de Pau se señala a caras conocidas del independentismo y del movimiento asociativo catalán como el diputado de ERC Rubén Wagensberg; el exdiputado de la CUP David Fernàndez; la filósofa Marina Garcés; el director de Fundipau, Jordi Armadans; los vicepresidentes de Òmnium Cultural, Marcel Mauri y Joan Vallvé; o el presidente de los 'escoltes' catalanes, Joan Guisad. Como “responsable” de los CDR, además de los portavoces Toni Piñeiro y Helena Vázquez, la Guardia Civil incluye al exdiputado de la CUP Antonio Baños.

El expresidente de Catalunya Carles Puigdemont ha dicho este domingo que “nadie” le ha pedido que renuncie a su acta de diputado para facilitar la investidura del nuevo Gobierno catalán, e insistió en que el desbloqueo de la situación pasa por que se le deje delegar su voto.

“A mí nadie me ha pedido que deje el escaño. Me piden, y yo he pedido, delegar el voto, lo que se debería permitir para respetar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre”, ha afirmado Puigdemont en una conferencia de prensa en Ginebra, donde esta tarde participa en un foro sobre derechos humanos. “Evidentemente, no hay obstáculos reglamentarios para que yo pueda delegar el voto, pero estamos ante una intervención de la Justicia en la vida legislativa catalana, cosa que es bastante impropia de un régimen donde debería haber separación de poderes”, agregó el exmandatario.

El expresidente aseguró que quien tiene la llave de desbloquear la situación en Catalunya es el Gobierno español, por lo que pidió que deje de intervenir. “Yo le pediría al Estado español más respeto y que dejara de interferir, un poco de más de respeto por la decisión de los catalanes”, insistió.

Preguntado sobre una supuesta propuesta de la CUP de poder pactar un candidato y facilitar su investidura si JxC acepta que haya una moción de confianza a mitad de mandato, Puigdemont declinó comentar y argumentó que confía plenamente en su equipo en Barcelona. No obstante, Puigdemont se reunirá este lunes en Ginebra con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, también huida de la Justicia española, y que se encuentra en Ginebra desde hace un par de meses.

Finalmente, cuestionado por la posibilidad de entrar en prisión, ha contestado: “Sí, desde el momento en que yo estoy a disposición de la Justicia belga y que hay la posibilidad de que puedan extraditarme”.

“Yo tengo esperanza y gran confianza en la Justicia europea y en la de los países europeos y voy a respetar sus decisiones (...) porque tengo una gran confianza en la separación de poderes y en las garantías de un trato justo que yo no puedo obtener en España”, ha afirmado Puigdemont a los medios. Consultado específicamente si está listo para ir a prisión, respondió afirmativamente: “Sí, desde el momento en que yo estoy a disposición de la Justicia belga y que hay la posibilidad de que puedan extraditarme”. No obstante, Puigdemont advirtió que si finalmente acaba en prisión, sería “un grave error que empeorará aún más la situación”.

A la espera de que la semana que viene el Tribunal Supremo niegue a Jordi Sànchez la posibilidad de ser elegido presidente de la Generalitat, los partidos independentistas ya preparan -no sin poca improvisación- el paso siguiente y según fuentes de la negociación el pleno de investidura (o plenos porque para que prospere se necesitarán dos votaciones) y la posterior toma de posesión podría celebrarse dentro de unos 10 días, prácticamente ya en Semana Santa.

Pese a que algunos afines de Carles Puigdemont están especulando con la posibilidad de que el candidato sea un diputado independiente, de momento el nombre que sigue teniendo más opciones es el del exconseller de Presidència Jordi Turull. ERC y el PDeCAT no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que uno de los parlamentarios recién llegados sea el elegido para encabezar el Govern aunque ironizan asegurando que más de uno se postula. Eso sí, son conscientes de que Turull será inhabilitado en unos meses y que habrá que buscar un sustituto. Será entonces cuando se planteará la opción de Elsa Artadi para quien de momento está reservada la Conselleria de Empresa.

A la hora de diseñar el calendario más inmediato tanto en las filas del PDeCAT como de ERC se da por hecho que el candidato a la investidura no podrá contar con los votos de los cuatro diputados de la CUP y por lo tanto la investidura prosperará en un segundo pleno y previa renuncia a sus escaños de Puigdemont y el republicano Toni Comín. Todo ello alargaría un calendario que se eterniza más a cada semana que pasa. En cambio en JxCat todavía hay quien cree que es posible convencer a la CUP de que dos de sus diputados les apoyen y no sea necesario que Puigdemont y Comín entreguen sus actas.

Según establece la ley de Presidència, una vez elegido por el Parlament el nombramiento del presidente debe ser sancionado por el Rey y la toma de posesión del jefe del Ejecutivo debe realizarse en el plazo de los cinco días siguientes.El propósito de JxCat y ERC es que la designación del Govern sea también lo más rápido posible para que se levante la aplicación del artículo 155. Será un gabinete paritario y tendrá 13 departamentos, los mismos que en la pasada legislatura.

En ERC apuntan que probablemente su secretaria general, Marta Rovira, no estará en el Govern y que la vicepresidencia será para Pere Aragonés, que en la anterior legislatura ocupó la secretaria de Economía y que se convertirá en el hombre fuerte de ERC en el nuevo Ejecutivo. Mantiene buena relación con Turull, tiene un perfil más técnico que otros dirigentes republicanos, aunque se ha fogueado ya en la brega política. Aragonés es uno de los representantes de ERC que participa en las negociaciones con JxCat.

Otro de los cambios destacados respecto a la anterior legislatura es que la cartera de Ensenyament, hasta ahora en manos de la exConvergència, pasará a manos de ERC. Uno de los departamentos más complicado de gestionar será el de Interior después de que los Mossos d’Esquadra se hayan convertido en foco judicial y mediático a través de sucesivos informes de la Policía Nacional. El nombre que aparece con más opciones para dirigir esta conselleria es el del expresidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, uno de los dirigentes más respetados en las filas de la antigua Convergència. 

Conocí a Jordi Cuixart cuando llevaba ya unos meses al frente de Òmnium Cultural. Quedamos para comer. Me explicó que su propósito era acercar esta asociación a sectores de la población hasta ese momento alejados de una entidad con más de medio siglo de historia y que nació en pleno franquismo para defender la cultura y lengua catalanas. Ahora tiene más de 100.000 socios.

En esa primera conversación, hace más de dos años, Cuixart me insistió en que el catalanismo no es una cuestión de estirpe y que no puede dividirse el país entre la Catalunya metropolitana y el ‘rerepaís’, la Catalunya interior. Un discurso que poco o nada tiene que ver con el supremacismo que impregna algunos de los mensajes que una parte del independentismo, en especial el que se esconde tras pseudónimos virtuales en la red, ha cultivado para desgracia de este movimiento.

El presidente de Òmnium lleva cinco meses encerrado en Soto del Real y su estancia en la cárcel no ha hecho más que reafirmarle en su tesis. Así me lo ha hecho saber en una carta en la que reitera la defensa de la “diversidad y pluralidad de la sociedad catalana”.

Si desvelo el contenido de una carta personal es porque entiendo que tiene también un interés informativo. Porque entre tanto titular de trinchera, de artículos de opinión preñados de bilis o mensajes nacidos de la intransigencia porque dan votos o clicks, se agradecen los discursos templados que abogan por una solución.

“En un momento en el que parece que los matices molestan a lado y lado, tejer complicidades y puentes de diálogo en el Estado es un reto colectivo de primera magnitud”, escribe el presidente de Òmnium.

Cuixart defiende lo mismo ahora dentro de la cárcel que antes de entrar en prisión. Sería también legítimo que hubiese cambiado el discurso como parte de su estrategia de defensa. Pero no es el caso. Doy fe. Rechazó formar parte de ninguna lista y no ha escrito ningún libro para justificarse.

“La empatía es uno de los principales instrumentos para preservar la democracia, que también significa libertad”, insiste Cuixart en esta carta.

Empatía imprescindible para no caer en la revancha, podría añadirse. Recuperar el Govern, acabar con el cainismo en el que se han instalado los partidos independentistas y tender los puentes que reclama Cuixart dentro y fuera de Catalunya se antoja imprescindible para recoser una sociedad que necesita mirar hacia adelante.

Este era y es el propósito de Òmnium y por eso son inaceptables los ataques que recibió Marcel Mauri, mano derecha de Cuixart, por defender el sábado por la noche en el primer time de TV-3 que hay que dialogar con las fuerzas no independentistas, empezando por los 'comuns' y el PSC. En una Catalunya partida electoralmente por la mitad, que alguien sea víctima de un linchamiento virtual por querer tender puentes es tan reprochable como preocupante. Hablar o al menos intentarlo con quien piensa distinto debería ser la premisa para buscar una solución.

Solo aquellos partidos que no fundamenten su estrategia en la venganza podrán favorecer la reconciliación. Y hay que empezar por los de casa, si me permiten la expresión coloquial.

Gracias, Jordi. Por tu carta, por tus puentes y por tus matices.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, sabía que este martes se adentraba en un “terreno crítico” al compartir mesa y coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona. La definición del territorio hostil que le esperaba la formuló nada más empezar el almuerzo el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, encargado de presentar el acto que organizaba esta entidad y que, fiel a su estilo, ha hablado de manera clara. No ha ahorrado críticas ni al Gobierno central por su falta de cintura a la hora de abordar el conflicto catalán ni al independentismo por las pérdidas económicas que ha implicado su gestión. Incluso ha lamentado que el rey Felipe VI en su discurso del 3 de octubre se olvidase de una parte de los catalanes.

Bajo la premisa de que se trata de hacer real lo posible, Peters ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a ponerse las pilas con Catalunya. “Hay que hablar, negociar y pactar. La ignorancia no lleva a ninguna parte”, ha advertido. La dureza de la intervención del presidente de los directivos alemanes ha sido casi balsámica en comparación con algunas de las intervenciones que Torrent ha tenido que escuchar en el coloquio posterior a su discurso.

Un empresario, cuyo nombre no ha sido facilitado a la prensa, ha reclamado directamente que los independentistas sean castigados con más cárcel.“Ustedes están mintiendo a la población y es con esas mentiras que han conseguido tener los dos millones de votos. Han conseguido que haya guerras en las familias y que más de 3.000 empresas se hayan ido de Catalunya. Nos han devuelto a la Edad Media. Yo voto por que ustedes vayan a la prisión”, le ha espetado a Torrent. Seguidamente se han escuchado aplausos en la sala. Y no han sido tímidos aplausos.

Torrent en su respuesta ha insistido en la voluntad de diálogo. “Es de educación escuchar todas las opiniones, incluso las que quieren que yo vaya a prisión”. El presidente del Parlament ha subrayado que en los sucesivos cargos que ha ocupado siempre ha intentado escuchar las opiniones discrepantes. Este martes se ha puesto a prueba esta capacidad. Otra de las intervenciones (también aplaudida) ha sido la de una asistente que ha afeado a Torrent que lleve el lazo amarillo en solidaridad con los políticos independentistas presos.

“Los que están en la cárcel no son angelitos [...] Yo no me he puesto la bandera española por respeto, no por falta de ganas. El lazo amarillo no representa a todos los catalanes, a muchos catalanes nos ofende y mucho”, ha lamentado para defender que Torrent por ser el presidente del Parlament no debería significarse a favor de los presos. Torrent ha optado por insistir en que obviar un problema no implica que se solucione. “¿Si yo me quitase el lazo, la situación cambiaría?”, se ha preguntado el presidente del Parlament y ha añadido que su obligación es defender a todos los diputados de la Cámara catalana. Hoy lo ha intentado en su discurso y con toda la templanza que un auditorio como este requiere.

La CUP quiere hacer valer sus cuatro votos hasta las últimas consecuencias y eso incluye abocar Catalunya a unas nuevas elecciones. Los cupaires apelan a la coherencia para defender que el programa del nuevo Govern debe estar dispuesto a desobedecer para implementar medidas que permitan avanzar en la construcción de una república catalana. “Esto no va de nombres”, insiste su jefe de filas en el Parlament, Carles Riera, para defender que no investirán a Jordi Sànchez ni tampoco a cualquier otro candidato pactado entre JxCat y ERC cuyo programa de gobierno pueda considerarse “autonomista”.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha realizado una nueva ronda de contactos para ver con qué apoyos cuenta Sànchez y le propondrá como candidato a la investidura. Los números son claros: el exlíder de la ANC sólo podría ser elegido si Carles Puigdemont y Toni Comín renunciasen a sus actas de diputado, cosa que no piensan hacer. JxCat ha pedido a Torrent que les dé unos días antes de convocar el pleno para intentar convencer a la CUP de que les preste su apoyo.

De todos modos es más que probable que la votación no llegue a realizarse porque la decisión, una vez más, está en manos de la Justicia. En este caso del juez Pablo Llarena, que es quien deberá autorizar o no la salida de Sànchez de la cárcel de Soto del Real.

El problema para JxCat y ERC es que aunque el candidato finalmente no fuese Sànchez, tampoco tienen la mayoría necesaria para que otro nombre, previsiblemente Jordi Turull, pueda ser elegido presidente. El obstáculo para la elección del exconseller de Presidència sigue siendo el mismo: la CUP le exige regresar a la vía unilateral.

“¿Si Puigdemont y Comín no pueden pedir el voto delegado, cómo va a desobedecer el Govern el resto de legislatura?”, se pregunta la CUP en una interpelación dirigida al presidente del Parlament puesto que es la Mesa quien debe decidir si autoriza o no el voto delegado de Puigdemont y Comín. Si lo hiciese estaría contraviniendo las instrucciones del Tribunal Constitucional.

Republicanos y JxCat explican que les ha sorprendido la contundencia de la CUP porque el viernes, un día antes de que los cupaires oficializasen su posición, no percibieron tanta hostilidad. Pese a que no han vuelto a reunirse y que la CUP da por rotas las conversaciones, tanto ERC como el grupo de Puigdemont esperan poder acercar de nuevo posiciones y desbloquear la situación.

Fuentes conocedoras de la negociación explican a eldiario.es que una de las opciones es intentar concretar medidas que permitan avanzar en el llamado “proceso constituyente”. A la espera de poder sumar a la CUP, JxCat y ERC aseguran que ya disponen de un “preacuerdo” de legislatura y que tienen previsto presentarlo públicamente los próximos días.

En la pasada legislatura, el Govern ya empezó a dar pistas de cómo podría ser el proceso constituyente y decidió aplazarlo a después de la celebración del referéndum. Se trataría de implicar a representantes de diferentes ámbitos sociales, expertos y finalmente a los políticos para acordar cómo debería ser una futura república catalana. Esas asambleas se retomarían dando también protagonismo a las que se pretenden crear en Bruselas. Eso sí, teniendo en cuenta que tanto ERC como el PDeCAT han dado muestras sobradas de que en esta nueva legislatura no quieren apostar por la vía unilateral ni adoptar medidas que comporten consecuencias penales para más cargos entre sus filas.

Junts per Catalunya y ERC dan por hecho que alcanzarán un acuerdo que permita investir un presidente y formar un gobierno. Ahora bien, del mismo modo que expresan su convencimiento de que lograrán desencallar la legislatura no hacen esfuerzo alguno para disimular sus diferencias. Y si se le suma el tercero en discordia, la CUP, la guerra es ya sin cuartel. Casi dos meses y medio después de las elecciones aún no hay acuerdo sobre quién debe ser el próximo presidente de la Generalitat.

No lo será Carles Puigdemont y es más que probable que tampoco lo sea su preferido para sucederle, Jordi Sànchez. Primero porque se da por hecho que el juez Pablo Llarena no le permitirá salir de la cárcel de Soto del Real. Pero en el caso remoto de que el magistrado del Supremo le autorizarse a someterse a la investidura, esta ahora mismo no podría prosperar. La CUP ha decidido que sus cuatro diputados se abstendrán si llega a votarse el nombre de Sànchez  en el Parlament.

Situados en ese punto, la única manera de que los independentistas ganasen la votación sería si antes Puigdemont y Toni Comín renuncian a sus respectivos escaños. No pueden delegar el voto y son dos votos imprescindibles para que Sànchez saliese elegido. ¿El presidente del Parlament, Roger Torrent, lo propondrá igualmente como candidato a la investidura sabiendo que de entrada no cuenta con los apoyos necesarios? De momento la nueva ronda de contactos para sondear a los grupos está anunciada para la próxima semana pero aún no está convocada formalmente.

Tanto ERC como la CUP ven al expresidente de la ANC como una persona demasiado próxima a Artur Mas y le recriminan que intentase utilizar la entidad independentista para defender los intereses de la antigua Convergència. La crónica política en Catalunya se escribe en forma de ucronía aunque siempre mirando de reojo al pasado.

Las tensiones entre los herederos de Convergència (repartidos ahora entre PDeCAT y JxCat) y los republicanos para configurar la pasada legislatura la candidatura conjunta de Junts pel Sí con la que concurrieron a los comicios del 2015 son una broma en comparación de la fractura actual. Tampoco puede compararse con los sucesivos episodios de divergencias que se vivieron en el anterior Govern, las más evidentes a cuenta de quién debía asumir el riesgo de la organización del referéndum. 

El vaticinio de Tardà

Al final se está cumpliendo el guion inicial de ERC. Los republicanos recuerdan que ya en campaña avisaron de que Puigdemont no podría ser investido de nuevo y apelaron al realismo. Posteriormente, una vez conocido el resultado, quien habló más claro fue el diputado en el Congreso Joan Tardà, al avisar en una entrevista en La Vanguardia que tal vez sería necesario “sacrificar” a Puigdemont para asegurar la formación del Govern. Tardà tuvo que lidiar entonces con las críticas y reproches de JxCat y afines, pero el veterano dirigente republicano no se retractó. Un mes después, el tiempo le ha dado la razón. 

Una vez “sacrificado” Puigdemont y con un Sànchez con muy pocas opciones, el elegido sería Jordi Turull. En la pasada legislatura hizo tándem con la republicana Marta Rovira en la dirección del grupo de Junts pel Sí. Los diputados independientes recuerdan que gracias a ellos se evitó más de una colisión. Los letrados del Parlament guardan peor recuerdo de ellos puesto que les atribuyen buena parte de la estrategia que acabó en el Tribunal Constitucional.

La historia se repite

Las negociaciones para el reparto de las carteras del futuro Ejecutivo han evidenciado una pugna por el poder cuyo máximo exponente ha sido la lucha por acaparar el control de los medios públicos, TV-3, Catalunya Ràdio y la Agència Catalana de Noticies, así como el reparto de publicidad y subvenciones a los medios privados.  

En el 2015 este ámbito ya fue motivo de discusión. Entonces se optó por un reparto salomónico de los cargos en la televisión y radio públicas. En el caso de las negociaciones con los medios privados, y tras más de una bronca, se acabaron erigiendo en interlocutores ambos partidos, PDeCAT y ERC. Nada hace pensar que esta vez vaya a ser distinto. 

El “gobierno autonómico”, como lo denomina Puigdemont, será el encargado de poner de nuevo en marcha una Generalitat paralizada por el artículo 155 y lidiar con un Ejecutivo central que intentará fiscalizar sus cuentas y movimientos con lupa. Mientras, el bautizado como “Espai Lliure de Brussel·les” pretende mantener vivo el espíritu de la 'república catalana' pero a miles de quilómetros, en la capital belga. JxCat rechaza que se tilde la asamblea de representantes de la República o la presidencia del Consell de la República de organismos simbólicos. Pero será difícil que pueda pasar de los gestos a la concreción, más allá de seguir intentando “internacionalizar” el conflicto catalán.

Se busca compaginar la “épica” de Bruselas con la “gestoría” de Barcelona, como lo resume uno de los dirigentes más afines a Puigdemont. De eso irá esta legislatura. Al menos al principio. 

¿Existe sólo una España? No, rotundamente no. Como tampoco existe una sola Catalunya. Hay una España republicana, que se indigna con la corrupción, que no cree que el naranja sea el color esperanza y que, del mismo modo que no quiere que Catalunya se independice, rechaza la humillación a la que una importante parte del estamento político y judicial quiere someter al independentismo. Es la España que representan Antón Losada, Javier Pérez Royo o Elisa Beni, por dar tres nombres que los lectores puedan reconocer sin que requieran presentación. Voces críticas que pretenden remover conciencias entre tanta opinión partidista.

En Catalunya existe la percepción de que esa España tolerante que apuesta por un diálogo sincero es minoritaria. Ciertamente, viendo la mayoría de las portadas de papel que llegan todavía a los quioscos, es lógico tener esa percepción. Pero, sin negar que el 'a por ellos' existió, existe y existirá (en cuarteles o en tertulias), el independentismo debería saber que España es también el Teatro del Barrio, la voz indignada de Carles Francino, las reflexiones del jurista Joaquín Urías, la ironía del Gran Wyoming o el humor de Joaquín Reyes. No son altavoces a sueldo del independentismo. Ni lo son ni lo pretenden ser. De ahí que sus reflexiones merezcan ser escuchadas.

Identificar España con la televisión de los obispos, con la caspa peligrosa de Vox o con esa izquierda incapaz de plantear una respuesta que no pase por el 'sí, bwuana' a Rajoy es fácil, pero es injusto. Además, si el independentismo aspira a algo más que no sea hacer hiperventilar a una parte de los suyos, sabe que debe cambiar de estrategia. Vox da audiencia en la televisión y tensiona a una parte del electorado independentista, pero no sirve para buscar los aliados que su causa requiere. A no ser que todavía haya quien crea que tiene que seguir entrando gente en la cárcel a cambio de nada.

Ahora bien, del mismo modo que al secesionismo le conviene asumir que existe otra España, también el conjunto de los españoles debería saber ya a estas alturas que la mayoría de los independentistas no son unos catalanes abducidos, sin criterio político alguno, y dispuestos a dilapidar el futuro de sus padres o hijos. Hacer esa simplificación es no entender qué está pasando en Catalunya.

El independentismo es un movimiento que va más allá del nacionalismo, que en gran parte no sólo reniega del pujolismo sino que cada vez está generacionalmente más alejado. Identificarles con el 'odio a España' es un argumento que no se sostiene porque no es un sentimiento mayoritario entre sus electores.

Si el objetivo es buscar soluciones hay que saludar la propuesta del Gobierno valenciano de intentar avanzar hacia un nuevo modelo de Estado. Puede ser un ambicioso punto de partida alejado de la hiperventilación de los extremos. Porque de lo que se trata es de poder empezar a respirar.

El discurso que Felipe VI realizó el pasado 3 de octubre, en el que cargó duramente contra el Govern de Carles Puigdemont, ha marcado un antes y un después en su relación con las instituciones y buena parte de los partidos catalanes. El resultado del malestar que provocaron sus palabras en el independentismo pero también en el electorado que representan los 'comuns' se ha podido comprobar este domingo en la visita que el monarca ha realizado a Barcelona con motivo del Mobile Word Congress. Es la primera tras el 1-O y el polémico discurso.

Había expectación para escuchar la intervención del rey previa a la cena de gala del Mobile, marcada por el plantón en la recepción oficial que han dado al jefe del Estado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los altos cargos de la Generalitat invitados, en desacuerdo con el papel del rey en la crisis catalana.

Felipe VI ha optado por esquivar la polémica. Ni una referencia a la ausencia inicial de algunas autoridades ni a los abucheos que se escuchaban en la calle. Todo lo contrario. El rey ha agradecido la colaboración de todas las instituciones, Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, para lograr que el Mobile sea un éxito. “La cooperación institucional con objetivos claros y en beneficio de todos es una clave evidente de este éxito”, ha subrayado.

El jefe del Estado, además, ajeno a las manifestaciones que protestaban en la calle, ha destacado el papel jugado por los barceloneses: “Es un éxito que debemos, en primer lugar, a los barceloneses, a su dinamismo y espíritu emprendedor; que, además, tienen la oportunidd de asumir un papel central para su ciudad en el gran reto de un mundo cada vez más urbano, ya que es un hecho que más de la mitad de la población mundical vive en ciudades”.

El acto se ha celebrado en un Palau de la Música blindado por los Mossos d'Esquadra, que desde tres horas antes ya habían restringido el paso a la zona. Ha habido registros, agentes en las azoteas y más de un empujón para evitar que las protestas protagonizadas por centenares de personas convocadas por los comités de defensa de la república pudiesen complicar la llegada de las autoridades.

Un año después

Posteriormente todos los políticos sí han acudido a la cena. Colau se ha acercado al monarca para saludarlo y acompañará a Felipe VI en la inauguración del congreso este lunes. El presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha asistido también al banquete oficial, ha evitado aplaudir el discurso del rey y ha lucido un lazo amarillo en recuerdo de los políticos presos.

En la anterior edición, el monarca compartió mantel con Carles Puigdemont. Un año después, el president cesado, ahora instalado en Bruselas, ha trasladado a través de Twitter su rechazo a esta visita del rey a quien insta a pedir perdón por su “papel inconstitucional el pasado mes de octubre”.

Felipe VI ha estado acompañado en esta cena de gala por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal. El Ejecutivo central, igual que Ciudadanos y el PSC, han criticado el plantón al jefe del Estado y han alertado del riesgo que supone para el futuro de la principal feria que se celebra en Catalunya. El impacto económico de la última edición se ha cifrado en 465 millones de euros.

El director general de la fundació Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, pronostica que la bronca política “no afecta” al certamen y ha subrayado el compromiso de todas las administraciones para garantizar el éxito de la feria. Esta edición del Mobile espera atraer a 108.000 visitantes a Barcelona. Algunos han sido testigos de las manifestaciones de este domingo en el centro de la ciudad.

El último viaje a Catalunya que realizó el Rey fue fue hace seis meses, cuando asistió a la manifestación contra el terrorismo tras los atentados de Barcelona y Cambrils, que también provocó las protestas de algunos asistentes a la marcha.

«Hace tiempo que no acepto lo que no se puede cambiar, cambio lo que no se puede aceptar» Angela Davis

El miedo es una tecnología del poder. La excepción es una tecnología de gobierno. Ambas dos convergen hoy para vulnerar y violentar la libre voluntad democrática mayoritaria de la sociedad catalana. Desde ayer, sí, sabemos que nuestra amiga y compañera Anna Gabriel Sabaté se quedará en Ginebra. Refugiada en 2018. Considera, con todas las razones de su parte, que sus derechos fundamentales y procesales ya no están garantizados ante un tribunal especial que pedirá hasta penas de 30 años de cárcel. Por haber convocado un referéndum de autodeterminación, aprobado por mayoría democrática en sede parlamentaria, y por respetar los resultados. Ese es, dicen, el extraño delito de rebelión y sedición que les atribuyen: dar la palabra a la ciudadanía. En un extrañísimo golpe de estado que en vez de secuestrar urnas, las pone. El mundo al revés de la excepción.

Tan lejos y tan cerca, retornan hoy palabras antiguas del ayer, demasiado conocidas por este pueblo durante décadas pasadas –represión, cárcel, exilio. También Ginebra, en épocas distintas y oscuras, acogió a Pau Casals, Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana. En una de los últimos autos judiciales que mantiene encarcelado al exconseller de Interior del Gobierno catalán se lee vergonzosamente: «el investigado mantiene lógicamente su ideario soberanista». Otra frase antológica que certifica la persecución ideológica y la condición política de los presos, en una renovada inquisición postmoderna que expide chantajes inaceptables en cada resolución. Acto de fe maccarthista: o renuncias y abjuras o a la hoguera represiva. Lejos, muy lejos, quedan las palabras del juez que hoy juzga a unos pocos para condenarnos a todos. La pronunció Pablo Llarena en 2012: «la cuestión de la identidad catalana y la integridad del Estado español no tienen solución judicial, sino política“.

La inquisición, como tecnología del castigo, es universalmente conocida. Hoy, ahora y aquí, se condensa en el terrible grito del «a por ellos!», de matriz persecutoria y ratificación borbónica, con el que las unidades policiales salían de sus comisarías para reprimir brutalmente el referéndum catalán del primero de octubre. Comunidad contra imposición, no pudieron evitarlo gracias a la determinación colectiva y la dignidad compartida, arraigada en una sólida resistencia civil pacífica y no-violenta, de más de dos millones de personas –de bomberos a estibadores, de las abuelas a los agricultores– que protegieron escuelas, personas y urnas para preservar la democracia frente a la virulencia policial. El tres de octubre, cosa sabida, el país vivía la mayor huelga general desde el final de la dictadura franquista. Así están las cosas.

¿Y entonces? Entonces lo que nos pasa es que estamos bajo la doctrina del shock, explicada al detalle por Naomi Klein: nos imponen por vías judiciales autoritarias lo que ya saben que son incapaces de ganar por vías democráticas. Quieren imponer represivamente lo que ya no pueden conseguir electoralmente. Anulan la política, proscribiéndola: azuzan la excepción para impedir la solución.

Finalmente, la gramática internacional del conflicto político catalán es tan sencilla como una urna democrática prohibida. Hace dos meses, la Ministra de Defensa del Gobierno español –salpicado hasta los tuétanos por una corrupción sistémica– afirmó que pondrían ‘urnas de verdad’ en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Decía también que las habían convocado para ganarlas ellos: pero de 135 diputados, el PP sólo obtuvo 4. De forma persistente, cada vez que se ponen urnas –lo único que reclamamos– el independentismo vuelve a ganar. Hace dos meses sumó un apoyo electoral del 47,5%, con 100.000 votos más respecto a 2015 y en unas elecciones marcadas por una participación histórica. En un país donde la idea de referéndum como mecanismo democrático resolutivo –Escocia, Quebec– tiene el apoyo del 80% de la sociedad y toda la negativa absoluta y absolutista del Estado.

Al reclamo de más y mejor democracia, el Estado español ha respondido en los últimos meses, bajo la noción de venganza y castigo, con una aplicación inconstitucional y expansiva del artículo excepcional 155 –nunca utilizado antes. Recurriendo al autoritarismo, se ha disuelto un parlamento, se ha depuesto un gobierno, se ha intervenido toda la administración catalana y ahora pretenden iniciativas ilegales contra el modelo educativo catalán. El rastro de la represión tiene su oscura contabilidad: 1.066 heridos, 900 investigados judicialmente –entre ellos, 700 alcaldes–, seis exiliados y cuatro presos políticos. Y 140 agresiones ultraderechistas.

Esos hechos son los que han motivado que este mismo enero ‘The Economist’ haya definido al Reino de España como democracia ‘flawed’. Defectuosa. Un defecto persistente que ha provocado un cierto milagro. El ‘milagro catalán’ logrado por el Estado español: convertir una sociedad históricamente tranquila, paciente y pactista en una comunidad resistente, disidente y desobediente. Hay que hacer las cosas muy mal para conseguirlo.

Esa anomalía democrática, con todo, viene de lejos y dura demasiado. Desde 2010 nos regimos por una ley que no votamos del todo: con el apoyo del 90% del arco parlamentario, y refrendado en referéndum, el nuevo Estatut de Catalunya fue recortado y cepillado en aspectos clave por la judicatura española. Como señala el constitucionalista sevillano Pérez Royo allí se produjo el primer ‘golpe de Estado’. Desde entonces, esa excepción ha persistido. Se han suspendido más de 40 leyes aprobadas por amplias mayorías en el Parlament. Cuando decimos que no nos podemos gobernar remitimos directamente a eso: de esas 40 leyes, 26 han sido definitivamente fulminadas y anuladas por el Tribunal Constitucional, monitorizado gubernamentalmente, teledirigido políticamente y colonizado partitocráticamente. Alguna de aquellas leyes tumbadas eran tan necesarias como las de pobreza energética, igualdad entre mujeres y hombres o la de lucha contra contra el cambio climático. Cualquiera se iría de un lugar donde le maltratan, le sabotean las leyes que aprueba y donde se encarcela a sus cargos electos.

¿Qué le pasa, entonces, a la sociedad catalana y española? Si tuviéramos que sintetizarlo brevemente, recurriríamos a la paradoja: una nación sin estado se enfrenta a un estado sin nación. En gris perspectiva, la construcción histórica de España ha sido un reiterado fracaso histórico, una construcción fallida de sus élites que ha pretendido siempre homogeneizar lo que es plural, negar lo que es diverso, perseguir lo que es diferente y divergente. Y aún así, enfrentados a un durísimo nacionalismo de Estado, hemos dicho siempre que no somos nacionalistas. Ya lo hemos sufrido demasiado. Somos demócratas. Y somos independentistas, eso sí y eso siempre: reclamamos poder decidir libre y democráticamente nuestro presente y nuestro futuro. Soberanamente. Causa autodeterminación, defendemos la razón democrática de la libertad política catalana frente al principio ultranacionalista, base ideológica de la dictadura franquista, de la «inquebrantable unidad de España». Ni más ni menos y como necesaria obviedad: anhelamos para nosotros lo mismo que deseamos para todos los pueblos del mundo. Gobernarnos democráticamente.

Miedo y excepción van siempre de la mano de una propaganda oficial que es el salvoconducto de la mentira. Razón de Estado, demofobia contra democracia, porras contra urnas, la diplomacia españolista dispara cada día sus fakenews y sus postverdades absurdas pero efectivas: desde la ridícula negación de la violencia policial, hasta equipar perversamente el pacifismo activo con una criminalidad sediciosa, pasando por tratarnos de región rica y insolidaria o incardinarnos falsamente en el peligroso destropopulismo que combatimos –de Trump a Le Pen– y que recorre un mundo a la deriva. Cuando es, precisamente, todo lo contrario: las bases del proyecto republicano catalán son eminentemente democráticas, democratizantes y democratizadoras frente a una sociedad con un 23,5% en riesgo de exclusión social, un millón y medio de pobres y un paro cronificado en medio de crecientes desigualdades sociales.

Si hay algún «hecho nacional catalán» se llama, afortunadamente, migración: venidos de todas partes hemos ido construyendo una casa común, no sin dificultades, durante el siglo XX. En los últimos quince años, mientras Europa decaía por el abismo xenófobo, se ha acogido millón y medio de personas llegadas de 187 orígenes diferentes. El país antiracista que reivindicamos es así: plural y diverso, mestizo y coral.

Desde el retrovisor de la memoria, tal vez valdría la pena recordar que Franco no tubo ningún Nuremberg y no acabó, como Mussolini, en ninguna plaza partisana. La mal llamada ‘transición española de la dictadura a la democracia’ se forjó bajo la plena impunidad de los crímenes y fortunas del franquismo, la continuidad en el poder de sus élites y una espesa ley del silencio. Han pasado ya 40 años, por supuesto, y muchas cosas han cambiado hasta llegar al actual punto de inflexión inquisitorial, retroceso antidemocrático y regresión autoritaria que afecta a la sociedad catalana, pero también a tuiteros, titiriteros, humoristas y músicos en todo el Estado. Lodazales y fangos, cabrá recordar el precio de la amnesia, la factura del olvido, que todavía pagamos: 114.226 persones enterradas aun en fosas comunes y 65.000 sentencias de los tribunales franquistas contra luchadores y luchadoras antifascistas catalanes que no fueron anuladas, en un acto de reparación histórica del Parlament de Catalunya, hasta julio de 2017.

Los sueños, los malos y los buenos, suelen abolir el tiempo y empequeñecen las agendas. Pero en el dilema global de si el mundo será más o menos democrático, la sociedad catalana ha optado claramente, y años ha, por la primera. Antes de ayer, hace seis meses, las calles se llenaban bajo el “no tenemos miedo” contra los atentados yihadistas en las Rambles, en solidaridad con todas las víctimas en cualquier lugar del mundo. Antes de ayer hace un año, las calles de Barcelona acogían la mayor manifestación europea de solidaridad con los refugiados ante la inhumanidad del momento. Antes de ayer también, hace 15 años, Barcelona registraba la mayor movilización registrada nunca antes: contra la guerra ilegal que devastó Irak.

Sí, de acuerdo, es posible que este sea un proyecto antihistórico: todos los que se rebelan contra la inquisición postmoderna lo son. Antihistórico porque pretende transformar situaciones injustas renunciando explícitamente a los mecanismos históricos habituales –dominación, imposición, violencia– y escogiendo siempre democracia, soberanía popular y justicia social.

Anna está en Ginebra, sí. Nunca se ha perdido ninguna de las iniciativas que nos han implicado en mil luchas sociales compartidas. Es de las que piensa que la pregunta ya no es si otro mundo es posible, sino como es posible que este sea tan imposible para tantos millones de personas. Está en Ginebra, sí, pero la conocimos hace mucho en Gusen. Arraigada a la tradición emancipadora y humanista europea, dimos con ella hace 13 años: ante las puertas del horror del campo de Mauthausen y con motivo del 60 aniversario de la liberación de los campos nazis. Hoy, lejos de casa, dignifica una comunidad política en resistencia, desde una opción sociopolítica feminista, ecologista, antifascista y anticapitalista.

Corrandas de exilio, sillas vacías y vacíos del alma, no sabemos cuando podrá volver. Para hacer que vuelva, habrá primero que derrotar toda excepción. No queremos más presos ni exiliados: ni uno más. Por eso ayer, a pesar de todo, Anna Gabriel no faltó a la cita puntual con la libertad: y por eso no compareció ante el tribunal que la persigue. No nos dejéis solos con la inquisición.

David Fernàndez (Vila de Gràcia, 1974) es periodista, activista social y exdiputado.

August Gil Matamala (Barcelona, 1934) es jurista, miembro de la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona y expresidente de l’AED (Associación Europea de Abogados Demócratas).

Si hay dos principios que definen a Anna Gabriel (Sallent, 1975) son el feminismo y el activismo. Licenciada en Derecho y Educación Social, Gabriel se crió en una familia nada dada a la resignación. “Mi padre venía de la provincia de Huelva, del flujo de las migraciones que llega de las minas de Riotinto a la de Sallent; y mi madre, pese a ser nacida en Sallent, procede de una familia de la primera hornada minera, procedente de Murcia. Gente pobre. Gente concienciada”, rememoraba hace un tiempo en una publicación de la CUP.

A Gabriel le gusta definirse como “un producto de la clase trabajadora” y uno de sus referentes es su abuelo, un minero militante de la CNT que creía tanto en el comunismo libertario que llegó a quemar su dinero en la plaza del pueblo. Es ese abuelo quien le enseñó a reivindicar con “la cabeza alta” sus orígenes obreros. “Mi infancia, por suerte, me ha determinado. Tienes la capacidad de detectar muy rápido donde están las necesidades y, por lo tanto, donde debe estar la justicia”, le confesaba hace un año a Pablo Iglesias en el programa 'Otra Vuelta de Tuerka'. La patria como infancia, según la definición de Rilke.

Ella y su hermano fueron los primeros independentistas de la familia. Ahora, su madre, que procedía del PSUC, también lo es. Gabriel se inició en la militancia política cuando tenía 16 años y con 21 impulsó la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. Se alistó en una candidatura municipal de la CUP para acabar con la hegemonía de CiU en su pueblo. Sallent es una población de 6.500 habitantes en la que, según la descripción de la dirigente cupaire, “manda más la mina que el pueblo”, en referencia al poder de la empresa Iberpotash. Allí conserva a sus amigos de toda la vida, y una de las citas que nunca se perdía era el Carnaval. Le gusta disfrazarse con la gente del 'ateneu'. O le gustaba, porque este año la rúa le pilló ya fuera del país.

Esta exdiputada reinvindica con orgullo que no es hija de ninguna élite ni pertenece a una clase dominante. En una Catalunya en la que las llamadas 300 familias de la burguesía aún influyen, y mucho, el protagonismo de políticas como Gabriel denota que algunas cosas sí han cambiado.

En su paso por el Parlament, primero como coordinadora del grupo y en la última legislatura ya como diputada, nunca se acostumbró a las alfombras rojas y era poco dada a hacer amigos con representantes de otros partidos. “No era de las que iban a tomar café al bar del Parlament”, resume uno de sus compañeros en esa etapa.

Con el transcurso de la legislatura ganó visibilidad y, con ella, el sobrenombre de “comandanta”, utilizado entre los partidarios de la izquierda independentista en referencia a la Comandanta Ramona, histórica líder zapatista. La CUP, de hecho, tiene en el movimiento indígena de Chiapas uno de sus referentes políticos. El “mandar obedeciendo”, en el anticapitalismo catalán, ha tomado forma de un partido sin líderes, que, sin embargo, ha encumbrado una 'Comandanta Gabriel'.

Sonrisa y puño en alto

Sus rivales políticos, dentro y fuera de la CUP, pueden dar cuenta que detrás de una aparente fragilidad se esconde una negociadora más que dura. Artur Mas lo sabe mejor que nadie. Ironías de la vida, el día en que el expresident declaraba en el Supremo, los titulares se los ha llevado Gabriel confirmando que se queda en Suiza. Sonrisa y puño en alto, esa es la imagen que mejor retrata a la dirigente de la CUP.

En su época como diputada intentó “blindarse de las perversidades mediáticas”. La polémica creada por su defensa de la crianza de los hijos en comunidad la hizo aún más refractaria a relacionarse con los periodistas.

Gabriel es de las que defiende que el flamenco es cultura catalana. Como lo son las jotas o el garrotín, añade. En su coche escucha a los Estopa de la primera etapa. “Me rebela que haya una tradición catalana que crea que solo la sardana, el flabiol y la barretina son cultura popular catalana”, confiesa.

No tiene hijos pero si los tuviese les cantaría canciones de Ovidi Montllor. Es probable que estos días les tararease 'Perquè vull' y les susurrase aquello de que todo empieza en uno mismo.

Este es un artículo a favor de la inmersión lingüística. A favor de un modelo pensado para cohesionar y no para dividir, que a diferencia de otros sistemas evita separar a los alumnos en función de la lengua, y cuyo mejor aval son los resultados en las pruebas de competencia lingüística, que demuestran que el conocimiento de catalán y castellano es el mismo durante toda la trayectoria escolar.

Este es un modelo fruto de un esfuerzo colectivo, empezando por el de pedagogos como la socialista Marta Mata que en la Transición lucharon para evitar la segregación en las aulas. La inmersión es el esfuerzo de miles de padres y madres que no nacieron en Catalunya pero pelearon para que sus hijos fuesen bilingües. La primera aplicación de esta fórmula se realizó en 19 escuelas de Santa Coloma de Gramenet. Era el curso 1983-1984 y la prueba se hizo en unos centros donde la mayoría de los alumnos eran castellanoparlantes. Fue posible gracias al empeño de un grupo de padres que querían que sus hijos aprendiesen la otra lengua que se hablaba en Catalunya. Esos padres y sus hijos simbolizan la lucha por la igualdad. Eso es la inmersión.

La escuela catalana es también (o sobre todo) el esfuerzo de varias generaciones de maestros cuya contribución al progreso individual de muchos catalanes y al del país en su conjunto no siempre ha sido reconocido como se merece. Son esos profesores que se han indignado contra los recortes en la educación pública y que ahora defienden las aulas de acogida para evitar que haya alumnos de primera y de segunda en función de su lugar de nacimiento. La inmersión también va de la dignidad de un colectivo que, a diferencia de muchos políticos, piensa en el futuro de los hijos y no en el voto de sus padres. 

Tras la amenaza del Gobierno central de acabar con la inmersión vale la pena hacer un repaso a toda la prensa editada en Catalunya, en papel o digital. Sirve para comprobar que este debate no va de izquierdas y derechas, no va de independentismo. Se trata de respeto y de convivencia, dos conceptos que algunos gobernantes o aspirantes a serlo son capaces de menospreciar hasta unos límites tan preocupantes como indignantes. 

La mejor manera de combatir la política gallinácea que el PP y Ciudadanos hace años que practican con el catalán es aportar datos que la rebaten. Aquí van algunos:

Conclusión: El problema de la educación en Catalunya es el mismo que en el resto de España. Es el fracaso y la falta de competencia en inglés. El abandono escolar prematuro está situado en casi el 18%, muy por encima de Euskadi (7'3%) y por detrás de comunidades como Baleares (27%) o Murcia (26'5%), según datos referentes al 2017. Esta debería ser la prioridad de los gobernantes. Sean los que aprovechan el 155 para impulsar unas medidas que no cuentan con el apoyo mayoritario ni del Parlament ni de la sociedad o los que aspiran a regresar a la Generalitat pero son incapaces de ponerse de acuerdo.

El expresident José Montilla (Iznájar, 1955) fue uno de los que intentó sin éxito que Carles Puigdemont convocase las elecciones. Lo resume con una frase contundente: “Ese día Twitter le ganó la batalla a la razón”. Ahora reclama al president cesado que regrese a Catalunya y asuma las consecuencias aunque ello implique pasarse una larga temporada en la cárcel.

A mediados de septiembre afirmó que en Catalunya todavía no estábamos rotos. Desde entonces han pasado muchas cosas. ¿Sigue pensando lo mismo?

Estamos más rotos de lo que estábamos en septiembre. La sociedad catalana está más dividida que nunca, a pesar de que hay personas a las que les cuesta reconocerlo. Hay responsables políticos a los que no les gusta que se diga esto, pero es una evidencia. Sólo hay que animar a cualquier persona a que repase sus grupos de familiares o amigos y vea cómo han evolucionado las relaciones en el último año. 

En ese momento avisó de que si Catalunya se fracturaba no habría un sólo culpable. ¿A quién o a quienes responsabiliza?

Las responsabilidades están repartidas. Una responsabilidad importantísima de la aceleración de esa fractura es de las formaciones y los dirigentes que han gobernado el país en esta última etapa. Por esta huida hacía adelante y por haber situado las instituciones fuera de la ley. Pero es obvio que el Gobierno español también es responsable porque también es Gobierno de Catalunya. Tenía que haber dialogado y negociar. No para pactar la independencia pero sí para dar el mensaje de que hay otros problemas pendientes que tienen que ver con el autogobierno y que es necesario solucionar.   

Más allá del respeto judicial, ¿está de acuerdo en que Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart sigan en prisión preventiva?

Las sentencias de los tribunales, te gusten o no, han de acatarse. Pero también hay que tener presente que el derecho penal es de último recurso y la privación de libertad es una pena de último recurso. La privación provisional de libertad lo es todavía más. Por lo tanto, sin entrar en el fondo de la cuestión, que se abordará en el tiempo y con los procedimientos que prevé la ley, yo creo que es una medida desmesurada, desproporcionada.

Forn incluso ha abandonado la política y ha afirmado que está en contra de nuevas medidas unilaterales. Mucha gente estos días se pregunta qué más tendría que hacer el exconseller de Interior para salir de la cárcel.

Pues no lo sé, supongo que los detractores responderían que no haber delinquido, presuntamente. Desde luego esto que menciona son más elementos a su favor para que no se le aplique una medida tan drástica como la prisión preventiva.

Hay juristas que estos días defienden que tal vez no son presos políticos pero sí están presos por ideas políticas. ¿Lo comparte?

No, no están por sus ideas porque no creo que sus ideas puedan ser más radicales que las que pueda tener la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que ha declarado en el Supremo y respecto a la cual no se han tomado medidas preventivas. No están en la cárcel por ideas sino por actos que cometieron en su momento. La discusión es si esos actos merecen o no esta medida tan extrema. 

En una parte del independentismo había la sensación de una cierta impunidad. Pensaban que unas ideas, por creer que son legítimas y porque los partidos que las formulan han tenido una mayoría simple de votos importante, ya eran un aval para impulsarlas, prescindiendo del ordenamiento jurídico. Y eso no es admisible. Decir que no esperaban una respuesta tan contundente del Estado es una ingenuidad. ¿Qué esperaban del Estado? Todos los Estados cuando sienten agredida su integridad reaccionan de esta forma o de otras más contundentes. Y tienen los instrumentos democráticos para hacerlo. Instrumentos con los que se podrá estar o no de acuerdo, pero eso no los invalida. 

El PP, lejos de negociar, lo que propone es prohibir que los condenados por rebelión puedan ser indultados. ¿Está de acuerdo?

Eso entra dentro del debate de propuestas electoralistas que no tienen sentido más allá de exacerbar bajas pasiones y de tratar de ganar las próximas encuestas. Ya hemos visto como en ese terreno compite con Ciudadanos. No es sólo ese tema sino también el de la prisión permanente revisable. Son propuestas que desde luego yo no comparto porque no resuelven los problemas. No se puede reformar el Código Penal en función de coyunturas o por hechos concretos. Es muy poco responsable.

Que hay determinados asesinatos que tienen un impacto mediático enorme, en unas circunstancias terribles, no justifica que haya que cambiar el Código Penal, que ya no le será de aplicación a ese asesino. El sistema penitenciario y el derecho penal debe estar pensado para lo que la Constitución prevé y es que incluso la privación de libertad sirva para que la persona se pueda reinsertar.

¿Son medidas populistas?

Son medidas populistas que tratan de alimentar bajas pasiones. Son muy poco racionales. 

¿El PSOE qué votará cuando el PP presente la propuesta para que los condenados por rebelión no puedan ser indultados?

Creo que no hay que posicionarse hasta que haya un texto. ¿Lo van a presentar? Igual no lo presentan. No creo que haya que adoptar posicionamientos preventivos ante maniobras de distracción y cortinas de humo. Sin ningún genero de dudas el socialismo actuará con sentido común. Igual que en su momento se posicionó de manera clarísima en contra de la reforma del Código Penal y la prisión permanente revisable, así lo hará con otras medidas que tienen muy poco que ver con la legislación penal española cuyos principios están recogidos en la Constitución.

¿El PP está adoptando algunas medidas o dejando de adoptar otras por la presión de Ciudadanos? ¿Cómo puede afectar la competición entre ambos a la hora de fijar la estrategia en Catalunya?

Está claro que hay una cierta competencia y una maniobra de distracción. Competencia por un espacio, especialmente tras las elecciones catalanas, aunque disputando más expectativas que otra cosa porque no hay elecciones a la vista. Pero también maniobras porque al PP no le van mal estas polémicas. Discute con sus aliados y tapa sus vergüenzas puesto que los casos de corrupción pasan a un segundo plano. Incluso puede dar las gracias a sus aliados.

Como president sabe qué es manejar información sensible para la seguridad. Hemos escuchado las grabaciones del 1-O en las que los Mossos pedían priorizar la convivencia. Viendo lo que ha pasado desde agosto hasta ahora, ¿cree que se busca perjudicar la imagen que se ganaron con su actuación tras los atentados yihadistas?las grabaciones del 1-O

Pienso que es algo más complejo. La competencia entre cuerpos policiales ha existido siempre. Si existe incluso entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que dependen de un mismo ministro, pues imagínese si no la va a haber con otros cuerpos de seguridad. Por lo tanto, no siempre se actúa con el debido deber de colaboración si no que cada uno se intenta apuntar tantos y a veces en contra de otro cuerpo. Eso ha pasado aquí llevado al límite porque hay un atentado, que a quien le toca gestionar es a los Mossos en función de las competencias en seguridad ciudadana. Por otro lado, en septiembre hay unos plenos muy conflictivos en el Parlament y la convocatoria y la celebración de una consulta ilegal en la que intervienen fuerzas de seguridad del Estado. Todo eso hacen más complejas las ya de por sí difíciles relaciones.

El 1 de octubre, cuando vio lo que estaba pasando en la calle, ¿qué pensó?

Pensé que alguien, en singular o plural, estaba cometiendo un gravísimo error que tendría repercusiones y que acabaríamos pagando todos. Fue un error de manual de los responsables policiales de la Administración del Estado. Ellos contaban con un supuesto que no se dio, el de que no habría urnas y no se votaría.

Fue un error actuar en determinados lugares, y digo determinados porque no fue en todos, no hubo una actuación generalizada de la Policía y la Guardia Civil de carácter violento. Hubo actuaciones puntuales en determinados lugares que fueron absolutamente reprobables. Cuando hay mujeres, niños, personas mayores, en actitud pacífica de ninguna manera se puede justificar algunas de las cargas que hubo.

Usted no votó la aplicación del artículo 155 pero los socialistas lo apoyaron. ¿No es un poco incoherente?

No, yo lo expliqué. No lo voté pero dos minutos después de que se votase expliqué porqué me había ausentado. Un artículo que suponía la intervención de las instituciones catalanas por alguien que las ha presidido no puede votarse. Aunque haya razones para esa intervención porque yo entiendo las razones del Estado para hacerlo. Seguramente actuó como lo hubiese hecho cualquier otro Estado, con un artículo que muchos denuestan pero que está en otras Constituciones europeas. No hay ningún Estado que deje que una parte de su territorio se secesione de manera unilateral sin adoptar las medidas que prevé su  ordenamiento jurídico máximo.

El presidente de la Generalitat sabía que se podría haber evitado el 155 si hubiese convocado las elecciones y sabía que si había declaración unilateral de independencia, como la hubo, el 155 se aprobaría. No llegó por sorpresa. Aquel jueves por la mañana, cuando no convocó las elecciones, Twitter le ganó la batalla a la razón. 

¿Cómo juzga la actuación de ERC ese día?

Seguramente lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con la actitud de ERC ese miércoles y jueves. Cuando el presidente de la Generalitat les comunica que pensaba que lo mejor es convocar elecciones y ERC le responde el miércoles que es su responsabilidad, que no lo comparte pero que él mismo, y el jueves le dicen, que además que se irán del Govern.  En clave de pasar factura, que es más elegante que hablar de venganza, se interpreta ahora el comportamiento de una parte de Junts per Catalunya respecto a ERC. 

¿Ha hablado con alguno de los exconsellers que acabaron en la cárcel y que ahora están en libertad provisional?

He hablado con alguno de ellos.

¿Qué reflexión les ha trasladado?

Es mejor que lo dejemos aquí. Con algunos he hablado después de salir y es conocido que hablé con el presidente de la Generalitat el miércoles de aquella semana.

¿Después ha vuelto a hablar con Puigdemont?

No. Él dos días después se marchó.

Por si Puigdemont lee esta entrevista, ¿qué le diría?

Lo que tiene que hacer es volver y afrontar sus responsabilidades. Dar la cara aquí ante el pueblo de Catalunya, ante aquellos que le votaron y los que no le han votado, ante el conjunto de la ciudadanía del país que él presidió. Es lo mejor para él y desde luego para el país. También lo es para la formación política que él representa. Se trata de hacerse cargo de los actos que uno ha realizado  y estar con la gente a la que te debes.

¿Aunque sea a riesgo de acabar 25 años en la cárcel?

Supongo que es el mismo riesgo que tienen otros que han optado por quedarse. Cuando uno toma determinadas decisiones debe saber los riesgos que comportan. Ahí, como en otras cosas, el independentismo calibró mal sus fuerzas.

Ni un día sin bronca. Así se podría resumir la compleja relación entre Junts per Catalunya y ERC. Condenados a entenderse para evitar una repetición electoral, pero en tensión permanente para no ceder en sus respectivas posiciones. La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de impulsar una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para defender los intereses de Carles Puigdemont ha provocado una nueva disputa entre ambas formaciones.

Torrent ha anunciado este martes la decisión de apelar al tribunal de Estrasburgo sin consultar antes a Puigdemont, y a la misma hora en que él mismo rechazaba tramitar en la reunión de la Mesa la petición de Junts per Catalunya para reformar por vía de urgencia la ley de la presidencia que permitiría investir al president cesado. La coincidencia de ambas decisiones fue interpretada por JxCat como una prueba de que el presidente del Parlament utiliza la apelación a la justicia europea como una “cortina de humo” para evitar dar explicaciones de su rechazo a tramitar la modificación legislativa presentada el grupo de Puigdemont.

JxCat reprocha a Torrent (y por extensión a ERC) que adopte decisiones que pueden ser contradictorias con la estrategia de defensa judicial que el president cesado está diseñando en Bruselas. Los republicanos aseguran no entender esta crítica cuando hace menos de dos semanas era JxCat quien especulaba con la posibilidad de recurrir a Estrasburgo para conseguir que las justicia europea favoreciese la investidura de Puigdemont.

Las posibilidades que la petición de Torrent prospere en Tribunal de Derechos Humanos son muy pocas puesto que este tipo de demandas están prácticamente reservadas para casos de genocidio puesto que se presupone que “existe un riesgo inminente de daño irreparable”.

La apelación de ERC

“Ya está bien de reproches”, lamentó públicamente el portavoz republicano, Sergi Sabrià, tan o más molesto de lo que en la misma sala se había mostrado un rato antes el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol.

Esquerra reclama al equipo de Puigdemont que todos se pongan a trabajar con “el máximo rigor, responsabilidad y discreción” mientras que JxCat insiste en que no se moverá del “compromiso adquirido” con sus electores y que no es otro que el de “hacer posible la investidura de Puigdemont”. Mientras el reloj siga parado, y con una nueva tanda de declaraciones en el Supremo, no parece nada fácil que las negociaciones empiecen a fructificar.