La hija del saqueador fallecido del Palau de la Música, Fèlix Millet, Laila Millet, ha negado a la jueza que quisiera ocultar patrimonio al auditorio para frenar la devolución del expolio perpetrado por su padre (y del que ella se benefició), y ha asegurado que todos sus bienes están “a disposición” de la entidad cultural.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 12 de Barcelona ha declarado como investigada por alzamiento de bienes (delito que ahora se llama frustración en la ejecución) Laila Millet. Lo ha hecho por videoconferencia desde Wisconsin (EE.UU.), estado en el que reside después de poner tierra de por medio tras ver como su apellido quedaba manchado por el saqueo de su padre. Su hermana Clara, también investigada, declarará también por videoconferencia, pero desde Australia, dentro de unas semanas.

Julio no suele ser su mes de mayor actividad musical, pero está ligado a la historia del Palau de la Música. El 23 de julio de 2009 los Mossos d'Esquadra registraban, por orden judicial, la institución cultural saqueada por Fèlix Millet durante décadas. Dieciséis años después, el caso, que ya cuenta con condenas firmes y con su protagonista fallecido, todavía da sus últimos coletazos porque no se ha recuperado todo el dinero expoliado por los Millet y sus adláteres.

Según fuentes jurídicas, la devolución del saqueo se ha quedado estancado desde hace meses en alrededor de 14 millones debido a las propiedades compartidas de varias fincas y a las dificultades para vender el resto de bienes. En otras palabras: no está resultando posible que el Palau recupere los 23 millones saqueados por sus antiguos mandamases.

En este intento para recuperar el máximo de dinero posible, el Palau llevó ante la Justicia tanto a las hijas de Millet como a su antiguo número dos, Jordi Montull, y su esposa, por ocultar presuntamente rentas que percibían de alquileres y no devolver así el dinero. La Audiencia de Barcelona ya tumbó el caso de los Montull y concluyó que no quisieron torpedear la devolución del dinero.

En el caso de llas hijasde MIllet además hay una vuelta de tuerca con la herencia tanto de su padre (a la que han renunciado tras su alejamiento en vida por el caso Palau) como de su madre, Marta Vallès, que disponía de abundante patrimonio, pero que ha terminado en un juzgado en concurso de acreedores.

Su padre, con dinero del Palau, les pagó obras en sus casas, por ejemplo la reforma de la piscina y riego por goteo en el domicilio de Laila por valor de 21.419 euros. También desvió dinero del auditorio para viajes familiares en los que participaron a la Polinesia y a las islas Maldivas. Al margen de los fastos personales, Millet también puso el Palau al servicio de la corrupción de Convergència y canalizó a través del auditorio 6,6 millones de euros de comisiones ilegales de Ferrovial.

Pero si algún episodio caló en la sociedad fue el de las bodas. Los enlaces “ostentosos”, según la sentencia, de las hermanas, que se celebraron en el Palau en los años 2000 y 2002 y reunieron a la flor y nata de la clase política y la burguesía catalana, costaron 164.269,93 euros. Y los pagó el Palau, pese a que Millet cargó la mitad a sus respectivos consuegros.

Por todo ello Laila (no así Clara) fue condenada como responsable civil a título lucrativo del expolio a devolver 112.782,51 euros. Los bienes y patrimonio para hacer frente a esta devolución siempre han estado “a disposición” de la Justicia y el Palau, ha dicho Laila Millet a la jueza, según fuentes jurídicas. Una vez declare Clara, la magistrada podrá decidir si envía el caso a juicio o lo archivo.

Absueltos. La Audiencia de Barcelona ha exculpado al saqueador del Palau de la Música Jordi Montull y a su esposa, Mercè Mir, de haber ocultado el cobro de 31.500 euros de un alquiler para no devolver el saqueo a la entidad cultural.

Así lo han concluido los magistrados de la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Los togados dan plena credibilidad a la tesis de defensa de Montull y Mir, representados por los letrados Laura Bardají y Alberto Rocha, y rechazan que existiera un plan del matrimonio para ocultar sus rentas.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull y Mir por alzamiento de bienes (ahora el delito se llama frustración de la ejecución). El tribunal descarta cualquier intención delictiva en los acusados: “No podemos sostener que haya ocultación material del ingresos con fines de frustración de la ejecución”.

En el juicio, tanto Montull (que estuvo en prisión pese a su avanzada edad y ya ha obtenido el tercer grado) y Mir alegaron que los 1.500 que cobraron de alquiler durante 21 meses por un chalé de su propiedad en El Masnou (Barcelona) se destinaron al IBI y a otros gastos de la finca, sin que obtuvieran beneficios de ello.

Los magistrados descartan en cualquier caso que el matrimonio buscara ocultar sus rentas ya que los alquileres fueron declarados a Hacienda y ante el Institut Català del Sòl. Aunque no se mencionaran de forma explícita en el “plan de pago” propuesto por Montull para devolver el saqueo tras ser condenado, el alquiler sí constaba declarados en los anexos presentados ante la Justicia, agrega la sentencia.

Señalan los jueces que los alquileres se cobraron en una cuenta de Mir embargada desde hacía años por el caso Palau y que el alquiler de 31.500 euros lo cobró cuando la sentencia del Palau todavía no era firme, algo permitido.

Tampoco existe ocultación alguna ya que el alquiler fue comunicado al Palau de la Música en las negociaciones que fracasaron para alcanzar un acuerdo en la devolución del saqueo, que la Justicia está intentando recuperar mediante la venta de las numerosas fincas embargadas a Montull y al exmandamás del Palau, el ya fallecido Fèlix Millet.

La sentencia señala además que los 31.500 euros que cobraron los Montull de alquiler entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021) es una cantidad “de escasa relevancia” en comparación con los alrededor de diez millones de euros que todavía quedan por cobrar del caso Palau. Según el último recuento, de hace casi dos años, la Justicia ha logrado recuperar casi 14 de los 23 millones expoliados por Millet y Montull.

El matrimonio termina exculpado de la primera causa por alzamiento de bienes, pero les queda otra: un juzgado de Barcelona les mantiene investigados por un caso similar sobre alquileres y derechos de compra de fincas embargadas a su hija Gemma para eludir presuntamente las indemnizaciones. En esta causa están imputadas también las hijas de Millet, que viven en el extranjero y todavía esperan que el juzgado las cite para declarar por videoconferencia.

Jordi Montull ha vuelto este martes a una sala de juicios. El segundo de a bordo del Palau de la Música, condenado por expoliar el auditorio junto a su jefe, Fèlix Millet (ya fallecido), se ha sentado otra vez en el banquillo, esta vez acusado de ocultar 31.500 euros que cobró alquilando un chalé para no devolver lo robado.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull y su mujer, Mercedes Mir, por alzamiento de bienes (ahora el delito se llama frustración de la ejecución) con el objetivo de evitar devolver las indemnizaciones al Palau a las que fueron condenados. Su defensa, en cambio, pide la absolución al entender que en ningún momento quisieron esquivar sus responsabilidades.

En una breve declaración, Montull, que camina con bastón, no ha recordado varios de los detalles sobre el alquiler, toda vez que fue su esposa quien firmó el contrato y se relacionaba con el inquilino de la casa. Se ha limitado a negar que quisiera ocultar su renta ya que, según su versión, tenía “prisa” para devolver todas las indemnizaciones al Palau.

Por su lado, Mir, ha recalcado que nunca quiso engañar a la Justicia. “Nunca tuve intención de hacer ninguna trama”, ha dicho, además de indicar que siempre actuó aconsejada por sus abogados. También ha alegado que no se lucró con el alquiler, ya que los ingresos fueron destinados al pago de impuestos y a la conservación de otras fincas “para tenerlas bonitas y no se metieran okupas”.

Al acogerse a su derecho de contestar solo a las preguntas de su defensa, ambos acusados no han respondido sobre el documento clave del caso: el “plan de pago” que Montull ofreció al Palau, desvelado por este diario en junio de 2020, en el que el saqueador mantuvo que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.

No informó en ese plan Montull de que desde diciembre de 2019 obtenía un alquiler de la finca de El Masnou objeto de juicio, lo que para las acusaciones demuestra su voluntad de ocultar ingresos a la Justicia para eludir las indemnizaciones. No fue hasta que Montull declaró el alquiler en su declaración de la renta del año 2020 que el Palau se enteró de ese alquiler.

Sea cual sea la sentencia, la cantidad en cuestión que se reclama a los Montull (31.500 euros que cobraron de alquiler entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021) es irrisoria en comparación con los alrededor de diez millones de euros que todavía quedan por cobrar del caso Palau. Según el último recuento, la Justicia ha logrado recuperar casi 14 de los 23 millones expoliados por Millet y Montull.

Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas.

En su informe, el fiscal Abel Andrade se ha reafirmado en su petición de pena y ha subrayado que los acusados urdieron el plan porque “necesitaban ‘cash’”, esto es, dinero en efectivo para sus gastos diarios mientras tenían todos sus bienes embargados por el caso Palau.

“No se reprocha su capacidad para arrendar sus fincas, sino que no entregaran las rentas a la Justicia”, ha aseverado Laura Parés, letrada del Palau de la Música. La defensa de los Montull, ejercida por Laura Bardají y Alberto Rocha, ha negado cualquier conducta “reprochable” de sus clientes, de quienes ha remarcado que estaban “deseosos de pagar” las indemnizaciones al Palau una vez condenados. En especial Montull, ya que era la vía para obtener más rápidamente el tercer grado, que obtuvo el año pasado tras más de dos años en prisión.

No es la única causa pendiente por alzamiento de bienes que les queda a los Montull. Un juzgado de Barcelona les mantiene imputados por un caso similar sobre alquileres y derechos de compra de fincas embargadas a su hija Gemma para eludir presuntamente las indemnizaciones. En esta causa están imputadas también las hijas de Millet, que viven en el extranjero y todavía esperan que el juzgado las cite para declarar por videoconferencia.

Fèlix Millet ha muerto, pero sus bienes se seguirán vendiendo para poder devolver al Palau de la Música el saqueo que perpetró en vida. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado este viernes que las propiedades embargadas al expresidente del Palau se seguirán subastando para completar los 23 millones de euros que debe recibir el auditorio.

En un comunicado, el TSJC ha recordado que la responsabilidad civil de Millet (esto es, devolver el saqueo) “no está extinguida” pese a su fallecimiento. El tribunal ha comunicado que las dos próximas propiedades de Millet que se venderán serán una finca en l’Ametlla del Vallès (Barcelona) y tasada en más de 1,9 millones de euros y un cuadro tasado en más de 200.000 euros.

Millet falleció este jueves a los 87 años de edad en una residencia, en la que por su deteriorado estado de salud cumplía la condena de 9 años y 8 meses de cárcel por el expolio que perpetró junto a Jordi Montull. Los dos condenados han devuelto ya 13 de los 23 millones de euros del Palau de la Música que destinaron a gastos personales, viajes y obras en sus casas.

El Palau fue el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya y puso fin al oasis catalán al declararse probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibió 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a través del auditorio.

Al margen de sus bienes embargados, las hijas de Millet serán responsables de devolver las deudas de su padre con la Justicia si aceptan la herencia. Cabe recordar que el Derecho Civil Catalán establece que una herencia no se puede aceptar parcialmente sino toda en su conjunto y que los herederos serán responsables con sus propios bienes de las deudas contraídas por parte de quienes heredan.

Además, la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia y recuperar los fondos saqueados, ha acordado la designación de un administrador judicial para la liquidación de la sociedad Bonomia, de la que son accionistas la familia Millet Vallés. Esta mercantil, inactiva, es propietaria de 13 inmuebles embargados, a cuya venta se procederá en los próximos meses.

Los saqueadores del Palau de la Música vuelven al juzgado. El primero en hacerlo ha sido Jordi Montull, número dos de Fèlix Millet, conducido por los Mossos d'Esquadra porque se encuentra cumpliendo pena de prisión por el saqueo. Montull ha negado al juez que urdiera un plan junto a su mujer, Mercè Mir, y su hija, Gemma Montull, para ocultar a la Justicia ingresos de alquileres y evitar indemnizar así las indemnizaciones al auditorio.

Los coletazos del caso Palau siguen casi quince años después de su estallido. Millet y Montull fueron condenados a penas de hasta nueve años de cárcel. Gemma Montull fue condenada a cuatro años, pero esquivó su ingreso en prisión. Ahora todos ellos vuelven a estar imputados por ocultar supuestamente ingresos que obtenían del alquiler de fincas embargadas

Según han informado fuentes jurídicas, la declaración de Montull ha sido muy breve debido a que su estado de salud es delicado tras una operación de corazón a la que se sometió la semana pasada. Más extensa ha sido la de su esposa, Mercè Mir. Gemma Montull también estaba citada para este miércoles, pero un error en su citación ha hecho suspender su declaración.

En síntesis, la defensa de los Montull pasa por negar por cualquier plan para no pagar al Palau y alegar que los ingresos obtenidos de las dos fincas alquiladas (una de ellas a su hija Gemma, otra a un particular) en el Masnou (Barcelona) se declararon siempre a Hacienda y no reportaron beneficio alguno, ya que se dedicaron a gastos en reparaciones e impuestos de las propias fincas.

En cambio el Palau de la Música, que denunció el caso y viene observando con lupa todos los ingresos de sus saqueadores para que devuelvan hasta el último céntimo, tiene dudas de la versión de los Montull. Para empezar porque, tal y como quedó constancia en la ejecución de la sentencia del Palau, Montull no dijo que ingresaba nada por alquileres y alegó que sus únicos ingresos provenían de su pensión.

Pero además, el Palau ha descubierto que en los contratos de arrendamiento se incluyó una cláusula poco habitual por la que Gemma Montull tenía un derecho de tanteo cuando se vendiera la finca. Ello hace sospechar que la familia quería asegurarse la conservación de parte de su patrimonio embargado y que se debe subastar para indemnizar al Palau.

Esta es la segunda causa abierta que tienen Millet y Montull por ocultar ingresos a la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas en la causa del expolio del auditorio.

La fiscal mantiene que Montull y su mujer decidieron alquilar la vivienda de El Masnou (Barcelona), propiedad de Mir desde 2001 pero cuyo arrendamiento se repartía el matrimonio, “sin poner en conocimiento” de la Justicia el cobro del alquiler. El matrimonio, según la acusación, tuvo “evidente intención de no hacer frente” a la devolución del saqueo del Palau, y por ello ocultó el alquiler de la vivienda “puestos de común y previo acuerdo y teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas”.

Poco a poco y con algunas trabas, pero el Palau de la Música está consiguiendo recuperar los 23 millones que saquearon sus antiguos gestores, Fèlix Millet y Jordi Montull. La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona ha informado este lunes que ya se han restituido al auditorio más de 12 millones de euros de los 23 que se saquearon, esto es, más de la mitad del expolio.

Entre las familias Millet y Montull (además de los dos saqueadores sus respectivas mujeres e hijas fueron condenadas bien como responsables del saqueo bien por beneficiarse de las obras, viajes o bodas que pagaron sus padres con dinero del Palau) han pagado 11,5 de los 23 millones que deben al Orfeó Català y el Palau.

Esto implica que el Consorcio del Palacio de la Música, la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y la Associació Orfeó Català han recibido ya más de 12 millones de euros procedentes de la recuperación patrimonial sobre los condenados. La emblemática institución de la burguesía catalana es la principal perjudicada del caso de corrupción, el mayor de la historia reciente de Catalunya.

Durante los primeros seis meses del periodo de ejecución de la sentencia tras confirmarla el Supremo en 2020, el tribunal de la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que fue quien juzgó el caso Palau, consignó más de 9 millones de euros. Desde entonces hasta ahora se ha logrado, superadas las tramitaciones que se han presentado, incrementar la recuperación en más de 3 millones de euros.

Ello no ha evitado que durante el proceso de recuperación del saqueo la Justicia se haya encontrado con trabas por parte de Millet y Montull. Ambos exmandamases del Palau tienen abiertas dos causas respectivamente, tal y como informó este diario, por ocultar ingresos con el objetivo de no indemnizar al Palau.

En conjunto, de Fèlix Millet se han recuperado más de 6 millones de euros; casi 1.600.000 euros de Jordi Montull; casi 3 millones de euros de Marta Vallès, esposa de Millet ya fallecida, y sus hijas, como herederas de la misma; así como casi 800.000 euros de Gemma Montull.

Más complicado será recuperar los 6,6 millones que Convergència cobró en comisiones ilegales: obligar a devolver el dinero ya no corresponde a la Audiencia de Barcelona sino al juzgado mercantil que lleva el concurso de acreedores del partido nacionalista. El Palau será el último de los deudores del partido a cobrar, lo que dificulta que Convergència devuelva el dinero.

En cambio de los 12,2 millones de euros de multas que impuso la Audiencia de Barcelona a 12 acusados ​​y que el Supremo ratificó, selo se han pagado 223.000 euros. Millet no ha pagado un euro de los 4,1 millones de multa. Tampoco Jordi Montull ha pagado ni un euro de 2,9 millones de multa. Su hija, Gemma Montull, debe también los 2,6 millones de multa que le impuso el Supremo.

Daniel Osàcar, extesorero de CDC condenado a 2 millones de multa, ha pagado menos de un 10%, unos 200.000 euros. Por su parte, Mercedes Mir, esposa de Montull, ya ha pagado 439.000 euros de responsabilidad civil, más los intereses, en el Consorcio y en la Fundación del Palau. En total los condenados han satisfecho a la Hacienda Pública, más de 160.000 euros.

El tribunal continúa el trabajo de identificación y recuperación de bienes de los condenados para progresar en la liquidación hacia los distintos perjudicados.

Toda la voracidad para saquear se ha convertido en lentitud cuando ha tocado devolver el dinero. Un juez de Barcelona investiga a los expoliadores del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, por ocultar ingresos para eludir el pago de las indemnizaciones al auditorio. Es la segunda causa abierta a Millet y Montull por el mismo motivo. En esta nueva investigación se les han sumado sus hijas, Laila y Clara Millet, y Gemma Montull –también condenada pero que nunca ha llegado a entrar en prisión– así como su madre, Mercè Mir.

El del Palau es el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya hasta la fecha. Afectó a una de las instituciones más emblemáticas de la burguesía catalana, y al todopoderoso Fèlix Millet, expresidente del auditorio y heredero del selecto club de patricios barceloneses. Además del expolio, la Justicia certificó que el Palau fue la cañería a través de la que Convergència ingresó comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obra pública.

La causa del Palau también muestra que la sentencia firme de un caso no es ni mucho menos su final. Empieza entonces la denominada fase de ejecución, en la que se llevan a la práctica las condenas firmadas sobre el papel. En los casos de corrupción, es el momento de que los condenados devuelvan el dinero saqueado y paguen las correspondientes multas a Hacienda, si no lo han hecho ya antes. El del Palau de la Música es un ejemplo práctico de las dificultades que puede encontrar un tribunal para cerrar definitivamente una causa.

La fase de ejecución del caso Palau, iniciada hace dos años, ha sido un campo de minas. Para empezar, la liquidación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha impedido recuperar los 6,6 millones de euros que el partido cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a través del auditorio. La Justicia ha descartado por ahora que Junts devuelva las comisiones ilegales cobradas por Convergència.

La otra pata del expolio tampoco está siendo fácil de recuperar. El antiguo mandamás del Palau y su segundo también han traído de cabeza a la Justicia para intentar recuperar el saqueo de 23 millones que perpetraron al auditorio y dedicaron a gastos personales, viajes de lujo y obras en sus casas. Ya se han vendido diversas fincas y quedan varias por subastar, pero el monto recuperado no alcanza todavía la mitad del expolio.

Pese a que desde 2009, cuando estalló el escándalo, Millet y Montull tienen los bienes embargados, la recuperación del saqueo está siendo difícil. Las negociaciones entre los condenados y el Palau para la devolución del expolio han fracasado. Hace unos meses, la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia desde que el Supremo la confirmara en 2020, descubrió que parte de los bienes de lujo embargados a Millet habían desaparecido y que Montull había declarado a Hacienda (pero no al tribunal) el alquiler de una vivienda pese a que antes había asegurado que su único sustento era su pensión de jubilación.

Ahora a ambos se les ha abierto una tercera causa por presunto alzamiento de bienes después de que la acusación del Palau de la Música, que ejercen los letrados Laura Parés y Marc Molins, haya descubierto que Millet y Montull habrían ocultado a la Justicia ingresos que obtendrían de alquilar a sus respectivas hijas viviendas de su propiedad que estaban embargadas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez cita como investigados a los Montull para el próximo 16 de noviembre y a los Millet para una semana más tarde.

Los contratos de alquiler habrían dado a las hijas supuestos derechos de adquisición preferente cuando las casas fueran subastadas y además los alquileres se habrían pactado a precios más bajos para ralentizar las indemnizaciones al auditorio. Fuentes de la defensa alegan en cambio que Gemma Montull no ha obtenido beneficio alguno de ese alquiler y que en caso de haber querido comprar la casa todo el dinero también habría terminado en el Palau, ya que también tiene todos sus bienes e ingresos embargados para hacer frente a las indemnizaciones.

Aunque solo Gemma Montull fue sentenciada a una pena de cárcel (que logró eludir) por su papel más destacado en el saqueo, tanto las dos hijas de Millet como la esposa de Montull, ahora imputadas, también fueron condenadas a indemnizar al Palau por beneficiarse del expolio de sus familiares. Célebre fue el caso de la boda de Clara Millet, celebrada y pagada con dinero del Palau pese a que después su padre pidió la mitad del dinero a su consuegro.

Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull

Millet y Montull, de 86 y 80 años respectivamente, permanecen en prisión desde junio de 2020 y constituyen dos de los presos de mayor edad del sistema penitenciario. La Generalitat concedió a Montull la semilibertad a finales del año pasado, pero la Justicia lo revocó. Antes de las nuevas pesquisas en el juzgado de instrucción 12 de Barcelona, los dos antiguos responsables del Palau, a quienes el Gobierno denegó el indulto, ya tenían abiertas dos causas por eludir la devolución del saqueo.

La de Millet por los bienes desaparecidos de su mansión todavía sigue en fase en instrucción, pero en la de Montull la Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación. Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas en la causa del expolio del auditorio.

La fiscal mantiene que Montull y su mujer decidieron alquilar la vivienda de El Masnou (Barcelona), propiedad de Mir desde 2001 pero cuyo arrendamiento se repartía el matrimonio, “sin poner en conocimiento” de la Justicia el cobro del alquiler. El matrimonio, según la acusación, tuvo “evidente intención de no hacer frente” a la devolución del saqueo del Palau, y por ello ocultó el alquiler de la vivienda “puestos de común y previo acuerdo y teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas”.

“Con pleno conocimiento de que la finca estaba embargada y que ésta sería ofrecida en subasta pública”, agrega la fiscal, Mir firmó el contrato de arrendamiento de la vivienda advirtiendo al inquilino de la situación judicial de la casa. Desde enero de 2020 a septiembre de 2021 el matrimonio percibió un alquiler por valor total de 31.500 euros. El contrato se rompió a instancias del inquilino ante la subasta de la vivienda y de las sucesivas notificaciones judiciales que recibía.

La línea roja legal que según la Fiscalía traspasó Montull es que no puso a disposición de la Justicia los 31.500 euros que cobró de alquiler, pese a que sí lo hizo constar en su declaración de IRPF. En el mismo periodo en que no dijo nada del alquiler, Montull presentó un “plan de pago” a la Audiencia de Barcelona, desvelado por este diario, en el que se ofrecía a pagar al Palau 500 euros al mes para devolver su parte del saqueo de 23 millones. En ese plan Montull alegó que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.

El dinero, para el Palau

Ahora la Fiscalía reclama que el matrimonio devuelva como indemnización los 31.500 euros cobrados como alquiler y que ese dinero vaya a la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que juzgó el caso Palau, para que el auditorio pueda resarcirse del saqueo. Para Montull y Mir la Fiscalía pide dos años de cárcel y multa de 9.720 euros por un delito de frustración en la ejecución, y una pena alternativa de seis meses si la condena se impone por el mismo delito de alzamiento de bienes pero en su modalidad menos grave.

Por su lado, Millet está a la espera de si resulta procesado por el mismo delito tras la desaparición de varios objetos de valor que habían sido embargados para resarcir a la entidad cultural por el expolio. La Audiencia de Barcelona autorizó la entrada de peritos en la mansión de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) donde vive Millet para tasar las 44 obras de arte que se le embargaron durante la instrucción de la causa y descubrieron que faltaba un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, dos colmillos de marfil labrados y una decena de figuras de animales también de marfil.

Posteriormente, la defensa informó al juzgado de que había encontrado el piano y el cabezal de cama en la casa de la esposa de Millet, fallecida en 2018, y el exmandamás del Palau alegó ante la jueza que el resto de piezas le fueron sustraídas en un robo.

En el juicio del Palau, Millet y Montull delataron a Convergència, en un acuerdo con la Fiscalía para que les rebajara las penas por la confesión, y explicaron que la constructora Ferrovial pagaba comisiones de hasta el 4%, de las que el partido se quedaba un 2,5% y el resto Millet y Montull como intermediarios. Ahora no hay manta de la que tirar y para lograr un pacto con la Fiscalía tendrán que reconocer que eludieron la devolución del saqueo.

La jueza de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado, equivalente a la semilibertad, que la Generalitat de Catalunya concedió en septiembre de 2021 al exresponsable del Palau de la Música Jordi Montull, quien entró en prisión en junio de 2020 para cumplir la pena de siete años y medio de cárcel que se le impuso por el expolio del auditorio y las comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En un auto, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 2 de Catalunya estima el recurso de la Fiscalía y ordena que Montull regrese al segundo grado, con lo que no podrá salir de la cárcel durante el día ni los fines de semana, como hasta ahora, informa EFE.

La resolución judicial revela que la secretaría de medidas penales de la conselleria de Justicia, en manos de Junts per Catalunya, concedió el tercer grado a Montull en contra del criterio de los profesionales penitenciarios que integran la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 2.

En su auto, la jueza concluye que la concesión de la semilibertad a Montull por parte de la Generalitat, que lo decidió en septiembre pasado pese a que la junta de tratamiento de la cárcel lo había rechazado en febrero, fue “prematura”, al no haber cumplido aún una cuarta parte de la condena y teniendo en cuenta la naturaleza y “gravedad” de los delitos que cometió en el saqueo al Palau de la Música junto al entonces presidente de la entidad, Fèlix Millet, que permanece en prisión en segundo grado.

La jueza descarta, además, que el estado de salud de Montull, de avanzada edad y con problemas crónicos cardiovasculares, justifique su semilibertad y remarca que la Constitución establece que las condenas de prisión tienen una finalidad resocializadora pero también de prevención en los casos de delitos graves, como en el expolio del Palau, en que “la pena ha de identificarse por el conjunto de la sociedad y por el afectado como una sanción efectiva”.

En este sentido, la juez argumenta que el cumplimiento en prisión de la condena también tiene como fin la “intimidación al conjunto de la sociedad y al propio delincuente para disuadir mediante ella de la comisión de nuevos delitos”, especialmente en la parte inicial de la estancia entre rejas.

Además, recuerda que Montull, pese a que se podría considerar que ha acometido un “importante esfuerzo reparador” al hacer un pago parcial de 1,1 de los 25 millones de euros de multa que se le impuso junto a los demás condenados como responsabilidad civil, está siendo investigado por un juzgado de Granollers (Barcelona) por, supuestamente, ocultar la cuantía de un inmueble embargado, lo que “mal puede compadecerse con el indicado esfuerzo reparador”.

La jueza, que comparte los motivos de la junta de tratamiento para denegar el tercer grado a Montull, encargó un informe forense que ha determinado que, si bien el preso sufre patologías crónicas y persistentes de carácter cardiovascular y osteoartrósica, su única limitación funcional consiste en dificultades en la movilidad y deambulación, por lo que “su capacidad de reincidencia respecto a los hechos que motivan su condena, no ha disminuido”.

Por este motivo, rechaza que se le conceda el tercer grado por su estado de salud ya que entiende que no existen “razones humanitarias o de dignidad personal” que justifiquen la progresión a la semilibertad.

No habrá indulto para Fèlix Millet y Jordi Montull. El Gobierno ha descartado conceder la medida de gracia para los dos saqueadores confesos del Palau de la Música, el mayor caso de corrupción contemporánea de la historia de Catalunya que sentenció el expolio de 23 millones de euros perpetrado al auditorio por sus dos exmandamases y las comisiones ilegales que cobró Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En sendos oficios, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana Sánchez, comunica que el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 28 de diciembre, acordó “no conceder el indulto solicitado” por los dos condenados. Los documentos no exponen los motivos de la denegación de la medida de gracia, que Millet había solicitado amparado en su mal estado de salud, al tiempo que se declaraba “reinsertado socialmente”.

La petición de indulto fue el último intento de Millet y Montull para evitar la cárcel, algo que no lograron. La solicitud fue formulada en junio de 2020, después de que su ingreso en prisión fuera ya imposible de sortear una vez el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia que les condenaba a 9 años y 8 meses y 7 años y medio de cárcel respectivamente. Montull pasó 14 meses entre rejas y en septiembre del año pasado la Generalitat le concedió el tercer grado, semilibertad que no ha recibido Millet.

La denegación del indulto es un nuevo capítulo en la larga historia del caso Palau, que estalló en 2009. Condenados ya los principales responsables, entre ellos el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, la causa se centra ahora en que el Palau recupere el dinero saqueado por Millet y Montull y en que el partido fundado por Jordi Pujol devuelva los 6,6 millones de euros que cobró a través del auditorio de la constructora Ferrovial a cambio de obras públicas.

La sentencia judicial acreditó que Millet y Montull destinaron dinero del Palau de la Música para obras en sus casas, viajes de lujo con sus familias y compras personales, entre ellas paquetes de tabaco. Doce años después todavía no han reintegrado al Palau todo el expolio. Las negociaciones iniciales con el auditorio para reembolsar el saqueo fracasaron, por lo que se está procediendo a la venta de las casas y bienes que ambos tienen embargados, un proceso lento.

Pero además ambos exresponsables del Palau están poniendo trabas para devolver el dinero: una jueza investiga a Fèlix Millet por la desaparición de objetos embargados del caso Palau, mientras que Montull también afronta otra causa penal por ocultar sus bienes para no pagar su parte del expolio del auditorio. Respecto a Convergència, la Justicia tiene pendiente decidir si el PDeCAT y Junts, como formaciones herederas, deben devolver los 6,6 millones cobrados en comisiones.

El mayor caso de corrupción contemporánea de Catalunya sigue teniendo derivadas después de su sentencia firme. Una jueza investiga de nuevo al expresidente y saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet, que se encuentra en prisión, por la desaparición de objetos de valor embargados en la causa para devolver el expolio. Su exnúmero dos, Jordi Montull, ha ocultado a la Justicia que cobra un alquiler por un piso tras haber asegurado que sus ingresos se reducían a una pensión de 2.000 euros mensuales.

Tal y como ha adelantado este viernes El País, la Fiscalía ha pedido investigar a Montull por un delito de frustración a la ejecución por haber escondido parte de su patrimonio para eludir el pago de su responsabilidad civil en el caso Palau. Por su lado, Millet está investigado desde el pasado mes de mayo por los delitos de falsedad documental y apropiación indebida.

Una jueza de Granollers investiga a Millet después de recibir una denuncia de la Agencia Tributaria por la desaparición de varios de los objetos de valor de su casa en L'Ametlla del Vallès (Barcelona), que estaban embargados por orden judicial y que deben servir para resarcir parte de los 23 millones del expolio.

Tras más de diez años entre el estallido de la causa y la sentencia definitiva del Supremo, la devolución del expolio es la parte principal que queda por resolver del caso Palau. Al margen de los 6,6 millones que la antigua Convergència tiene que pagar por las comisiones ilegales que cobró –un asunto que está pendiente de un conflicto entre jueces–, los antiguos jefes del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, afrontan el retorno del saqueo de 23 millones que perpetraron a la institución cultural.

Los abogados del Palau, Marc Molins y Laura Parés, lograron que la Audiencia de Barcelona –que juzgó el caso Palau y es la responsable de ejecutar la sentencia y recuperar las cantidades sustraídas– autorizara el año pasado la entrada de unos peritos a la casa de L'Ametlla para valorar las 44 piezas de arte embargadas, pero descubrieron que faltaban algunas. Entre ellas, habían desaparecido obras como un piano de cola de madera, un cabezal de cama del siglo XVIII, unos colmillos de marfil labrados o una decena de figuras de animales, también de marfil.

Estas 44 piezas forman parte de los bienes que en 2012, en plena instrucción del caso Palau, el juez embargó tras ordenar el registro de la vivienda. El expresidente del Palau quedó entonces como depositario y se le advirtió de que debía conservar los objetos en el estado en que se encontraban y de “la prohibición de disponer de los mismos”.

El alquiler de Montull

El 22 de junio del año pasado, el mismo día que ingresó en prisión, Montull propuso al tribunal pagar al Palau 500 euros al mes para devolver su parte del saqueo “voluntad de cumplir condena y saldar su deuda con la Justicia”. Alegó entonces que, al tener todos sus bienes embargados desde la instrucción del caso, sus únicos ingresos eran su pensión de 2.000 euros mensuales con los que debía “mantener” a su mujer, que carece de ingresos.

Sin embargo la Agencia Tributaria ha alertado que en la declaración de IRPF de Montull contra desde 2019 un alquiler por uno de los tres pisos que tenía en propiedad al 50% en El Masnou y que ha sido ocultado al tribunal que ejecuta la sentencia del caso Palau, según Hacienda.

Fuentes de la defensa de Montull niegan que se escondiera esa renta precisamente porque se declaró a Hacienda y también se comunicó al Palau de la Música en las negociaciones para devolver el expolio que terminaron sin acuerdo a finales del año pasado. Asimismo explican que ese alquiler sirvió para mantener y pagar los impuestos del resto de fincas embargadas –que de otro modo se hubieran deteriorado ante su futura venta o subasta– y no para gastos cotidianos.

Montull tiene embargados cuatro inmuebles, entre ellos su residencia habitual en Teià (Barcelona), de la que es propietario al 50% y está valorada en 3 millones. Sus otras tres propiedades en el pueblo de El Masnou ascienden a 658.000 euros, y además tiene un amarre en el puerto olímpico de Barcelona valorado en 30.050 euros.

También están bajo control judicial todas sus cuentas bancarias en España y el extranjero, varios productos financieros, un barco tasado en 22.000 euros, una lancha, una moto de agua, una moto, un quad y 108 objetos entre cuadros, relojes, televisores, espejos y estatuas que fueron incautados en el registro de su domicilio.

La Generalitat concedió el pasado mes de septiembre a Montull el tercer grado, lo que le permite acudir a prisión solo para dormir entre semana, después de más de un año en segundo grado. Millet permanece en prisión desde junio de 2020, después de que el Supremo confirmara la sentencia que le condenó a nueve años y ocho meses de cárcel, al pago de una multa de 4,1 millones y a devolver lo robado.

De los 23 millones en los que la Audiencia de Barcelona cifró el expolio, los saqueadores del Palau devolvieron 5,9 millones cuando estalló el caso en 2009, en un intento (exitoso) para evitar la prisión preventiva confesando el crimen y reparando parte del daño. A lo largo de la década que pasó hasta que el Supremo sentenció definitivamente el caso el pasado 30 de abril, Montull abonó otros 370.000 euros correspondientes a la venta de dos pisos de su propiedad, un apartamento en Menorca y el piso de la calle Verdaguer i Callís de Barcelona, junto al Palau de la Música. Recientemente una de las casas del Masnou se ha subastado y la otra se ha vendido.

Montull fue condenado a siete años y medio de cárcel por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública. Por los mismos delitos fue condenado Millet a una pena de 9 años y 8 meses. Ambos usaron el dinero del Palau para pagar viajes, obras en sus casas, gastos ordinarios como tabaco o incluso las bodas de las hijas de Millet.

El expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y sus dos hijas destinarán los 6.000 euros que ingresaron por la venta de una finca embargada para devolver el dinero del saqueo al pago de la plusvalía municipal y no se han quedado con el dinero, tal y como elDiario.es publicó por error el pasado lunes.

La familia vendió una casa Vielha (Lleida), que cuenta con planta baja, piso, desván y un parking, por 295.000 euros. De los 295.000 euros, los Millet han ingresado 288.137,74 a la cuenta del juzgado en cumplimiento de la condena por el Palau.

Los compradores de la casa entregaron el 2% restante –6.062,26 euros– mediante tres cheques nominativos a la familia Millet. La familia, en contra de lo publicado por error el lunes por elDiario.es, no se ha quedado con esa cantidad sino que el dinero permanece en sus cuentas corrientes a la espera de liquidar el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal.

Hasta el momento, la Audiencia de Barcelona ha recuperado más de nueve millones de euros de los condenados por el caso Palau, y mantiene embargadas y en proceso de venta 33 fincas de los principales condenados para devolver el saqueo, lo que supondrá recuperar una gran mayoría o la totalidad del expolio. En caso de no bastar con el dinero de la venta de sus inmuebles y terrenos, se procedería con las joyas y cuadros que también tienen embargados.

La mitad de los fondos corresponden al pago voluntario que Millet y Montull hicieron al principio de la causa para evitar la cárcel, y la otra mitad deriva de la venta de inmuebles realizadas por orden de la sección 10a de la Audiencia, el tribunal que juzgó en primera instancia el caso y encargado de la ejecución de la sentencia.

Estos nueve millones han sido aportados por los saqueadores confesos Fèlix Millet (5,6 millones) y Jordi Montull (828.932 euros), así como por otros de los condenados: la esposa –ya fallecida– de Millet, Marta Vallès (1,8 millones), Bonoima S.L (530.525 euros), Mercedes Mir –la esposa de Montull– (262.830 euros) y la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull (128.951 euros). Quedan pendientes de devolver 16,6 millones y para ello el tribunal ha ordenado sacar a subasta 56 propiedades embargadas definitivamente a los condenados: Fèlix Millet (22), Jordi Montull (5) y Gemma Montull (6).

Además el tribunal ha ordenado vender las 23 sedes decomisadas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para que el partido nacionalista devuelva los 6,6 millones de euros que cobró en comisiones –mordidas del 4%, que se repartían entre Convergència y Millet y Montull como intermediarios– de Ferrovial a cambio de obra pública a través del Palau. Si no fuera suficiente, la Fiscalía ya ha anunciado que pediría embargar al PDeCAT como formación heredera de CDC.

Fe de errores: Por un error en el análisis de la documentación, elDiario.es publicó el lunes que los Millet se habían quedado con 6.000 euros de la operación. Pero los 6.000 euros no han quedado a disposición de la familia sino que están destinados al pago de la plusvalía municipal.

La Fiscalía Anticorrupción ha aportado a la Audiencia de Barcelona un listado de 42 locales propiedad de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), algunos de ellos sedes del PDeCAT o de las juventudes posconvergentes, con el objetivo de que sirvan para que el partido devuelva los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales en el caso Palau.

En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía argumenta que existe una “identidad sustancial” entre ambas formaciones habida cuenta de que una treintena de sedes del PDeCAT están ubicadas en locales de los que Convergència era titular en 2018, según el catastro. La defensa de Convergència ya ha presentado al tribunal un escrito de oposición a la petición de la Fiscalía.

La solicitud de Anticorrupción se produce en el marco de la ejecución de la sentencia del caso Palau. Los tres principales condenados, los exdirigentes y saqueadores del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, permanecen en prisión desde finales de junio. Además de las penas de prisión, los condenados, entre ellos Convergència como responsable civil, tienen que pagar multas millonarias y devolver el dinero expoliado.

Millet y Montull, que tienen todos los bienes embargados, deben devolver conjuntamente al Palau 23 millones que saquearon. Al margen de los embargos, Montull ha propuesto abonar 500 euros al mes al Palau para resarcir su parte del saqueo. Por su lado, Millet ha solicitado al tribunal que le dé un plazo de un mes antes de ejecutar los embargos para acordar con el Palau un “plan de pagos consensuado”.

En el caso de Convergència, la sentencia estableció el decomiso al partido de los 6,6 millones de euros que, a través del Palau, cobró en comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. La situación del partido, en liquidación judicial tras presentar concurso de acreedores, podría no obstante dificultar el decomiso.

La Fiscalía no quiere esperar y por ello ha presentado ante el tribunal un escrito por el que pide “la localización y realización de todos los bienes, locales y sedes de Convergència Democràtica de Catalunya con la finalidad de hacer efectivo el decomiso total acordado” de 6,6 millones.

Se basa la Fiscalía en un listado de propiedades efectuado hace dos años por parte de la Guardia Civil en la causa del 3% de la Audiencia Nacional y que sirvió para que el juez imputara como partido al PDeCAT además de a Convergència en una causa en la que se investiga si el partido recibió comisiones a cambió de obra pública. El magistrado José de la Mata apuntó que que el PDeCAT podría suponer “un simple cambio de apariencia” de CDC para que “eludir las responsabilidades que hubiera podido incurrir” en la investigación del 3%.

En su informe, la Guardia Civil concluyó que de los 42 locales propiedad de Convergència 37 “estaban siendo utilizados por el PDeCAT” o por las juventudes del partido y que en 21 de ellos CDC seguía figurando como titular de la línea de telefonía fija.

En la relación de locales que la Fiscalía ha aportado tribunal figuran las quince sedes que el partido ya tiene embargadas desde hace años para cubrir sus responsabilidades en el caso Palau. Se trata de los locales de Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró, Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa o Sant Feliu de Llobregat. La mayoría, indica el informe de la Guardia Civil, funcionan como sedes del PDeCAT.

El juez instructor del caso Palau embargó estas 15 sedes en 2015 después de que Convergència le comunicara que se disponía a vender su histórica sede de la calle Provença de Barcelona, que había depositado como garantía de su responsabilidad civil. El valor estimado de las 15 sedes fue de 3,6 millones, equivalente a la cifra a la que en aquel momento el juez pensaba que ascendían las comisiones. Faltarían pues tres millones para cubrir el importe total de las comisiones de Ferrovial, que son los 6,6 millones que la justicia ha ordenado decomisar.

Fuentes de la defensa de Convergència han informado que ya han presentado un escrito ante el tribunal oponiéndose a los planteamientos de la Fiscalía. Se basa la defensa en que en su sentencia el tribunal ya indicó que no podían reclamarse los 6,6 millones al PDeCAT porque no había sido parte del procedimiento y por lo tanto no se había podido defender.

No obstante, el tribunal agregó que “de haberse producido una sucesión” entre CDC y el PDeCAT, algo que niega la defensa de Convergència, se trataría de un asunto a plantear durante la ejecución de la sentencia, tal y como ahora ha hecho la Fiscalía. Además de a Convergència y a su extesorero, el tribunal ha pedido a Millet, Montull y a su hija Gemma que se posicionen respecto al escrito de Anticorrupción. Una vez lo hayan hecho todos, el tribunal tomará una decisión sobre la localización de los bienes de “ambas entidades”, en referencia al PDeCAT y a Convergència, para cumplir con el decomiso.

El exnúmero dos y saqueador del Palau de la Música, Jordi Montull, se ha convertido este lunes en el primer condenado por el caso que entra en la cárcel para cumplir la pena de prisión a la que fue sentenciado. Montull ha ingresado a las 18:30 en el centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Se desconoce en qué prisión entrarán el expresidente del auditorio y expoliador del mismo, Fèlix Millet, y el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, que tienen hasta este jueves para hacerlo.

Según ha informado la conselleria de Justicia, Montull ha quedado ingresado en la enfermería de la cárcel por decisión de los servicios médicos de Brians 2, a la espera de un primer control de temperatura y de que los funcionarios verifiquen su identidad y lo registren. Al permanecer las prisiones con su propio plan de desescalada por la pandemia, Montull permanecerá una semana en cuarentena en la enfermería.

A diferencia de los otros dos condenados, Montull no jugó la carta del indulto ni de su avanzada edad y deteriorado estado de salud para evitar el ingreso en prisión. La Audiencia de Barcelona rechazó los recursos de Millet y Osàcar para no entrar en la cárcel debido a que sus dolencias no entrañan, concluyeron los togados, un riesgo vital.

Millet además alegó ante la Audiencia de Barcelona la petición del indulto al Gobierno para suspender su entrada en prisión, pero los magistrados también lo desestimaron. Previsiblemente harán lo mismo cuando este martes resuelvan la petición de Osàcar, que ha seguido los pasos de Millet y ha solicitado el indulto para intentar eludir su ingreso en la cárcel. El jueves 25 finaliza el plazo para que Millet y Osàcar entren en la cárcel que ellos mismos escojan.

Montull fue condenado a siete años y medio de cárcel por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública. Por los mismos delitos fue condenado Millet a una pena de 9 años y 8 meses, mientras que Osàcar fue sentenciado por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable a tres años y medio de prisión.

La entrada en prisión de los tres principales condenados por el caso Palau supone el principio del punto y final para la mayor trama de la corrupción política en Catalunya hasta la fecha. Falta que los condenados devuelvan el dinero saqueado a lo largo de como mínimo una década, ya que hasta ahora el Palau solo ha recuperado un 20% de los 23 millones saqueados, 6,6 de los cuales fueron comisiones que Ferrovial pagó al partido a través del auditorio a cambio de contratos de obras públicas. Tanto Millet y Montull como Convergència Democràtica –en fase de liquidación judicial– tienen su patrimonio embargado para venderse y recuperar el expolio.

Fue el caso que evidenció que el oasis catalán era en realidad un lodazal. El 23 de julio de 2009 los Mossos d'Esquadra entraban en el Palau de la Música. En enero del año pasado, la Audiencia de Barcelona confirmó judicialmente lo que durante muchos años fue un secreto a voces: Fèlix Millet y Jordi Montull usaron su control total en la gestión del Palau para saquearlo y el auditorio fue la vía a través de la que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones a cambio de obra pública.

Diez años después, el caso Palau no se ha cerrado por completo. Los antiguos gestores del Palau y principales condenados, Millet, Montull y su hija, Gemma Montull, tienen pendiente de devolver lo robado. De los 23 millones en los que la Audiencia de Barcelona cifró el expolio, los saqueadores del Palau solo han devuelto 5,91. Lo hicieron cuando estalló el caso, en un intento (exitoso) para evitar la prisión preventiva confesando el crimen y reparando parte del daño.

El Tribunal Supremo tiene pendiente resolver los recursos de los condenados en primera instancia. Hasta que el Alto Tribunal no se pronuncie, la sentencia no se ejecutará y Millet y Montull no resarcirán al Palau de todo el expolio. “Reclamaremos que devuelvan hasta el último céntimo”, explica el actual director general del Palau, Joan Oller, en conversación con este diario. A día de hoy, el saldo del caso Palau para la histórica institución cultural catalana arroja pérdidas, ya que entre abogados, auditorías y devolución de subvenciones que Millet y Montull destinaron a obras en sus casas, el Palau ha gastado 5,92 millones.

A diferencia de otros casos en los que la justicia tiene problemas para recuperar el dinero por las maniobras de ocultación de los corruptos, en el caso Palau la impunidad con la que actuaron Millet y Montull hizo que mantuvieran todo su abundante patrimonio a su nombre.

De hecho, la condena se basó en parte en las propias anotaciones que hacía Millet en el libro de cuentas del Palau del dinero que retiraba en efectivo de las cuentas para pagar desde viajes de lujo y obras en sus casas hasta gastos más ordinarios como el tabaco. Y también en los documentos hallados en los ordenadores con los sutiles nombres de “Factures convergents” y “pago a Daniel”, que no era otro que Daniel Osàcar, extesorero de CDC, también condenado por canalizar las comisiones de Ferrovial al partido.

“La gestión y la filosofía han cambiado radicalmente. Ahora trabajamos con la máxima involucración y consenso de la sociedad civil, administraciones, 'cantaires' y público”, asevera Oller, que celebra asimismo que el Palau haya logrado romper con “el estereotipo de dirección aislada en una torre de marfil” que representaba Millet. El expresidente del Palau estuvo al frente de la institución entre 1990 y 2009, hasta que estalló el escándalo.

Fincas y cuentas embargadas

Las propiedades y cuentas de los saqueadores están embargadas desde 2012. Fuentes judiciales calculan que con la venta del patrimonio Millet y los Montull podrán afrontar tanto la devolución de los 23 millones saqueados del Palau como el pago de las multas a las que fueron condenados. Las mismas fuentes explican que en último año Millet y Montull han pedido autorización para vender algunas propiedades. El dinero irá a la cuenta del juzgado.

En concreto, Millet solicitó vender una finca en su pueblo, L'Ametlla del Vallès, valorada en dos millones, dos parcelas más pequeñas por valor de 11.000 euros así como una finca de la Vall d'Aran de 295.000. Se dio el caso, sin embargo, que estaban a nombre de su mujer, Marta Vallès, fallecida en 2018, por lo que en función del testamento tendrá que actualizarse el propietario. Tanto Vallès como la hija de Millet, Laila, fueron condenadas a devolver casi tres millones de euros por los viajes y la boda que pagó el Palau. Por su lado, Montull pidió vender un apartamento en Menorca por 190.000 euros.

Además de devolver el dinero, una vez el Supremo emita la sentencia definitiva del caso, se tendrá que despejar el futuro penal de los saqueadores. Millet y Montull fueron condenados a nueve y siete años de cárcel y pasaron dos semanas en prisión provisional. Por su avanzada edad, al igual que el extesorero de CDC, es difícil que reingresen en prisión aunque sean condenados. Y si el Supremo confirma la sentencia, las sedes que Convergència tiene embargadas para hacer frente a la devolución de los 6,6 millones que cobró en comisiones pasarán al fondo estatal de decomisos. Será la victoria final del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, la bestia negra de los convergentes en los juzgados.

La “resurrección” del Palau

Oller espera una pronta resolución del caso por parte del Supremo. Para conmemorar el aniversario, el Palau ha realizado un documental que lleva el inequívoco título de 'Resurrección'. Combina los testimonios de trabajadores y testigos del expolio con la grabación del concierto de la 2ª sinfonía de Mahler –conocida precisamente con el nombre de 'Resurrección'– que dirigió esta temporada en el Palau Gustavo Dudamel y en el que participó el Orfeó Català, sociedad coral fundada en 1911 por el abuelo de Fèlix Millet.

“El Palau ha resucitado y superado el escándalo de Millet porque es una institución muy querida. 'Cantaires', trabajadores, mecenas y público no querían ver al Palau empantanado en una crisis perpetua”, reflexiona Oller. Diez años después, la huella de los Millet, una de las familias tradicionales de la burguesía catalana, es indisociable del Palau para lo bueno y lo malo, pero el auditorio ha logrado doblar presupuesto y público.

A nivel de gestión, se ha abandonado el modelo personalista de Millet, que paseaba a empresarios, ministros, presidents y presidentes del Gobierno por el imponente auditorio modernista, para centrarse en exclusiva en la música. “La centralidad de los coros, el Orfeó y la programación artística con personalidad y de máxima calidad es lo que da vida al edificio”, destaca Oller.

Asimismo, las distintas entidades con las que Millet operaba como mandamás del Palau y perpetró el expolio –el dinero se confundía, transfería y saqueaba entre las cuentas de la fundación, el consorcio y el Orfeó– se han unificado en una sola entidad supervisada por varios auditores. Se ha eliminado la firma única de Millet y se ha instaurado la firma mancomunada de distintos jefes de departamentos y directivos y se ha instaurado una justificación estricta de las subvenciones. “Millet no se ha puesto en contacto con el Palau desde el escándalo”, concluye Oller.

El exnúmero dos del Palau de la Música, Jordi Montull, ha salido en la noche de este martes de la cárcel de Brians-2 tras abonar los 100.000 euros de fianza que le impuso el tribunal del caso Palau. Su antiguo jefe en el auditorio, Fèlix Millet, no ha depositado los 400.000 euros de fianza, por lo que no ha logrado la libertad provisional, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Montull ingresó en prisión el pasado 5 de febrero para empezar a cumplir la pena de siete años y seis meses de cárcel a la que le condenó la Audiencia de Barcelona mientras el Supremo no resolviera los recursos. La semana pasada, los magistrados admitieron parcialmente los recursos de los dos saqueadores confesos del Palau y les impusieron una fianza para salir de la cárcel.

Montull, de 75 años de edad, fue condenado a cárcel por los delitos de malversación, falsedad documental y contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública y a pagar una multa de 3 millones y una indemnización de 23,7 millones al Palau, a abonar conjuntamente con Fèlix Millet.

De este modo, Montull ha pasado 22 días en prisión provisional por saquear más de 20 millones de euros de fondos del Palau para dedicarlos a viajes, obras en su casa y gastos personales, además de ser el intermediario para que Convergència cobrara comisiones ilegales. A ello hay que sumar los 13 días que, junto a Millet, pasó en prisión preventiva en 2010 en el caso del Hotel del Palau, del que terminó absuelto por el Supremo.

Cuando se conoció el auto de la Audiencia de Barcelona, el entorno de Montull explicó que el condenado intentaría reunir el dinero de la fianza mediante donaciones de amigos y familiares, pues sus bienes están puestos a disposición de la Justicia para hacer frente a las multas e indemnizaciones derivadas del caso Palau. El tribunal, sin embargo, apuntó la posibilidad de que Montull tuviera bienes o dinero en el extranjero, algo que el antiguo número dos del Palau niega.

En los 22 días que ha permanecido sin libertad, Montull ha estado en la enfermería de la cárcel de Brians. Su antiguo jefe y compañero de expolio, Fèlix Millet, fue trasladado al hospital desde la cárcel el pasado 22 de febrero debido a una insuficiencia respiratoria. Ni en la prisión ni en el hospital ha podido reunir el dinero para lograr la libertad provisional de la que ya disfruta Montull.

Fèlix Millet y Jordi Montull podrán salir de la cárcel. Si pagan. La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente los recursos de súplica presentados por los exdirigentes del Palau de la Música contra su ingreso a prisión, donde permanecen desde el pasado 5 de febrero, y ha establecido que podrán quedar en libertad si abonan una fianza de 400.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En un auto, los magistrados consideran que persiste el riesgo de fuga por el que decretaron la prisión provisional de Millet y Montull. No obstante, en atención a los recursos, creen que dicho riesgo se puede conjurar mediante otras medidas: la fianza de 400.000 y 100.000 euros, la obligación de comparecencia mensual en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Además, advierten a los exmandamases del Palau que volverán a la cárcel si incumplen cualquiera de estas medidas.

Los magistrados rechazan comparar la situación de Millet con la de Puigdemont pero recuerdan que políticos “con arraigo” en España han huido a Bélgica. Este hecho, según los jueces, demuestra “que la residencia en un lugar durante largo tiempo, el hecho de tener familia y otras muestras de arraigo no suponen la anulación del riesgo de fuga”.

Los magistrados censuran de forma contundente los motivos expuestos por la defensa de Millet en contra de la prisión provisional. Rechazan que el ingreso a prisión se ordenara en base a “prejuicios” y criterios “morales”, tal y como les acusó el letrado Abraham Castro.

Así, los magistrados recuerdan que la condena de más de nueve años de prisión a Millet por saquear 23 millones del Palau de la Música y ser el intermediario para que Convergència cobrara comisiones ilegales se basó en “la panoplia de hechos delictivos de forma continuada durante más de diez años” que cometió el saqueador del Palau.

“Además de engañar a los entes públicos que sostenían económicamente al Palau de la Música, al propio Palau de la Música ofreciendo contraprestaciones por patrocinio a cambio de cantidades dinerarias cuyo destino no era el Palau y a la Hacienda Pública, el condenado también engañó a su mujer y a sus hijas”, indican los magistrados, en referencia a que la esposa y las hijas de Millet declararon durante el juicio que no sabían que los viajes, las obras y las bodas las pagaba en realidad el Palau: Millet, un gran embaucador, les aseguró que corrían a su cargo. De hecho, Millet también hizo pagar la mitad de la boda de una de sus hijas a su consuegro, cuando el evento corrió a cuenta del Palau.

“Valorar estas circunstancias no es una cuestión moral, sino de evalúo de la credibilidad que ofrece la manifestación de no huir efectuada por una persona que ya ha sido condenada a más de nueve años de prisión”, concluyen los jueces.

Tampoco olvidan los magistrados una de las frases del caso Palau: el letrado de Millet, Abraham Castro, aseguró que su cliente sólo podría huir de España si instalaba “un turbo” en su silla de ruedas. Alegó también el abogado que la artrosis de Millet en la espalda le impedía salir de casa, y por lo tanto fugarse.

“Sin duda alguna dicha edad y patologías le limitan sus actividades diarias habituales, pero ello no comporta que el mismo, si esa fuera su voluntad, se pudiera sustraer a la acción de la justicia, ya ocultándose dentro del territorio español, ya evadiéndose al extranjero, por supuesto, en adecuado medio de transporte y no mediante la utilización de turbo alguno”, responden los magistrados.

El expresidente y saqueador confeso del Palau de la Música, Fèlix Millet, ha sacado la artillería para recurrir el auto que le envió a prisión provisional el pasado lunes. Además de argumentar que no hay riesgo de fuga, la defensa de Millet acusa a las magistrados de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona de basarse en “prejuicios e ideas preconcebidas” para ordenar su ingreso en la cárcel. Si el tribunal no decreta su libertad provisional, Millet pide restar bajo arresto domiciliario.

El recurso del letrado de Millet, Abraham Castro, afea a los magistrados haber “tirado de modelo” para redactar un auto de prisión “que agota la capacidad de sorpresa de cualquiera”. Se refiere el abogado a que el auto del pasado lunes “contiene afirmaciones que nada tienen que ver” con el caso Palau, sino con causas ya juzgadas que también terminaron con un ingreso en prisión provisional. “Más aún –añade Castro– son contrarias a lo sucedido en el presente procedimiento”.

El recurso también recuerda que durante la instrucción del caso, hace ya nueve años, el juez Juli Solaz denegó la petición de la Fiscalía para enviar a prisión a Millet y a su segundo en el Palau, Jordi Montull, precisamente porque no había riesgo de fuga y por el “evidente” y “claro” arraigo de Millet en Catalunya, algo de lo que ahora duda el tribunal presidido por la magistrada Montserrat Comas.

“¡Cuán lejos quedan las palabras de aquel humilde Juez Instructor!”, ironiza el recurso de Millet, que critica a los magistrados por haber desdeñado el arraigo en Catalunya argüido por el antiguo mandamás del Palau para intentar evitar la cárcel. “¿De verdad no constituye arraigo el estar durante 82 años residiendo en un mismo lugar?”, se pregunta el recurso, que abunda: “¡Misterioso arraigo este!, que de ser 'evidente' y 'claro' para el instructor pasa a ser irrelevante” para los magistrados de la Audiencia.

Para reafirmar su tesis, Castro cita como jurisprudencia el “caso Nóos”, del que destaca el auto en el que la sección primera de la Audiencia de Palma acordó el 23 de febrero de 2017 dejar en libertad a Urdangarin, tras su condena a 6 años y 3 meses de cárcel por delitos de corrupción y fraude fiscal.

Los magistrados consideraron que la hipótesis de la fuga “no resulta irrazonable, ilógica o arbitraria”, la misma expresión que el recurso de Millet utiliza para criticar el auto de la sala. El escrito también censura y tilda de “sorprendente” que los magistrados consideraran irrelevante para valorar el arraigo de Millet el hecho de que el saqueador confeso del Palau tenga un hijo con minusvalía psíquica a su cargo pues. Recordaron los togados que dicha enfermedad no impidió a Millet saquear 23 millones del Palau y ser el intermediario para que Convergència cobrara comisiones ilegales, delitos por los que fue condenado a más de nueve años de cárcel.

El auto “se adentra en el terreno moral”

Esta última afirmación, según la defensa de Millet, “se aleja de toda consideración jurídica, para adentrarse en un terreno ciertamente delicado como es el de la moral, que no parece propio de una resolución” como un auto de prisión provisional, más cuando el expresidente del Palau confesó parte del saqueo en 2009 y ha estado a lo largo de los nueve años de instrucción a disposición de la justicia.

Asimismo, el recurso critica que los magistrados vieran como un riesgo de fuga el hecho de el patrimonio embargado a Millet no fuera suficiente para asumir las multas e indemnizaciones a las que fue condenado. “El que los bienes aportados cubran o no el total de la responsabilidad civil provisionalmente impuesta, en nada afecta al posible arraigo de mi representado, que será el mismo, tanto si ha podido satisfacer la responsabilidad civil como si no”, asevera Castro.

El letrado acusa además a la sala de asumir “un papel de parte” y de “falta de imparcialidad” por situar como un motivo de posible fuga el hecho de que las hijas de Millet viven en el extranjero, pues esta cuestión no fue mencionada por la Fiscalía en su petición de prisión provisional. Y le reprocha no haber tenido en cuenta la enfermedad en la espalda de Millet, que lo tiene postrado en una silla de ruedas.

Todo ello, para la defensa de Millet “revela la clara existencia de prejuicios e ideas preconcebidas” en los tres magistrados que ordenaron su prisión provisional, “cuyo único sustento son simples conjeturas y sospechas por las que de modo alguno puede enviarse a una persona a prisión”. De momento, Millet y Montull han sido trasladados a la prisión de Brians-2 que cuenta en su área de enfermería con mejores condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida que la de Brians-1, donde ingresaron el lunes. Allí podrían estar hasta el 2022.

Fèlix Millet en ambulancia y Jordi Montull en un furgón de los Mossos d'Esquadra. Los dos exresponsables y saqueadores del Palau de la Música han ingresado este lunes pasadas las 18:30h. en la prisión de Brians-1 para cumplir con la prisión provisional y sin fianza que ha ordenado la Audiencia de Barcelona, tal y como pedía la Fiscalía. Una imagen histórica, pero cuestionada por sus defensas y por la acusación popular de la causa que ejerce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

¿Qué pasará ahora con Millet y Montull? Los dos condenados no convivirán con los demás presos preventivos del centro de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) inmediatamente, explican fuentes jurídicas. Ambos estarán un mínimo de 48 horas en el módulo de ingresos de Brians-1, ya privados de libertad pero todavía sin estar recluidos con los demás internos.

En este módulo de ingresos, indican las mismas fuentes, Millet y Montull serán examinados por un equipo médico y psicológico, que estudiará la manera más adecuada para que ambos cumplan con la prisión provisional: en el módulo de preventivos de Brians-1, en otro centro penitenciario o en la enfermería de la cárcel.

Esta última opción no es del todo descabellada dada la avanzada edad y los problemas de salud de ambos condenados. Millet va en sillas de rueda por una enfermedad de los huesos de la espalda y Montull padece una dolencia cardíaca. Millet ha sido trasladado a la prisión desde el Palacio de Justicia de Barcelona en una ambulancia medicalizada, mientras que Montull lo ha hecho en un furgón policial.

Los exmandamases del Palau empezarán a cumplir esta noche con las respectivas condenas de nueve años y ocho meses y siete años y medio de prisión que les impuso la Audiencia de Barcelona por los delitos de malversación, falsedad documental y contable, delito societario, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y delito contra la hacienda pública. El tribunal les consideró culpables del saqueo del Palau y de ser los intermediarios para que Convergència cobrase 6,6 millones de euros en comisiones ilegales, de las que se quedaban una parte, tal y como ambos confesaron durante el juicio.

En los nueve años de instrucción del caso, el primer juez que investigó el caso Palau se opuso a la petición de la Fiscalía para que los saqueadores confesos del auditorio entraran en prisión. Millet y Montull sí pasaron trece días en la cárcel en 2010, pero por el caso del Hotel del Palau. Ahora, una vez dictada la sentencia en primera instancia y mientras el Tribunal Supremo no resuelva los recursos, la Audiencia de Barcelona ha ordenado prisión provisional al apreciar riesgo de fuga de los dos condenados.

La defensa de Jordi Montull ha cargado contra la decisión judicial. “Es una pena anticipada como la copa de un pino”, ha exclamado el abogado Jorge Navarro, que ha valorado que con el ingreso en prisión de los saqueadores confesos del Palau la justicia tiene “la foto que tenía ganas desde hace mucho tiempo”.

No sólo las defensas se han opuesto a la prisión provisional. “Por muy bajas sensaciones que tengamos hacia los condenados, no podemos extender una medida tan excepcional como la prisión provisional”, ha argumentado el letrado de la FAVB, Àlex Solà.

Por contra, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, en sendos autos, ha considerado que Millet y Montull podrían fugarse para no cumplir con la sentencia definitiva del Supremo, lo que ha motivado su ingreso en prisión provisional. En el caso de Millet, porque sus dos hijas viven en el extranjero, una situación que, para los magistrados, “podría facilitar la huida” del expresidente del Palau.

Además, los togados han expuesto que los bienes que Millet y Montull han puesto a disposición de la justicia “no alcanzan” a cubrir el importe de más de 20 millones que deben pagar en concepto de multas a indemnizaciones para devolver el saqueo. En consecuencia, sus propiedades “no comportarían un verdadero arraigo” en Catalunya en caso de que el Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

El tribunal del caso Palau ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los exdirigentes del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull. Anticorrupción ha argumentado que los dos condenados debían cumplir de forma inmediata un máximo de la mitad de las penas de nueve y siete años de prisión a las que fueron condenados en primera instancia.

Según la fiscal Marta Marquina, existe riesgo de fuga debido a los “elevados medios” económicos de los que disponen Millet y Montull. La fiscal no ha mencionado los otros dos supuestos en que se podría justificar la prisión provisional mientras el Supremo resuelve los recursos planteados por las partes –reiteración delictiva y destrucción de pruebas– porque son inexistentes: ni Millet ni Montull tienen responsabilidades en el auditorio.

La decisión del tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, presidido por la magistrada Montserrat Comas, acepta el riesgo de fuga y rechaza los argumentos de las defensas, que se habían opuesto con vehemencia a las cautelares planteadas por Anticorrupción. Las defensas habían alegado que el riesgo de fuga no existe debido al arraigo, a la avanzada edad y a los problemas de salud de Millet y Montull.

En sendos autos, los magistrados consideran que sí existe riesgo de fuga. En el caso de Millet, porque sus dos hijas viven en el extranjero, una situación que, para la Audiencia de Barcelona, “podría facilitar la huida” de Millet. Asimismo, dan un portazo a otro de los motivos esgrimidos por Millet para evitar la cárcel demostrando su arraigo, como es que tiene un hijo con una minusvalía psíquica: “No parece que el hijo dependa de los cuidados del penado [Millet], hijo que ya existía cuando cometió los hechos por los que ha sido condenado sin que ello le disuadieran de su comisión, pese a conocer las posibles consecuencias penales de sus actos”.

La otra razón de los magistrados para apreciar riesgo de fuga es económica. Señalan los togados que los bienes que han puesto a disposición de la justicia “no alcanzan” a cubrir el importe de más de 20 millones que deben pagar en concepto de multas a indemnizaciones para devolver el saqueo. En consecuencia, sus propiedades “no comportarían un verdadero arraigo” en Catalunya en caso de que el Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

“Parte del patrimonio embargado en la causa a Fèlix Millet fue localizado en el extranjero, por lo que no podemos descartar que disponga de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan podido ser localizados y que facilitarían su huida”, añaden los magistrados. Sobre Montull, dicen que “no se puede descartar” que tenga dinero disponible para la huida en el extranjero o en cuentas a nombre de terceros y que no se han podido localizar.

Tras la vista sobre las medidas cautelares para los cuatro principales condenados del caso Palau que se ha celebrado este lunes en la Audiencia de Barcelona, el tribunal ha acordado la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el juzgado una vez al mes para Gemma Montull y Daniel Osàcar, que habían sido condenados a cuatro años y medio de cárcel. En su caso, la Fiscalía había solicitado que las comparecencias fueran cada 20 y 10 días, respectivamente.

Los argumentos de las defensas

Las defensas ham recordado además que ambos ya han puesto a disposición de la justicia todos sus bienes para devolver el saqueo que perpetraron en el Palau. El abogado de Millet, Abraham Castro, ha sido el más gráfico: “Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé como Fèlix Millet va a pretender fugarse”. No le ha servido para convencer el tribunal.

Castro también ha recordado que la Audiencia de Palma dejó en libertad provisional sin fianza a Iñaki Urdangarin tras la primera sentencia del Caso Nóos, lo que permitió al cuñado del rey seguir viviendo en Suiza. La letrada de Osàcar, Judit Gené, ha recordado que el juez de El Vendrell, con el beneplácito de la Fiscalía, levantó el año pasado la medida cautelar de comparecencia mensual en el juzgado que el extesorero tenía desde 2015 como imputado en el caso del 3%.

Por su lado, el abogado de Montull, Jorge Navarro, ha solicitado al tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre el hecho de que el mismo tribunal que ha juzgado el caso sea el que decida sobre las medidas cautelares, algo que, a su juicio, podría vulnerar los derechos de defensa de los condenados.

Las defensas han recordado que en nueve años de instrucción, Fèlix Millet, Jordi y Gemma Montull y Daniel Osàcar nunca pisaron la cárcel y han estado “siempre” a disposición de la Justicia. El juez, en contra del criterio de la Fiscalía, dejó libres a Millet y Montull en 2009. En el caso de Osàcar, la Fiscalía ni llegó a pedir prisión provisional. “La edad y la merma física no impiden estar en prisión provisional”, ha aseverado la fiscal Marquina este lunes.

La FAVB rechaza la prisión provisional

En el bando de las acusaciones, la Abogacía del Estado se ha adherido a la solicitud de prisión provisional, al igual que la Fundación del Palau de la Música. El abogado de la Generalitat, que representa al Consorcio del Palau, donde están representadas las administraciones públicas, ha manifestado que no se oponía pero tampoco se adhería a la pretensión de la Fiscalía, algo inusual en un trámite de medidas cautelares.

Más contundente se ha mostrado la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que se ha opuesto con vehemencia a la prisión provisional. “Por muy bajas sensaciones que tengamos hacia los condenados, no podemos extender una medida tan excepcional como la prisión provisional”, ha argumentado el letrado Àlex Solà.

Los recursos al Supremo

El tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona condenó el pasado 15 de enero a Millet a 9 años y ocho meses de prisión; a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión; a la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 años y medio de prisión, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses.

Los magistrados confirmaron el saqueo de más de 20 millones que Millet y los Montull perpetraron en el Palau y las comisiones de 6,6 millones que cobró CDC a cambio de adjudicar a Ferrovial obras públicas en el último gobierno de Jordi Pujol. Los cuatro condenados y la Fiscalía recurrieron, por motivos distintos, la sentencia ante el Tribunal Supremo, que deberá emitir en los próximos meses el fallo definitivo.

Anticorrupción ha recurrido la absolución de los exdirectivos de Ferrovial Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, exculpados por prescripción del delito. Millet y los Montull, Osàcar y también CDC, formación a la que la sala ordenó decomisar los 6,6 millones de euros cobrados en comisiones ilegales, han acudido al Supremo para intentar rebajar sus penas.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona que juzgó el desfalco del Palau de la Música y las comisiones cobradas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha citado para el 5 de febrero a los principales condenados, Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull y Daniel Osàcar, para abordar la petición de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, ha convocado a los condenados a una vista en el que se dirimirán las medidas cautelares del ministerio Fiscal ante las elevadas penas, que podrían incluir el ingreso en prisión de los cuatro condenados mientras el Tribunal Supremo decide sobre los recursos planteados a la sentencia de este lunes.

El tribunal convoca a las acusaciones y a las defensas para una vista, en la que la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) ya ha avisado que no apoyará la posible petición de cárcel de la Fiscalía para los cuatro condenados.

De finalmente producirse, recuerdan fuentes jurídicas, la petición fiscal de prisión provisional tiene pocos números de prosperar, porque debido a su edad avanzada y delicado estado de salud es poco probable que el tribunal aprecie riesgo de fuga en los condenados. Y los otros dos supuestos en que se podría justificar la prisión provisional –reiteración delictiva y destrucción de pruebas– son inexistentes.

El tribunal condenó al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 años y ocho meses de prisión; a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión; a la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 años y medio de prisión, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses.