¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Espero que mejor que el Gobierno, que ha visto truncada la polémica Ley de amnistía por los que más la necesitan. El problema va más allá de esta medida. Como cuenta el subdirector de elDiario.es, Andrés Gil: la amnistía hizo presidente a Pedro Sánchez. Y la amnistía, dos meses después de la investidura, mantiene en vilo al Gobierno. Ya se sabía que la legislatura iba a ser muy complicada, pero es que ahora su continuidad se pone en duda.  

En el último Barómetro del CIS, que se publicó en enero, la Ley de amnistía a los independentistas catalanes solo le preocupaba al 0,9% de la población. Los principales problemas eran los de índole económico, la sanidad y la calidad del empleo (37%, 17,6% y 14,1%, respectivamente).

Nos estamos jugando demasiado. Esta legislatura puede depender de los caprichos de un partido de derechas con tendencias xenófobas como Junts. El Gobierno de coalición ha cedido mucho -para algunos, demasiado- pero la irresponsabilidad es tremenda. La alternativa es convocar elecciones y que pueda ganar un partido de derechas en coalición con la ultraderecha xenófoba. Este Ejecutivo de coalición con el apoyo de otras fuerzas progresistas ha demostrado que se puede hacer una política económica que conjugue el crecimiento, luchar contra la inflación y que los más vulnerables no se queden atrás como pasó en otras grandes crisis. Ahí están los datos: la economía creció un 2,5% en 2023, superando todas las expectativas, gracias al consumo de las familias, pese a la inflación y a las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), y por la fortaleza del sector exterior, con un fuerte aumento de las exportaciones.

El comportamiento de la economía española es excepcional, teniendo en cuenta que la eurozona creció un 0,5% en 2023. Pero además, aunque el FMI ha restado un par de décimas al PIB de España en 2004, hasta el 1,5%, señala en sus previsiones que nuestro país liderará a las economías avanzadas.

Pero no se vayan todavía que aún hay más...

El Gráfico

Otro ejemplo de la capacidad de la economía española es la buena marcha del empleo. Por mucho que el PP se emperre en desprestigiar las cifras, la realidad es la que es: en 2023 se crearon 783.000 puestos de trabajo. El dato duplica la creación de empleo del año precedente y es el segundo mayor auge desde 2005, solo por detrás de la remontada de 2021 post pandemia. El empuje del mercado laboral llega tanto a asalariados como a autónomos, con 664.000 y 118.300 trabajadores más, respectivamente. A pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el empleo creado es mayoritariamente público, los datos señalan que más del 90% de los puestos de trabajo creados son en el sector privado. Por tipo de jornada, el empleo a tiempo completo se incrementó en 695.400 personas y el empleo a tiempo parcial, en 87.600. Aquí te dejamos una información con diez gráficos para entender el aumento del empleo en 2023. Lo importante es la creación de puestos de trabajo y la buena marcha de la economía, no la amnistía.

Por otro lado, un tema relevante relacionado con el empleo. José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha anunciado que el Gobierno eliminará en 2025 la tasa de reposición en la administración que condicionaba la oferta de empleo público. La tasa de reposición es un porcentaje que se estableció en los años noventa y se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, que limita el lanzamiento de plazas públicas en las ofertas de empleo público anuales en función del número de jubilaciones que se van a producir. Durante la crisis financiera que se inició en 2008 ni siquiera se cubrieron las jubilaciones, lo que ha provocado un aumento de la interinidad en el empleo público. En esta información te lo contamos.

El Dato

2.500.000 horas extras sin pagar

a la semana, lo que supone el 39% del total de las horas que se trabajan en ese periodo, según recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) de cierre de 2023. Los sectores que más abusan de las horas extra sin pagar, en relación con su nivel de trabajadores, son Educación, Transportes y las actividades financieras y de seguros. Es una de las trampas que se descubren sobre el registro de jornada, casi cinco años después de que se aprobara su obligatoriedad. Ahora, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende endurecer la legislación sobre el control horario para frenar los atropellos. Aquí te contamos cómo va el registro de jornada, un control que no termina de despegar contra los abusos horarios. 

Letras que son un Tesoro

“El cobalto se extrae en condiciones absolutamente apocalípticas, infrahumanas y violentas”, dice Siddharth Kara, autor del  libro Cobalto Rojo. El Congo se desangra para que tú te conectes (Capitán Swing). No es un problema actual, lleva años pasando. Amnistía Internacional ya denunció en 2016 la situación inhumana de las minas en el Congo. El cobalto es un mineral fundamental para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y para el vehículo eléctrico. “Estas personas ganan un dólar o dos al día, destrozándose las piernas y la columna, exponiéndose a contaminación tóxica. El paisaje que les rodea ha sido completamente destruido por las empresas mineras. Y todo es una consecuencia de cada vez que enchufamos nuestros dispositivos digitales y vehículos eléctricos”, explica Siddharth Kara. Muchos de los trabajadores de estas minas son niños. Las empresas aseguran que tratan de compensar la situación con ayudas a la población pero el autor del libro sentencia: “Queremos las riquezas bajo sus pies. Pero ellos no cuentan. Si todo el cobalto del mundo estuviera bajo Madrid, se explotaría de forma sostenible. La gente recibiría equipos de seguridad y se les pagaría un salario decente, tendrían beneficios sociales y los niños no estarían en los pozos, estarían en la escuela”. Hay que pensar dos veces cada vez que vamos a comprar. Tienes que leer esta entrevista a Siddharth Kara para saber lo que es trabajar en una mina de cobalto para que tú tengas un móvil.

Entrepreneur

La tercera fortuna de México -Forbes le atribuye un patrimonio de 13.200 millones de dólares y le sitúa como una de las 170 personas más ricas del mundo- ha puesto su ojo en España. Nuestro 'Entrepreneur' de la semana es Ricardo Salinas Pliego, propietario del Grupo Salinas, con más de 100.000 empleados, gestiona la segunda televisión mexicana (TV Azteca) y tiene negocios en banca (Banco Azteca), comercio minorista (Elektra) o telecomunicaciones. Su nombre apareció en la investigación de los Papeles de Panamá. En 2021, fue señalado por The Wall Street Journal como beneficiario de una oscura trama para controlar mediante empresas fantasma Fertinal. En su país le acusan de evadir miles de millones de euros, con más de una docena de denuncias por litigios fiscales y un enfrentamiento con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En España, está invirtiendo utilizando ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros: sociedades con su sede en nuestro país que mantienen inversiones en el extranjero, tienen exentas las ganancias con origen en dividendos y plusvalías generadas por la transmisión de acciones en sociedades extranjeras. Es decir, una vía para eludir impuestos. Esto no es suficiente, buena parte de su tiempo lo dedica a proclamar recetas ultraliberales, en defensa de la desigualdad. En esta información tienes muchos más datos de Ricardo Salinas y sus inversiones en España.  

Bien público

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres grandes eléctricas, ganaron 8.529 millones en 2022 y 6.533 millones en 2021. Desde 2010, Iberdrola y Endesa nunca han perdido dinero, Naturgy, solo en dos ocasiones. Sin embargo, el llamado déficit de tarifa, el antiguo desfase entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema eléctrico, todavía supone una deuda para los consumidores de casi 7.900 millones de euros que hay que seguir pagando en la factura: unos 261 euros por cada cliente de electricidad. Terminaremos de pagar en 2028. 

El déficit de tarifa fue un invento de Rodrigo Rato... Sí, el vicepresidente económico con José María Aznar y artífice del denominado milagro económico español. Otra medida del PP que nos ha dejado una herencia ruinosa. Se trata de un complejo sistema que empezó a funcionar en 1998 por el que se crearon un costes de transición a la competencia con los que se compensaba a las eléctricas por la liberalización del mercado energético. En teoría, era un sistema para abaratar la tarifa, pero provocó una deuda inmensa con sus intereses que ni Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy fueron capaces de domar hasta que la situación fue prácticamente de quiebra. Entonces, el Gobierno Rajoy aplicó fuertes subidas de la luz y recortes al sector, especialmente a las renovables, para aprobar la la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y poner límites al déficit, que empezó a bajar en 2014. En este reportaje de Antonio M. Vélez te explicamos por qué todavía le debemos 7.866 millones a las grandes eléctricas.

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos unas informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Esto es todo por esta semana, nos volvemos a ver el jueves que viene. Ya sabes que cualquier idea o propuesta la puedes enviar a contraoferta@eldiario.es.

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Aprobación de presupuestos mediante, las universidades van a empezar a recuperar parte del personal permanente que han perdido en los últimos años como consecuencia de los recortes de la pasada década. Por primera vez desde la anterior crisis, cuando se congeló la tasa de reposición y no se cubrían las jubilaciones de profesores y personal de administración, los rectorados podrán contratar más gente de la que pierden: el Gobierno subirá la tasa de reposición al 110%, lo que significa que por cada diez jubilaciones podrá haber once contrataciones, según ha explicado el ministro, Manuel Castells, este viernes.

Esta medida se complementa con una disposición “técnica, pero fundamental”, ha añadido el ministro, por la que se autoriza a que dentro de una comunidad autónoma las universidades, o incluso las administraciones que no necesitan su tasa de reposición íntegra puedan transferirla a otros centros. “Este es uno de los temas que siempre aparecía cuando visitaba las universidades” antes de la pandemia, ha asegurado Castells a través de una videoconferencia en la que ha desgranado los presupuestos de su departamento.

El Ministerio de Universidades duplica su presupuesto para el año que viene. El departamento dispondrá, si se aprueban las cuentas tal y como están, de 462 millones de euros para 2021. Algo menos de la mitad, 203 millones de euros, provienen del fondo europeo para la recuperación. Esta partida no incluye las becas universitarias, una partida que ascenderá a unos 1.260 millones de euros que gestiona el Ministerio de Educación. El presupuesto de las tres carteras relacionadas con la Educación, en su más amplio espectro que incluye la Investigación, sube entre un 70% y un 80% en las cuentas del estado para 2021 gracias a los fondos europeos. Castells ha insistido en que solo el 3% del presupuesto del ministerio se va a destinar a “la maquinaria” (esto es, gastos de personal y funcionamiento) y el 97% “le va a llegar a la ciudadanía”.

Una década congelada

Con esta medida, el ministerio pretende colaborar en el rejuvenecimiento de las plantillas universitarias, que se han envejecido en los últimos años, en parte como consecuencia de la congelación de la tasa de reposición que implantó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. El presidente socialista la rebajó al 30% (solo se reponían tres de cada diez jubilaciones), cifra que su sucesor, Mariano Rajoy, bajó al 10%. En los últimos años había subido hasta el 100%, lo que detuvo la sangría pero no traía sangre nueva. Solo se dejó de perder personal permanente. En algunos casos, explican los sindicatos, podían llegar al 108% si respetaban la estabilidad presupuestaria. La consecuencia de casi una década de no reponer las jubilaciones fue, además del mencionado envejecimiento – que lleva a que el 90% de los catedráticos de Universidad se vayan a retirar en la próxima década–, la precarización de las plantillas, porque las clases había que darlas igual. Como no se podía contratar funcionarios, se tiró de figuras laborales precarias –profesores asociados, en su mayoría– para cubrir las vacantes.

Respecto a los asociados, el ministro también ha explicado que tendrán que esperar a 2021 para la reforma de esa figura. El ministerio está negociando estos días el nuevo estatuto del PDI, destinado en teoría a acabar con la precariedad de este colectivo, que está sosteniendo la docencia a razón de cinco euros la hora en ocasiones. Pero hasta que no haya estatuto, ha explicado Castells, no habrá estabilización específica para ellos, con lo que tendrán que esperar a los próximos presupuestos.

De momento, según ha comentado el subsecretario de Universidades, Luis Cerdán, los asociados podrán beneficiarse de manera indirecta del aumento de la tasa de reposición. Si otras figuras docentes de la universidad optan a estas nuevas plazas –los contratados doctores, etc.–, ha explicado, los asociados a su vez podrán beneficiarse de esas otras plazas intermedias liberadas.

Universidades también destina dos partidas a la “recualificación de la capacidad docente investigadora” en España a través de dos programas, aunque no son nuevos. Por un lado, aumenta la partida destinada a los investigadores predoctorales de Formación del Profesorado Universitario (FPU) un 10% hasta los 87 millones de euros con los que se ofertarán 1.050 plazas, 200 más que las 850 actuales (un 23% más). El presupuesto también destina 129 millones de euros para un programa destinado a postdoctorales que incluye ayudas a la movilidad. Estos programas no están específicamente destinados para ellos, ha explicado Castells, pero también están abiertos a los profesores asociados.

Además, aunque la gestión la realiza el ministerio de Educación, Universidades recuerda que la reforma que hizo el Gobierno del sistema de becas ha conllevado un aumento de la partida de becas un 35% (515 millones extras para alcanzar los 2.090 millones de euros) y se han duplicado los beneficiarios de una beca completa, que pasan de 89.000 a 176.000. También quedarán exentas de pagar la matrícula las familias que este año hayan tenido una pérdida sobrevenida de ingresos por la pandemia y puedan optar al Ingreso Mínimo Vital (las becas se conceden con la información económica del año anterior, lo que habría dejado a muchas de estas familias fuera)

Por último, el ministro también ha informado, sin entrar en detalles, de un plan para utilizar los 70 centros territoriales de la UNED “para dinamizar y contribuir al desarrollo” de áreas deprimidas o vaciadas de población.

Las reformas de las pensiones que aprobó el Gobierno en 2013 tendrán un efecto a la baja en las retribuciones que reciban en un futuro los jubilados en España, según los cálculos de la OCDE. La tasa de sustitución, es decir, la pensión que cobra un jubilado respecto al salario medio, puede caer en el futuro hasta el 46% en “casos extremos” debido a la aplicación del índice de revalorización. La institución internacional sitúa este porcentaje en el 82% del sueldo en España para 2061.

Es uno de los datos que los expertos de la entidad han mencionado este lunes en Madrid, en la presentación del informe 'Pensions at a Glance 2017'. Hervé Boulhol, responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la OCDE, y Pablo Antolín, jefe de la unidad de pensiones privadas de la entidad, ha desgranado el estudio, que señala a España por la alta tasa de sustitución en comparación con el resto de países de la OCDE.

Sin embargo, esta cifra se reducirá en los próximos años con la aplicación de los cambios aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según las estimaciones del organismo. Hervé Boulhol ha mencionado algunas cifras de la rebaja en ese porcentaje del sueldo que cobrarán en un futuro los jubilados. Solo gracias al factor de sostenibilidad –que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 para vincular las pensiones iniciales a la esperanza de vida–, la tasa bruta pasará “del 82% al 72%”, ha afirmado el experto. La organización hace sus cálculos tomando como supuesto la entrada al mercado laboral en 2016 de un trabajador a la edad de 20 años, lo que le permitiría jubilarse con la pensión completa a los 65 años en 2061, ha explicado el especialista a este medio.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, respondió la semana pasada que aún no sabe cómo afectará este factor. En la Comisión del Pacto de Toledo, y a preguntas de la oposición, la ministra defendió que aún necesita los datos oficiales de defunciones de 2017 para saber cómo incidirá en el cálculo de las pensiones.

Además, Boulhol ha reconocido que en el informe publicado por la OCDE no hacen la proyección del índice de revalorización –la otra medida estrella de la reforma de 2013– por su complejidad. Este índice desindexó las prestaciones por jubilación del IPC y estableció por ley una subida mínima del 0,25%, dependiendo de la situación de las cuentas de la Seguridad Social. La nueva fórmula de revalorización marca, además del mínimo de 0,25%, un máximo: el IPC más un 0,50%. Ante la situación de déficit de las cuentas de la Seguridad Social, las pensiones han subido el mínimo en los últimos cinco años.

Aunque no los incluya el informe oficial, Boulhol ha dado algunos datos sobre la posible incidencia del índice de revalorización. Entre ellos, destaca que teniendo en cuenta las reformas acometidas este índice podría desplomar la tasa bruta de sustitución del “72% a los 65 años al 46% a los 80 años”, ha afirmado. Sería así en el peor de los supuestos, es decir, en el que las subidas por año fueran las mínimas (0,25%).

Los cálculos de UGT no andan lejos. Según el sindicato, la aplicación en España de ambos factores (el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad) hará que la tasa de reemplazo se reduzca “hasta un 48% en 2060”.

Alargar la vida laboral más allá de la jubilación

El organismo también ha destacado que España afronta una de las perspectivas de envejecimiento de la población “más acelerados”. La ratio de dependencia de las personas mayores –es decir, el porcentaje de personas mayores de 65 años con respecto a las que están en edad de trabajar– será la segunda más alta de la OCDE en los próximos 35 años, solo por detrás de Japón. Según las proyecciones de la ONU utilizadas en el estudio, habrá 77 personas mayores de 65 respecto a 100 en edad de trabajar. Eurostat rebaja ese número a 69 sobre 100, aunque los especialistas han destacado que “el panorama global no cambia”.

La organización alerta de que España está por debajo de la media en la edad de salida del mercado laboral. Mientras que el promedio de la OCDE es de 64,3 años, en España dejamos de trabajar a los 62 años. “La gente deja el trabajo dos años antes que la media de la OCDE y viven más que el resto”, apunta Boulhol, lo que supone que “España está entre los países con periodos de jubilación más largos”.

Ante este escenario, el organismo subraya la necesidad de apoyar el “envejecimiento activo”, el eufemismo para resumir que las personas mantengan carreras laborales más largas. La entidad destaca que “en España solo un 5% de personas de más de 65 siguen trabajando”, lo que significa que “hay una capacidad de trabajo que no se aprovecha”, en opinión de la institución.

La OCDE anima a apoyar las fórmulas que permiten continuar trabajando más allá de la edad de jubilación cobrando la pensión. En este sentido, considera un impedimento que en España haya “un límite” en ese sentido: de manera general, los trabajadores que continúan trabajando cobran el 50% de la prestación y no el 100% como en otros estados. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, sí pueden cobrar la totalidad de la prestación gracias a la nueva ley de autónomos.

Además, el organismo sugiere que el incentivo para continuar trabajando a edades avanzadas podría ser mayor: en España, la bonificación en la pensión es de en torno a un “4%” por cada año de más trabajado, mientras que la media de la OCDE “está cerca del 8%”.

El Gobierno de Castilla- La Mancha convocará una oferta de empleo público de unas 8.500 plazas en Educación y Sanidad en los próximos dos años, un número mayor al previsto tras la supresión de la tasa de reposición acordada en la Conferencia de Presidentes celebraba el pasado mes enero, y una de las reivindicaciones encabezadas por el presidente regional, Emiliano García-Page.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que ha asistido hoy en Madrid, al Comité de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, ha señalado que la no eliminación de esta tasa suponía un problema para garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad. De esta forma, “las comunidades autónomas podremos llevar a cabo ofertas públicas de empleo más importantes desde el punto de vista numérico”.

Respecto a otra de las peticiones lideradas por Castilla-La Mancha, como es el problema de la despoblación, Martínez Guijarro ha reconocido ciertos avances como la creación del Comisionado para los Retos Demográficos, pero ha vuelto a reclamar al Gobierno de España un tratamiento fiscal “especial” en aquellas zonas con problemas de despoblamiento y la incorporación de este criterio en el estudio que está realizando el Ministerio de Hacienda.

Disconformidad con el modelo de Garantía Juvenil

Por otro lado, Martínez Guijarro ha mostrado la disconformidad del Ejecutivo regional con los avances producidos en materia de empleo, así como con el modelo de Garantía Juvenil desarrollado por el Ministerio de Empleo. Y es que, a juicio del vicepresidente, hace difícil la ejecución de los fondos, por lo que reclaman un procedimiento “mucho más ágil que permita el anticipo de los fondos y la ejecución más fácil por parte de las comunidades autónomas”. El vicepresidente de Castilla-La Mancha ha insistido en que “no tiene sentido que teniendo fondos asignados por la Unión Europea tengamos dificultades de poder ejecutarlos”.

Respecto a la financiación autonómica, el vicepresidente regional ha pedido que tras el verano puedan estar los primeros informes por parte de los grupos de trabajo y, de esta forma, tener documentación para que comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda puedan avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), integrado por el Gobierno central y las comunidades autónomas ha aprobado este viernes los nuevos objetivos de déficit para las regiones y que suponen pasar de un déficit del 0,3% al 0,4% en 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y registrar equilibrio presupuestario ya en 2020.

Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las autonomías para el trienio 2018-2020 suponen una relajación de 1.000 millones para el próximo año y otros 1.000 para 2019. Han recibido el voto en contra de las comunidades autónomas socialistas, entre ellas Castilla-La Mancha, además de Cantabria, aunque Extremadura se ha abstenido. Cataluña no dio su parecer al no asistir ningún representante a la reunión. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado “la falta de información y la improvisación” del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el reparto del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas, que da la razón a Castilla-La Mancha en que esa distribución no se basa en ningún estudio. Y es que en una semana el Gobierno central ha marcado dos líneas distintas a las regiones. Esta última, a la baja. 

Ruiz Molina ha recordado que las comunidades autónomas han acudido a una nueva reunión para conocer los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria “sin que hayamos tenido información de por qué se produce ese cambio”. El consejero castellano-manchego aseguró que “si estábamos descontentos con la distribución que hacía el Estado entre la Administración central y las comunidades autónomas del reparto del déficit para los próximos ejercicios y decíamos que no estaba basado en ningún estudio, se nos da la razón, en la medida en que hemos pasado de unos objetivos a otros que parece van a ser diferentes para este año y para el siguiente”.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado que desde Castilla-La Mancha se sigue considerando que las comunidades autónomas hacen “un esfuerzo muy superior al que realiza el Estado” en la reducción del déficit, lo que justificaría, junto a la falta de información y la improvisación, el voto en contra de la región.

Además, Ruiz Molina ha mostrado sus dudas sobre el acuerdo que “parece ser” ha alcanzado el Gobierno de España con el grupo parlamentario de Ciudadanos para modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) “porque es muy probable, también por la información que tenemos de los medios de comunicación, que repercuta negativamente en las finanzas de las comunidades autónomas”.

Sobre este asunto, Ruiz Molina ha subrayado que “es probable que esa décima que quieren ofertarnos a las comunidades autónomas es consecuencia también de la merma en los ingresos que se nos puede producir en el IRPF como consecuencia de un acuerdo que han adoptado y que creemos que afecta negativamente a la recaudación del impuesto sobre la renta en Castilla-La Mancha”.

Fomentar el empleo público es “siempre positivo”

Sobre la Oferta de Empleo Público que hoy se ha aprobado a nivel nacional, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que “todo lo que sea fomentar el empleo público siempre es positivo”, al tiempo que ha recordado que fue iniciativa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero, “terminar ya con las tasas de reposición en los servicios públicos fundamentales y, desde luego, que las ofertas de empleo público tuvieran como objetivo bajar la tasa de interinidad”.

En relación con este tema, Ruiz Molina ha finalizado señalando que se han mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y, concretamente, con la Secretaría de Estado de Función Pública para que en el conjunto, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, “podamos ofertar muchas más plazas con el objetivo de que en tres años hayamos reducido la tasa de interinidad, en lo que se refiere a sanidad y educación fundamentalmente, a los niveles anteriores a la crisis, que en el caso de Castilla-La Mancha era una tasa de interinidad muy baja”.

Transparencia parcial. A finales de enero y principios de febrero, ya en pleno debate sobre las políticas de personal de las Administraciones públicas y la convocatoria o no de oposiciones, la diputada del PSdeG Concepción Burgo se dirigió a la Xunta para solicitarle una información muy concreta. A través de una batería de 14 preguntas, dos por campus, la parlamentaria lucense reclamaba conocer “el número de miembros del personal” de las tres universidades gallegas -A Coruña, Santiago y Vigo- “que se jubilaron” cada año entre 2011 y 2016. Burgo pedía relaciones completas de las variaciones de personal docente e investigador (PDI) por “categoría profesional y área de conocimiento” y del personal de administración y servicios (PAS) “con indicación de su categoría profesional”.

Esta semana, con un ritmo de contestación más rápido de lo habitual, han llegado al Parlamento las respuestas de la Xunta. En los 14 casos la Consellería de Educación ofrece una explicación de página y media sobre el régimen jurídico de las universidades y los procedimientos generales que regulan su personal. Junto a ella, el Gobierno gallego admite que antes de autorizar cada oferta de empleo universitario maneja datos como los que solicita la socialista. No obstante, en vez de facilitárselos, la invita a buscarlos en los sitios web de las universidades.

“La Constitución -explica la Xunta en su respuesta- consagró en su artículo 27.10 la autonomía universitaria”, que “garantiza la libertad de cátedra, estudio e investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos”. Esta “autoorganización”, desgrana, incluye la “potestad” para organizarse en el ámbito del personal y, a través de sus respectivas gerencias, las universidades gestionan su personal. Así, evidencia, “la información sobre las jubilaciones registradas en los siete campus de las tres universidades del Sistema Universitario de Galicia en el período 2011 a 2016 es de suponer que obra en los archivos de cada una de estas unidades”.

“En todo caso”, profundiza la respuesta, los presupuestos generales del Estado y de la Xunta fijaron entre 2013 y 2016 “una tasa de reposición aplicable al personal docente investigador funcionario universitario”, esto es, el porcentaje de personal jubilado que era posible reponer. “Para dar cumplimiento a estas determinaciones y autorizar la convocatoria de efectivos de estas categorías”, agrega, la Dirección General de Presupuestos “tiene en cuenta las bajas de efectivos que se producen en las universidades por diferentes motivos, entre otras, las jubilaciones”, y por eso “solicita a las universidades dicha información”.

En este contexto, una vez reconocido que los datos de las bajas son conocidos por la Xunta, llega la invitación para buscarlos en internet. “De todas formas -indica- la información solicitada se puede encontrar en las propias páginas de las tres universidades”, dice, antes de transcribir las direcciones electrónicas de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo.

La evolución del personal

Efectivamente, las tres universidades gallegas ofrecen, a través de los portales de transparencia de sus sitios web, información sobre la evolución de sus plantillas. La publican, no obstante, con diferentes formatos y series temporales dispares -la Universidad de Santiago publica cifras desde 2005, la de A Coruña desde 2008 y la de Vigo, desde 2009- que hasta el momento llegan a finales del año 2015. Según estas tres bases de datos a finales de 2015 las tres universidades gallegas contaban con algo más de 4.800 personas en su plantel docente e investigador, 465 menos que en 2011, y los PAS eran 2.591, una reducción de 152 con relación a cuatro años antes.

Además de los datos publicados por las propias universidades existe también, al menos, otra fuente para acercarse a la evolución del personal de estas instituciones académicas: la Estadística de Personal de las Universidades que publica el Ministerio de Educación para todo el Estado con datos desagregados por cursos. Según este estudio estadístico en el curso 2010/2011 trabajaban en las universidades de Galicia 5.312 mujeres y hombres como personal docente e investigador, por lo que la reducción sería de 375 efectivos y, en el caso de los PAS, de solo 26: de 2.711 a 2.685.

El Gobierno ha informado al president de la Generalitat, Ximo Puig, de que en el anteproyecto de presupuestos, que se conocerá en unas semanas, figurará una mejora en la tasa de reposición de los empleados públicos.

En rueda presa tras mantener un encuentro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Puig ha informado de que Hacienda está negociando con los sindicatos que haya un acuerdo sobre las plantillas de empleados públicos y la tasa de reposición y ha valorado que Montoro es “consciente” de la grave situación de la Comunitat Valenciana, en una situación “límite”.

Puig ha recordado que en los años de crisis, la Generalitat Valenciana ha tenido un decrecimiento de hasta el 30 % de los empleados públicos (5.000 menos que al principio de la crisis) y eso, finalmente, tiene unos costes en la prestación del servicio.

Además, ha asegurado que la Comunitat Valenciana es la autonomía española con menor tasa de empleados públicos per cápita y esto genera un “grave problema”. El jefe del Consell ha reclamado un tratamiento “diferencial” en la tasa de reposición. Y ante esta petición, Puig ha visto en Montoro “una buena predisposición” para atender la realidad del territorio. “El ministro es consciente de la situación y va a trabajar para dar solución”, ha manifestado.

Puig se ha referido a la situación “límite” de la Comunitat Valenciana en la aplicación de la tasa de reposición respecto a los servicios fundamentales que, en estos momentos, no pueden ser prestados “con todas las garantías que exige un servicio público de calidad”.

Además, ha asegurado que esta tasa impide dar cobertura a servicios fundamentales, como Ferocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), con un “gran problema por falta de maquinistas”.

Financiación autonómica

Asimismo, Puig ha abordado con el ministro la financiación autonómica y la necesidad de que se acote a 2017 la discusión y finalización del nuevo modelo, de manera que el presupuesto de 2018 contemple el nuevo sistema.

En este sentido, Montoro le ha informado de que la comisión de expertos ya trabaja en sentido.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía que este año se convocarán 8.045 plazas de empleo público en educación, sanidad y administración general, pese al “chantaje” del Gobierno de la Nación, desde donde han advertido que no es posible si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siguen prorrogados, entre otras cosas porque el PP no cuenta con el apoyo del PSOE, que precisamente gobierna en esta comunidad autónoma.

“Jurídica y presupuestariamente está justificada la convocatoria pese a la presión del Gobierno de España”, ha expuesto en su comparecencia, a petición propia, la consejera. Ésta ha detallado que las plazas son las aprobadas en los últimos dos años en Consejo de Gobierno: 3.553 en sanidad, 2.468 en educación y 2.024 para la administración general.

Con ello, ha querido trasladar “un mensaje de certidumbre y tranquilidad” a los opositores que aspiran a un empleo público en la comunidad autónoma y a los que desean unos servicios públicos de calidad.

En este sentido, ha explicado que los presupuestos autonómicos regulan la oferta de empleo público y la tasa reposición tomando como referencia las limitaciones establecidas por la legislación de carácter básico de la Administración General del Estado de 2016. “Nadie puede cuestionar que hayamos ejercido nuestras competencias de forma responsable y teniendo en cuenta en todo caso el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, ha expuesto.

De este modo, entiende que si no hay PGE nuevos, “la tasa de reposición se mantendrá como mínimo en el 100%” como en 2016, mientras que si se aprobaran los de 2017, “se mantendría este mínimo” por lógica. “Tenemos garantías jurídicas de que la prórroga de los PGE para 2017, si se produce, afectaría de la misma manera en la tasa de reposición que se quedó fijada para 2016”, ha sentenciado.

Desde el PP-A, Pablo Venzal ha dicho que respaldan que la Junta de Andalucía convoque las plazas su planteamiento es “correcto”, pero le ha pedido que “vaya de la mano de los sindicatos” y le ha pedido “prudencia”, lo mismo que ha hecho Carlos Hernández (C's). Mientras, Begoña Gutiérrez (Podemos) ha incidido en que “no son suficientes las plazas”, especialmente “tras años de recorte en sanidad”, en lo que también ha hecho hincapié la diputada de IU Elena Cortés para quien la “injusta tasa de reposición ha conllevado contratación en precario en lo que la Junta de Andalucía es una alumna aventajada”.

El debate sobre el modelo policial en el País Vasco es recurrente. En esta nueva legislatura, el Gobierno de PNV y PSE-EE ha vuelto a incluir en su carpeta de asuntos pendientes de negociación con Madrid junto a la Seguridad Social, Prisiones o los servicios de transporte un ajuste del despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La consejera Estefanía Beltrán de Heredia define a la Ertzaintza como la Policía “integral” de la comunidad autónoma y entiende que el contingente de Policía Nacional y Guardia Civil es excesivo para sus limitadas funciones, más si cabe tras el final del terrorismo de ETA en 2011. El Gobierno central mantiene formalmente que no habrá repliegue, aunque los datos le contradicen. Si en 2011 4.611 policías y guardias trabajaban en Euskadi, a finales de 2016 eran 3.751. Son un 19% menos, cuando las plantillas de ambos cuerpos en toda España han caído un 8% de media.

El Ministerio del Interior ha enviado recientemente al Congreso de los Diputados a instancias del PSOE cuadros estadísticos detallados sobre las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en toda España. Ambos cuerpos están aquejados del mismo mal que sufre la Ertzaintza: las limitadas tasas de reposición de bajas no están permitiendo cubrir la cascada de jubilaciones. En cinco años, coincidiendo con la presidencia de Mariano Rajoy, en España hay 12.435 uniformados menos (7.170 azules y 5.265 verdes). Es una caída de efectivos del 8% y que es común a todas las comunidades autónomas (menos Ceuta, que gana presencia policial). Sin embargo, el Gobierno del PP ha ido modulando sus plantillas en función de las mayores o menores necesidades de seguridad.

Quizás por ello Euskadi, con menos presión de ETA y competencias compartidas con la Ertzaintza, lidera con creces esa lista. La caída de personal es aquí del 19%. Queda muy lejos la siguiente comunidad en la tabla, que es La Rioja (-13%). Navarra, con una reducción de su contingente en un 12%, es la tercera. Desde 2011 hay 62 policías y 247 guardias menos en la comunidad foral, 309 funcionarios en total.

La caída es generalizada en los tres territorios vascos. Gipuzkoa, con un 23% menos de personal (386 agentes), es la provincia de España con más recorte en la plantilla de las Fuerzas de Seguridad del Estado aunque sea una zona fronteriza. Álava ha perdido 165 efectivos (-18%) y Bizkaia 265 (-15%). Trabajan en Euskadi 2.370 guardias y 1.381 policías.

El doble de agentes que en Cataluña

En el País Vasco hay 1,73 agentes estatales por cada 1.000 habitantes (2,13 en 2011). La media española es de 3,07 aunque en Ceuta y Melilla se dispara a 13 por sus peculiaridades geopolíticas. Que sea menor es natural porque la Ertzaintza (con unos 7.700 uniformados) asume el grueso de competencias en materia de seguridad ciudadana, orden público, investigación y tráfico, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil se encargan de fronteras, aduanas, extranjería, DNI y pasaportes, armas, lucha antiterrorista y todas las investigaciones de delitos “supracomunitarios”, es decir, que excedan al ámbito territorial vasco.

Sin embargo, con un modelo policial gemelo, en Cataluña el ratio de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado es de 0,83 funcionarios por cada 1.000 habitantes, menos de la mitad. En Navarra, la tasa es de 3,41, por encima de la media y una de las más altas. Sin embargo, las funciones de la Policía Foral, el cuerpo autonómico, no son homologables a las de Ertzaintza o Mossos d’Esquadra.

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno vasco insiste en reclamar al Ministerio del Interior que aborde un ajuste del despliegue. Lo repitió la consejera Beltrán de Heredia en el Parlamento Vasco al presentar su programa para esta legislatura y lo refrendará próximamente el pleno de la Cámara con una nueva iniciativa para la “adecuación” del contingente policial planteada por PNV y PSE-EE, los partidos que sustentan el Ejecutivo vasco, como alternativa al maximalismo de EH Bildu, que aboga abiertamente por la salida de estos cuerpos. Algunos medios de comunicación han puesto el foco en la postura de los socialistas, si bien ya en 2012 el entonces titular de Interior en Euskadi, Rodolfo Ares, defendió esa misma posición política de “revisar” esta situación a la luz del nuevo escenario.

Desde el equipo de Beltrán de Heredia interpretan que no es suficiente con que Policía Nacional y Guardia Civil reduzcan sus plantillas en Euskadi como consecuencia de los problemas existentes para cubrir las bajas que se producen. Ven necesaria la celebración de una Junta de Seguridad, pospuesta durante años. Es el órgano bilateral que sienta al consejero y al ministro de turno para acordar al más alto nivel político el modelo policial vasco, lo que incluye el reparto de competencias y la plantilla de la Ertzaintza. El titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, ya tiene sobre su mesa una petición expresa desde Euskadi, aunque de momento no hay contestación oficial.

SUP: “El personal es acorde”

Desde el sindicato más importante de la Policía Nacional, el SUP, sus portavoces apuntan a que la situación en Euskadi “es reflejo de lo que sucede en todo el territorio nacional”. Preguntada por la polémica en torno a las peticiones de repliegue, la central interpreta que de acuerdo con las funciones actualmente encomendadas por el Estatuto a las Fuerzas de Seguridad del Estado “el personal que está trabajando aquí es acorde”. De hecho, aprecian ciertas “carencias” en brigadas concretas como las de Extranjería o Información (encargada de los flecos de la lucha contra ETA y ahora especialmente de la amenaza yihadista).

Añade el SUP que muchos funcionarios se sienten “abandonados” ante el debate abierto sobre su presencia en Euskadi. “Pediríamos que desde el Ministerio del Interior o desde la Delegación del Gobierno den un paso en este sentido,” manifiesta un portavoz. En cuanto a la situación general, el sindicato insiste en que no se puede obviar que los agentes destinados en suelo vasco sufren los mismos problemas estructurales que sus compañeros, que se traducen en recortes en las condiciones laborales o escasez de inversiones para modernizar las infraestructuras.

Un sistema “efectivo” pero caro

Expertos de distintos cuerpos consultados por eldiarionorte.es valoran como “efectivo” el modelo policial vasco. “Euskadi es un país seguro”, repite la consejera Beltrán de Heredia. La estadística le ha dado la razón, ya que en 2016 la tasa de criminalidad ha caído un 3,17%. Los sindicatos de la Ertzaintza, en todo caso, han pedido al Gobierno que no se deje cegar por las cifras y que acometa inversiones urgentes en la renovación del parque móvil o en infraestructuras. Piden también que no se retiren medidas de seguridad como las mamparas de las oficinas de atención ciudadana ya que Euskadi vive en alerta yihadista de nivel 4 sobre 5 desde 2015.

El sistema parece efectivo pero es caro. España tiene uno de los modelo de seguridad más onerosos, principalmente por las duplicidades de estructuras. En el caso vasco, en Bilbao los tres cuerpos tienen su propia unidad de artificieros y en Álava la Guardia Civil, con menos funciones, tiene más sedes que la Ertzaintza. “Los políticos se tienen que quitar los complejos y sentarse. Desde la cooperación, el resultado será bueno”, apunta un funcionario del Estado, que reclama que el debate sobre el modelo policial sea serio y riguroso más allá del interés político del nacionalismo en abordar el repliegue de Policía Nacional y Guardia Civil.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abonará la próxima semana a los empleados públicos el 25 por ciento restante de la paga extraordinaria que fue suprimida en diciembre de 2012 con lo que la región, asegura la Junta en un comunicado, “estará entre las pocas comunidades autónomas en las que se ha devuelto la totalidad de esta paga”.

Este ha sido uno de los principales anuncios tras la reunión que este jueves han mantenido en el Palacio de Fuensalida de Toledo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente nacional del sindicato CSIF, Miguel Borra; el presidente regional de la organización, Julio Retamosa; y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, Ruiz Molina ha destacado que en el proyecto de Presupuestos para 2017, que se está negociando en estos momentos, se incluirá la recuperación del 1,5 por ciento salarial de los empleados públicos. Con ello, ha añadido, el Ejecutivo de García-Page pretende devolver “la retención que injustamente se aplicó a los empleados públicos de esta comunidad autónoma” en la pasada legislatura.

Piden autonomía para decidir la jornada laboral

Asimismo, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas también se ha referido a las “apuestas decididas” en materia de función pública que está defendiendo el Gobierno regional, entre las que se encuentra “intentar convencer al Gobierno central” de la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos. En este sentido, Ruiz Molina también se ha mostrado favorable a que “cada comunidad autónoma tenga autonomía para decidir la jornada laboral más adecuada para sus empleados públicos”.

Por otra parte, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha subrayado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “se seguirá haciendo batalla” en relación con la tasa de reposición porque para poder ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos esenciales de calidad “se debe poder contratar a todo el personal que se necesite dentro de las disponibilidades presupuestarias y del cumplimiento del objetivo de déficit”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha informado en la reunión a los representantes de CSIF del esfuerzo “muy importante” que se ha hecho desde el inicio de la legislatura por recuperar derechos laborales y retributivos de los empleados públicos. En este sentido, ha mencionado la aprobación de dos ofertas de empleo púbico, que ascienden a 2.244 plazas, y la contratación de nuevo personal, especialmente en el ámbito de la sanidad y la educación.

Ruiz Molina ha destacado así la “sintonía absoluta” entre los intereses que ha trasladado CSIF y los que tiene el Gobierno regional en relación con los empleados públicos.

El sindicato CCOO ha presentado un estudio que refleja la evolución de las plantillas docentes durante los últimos cuatro años coincidiendo con la política generalizada de recortes en todo el país. Los datos son elocuentes según el  autor del estudio y responsable nacional de la Federación de Enseñanza del sindicato, Paco García Cruz. Al “brutal” recorte en las plantillas se suman otras consecuencias que pasan por el “envejecimiento” del profesorado.

Y es que, explica, la pérdida de empleo en el sector educativo ha incidido especialmente en los más jóvenes afectados, además, por la “precarización” en el empleo.  El estudio ha tomado como referencia lo que ha ocurrido entre los cursos 2010-2011 y 2013-2014. En ese periodo, apunta el sindicato el porcentaje de profesores menores de 30 años ha pasado de ser del 13,14% al 5,09%, lo que supone un descenso en más de ocho puntos, según los datos consolidados del propio Ministerio de Educación en los que se basa el estudio.

García Cruz reconoce que Castilla-La Mancha partía de una posición “bastante mejor” que la media nacional en el año 2010, que estaba en un 8,43% de profesores menores de 30 años, pero comparte la problemática generalizada de no cumplir las indicaciones de la OCDE en lo que a parámetros “óptimos” de profesores jóvenes se refiere.

La OCDE recomienda que haya al menos un profesor menor de 30 años por cada dos mayores de 50 años (ratio de 0,5). ¿Qué ha ocurrido en Castilla-La Mancha? Se ha pasado de 4.042 profesores menores de 30 años en 2010, a 1.335 en 2014. Mientras, los mayores de 50 eran 6.816 y pasaron a ser 7.553.

La región incumple la ratio recomendada y si en el curso 2010-2011 era del 0,59, ya durante el curso 2013-2014 pasó a ser del 0,18, muy alejada del 0,5 que propone la organización internacional.

Se ha perdido al 67% del profesorado joven

Se ha perdido al 67% del profesorado jovenCastilla-La Marcha ha perdido en cuatro años casi un 67% del profesorado menor de 30 años –en total 2.707 profesores-  y eso, dice Pacto García Cruz “incide en la calidad tanto de la enseñanza como del empleo”. En su opinión, vivimos en una sociedad en la que cada vez se exigen mayores competencias digitales o lingüísticas. Una “innovación” en las aulas que no llega ni en la incorporación de jóvenes ni tampoco a través de la necesaria formación del profesorado. No hay suficiente reciclaje entre los más experimentados y todo unido, dice CCOO, es “una mala combinación”.

“Nos tememos que muchos han ido al exilio laboral que está siendo una lacra en esta Comunidad Autónoma”, señala Alfonso Gil, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, quien añadía que la región no se puede permitir “el lujo” de perder a los jóvenes “y en especial a los más cualificados”.

García Cruz aboga por la “urgente necesidad” de rejuvenecer las plantillas además de actuar sobre el resto del profesorado con formación para “garantizar que se adaptan a los cambios que se vienen produciendo en el sistema educativo”.

CCOO calcula que entre 2011 y  2020 se jubilarán 3.237 docentes en una plantilla global que ronda los 26.000. “Eso significa que, de la gente que entra en edad de jubilación, el 75% lo hace”, asegura García Cruz, pero también supone que un 25% permanece en su puesto de trabajo con edad avanzada.

Piden ofertas de empleo público “extraordinarias”

Piden ofertas de empleo público “extraordinarias”El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene prevista la convocatoria de 2.442 plazas de empleo público en el ámbito educativo en los próximos cuatro años. Para CCOO no es suficiente ya que solo la necesidad de recuperar a los profesores menores de 30 años ‘se comería’ 2.415 de esas plazas. Alfonso Gil pide ofertas de empleo público “amplias” y con carácter extraordinario que permitan tanto el retorno de quienes se han tenido que marchar, la consolidación de empleo de quienes ya están en el sistema y la entrada de nuevos docentes. En concreto, lo ideal para el sindicato sería recuperar a los cerca de 6.000 docentes que el sistema educativo habría perdido en los últimos cuatro años y recuperar los niveles de 2011, cuando se situaba por encima de la media nacional.

En este sentido aboga por la “desaparición” de la tasa de reposición para pasar a trabajar con una “mejor” planificación y  “elevar” la calidad de la educación. CCOO recuerda que esta tasa se ha limitado “de forma brutal” entre 2012 y 2014 cuando solo se reponía un docente de cada 10 que se jubilaban. En 2015 a uno de cada dos jubilados y  para este año la idea es reponer a tantos profesores como se jubilen.

También se solicita una reforma en el sistema de formación del profesorado compaginando el sistema online con la que se recibe presencialmente en cada centro de trabajo. Y es que, recuerda García Cruz, el Ministerio de Educación ha reducido en los últimos cuatro años los presupuestos de formación del profesorado en un 90%. “Cumplir años no es una connotación negativa pero ha de venir acompañado por la formación y la renovación de conocimientos”, insiste.

No contratar interinos en verano, “agravio” a subsanar

No contratar interinos en verano, “agravio” a subsanarAlfonso Gil se ha referido a la postura que mantiene la Comunidad Autónoma  de Castilla-La Mancha que despide a los interinos docentes durante los meses de verano. “Habrá que negociarlo”, dice el sindicalista, quien asegura que  la Junta ya les ha dicho que “no hay dinero” y, de hecho, la medida no ha sido contemplada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este 2016.  

“Es de justicia”, asegura, y no solo por el “perjuicio económico para los afectados” sino por el “agravio” que supone con respecto a los interinos de otras Comunidades Autónomas al participar en oposiciones.

Tras cinco años de recibir una de arena tras otra llega un poquito de cal para los maestros (y aspirantes a). El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, ha anunciado durante el desglose del proyecto de Presupuestos de su departamento que su sector recupera la tasa de reposición del 100% para el curso 2016, es decir, que se cubrirán todas las vacantes por jubilación. “Poner en valor la labor del docente me parece esencial”, ha explicado.

Además de recuperar la tasa de reposición precrisis, Méndez de Vigo ha destacado la “subida” en la partida destinada a becas (un 0,2%), que deja esta cifra como la más alta de la serie histórica con 1.416 millones destinados a becas generales. El responsable de Educación también ha incidido en el cumplimiento de una de las promesas que realizó en el Congreso hace dos semanas: la recuperación de las ayudas a la compra de libros de texto que había eliminado su predecesor, José Ignacio Wert. El ministerio dedicará 24 millones ya para este curso, que no están contemplados en el Presupuesto, y otros 24 millones para el siguiente. Esta partida llegó a alcanzar los 100 millones antes de ser suprimida.

Las otras dos medidas en las que ha hecho hincapié Méndez de Vigo han sido la partida destinada a las becas de movilidad internacional Erasmus, que ascenderá a 173,5 millones de euros, y la elaboración de un Estatuto del Docente (que el ministro llama “libro blanco”) para regular el acceso y desarrollo de la carrera profesional de los docentes, una vieja reivindicación del sector que ningún ministro ha sido capaz de sacar adelante. Ha precisado que lo impulsará a partir de septiembre.

Regreso a 2011

Méndez de Vigo se ha mostrado especialmente satisfecho con la recuperación de la tasa de reposición del 100%, medida que impulsa el Gobierno para todos los sectores “prioritarios”, entre los que se incluye la Educación y también la Sanidad y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El ministro destacó la apuesta por la “estabilidad laboral” que supone esta medida, que impulsa el Gobierno central y se amplía a las Comunidades, según explicó. En la actualidad cuando un funcionario de carrera se jubila es sustituido por un interino o directamente no es sustituido. Con la vuelta de las oposiciones otro funcionario de carrera ocupará esa plaza vacante.

“Supone aliviar la situación de los interinos y dar un horizonte a los docentes a corto y medio plazo”, ha señalado Méndez de Vigo. El ministro señaló que esta es una de las principales reivindicaciones que le han realizado “todos los consejeros” de las Comunidades Autónomas durante la ronda de contactos que ha emprendido desde que llegó a Educación. “Es enormemente importante, una noticia realmente buena que afecta a muchas personas que veían que trabajaban en precario”, se ha felicitado.

La tasa de reposición de bajó en 2012 al 10% —se reponía sólo una de cada diez jubilaciones—, cifra que a efectos prácticos se tradujo en que no se realizaban oposiciones a maestro. Con la subida en los Presupuestos de la tasa al 50% este verano han vuelto las oposiciones. Ahora que se recupera se presupone un aumento de la oferta para el próximo año. Pese a ello, los entre 30.000 y 25.000 puestos de trabajo perdidos en la educación —según los cálculos de diferentes sindicatos— no se van a recuperar por el momento.

A vueltas con las cifras

Una de cuestiones más llamativas de la comparecencia del ministro es que ha ofrecido unas cifras diferentes a las que Hacienda ha presentado esta mañana. Aunque el grueso de las partidas coincide, Educación maneja un presupuesto algo inferior al que dice Hacienda: 2.139 millones frente a los 2.483 referidos en el libro rojo de los presupuestos. La diferencia entre uno y otro, explican fuentes del ministerio, es que la partida mayor, a la que alude el departamento que dirige Cristóbal Montoro, incluye todo el gasto del Gobierno en educación en cualquiera de sus formas y maneje la partida quién la maneje. Por ejemplo, en esos 2.483 millones de euros (un 9,3% de gasto más que en 2015) se incluye la formación de parados, que corre a cuenta del Ministerio de Trabajo. Los 2.139 millones de euros a la que hacía alusión el ministro esta tarde corresponde al presupuesto exclusivo del Ministerio de Educación, y sube un 10,8% respecto a 2015.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha mantenido este martes una reunión con el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, en la que le ha pedido un cambio en la regulación de la tasa de reposición del 10% en las universidades (que permite renovar sólo uno de cada de diez profesores que salen). Le ha propuesto aplicar la denominada tasa de reposición dinámica (posibilidad de promoción interna, que no supone la creación de nuevas plazas). Según los datos ofrecidos por el consejero, las medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación supondrán la pérdida del 25% de la plantilla docente de las universidades públicas de Andalucía en los próximos 10 años.

En opinión del consejero, la tasa de resposición está conduciendo a una “descapitalización” del sistema universitario público. Desde el curso 2009/10, ha aumentado la cifra de alumnos, pero no ha crecido la cifra total de profesorado. En la comunidad autónoma, el 3,5% de la plantilla docente en el curso 2011/12 (últimos datos del ministerio) era mayor de 65 años, lo que implica que, sobre un total de 18.130 profesores, en torno a 640 están en condiciones de jubilarse. Con la aplicación de la tasa de reposición, sólo 64 profesores pueden incorporarse para cubrir esas bajas, lo que en la presente legislatura supondrá en Andalucía una pérdida superior a los 1.100 docentes.

El consejero ha advertido de que esta situación puede verse agravada en los próximos ejercicios dado que más de 1.400 profesores estaban en el curso 2011/12 en el tramo de edad de 60 a 64 años y habrán superado la edad de jubilación en el curso 2015/16. Igualmente, a 10 años, más de 5.000 docentes que en 2011 tenían entre 50 a 60 años alcanzarán la edad de jubilación (el 27% del total).

El problema de las becas

Por otro lado, el consejero le ha expuesto al ministro que el actual sistema de becas está restringiendo cada vez más el derecho a estudiar para quienes tengan recursos o superen un umbral académico superior, por lo que le ha reclamado al ministro que rectifique. El endurecimiento de los requisitos para acceder a una beca “supone el sustituir el derecho a una ayuda por razones de necesidad económica por un premio al rendimiento académico”. Para el consejero, esta medida, y otras como la subida de tasas, provocan que las becas dejen de ser pilares de cohesión social y dejen a estudiantes fuera del sistema universitario. Cabe recordar que el 25% de los beneficiarios del sistema de becas son andaluces.

Por último, en relación a las becas Erasmus, el consejero ha recordado que se han reducido de dos a uno los semestres de estancia en el extranjero de los alumnos, con mayores exigencias de rendimiento académico y nivel de idiomas para obtener más nivel de ayuda. Para José Sánchez Maldonado, este recorte de las becas va en contra del objetivo marcado inicialmente para las mismas: permitir que los alumnos puedan salir al exterior, aprender idiomas e integrarse en el modelo europeo.