El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha asegurado que el banco ha “aparcado” la búsqueda de un socio industrial para Nueva Pescanova, por lo que en la actualidad está abordando un proceso de posicionamiento de la compañía para fortalecer su proyecto empresarial, según recoge Europa Press.

Abanca controla el capital de la empresa de alimentación. La pasada primavera, llegó a un acuerdo con el grupo canadiense Cooke para negociar la venta de su 80% en Nueva Pescanova en una operación que valoraba la empresa en 800 millones de euros. Unas negociaciones que no han fructificado.

Ahora, Escotet asegura que Abanca ha priorizado la implantación del plan estratégico de Nueva Pescanova para “fortalecer” su proyecto empresarial, según ha indicado durante la presentación de los trabajos de transformación de la sede de Abanca en Vigo.

“Siempre habrá tiempo”

“Creemos que tiene mucho más valor ejecutar el proyecto y emplazar la búsqueda de socio industrial. Siempre habrá tiempo para eso. No es nuestra prioridad. La empresa va bien”, ha reivindicado Escotet, tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre la situación de Nueva Pescanova.

Escotet ha añadido que, para Abanca, la firma es “prioritaria” debido a su valor para Vigo y para Galicia, lo que se demuestra en el nivel de inversión que se ha ejecutado a lo largo de los últimos años.

Todo ello tras unos meses de negociaciones en la búsqueda de un socio industrial. Negociaciones que llegaron a su fin “de mutuo acuerdo”, ha asegurado, por ambas partes, por lo que el propio banco decidió continuar su hoja de ruta, manteniendo la propiedad.

La nueva estrategia empezó con la incorporación de Jorge Escudero como nuevo consejero delegado el pasado mes de septiembre. En octubre, Nueva Pescanova dio luz verde a un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a unos 76 trabajadores de oficinas.

Desde 2015, Abanca ha realizado, ha asegurado Escotet, un “considerable esfuerzo” para salvaguardar la viabilidad de la compañía y mantener los puestos de trabajo y su sede en Galicia.

La multinacional pesquera Nueva Pescanova ha informado de que va a despedir a un centenar de trabajadores de sus servicios centrales de Chapela (en Redondela, Pontevedra) y Madrid. El anuncio llega después de unos resultados del último ejercicio que mostraron unas pérdidas millonarias -53 millones de euros en el ejercicio fiscal que cerró en marzo- y en medio de las negociaciones para su compra por parte de la empresa canadiense Cooke.

En un breve comunicado, la compañía indica que ha trasladado a los comités de empresa y delegados sindicales su intención de iniciar el expediente, que justifica “por causas económicas y organizativas”. No concreta la cifra exacta de despidos que plantea y dice simplemente que son algo menos de un centenar y que, en total la plantilla la integran 10.000 personas, informa Europa Press.

El objetivo, dice, es “asegurar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo” y “adaptarse a un entorno global desafiante”. Añade que ha “explorado” otras alternativas y asegura que ha tratado de “minimizar el impacto” en los trabajadores.

“Tras los resultados del último ejercicio, derivados principalmente de los elevados costes y del entorno inflacionario, la compañía considera imprescindible optimizar su estructura para adaptarla a un mercado que atraviesa un momento muy difícil. Nueva Pescanova busca, con estos ajustes, mejorar su posicionamiento en el mercado y mantener la excelencia en sus servicios y productos”, finaliza el comunicado.

Nueva Pescanova, nacida tras la quiebra de la empresa que dirigía Manuel Fernández de Sousa -condenado a seis años de prisión por falsedad en las cuentas-, acaba de nombrar a un nuevo CEO, Jorge Escudero, en sustitución de Ignacio González.

La movilización de eurodiputados progresistas contra la granja de pulpos que la empresa Nueva Pescanova quiere impulsar en el puerto de La Luz y de Las Palmas en contra del criterio de los científicos se ha topado con un firme opositor: Vox. 31 parlamentarios europeos han enviado una carta al Gobierno de Ángel Víctor Torres en el que le piden que reconsidere la posibilidad de instalar ese criadero ante los “peligros” que encarna “no solo para el bienestar animal sino también para el medioambiente y la salud humana”. La preparación de esa misiva, con la que Los Verdes quieren presionar en contra de ese proyecto, conllevó un choque entre el representante de ese grupo al frente de la propuesta y el portavoz de Vox en el Parlamento, Jorge Buxadé, que le acusó de impulsar una “carta de contenido destructivo para con los intereses españoles” y salió en defensa de la “libertad de empresa” al señalar a los firmantes por “inmiscuirse en los planes empresariales” de la multinacional.

El eurodiputado Francisco Guerreiro envió un correo electrónico al resto de miembros de la Eurocámara en el que les pedía apoyo para trasladar al Gobierno canario la preocupación por el plan de abrir la primera granja de pulpos en Europa. “Estos planes colisionan con el Pacto Verde Europeo, que como sabéis tiene por objetivo hacer nuestro sistema alimentario sostenible. La industrialización de la cría de animales es dañina para los animales, los humanos y el medioambiente”, le decía a sus colegas sobre la ambiciosa política ambiental de la UE, contra la que se ha revuelto el PP europeo.

Unos días más tarde, el jefe de Vox en la Eurocámara respondió a ese mail, según el intercambio al que ha tenido acceso elDiario.es, reprendiendo al eurodiputado ecologista por lo que consideraba un ataque a los intereses españoles y defendiendo a la compañía. El parlamentario de la extrema derecha aseguraba que la oposición a ese plan supondría la paralización de una inversión de 65 millones de euros que se supone que crearán 300 puestos de trabajo y acusaba a los firmantes de trabajar para que “se impida avanzar hacia la necesaria soberanía alimentaria de España”.

“El 70% del pulpo que se consume en España procede de Mauritania y de Marruecos, países terceros cuyo respeto por las normas sociales, medioambientales y sanitarias son prácticamente inexistentes”, agregaba Buxadé, que reprochaba a Los Verdes que hubieran votado a favor de la modificación del Acuerdo de Marrakech que articula la concesión de subvenciones a la pesca a países menos desarrollados. Para el dirigente de la extrema derecha eso supone una “una merma en la competitividad de este sector en los países miembros de la Unión Europea”.

“La iniciativa no está influenciada por intereses sectoriales/económicos, sino por las opiniones de aquellos que nos eligieron”, respondió Guerreiro: “Es posible que sepa que la UE ya está regulando varios sectores para proteger los ecosistemas y la salud de nuestros ciudadanos. Entiendo que tal infraestructura daría empleo a esa región de su país, pero cuando los planes de las empresas multinacionales chocan con los intereses de los ciudadanos (potenciales peligros para la salud, buen estado de los ecosistemas, producción ética de alimentos y bienestar animal), entonces veo todo el derecho y el deber de que los políticos planteen sus preocupaciones o, como usted dice, interfieran en los planes comerciales y la libertad de empresa”.

Respecto al pulpo procedente de los países del norte de África, el eurodiputado ecologista le contestó que no se cría y, sobre el acuerdo para los subsidios, le recordó que la mayoría de su grupo parlamentario (ECR) se posicionó a favor de la iniciativa.“ Sin entrar en demasiados detalles, para mí fue probablemente el mejor acuerdo sobre subsidios a la pesca que pudo lograr la OMC en 2022, por lo que, aunque no es suficiente, es mejor que ningún acuerdo”, expresaba Guerreiro, que se mostraba partidario de que prosigan las negociaciones para “eliminar gradualmente los subsidios que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca”.

Críticas desde el inicio

Los planes de la compañía radicada en Galicia generaron un aluvión de críticas por parte de grupos animalistas desde el año pasado, cuando comenzaron a conocerse los detalles del proyecto. En concreto, rechazan criar en acuicultura a estos animales porque no los considera aptos para esta práctica. Al catalogarlos como seres sintientes, estiman que condenarlos a la cautividad les causaría daños psicológicos y físicos, unas tesis respaldada por estudios científicos.

Esta práctica es ahora posible porque desde 2018 un grupo de investigación del Instituto Español de Oceanografía dio con la clave para mejorar el cultivo larvario, que hasta entonces era inviable al no hallar una alimentación adecuada que permitiera su desarrollo. Entonces, Nueva Pescanova se hizo con la patente.

El rechazo se intensificó después de que el medio británico BBC, a raíz de una filtración de la organización Eurogroup for Animals, informara sobre las previsibles condiciones en la que estarán los pulpos dentro de la granja. Las criaturas se alojarían en unos 1.000 tanques comunitarios de agua en un edificio de dos plantas en la capital grancanaria, por lo que habría entre 10 y 15 especies conviviendo por cada metro cúbico. Además, recibirían luz artificial durante horas y serían alimentados con pienso de pescado.

Además, Nueva Pescanova pretende sacrificar a los animales introduciéndolos en recipientes de agua a -3 grados centígrados, una técnica que puede provocar estrés y dolor potencialmente intenso antes de la muerte, según diversos estudios. Si bien, la UE avala esta metodología y aún no existe normativa respecto a la manipulación de pulpos en investigación.

Por otro lado, desde la empresa se defiende que la cría en cautividad del pulpo es antigua y que se trata de una especie capaz de adaptarse a dichas condiciones; también se señala que ha desarrollado un biomarcador con el que van a poder medir las condiciones de estrés de los animales. Además, Investigadores del Instituto ECOAQUA, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, preparan un código de buenas prácticas para la matanza del pulpo de crianza, usando un método que no causa dolor, angustia o sufrimiento, en lugar de sacrificarlos en tanques de agua a -3 grados centígrados.

El proyecto de Nueva Pescanova fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de julio de 2021, en el que se anunciaba la solicitud de la entidad a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la concesión de dominio público. Pedía los permisos para ocupar una superficie de 52.691 metros cuadrados de superficie, 713 m2 de subsuelo y 517 m2 de espacios sumergidos.

La granja de pulpos ocuparía más de 50.000 metros cuadrados en el Puerto de La Luz y Las Palmas de Gran Canaria y produciría unas 3.000 toneladas anuales. El volumen total equivaldría a más del 10% de la producción nacional y a cerca del 43% de toda la acuicultura de Canarias.

El Gobierno de Canarias estudia actualmente la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Nueva Pescanova y aún se desconoce cuando comenzaría su implantación, que defiende la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro ha ingresado este martes en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir una pena de seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad en las cuentas de la compañía y otro de falsedad de información económica y financiera. La Audiencia Nacional lo había condenado incialmente a ocho años de prisión, pero el Tribunal Supremo los rebajó en dos. Los magistrados le habían dado, tras rechazar aclarar la sentencia, 10 días para presentarse voluntariamente. El que fue todopoderoso responsable de una de las empresas más pujantes de Galicia agotó ese plazo, informa Europa Press.

Las argucias contables en Pescanova para captar inversores disimulando el deterioro de las cuentas terminaron ante la Justicia. El Supremo absolvió a Fernández de Sousa de los delitos de estafa y falsedad documental, pero mantuvo el resto. Su ingreso en prisión coincide con las operaciones para que la canadiense Cooke se haga con Nueva Pescanova. Abanca, que tiene el 97,96% de la empresa, negocia la venta del 80% de las acciones. Este mismo martes se ha sabido que el banco, heredero de las extintas cajas gallegas, recoge en sus cuentas del año pasado unas pérdidas de 60,5 millones de euros en Nueva Pescanova en los tres primeros trimestres fiscales.

El fallo de la Audiencia Nacional sobre las ilegalidades en Pescanova relataba las prácticas llevadas a cabo por la antigua cúpula. La sentencia indicaba que, a raíz de la crisis financiera que estalló en 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía la empresa, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares.

Una vez conseguida, afirmaba, se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”.

Mientras Alberto Núñez Feijóo asegura que una empresa como Ferrovial tiene “derecho” a irse de España su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, acaba de incorporar matices propios en ese discurso, a cuenta de otro movimiento empresarial que sitúa en manos extranjeras a una empresa histórica de Galicia: El presidente de la Xunta reclama que la venta de Nueva Pescanova a la compañía canadiense Cooke debe garantizar que los empleos y la sede fiscal de la compañía se quedan en Galicia, al margen de quien sea su nuevo propietario y qué pasaporte atesore.

Rueda pide que las negociaciones de Abanca, actual propietaria de la fábrica de productos pesqueros procesados, con el grupo canadiense Cooke para la venta del 80% de la compañía no ponga en cuestión ni su “viabilidad” ni su domicilio social y fiscal en Galicia.

“Casi exigimos”

“Nueva Pescanova es una empresa fundamental en Galicia, igual que lo fue Pescanova en su momento. Por tanto, necesitamos, casi exigimos, que se mantenga la viabilidad de la empresa como se ha mantenido hasta ahora y, por supuesto, los muchísimos puestos de trabajo tanto en Galicia como en la flota que pesca por los mares de todo el mundo”, ha asegurado Rueda, en declaraciones a los medios, durante un viaje institucional que le ha llevado a Panamá.

“Eso tiene que implicar que el domicilio social y el domicilio fiscal se siga manteniendo en Galicia. Por tanto, eso es lo que pediremos en esta operación”. Pese a lo anterior, el jefe del ejecutivo gallego parece no ver con malos ojos la operación de venta ni al nuevo propietario de quien ha destacado que tiene “mucha experiencia” en materia pesquera.

Negocio millonario en dos años

Abanca se hizo con el control de la práctica totalidad de Nueva Pescanova hace dos años, cuando capitalizó deuda por valor de 542 millones de euros y superó el 97% de su capital social. El objetivo de Abanca es mantener una valoración a futuro de Nueva Pescanova en el entorno de los 800 millones de euros, lo que supondría que la entidad ingresaría un máximo de 640 millones de euros por la venta de su 80% de participación.

La entidad financiera ha subrayado que Nueva Pescanova mantendrá su marca actual y que la sede seguirá en Vigo. Además, continuará apoyando a la empresa al mantenerse como accionista minoritario y como “aliado bancario” de Cooke.

El Tribunal Supremo ha decidido dejar en seis años de prisión la condena de ocho que incialmente la Justicia impuso a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova. Los jueces retiran las condenas por los delitos de falsedad documental y estafa y también absuelve a la empresa auditoria, aunque mantiene indemnizaciones que suman 125 millones de euros para los afectados por el falseo masivo de las cuentas de la empresa.

La Audiencia Nacional declaró probado que la cúpula de la empresa, a raíz de la crisis económica de 2007, puso en marcha varios métodos irregulares para manipular sus cuentas, falsear su mala situación económica y así “obtener financiación bancaria”. Después, además, una vez obtenida la financiación se seguían manipulando las cuentas anuales y los documentos oficiales que reflejaban la situación de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores”.

Esos nuevos inversores captados por la falsa situación económica de Pescanova no sabían que la compañía tenía, en realidad, un agujero de 2.000 millones de euros en sus cuentas. El Tribunal Supremo confirma ahora que todos ellos tendrán que ser indemnizados con más de 125 millones de euros en total.

El Supremo rebaja de ocho a seis años la condena de cárcel del presidente, Manuel Fernández de Sousa. Mantiene su culpabilidad en delitos de falsedad de cuentas anuales y en la información financiera de la empresa y de alzamiento de bienes con su esposa como cooperadora necesaria. Según la Justicia, tanto él como su esposa sacaron cuatro millones y medio de euros de sus cuentas en España para llevárselo a Portugual una vez se hizo público que las cuentas de Pescanova no reflejaba la ruina real de la empresa.

La rebaja de condena viene después de que la sala de lo penal haya decidido retirar los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada, al entender que “no concurre engaño, causal al desplazamiento patrimonial, padecido por las entidades financieras”. Queda absuelto también el auditor externo de Pescanova junto con la compañía auditora, al entender que su actuación pudo ser “descuidada o desatenta” pero no delictiva en cuanto a las cuentas de Pescanova. Esto implica que la aseguradora de la auditora queda fuera del pago de las indemnizaciones como responsable civil.

La Dirección General de Consumo de Balears ha abierto un expediente sancionador a Pescanova, proponiendo de forma provisional una multa de 48.000 euros, por el producto denominado 'pasta del mar', tras una denuncia de Facua.

Según ha informado la organización de consumidores, la Dirección General balear considera que la denominación del producto implica una infracción grave de la normativa de consumo, al considerar el nombre publicidad engañosa.

En detalle, la normativa establece que la categoría de pastas alimenticias se aplica a productos “obtenidos por desecación de una masa no fermentada elaborada con sémolas, semolinas o harina procedente de trigo duro, trigo semiduro o trigo blando o sus mezclas y agua potable”. Sin embargo, ninguno de los tres productos comercializados como 'pasta del mar' lleva estos ingredientes.

Además, Facua también consideraba que la publicidad es engañosa en cuanto al contenido real de pescado. La organización de consumidores incide en que, aunque el producto lleve en su nombre un tipo concreto de pescado como reclamo -tallarines de bacalao, tallarines de salmón y espaguetis de merluza con tinta de sepia-, no son los únicos con los que están elaborados.

Por ejemplo, detalla Facua, los espaguetis de merluza llevan un 17% de merluza y un 40% de “proteína de pescado”, “sin dar más detalles sobre las especies utilizadas”. En los tallarines de bacalao el bacalao representa un 37%, al que se suma un 28% de merluza; y en los tallarines de salmón hay un 36% de salmón y un 22% de “proteína de pescado”.

En la resolución que firma el director general de Consumo de Balears, Félix Alonso, se considera que la comercialización de estos productos “induce a error” sobre “la verdadera naturaleza” de los mismos, “al confundirse con pasta alimenticia”. También considera una infracción la denominación con un tipo de pescado en particular teniendo en cuenta los porcentajes de composición, y el hecho de que en la lista de ingredientes de los espaguetis con tinta de sepia no se indique la cantidad de tinta utilizada.

Por todo ello, Balears propone una sanción provisional total de 48.000 euros atendiendo al “elevado volumen de ventas” de Pescanova y que afecta a “bienes de uso o consumo común, ordinario y generalizado”.

La asociación también denunció los hechos ante el Ministerio de Consumo, que desde mayo tiene potestad sancionadora ante este tipo de prácticas, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.

El juzgado de lo Social número 5 de Vigo ha declarado nula la sanción impuesta a una trabajadora del centro industrial de Nueva Pescanova en O Porriño (Pontevedra), a la que la empresa amonestó por haber vertido supuestamente acusaciones graves contra un jefe al que acusó de un episodio de acoso laboral y sexual.

Según se recoge en la sentencia, hecha pública este martes por el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG), esta trabajadora denunció que sufría acoso laboral y sexual por parte de un encargado y trasladó los hechos a la empresa, que activó un protocolo específico y constituyó una Comisión Investigadora interna. Dicha comisión se reunió a lo largo de varios meses, con cierto retraso debido al estado de alarma, y recabó diversos testimonios, si bien la trabajadora afectada acabó por desistir de la denuncia alegando que no tenía confianza en la imparcialidad de dicho órgano. Asimismo, a lo largo del proceso, la CIG interpuso una denuncia ante Inspección de Trabajo, ya que la empresa vulneró el principio de confidencialidad al que estaba sujeta esa comisión investigadora interna.

El órgano creado por la empresa acabó archivando la denuncia por el supuesto acoso aunque propuso revisar el comportamiento de la trabajadora, alegando que había vertido “graves acusaciones” contra su encargado y que había llevado cabo una “labor obstaculizadora” de esa investigación interna. Ese proceso acabó con una amonestación a la empleada por una falta grave. La trabajadora presentó recurso para impugnar esa sanción disciplinaria y ahora el juzgado de lo Social 5 de Vigo le ha dado la razón.

Según la resolución del juez, la obstrucción de la que se acusó a la operacia no se produjo en ningún momento y, de hecho, resalta que el archivo de la denuncia de acoso por parte de la comisión, no significa que careciese de “un mínimo de veracidad”. Así, se remite a la declaración de la trabajadora, que se reafirmó en dicha denuncia, y a la de dos testigos que reconocieron ciertos comportamientos “inadecuados” por parte de su superior.

El juez de lo Social también expone que, al margen del resultado de la investigación, era “vox populi” la denuncia de la mujer, todo ello a pesar de que la empresa estaba obligada a guardar la confidencialidad, y señala que la sanción impuesta no tenía “base fundada ni objetiva”.

El magistrado va más allá, y se remite a informes de diversos organismos e instituciones que reflejan que el acoso sexual y laboral es un problema que “se ceba” especialmente con las mujeres, y ha advertido de que, en este caso, la actitud de la empresa pudo haber actuado como “barrera disuasoria” no solo para la empleada afectada, sino para alguna otra compañera que, en algún momento, tuviera que denunciar hechos similares y buscase el amparo patronal.

Por todo ello, el juez estima la demanda de impugnación y anula la sanción de amonestación impuesta a la trabajadora, al tiempo que condena a la empresa a abonarle 6.251 euros por el daño moral derivado de la vulneración de su derecho a no ser discriminada por razón de género.

El responsable de la FGAMT de la CIG, Suso García, ha trasladado en rueda de prensa la satisfacción de la central por esta resolución judicial, y ha lamentado “las formas” del departamento de Recursos Humanos del grupo Nueva Pescanova que, no solo archivó la denuncia por supuesto acoso, sino que “aún por encima” sancionó a la perjudicada.

Patricia Mariño, abogada del sindicato, ha recordado que ya la Fiscalía acogió la petición de nulidad y ha valorado que el juez no solo reconozca que se vulneró su intimidad, sino también su derecho a no ser discriminada. “Es una victoria moral que resarce, aunque solo en parte, lo que esta mujer tuvo que vivir”, ha proclamado.

Mientras, Esther Mariño, técnica de Igualdad de la CIG, ha hecho hincapié en la reflexión del magistrado sobre el efecto disuario que, ha criticado, buscaba la empresa. Según ha apuntado, en prácticamente todas las empresas, en mayor o menor medida, las mujeres víctimas de acoso no cuentan con apoyo de su patronal.

“Lejos de protegerlas, se entorpece cualquier denuncia y, en casos extremos como éste, en el que Nueva Pescanova incumplió su propio protocolo, se llega a sancionar a la trabajadora”, ha afirmado.

El empresario Alfonso Paz-Andrade falleció este lunes tras sufrir un accidente de tráfico. Se salió de la vía con el coche que conducía y se estrelló contra el muro de una vivienda en Gondomar (Pontevedra). El suceso ocurrió en torno a las 15.20 horas en la parroquia de Petieiros.

Paz-Andrade, que tenía 80 años, era hijo del empresario e intelectual ligado al galleguismo Valentín Paz-Andrade. Su trayectoria profesional estuvo relacionada siempre con el mundo de la pesca y la maquinaria naval. Fundó la empresa Ibercisa y a finales de los 70 entró a formar parte de la dirección de Pescanova, la compañía que su padre había creado junto a José Fernández, progenitor de Manuel Fernández de Sousa. Salió del consejo de la pesquera en 2007 por discrepancias con este último. Fue condenado por la Audiencia Nacional a una pena inicial de un año de cárcel y una multa, aunque después se le redujo a ocho meses y una multa.

En abril de 2013 se supo que había vendido una gran parte de sus acciones por 2,55 millones de euros. Fue solo unos días antes de que se suspendiera la cotización de Pescanova, en plena crisis de la multinacional, tras destaparse su enorme agujero. Tras el juicio por las prácticas fraudulentas para obtener financiación para la empresa y por falsear las cuentas para captar inversores, Manuel Fernández de Sousa fue condenado a ocho años de prisión.

Paz-Andrade fue director de la revista Industrias Pesqueras, presidente del comité ejecutivo de la World Fishing Exhibition y miembro de varias asociaciones sectoriales de pesca, así como vicepresidente de Mutua Gallega, y vicepresidente del consejo de Novacaixagalicia, la entidad nacida de la fusión de las cajas gallegas Caixanova y Caixa Galicia. También fue miembro del Consorcio de la Zona Franca de Vigo y del Consejo del Puerto olívico, entre otros cargos. En el ámbito cultural, fue miembro del Consello da Cultura Galega, perteneció a la Fundación Castelao y a las fundaciones Neira Vilas, Luis Seoane, Fundación Galicia-Europa, Fundación Caixa Galicia y Fundación Sales.

O pasado martes unha sentencia da Audiencia Nacional poñía en cuestión a fusión das caixas galegas no mesmo día en que o mesmo órgano condeaba a Manuel Fernández de Sousa a oito anos de cárcere por falsear as contas de Pescanova. O rescate das caixas significou 9.000 millóns de euros de diñeiro público mentres que a modesta cifra de débeda que intentou ocultar Manuel Fernández ascende aos 2.000 millóns. A pregunta é: pechan esas sentencias un ciclo? Son xa causa xulgada?

Escribía hai case dez anos Josep María Vallés que se o século XIX español vivíu a desamortización da terra e o final do século XX contemplou o das empresas públicas, a desaparición das caixas de aforros compuxo, no século XXI, unha terceira desamortización que permitiu traspasar un enorme volume de negocio –o 50% do negocio bancario en España– a mans dos bancos privados. Se a primeira desamortización non alterou a estrutura da propiedade da terra, e a segunda deixou intocado o carácter oligopolítico de grandes empresas fornecedoras de servizos como Telefónica, Repsol ou Aldeasa, a terceira constituíu un enorme bocado que tragaron ou van tragar con enorme beneficio os grandes bancos.

A crise bancaria de 2008 supuxo enormes esforzos –paro, pobreza, desafiuzamentos e suicidios– que habería que lembrar, aínda que sexa un tópico afirmar que as sociedades contemporáneas teñen memoria de peixe. Non é fácil saber as cifras do rescate bancario dada a opacidade coa que se manexan estas cousas pero o economista Juan Laborda calcula que as axudas ao sector bancario –medidas de capitalización, adquisición de activos, garantías e avais, préstamos e liñas de liquidez– rondan os 730.000 millóns de euros. A folla de ruta pactada por políticos e grandes banqueiros co fin de acabar coas caixas de aforro, transformándoas en bancos privados cumpriuse ao dedillo.

Quérese dicir que hai que enmarcar a desaparición das caixas galegas nun proceso máis amplo de oligopolización do sistema financeiro español. Rajoy e Zapatero, movidos polo estoupido da burbulla, e por unha Merkel que quería, naturalmente, que as súas caixas e bancos cobraran os préstamos, puxeron o marco normativo. O Banco de España, como fixo sempre, non controlou nin vixiou absolutamente nada e, pola súa vez, a Xunta aplaudiu con entusiasmo, ata o último día, calquera desfeita dos próceres económicos do país. E así se escribiu a historia.

Pero ese proceso de oligopolización, que fai ouvidos xordos ao perigo do too big to fail [demasiado grande para caer], aínda está en curso. A última noticia foi a entente cordiale Bankia-Caixabank pero todo induce a pensar que as fusións, bendecidas polo BCE e o Banco de España continuarán. Abanca pode ser unha das entidades a fusionar. De feito, na prensa económica lese que Abanca tentou ou está tentando esa posibilidade co Banco Sabadell. Non é a única opción posible.

Se así fóra, a historia se repetiría: pecharían sucursais, despediríanse traballadores, empeorarían salarios e condicións de traballo, etcétera. O máis probable é que Abanca, unha entidade que forma parte de Banesco, non sexa a estación termini do grupo venezolano. Polo demais, á oligopolización bancaria séguelle como a súa sombra á concentración empresarial. Pescanova está hoxe en mans de Escotet: Abanca posúe máis do 80% das accións de Nueva Pescanova. Así se pecha o bucle das dúas sentencias.

Que o destino de Abanca deba enmarcárse nun contexto máis xeral non significa que as cousas non puideran ter sido doutro modo. O mesmo que a conducta do emérito non tería sido posible sen o silencio cómplice e a aquiescencia de tirios e troianos, a desastrosa xestión das caixas galegas non sería posible sen o concurso necesario dunha sociedade con baremos de información obxectiva e exame crítico por debaixo de cero. Foi necesaria unha suma exorbitante de xenuflexións múltiples ante o paso de Gayoso&Méndez para que o abismo pasara desapercibido. Os dous despediunos non unha sociedade, a galega, escrupulosa cos seus negocios e intereses, senón un ninja –no job, no income, no assets– de Alabama. É unha vergoña, pero é así.

Se os dous gobernaron, con ánimo bonapartista, transformando entidades de carácter social sen ánimo de lucro, ao servizo do desenvolvemento económico do país, en fincas privadas no que as súas camarillas obtiñan pingües beneficios non foi, non puido ser, sen o conformismo de tantos e a complicidade dos beneficiados. A historia das dúas caixas espero que sexa agora mesmo obxecto dalgunha tese que dea conta dos detalles. Un só dato impresionista: a Gayoso nomeuno Portanet, alcalde sen o que non se entende o Vigo de posguerra, no ano 1965 e durou ata 2012. Un caso de libro de autoreproducción das elites. Pola súa banda, Méndez foi o financeiro do lobbie coruñés que, durante moito tempo, marcou a axenda de Galicia. Hai que entender as contornas dos dous, se queremos entender algo.

Tal vez niso é no que hai que incidir. É fácil arrincar pólas da árbore caída pero agora o que importa é extraer conclusións para que a sociedade galega non caiga nunha inopia culpable na que o chibo expiatorio sexa, como sempre, a condición da auto absolución dos propios pecados. Atrévete a pensar, escribiu un clásico, e por suposto que a ignorancia pode ser deliberada. Mirar para outro lado nunha sociedade de intereses mestos e na que erguer a voz pode significar a morte civil encerra unha confesión de culpa. Tal vez agora mesmo estean sentándose as bases do próximo desastre.

(A miña versión do que pasou outrora publiqueina neste medio noutra ocasión e aquí a deixo para quen teña curiosidade)

O que, naturalmente, non lle quita responsabilidade concreta a Feijóo, nin ao Banco de España, nin, por certo, as auditoras –KPMG– que santifican calquera cousa que lles poñan por diante. Feijóo, claro que axudado polos grandes medios de comunicación do país, é un mestre do ilusionismo. Un toque de variña por aquí, un toque por aló e voilá! é capaz de facer desaparecer o elefante na sala. Ás veces Feijóo é presidente, outras, só un señor que pasaba por alí e que escoitou algo nalgunha parte. Pode dar, para xustificarse, os mesmos argumentos que Rodrigo Rato –que a culpa é dos que tiñan que vixíar o que el facía para que non o fixera– ou negar con descaro ao Parlamento galego –o núcleo da soberanía popular– a información que precisa para deliberar con criterio formado. Sabe que nas portadas do día seguinte nin tan sequera se mencionará tal ínfimo detalle...

A primeira responsabilidade dun gobernante é ter unha idea de a que porto hai que levar o barco. E non parece que Feijóo saiba, soubera ou, nin tan sequera, quixera saber nalgún momento a onde ir. Coa mentalidade dun profesional da política, dos que tanto abundan, todo se queda para el en administrar unha finca no día a día sen gastar o cerebro en ter unha perspectiva. No seu período de goberno producironse, entre outras, a desaparición do Banco Pastor, de Caixa Galicia e CaixaNova, do Etcheverría, do Banco Gallego, de R, ou a chusca historia de Pemex que tamén se verá nos xulgados. Veremos o que pasa con Alcoa. Só o traslado dos servizos centrais do Banco Pastor a Madrid supuxo a perda de 800 postos de traballo. Ao tempo, a sede fiscal de certo número de empresas vaise para un Madrid que practica o dumping fiscal con enorme prexuízo para outras comunidades. Pola súa vez, a industria agroalimentaria sucumbe ao capital foráneo. E suma e segue.

Naturalmente que a Xunta só pode facer o que pode facer e non outra cousa. Pero si pode ter algún plan. E o certo é que non hai en Galicia política económica digna dese nome, nin, en realidade, política económica ningunha, fóra de cadrar as contas. Non se ve iniciativa ningunha. É un país, todos o sabemos máis ou menos conscientemente, de pouco futuro cun goberno que vende moito fume. Claro que vivimos mellor que hai unhas décadas, e que hai maior produtividade, e que a renda per cápita mellorou. Pero ao mesmo tempo, hai datos que mostran que o horizonte se achata. A poboación esmorece, as empresas galegas desaparecen e os rapaces mellor formados emigran en masa alí onde podan atopar traballos cualificados. A Madrid, a Berlín ou a Shangai.

Que Deus nos libre de que as grandes empresas do país –Citröen, Inditex– entren en crise porque sería tráxico para Vigo e Coruña. En Galicia non hai ningún debate consistente sobre o futuro económico do país e sobre os posibles camiños a transitar. Sabemos que a AP-9 é un pesado fardo que levamos enriba grazas a Álvarez Cascos e que hai que poñer en valor as nosas cidades e a interrelación co norte de Portugal –o así chamado Eixo Atlántico– e que habería que investir en I+D+i e facer aínda que fora algúnha breve análise DAFO da situación, pero todo iso ocupa pouco espazo e ningunha decisión executiva.

Pero non se ve que ninguén pegue un chío. Galicia vai ben, que diría o ínclito. Todo vai perfecto cun goberno que di que sabe o que fai, mentres o tecido industrial esmorece e se sabe que Galicia perderá 200.000 habitantes nos próximos dez anos. Sucede que, en Galicia, os periódicos son como son, os partidos políticos son como son, e, tal vez, a fin de contas, a xente, a que manda algo, é como é.

El pasado martes una sentencia de la Audiencia Nacional ponía en cuestión la fusión de las cajas gallegas en el mismo día en que el mismo órgano condenaba a Manuel Fernández de Sousa a ocho años de cárcel por falsear las cuentas de Pescanova. El rescate de las cajas significó 9.000 millones de euros de dinero público mientras que la modesta cifra de deuda que intentó ocultar Manuel Fernández asciende a los 2.000 millones. La pregunta es: ¿cierran esas sentencias un ciclo? ¿Son ya causa juzgada?

Escribía hace casi diez años Josep María Vallés que si el siglo XIX español vivió la desamortización de la tierra y el final del siglo XX contempló el de las empresas públicas, la desaparición de las cajas de ahorros compuso, en el siglo XXI, una tercera desamortización que permitió traspasar un enorme volumen de negocio –el 50% del negocio bancario en España– a manos de los bancos privados. Si la primera desamortización no alteró la estructura de la propiedad de la tierra y la segunda dejó intocado el carácter oligopolístico de grandes empresas abastecedoras de servicios como Telefónica, Repsol o Aldeasa, la tercera constituyó un enorme bocado que tragaron o van a tragar con enorme beneficio los grandes bancos.

La crisis bancaria de 2008 supuso enormes esfuerzos –paro, pobreza, desahucios y suicidios– que habría que recordar, aunque sea un tópico afirmar que las sociedades contemporáneas tienen memoria de pez. No es fácil saber las cifras del rescate bancario dada la opacidad con la que se manejan estas cosas, pero el economista Juan Laborda calcula que las ayudas al sector bancario –medidas de capitalización, adquisición de activos, garantías y avales, préstamos y líneas de liquidez– rondan los 730.000 millones de euros. La hoja de ruta pactada por políticos y grandes banqueros con el fin de acabar con las cajas de ahorro transformándolas en bancos privados se cumplió al dedillo.

Se quiere decir que hay que enmarcar la desaparición de las cajas gallegas en un proceso más amplio de oligopolización del sistema financiero español. Rajoy y Zapatero, movidos por la explosión de la burbuja y por una Merkel que quería, naturalmente, que sus cajas y bancos cobraran los préstamos, pusieron el marco normativo. El Banco de España, como hizo siempre, no controló ni vigiló absolutamente nada y, a su vez, la Xunta aplaudió con entusiasmo, hasta el último día, cualquier destrozo de los próceres económicos del país. Y así se escribió la historia.

Pero ese proceso de oligopolización, que hace oídos sordos al peligro del too big to fail [demasiado grande para caer], aún está en curso. La última noticia fue la entente cordial Bankia-Caixabank, pero todo induce a pensar que las fusiones, bendecidas por el BCE y el Banco de España, continuarán. Abanca puede ser una de las entidades a fusionar. De hecho, en la prensa económica se lee que Abanca intentó o está intentando esa posibilidad con el Banco Sabadell. No es la única opción posible.

Si así fuera, la historia se repetiría: cerrarían sucursales, se despediría a trabajadores, empeorarían salarios y condiciones de trabajo, etcétera. Lo más probable es que Abanca, una entidad que forma parte de Banesco, no sea la estación termini del grupo venezolano. Por lo demás, a la oligopolización bancaria le sigue como su sombra la concentración empresarial. Pescanova está hoy en manos de Escotet: Abanca posee más del 80% de las acciones de Nueva Pescanova. Así se cierra el bucle de las dos sentencias.

Que el destino de Abanca deba enmarcarse en un contexto más general no significa que las cosas no pudieron haber sido de otro modo. Al igual que la conducta del emérito no habría sido posible sin el silencio cómplice y la aquiescencia de tirios y troyanos, la desastrosa gestión de las cajas gallegas no sería posible sin el concurso necesario de una sociedad con baremos de información objetiva y examen crítico por debajo de cero. Fue necesaria una suma exorbitante de genuflexiones múltiples ante el paso de Gayoso&Méndez para que el abismo pasara desapercibido. A los dos los despidió no una sociedad, la gallega, escrupulosa con sus negocios e intereses, sino un ninja –no job, no income, no assets– de Alabama. Es una vergüenza, pero es así.

Si los dos gobernaron, con ánimo bonapartista, transformando entidades de carácter social sin ánimo de lucro al servicio del desarrollo económico del país en fincas privadas en las que sus camarillas obtenían pingües beneficios no fue, no pudo ser, sin el conformismo de tantos y la complicidad de los beneficiados. La historia de las dos cajas espero que sea ahora mismo objeto de alguna tesis que dé cuenta de los detalles. Un solo dato impresionista: a Gayoso lo nombró Portanet, alcalde sin el que no se entiende el Vigo de posguerra, en el año 1965 y duró hasta 2012. Un caso de libro de autoreproducción de las élites. Por su parte, Méndez fue el financiero del lobby coruñés que, durante mucho tiempo, marcó la agenda de Galicia. Hay que entender los entornos de los dos, si queremos entender algo.

Tal vez es en eso en lo que hay que incidir. Es fácil arrancar ramas del árbol caído, pero ahora lo que importa es extraer conclusiones para que la sociedad gallega no caiga en una inopia culpable en la que el chivo expiatorio sea, como siempre, la condición de la auto absolución de los propios pecados. Atrévete a pensar, escribió un clásico, y por supuesto que la ignorancia puede ser deliberada. Mirar para otro lado en una sociedad de intereses densos y en la que erguir la voz puede significar la muerte civil encierra una confesión de culpa. Tal vez ahora mismo estén sentándose las bases del próximo desastre. (Mi versión de lo que pasó la publiqué en este medio en otra ocasión y aquí la dejo para quien tenga curiosidad).

Lo que, naturalmente, no le quita responsabilidad concreta a Feijóo, ni al Banco de España, ni, por cierto, a las auditoras –KPMG– que santifican cualquier cosa que les pongan por delante. Feijóo, claro que ayudado por los grandes medios de comunicación del país, es un maestro del ilusionismo. Un toque de varita por aquí, un toque por allá y, ¡voilá!, es capaz de hacer desaparecer el elefante en la sala. A veces Feijóo es presidente; otras, solo un señor que pasaba por allí y que escuchó algo en alguna parte. Puede dar, para justificarse, los mismos argumentos que Rodrigo Rato –que la culpa es de los que tenían que vigilar lo que él hacía para que no lo hubiera hecho– o negar con descaro al Parlamento gallego –el núcleo de la soberanía popular– la información que precisa para deliberar con criterio formado. Sabe que en las portadas del día siguiente ni tan siquiera se mencionará tal ínfimo detalle...

La primera responsabilidad de un gobernante es tener una idea de a qué puerto hay que llevar el barco. Y no parece que Feijóo sepa, haya sabido o, ni tan siquiera, haya querido saber en algún momento a dónde ir. Con la mentalidad de un profesional de la política, de los que tanto abundan, todo se queda para él en administrar una finca en el día a día sin gastar el cerebro en tener una perspectiva. En su período de gobierno se produjeron, entre otras, la desaparición del Banco Pastor, de Caixa Galicia y Caixanova, del Etcheverría, del Banco Gallego, de R, o la chusca historia de Pemex que también se verá en los juzgados. Veremos lo que pasa con Alcoa. Solo el traslado de los servicios centrales del Banco Pastor a Madrid supuso la pérdida de 800 puestos de trabajo. Al tiempo, la sede fiscal de cierto número de empresas se va para un Madrid que practica el dumping fiscal con enorme perjuicio para otras comunidades. A su vez, la industria agroalimentaria sucumbe al capital foráneo. Y suma y sigue.

Naturalmente que la Xunta solo puede hacer lo que puede hacer y no otra cosa. Pero sí puede tener algún plan. Y lo cierto es que no hay en Galicia política económica digna de ese nombre, ni, en realidad, política económica ninguna, fuera de cuadrar las cuentas. No se ve iniciativa ninguna. Es un país, todos lo sabemos más o menos conscientemente, de poco futuro con un Gobierno que vende mucho humo. Claro que vivimos mejor que hace unas décadas, y que hay mayor productividad, y que la renta per cápita mejoró. Pero al mismo tiempo, hay datos que muestran que el horizonte se achata. La población esmorece, las empresas gallegas desaparecen y los jóvenes mejor formados emigran en masa allí donde puedan encontrar trabajos cualificados. A Madrid, a Berlín o Shangai.

Que Dios nos libre de que las grandes empresas del país –Citröen, Inditex– entren en crisis porque sería trágico para Vigo y A Coruña. En Galicia no hay ningún debate consistente sobre el futuro económico del país y sobre los posibles caminos a transitar. Sabemos que la AP-9 es un pesado fardo que llevamos encima gracias a Álvarez Cascos y que hay que poner en valor nuestras ciudades y la interrelación con el norte de Portugal –el llamado Eje Atlántico– y que habría que invertir en I+D+i y hacer por lo menos algún breve análisis DAFO de la situación, pero todo eso ocupa poco espacio y ninguna decisión ejecutiva.

Pero no se ve que nadie proteste. Galicia va bien, que diría el ínclito. Todo va perfecto con un Gobierno que dice que sabe lo que hace, mientras el tejido industrial se desvanece y se sabe que Galicia perderá 200.000 habitantes en los próximos diez años. Sucede que, en Galicia, los periódicos son como son, los partidos políticos son como son, y, tal vez, a fin de cuentas, la gente, la que manda algo, es como es.

Más que una sentencia que convierte a otro empresario modelo en un mero delincuente y castiga con ocho años de cárcel la contabilidad creativa de Pescanova, el fallo de de la Audiencia Nacional contra Manuel Fernández de Sousa, el todopoderoso presidente de la multinacional que se expandió por los mares de cinco continentes, es una condena a toda una era. A aquellos tiempos de complicidades políticas, empresariales y de la banca donde todo era posible, incluidos balances firmados por auditoras independientes capaces de esconder 600 millones de euros de pérdidas en un año y deudas acumuladas por más de 3.000. Ya está probado que los directivos del gigante de los congelados se inventaron las cuentas para lograr financiación y que la rueda siguiera girando, como si no estuviera quebrado.

Los 610 folios de la Audiencia Nacional constituyen un elocuente tratado de mala praxis empresarial y el epílogo de una saga familiar que durante décadas logró hacer negocios con el régimen sandinista en Nicaragua, la Sudáfrica del apartheid, dictaduras de todo tipo en Africa y por supuesto también en Galicia.

Como en tantas otras historias de dinastías hereditarias, la idea revolucionaria la tuvo el padre, Pepe Fernández, un emprendedor que empezó transportando carne en furgonetas que guardaban el frío por las carreteras gallegas durante el franquismo, y pensó que se podría hacer lo mismo por mar con grandes buques congeladores. Junto a Valentín Paz Andrade, abogado de navieras e intelectual ligado al galleguismo republicano, fundó Pescanova para que los barcos partiesen de Vigo a pescar y congelar por mares de medio mundo. La empresa se erigió en un emblema de la pequeña burguesía gallega lanzada a conquistar los océanos y llegando a acuerdos de reparto de capturas con dictaduras y repúblicas de muy distinto signo.

En 1980, tras la muerte del fundador, fue Manuel quien agarró el timón de la empresa. Su hermano José María, se quedó al frente de Zeltia, un laboratorio que investiga y vende productos farmacéuticos, desde el principio también muy ligado al mar. La expansión que el segundo de los Sousa había imaginado para la multinacional de congelados pasaba por una salida a Bolsa que garantizase el control familiar de la firma. En las tres décadas siguientes Pescanova ya no dejaría de crecer. Y cuando tropezó ahí estaban las cajas de ahorros y los gobiernos para rescatarla.

La Xunta de Manuel Fraga, gran amigo de Sousa y que ya lo había sido de su padre, acudió en su auxilio en la década de los noventa con ayudas directas y préstamos por valor de 10.000 millones de pesetas, mucho más de lo que representan hoy los 60 millones de euros al cambio. Y cuando no estaba el Gobierno, aparecía Caixa Galicia, para aportar financiación e incluso entrar en el accionariado, donde llegó a ser propietaria del 25% de Pescanova.

El calendario es terco y ha querido que este martes coincidiese la condena a Sousa con la publicación de un auto de la Audiencia Nacional donde se constata que la ruina de la fusión de las cajas gallegas –que costó al Estado 8.000 millones de euros en un rescate que ya no va a recuperarse– se debió al agujero de excesos de Caixa Galicia y al empeño de los poderes públicos por fusionarla con Caixanova.

Al frente de Caixa Galicia estuvo durante décadas otro viejo conocido de Sousa y también de Fraga: José Luis Méndez, factótum de la caja y que saltó de los puestos directivos justo antes de que se descubriese el gigantesco boquete de la entidad. No se fue con las manos vacías, se llevó con él 18 millones de euros de indemnización. Mientras los directivos de Caixanova acumulan condenas por su gestión y sus millonarias pensiones, Méndez pasea en bicicleta a la orilla del mar por Pontedeume, la villa coruñesa donde tiene su mansión.

Los 'señores de Galicia'

Méndez y Manuel Fernández de Sousa formaron parte de eso que se llamó “los señores de Galicia”. Una casta que no se detenía ni ante la política, que tantas veces actuó de cómplice, ni ante la prensa encargada de arroparles, ni siquiera muchas veces ante la ley. Las corporaciones que dirigían ambos acabaron quebradas, pero mientras se mantuvieron en pie ejercieron un poder omnímodo. Pocos desde las instituciones o los medios de comunicación osaban toser a aquella élite económica. Algunos de los que lo hicieron lo pagaron caro.

El presidente de la Xunta entre 2005 y 2009, el socialista Emilio Pérez Touriño, intentó cambiar algunas cosas. De entrada, le dijo a Fernández Sousa que el permiso que le había otorgado Fraga para levantar una piscifactoría de rodaballo en un paraje protegido dentro de la Red Natura en el paradisíaco Cabo Touriñán, plena Costa da Morte, no se iba a llevar a cabo. El Gobierno formado por socialistas y nacionalistas se prestaba a dar facilidades para buscar otras ubicaciones, pero vetó ese emplazamiento. Eso desató una furibunda campaña mediática contra el bipartito.

Pescanova fletó esta vez no barcos sino microbuses de periodistas hacia Mira (un pueblo costero portugués a 100 kiómetros de Oporto), donde se disponía a montar otra granja acuícola. Esa inversión figuraba en los libros de la empresa como otro más de los proyectos de expansión de la multinacional, independiente de la granja de rodaballos de Cabo Touriñán. Pero alguna prensa lo presentó como la prueba del empresario ejemplar que se ve obligado a llevarse fuera los negocios y los puestos de trabajo por culpa de los caprichos del poder político. Durante aquellos días tragicómicos se difundieron publirreportajes del pueblo portugués que saludaba a Pescanova en una especie de Bienvenido Mr. Marshall, se epeculaba sobre el pleno empleo de la pequeña villa marinera y se daban cifras de cientos de puestos de trabajo directos, que se multiplicaban al sumar los indirectos. El tiempo dejó claro que no habría tal maná. “La mayor factoría de rodaballo del mundo” fue en realidad un ruinoso negocio que acumuló 170 millones de euros en deudas y se abocó al concurso de acreedores. Los bancos portugueses que habían concedido los créditos acabaron vendiendo la planta en 2017 a una firma lusa que, en el momento de la compra, contaba con un capital social de 500 euros. 

Pero eso fue mucho más tarde. El choque con el bipartito que había jubilado a su amigo Fraga, llevó a Fernández Sousa a escribir una carta en La Voz de Galicia, otro periódico nada hostil durante aquellos años con Fernández Sousa, en la que una semana antes de las autonómicas de 2009, avisaba a los gallegos de que o ganaba Feijóo, o las inversiones de Pescanova en su tierra peligrarían. El título del artículo no dejaba lugar a muchas dudas: “No se puede esperar más”. La izquierda había gobernado tres años y medio en los últimos veinte en Galicia.

Meses más tarde, Alberto Núñez Feijóo, ya al frente del Gobierno autonómico, quiso agradecer aquella campaña. En la entrega del Grelo de Ouro, uno de esos premios con los que los poderes políticos y empresariales se agasajan unos a otros en Galicia, el presidente de la Xunta definió a Fernández de Sousa con una frase premonitoria: “Es uno de esos empresarios que convierten sueños en realidades”. La convivencia con el Gobierno del PP volvió a ser mucho más plácida para el capitán de Pescanova, pero tampoco estuvo exenta de roces. En la Consellería de Mar, el departamento que gestionaba los temas de pesca en el Gobierno de Feijóo, algunos técnicos todavía recuerdan los efectos de las llamadas de Sousa y sus directivos para recordar quién mandaba allí. 

Resulta que a la entonces conselleira de la Xunta, Rosa Quintana, se le había ocurrido colocar unas jaulas para regenerar marisco en el mar cerca de una planta acuícola de Pescanova. Fernández Sousa dejó claro que no iba a aceptarlo. El dueño de la empresa llamaba a los medios con tono paternalista haciendo ver que la conselleira recibiría una llamada que mandaría parar mientras inundaba las páginas de los diarios con planchas de publicidad de los barquitos de Pescanova surcando el mar. La pugna se estiró unos días, hasta que Quintana hizo público el cambio de ubicación de sus jaulas.

Sousa había vuelto a ganar. Como lo había hecho antes, con una televisión nacional allá por el año 2001, tras la emisión de un reportaje en el que unos biólogos contaban que los palitos de pescado podían ser palitos pero no llevaban mucho pescado. La cadena fue amenazada con retirar toda la publicidad de Pescanova, si no se emitía una noticia contando que en medio de la crisis de las vacas locas y los temporales una buena alternativa para la mesa eran los platos congelados. Dicho y hecho. 

Las amenazas de Sousa, que hacía temblar a sus directivos cuando entraban en el despacho, no eran en vano. Durante el invierno de 2013, cuando ya habían saltado las tapas de la alcantarilla de la empresa, despidió a un informático de una subcontrata, que estaba casado con una periodista del diario Expansión. La redactora había publicado noticias sobre los líos de la compañía. 

“Podía llamarte 20 veces al día un sábado”

La prensa, que lo había agasajado hasta la exageración durante sus años de bonanza, se convirtió en una de sus grandes obsesiones: si alguien difundía informaciones contrarias a sus intereses debían rodar cabezas en las redacciones. Sus propios directivos vivían amedentrados por su mal humor y las visitas a los despachos de la planta noble constituían auténticas pesadillas, más atroces a medida que se iban revelando los secretos de una multinacional de cartón-piedra. “Podía llamarte 20 veces al día un sábado si tenía algún empeño. No había manera de pararle”, admitía hace unos años uno de sus directores generales sobre el día a día en la empresa. 

En aquella época, a partir de la crisis de 2008, los departamentos financieros y de contabilidad habían empezado a falsear los números –la Audiencia Nacional condena también a la auditora BDO al pago de una multa y a satisfacer más de 51 millones en concepto de responsabilidad civil– para tapar un hoyo millonario, conseguir financiación entre sus cajas de ahorros y bancos amigos, y mantener el castillo en el aire. Pescanova SA llegó a falsificar facturas por 3.000 millones de euros para acceder a nuevos créditos cuando el boquete amenazaba con engullir a la compañía.

Juan Pavía, el fiscal de Anticorrupción que llevó al banquillo a Sousa y la antigua cúpula de Pescanova describió así sus prácticas en su último alegato ante el tribunal hace un par de meses: “No hablamos de unos millones arriaba o abajo sino de más de 2.000 de pasivo oculto. En un desbalance tan grosero que es imposible que obedezca a un error. [...] Para solucionar los problemas de Pescanova no solo eligieron el camino equivocado, sino que escogieron el delictivo. Y lo eligieron cuando el sistema les brindaba posibilidades para no hacerlo”

Sousa no se había rendido fácilmente, durante el último lustro ha cargado contra la banca, contra los accionistas, contra casi todos, incluso después de entregar el trono en 2013. Y pese a haber cobrado un sueldo anual de un millón de euros denunció a su empresa por despido improcedente. Reclamaba 666.000 más. Desde hace siete años peleaba para no ir a la cárcel e incluso había decidido enfrentarse a entrevistas incómodas por primera vez en su vida. 

Todo ha sido en vano. La condena, que aún puede recurrir, le ha llegado a los 70 años. Su descenso a los infiernos tuvo de todo. Incluso una amante que se dedicó a airear los correos electrónicos desesperados que el empresario le mandaba a medida que avanzaba la investigación y que acabaron publicados en la prensa, una vez desmoronada aquella red de protección. Importantes despachos de abogados llegaron a manejar documentación sobre Fernández Sousa mucho menos decorosa. El empresario que según Feijóo convertía sueños en realidades había llevado sus capacidades demasiado lejos.

Domingo, 22 de febrero de 2009. Falta una semana para las elecciones gallegas y las últimas encuestas de la campaña dibujan un escenario ajustado para la trascendental cita electoral del 1 de marzo. En las páginas de opinión del diario La Voz de Galicia el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, firma un artículo con el formato de carta abierta. Lo titula No se puede esperar más y manifiesta que en Galicia “es necesario un cambio urgente” para eliminar “atascos en barreras ideológicas, idiomáticas o geográficas”. El texto forma parte de la ofensiva del empresario contra el Gobierno de PSdeG y BNG, que a mediados de 2006 había revocado la autorización que le había otorgado en 2005 el gabinete de Manuel Fraga en funciones para instalar una piscifactoría de rodaballos en el espacio protegido de cabo Touriñán, protegido por la red Natura.

En aquellas vísperas electorales Pescanova estaba anunciando la inminente inauguración de una factoría semejante en Mira, una localidad costera portuguesa a apenas 100 kilómetros de Oporto. El acto oficial no se celebró finalmente hasta junio, pero antes de los comicios la multinacional había organizado una visita de la prensa gallega para profundizar en la idea fuerza que transmitía desde hacía meses y que el PPdeG y su candidato a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contribuían a amplificar: Pescanova había tenido que “deslocalizarse” por culpa del bipartito y estaba generando en Portugal cientos de puestos de trabajo que había perdido Galicia. Apenas cuatro años después la macroplanta de Mira se convirtió en uno de los principales lastres de la ruina de la empresa, un proceso que en el caso de esta piscifactoría acaba de culminar en su venta por parte de tres de los cuatro bancos portugueses que habían financiado su puesta en marcha, también subvencionada por el Gobierno de Portugal de la época, el del después encarcelado José Sócrates.

El Grupo Nueva Pescanova confirmaba esta semana en un comunicado la pérdida de Acuinova-Mira, la empresa del grupo a través de la que operaba en la que nació como mayor factoría de rodaballo del mundo y a la que en los últimos meses intentó “salvar”. Acuinova estaba desde comienzos de año en un Processo Especial de Revitalização de Empresas (PER), una figura de la legislación portuguesa semejante a la ley concursal abordada desde un juzgado de Coímbra en cuya documentación figuran las abultadas cantidades que la empresa adeuda a sus acreedores, más de 165 millones de euros de los que unos 94 corresponden a las tres entidades que acaban de ejecutar la venta. Son, concretamente, 31,63 millones de Novo Banco -antiguo Banco Espírito Santo-, 31,43 millones de la Caixa Geral y una de sus filiales y otros 3,2 millones con el Millenium BCP. A estas cantidades se añaden además 31,09 millones del Banco Portugués de Inversión (BPI), que no ha formado parte de esta operación.

Batalla política por una autorización ilegal

La nueva propietaria de la piscifactoría de Mira es una empresa de nueva creación, Ondas e Versos, nacida en Lisboa el pasado febrero con un capital social de 500 euros. Es el paradójico destino de una factoría que emplea a 127 personas -De Sousa auguraba “más de 200 empleos directos y 600 indirectos”- y de la que ya han salido decenas de empleados que, como acreditan los documentos del PER, todavía esperan para cobrar por conceptos como indemnizaciones por despido o pagadas extra retrasadas. Todos ellos se vieron afectados desde el inicio de la actividad por los errores de construcción que Pescanova se jactaba de haber culminado en “tiempo récord”, defectos estructurales que llegaron a provocar la muerte de buena parte de los peces que la compañía estaba criando.

Este fracaso empresarial, una pieza más del rompecabezas de mala gestión, cuentas falsas, deudas maquilladas e incluso paraísos fiscales que acompañó a la quiebra de 2013 y en el que todavía indaga la Audiencia Nacional, representa un panorama absolutamente opuesto al que el empresario, pero también el PP gallego, auguraban para los sector acuícola de Galicia si el Gobierno de socialistas y nacionalistas no hubiese la instalación de la factoría en plena Red Natura. No en vano, cuando en enero de 2007 De Sousa ya anunciaba que había cambiado Touriñán por Mira, Alberto Núñez Feijóo aprovechaba una visita a la sede de la compañía en Chapela, cerca de Vigo, para lanzar un mensaje a Emilio Pérez Touriño (PSdeG) y Anxo Quintana (BNG). El presidente y el vicepresidente, clamaba el líder conservador, tendrían que “reflexionar” y dejar de provocar “dificultades” para que Fernández de Sousa “ejerciera sus derechos constitucionales”. “La ecología empieza por las personas” y la Xunta, reiteraba, debería “rectificar”, “aceptar, facilitar y permitir” la piscifactoría en Touriñán y acto seguido, “pedir disculpas a los habitantes de la Costa da Morte” por provocar la “fuga de Pescanova”.

Las apelaciones de Feijóo no cesaron en sus años de oposición. Tampoco en la campaña de 2009 ni en su retorno al poder en ese año, toda vez que ya como presidente reiteró su interés en facilitar la instalación de Pescanova en Touriñán, que nunca llegó a producirse ni siquiera con la política de puertas abiertas a las piscifactorías en Red Natura que consagró el plan acuícola de 2012. En este tiempo Feijóo reiteró también que las autorizaciones que él mismo había avalado como vicepresidente de Fraga y conselleiro de Política Territorial en funciones habían sido plenamente “legales”.

Ese pleno “cumplimiento de las leyes” fue defendido por Feijóo hasta que, en febrero de 2015, el Tribunal Supremo dejó claro que esa legalidad no había existido. La planta autorizada en 2005 “en modo alguno era conforme a la legalidad” y había seguido un proceso de aprobación “irregular”, señaló la sentencia. Lo que sí había sido “legal”, por el contrario, había sido la nulidad aprobada por el bipartito. Ese fallo judicial, sobre el que Feijóo eludió responder en marzo de ese año, implicó para las arcas públicas gallegas el pago de un millón de euros a Pescanova, que con nuevos gestores al frente intenta ahora emprender un nuevo rumbo. Fernández de Sousa, por su parte, está a la espera de juicio por sus presuntos fraudes.

De historias de hijos que arruinan los negocios familiares están las hemerotecas llenas. La de Pescanova, una transnacional que faena en mares de los cinco continentes y logró engañar a un centenar de bancos antes de ir a la quiebra en 2013 es mucho más que eso.

El gigante alimentario pudo sobrevivir a aquello con respiración asistida: la banca acreedora tuvo que perdonar 2.000 millones de deuda en medio de una batalla por el control que se perpetúa en los juzgados y fuera de ellos. La sociedad, que ha tenido que cambiar la imagen corporativa, el consejo de administración y los principales directivos, sigue empleando a 12.000 personas en 27 países a través de su red de filiales. Pero el prestigio de una de las mayores compañías de congelado del mundo está hecho trizas tras décadas de corrupción, cuentas falseadas y desvío de dinero a paraísos fiscales que dirime desde 2013 la Audiencia Nacional.

Un dato para medir la magnitud del escándalo: la primera fianza para sus antiguos gestores fue de 1.200 millones de euros. El pleito acumula cuatro años de instrucción y todavía no se vislumbra la fecha del juicio.

Por primera vez en sus 56 años de vida de la empresa, los 700 empleados de la sede en Vigo han parado la producción este mes con dos huelgas que reclaman un convenio digno a la nueva propiedad. Pescanova, que el año pasado situó a los mandos del negocio a un gestor llegado de Campofrío, Ignacio González Hernández, ha declarado pérdidas por 36 millones en 2016 aunque su plan de viabilidad confía en cerrar 2018 con números negros. Ahí debe empezar la remontada para dejar atrás años de desventuras de su expresidente.

Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951), todopoderoso mandamás durante tres décadas, es el último héroe empresarial caído en Galicia arrastrado por un gigantesco escándalo de saqueo y fraude contable, incluidos varios intentos suyos y de su familia de sacar dinero fuera de España.

Su padre, Pepe Fernández, lucense y emprendedor en los años de penurias de la posguerra que hizo dinero con el transporte de congelados por carretera, le había legado algo más que una empresa boyante. Ideó un negocio nunca visto: instalar congeladores en los barcos que permitiesen pescar durante meses a miles de millas de tierra firme.

Con semejante invento y tras asociarse a un abogado mercantil de Vigo, Agustín Paz Andrade, alumbró una multinacional que empezó a explotar ya en la década de los sesenta los mares de Brasil, Argentina y Uruguay. Jesús Fernández ya había mostrado su intuición para los negocios años antes al fundar Zeltia, hoy Pharmamar, un laboratorio farmacéutico que hizo fortuna con sus patentes en los años 40.

Cuando llegó el momento de la sucesión familiar, Pescanova cayó en manos de Manuel, que asumió la presidencia en 1980, sin cumplir siquiera los 30 años. Zeltia la heredó su hermano José María. Durante un tiempo tuvieron tratos empresariales pero varios encontronazos rompieron la relación fraternal para siempre.

La segunda generación de la saga familiar sacó Pescanova a Bolsa, conservó la ambición del padre fundador y sumó la extraordinaria habilidad de Manuel Fernández de Sousa para relacionarse con los poderes fácticos: la política, los bancos y la prensa comieron de su mano hasta el último día en que el castillo de naipes se vino abajo en febrero de 2013.

Amigos banqueros

Gracias a su amistad con José Luis Méndez, sempiterno director general de Caixa Galicia, otro de los señores del dinero caído en desgracia, obtuvo crédito fácil durante los felices noventa para su expansión empresarial. Y cuando el capital foráneo hizo peligrar el control de la sociedad a finales del siglo XX, ahí estuvo el Gobierno de Manuel Fraga para extender la chequera: 12 millones de euros en ayudas públicas para blindar a uno de los suyos.

Amigo personal de Fraga y socio de una familia de intelectuales republicanos como eran los Fernández Paz, Sousa fue capaz de tejer contactos para explotar los caladeros de la Sudáfrica del apartheid al tiempo que sellaba acuerdos pesqueros con los gobiernos africanistas de Angola y Mozambique. También pactó con la Nicaragua sandinista.

Los medios de comunicación –donde invertía cientos de millones de pesetas en campañas de publicidad (la más famosa, la del capitán Pescanova)– nunca hicieron demasiado por husmear en la trastienda de la empresa. La prensa gallega cayó rendida cada vez que Pescanova presentaba sus resultados o anunciaba algún nuevo proyecto estratégico. Sousa recibía premios institucionales y se había erigido en uno de los pilares de ese régimen político que algunos llamaron fraguismo. Los pocos medios que decidieron vigilar sus negocios pagaron las consecuencias.

Como una televisión nacional, donde aún se recuerda la respuesta de Fernández de Sousa en el año 2000 a un reportaje en el que varios científicos demostraban que sus palitos de marisco apenas contenían marisco: Pescanova amenazó con retirar toda la publicidad de la cadena y el resultado fue un contra-reportaje que recomendaba el consumo de congelados como alternativa a la carne en plena crisis de las vacas locas.

Con crédito fácil de los bancos, amigos en las administraciones y gobiernos de medio mundo y total impunidad mediática, afloró la personalidad autoritaria de Fernández de Sousa. Un directivo que le acompañó durante años recuerda cómo sus jefes de área le trataban de usted y entraban en su despacho con las piernas temblorosas a someterse a sus gritos.

“Podía llamarte 30 veces al día si se empeñaba en algo, daba igual que fuesen noches o fines de semana. Vivía para el trabajo y siempre manejó la sociedad como su cortijo, por mucho que fuera una empresa cotizada”, recuerda este alto cargo que le acompañó durante años.

En la cerrada atmósfera de la élite empresarial explotó su inmunidad hasta el punto de levantar un puerto deportivo repleto de ilegalidades a los pies de una playa con el único permiso del entonces presidente de la autoridad portuaria en Vigo, Julio Pedrosa, militante del PP y una de esas autoridades con las que el señor de Pescanova alternaba en las cenas de la alta sociedad local.

En vísperas de las elecciones gallegas de 2009 Fernández de Sousa decidió cambiar de estrategia para dejar de influir directamente en los políticos y hacerlo sobre los votantes. Mandó una carta al diario La Voz de Galicia pidiendo el apoyo para el Partido Popular y amenazando con abandonar inversiones en Galicia si repetía el Gobierno de PSOE y BNG que presidió Emilio Pérez Touriño.

El pecado de Touriño había sido impedir a Pescanova levantar una piscifactoría en Cabo Touriñán (Muxía) en plena Costa da Morte sobre un terreno protegido por la red natura.

El rodaballo de la discordia

La coalición de socialistas y nacionalistas ofreció otras ubicaciones lejos pero el primer ejecutivo de Pescanova acusó a aquel Gobierno de querer convertir el paraje natural “en un merendero de Nunca Mais”. La prensa gallega respondió con publirreportajes sobre la planta de rodaballo que la multinacional había levantado en Mira (Portugal) destacando cómo había mejorado la vida de los vecinos al otro lado de la frontera.

Las granjas acuícolas de Mira resultaron una de las inversiones más ruinosas de la compañía, los peces se murieron, pero Pescanova intentó como pudo camuflar las pérdidas (70 millones de euros) ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No era la primera vez que recurría al maquillaje. Ni tampoco sería la última.

La huida hacia adelante concluyó en febrero de 2013: la compañía comunicó a la CNMV que no podría presentar las cuentas del ejercicio anterior. En las semanas siguientes afloró el descomunal agujero contable en sus presupuestos. Los mismos que hasta entonces había validado sin reparos BDO Auditores: 32 millones de beneficios en 2009, 36,2 un año más tarde, 50 en el ejercicio 2011 y 24,9 durante los tres primeros trimestres de 2012.

El balance ocultaba nada menos que 2.000 millones de euros en deudas financieras con un centenar de bancos. Y Caixa Galicia, intervenida de facto por el Banco de España y en medio de un proceso de fusión con Caixanova, ya no estaba ahí para salir en su auxilio con los créditos dudosos de otras veces. Según certificó KMPG, el boquete real era de 3.280 millones de euros, muy lejos de los mil que registraba la contabilidad oficial.

En marzo de 2013 las cosas empezaron a ponerse feas de verdad y el propio Sousa recurrió a sus viejos métodos. Se ocupó personalmente de presionar para que un proveedor informático de Pescanova despidiese al marido de una periodista del diario Expansión que estaba escribiendo artículos muy críticos con su gestión. El episodio se saldó con un comunicado crítico del Colexio de Xornalistas de Galicia.

Pero para entonces los titulares de prensa eran ya el menor de los problemas para el presidente de Pescanova. La investigación de la Audiencia Nacional reveló un carrusel de facturas falsas entre filiales y empresas pantalla. La facturación del grupo también era mentira. Diez mil pequeños accionistas se vieron atrapados con unas participaciones que no valían nada y que compraron basándose en la propaganda que el grupo enviaba a los medios.

Los miembros del consejo de administración se enzarzaron entonces en una batalla por quedarse los restos, y los enemigos internos de Fernández de Sousa (la familia Carceller, propietaria de Damm) aprovecharon para asaltar el poder. Sin éxito.

Huida hacia delante

Nada de esto pilló por sorpresa al magnate de los congelados. Él mismo Sousa lo dejó por escrito en su correspondencia con una amiga y confidente. No solo le confesó mientras su imperio se desmoronaba que intentaba vender por la puerta de atrás el 7% de sus acciones para salvar parte de su capital. En esos cruces de emails que aireó Interviú expresaba su temor a acabar en la cárcel.

Así consta en una de las cartas que remitió a su confesora el 14 de octubre de 2013, tres meses después de dimitir y solo un día antes de comparecer ante la Audiencia Nacional, desde su teléfono móvil: “Este será mi último mensaje en caso de que mañana dicten auto de prisión para mí. No tendré teléfono ni ningún otro medio electrónico, así que no volverás a tener noticias mías hasta que salga de prisión. Hoy borraré tu dirección de mi ordenador y Blackberry. Si salgo de este trance, te llamaré desde algún teléfono portugués”.

El empresario salió del trance y evitó la cárcel pero en sus siete horas de declaración ante el juez Pablo Ruz no aclaró el origen del quebranto patrimonial ni del maquillaje de sus números. Sí aseguró que tanto la banca como la empresa auditora estaban al tanto de sus manejos.

La filtración de esos mensajes íntimos evidencia que hasta los más cercanos han abandonado a quien fue un empresario modelo. Su esposa, María Rosario Andrade, también está imputada por tratar de desviar a una cuenta de Hong Kong cuatro millones de euros.

Hoy Fernández Sousa no es ni sombra de lo que fue. Las revelaciones del sumario lo han vuelto de carne y hueso. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le ha obligado a derribar parte de su puerto deportivo edificado en la orilla de la Ría de Vigo. Su rocambolesca demanda a Pescanova por despido improcedente –en la que reclamaba 600.000 euros por ser apartado de la gestión– recibió una reprimenda del juzgado mercantil.

Entretanto, la nueva Pescanova capitaneada por un consorcio de bancos (Abanca, la entidad que salió de la fusión de las cajas gallegas, Caixabank, Sabadell, Bankia, BBVA, Popular y UBI Banca) que controlan el 62% de la compañía tras condonar 2.000 millones, intenta salir a flote.

El 20% de la nueva sociedad sigue en manos de los viejos accionistas, que el miércoles decidieron impugnar la ampliación de capital de la matriz que pretende reducir su participación hasta el 3%. En ese pequeño grupo continúa Fernández de Sousa, apartado definitivamente del timón del emporio que heredó de su padre.

En julio de 2013, en pleno escándalo por el hundimiento de Pescanova, la periodista Lara Graña revelaba en Faro de Vigo que el presidente de la compañía pesquera había utilizado una red de empresas en paraísos fiscales para desviar fondos y obtener liquidez. Casi tres años después, con Manuel Fernández de Sousa alejado de la dirección de lo que ha quedado de la empresa e investigado por la Audiencia Nacional a causa de su gestión, la investigación periodística de los conocidos como papeles de Panamá' acaba de mostrar que el empresario reactivó una de sus empresas offshore, radicada en las Islas Vírgenes, justo cuando la compañía que dirigía estaba hundiéndose.

Según publica este jueves El Confidencial, periódico que junto al canal laSexta está difundiendo la filtración en la que indaga el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el 10 de julio de 2013, en plena crisis de Pescanova, un abogado de Ginebra, Alain B. Levy, se dirigió al bufete panameño Mossack Fonseca, centro de la investigación de los papeles, para solicitar un certificado que acreditara que, desde 2004, la sociedad International Gestion Finance S.A. estaba de baja y todos los bienes, transferidos a su propietario. A Manuel Fernández de Sousa, que estaba a una semana de perder la presidencia de Pescanova, justo cuando saltó a la luz, a través de una auditoría, la mencionada red de empresas en paraísos fiscales.

Esta compañía radicada en las Islas Vírgenes, consideradas paraíso fiscal, existía desde 1998 y había quedado fuera de operaciones en 2005, cuando Sousa, cuenta El Confidencial, no había pagado la cuota correspondiente para mantenerla activa. En aquellos tensos días de julio el abogado que representaba al empresario caído en desgracia le pidió también a Mossack Fonseca acreditación de que los bienes que había gestionado la sociedad, 8.564 acciones de otra empresa llamada Sodesco, habían sido “transferidas” a Sousa. Sodesco era, precisamente, una de las sociedades a través de las que el presidente de Pescanova ejercía su control de la entonces empresa gallega.

El bufete de Panamá, relata El Confidencial, respondió que no podía ofrecer ese certificado, ya que no tenía la información que precisaba para hacerlo. El abogado del empresario, en otro correo, aseguró que su cliente estaba “en disposición de confirmar que las acción de Sodesco en poder de IGF han sido transferidas” a Sousa, para así poder “liberar a los miembros del consejo” de la offshore. “La versión del cliente (...) cubriría cualquier responsabilidad del consejo”, agrega. La documentación de Mossack Fonseca, indica el periódico, no refleja que Sousa hubiese realizado tal acreditación ni a qué miembros del consejo de la empresa radicada en las Islas Vírgenes quería exculpar. Por la compañía, dice El Confidencial, llegaron a pasar “una docena de nombres diferentes”.

Tras salir a la luz la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, el periódico que la ha revelado se puso en contacto con el entorno de Sousa. Un portavoz del expresidente de Pescanova, segundo la misma publicación, afirma que International Gestion Finance “nunca se utilizó para obtener ninguna ventaja fiscal” y asegura que las gestiones realizada en 2013 sólo tenían como objetivo “que se certificara que la sociedad ya no existe ni es titular de nada”.

“Ejemplo de galleguismo” y de “pueblo ganador”

Este episodio se suma a las sombras económicas y judiciales que rodean a Sousa desde el fracaso de Pescanova, concretadas en la investigación de la Audiencia Nacional por el presunto falseamiento de las cuentas de la empresa, que todavía continúa. En el inicio del proceso, instruido por el juez Pablo Ruz, a Sousa le bloquearon sus cuentas bancarias y le impusieron una fianza de más de 170 millones de euros por su posible responsabilidad en la quiebra de la compañía. El pasado febrero, además, el Tribunal Supremo confirmaba una multa del Ministerio de Economía al empresario por importe de 300.000 euros a causa del modo en que gestionó la pesquera. Pocos años antes, el presidente de la Xunta situaba a Sousa como ejemplo de galleguismo“, de ”pueblo ganador“.

Este procedimiento supuso el abrupto final de una trayectoria empresarial íntimamente ligada al poder político y, en el caso gallego, concretamente al PP. Así, los populares gallegos apoyaron substanciosamente la Pescanova desde la Xunta con recursos económicos y ayudas, así como políticamente desde la oposición. Así, por ejemplo, durante el gobierno del bipartito de PSdeG y BNG el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tomó la bandera de la cruzada de Sousa para instalar una piscifactoría en el espacio protegido de cabo Touriñán que el PP había autorizado. “La ecología empieza por las personas”, decía entonces Feijóo mientras clamaba por los “derechos constitucionales” de Fernández de Sousa. La autorización de la factoría, según el Supremo, había sido ilegal.

En verano de 2005, hace algo más de diez años, el Gobierno en funciones de Manuel Fraga, que acababa de perder su mayoría absoluta, aprobó el Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaria. Un plan acuícola que fue posteriormente sustituido por el Plan de Acuicultura del Gobierno PSOE-BNG (2008) y el Plan Director de la Acuicultura Litoral aprobado por el PP en 2013. Como destaca la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), estas modificaciones normativas, unidas a varias sentencias judiciales han derivado en una casi permanente inseguridad jurídica que poco ha beneficiado al sector durante estos años“.

La entidad ecologista destaca que desde el regreso del PP al poder en 2009, los populares “han maniobrado para apartar cualquier obstáculo legal que pueda dificultar el negocio de la patronal acuícola, a pesar de que el sector -concretamente, la acuicultura industrial en tierra- comenzaba a dar signos de inestabilidad (bajada de precios, merma de la productividad, importaciones foráneas)”. “Poco después explotaría el caso Pescanova, que casi llevó a la quiebra a la principal empresa del sector”, añade. ADEGA concluye que “ante este panorama” la intención de la nueva Ley de Acuicultura recién presentada por la Xunta -ahora paralizada polas protestas del sector y parte del PP- “es clarificar las reglas de juego, esto es, acabar de despejar cualquier obstáculo para que, por la vía de la transformación del marisqueo en acuicultura, las multinacionales acuícolas tengan el camino legal expedito para ocupar sin problemas nuestra costa y nuestras rías”.

Cambios legislativos bajo el mando de Núñez Feijoo

Críticas de ADEGA a la nueva Ley de Acuicultura

ADEGA realiza una dura crítica al proyecto legislativo presentado por el Gobierno gallego, una enmienda a la totalidad que señala una serie de defectos y amenazas que la organización considera inaceptables. Para la entidad la norma está “desenfocada ya desde la misma exposición de motivos”, donde la Xunta hace referencia a las directrices de la FAO para justificar una intensivización de la acuicultura en Galicia. Sin embargo, recuerda ADEGA, la propia FAO señala “los 10 principios para el ordenamiento sostenible en la acuicultura costera”, entre los que se encuentran “consultar con la población local y todos los participantes”, “clanificar a pequeña escala, proyectos flexibles” o “mantener al mínimo las inversiones externas para reducir la dependencia”.

Por el contrario, para ADEGA, “este anteproyecto de Ley de Acuicultura de Galicia está diseñado para favorecer acuicultura industrial dominada actualmente por dos multinacionales, Pescanova y Stolt-Nielsen”. “Pretende justificar el desarrollo de grandes instalaciones y macropolígonos; obviar a la población local y la realidad socioeconómica del sector, dominado por los cultivos marinos y la pesca de bajura; dedicar cuantiosas subvenciones públicas al sector de la acuicultura industrial; y planificar exclusivamente con el objeto de que las empresas incrementen la producción de pescados de granja”, añade.

Un clásico que parece condenado a no descansar en paz. Ya ha transcurrido más de una década desde que el 28 de julio de 2005, cinco días antes de que el socialista Emilio Pérez Touriño tomara posesión como presidente, el Consello da Xunta dirigido por Manuel Fraga y vicepresidido por Alberto Núñez Feijóo aprobara definitivamente la autorización para construir una piscifactoría de la empresa Insuíña, filial de Pescanova, en el espacio protegido de Cabo Touriñán. A comienzos de este 2015 la “nulidad de pleno derecho” de aquella autorización quedaba definitivamente ratificada en el Tribunal Supremo, así como la legalidad de la paralización dictaminada por el Ejecutivo bipartito en 2006. No obstante, el actual Gobierno gallego insiste en defender aquel proyecto.

Hace escasos días la Consellería del Mar remitió al Parlamento la respuesta a una pregunta en la que, el pasado marzo, la diputada del BNG Ana Pontón cuestionaba al Gobierno sobre la “asunción de responsabilidades políticas tras la sentencia en la que se declara ilegal el permiso otorgado por el Gobierno gallego” para la construcción de esta piscifactoría. Lejos de admitir la ilegalidad evidenciada por el Alto Tribunal el departamento de Rosa Quintana insiste en defender la planta y, además, culpa al bipartito de la indemnización a la que la Xunta fue condenada para resarcir a Pescanova por la anulación, compensación contra cuya cuantía la actual Xunta no argumentó en los tribunales, según la sentencia del TS.

En este documento Mar le resta importancia al hecho de que “desde una perspectiva jurídico-formal” la anulación de la piscifactoría fuese legal, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y refrendó el Supremo, para entrar a valorar aquella decisión en “términos de acierto y oportunidad”. Para el Gabinete de Feijóo “resulta evidente” que, al anular la decisión que el actual presidente avaló como conselleiro -la autorización urbanística dependía de su departamento-, el Ejecutivo de PSdeG y BNG “optó por la vía más lesiva para los intereses de la Administración autonómica”. Llega a esta conclusión, afirma, “a la vista” de la sentencia de febrero, que condena a la Administración a pagarle 1 millón de euros a Pescanova por los “gastos en los que tuvo que incurrir en la tramitación del proyecto” autorizado irregularmente.

Según la Consellería, “lo idóneo” habría sido que el bipartito “examinara desde una perspectiva rigurosamente técnica si la futura ejecución del proyecto podría comprometer los valores naturales” del Cabo Touriñán y su entorno, “otorgando o denegando motivadamente la preceptiva autorización”. Pero “el bipartito -acusa- optó no solo por cercenar la eficacia del Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la costa gallega con respecto a aquellos espacios ubicados en Red Natura”, sino también “por suspender la tramitación de los proyectos sectoriales presentados al amparo de dicho plan cuyas instalaciones se proyectaran sobre tales espacios”.

Así las cosas, para el Gobierno la sentencia no es fruto del mal proceder del Gobierno del PP, sino de la “decisión adoptada por el Gobierno bipartito”, que según el actual Ejecutivo debería haber seguido adelante con la tramitación del parque hasta “otorgar o denegar motivadamente las autorizaciones preceptivas”. Según el Tribunal Supremo, “dicha planta en modo alguno era conforme a la legalidad urbanística” y por eso fue legal una anulación que, para Feijóo, era “desoladora” y atentaba contra los “derechos constitucionales” de quien entonces era presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. “La ecología -proclamaba Feijóo en aquellos días- empieza por las personas”.

El Tribunal Supremo acaba de escribir lo que, a priori, tendría que ser el último capítulo del contencioso en torno a la no nata piscifactoría de Pescanova en el cabo Touriñán (Muxía), en plena Red Natura. Como ya había hecho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) el alto tribunal español certifica que la luz verde a la factoría, otorgada en el verano de 2005 por el Gobierno de Manuel Fraga en funciones, adolecía de “vicios de nulidad de pleno derecho” y avala, además, la paralización decidida en 2006 por el Ejecutivo de coalición de PSdeG y BNG. Así, el Supremo ratifica la condena a pagarle un millón de euros a la empresa por la no construcción de una planta que en su momento generó una amplia controversia económica y ambiental pero que, sobre todo, constituyó toda una cruzada para lo PPdeG, que la convirtió en uno de los grandes argumentos de su oposición al bipartito.

La alianza de los conservadores y la empresa contra el Gobierno fue escenificada en diversas ocasiones y tuvo uno de los episodios más singulares en enero de 2007. Apenas seis meses después de la paralización del proyecto un Alberto Núñez Feijóo que todavía estaba asentándose en el liderazgo del PPdeG visitaba la sede de Pescanova en compañía de su presidente, Manuel Fernández de Sousa. Mientras la multinacional se jactaba de trasladar a la localidad portuguesa de Mira la inversión “bloqueada” por la Xunta Feijóo instaba a Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana a “reflexionar”. “Aún estamos a tiempo de tener la primera planta acuícola del mundo en Galicia”, clamaba, mientras lamentaba que Fernández de Sousa tuviera “dificultades para ejercer sus derechos constitucionales” en Galicia. “La ecología comienza por las personas”, ilustraba.

Las apelaciones políticas e incluso sentimentales se combinaban en el argumentario del PPdeG con alusiones a la legalidad. En su condición de líder de la oposición, pero también de ex conselleiro de Política Territorial y vicepresidente del gabinete Fraga que había dado las autorizaciones, Feijóo reiteraba las peticiones de “rectificación”. “La Xunta paralizó un proyecto legal y lo que es ilegal es paralizar un proyecto legal”, señalaba en un acto político en Lugo en mayo de ese mismo año. El Gobierno gallego, y más concretamente su presidente, les deberían “pedir disculpas a los habitantes de la Costa da Morte” y trabajar para evitar la “fuga de Pescanova”. “Acepte, facilite y permita” la puesta en marcha de la piscifactoría, le pedía a Touriño y al entonces conselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez.

Herramienta de campaña electoral

Como era de esperar, la frustrada y, según el TSXG y el Supremo, “en modo alguno conforme a la legalidad” planta de Pescanova fue también una de las herramientas de la campaña electoral que, hace este domingo seis años, finalizó con el triunfo de los populares. Así, durante la carrera electoral Feijóo prometió en innumerables ocasiones el “desbloqueo” de la inversión de la multinacional en Touriñán y, paralelalmente, tanto él como otros miembros del partido culpaban a la Xunta de impedir la generación de “cientos de puestos de trabajo directos e indirectos” en la Costa da Morte. Este fue el caso, por ejemplo, del secretario general del PPdeG y actual vicepresidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, que en un acto de campaña deslegitimó cualquier propuesta que el BNG pudiera hacer en materia pesquera, porque Anxo Quintana, decía, también era responsable de “expulsar a Pescanova de Galicia al vetar la granja acuícola” en Red Natura.

Una vez retornados al poder la insistencia por la piscifactoría de Touriñán no cesó. De este modo, ya en 2009 el Gobierno anunciaba que autorizaría de nuevo la construcción y el PP señalaba en el Parlamento que Feijóo no estaba haciendo más que “recuperar un proyecto demandado” en la zona y que “contaba con todos los permisos”, además de “con el aplauso de la población”. Mientras Fernández de Sousa se prodigaba en en la prensa los populares consideraban que el presidente de la empresa estaba “dejando en evidencia las mentiras del bipartito”, que no había hecho “nada por aprovechar los intereses” de Pescanova “por invertir en nuestra comunidad”. “El PSOE le negó una oportunidad histórica a la Costa da Morte”, aseguraba el portavoz conservador de Pesca, José Manuel Balseiro, quien lamentaba que el bipartito hubiese ido “en contra de la lógica, de la legalidad y de los intereses de los ciudadanos”.

Cambio normativo y quiebra

Con este telón de fondo en 2012 la Xunta culminaba el cambio del marco normativo para permitir factorías acuícolas en cualquier punto de la costa gallega, también en Red Natura. No obstante, el guión quedó definitivamente truncado cuando, en 2013, comenzó a salir a la luz que las cuentas de Pescanova habían sido, durante los últimos años, un enorme fraude. En abril de ese año la multinacional entró en un concurso de acreedores que duró más de un año y Sousa fue apartado de la dirección de la empresa. La planta portuguesa de Mira, que vino a sustituir a la de Touriñán, sobrevive gracias a un “acuerdo transitorio” con la banca -a la que le debe más de cien millones de euros- y está pendiente de contactos con “posibles compradores”, según ha publicado recientemente Faro de Vigo.

En la actualidad a Audiencia Nacional sigue investigando lo sucedido en la quiebra de la empresa, con un maremagnum de cuentas y facturas falsas y la imputación de Fernández de Sousa y otros antiguos dirigentes, como Alfonso Paz-Andrade. En 2010 Pescanova era todavía para la Xunta un “ejemplo de galleguismo” que “nos ayuda a ser un pueblo ganador” y Sousa, “uno de esos hombres que supieron transformar deseos en realidades e ideas en hechos”, como dejó escrito Castelao.

“Debería ser Feijóo quien pagase”

A sentencia del Supremo sobre la factoría de Touriñán está generando ya reacciones políticas en Galicia. La primera ha llegado desde el PSdeG, cuyo portavoz en materia de Pesca, José Ramón Valle, cree que “debería ser Feijóo, y no la Xunta con dinero de todos los gallegos” quien “pagara el millón de euros” de indemnización, toda vez que la condena es fruto de la “absoluta irresponsabilidad” del actual presidente.

Feijóo, acusa, fue un irresponsable por “impulsar este proyecto cuando era conselleiro de Política Territorial con Fraga contra la normativa de la Red Natura y el cumplimiento de la Ley del Suelo”. También lo fue en la oposición, dice, en este caso por “arengar al empresario contra el Gobierno e intentar torpedear la paralización del proyecto”. “Esta sentencia -afirma el socialista- pone en evidencia la especulación del PP con el territorio y su falta de escrúpulos por encima de cualquier protección de Galicia”, todo lo contrario, a su juicio, a la “sensatez, rigor y respeto a la tierra que ahora se demuestra que tuvo el gobierno presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño”.

También el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha salido al paso de la condena a la Xunta y de la constatación de la irregularidad de la decisión de 2005. En su caso, el líder del Bloque lamenta que “las ilegalidades de Feijóo y del PP” a “favor de sus amigos y sponsors” le cuesten un millón“ al erario.

Sentenza TS sobre Touriñán

En realidad creo que la capacidad de hacer aparecer y desaparecer las cosas ante las miradas más incrédulas, es tan intensa que nadie queda inmune a su hechizo. Incluso en sus versiones más toscas, sucias y canallas. Esto explica, por ejemplo, la inmutable pervivencia de los trileros. Porque, pese a los avances en la teoría del bosón de Higgs o las más increíbles propuestas surgidas de Silicon Valley, lo cierto es que nunca faltarán cándidos viandantes dispuestos a dejarse tentar por los cantos de sirena de un pícaro invitándoles a adivinar dónde está la bolita mientras sus manos ejecutan una vertiginosa coreografía de cubiletes sobre una mesa de cartón. Y siempre la bolita terminará desapareciendo ante sus ojos tan inevitablemente como el dinero de su ilusa apuesta.

La atracción por este juego que nos aguarda por las esquinas de Nueva York o Madrid, es tal que ha terminado dando sentido a nuestras sociedades postindustriales. Porque se equivocan quienes comparan las modernas economías con un casino ávido de colmar con ganancias a la banca. No. Hace tiempo que superamos esa fase superior del capitalismo para adentrarnos en este particular reino de trileros donde eso sí los timadores se nos presentan vistiendo las mejores galas de emprendedores.

Jenaro García, el ya expresidente de Gowex, ha sido uno de los últimos expertos surgidos en esto del arte de birlibirloque económico. Sus habilidades con el movimiento de cubiletes dejó extasiados a los apasionados por las serpientes bursátiles, hasta que estupefactos descubrieron que una vez más la bolita desaparecía y con ella se evaporaban cientos de millones de pequeños inversores. El resultado de las auditorías a la empresa de wifi acabarían así asemejándose a la vieja fórmula del prestidigitador: nada por aquí, nada por allá.

Tampoco sorprende su historia si pensamos que lo que ha caracterizado la Marca España es su capacidad para generar trileros. Vamos, que acumulamos escuela como vienen demostrando los directivos de Pescanova con su habilidad para volatilizar millones con la misma gracia con que la pequeña esfera parece pasar de un cubilete a otro hasta perderse en la ausencia. Por no hablar de la facilidad con que la banca española ha sabido pasar la factura de sus bolitas a las arcas pública. O la aportación de Enrique Bañuelos, ese gran maestro de la logia trilera que tras agotar su capacidad de encantamiento por los callejones de Astroc ahora vuelve a interpelar a los paseantes por la esquinas de Barcelona World con su seductor “¿dónde está la bolita?”.

Aunque para bolita esquiva la que en las últimas semanas le ha crecidoa la Generalitat Valenciana. Si Eduardo Zaplana con su bronceado irredento transmitía la imagen perfecta del embaucador de oro, al final fue Francisco Camps quien con su estética de monaguillo ataviado por Forever Young, acabó destapándose como un genio de la trapacería. Su empeño en aplicar las prácticas de la empresa privada a la gestión pública le llevaron a hacer desaparecer 2.600 millones de euros –hasta ahora- de las cuentas públicas con un sencillo y ágil movimiento de muñecas. Aunque su jugada maestra llegó sin siquiera proponérselo, al desaparecer del escenario antes de que Bruselas descubriera el engaño, para dejar al iluso Alberto Fabra con el rostro desencajado y los cubiletes acusadores en la mano. Ni Houldini lo hubiera hecho mejor.

Sin cobrar porque no pueden irse al paro ni su empresa tiene instalaciones para generar ingresos. Así se encuentran los 25 trabajadores de las filiales de Pescanova en Andalucía, que llevan más de un año sufriendo la situación de disolución de la compañía en sus carnes, y ahora han decidido pasar a la acción, movilizándose a las mismas puertas de la factoría gallega en Vigo.

Allí llevan varios días pidiendo que Pescanova les dé una solución, como explica a eldiario.es/andalucia Miguel Antonio López, uno de los trabajadores afectados por una situación que ha llegado a un punto difícilmente entendible.

Un kafkiana situación que se inicia cuando el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que les afectaba fue declarado nulo por un juez. Curiosamente, lo que para ellos tendría que haber sido una victoria se convirtió en un suplicio, ya que el juez obligó a la empresa a darles de alta, y la Seguridad Social les obliga a devolver el dinero que habían cobrado por el desempleo desde el pasado octubre. Deberían trabajar, que para eso están dados de alta, pero como Pescanova ya no tiene instalaciones no genera para pagarles. Resumiendo, no tienen derecho a paro, porque están trabajando, y no pueden buscar otro empleo por el mismo motivo, y si lo encuentran tendrán que renunciar a los derechos ganados en el juicio.

Juicio sin recurso

Y es que Pescanova decidió no recurrir la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Mercantil de Pontevedra, que declaraba nulo el proceso. La compañía los ha vuelto a dar de alta con fecha efectiva del 23 de junio pasado, pero no cobran. Así están 22 empleados que trabajaban en las instalaciones de Ayamonte (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda y San Fernando (Cádiz). Lo peor es que en el proceso de liquidación de la firma ya se han vendido las instalaciones de las factorías gaditanas, y la de Ayamonte está en proceso.

El grueso de la producción de Pescanova se concentraba en la planta de Ayamonte. En el resto de las plantas, San Fernando contaba con dos trabajadores, y Sanlúcar de Barrameda con uno. Hasta la venta de los activos de Cádiz, los empleados que quedaban en activo se mantenían “testimonialmente” en sus puestos de trabajo, pero ahora ya no tiene ni eso.

Acuinova solicitó el concurso voluntario de acreedores para poder hacer frente al volumen de deuda generado, ya que, según figura en el expediente de extinción de empleo, se consideraba viable la continuación de la actividad mediante un convenio que implicase una reducción del pasivo.

Sin embargo, una vez reducido el pasivo de forma sensible, los trabajadores siguen sin saber cuál va a ser su futuro, y reclaman, como mínimo, que la empresa les pague lo que el juez ha convenido para ellos.

Ayuda de sus compañeros

Para llevar a cabo sus acciones de protesta en tierras gallegas, los 15 trabajadores que se han desplazado están contando con la ayuda de sus compañeros de trabajo en la factoría de Vigo, que les están proporcionando desde alimentos a la posibilidad de acceder a la fábrica para usar sus aseos.

El resto del tiempo, para dormir, están usando una vivienda vacía con colchonetas en el suelo. “En esta situación pasaremos el tiempo que haga falta, porque lo que queremos es que Pescanova solucione nuestra situación, y no nos vamos a mover de aquí hasta que al menos nos digan qué va a pasar con nosotros”, concluye el mismo portavoz.

Sin embargo, no parece que el asunto tenga una solución fácil en el horizonte, vistos los últimos pasos que se han dado desde Galicia. Este lunes, el consejo de administración de Pescanova ha solicitado el concurso voluntario de acreedores para sus filiales Bajamar Séptima, Pescanova Alimentación, Frigodis y Frivipesca Chapela, según ha indicado la compañía hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ha detallado que estas peticiones se tratan de operaciones con especial relevancia para Pescanova debido a que está previstas en el convenio de acreedores de la pesquera aprobado por sentencia de 23 de mayo de 2014, ya firme, para la restructuración del Grupo Pescanova, por lo que asegura son operaciones necesarias para el buen desarrollo del cumplimiento del referido Convenio.