Abrir la aplicación de Telegram o X es introducirse en un vertiginoso mundo de rabiosa actualidad. Esta semana, el empresario José Elías ha sido tiroteado en la M-30, ha informado El Mundo. Afortunadamente, ha salido casi ileso. No obstante, ha denunciado que el Gobierno está tratando de silenciarle para impedir que difunda los detalles de su última inversión. “No me creas a mí. No creas a Sánchez. Pones 250 euros, que es el mínimo. Obsérvalo 30 días. ¿No funcionó? Lo sacas. ¿Funcionó? Metes más. Es la prueba más fácil que existe”, ha asegurado a la salida del Hospital La Paz.

A unos kilómetros, en la sede de RTVE, la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, ha abandonado el plató de Mañaneros 360 tras una pelea con su presentador, Jesús Cintora. El motivo, recoge la propia página oficial del ente público, es que Kindelán ha entrado en cólera cuando Cintora le ha mostrado una plataforma del Ministerio de Economía que usa “la misma tecnología” que los bancos. “El mismo principio. Los mismos algoritmos. La ganancia, eso sí, va para ustedes. No para el banco”, ha especificado. La AEB ha instado al juzgado a bloquear la emisión, pero no ha conseguido evitar la difusión de la transcripción de lo sucedido.

Tiroteos, peleas en directo, conspiraciones del Gobierno, secretos de Estado, operaciones de la industria bancaria para silenciar determinadas informaciones. La actualidad en las redes sociales de Elon Musk y Pável Dúrov es trepidante. Solo hay un problema: todo forma parte de un inmenso fraude. Los hechos nunca ocurrieron. Todas las páginas de los medios han sido falsificadas. Las imágenes de los protagonistas están generadas con IA. El portal oficial del Ministerio de Economía es una suplantación.

Es una barra libre de estafas que X y Telegram cobran por distribuir. Estos contenidos llegan a los usuarios a través de anuncios pagados por plataformas cripto que no están registradas para operar en España. Estas los camuflan como si fueran noticias difundidas por los propios medios a través de sus canales oficiales, o bien como recomendaciones de supuestos usuarios que las comparten asombrados por el hallazgo.

¿Algún anuncio es legítimo en Telegram?

La situación es especialmente grave en la plataforma fundada por el empresario de origen ruso Pável Dúrov. La redacción de elDiario.es ha monitorizado durante semanas la publicidad de la plataforma y ha podido comprobar que la inmensa mayoría de los anuncios que aparecen forman parte de una campaña de suplantaciones a medios de comunicación y uso sin permiso de la imagen de numerosas personas reconocidas.

En Telegram se da además la particularidad de que los anuncios se muestran dentro de los canales oficiales. Es decir, se insertan directamente en el flujo de comunicación que medios, ministerios, influencers o empresas utilizan para difundir sus propios contenidos legítimos, lo que multiplica el riesgo de que los usuarios confundan la publicidad fraudulenta con un mensaje real del canal al que están suscritos.

La plataforma de Dúrov ofrece a los administradores de canales públicos una vía para evitar que sus seguidores vean los anuncios, aunque no está al alcance de todos. Para activarla, deben conseguir “impulsos” —una suerte de votos de los que disponen los usuarios suscritos a Telegram Premium— o bien costear y sortear ellos mismos suscripciones entre su comunidad. En la práctica, esto significa que un administrador debe pagar o generar ingresos a Telegram para evitar que la plataforma cuele estafas a sus seguidores.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Telegram para preguntar por esta situación. Sin embargo, la plataforma ha preferido no contestar a cuestiones sobre por qué estos anuncios aparecen de manera reiterada, por qué es incapaz de detectar anuncios fraudulentos tan evidentes o cuánto dinero está obteniendo por distribuirlos. “La publicidad fraudulenta está expresamente prohibida por los términos de la plataforma de anuncios de Telegram, y la gran mayoría de estos intentos son bloqueados antes de llegar a mostrarse”, se ha limitado a comunicar.

El equipo de Dúrov ha insistido en tratar la situación como un hecho aislado. “En este caso, el anuncio se hacía pasar por un artículo de noticias y no fue detectado de inmediato por los sistemas de protección automatizados. Una vez identificado, el anuncio fraudulento fue eliminado”, continuaba el mismo portavoz. Cuando elDiario.es envió otro paquete con ejemplos de publicidad trampa mostrada en ese momento en la plataforma, la única contestación fue informar de que también se había retirado tras el aviso.

Pese a lo comunicado por Telegram, esta redacción ha podido comprobar que los chiringuitos cripto cuyos anuncios fueron retirados han seguido publicitándose en la plataforma con las mismas técnicas. Es decir, Telegram bloqueó los anuncios reportados, pero no vetó a las empresas que diseñan y promocionan estos engaños.

X sigue difundiéndolos tras ser multada

Una de las plataformas que se anuncia en Telegram mediante este tipo de publicidad fraudulenta es Quantum AI. En noviembre de 2025, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) multó a X con cinco millones de euros por no bloquear la publicidad de este chiringuito financiero, basada en la misma táctica: imágenes falsas de famosos como David Broncano o Antonio Resines y falsificaciones de páginas de medios de comunicación.

Pese al golpe de la CNMV contra X, el chiringuito Quantum AI sigue operando con total impunidad y es una de las plataformas cripto que elDiario.es ha encontrado en las últimas semanas anunciándose en Telegram. Pero la red social de Elon Musk tampoco parece haber hecho propósito de enmienda tras la sanción: aunque no son tan masivos como en la aplicación de Dúrov, en X los anuncios fraudulentos siguen siendo muy habituales.

Los ganchos van cambiando, pero en las últimas semanas el preferido de los estafadores parece ser también José Elías, al que se relaciona con Pedro Sánchez y una “misteriosa bolsa”.

No obstante, son solo la punta del iceberg. Además de los citados Alejandra Kindelán y Jesús Cintora, los estafadores están utilizando imágenes falsas del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; del economista Gonzalo Bernardos; del presidente de Mercadona, Juan Roig; de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; o de la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso.

El modus operandi es siempre el mismo: un contenido falsificado de un medio de comunicación y un personaje relevante generado con IA denuncia una conspiración secreta de los bancos o el Gobierno para ocultar una inversión a la que se puede acceder con un depósito mínimo de 250 euros.

elDiario.es ha preguntado a X por los anuncios trampa que siguen mostrándose en su plataforma, pero no ha recibido respuesta.

Plaga sin control

Desde la Asociación Española de la Banca (AEB), la patronal que integra a Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter o Abanca y que preside Alejandra Kindelán, han explicado a elDiario.es que denuncian a la CNMV cada vez que tienen constancia de este tipo de casos, que derivan en estafas. Lo mismo que Mercadona. “Denunciamos toda información falsa que pueda llevar a engaño utilizando nuestra imagen”, señalan a este medio fuentes de la compañía de supermercados valenciana.

La CNMV, por su parte, afirma que vigila la situación. “Somos conscientes de esta modalidad de fraude a través de redes, con anuncios falsos y deepfakes, hemos alertado en varias ocasiones sobre ellas y hemos actuado”, indican fuentes del organismo, recordando su multa a X. También avanzan que algunas plataformas han creado canales específicos de denuncia tras las conversaciones mantenidas con ellas sobre este problema.

Sin embargo, la situación ha ido a peor en los últimos años. Entre finales de 2023 y principios de 2024, elDiario.es documentó en una serie de reportajes cómo la plaga de anuncios trampa contagió primero a X, que se llenó de ellos, para luego extenderse sin control por Instagram, Facebook o YouTube. La campaña llegó a ser tan tóxica que obligó a Broncano y Resines a alertar de ella en un programa de La Resistencia.

Ahora, la IA ha agravado la situación: las falsificaciones son más creíbles y mucho más baratas de producir, mientras el modelo de negocio sigue intacto. “Para mí, aquí hay una responsabilidad clarísima de las redes sociales, porque si están cobrando por esto, son cómplices de la estafa”, destaca Borja Adsuara, abogado especialista en nuevas tecnologías y derechos digitales.

“Es una obligación de supervisión que tendría que ser suya. No debería valer con que bloqueen cuentas si al día siguiente aparecen otras 100 que hacen lo mismo. Debe existir una obligación de monitorización, y no obligar al pago de una cuenta premium para no estar expuesto a estafas”, continúa el jurista, haciendo referencia a la práctica de Telegram, pero también a la de X, cuyos usuarios deben pagar una suscripción para no ver anuncios.

Hay una responsabilidad clarísima de las redes sociales, porque si están cobrando por esto, son cómplices de la estafa

Borja Adsuara — abogado experto en nuevas tecnologías

“¿Con todo lo que presumen de la inteligencia artificial, de verdad no pueden crear una que lo detecte?”, se pregunta. Unos problemas de detección que, además, se dan en dos plataformas cuyos magnates han presumido de ser capaces de hacer lo mismo que su competencia empleando menos trabajadores.

Más allá de las sanciones administrativas que pueda imponer la CNMV, Adsuara sostiene que la persecución de estas tramas debería estar en manos de la Policía y de los tribunales. “No entiendo cómo no lo está persiguiendo la Fiscalía. No solo es que se perjudique la imagen de los famosos y de los medios, por supuesto, es que lo que también se perjudica es el bolsillo de los estafados”.

La jueza Ana López-Suevos ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula del periódico El Correo Gallego. La magistrada imputa un delito continuado de alzamiento de bienes al exdirector, José Manuel Rey Novoa, el antiguo gerente, Ángel María Remesar Zabaleta, las parejas de ambos y el entramado de entidades nucleadas en torno a la editora del rotativo, Editoral Compostela. El escrito señala además a Rey Novoa y Remesar como autores de otro delito de apropiación indebida, lo que suma dos solicitudes de condena que alcanzan los siete años de cárcel. La indemnización total que se le reclama a la trama alcanza los 2,7 millones en una causa en la que se han presentado 17 denunciantes: la propia Fiscalía; el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), a traves de la Abogacía del Estado; una empresa de reprografía y catorce antiguos trabajadores.

Con Editorial Compostela en una “situación financiera de insolvencia”, al menos desde el año 2018, el entramado organizado por Rey, Remesar y sus esposas –María Fátima Otero Bouzón y María Carmen Ruiz de Arcaute Auzmendi– buscaba esquivar a sus acreedores. Lo hacía repartiendo entre cinco sociedades y una multitud de cuentas bancarias los ingresos que continuaba recibiendo mientras adeudaba hasta 24 nóminas a sus trabajadores.

Ese operativo obligó durante meses al gerente de El Correo, Ángel Remesar, a realizar guardias nocturnas para vigilar las aplicaciones bancarias y desviar el dinero que entraba lo más rápido posible para evitar perderlo a manos de alguno de los muchos acreedores. Rey Novoa nunca se lo ocultó a esa plantilla a la que le adeudaba tantas mensualidades; al contrario. Según la UDEF –la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional–, llegó a decirles en una reunión que Remesar “realizaba todas las noches una vigilia para controlar los ingresos en las distintas cuentas para bloquearlas y evitar los embargos judiciales”. 

Las cinco empresas entre las que se movía el dinero –Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego, además de la propia Editorial Compostela– funcionaban así según “una auténtica unidad de caja (...) pese a la apariencia formal de separación jurídica”.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es. En él se relata cómo –entre la “precariedad” recogida en las cuentas anuales de 2018 y la declaración de concurso de acreedores en junio de 2022– El Correo acumuló una “importante” deuda frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, “numerosos proveedores” y, “de forma particularmente relevante”, sus trabajadores, “cuyos créditos salariales quedaron en gran medida impagados”.

El abogado del Estado recoge cómo consta en las actas del Consejo de Administración del citado año 2018 la búsqueda de “fórmulas de corto plazo” para poder seguir recibiendo ingresos, “especialmente de organismos públicos”, como campañas publicitarias de la Xunta o convenios, algo prohibido si existen deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Los 2,5 millones de la Xunta

La primera de esas fórmulas, y una de las que más han llamado la atención de los investigadores, fue obtener, aquel mismo septiembre, un préstamo de 2,5 millones de euros de la propia Xunta. El dinero llegó a través de XesGalicia, sociedad dependiente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), creada para “apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego”. El crédito estaba destinado, sobre el papel, a la “reestructuración financiera”. A la empresa le permitió ponerse al día tanto con la Agencia Tributaria como con el INSS y poder seguir accediendo a ingresos derivados de convenios “como los suscritos con la CRTVG”. Mientras, la deuda con la plantilla no dejaba de crecer. En octubre de 2020 –cuando tenía que haber empezado a devolver el préstamo– se cifraba ya en 4,7 millones de euros.

Según los informes de la UDEF, Rey Novoa se jactaba de “haber movilizado toda su capacidad de influencia” para rebajar la “mochila financiera” del periódico con aquel crédito. Lo hizo, primero, con una carta al director de XesGalicia, Fernando Guldrís, al que trataba como “Querido Fernando”. Sin embargo, según uno de los denunciantes –Caetano Díaz, que llegó a ser director adjunto del rotativo–, la cúpula de la sociedad desaconsejaba una operación que sólo “fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas al conselleiro de Economía, Francisco Conde”.

Conde era el hombre de Feijóo en asuntos de dinero. Llegó a ser vicepresidente de la Xunta y, cuando el actual líder del PP se fue a Madrid, se lo llevó con él, como parte de su núcleo duro, de diputado al Congreso, a donde volverá como cabeza de lista por Lugo pero, también, como ministrable. En la reunión en la que XesGalicia aprobó el préstamo por unanimidad, él fue uno de los que votaron a favor. Otro, el actual candidato a la alcaldía de Santiago por el PP, Borja Verea, entonces secretario general técnico de la Consellería.

En su carta a Guldrís, Rey Novoa explicaba cómo tenía previsto devolver un préstamo tan ventajoso que le eximía de pagar nada durante los dos primeros años: 1,6 millones saldrían de alquilar oficinas durante esos 24 meses y 400.000 más de un máster de periodismo online “dirigido por catedráticos de Santiago con la colaboración de todos los países latinoamericanos”. Los contratos de alquiler nunca se firmaron y el máster de periodismo jamás existió lo que, para la UDEF, “confirmaría que esos convenios o contratos no tenían contenido real alguno”.

El empresario no devolvió el dinero y dos años después, en 2022, el periódico entraba en concurso de acreedores. Sin embargo, unos meses antes, todavía se permitía protagonizar un último canto del cisne para la galería: la gala de los Gallegos del Año, que había sido suspendida en 2020 por la pandemia, regresaba a su cita a finales del 2021 con Feijóo presidiendo el acto como invitado de honor. “Un periódico que sobrevivió guerras y pandemias, merece seguir viviendo en las próximas décadas”, dijo entonces. Entre los homenajeados, en un acto de evidente sarcasmo, estaba la propia plantilla del periódico.

La trama

“A pesar de este estado de insolvencia, los acusados José Manuel Rey Novoa y Ángel María Remesar Zabaleta, actuando como administradores de hecho y de derecho de las entidades mencionadas, desarrollaron de manera consciente, persistente y coordinada una estrategia dirigida a evitar el cumplimiento de las obligaciones de pago de Editorial Compostela S.A. respecto de sus acreedores”, concluye la Abogacía del Estado.

Durante esos años, Editorial Compostela S.A., Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego “constituían en la práctica una única realidad económica y empresarial, plenamente integrada y caracterizada por una gestión unitaria de sus recursos financieros, pese a la apariencia formal de separación jurídica”. Esa estructura, dice, “funcionaba mediante una auténtica unidad de caja, en la que los ingresos y gastos derivados de la actividad del periódico El Correo Gallego eran canalizados indistintamente a través de las distintas sociedades mencionadas y, asimismo, mediante cuentas personales titularidad de los acusados”.

Es decir, los ingresos y gastos que producía el rotativo se repartían entre las cuentas de las cinco empresas pero, también, en. cuentas personales en las que participaban los cuatro acusados. “Todas las sociedades (...) respondían a una única realidad, siendo la separación formal una distinción artificiosa, con fines de elusión de responsabilidades, tanto ante los organismos públicos como ante los propios trabajadores”.

Abogacía del Estado concluye que, mientras las sociedades con deudas a la Seguridad Social pagaban los salarios y las cuotas correspondientes, el desvío del resto de fondos a otras cuentas evitaba la presencia de efectivo “que pudiera ser embargado por los organismos públicos acreedores”. No fue la única práctica fraudulenta detectada: algunas de las sociedades, que no tenían empleados, facturaban a clientes externos por los servicios que prestaban los trabajadores de la empresa deudora. Para eso se crearon nuevas sociedades sin cargas que pasaron a integrarse en el entramado empresarial.

“El funcionamiento descrito se apoyaba en la utilización de múltiples cuentas bancarias, tanto de las sociedades como de las personas físicas investigadas, a través de las cuales el dinero procedente de la actividad se hacía circular de forma constante, fragmentando los saldos y dificultando su localización y embargo”, recoge el informe. “Esta mecánica permitía mantener artificialmente reducidos los saldos de las cuentas titularidad de Editorial Compostela S.A., pese a la existencia de ingresos relevantes derivados de su actividad, eludiendo así las acciones ejecutivas dirigidas a la satisfacción de las deudas contraídas”.

Kawanda

Pero toda esta historia tiene varios epílogos. El último, del pasado año 2025 y con conexiones televisivas cuando no cinematográficas. La última sede de El Correo Gallego antes de que el grupo Prensa Ibérica se hiciese con la cabecera en el concurso de acreedores, fue una nave en el polígono de Costa Vella, en la salida norte de Santiago de Compostela. Ese edificio dio la vuelta al mundo convertido en Kawanda, la gran tienda de mascotas sobre la que orbita la serie Animal, protagonizada por Luis Zahera y que llegó a ser lo más visto en Netflix en 28 países. Según la UDEF, el coste por su alquiler acabó, una vez más, en el bolsillo de Rey Novoa, pero dando unos cuantos rodeos.

En su informe, los agentes detectaron el uso de una empresa interpuesta, Asemali Inversiones, para el arriendo del inmueble con la productora de la serie, Alea Lágrimas, y concluyen que los 27.189 euros que Alea pagó por el uso de la antigua sede acabaron en manos del exdirector del periódico. “El 85% de ese dinero fue a parar a la cuenta de Think First y de ese, más de 14.850 euros terminaron a disposición del investigado”, aseguran.

La fórmula para hacerse con el dinero era conocida. Sin embargo, esta vez, en lugar de tener al gerente del rotativo de guardia frente a la banca electrónica, era el propio Rey Novoa quien, según la UDEF, tan pronto como recibía el ingreso, iniciaba una ronda por los cajeros automáticos, de los que retiraba elevadas sumas de efectivo, mientras ordenaba distintas transferencias para tratar de poner el dinero a buen recaudo y lejos tanto de los acreedores como de la justicia.

El administrador único de Asemali, Ricardo Asensi Fajardo, es el quinto acusado en el escrito de apertura de juicio oral por parte de la jueza López-Suevos, que lo llamó a declarar a finales de 2025. La magistrada, como varias de las acusaciones, lo consideran cooperador necesario o cómplice del delito continuado de alzamiento de bienes, que iba más allá del caso de Animal. Por ello, y usando como base la cifra aportada por los demandantes, le reclama una fianza de 112.528,87 euros con la que debe “asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”.

La mujer acusada de fingir que padecía varios tipos de cáncer y pedir hasta 94.300 euros a familias y amigos, ha rechazado este martes llegar a un acuerdo y ha negado su culpabilidad en la segunda ocasión en la que se fija la fecha para celebrar la vista.

La primera fue el 21 de septiembre pasado y en esa ocasión no compareció, según su abogada por causas justificadas, y ahora también se ha pospuesto la vista para el próximo 9 de febrero de 2027, dado que el Tribunal preveía que iba a aceptar un acuerdo para cumplir la pena.

La procesada se negó a hacer ningún tipo de declaración cuando terminó la sesión que apenas duró unos minutos y en la que se fijó una nueva fecha.

Por ahora la Fiscalía mantiene su petición de penas de un año y diez meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y otros cinco por el de estafa agravada y la devolución de la mencionada cantidad a diez familiares y amigos a los que habría engañado.

El Ministerio Público también pide que haga frente a multas que suman 7.200 euros y las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia en caso de ser condenada y que se corresponden a préstamos solicitados utilizando nombres y datos de terceros, una vez se calculen los intereses generados.

La Fiscalía atribuye a la encausada haber vivido en varios domicilios de España y con la presunta intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito decía que tenía diagnosticados distintos tipos de cáncer y que sólo podían ser tratados en una clínica privada, no en la sanidad pública.

Según el relato fiscal, de esta manera al parecer se apropió de 2.000 euros enviados por medio de una transferencia por una amiga a la que dijo que tenía un tumor en la garganta y esófago.

La mujer luego se enteró por medio de un conocido de la infancia que le había entregado 25.000 euros y comprobó después que todo era supuestamente falso, lo que la acusada negó cuando le preguntó, pese a lo cual presentó una denuncia.

A este último le comunicó que padecía cinco cánceres, se había recuperado de cuatro pero el último no podía ser tratado en el Servicio Canario de Salud (SCS), lo que podía implicar su muerte, por lo que le entregó la mencionada cantidad ofreciéndole ella como aval un seguro de vida.

Algunos de estos fondos los recibía en mano por lo que no hay recibos.

La suegra de la encausada denunció que le había dicho que padecía cáncer de matriz, ovarios, esófago, intestino, hígado y sangre por lo que comenzó a pedirle dinero de manera que le transfirió 6.500, 7.000 y 4.010 euros a la cuenta que tenía con su pareja, hijo de la supuesta estafada.

Este último siempre creyó la palabra de su compañera cuando le decía que padecía estas enfermedades en vista del estado de malestar que presentaba continuamente.

También habría utilizado los datos personales de su suegra para obtener tres créditos de 9.600, dos de 5.000, dos de 1.000 y 4.140, 2.257, 3.500 y 3.081 y ante los impagos la entidad bancaria se los comenzó a reclamar a la titular de las cuentas.

Otro tanto ocurrió con el primo de la encausada de quien obtuvo 17.000 euros, el tío de su esposo entregó 17.400 euros más, otro familiar 5.000 y la esposa de este último, 1.000, siempre bajo el argumento de que padecía una grave enfermedad.

Al Ministerio Fiscal le consta que la encausada ha recibido distintos tratamientos en la mencionada clínica privada pero ninguno por enfermedad grave y en algún caso incluso por operaciones de estética.

Javier Milei aterriza este martes en España. Es el séptimo viaje del presidente argentino en menos de tres años. En ninguno de ellos ha tenido agenda oficial con la Casa Real o con el Gobierno central. Se ha visto, eso sí, con Isabel Díaz Ayuso y con Santiago Abascal, que en esta ocasión repiten en la agenda del libertario, que incluye unas jornadas universitarias sobre la escuela austriaca de economía, su faro ideológico. La última vez que estuvo por Madrid, en marzo, lo hizo para participar en un encuentro sobre criptomonedas, otra de sus pasiones libertarias, que le ha supuesto más de una complicación judicial.

Milei sigue enredado en los Tribunales por el caso $LIBRA, una estafa millonaria con un token que promocionó en sus redes sociales en 2025, ya como presidente. Esta no es la primera vez que una de las incursiones del libertario en el desregulado mundo de las monedas virtuales acaba en los juzgados: ocurrió en 2022 con otra de sus recomendaciones, CoinX, una plataforma financiera investigada por fraude y formada por un entramado de sociedades sobre las que planea la sombra del lavado de dinero.

Pero los chascos con $LIBRA y CoinX no han hecho mella en la apuesta de Milei por las criptomonedas. En marzo pasado, mientras el presidente argentino cerraba en España el Madrid Economic Forum 2026 –un encuentro organizado por el influencer cripto conocido como Wall Street Wolverine–, la prensa de su país publicaba detalles de su relación con Mauricio Novelli, el trader acusado de una estafa que se calcula entre 70 y 100 millones de dólares.

El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó en un tuit el token $LIBRA, que gracias a eso multiplicó frenéticamente su valor y lo perdió a mayor velocidad aún, llevándose por delante el dinero de los inversores y generando ganancias en unas pocas –poquísimas– cuentas. Tras el colapso de la moneda, el presidente libertario borró su post y dijo no saber nada de $LIBRA. Pero los datos que halló la Justicia en el móvil de Novelli lo desmintieron categóricamente: hubo más de 30 llamadas telefónicas entre ambos, antes y después de que Milei hiciera la publicación. Además, se recuperó un modelo de contrato en el que se acordaba pagar a Milei y su hermana Karina cinco millones de dólares por esa promoción. 

Ahora se sabe incluso que la relación (y los negocios) de Novelli y Milei se remontan al menos a 2021, un año clave que lo relaciona con otra criptoestafa, mucho menos conocida: CoinX. Por entonces, Novelli pagaba a Milei para dar clases online en su escuela financiera N&W Profesional Traders, mientras el libertario pasaba sin escalas de tertuliano televisivo extravagante a extravagante político profesional.

Pulgares arriba

El 18 de diciembre de 2021, Javier Milei se convierte en diputado. Apenas una semana después, promociona en sus redes sociales CoinX. La sonrisa amplia, el pulgar hacia arriba. Es un gesto repetido cientos, miles de veces frente a la cámara por el presidente argentino. Y es lo que se puede ver en el post de Instagram de la cuenta de Javier Milei el 18 de diciembre de 2021, días después de las elecciones que le abrían las puertas del Congreso de los Diputados. 

El modus operandi es similar al de $LIBRA: publicidad en redes y miles de dólares que se esfuman. Pero si en $LIBRA la red se amplía a un creador de memecoins texano (Hayden Davis), un experto cripto indio (Abhyudoy Das) y un misterioso pensionista que declara ingresos mínimos, pero conduce coches de alta gama, el backstage de CoinX es oscuro y local: de hecho, no existe una entidad responsable sino un conjunto de empresas creadas casi simultáneamente, que bascula entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Un entramado complejo con nombres que se vinculan a sospechosos de lavar dinero del narcotráfico. 

“Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinx.world y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escribanles @coinx.world de parte mía, así los asesoran con lo mejor!”, decía Milei a sus 1,3 millones de seguidores de aquel entonces (hoy supera los 3 millones). 

CoinX era una plataforma de inversión en criptodivisas que prometía rendimientos elevados, pero que acabó denunciada como estafa piramidal. En un país castigado por la inflación, CoinX se promocionaba como una financiera digital que ofrecía supuestas ganancias de entre el 5 y el 8% mensual en dólares, y daba la posibilidad de operar con criptomonedas. La web se lanzó a finales de noviembre de 2021, unas tres semanas antes de que Milei la publicitara en sus redes. Nunca se explicó en detalle cómo la empresa prometía llegar a esos retornos. 

Los denunciantes aseguran que funcionaba con el conocido como ‘esquema Ponzi’, en el que el dinero no se invertía en activos financieros, sino que se utilizaba para pagar los intereses a otros inversores, usándolos como cebo para captar más dinero. 

En marzo de 2022, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un dictamen para inspeccionar las sociedades relacionadas con CoinX. En junio de ese año el ya candidato presidencial Milei negaba en una entrevista –igual que haría después con $LIBRA– cualquier implicación con la empresa y el proyecto CoinX. Pero ante las repreguntas del periodista Ernesto Tenembaum, acabó por reconocer que había recibido dinero a cambio de su promoción: “Yo mis opiniones las cobro, claro”.

En agosto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a CoinX a cesar su actividad por no estar habilitada para operar en el mercado financiero. La advertencia fue dirigida a Juan Manuel Malaspina, que figuraba como director de inversiones del grupo. 

Pero Malaspina era solo la cara visible. Detrás había una organización mucho más compleja. De hecho, CoinX ni siquiera existía como empresa. En el informe de la IGJ se describe un entramado de cinco sociedades, de las cuales cuatro fueron inscritas entre agosto y septiembre de 2021, y en la que se repiten una serie de nombres, algunos vinculados al mundo de la política y otros relacionados con personas investigadas por lavado de dinero del narcotráfico. 

Un entramado societario y un juez polémico

A pesar de la participación del mediático legislador y candidato de La Libertad Avanza, el caso CoinX no tuvo demasiada repercusión en la prensa. Tampoco en los juzgados. Se presentó una denuncia por fraude ante la Justicia y la causa quedó en manos del juez Ariel Lijo. Milei nunca fue llamado a declarar. En 2024, el ya presidente Javier Milei propuso a Lijo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia. La postulación era tan polémica que generó división incluso dentro del propio Gobierno libertario: el juez tiene en el Consejo de la Magistratura decenas de denuncias que cuestionan su desempeño. 

La denuncia por fraude activó en 2023 una serie de allanamientos de la Policía Federal en una veintena de oficinas y domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Allí se secuestraron ordenadores, documentación y dinero en efectivo. 

CoinX estaba organizada como una caja que contenía cinco sociedades, cuatro de ellas constituidas en menos de un mes –entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021– y con objetos sociales de lo más diverso. Proyectos RRS SA y Digital Pelicanoy SA, vinculadas a servicios informáticos, Fin American World SA, dedicada a operaciones financieras, LH Construcciones del Sur SA y SF Centro Integral de Estética SA. En todas hay un elenco de nombres y apellidos que se repiten en diferentes papeles: socios, presidentes, directores, suplentes...

En tres de ellas destaca un nombre conocido para la Justicia argentina: Francisco José Hauque. 

En 2013, Hauque fue candidato a edil de la ciudad de Rosario por Unite, uno de los partidos que dieron origen a La Libertad Avanza y posibilitaron la elección de Milei como diputado nacional en 2021. Dos años antes, Unite acogía también la candidatura presidencial de José Luis Espert, padrino y mentor de Milei. El año pasado, Espert se vio obligado a bajarse de la lista electoral de La Libertad Avanza a última hora –incluso con las papeletas ya impresas– por sus vínculos con un supuesto narcotraficante con una petición de extradición en Estados Unidos, como reveló una investigación de eldiarioAR. 

Hauque, además, protagonizó un confuso episodio a comienzos de 2025. Fue detenido junto a su pareja con dos kilos de cocaína y un arma dentro de un auto de alta gama en pleno centro de Buenos Aires. Finalmente, las pesquisas concluyeron que el operativo policial había sido “armado” y señalaban como sospechoso a un socio de Hauque, Elías Piccirillo, entonces pareja de una conocida vedette, Jésica Cirio. En medio, un préstamo cuantioso: seis millones de dólares que Hauque le habría entregado a Piccirillo, que se encuentra desde hace casi un año preso por esa causa.

Tanto Piccirillo como Hauque están siendo actualmente investigados por otra cuestión muy diferente: sus oficinas de cambio de divisas. Se intenta establecer si había algún tipo de connivencia con funcionarios del Banco Central de Argentina que les permitían adquirir dólares al valor oficial, saltándose las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández. Más tarde, ese dinero era vendido en el mercado negro (o blue, como se le llama en el país) a un precio mucho más alto, reportándoles ingentes ganancias en una maniobra conocida como rulo cambiario. En el periodo que se investiga (de enero a agosto de 2023) la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo era de un 100%.

La conexión con el lavado (y con $LIBRA)

La única de las sociedades de CoinX que no se creó en 2021 es Proyectos RRS SA, registrada en 2016 a nombre de Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos. Sin embargo, en las mismas fechas en las que se constituye el resto de sociedades de CoinX, Proyectos RRS SA cambia su directorio: nombra como director a Maximiliano Ismael Alberto Cena Castro y como suplente a Luis Gastón Arteaga, los mismos que figuran como accionistas de Digital Pelicanoy SA y Fin American World SA, en la que Hauque aparece como director.

Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos aparecen en una investigación como sospechosos de formar parte de la estructura de lavado de activos para organizaciones narco que operan en Rosario (Santa Fe). En concreto, una liderada por Jorge Adalid Granier Ruiz, alias 'El Nono', condenado en 2025 por narcotráfico, y señalado como cabeza de una organización narcocriminal que entre otras cosas “bombardeaba” droga desde avionetas en zonas rurales del norte argentino que luego era transportada a Buenos Aires.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta (una provincia limítrofe con Bolivia) envió un escrito en mayo de 2022 en el que pedía la intervención del juez federal de Rosario porque de las pesquisas sobre el Clan Granier –integrado por varios hermanos y familiares– se desprendía que podían estar realizando “maniobras de lavado de activos” a través de varias sociedades, entre ellas una llamada Agro San Jorge SA. Aunque la empresa está a nombre de los Granier, indican que “la presunta dueña sería Carolina Inés Yunior, mujer de Ulises Fernando Carcani Papadacos”, al que también relacionan con Jorge Adalid Granier Ruiz por transferencias de vehículos.

El escrito subraya además que la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) involucra a Granier Ruiz en un envío de cocaína líquida de Bolivia a España en el año 2006 y que lo identifica en 2013 como proveedor de cocaína de Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante condenado a cadena perpetua por asesinato. El texto resalta que Carcani y Veiga “estarían abocados al lavado de activos [...] a través de una 'cueva financiera” (una casa de cambio de divisas) en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nunca se investigó esta pista señalada en el escrito. Fuentes judiciales reconocen que las sospechas no se tradujeron en nuevas pesquisas, algo que atribuyen a la complejidad de las causas y a cuestiones de jurisdicción: “Por lo que sea, no se avanzó por ese lado”.

El cruce de investigaciones nos devuelve al peritaje del teléfono móvil de Mauricio Novelli, el que demostró la participación activa de Javier Milei en la estrategia de promoción de $LIBRA. Entre los miles de documentos que se encontraron en el terminal, hay tres que vinculan, aún no está claro de qué manera, a los gestores de una estafa cripto con otra. Los peritos informáticos encontraron tres archivos relacionados con Digital Pelicanoy SA, parte del entramado de CoinX World.

El primero corresponde a la inscripción de la sociedad ante la agencia tributaria argentina. El segundo, a una declaración de impuestos fechada el 12 de enero de 2022, que confirma que la firma estaba registrada en El Salvador desde 2021. El tercero es una actualización de domicilio para recibir notificaciones, con la misma fecha que el anterior. Aun no se ha podido establecer la conexión entre Novelli y la empresa de CoinX.

Nueve personas han sido detenidas en Asturias acusadas de estafar al menos a 80 personas, residentes en varias ciudades españolas, que cayeron víctimas de su engaño al ingresar en las cuentas bancarias de los miembros de esta red el dinero que creían que era destinado como fianza a la reserva del alquiler de una vivienda. La oferta se presentaba muy atractiva por tratarse de alquileres por debajo del precio del mercado.

Sin embargo, esta banda de la que formaban parte clanes familiares, había copiado las imágenes de anuncios de viviendas publicados en internet.

La Policía Nacional calcula que por este método han obtenido más de 80.000 euros y no descarta que pueda haber muchas más víctimas repartidas por todo el territorio nacional.

Cooperación entre comisarías

La mayoría de estas víctimas residen en Pamplona. Este hecho llevó a la Jefatura Superior de Policía de Asturias a pedir la colaboración de la Jefatura Superior de Navarra para tratar de tirar del hilo e intentar llegar hasta los autores de las estafas.

En una operación policial coordinada entre ambas comisarías, efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y de la Brigada Local de Policía Judicial de Langreo lograron dar con los supuestos autores de estas estafas que no solo carecían de actividad laboral, sino que incluso algunos de ellos recibían ayudas sociales y otros mantenían un alto nivel de vida.

Las denuncias

La investigación se inició a principios de este año, cuando la Comisaría de Policía Nacional de Langreo-SMRA comenzó a recibir las primeras denuncias procedentes de varias ciudades españolas.

El análisis de las denuncias estableció una relación entre los hechos, que permitieron determinar la existencia de varios clanes familiares que, de manera sistemática, se dedicaban a la comisión de este tipo de delitos.

Copiaban anuncios de internet

Según el relato policial, los investigados aprovechaban la necesidad de las víctimas para encontrar pisos de alquiler a buen precio para ofrecerles alquileres por debajo del precio de mercado. La Policía asegura que ni siquiera tuvieron que recurrir a métodos sofisticados, ni complicados para convencer a las víctimas.

Su modus operandi era muy sencillo: buscaban en plataformas de internet de alquiler de pisos, o ellos mismos copiaban anuncios en los que se alquilaban inmuebles. Una vez establecido el contacto apremiaban al interesado para que realizara el pago de una cantidad de dinero en concepto de reserva, fianza, seguro o alquiler del inmueble. El pago se solicitaba por transferencia bancaria o por métodos de pagos telefónicos y, una vez recibido el dinero, dejaban de contestar el anuncio.

Presuntos autores y 'mulas'

La investigación permitió agrupar las denuncias, las gestiones de investigación solicitadas, la documentación bancaria y de movimientos de dinero, así como la identificación de los responsables y de las identidades suplantadas y de las llamadas “mulas”; personas que ofrecen sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado y que posteriormente transfieren a los responsables a cambio de una comisión.

Los presuntos autores habían abierto unas 115 cuentas bancarias en diferentes entidades; un número elevado de cuentas debido a que los propios bancos proceden al bloqueo preventivo cuando hay indicios de comisión de delitos.

Cuentas bancarias en el extranjero

La Jefatura Superior de Policía de Asturias asegura que esta circunstancia llevó a los ahora detenidos a Ecuentas en países extranjeros como Malta, Chipre o Sudamérica.

Con todas las evidencias reunidas se dio cuenta de la investigación al Tribunal de Instancia de Guardia de Laviana, solicitando la entrada y registro en los domicilios de los investigados.

Registros domiciliarios

Tras lograr autorización judicial, el pasado miércoles, día 14, se estableció un dispositivo policial para la detención de los investigados y la práctica de los registros en la localidad asturiana de Sotrondio con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El resultado final de la investigación ha dado como resultado la detención de nueve personas, cinco de ellas integrantes del grupo criminal a los que se les imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal y otras cuatro con funciones de “mula” a los que se les imputa delitos de estafa. Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Laviana junto con el atestado policial y toda la documentación recopilada.

La investigación continúa abierta con el análisis de las evidencia recogidas en los registros que podrían aportar nueva información sobre los hechos investigados y nuevas detenciones.

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada supuestamente a cometer estafas informáticas mediante la técnica conocida como 'vishing', basada en llamadas telefónicas en las que los autores suplantan la identidad de empleados bancarios para obtener las credenciales de acceso a las cuentas de sus víctimas.

La investigación ha permitido identificar a cinco presuntos integrantes del grupo y a otras 13 personas que habrían sido estafadas. Según la Policía Nacional, el importe total defraudado conocido hasta el momento supera los 100.000 euros.

Las pesquisas comenzaron el pasado 17 de junio, tras la denuncia presentada por una mujer de 70 años en Zaragoza. La víctima manifestó haber recibido una llamada de una persona que se identificó como empleado de su entidad bancaria y que, mediante técnicas de ingeniería social, consiguió que facilitara sus credenciales de acceso a la banca 'online', según ha informado la Policía Nacional.

El interlocutor le indicó que necesitaba esos datos para intentar paralizar un supuesto movimiento fraudulento en su cuenta. Sin embargo, una vez obtenida la información bancaria, los presuntos autores la utilizaron para realizar operaciones fraudulentas y extraer dinero en efectivo de distintos cajeros automáticos.

La primera fase de la investigación se centró en recopilar y analizar información sobre los movimientos y las operaciones vinculados a los hechos para seguir el rastro del dinero y avanzar en la identificación de los responsables.

Las gestiones posteriores permitieron localizar a los presuntos integrantes de la organización y relacionarlos con otras estafas cometidas mediante el mismo procedimiento, entre ellas extracciones de efectivo en cajeros automáticos de Lorca, en la Región de Murcia, y Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Como resultado de la operación, dos de los sospechosos fueron detenidos en Lorca, en una intervención en la que colaboró la Policía Nacional de esta localidad. Los otros tres investigados, dos ubicados en Cádiz y uno en Granada, permanecen en paradero desconocido, por lo que continúan las gestiones para localizarlos. La Policía no descarta nuevas detenciones a medida que avance la investigación.

A los cinco investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa informática continuada y pertenencia a grupo criminal.

Recomendaciones para evitar el 'Vishing'

La Policía Nacional recomienda desconfiar de las llamadas en las que una persona que afirma trabajar para una entidad bancaria, una compañía energética o una empresa de telefonía solicita información confidencial.

También aconseja no facilitar a terceros las credenciales de acceso a la banca 'online' ni otros datos sensibles, aunque el interlocutor asegure que necesita esa información para proteger las cuentas o evitar una operación fraudulenta.

Ante una llamada sospechosa, recomienda finalizar la comunicación y contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja quieren alertar sobre la existencia de una estafa, realizada a personas mayores, que consiste en que los estafadores se hacen pasar por trabajadores de empresas de suministro eléctrico y, con la falsa excusa de que por esa vivienda pasa un cable de alta tensión y que puede ser peligroso para las personas con ‘Bypass’, les hacen desprenderse de todas las joyas que llevan puestas, para posteriormente arrebatárselas. 

Dos casos en Logroño

En Logroño se han interpuesto dos denuncias en relación con este tipo de estafas: la primera de ellas tuvo lugar a principios del mes de septiembre, y el ‘modus operandi’ fue sencillo: una mujer llamó al timbre de la vivienda de una persona de avanzada edad y con la falsa excusa de que en esa vivienda había un cable de alta tensión suelto, le ordenó que dejase todos los objetos de metal que llevase encima, es decir todas las joyas encima de la mesa de la cocina. 

Seguidamente, la estafadora, realizó una comprobación por las demás habitaciones de la vivienda con la excusa de revisar las tomas de luz que pudiera haber. A los pocos minutos, la falsa trabajadora recibió una llamada de un supuesto compañero de trabajo para que subiera al piso de arriba, por lo que abandonó rápidamente ese domicilio. Un total de 7 joyas valoradas en más de 10.000 euros, como un reloj antiguo de gran valor, una alianza de gemas y varias pulseras. 

El segundo de los casos denunciado tuvo lugar también a principios del mes de septiembre y el ‘modus operandi’ utilizado fue similar: una mujer llamó al timbre en la vivienda de una persona de edad avanzada manifestándole que tenía que entrar en su vivienda con la excusa de pasar un cable de alta tensión por su interior. 

La supuesta trabajadora, que vestía con un chaleco amarillo y unos guantes de trabajo, le dijo que debería quitarse todas las joyas que llevaba encima para no electrocutarse con el cable de alta tensión que tenía que pasar por allí. La mujer dejó todas las joyas en la cocina y en un descuido la falsa trabajadora se las robó. Un total de 17 piezas de valor como collares de piedras preciosas, colgantes de oro amarillo y de diamantes.

Consejos de seguridad

Desde la Policía Nacional se aconseja que no se deje entrar en las viviendas a personas desconocidas. Los técnicos de cualquier empresa tienen que tener previamente concertada la visita con los propietarios. Y nunca se dejarán objetos de valor a la vista de personas extrañas. 

Es recomendable tener un listado de todos los objetos de valor que se posean en la vivienda, así como facturas y fotografías para poder identificarlos en caso de sustracción o pérdida. También conviene, si se poseen muchas joyas de valor en el domicilio, depositarlas en una caja fuerte para estar mejor aseguradas. 

A poco que uno haya navegado en las últimas semanas por YouTube es muy probable que le haya saltado uno de esos anuncios hechos íntegramente con inteligencia artificial (IA) sobre unas supergafas que te corrigen la visión al instante, se enfocan con un parpadeo y a las que solo les falta volar. “Las gafas inteligentes desarrolladas por el CSIC y la Universidad de Alicante por fin han llegado”, dice el spot de la empresa Evevday.

Durante meses, el anuncio ha acumulado más de 28 millones de visitas y decenas de usuarios se han quejado del fraude tras caer en la trampa. YouTube no ha atendido las peticiones del CSIC para que lo retirara hasta que elDiario.es ha consultado a Google España por esta circunstancia. A última en la tarde del jueves, horas antes de la publicación de esta denuncia, la tecnológica ha decidido eliminar el spot. “Tras su revisión, hemos retirado los anuncios compartidos con nosotros y suspendido las cuentas asociadas por violar nuestras políticas”, dice una portavoz de la compañía. “Prohibimos expresamente los anuncios que defraudan a los usuarios al falsificar información, incluyendo el falso respaldo o la afiliación con una figura pública, marca u organización.”

Esta rapidez contrasta con la falta de respuesta al CSIC, que solicitó a YouTube hace varias semanas la retirada del anuncio y puso en marcha una “reclamación por uso de marca”. La institución también se reserva la opción de tomar otras medidas contra la empresa fabricante, igual que la Universidad de Alicante, que confirma que tampoco tiene nada que ver con ese contenido. Este medio ha intentado sin éxito obtener respuesta de la empresa Evevday, cuyo anuncio presuntamente fraudulento sigue online.

Anuncios con millones de visitas

“Me apareció un anuncio de YouTube y me saltaron todas las alarmas”, asegura Javier de la Portilla, investigador del Instituto de Óptica del CSIC, el primero que avisó a la institución de la existencia de estas gafas a finales del mes de julio. “Todo lo que decían respecto a mi campo de especialidad que es la visión por computador, era inverosímil”. También le llamó la atención que los vendedores anuncien 72 horas de autonomía para un dispositivo tan ligero. “Lo que anuncian es tan absolutamente imposible y tan loco que no puede ni siquiera acercarse a casi nada de lo que prometen”.

Las supuestas características del dispositivo son tan alucinantes que despiertan la sospecha inmediata de cualquiera que tenga nociones de óptica, pero pueden parecer un chollo para el público general. “Visión cristalina al instante”, “zoom controlado por parpadeo y autoenfoque instantáneo” o la promesa de devolverte “la vista perfecta de cuando tenías 20 años” son algunos de los reclamos a los que se suma una rebaja demencial. “El precio oficial en tiendas es de 1.800 €, pero solo hoy, si haces tu pedido a través de este vídeo, obtendrás un brutal descuento del 90%. Te las llevas por el ridículo precio de solo 52 €”, dice el anuncio.

Las denuncias por fraude en la web de valoraciones Trustpilot se cuentan por decenas, pero probablemente haya centenares de afectados, dado el número de reproducciones del anuncio, por encima de los 28 millones. “Las gafas que me han enviado son un fraude”, dice una usuaria llamada Eda. “Ni son de presbicia, ni se oscurecen en la calle y por si todo esto no es suficiente, no veo nada”. “Las gafas son de malísima calidad, peor que las que se compran de juguete en los chinos”, dice Dalila. “Estoy reclamando la devolución y no me lo devuelven”. “Menudos sinvergüenzas, compré la gafas y la única IA que existe es la que utilizan para diseñar sus anuncios”, advierte José.

Reclamación ante Sanidad

La asociación de consumidores FACUA, que ya había interpuesto una reclamación por un anuncio similar con el falso aval de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el laboratorio óptico de Heidelberg (Alemania), ha enviado esta semana una nueva comunicación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para que proteja a los consumidores de los perjuicios que este tipo de productos puedan causar a su salud. La organización considera especialmente preocupante que en el anuncio se instara a los usuarios a abandonar el uso de sus gafas habituales, bajo la afirmación de que estas empeoran la visión, y se les induzca a sustituirlas por las lentes promocionadas.

Aunque YouTube argumenta que no permiten que los anunciantes publiquen anuncios que engañen a los usuarios y que en 2025 retiraron 421,5 millones de anuncios por “representación engañosa”, lo cierto es que anuncios de supergafas generadas por IA muy similares siguen online, incluida la que asegura tener el respaldo de la Universidad Complutense, por la que FACUA ya presentó una denuncia.

Desde esta organización de consumidores recuerdan que las lentes ópticas se consideran un producto sanitario y, por tanto, están sujetas al Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad de productos con finalidad sanitaria, que prohíbe atribuirles propiedades terapéuticas, preventivas o de curación que no estén respaldadas por pruebas científicas suficientes y reconocidas por la administración sanitaria.

“Aunque lo haya retirado, si YouTube ya tenía reportes del anuncio, evidentemente se la puede y se la debe sancionar”, asegura Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. “Otra cosa es que ahora haya coordinación entre la administración sanitaria y otros organismos que son los que tienen capacidad para aportarles la prueba de que llevaban tiempo reclamándolo y que Sanidad tenga voluntad e interés por hacer algo”.

De momento no es posible crear lentes con esa capacidad de adaptación a cualquier ojo y anomalía de refracción. Y si lo fuera, desde luego no costaría los 50€ que dicen que cuestan

Conchi Lillo — Neurocientífica experta en visión de la Universidad de Salamanca (USAL)

Fuentes de la AEMPS confirman a elDiario.es que se habían puesto en contacto con YouTube para que proporcionara la información relevante sobre la empresa, aunque tampoco recibieron respuesta. “No se debe obviar la responsabilidad que tienen las plataformas tecnológicas para la venta o la publicidad online de este tipo de productos”, apuntan fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. “La regulación a nivel español y europeo está avanzando más y establecer unas obligaciones concretas para que controlen de manera preventiva los anuncios o publicaciones que aparezcan y evitar que lleguen a publicarse”, señalan. “Sin embargo, por el momento no es suficiente y la colaboración con las plataformas es muy desigual y no siempre tan ágil como desearíamos”.

“Un batiburrillo patético”

Conchi Lillo, neurocientífica experta en visión de la Universidad de Salamanca (USAL), no tiene dudas a la hora de calificarlo de “estafa total”. “Lo primero, no es posible que un único par de cristales se adapte de forma automática o vaya a servir al mismo tiempo para corregir cualquier tipo de problema de refracción como la miopía, la presbicia, el astigmatismo o la hipermetropía en cualquier ojo y en cualquier persona”, explica. “De momento no es posible crear lentes con esa capacidad de adaptación a cualquier ojo y anomalía de refracción. Y si hubiera una tecnología como esa, desde luego no costaría los 50 € que dicen que cuestan”.

En la misma línea se expresa Pablo Artal, investigador de la Universidad de Murcia (UMU) y uno de los mayores especialistas del mundo en óptica, que califica el anuncio de “batiburrillo patético”. “El vídeo presenta la panacea universal, la lente que todos querríamos inventar, que sirve para cualquier refracción, para lejos y para cerca y en todas las situaciones”, asegura. “Es un disparate completo. Seguramente te envíen unas gafas de 2 o 3 euros compradas a granel, porque lo que anuncian, de momento, no existe, y menos a ese precio”.  

Es un disparate completo. Seguramente te envíen unas gafas de 2 o 3 euros compradas a granel, porque lo que anuncian, de momento, no existe, y menos a ese precio

Pablo Artal — Investigador de la Universidad de Murcia (UMU)

Javier Renau, del Instituto de Óptica del CSIC, cree que el anuncio está íntegramente realizado con IA, ya que no calcula bien ni el descuento. Como señala FACUA en su escrito, “la aplicación de un descuento del 90% sobre un precio inicial de 1.800 euros daría como resultado un precio final de 180 euros, y no de 52 euros”. A Sergio Barbero Briones, experto del CSIC, le sorprende que se publique un vídeo así y no pase nada. “¿Tienes que pasar por el juzgado para que te quiten un vídeo que es un fraude?”, se queja. “Que aparezca mencionado el CSIC o la Universidad de Alicante me parece tremendo, porque están llevando a cabo una usurpación de identidad”.

¿Cómo pueden actuar estas empresas con tanta impunidad sin que nadie retire los anuncios fraudulentos durante meses? Para Rubén Sánchez, de FACUA, el gran problema es que tenemos organismos de control muy endebles, con poco personal. “En el Ministerio de Consumo no tienen capacidad para actuar porque son muy pocos funcionarios”, señala. “Y en Sanidad no percibimos gran voluntad de actuar, aunque desconocemos si es por falta de voluntad o capacidad. Y luego está la falta de voluntad política en la mayoría de comunidades autónomas para hacerlo”.

Barbero Briones recomienda que cualquier cuestión relacionada con la salud visual se consulte con un oftalmólogo o en una óptica. “Cualquier tecnología que pretenda solucionar un problema de salud no puede buscar atajos”, resume. “La clave aquí es cortocircuitar cualquier opción que no pase por el sistema de salud. Para cualquier niño o durante la etapa en que el ojo está en crecimiento, cualquier tipo de solución óptica debe hacerse bajo supervisión de profesionales de la salud ocular, que son los oftalmólogos y optometristas”.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un vecino de Vizcaya de 41 años como presunto autor de cuatro delitos de estafa, al alquilar en Castro Urdiales una vivienda que no era suya.

En solo cinco días, periodo por el que el detenido había contratado esta vivienda vacacional, publicó el alquiler de la misma en Internet, enseñó el piso y captó cuatro clientes, que abonaron entre la fianza y el primer mes de alquiler un total de 6.000 euros. Todos ellos tenían el mismo día de entrada en la propiedad.

A finales de agosto, cuatro personas acudieron al puesto principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales para denunciar que les habían alquilado una vivienda en la calle La Rúa y no podía entrar. Resultó que era el mismo piso en todos los casos.

Las cuatro víctimas acudieron el mismo día con las llaves para acceder a la vivienda; incluso una de ellas ya había realizado la mudanza y llevaba sus enseres personales.

La Guardia Civil averiguó que la propiedad que los denunciantes habían alquilado presencialmente era una vivienda vacacional contratada en una plataforma online que había estado ocupada entre el 18 y 22 de agosto, periodo en que las víctimas vieron el anuncio de alquiler y pudieron visitarla. Se la enseñó el presunto estafador.

Para dar apariencia de legalidad, en ese periodo se formalizaron contratos, que entraban en vigor el 22 de agosto, y el implicado cobró la fianza y el primer mes de alquiler a la firma de estos documentos. En los contratos figuraban datos falsos o de terceras personas que no tenían que ver con quien actuaba como arrendador.

Para el alquiler vacacional, el detenido aportó documentación falsa, lo que dificultó su identificación, ya que los guardias solo contaban con sus rasgos físicos.

Tras múltiples indagaciones se obtuvo la identidad de un vecino de Vizcaya al que se buscaba por hechos similares en esa provincia.

Finalmente, el 9 de octubre, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de delitos de estafa, falsedad en documento privado y usurpación de estado civil.

Recomendaciones frente a las estafas

Para evitar situaciones como las descritas, la Guardia Civil de Cantabria aconseja que, además de visitar previamente la vivienda antes de alquilarla, si la operación no se realiza con una empresa especializada, el arrendador demuestre que es el titular de la propiedad. También se puede solicitar una nota simple del Registro de la Propiedad.

Igualmente hay que desconfiar de precios demasiado bajos y no se deben enviar por Internet documentos personales o datos bancarios antes de tener claro quién es el arrendador y si tiene potestad para esa operación, ya que podrían utilizar estos documentos para suplantar la identidad.

Finalmente aconseja que los pagos que se realicen como señal o primer mes sean mediante transferencias bancarias o métodos oficiales para tener justificación de a quién va ese dinero y se deben guardar los justificantes. Es recomendable evitar los pagos en efectivo sin recibo o el envío de dinero urgente.

A partir de este sábado, 17 de octubre, las llamadas comerciales tienen que identificarse de una forma diferente en España. Las empresas que utilicen el teléfono para ofrecer productos o servicios deberán hacerlo desde números que comiencen por 400, un rango reservado específicamente para este tipo de comunicaciones. El cambio permitirá reconocer antes de contestar que se trata de una llamada con finalidad comercial, algo que hasta ahora no siempre era posible cuando aparecía un número desconocido en la pantalla.

La medida busca separar con mayor claridad los distintos motivos por los que una empresa puede ponerse en contacto con un consumidor. No será lo mismo una llamada destinada a presentar una oferta que otra relacionada con una incidencia, una reclamación o cualquier gestión vinculada a un contrato. Con el nuevo sistema, esa diferencia podrá identificarse también a través del número desde el que se realiza el contacto.

El prefijo 400 tendrá unas condiciones propias y no funcionará como un teléfono convencional de empresa. Estará pensado únicamente para las comunicaciones comerciales salientes, mientras que las consultas y gestiones de atención al cliente seguirán utilizando otras numeraciones. De esta manera, cada tipo de llamada tendrá un uso más claramente diferenciado.

El cambio incorpora además una opción para quienes prefieran no recibir este tipo de comunicaciones. Los operadores podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de bloquear las llamadas procedentes de números 400, siempre que lo soliciten. La forma concreta de hacerlo dependerá de cada compañía.

Qué significa el prefijo 400

El 400 no será un único teléfono ni una línea común para todas las empresas. Se trata de las tres primeras cifras de una numeración nacional de nueve dígitos reservada para las llamadas comerciales. Su principal función será que el usuario pueda reconocer desde el primer momento para qué se está utilizando ese número.

Estos teléfonos servirán únicamente para realizar llamadas, no para recibirlas. Si una empresa contacta desde un número que empieza por 400 y el usuario no responde, no podrá devolver la llamada utilizando esa misma numeración. El rango no está pensado como un canal de contacto con la compañía, sino como una forma de identificar las comunicaciones comerciales que parten de ella.

Para la atención al cliente seguirán existiendo otras vías. Las empresas podrán utilizar números gratuitos 800 y 900, teléfonos geográficos con tarifa estándar y determinados números cortos asignados por los operadores a sus propios clientes. Estas líneas sí están pensadas para que el consumidor pueda llamar cuando necesite realizar una consulta, resolver una incidencia o gestionar cualquier asunto relacionado con un servicio contratado.

La nueva organización responde a lo establecido en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que diferencia entre las comunicaciones destinadas a vender o promocionar productos y aquellas cuyo objetivo es prestar asistencia al consumidor. Desde el 17 de octubre, esa separación será más visible también en la pantalla del teléfono, ya que las llamadas comerciales deberán identificarse mediante el inicio 400.

La limitación del rango a llamadas salientes también evita que estos números funcionen como destino de una devolución de llamada. De este modo, una comunicación perdida no llevará al usuario a contactar después con el mismo teléfono mostrado en pantalla, algo que ayuda a dejar claro que su finalidad no es ofrecer un canal de atención.

Cómo filtrar las llamadas

El cambio más visible para el usuario será la posibilidad de reconocer una llamada comercial antes de contestar. Si el número que aparece en pantalla comienza por 400, podrá saber de antemano cuál es su finalidad y decidir si quiere responder o dejarla pasar. No será necesario identificar primero a la empresa para saber que el contacto tiene carácter comercial.

Quienes prefieran evitar estas comunicaciones podrán consultar con su compañía telefónica la posibilidad de bloquear el rango completo. Los operadores podrán ofrecer a sus clientes, previa solicitud, la desconexión de las llamadas realizadas desde números que comiencen por 400.

Esta medida es diferente al bloqueo manual disponible en la mayoría de teléfonos móviles. Cuando se bloquea un número desde el propio dispositivo, la restricción afecta únicamente a ese teléfono concreto. La desconexión prevista para el rango 400 está planteada para impedir la recepción de las llamadas comerciales asociadas a esta numeración sin tener que bloquearlas una a una cada vez que aparezca un número distinto.

El procedimiento para solicitar este servicio no será necesariamente igual en todas las compañías. Cada operadora podrá establecer sus propios canales para activarlo, por lo que será necesario consultar qué opciones ofrece cada una y cómo debe pedirse la desconexión. De esta forma, quienes no quieran recibir este tipo de contactos podrán aplicar un filtro general en lugar de depender únicamente de las herramientas de bloqueo del propio teléfono.

La Diócesis de Coria-Cáceres ha lanzado una alerta tras detectar una oleada de intentos de estafa telefónica en la que los ciberdelincuentes han empleado técnicas de clonación de voz para suplantar la identidad del obispo, Jesús Pulido, o del vicario general con el objetivo de solicitar donaciones o conseguir datos confidenciales.

Según ha informado la institución eclesiástica, los fraudes detectados hasta el momento se han dirigido principalmente a asociaciones y delegaciones, aunque no se descarta que se hayan producido llamadas similares a otras entidades o administraciones públicas. El modus operandi consiste en imitar la voz de las máximas autoridades de la diócesis y, aprovechando la familiaridad con los interlocutores, exigir dinero o simular la recepción de una donación ficticia que se pretende transferir, requiriendo datos concretos para consumar el engaño.

Ante esta situación, el Obispado ha recordado con rotundidad que se trata de un fraude y ha querido recalcar que ni el obispo, ni los vicarios, ni ningún sacerdote solicitan donaciones económicas ni datos de naturaleza confidencial por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Las estafas no llegaron a completarse gracias a que las personas que recibieron las llamadas sospecharon de su autenticidad y decidieron contactar directamente con el Obispado para verificar la información, lo que permitió destapar el caso y presentar la correspondiente denuncia.

A raíz de estos hechos, la diócesis ha emitido una serie de pautas de seguridad destinadas a evitar que otras personas e instituciones caigan en la trampa, aconsejando desconfiar de cualquier petición de carácter urgente, interrumpir la comunicación de inmediato ante la mínima sospecha y verificar la autenticidad de la llamada poniéndose en contacto directo con el Obispado o con la persona supuestamente emisora del mensaje. Asimismo, han recordado la importancia absoluta de no realizar transferencias económicas ni facilitar ningún tipo de dato personal o bancario por vía telefónica.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido al director financierto de una empresa de la provincia tras una investigación que arrojó un fraude corporativo de 53.000 euros.

Las investigaciones que han conducido a la detención fueron encabezadas por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) y el Equipo '@' de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, tras la denuncia de un representante de una empresa con sede social en la localidad de Herencia por la desaparición del director financiero de la misma.

Tras poner en marcha en el mes de octubre la denominada operación 'Broken Trust', se concluyó que detrás de la desaparición sin causa justificada podría existir algún tipo de hecho ilícito, para lo que se llevó a cabo una auditoría de balances y cuentas de la empresa en la que se observaron irregularidades en saldos de sus cuentas bancarias por lo que se presentó denuncia.

Como resultado de las primeras gestiones de investigación, se tuvo conocimiento de que el presunto autor, mediante falsificación documental y herramientas tecnológicas, se anunciaba en una web con un perfil profesional altamente cualificado en el sector financiero, siendo contratado por la empresa denunciante.

Operaciones camufladas

Una vez contratado como director financiero tuvo acceso a claves de seguridad y efectuaba pagos periódicos a empresas y proveedores, entre los que pudo camuflar transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de su propiedad, utilizando siempre conceptos predeterminados para evitar que fuesen detectados por los sistemas de seguridad de la empresa.

De esta forma llegó a realizar 44 transferencias por un valor total de 53.000 euros, pudiendo bloquear gracias a esta investigación parte del dinero defraudado.

Las actuaciones judiciales han sido llevadas por el Tribunal de Instancia sección civil y de instrucción plaza nº1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 18 meses de prisión a un hombre como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa agravada, y a nueve meses de cárcel a su yerno por estafa continuada, tras acreditarse que manipularon los cuentakilómetros de al menos 12 vehículos de segunda mano para venderlos a un precio muy superior al de mercado. La resolución judicial considera probado que el fraude, cometido entre los años 2013 y 2017, causó un perjuicio económico acumulado a los compradores de 63.866,98 euros.

El fallo, dictado por la Sección Primera del tribunal pacense, se ha producido por conformidad de las partes tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte de los acusados. Al ser un acuerdo firme entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas, la sentencia es definitiva y no admite recurso ordinario. Por su parte, la esposa del principal procesado ha quedado totalmente absuelta al constatar que desconocía por completo los negocios y maniobras de su marido.

Subastas europeas, facturas retocadas e internet

Según los hechos probados de la sentencia, el principal condenado adquiría turismos, principalmente en el mercado europeo de ocasión y mediante subastas, cuyas facturas originales sí reflejaban la distancia real recorrida. Para dificultar el descubrimiento del engaño, alteraba la documentación de compra haciendo desaparecer los kilómetros antes de presentar las facturas ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz.

Paralelamente, rebajaba de forma sustancial los odómetros de los vehículos. En diversos casos analizados en la causa, los turismos acumulaban entre 120.000 y más de 210.000 kilómetros reales, pero eran ofertados reflejando marcas de entre 50.000 y 70.000 kilómetros. Los automóviles, entre los que se encontraban modelos Citroën C4, Audi A4, Audi A3, Peugeot 5008 y Mazda CX, se anunciaban y comercializaban a través de portales de compraventa en internet como 'milanuncios' o 'coches.net'.

El segundo de los acusados, yerno del primero, participaba en la comercialización de algunos de estos vehículos a sabiendas de que los cuentakilómetros habían sido trucados para lograr que los compradores abonaran un precio más elevado.

Reparación del daño y dilaciones indebidas

A ambos condenados se les han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. Respecto a esta última, el tribunal señala que la causa judicial estuvo paralizada por motivos no imputables a los procesados desde febrero de 2024 hasta marzo de 2025 en el juzgado de instrucción antes de su remisión a la Audiencia Provincial.

Asimismo, con anterioridad a la celebración del juicio, los encausados consignaron fondos para hacer frente a las indemnizaciones: 37.000 euros por parte del principal responsable y 9.080,20 euros por parte de su yerno. Para cubrir la totalidad de la indemnización fijada en 55.366,98 euros para el primero, la Sala ordenó completar el pago mediante los fondos embargados cautelarmente al condenado y a su esposa absuelta, quien prestó su consentimiento expreso durante la vista pública.

Debido a la ausencia de antecedentes penales en ambos procesados y a que las penas no superan los dos años de prisión, la Sala ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad. La medida queda condicionada a que no vuelvan a delinquir durante un periodo de cinco años en el caso del principal implicado y de tres años para el segundo, además de completar el pago íntegro de las indemnizaciones adeudadas a los 12 afectados.

La localidad albaceteña de Madrigueras ha conseguido este lunes restablecer algunos servicios esenciales, tales como los centros de Educación Infantil y Primaria, tras la riada del pasado viernes.

Su alcalde, Juan Carlos Talavera, ha señalado que más del 60% del pueblo continúa afectado por el barro, añadiendo que se han retirado ya más de un centenar de vehículos, aunque todavía quedan algunos donde no se ha podido acceder totalmente.

La escuela infantil ha podido iniciar la jornada después de los trabajos realizados durante el fin de semana para limpiar y garantizar sus accesos, mientras que la asistencia sanitaria continúa prestándose desde las dependencias cedidas por Cruz Roja.

El alcalde ha confirmado que en estos momentos no necesitan colchones, ropa de cama ni alimentos y que la prioridad es la limpieza de calles y viviendas, siendo especialmente útiles medios como pequeñas hidrolimpiadoras allí donde sean requeridas por el operativo, ha informado la Diputación.

Paralelamente al trabajo para articular la respuesta económica, la Diputación mantiene este lunes sobre el terreno los medios humanos y materiales que viene aportando durante estos últimos días, puestos a disposición del dispositivo coordinado y del Ayuntamiento.

Por parte del SEPEI, permanecen en Madrigueras siete componentes, con una dotación del Parque Provincial de Bomberos de Casas Ibáñez y un oficial, además de dos vehículos ligeros y un camión.

Se están realizando achiques allí donde todavía permanece agua y atendiendo las actuaciones que les son requeridas. También continúa movilizado el Parque Móvil Provincial.

La limpieza de la red continúa siendo especialmente importante ante la gran cantidad de barro y materiales arrastrados, tanto para recuperar su funcionamiento como para evitar que esos residuos se solidifiquen y provoquen nuevos problemas.

La Diputación ofrecerá ayudas directas

La Diputación de Albacete ya trabaja en articular una ayuda económica directa al Ayuntamiento de Madrigueras tras la riada de este viernes, que permita atender con rapidez los numerosos gastos y necesidades derivados de la emergencia y afrontar el camino que queda por delante.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente provincial, Santi Cabañero, que continúa siguiendo sobre el terreno la evolución de los trabajos y ha explicado que el vicepresidente y responsable del área económica de la institución, junto al personal de la Diputación, se afanan ya para concretar esta respuesta.

Una medida con la que la Institución provincial quiere acompañar también económicamente a un Ayuntamiento que tendrá que hacer frente a numerosos gastos extraordinarios y a la reposición de infraestructuras y servicios afectados por una riada cuya dimensión, ha insistido el presidente, exige “una respuesta igualmente extraordinaria”.

Cabañero ha señalado que habrá actuaciones y necesidades que no quedarán cubiertas por los seguros y ha puesto como ejemplo la reposición de viales o los gastos imprevistos que el propio Consistorio está teniendo que asumir desde el viernes.

“Lo que ha pasado ha sido muy grande”

En esta tercera jornada tras la riada, Cabañero ha querido insistir especialmente en la verdadera dimensión de una emergencia cuyos efectos, una vez retirada el agua, siguen siendo visibles en buena parte del municipio.

“Lo que ha pasado en Madrigueras ha sido muy grande”, ha reiterado, recordando que, debido a la orografía llana de la localidad, su gran extensión y el predominio de viviendas de poca altura, durante horas una parte muy importante del casco urbano quedó anegada.

El presidente ha matizado la estimación que realizó durante el fin de semana sobre el porcentaje de viviendas afectadas. Ha dejado claro que todavía no existe un recuento técnico definitivo y que la cifra del 70% era una aproximación a partir de lo observado sobre el terreno, aunque ha señalado que puede afirmarse que más de la mitad del municipio ha sufrido afección directa por la inundación.

Junto a las viviendas, numerosos negocios han sufrido directamente la entrada de agua, pero Cabañero ha advertido de que el perjuicio alcanza también a establecimientos que no se inundaron.

“Hay negocios que, aunque no les haya entrado el agua, se van a ver resentidos. Los bares están cerrados, las tiendas están cerradas, la gente ahora está a otra cosa, tiene que recuperar sus vehículos, sus enseres, sus cosas. Y en todo eso tendremos que estar, tendremos que apoyar y tendremos que reivindicar en la parte que nos toque a cada uno”, ha explicado.

Viviendas y enseres destrozados, vehículos perdidos, establecimientos inundados, negocios afectados indirectamente por la paralización de la actividad, daños en infraestructuras y gastos extraordinarios asumidos por el Ayuntamiento dibujan, ha advertido, una realidad que necesitará de distintas líneas de respuesta.

En este contexto, ha incidido en la importancia de la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, anunciada por el presidente de C-LM, Emiliano García-Page, y de todos los mecanismos que puedan activarse desde el Estado, el Consorcio de Compensación de Seguros y las diferentes administraciones.

Se recomienda documentar los daños

Mientras se concretan esos instrumentos, ha recomendado a las personas afectadas documentar todos los daños y acudir a los puntos y canales oficiales habilitados para recibir información y asesoramiento.

Entre las numerosas muestras de solidaridad que está recibiendo el municipio, este lunes ha tenido un significado especialmente emotivo la visita del alcalde de Aldaia (Valencia), Guillermo Luján, con quien Cabañero ha tenido ocasión de compartir parte de la jornada y conocer la ayuda que desde esta localidad valenciana han querido trasladar a Madrigueras.

El municipio valenciano ha llevado una primera aportación de botas y equipos de protección individual (EPI), pero Luján ha señalado que tan importante como esa ayuda material era trasladar personalmente al alcalde y al conjunto del pueblo “ánimo” y “apoyo” para un camino que sabe que será difícil.

Ese movimiento solidario está llegando también desde numerosos municipios de la provincia y de territorios cercanos, con multitud de personas que durante todo el fin de semana se han incorporado a las tareas.

Advierten de bulos en las redes sociales

Cabañero ha pedido que quienes quieran ayudar lo hagan siempre a través de canales oficiales, fundamentalmente Ayuntamiento, Protección Civil y administraciones públicas, para que las aportaciones respondan a las necesidades reales y no dificulten la organización del operativo.

“Tenemos que ordenar la solidaridad a través de canales oficiales”, ha insistido el presidente de la Diputación, pidiendo que la gente no haga caso a los bulos que inundan las redes sociales en este tipo de situaciones. De hecho, la Guardia Civil de Albacete está también advirtiendo del riesgo de estafa.

Un matrimonio de octogenarios ha ganado la batalla judicial contra su banco y ha recuperado los 35.000 euros que perdieron cuando unos hackers engañaron a su hijo y accedieron a sus cuentas. Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid han confirmado que la entidad, ING, estaba obligada a devolver el dinero a los ancianos porque no han podido demostrar que el phishing funcionara por negligencia de ellos o de su hijo, quienes actuaron con “máxima diligencia”, siendo responsabilidad del banco proteger a sus clientes de este tipo de engaños. En este caso, una falsa página web espejo del banco idéntica a la página real que usaban habitualmente para gestionar su dinero.

Angélica Escobar es la abogada que ha representado al matrimonio en este pleito. Explica que el coste económico para ellos “fue muy alto, no era todo su patrimonio, pero perder ese dineral fue muy importante. Y no solo el factor económico, imagínate su hijo lo mal que lo ha pasado durante años pensando que fue una negligencia suya. Ha sido bastante traumático y los padres lo han pasado muy mal”. Desde la entidad recuerdan que, recientemente, han implementado nuevos procesos de seguridad como un proceso de control de los SMS que se mandan en nombre del banco.

La sentencia que ha podido examinar elDiario.es explica que los afectados rozaban los 80 años de edad en 2021, cuando ocurrieron los hechos. Su hijo, que tenía acceso a su cuenta y los ayudaba en la gestión online de su dinero, buscó en Google la página web de ING y entró, como tantas otras veces, solo que en esta ocasión no estaba entrando en el portal de la entidad, sino en una estafa. Se trataba de una página web 'espejo' idéntica a la de ING, pero que no era la del banco, sino preparada por estafadores para imitar a la entidad y conseguir sus claves para acceder a su dinero.

El engaño funcionó y los ladrones consiguieron todo lo que necesitaban para empezar a hacer transferencias desde las cuentas del matrimonio: hasta cinco desvíos de dinero a lo largo de un día que, en cantidades desde 3.500 hasta 8.500 euros, sumaron un total de 35.000 euros desfalcados. Una parte relevante de los ahorros de ambos. El banco se resistió a reponer el dinero y acudió a los tribunales para evitar restituir las cantidades salidas de la cuenta del matrimonio de ancianos. El pleito arrancó en 2021 y para cuando los tribunales han sentenciado el caso en firme y la entidad ha pagado el dinero, uno de los miembros del matrimonio ya había muerto.

Los abogados de ING defendieron, entre otras cosas, que tanto sus clientes como su hijo habían incurrido en “negligencia grave”. Primero por ceder las claves a su hijo para ayudarles a gestionar su dinero sin necesidad de acudir a la sucursal, y segundo por haber caído en la trampa de los estafadores con una web idéntica a la del banco. Los jueces, tanto el juzgado en primera instancia como ahora la Audiencia Provincial de Madrid en firme, confirman lo contrario: que el banco no ha podido confirmar esa supuesta “negligencia”, pero el cliente sí actuó con “la máxima diligencia”, siendo misión del banco prevenir este tipo de situaciones de manera efectiva. Los afectados alertaron inmediatamente al banco de lo que estaba pasando, pero los mecanismos de seguridad de la entidad no eran suficientes.

La Audiencia Provincial de Madrid recuerda que el Tribunal Supremo ya estableció hace un año que, en casos como este, la responsabilidad del banco “tiene carácter cuasi objetivo”. El grado de atención que se puede exigir a estas entidades, añade, “no es el propio del buen padre de familia” sino “un plano superior”. Lo correcto habría sido tener medidas “orientadas a detectar de forma automática” la estafa y “generar una alerta o bloqueo temporal” para impedir que los 35.000 euros hubieran salido de la cuenta del matrimonio ante los indicios sospechosos: la “reiteración” de las transferencias, su horario, el importe o los destinatarios, entre otros.

Los jueces tumban los dos argumentos de defensa de ING. En primer lugar, no hubo negligencia por permitir que su hijo gestionara su cuenta. Tampoco por parte de él por acabar en una página web espejo falsa. “El hijo de los actores no pinchó en ningún enlace indebido, ni proporcionó sus claves a terceros, sino que buscó 'ING' en Google y esa búsqueda le derivó directamente a la web fraudulenta. Fue redirigido a otro servidor que no corresponde al banco con la misma apariencia que la de acceso al cliente”.

Los jueces pudieron comprobar de forma directa cómo gestionó el asunto este matrimonio de ancianos porque su hijo, víctima de la estafa, tenía grabadas las llamadas que cruzó con ellos mientras los delincuentes empezaban a sacar el dinero. También sus llamadas al banco alertando de lo que estaba pasando. La conclusión a la que llegan los jueces es contundente: “El cliente actuó con la máxima diligencia advirtiendo a la entidad de la existencia de operaciones no autorizadas”.

La “lamentable y obstructiva” actitud de los bancos

Angélica Escobar es la abogada que ha impulsado la reclamación de estos dos ancianos y que, finalmente, ha conseguido una sentencia favorable. “Al final la ley dice que el banco tiene una responsabilidad cuasi objetiva porque es garante de nuestros fondos. De esto habla mucho el Tribunal Supremo. Desde que los bancos se hicieron on line asumieron que esto podría pasar y son los responsables de velar por la seguridad para que esto pase”. Las páginas web espejo, que imitan al milímetro los portales de los bancos, “llevan produciéndose desde el 2016 y siguen, los sistemas tienen fugas y los delincuentes aprovechan para meterse por esas fugas” recuerda la letrada.

El Tribunal Supremo estableció el año pasado que un banco está obligado a reponer el dinero a sus clientes víctimas de estafa siempre y cuando no pueda demostrar que el engaño se perpetró gracias a una negligencia grave del dueño de la cuenta. “Que un tercero hubiera podido acceder a las claves del demandante no supone que haya incurrido en negligencia”, dijo entonces la Sala de lo Civil tras estudiar el caso de un cliente de Ibercaja que perdió 83.000 euros a través de una estafa de phishing. Una sentencia que cita ahora la Audiencia de Madrid para dar la razón a este matrimonio de ancianos y su hijo. En este caso, recuerda la letrada, “lo que fallaron fueron los sistemas de seguridad del banco, y el banco no ha podido acreditar que fueran 100% seguros”.

Escobar define como “lamentable” la actitud de los bancos en este tipo de casos frente al coste económico y emocional que tiene para los afectados tener que pleitear durante años para recuperar su dinero. “Para mis clientes fue muy traumático tener que perder ese dineral, litigar durante años, personas mayores que desconocen el ámbito jurídico... el procedimiento en sí fue traumático para ellos”, describe en conversación con elDiario.es.

La letrada explica que, por su experiencia, los bancos exigen primero que los clientes presenten una denuncia por la vía penal contra los estafadores y después intentan paralizar los procesos civiles de reclamación de dinero porque ya existe ese proceso penal. “Es la misma respuesta para todos los clientes, dicen que lo sienten mucho, pero no te van a devolver el dinero. En el 100% de los casos instan un procedimiento penal y civil, y cuando empieza el civil alegan que debe suspenderse por prejudicialidad penal. Su recomendación les sirve para torpedear el proceso y esa actitud hace que muchas personas no inicien el procedimiento por falta de información y miedo”. “La actitud es lamentable y totalmente obstructiva”, zanja la abogada.

Desde la entidad recuerdan que el pasado agosto implementaron un nuevo sistema para poder controlar mejor la procedencia de los SMS que envía el banco y poder detectar posibles intentos de phishing. “ING proporciona con esta solución una mayor tranquilidad y control a sus clientes al poder verificar de forma sencilla los mensajes sospechosos”, explicó el banco.

La Policía Nacional de Cádiz ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la compraventa fraudulenta de viviendas en la provincia de Cádiz, deteniendo a tres personas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y de Los Palacios y Villafranca como presuntos autores de vender inmuebles de terceros, que alquilaban previamente, sin contar con la autorización de sus legítimos propietarios.

A los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz ha permitido destapar un complejo procedimiento delictivo mediante el cual los investigados conseguían vender viviendas de terceros sin tener autorización para ello.

El modus operandi comenzaba con la búsqueda de viviendas en régimen de alquiler. Una vez localizados los inmuebles, mostraban interés en arrendarlos, utilizando identidades usurpadas para formalizar los trámites tanto de los verdaderos propietarios como de terceras personas que intervenían en los distintos actos jurídicos.

Una vez que conseguían acceder a las viviendas, iniciaban la búsqueda de posibles compradores, principalmente sociedades dedicadas a la compraventa de inmuebles. Para ello, ofrecían las propiedades a precios atractivos pero sin llegar a resultar tan bajos como para levantar sospechas sobre la legalidad de las operaciones.

El siguiente paso consistía en obtener fraudulentamente poderes notariales que les permitieran actuar en nombre de los legítimos propietarios y formalizar las compraventas sin su conocimiento ni consentimiento. Así, utilizaban documentación falsificada e identidades suplantadas, con las que conseguían aparentar la legalidad de las operaciones ante las notarías.

Una vez consumadas las ventas, el dinero obtenido se ingresaba en cuentas bancarias abiertas previamente mediante identidades usurpadas, con el objetivo de disponer de los fondos procedentes de las operaciones fraudulentas.

Detenidos en Los Palacios y Dos Hermanas

El operativo tenía como objetivos principales localizar y detener a los responsables de la trama, así como impedir la continuidad de su actividad delictiva y evitar nuevos perjuicios a los propietarios de los inmuebles.

El conjunto de las declaraciones, los reconocimientos fotográficos y las pruebas obtenidas durante la investigación permitió a los agentes reunir indicios contra los presuntos autores y reconstruir el procedimiento utilizado para cometer las estafas.

Los tres detenidos, localizados en Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, cuentan con numerosos antecedentes policiales, principalmente por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.

La operación Cuco se enmarca en las actuaciones de la Policía Nacional contra las organizaciones criminales especializadas en delitos económicos y patrimoniales, especialmente aquellas que utilizan procedimientos complejos de falsificación documental y suplantación de identidad para cometer estafas.

La Guardia Civil investiga a once personas, ocho residentes en Tenerife y tres en Salamanca, con edades comprendidas entre los 19 y los 45 años, por presuntamente estafar a varias víctimas con falsos alquileres vacacionales.

Los acusados engañaban a las víctimas mediante técnicas de ingeniería social, publicando anuncios falsos de alquiler en una página web que habían creado y que simulaba pertenecer a una empresa legalmente constituida y dedicada a la gestión de alojamientos, detallan fuentes del instituto armado.

Una vez establecían el contacto con las víctimas, les solicitaban el abono de distintas cantidades económicas en concepto de reserva, fianza u otros gastos relacionados con el supuesto alquiler.

Los pagos se realizaban principalmente mediante transferencias bancarias y envíos de dinero a través de bizum.

Cuando las víctimas realizaban el pago e intentaban acceder a los alojamientos contratados, comprobaban que las viviendas ofertadas no se encontraban disponibles.

Las gestiones practicadas por el Equipo @ de Playa de Las Américas, especializado en combatir la ciberdelincuencia, permitieron identificar cuentas bancarias, líneas telefónicas y direcciones de correo electrónico utilizadas en la operativa.

Durante el análisis de toda la información recopilada se constató que algunos de estos medios habían sido contratados utilizando datos personales y documentación pertenecientes a terceras personas, cuyas identidades habían sido usurpadas, lo que dificultaba la identificación de los responsables.

Como resultado de la investigación se ha conseguido identificar e investigar a once personas por su posible participación en los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil pide desconfiar de los anuncios en los que el precio de alquiler es desmesuradamente bajo y de los anunciantes que no pueden hablar por teléfono bajo cualquier excusa.

También recomienda consultar el número de personas que han alquilado previamente ese alojamiento y a leer las opiniones que dejan, así como investigar a través de buscadores los datos facilitados por el anunciante, ya que, en ocasiones, otros usuarios engañados cuentan sus casos cuando han sido estafados.

Asimismo, aconseja desconfiar de los anunciantes cuando exigen el pago rápido, y antes de realizar una transferencia bancaria, asegurarse que el anunciante ofrece garantías suficientes.

La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por estafar cerca de 700.000 euros a varias víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo que simulaban ganancias con extractos bancarios, fotografías y vídeos y organizaban eventos y viajes internacionales para ganarse su confianza.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en septiembre de 2025 por una persona que afirmó haber sido víctima de una estafa iniciada en 2024, después de entregar distintas cantidades de dinero mediante transferencias para invertir en criptomonedas.

Durante las pesquisas, los agentes localizaron a más víctimas y determinaron que el dinero era recibido a través de distintas cuentas bancarias de varios miembros del grupo y que se utilizaban más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y mover los fondos.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil, uno de los investigados se habría aprovechado de la confianza de vecinos de una localidad del norte de Cáceres para captar el dinero y posteriormente simulaba que las inversiones se habían realizado. Para aparentar las ganancias utilizaba extractos bancarios, fotografías y vídeos de supuestos beneficios, algunos de ellos por cantidades superiores al millón de euros. Posteriormente solicitaba nuevos pagos con el argumento de que eran necesarios para desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios.

Para reforzar estas peticiones, los investigados habrían utilizado sin autorización el nombre de distintos bufetes de abogados y falsificados documentos. También realizaban viajes internacionales y organizaban grandes eventos que difundían entre los vecinos para reforzar la apariencia de solvencia y de que el dinero procedía de sus propias inversiones.

La investigación cifra en más de 500.000 euros el dinero presuntamente estafado a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres y en otros 180.000 euros el obtenido de seis personas residentes en Alicante que procedían de la misma localidad cacereña.

Los investigados son tres hombres y una mujer, a quienes se atribuyen delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente y los cuatro investigados permanecen a la espera de juicio. 

Desde este mes de septiembre, los operadores de telefonía móvil en España tienen la obligación legal de aplicar un bloqueo automático sobre todos los mensajes SMS, MMS y comunicaciones RCS comerciales cuyo remitente alfanumérico no aparezca inscrito en el Registro de Alias oficial. Esta iniciativa regulatoria, supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), representa el último despliegue del Plan Antiestafas del Gobierno para atajar los fraudes digitales de suplantación de identidad o smishing que afectan diariamente a miles de usuarios en todo el país.

Con la entrada en vigor de este mecanismo, las redes telefónicas españolas filtran de manera continua todo el tráfico de mensajería dirigido a números nacionales. A partir de ahora, cualquier entidad pública o privada —incluyendo bancos, aseguradoras, empresas de transporte, comercios y administraciones públicas— que pretenda remitir avisos utilizando su nombre comercial, marca registrada, denominación social o dominio web deberá haber completado previamente la correspondiente inscripción en la base de datos del regulador estatal para que sus notificaciones puedan ser efectivamente entregadas en los teléfonos móviles de los usuarios receptores.

El procedimiento técnico establece que las compañías operadoras deben consultar diariamente la base de datos pública gestionada por la CNMC para verificar la legitimidad de las cabeceras. Cuando un mensaje intente transmitirse utilizando un identificador alfanumérico que no coincida con la lista oficial de remitentes validados, la red lo interceptará y bloqueará de forma automatizada antes de su recepción. Además, el mecanismo exige garantizar una vinculación directa entre el titular legítimo de la marca y los proveedores de servicios de mensajería o agregadores autorizados para gestionar la transmisión técnica de los envíos comerciales.

Dentro de los protocolos de seguridad estipulados, los proveedores de mensajería habilitados quedan obligados a ejecutar medidas de bloqueo directo en origen siempre que detecten identificadores no registrados, intermediarios no autorizados o envíos que carezcan de la confirmación explícita del titular. De forma complementaria, las empresas operadoras deberán interceptar sistemáticamente todos los mensajes dirigidos a números españoles que procedan de empresas extranjeras no inscritas formalmente en España, estableciéndose como única excepción operativa aquellos supuestos en los que el usuario se encuentre en itinerancia o roaming.

El desarrollo normativo de este sistema se fundamenta en la Orden TDF/149/2025 y en diversas resoluciones de la CNMC. El Registro de Alias quedó constituido en marzo y, posteriormente, se anunció que la base de datos estaría operativa desde el 7 de junio. Sin embargo, la fecha límite para la aplicación del bloqueo se aplazó mediante la Orden Ministerial TDF/558/2026, publicada en el BOE, a petición de los operadores y del propio regulador para gestionar el elevado volumen de solicitudes registradas y testear adecuadamente la compleja integración de los sistemas en red.

Tras vencer esta moratoria técnica, la CNMC ha confirmado que no se otorgarán nuevas prórrogas a las compañías. Aquellas entidades que no hayan registrado sus alias no podrán enviar comunicaciones identificadas con su nombre, aunque conservan la opción de remitir SMS si prescinden de la cabecera comercial. Asimismo, los identificadores de nueva creación pueden tramitarse en cualquier momento a través de la Sede Electrónica del organismo. Como medida de transición, las solicitudes presentadas antes del 14 de septiembre contarán con autorización temporal de hasta tres meses mientras se resuelve su expediente en el registro.

La regulación de las cabeceras alfanuméricas supone un gran cambio en un ámbito informativo que hasta la fecha carecía de control normativo y permitía el uso libre de nombres comerciales por parte de terceros. Según los datos recopilados por las autoridades, el conjunto del Plan Antiestafas ha conseguido bloquear desde marzo un total de 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2,2 millones de SMS engañosos. Esta estrategia de protección digital se reforzará además en octubre, fecha en la que entrará en vigor la obligación para las empresas de utilizar únicamente el prefijo 400 en llamadas comerciales, bajo la misma amenaza de bloqueo en red.

La puesta en marcha de este control ha generado diversas reacciones entre los colectivos de protección al consumidor. La OCU ha valorado la iniciativa como un avance positivo aunque mostró cautela al recordar que medidas previas resultaron insuficientes con el paso del tiempo. Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado un esfuerzo decidido de inspección a las administraciones para perseguir los intentos de fraude bloqueados, mientras la CNMC insiste a pymes, autónomos y empresas en la necesidad de revisar notificaciones electrónicas y mantener actualizada la inscripción de sus marcas.

La Guardia Civil ha logrado identificar e investigar a 22 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a estafar a aerolíneas reclamando equipajes que supuestamente habían perdido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo, cuando una aerolínea se percató de que tenía hasta 71 reclamaciones por pérdida de equipaje, por un valor de entre 1.500 y 1.800 euros cada una, superando un total de 90.000 euros en pérdidas. Todas las reclamaciones tenían un nexo común, pues siempre se usaba el mismo número de teléfono o correo electrónico de contacto con el presunto damnificado, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Las pesquisas permitieron averiguar el modus operandi del grupo, que facturaba equipajes en vuelos nacionales de bajo coste tras los que reclamaban falsamente que se les habían extraviado las maletas. Para esto se servían de menores de edad, quienes se encargaban de sacar las maletas del aeropuerto mientras un miembro de la familia mayor de edad interponía falsamente la reclamación.

Una vez que la compañía realizaba las comprobaciones oportunas y no encontraban el equipaje, procedían al abono correspondiente. Los investigados ya han pasado a disposición judicial, la mayoría de ellos con antecedentes previos.