Tras una larga investigación la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha llevado a cabo la identificación de diez personas como ‘receptoras’ de dinero de la conocida como ‘estafa de los likes’. Se trata de falsas ofertas de empleo que prometen grandes ingresos a las víctimas, en un primer momento se ganan su confianza y después, les ordenan pagos de determinadas cantidades de dinero bajo falsas excusas, dinero que nunca recuperan. 

De las diez personas identificadas, cuatro de ellos tienen antecedentes policiales previos, principalmente por delitos contra el patrimonio, como estafas o robos con fuerza o con violencia. 

La investigación dio comienzo a finales del año 2025 a través de la interposición de una denuncia, en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en la que la víctima narraba que había sido estafada con 690 euros, 1050 euros y 1060 euros en diferentes momentos desde su inicio en el trabajo de dar ‘likes’ en diferentes redes sociales. 

La víctima observó una oferta de trabajo en una red social, pinchó en ella para obtener más información y tras mantener varias conversaciones a través de otra aplicación mensajería instantánea, aceptó el trabajo que consistía en dar ‘likes’ o ‘me gustas’ en diversos vídeos de ‘Facebook’ e inversiones en criptomonedas. Otra de sus funciones consistía en realizar pagos monetarios a personas que otros le ordenaban, a través de ‘Bizum’ y también a través de transferencias inmediatas.

Tras la realización de todas estas tareas que le habían encomendado ella recibiría, según lo acordado, pequeños beneficios económicos en su cuenta bancaria. 

Tras un tiempo se percató de que no estaba recibiendo ningún ingreso en su cuenta bancaria, por lo que se puso en contacto con las personas que le habían prometido los ingresos. Le comunicaron que había ocurrido un error y que para poder solventarlo debía abonar la cantidad de 2.800 euros de manera fraccionada y mediante transferencia bancaria para poder recuperar esos ingresos iniciales que le habían prometido. Y que este nuevo ingreso repercutiría en sus beneficios posteriormente.

Finalmente se percató de que estaba siendo víctima de una estafa, por lo que acudió a interponer una denuncia narrando lo sucedido. 

Modus operandi

La conocido ‘estafa de los likes’ es una modalidad de fraude informático desarrollado principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o plataformas digitales. Los autores, en un primer momento, se ganan la confianza de sus víctimas y aprovechándose de su situación de desempleo, les estafan varias cantidades de dinero. Les prometen la obtención de ingresos rápidos y de manera fácil y sencilla. 

En la fase inicial del trabajo, las víctimas suelen recibir pequeñas cantidades de dinero para generar confianza y credibilidad de la supuesta oferta de empleo. Posteriormente solicitan que se adelanten determinadas cantidades de dineros bajo diferentes excusas, como acceder a tareas de mayor remuneración, desbloquear niveles superiores, realizar inversiones temporales que luego serán devueltas con creces …Y estas cantidades una vez que son transferidas nunca le son devueltas a las víctimas y despareciendo los interlocutores. 

Estas personas, además de convertirse en víctimas y ser estafadas con sus ahorros, en ocasiones se convierten en intermediarios o ‘muleros financieros’. Pueden quedar vinculadas a la comisión de otros ilícitos penales como el blanqueo de capitales o estafas.  Una vez que han conseguido el máximo de dinero de sus víctimas, los estafadores desaparecen y cortan toda vía de comunicación. 

Consejos para evitarlo

-No pinchar en enlaces o sitios web de procedencia desconocida.

-No proporcionar datos personales a personas desconocidas o introducirlos en sitios web.

-Desconfiar de ofertas de empleo demasiado atractivas y que prometen grandes beneficios en poco tiempo.

-No adelantar dinero por trabajar ni por acceder a determinadas tareas.

-Desconfiar de ofertas de empleo recibidas sin solicitud previa.

-Verificar el nombre y el domicilio fiscal de la empresa.

Si ya ha sido víctima acuda, lo antes posible, a una dependencia de Policía Nacional e interponga una denuncia narrando todo lo sucedido y aportando el mayor número posible de datos, como capturas de pantalla de conversaciones o detalles de transferencias bancarias.

Sufrir un caso de ciberdelincuencia no siempre representa necesariamente el final del calvario para el afectado, sino el inicio de un nuevo riesgo. En muchos casos, este suceso es solo el preámbulo de una estafa secundaria conocida técnicamente como Recovery Room o sala de recuperación. Este método delictivo se ceba con personas que ya han sufrido un quebranto económico previo, buscando explotar su desesperación por recuperar lo perdido, de ahí que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) haya alertado del incremento de estos casos detectados recientemente en el entorno financiero. Los estafadores operan bajo una lógica perversa al convertir la vulnerabilidad emocional de la víctima en su principal herramienta de manipulación y engaño.

No se trata de un contacto fortuito, sino de un ataque dirigido que suele basarse en bases de datos obtenidas de estafas anteriores. En este escenario, la esperanza de recuperar los ahorros perdidos se transforma rápidamente en una nueva trampa económica de difícil salida. Es vital entender que esta práctica busca asestar un segundo golpe financiero a quienes ya se encuentran en una situación crítica y vulnerable.

El funcionamiento de este fraude se basa íntegramente en la falsa promesa de rescatar fondos que ya se consideraban definitivamente perdidos por el usuario. Los delincuentes aseguran poseer medios tecnológicos o legales muy avanzados para rastrear el dinero estafado en primer lugar. Según detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los atacantes suelen presentarse falsamente como expertos auditores o incluso como abogados de gran prestigio. El contacto inicial con la potencial víctima se realiza de forma proactiva mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes privados en redes sociales. La narrativa construida por estos grupos criminales es extremadamente convincente, utilizando un lenguaje técnico que simula una solvencia profesional totalmente inexistente. 

Al dirigirse a víctimas de fraudes previos, los estafadores suelen conocer detalles específicos sobre el engaño original que sufrió el afectado en el pasado. Esta información privilegiada les permite generar una falsa pero potente sensación de confianza y legitimidad desde el primer momento de la charla. Sin embargo, el objetivo final es siempre el mismo: solicitar el pago de cantidades adicionales bajo conceptos que son totalmente inventados.

La OCU subraya con firmeza que ninguna entidad legítima o despacho de abogados serio solicita nunca pagos por adelantado para realizar estas gestiones. Los estafadores justifican estas peticiones de dinero alegando supuestos gastos administrativos, tasas legales de última hora o impuestos de salida pendientes. También es sumamente común que mencionen comisiones bancarias internacionales o costes específicos necesarios para el desbloqueo de los fondos recuperados. Todos estos argumentos carecen de cualquier tipo de base real y forman parte del guion diseñado para extraer el máximo capital posible. 

Una vez que la víctima realiza la transferencia solicitada, los delincuentes suelen desaparecer de forma inmediata rompiendo cualquier vía de contacto. En otras ocasiones, si detectan que el afectado aún posee recursos disponibles, inventan nuevas incidencias burocráticas para seguir pidiendo más fondos. Este ciclo de extorsión económica puede prolongarse mientras la víctima mantenga la esperanza de recuperar su inversión inicial. Es fundamental desconfiar sistemáticamente de cualquier persona que prometa resultados garantizados en la recuperación de estafas digitales complejas.

Para dotar al engaño de una apariencia altamente profesional, los grupos criminales utilizan identidades suplantadas de empresas reales y organismos oficiales. El INCIBE advierte que es habitual el uso fraudulento de logotipos reales, sellos institucionales falsificados y páginas web con un diseño muy sofisticado. Estas plataformas fraudulentas a menudo incluyen testimonios de éxito e historias de recuperación que son completamente ficticias y manipuladas. Los delincuentes también pueden llegar a hacerse pasar por representantes de las fuerzas de seguridad del estado o de agencias gubernamentales. Esta táctica busca intimidar a la víctima o hacerle creer de forma errónea que el proceso cuenta con un respaldo legal oficial. 

La presión psicológica sobre el usuario se intensifica mediante el uso de plazos cortos y una falsa sensación de extrema urgencia. Se advierte al ciudadano que la celeridad demandada es solo un método para forzar decisiones impulsivas y evitar que reflexione. La verificación independiente de la existencia de estas empresas es un paso crítico que nunca debe ser omitido por el consumidor. Existen variantes de esta estafa que van mucho más allá de la simple petición de dinero. En algunos casos, los atacantes solicitan a la víctima que instale software de acceso remoto en sus dispositivos personales bajo pretextos técnicos. El INCIBE señala que esta maniobra permite a los delincuentes observar contraseñas en tiempo real y vaciar las cuentas bancarias directamente. 

También es frecuente que pidan la creación de nuevas billeteras digitales con la excusa de recibir en ellas los supuestos fondos rescatados. En realidad, los estafadores mantienen el control total sobre estas carteras y se apropian de cualquier ingreso que se realice en ellas. Este tipo de intrusión maliciosa compromete no solo las finanzas, sino también toda la seguridad digital y la privacidad del usuario afectado. Los expertos recomiendan encarecidamente no permitir nunca el acceso de terceros desconocidos a ordenadores o teléfonos móviles personales. La protección de las claves privadas y las credenciales bancarias es siempre la última línea de defensa ante estos ataques.

Cortar y bloquear, lo primero

Ante la recepción de una oferta de este tipo, las recomendaciones de los especialistas son claras, directas y eminentemente preventivas para el usuario. En primer lugar, se debe proceder a cortar cualquier tipo de comunicación de forma inmediata con el remitente de la propuesta. No se debe facilitar bajo ningún concepto documentos personales, contraseñas bancarias ni realizar pagos por supuestas tasas o comisiones de gestión. Nunca se debe confiar ciegamente en los datos de contacto o enlaces proporcionados por la misma persona que ha iniciado el contacto. Es prudente bloquear los números de teléfono, los perfiles en redes sociales y marcar los correos electrónicos sospechosos como basura. Además, si se ha llegado a instalar algún programa sugerido por los estafadores, es estrictamente necesario revisar técnicamente el dispositivo. Por último, el cambio inmediato de todas las contraseñas expuestas y la activación de la doble autenticación son ahora pasos de seguridad obligatorios.

La colaboración ciudadana y el reporte activo de estos incidentes son elementos esenciales para combatir la actual impunidad de estas redes. El INCIBE pone a disposición de todos los ciudadanos su Línea de Ayuda en Ciberseguridad gratuita a través del número marcado como 017. Este servicio ofrece una orientación especializada y confidencial para gestionar correctamente situaciones de fraude, robo de datos o extorsión. Es fundamental recopilar todas las pruebas posibles del contacto, como capturas de pantalla de chats, correos recibidos y justificantes de pago. Esta documentación será de vital importancia al presentar la denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Denunciar permite a las autoridades rastrear los patrones delictivos y bloquear los recursos financieros que utilizan habitualmente los estafadores.

Un any i mig després de ser arrestat a Taiwan amb diverses ordres de detenció internacional a l’esquena, l'empresari mallorquí Salvador Llinàs ha acceptat aquest dimecres una condemna de quatre anys i deu mesos de presó per estafar 20 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 3.500 cotxes a diversos països europeus. L'acusat es va apoderar de vehicles que prèviament havia llogat a entitats financeres i concessionaris, mai no va retornar els turismes i va acabar revenent-los de manera il·legal.

Llinàs s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Balears, on les parts han pactat una sentència de conformitat que rebaixa de manera notable la petició inicial de la Fiscalia, que s'elevava a nou anys de presó. A més de la pena de presó, l'empresari haurà d'abonar una multa d'uns 2.800 euros, mentre que la resta de reclamacions econòmiques seguiran el seu curs en la jurisdicció civil.

Els fets es remunten al 2018, quan Llinàs era administrador únic d'IMT Holding Spain, matriu de les societats Balear Sport Car i Autoclik. Aquesta última operava també en altres països europeus com Itàlia, França, Portugal i Bèlgica sota un model de negoci basat en el lloguer de vehicles sense conductor.

Tal com ha reconegut el mateix acusat, el frau va consistir a vendre cotxes que no eren de la seva propietat. Tot i que els contractes de renting o leasing prohibien expressament la seva venda o cessió, Llinàs va ignorar aquestes condicions i va procedir a comercialitzar-los a particulars i empreses, presentant factures que simulaven que tenia plena capacitat per disposar dels vehicles.

En molts casos, els compradors rebien el cotxe, però no la documentació original, ja que l'empresari no n’era el titular real. L'operativa també es va estendre a l'estranger, on va arribar a vendre desenes de vehicles adquirits mitjançant finançament bancari, vulnerant igualment les condicions contractuals.

La investigació calcula que es va desprendre de manera fraudulenta de fins a 3.568 vehicles repartits per diferents llocs d'Espanya, com Barcelona, Madrid, Alacant, Màlaga o Canàries, i diversos països europeus, generant un perjudici econòmic milionari.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclik, les oficines es trobaven buides. No hi quedava res ni ningú.

D'acord amb les perquisicions dutes a terme en el seu moment, Llinàs havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fuga, tal com van publicar en el seu moment Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va posar en marxa diverses empreses, entre elles Iberico Food Services Co. i, al juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte de Da'an, a Taipei, al qual va denominar Malavida, operat per xefs d'Espanya i dels Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a la taula... com la vida indulgent”, es promocionava el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de cerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va dotar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada donada la gravetat dels càrrecs en contra seva, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat”.

Llinàs va ser detingut el 20 d'octubre de 2024 a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per revendre'ls posteriorment de manera il·lícita. Posteriorment, va ser traslladat a Alemanya, on va romandre prop d'un mes en presó provisional abans de ser lliurat a Espanya en virtut d'una ordre europea de detenció.

El cas, que ha afectat tant empreses de lloguer com compradors particulars, continuarà obert en l'àmbit civil per dirimir les indemnitzacions derivades del frau.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.

La autopista AP-7 de la Costa del Sol ha alertado de un intento de estafa por SMS, un método conocido por los especialistas como smishing, en el que los ciberdelincuentes simulan ser una entidad legítima con el objetivo de robar información privada o realizar un cargo económico. En este caso, se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Así lo ha reportado la empresa concesionaria en un comunicado, donde detalla que algunos usuarios han recibido un mensaje en sus teléfonos móviles, enviado a través de una cuenta denominada DGTInfo.

En esta comunicación por mensaje SMS aparece el siguiente texto: “Peaje AP-7 no abonado”. También se reporta la marca, el modelo y la matrícula del vehículo. Por último, se detalla la cuantía que el conductor, supuestamente, adeuda. 

Como en este tipo de estafas, los ciberdelincuentes intentan que el afectado tenga poco tiempo para pensar y que pique. Por eso, a continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas, bajo amenaza de una sanción de doscientos euros. Para abonar el dinero, se incluye un enlace abreviado que conduce a la plataforma de pago fraudulenta.

Todo es un engaño, recuerda la compañía Ausol, quien gestiona las dos concesiones de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro. No hay que prestar atención al mensaje y tampoco hay que acceder al enlace adjunto que aparece en el SMS. 

Nuevo engaño a costa de la DGT

No es la primera vez que los ciberdelincuentes intentan suplantar la identidad de la DGT, un organismo acostumbrado a emitir multas y otro tipo de sanciones cuando se refiere a cuestiones relacionadas con el tráfico. Y utilizan cualquier método a su alcance, tanto el envío de un SMS como de un correo electrónico. En ambos, se reclama el pago de un dinero pendiente. 

Sin embargo, desde Ausol, recuerdan que se trata de fraudes. En el caso de la DGT, la dirección, dependiente del Ministerio del Interior, advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto ni correos electrónicos, sino que solo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial (DEV).

Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y del Equipo @ de la Guardia Civil en La Rioja han desmantelado un entramado criminal dedicado a la ciberestafa en el marco de la operación NETROV. La operación ha culminado con la investigación de dos varones y dos mujeres, de entre 21 y 40 años y de distintas nacionalidades, residentes en Asturias, Barcelona, Cádiz y Málaga, como presuntos autores -en distintos grados de participación- de delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación se inició tras detectarse un incremento significativo de denuncias por estafas cometidas a través de Internet en distintos puestos de la Guardia Civil de la provincia. Las primeras actuaciones permitieron determinar la existencia de un modus operandi común y perfectamente estructurado.

En todos los casos denunciados, las víctimas recibían mensajes de texto (SMS) que simulaban proceder de su entidad bancaria. En ellos se advertía sobre posibles problemas de seguridad en la cuenta, con mensajes similares a los siguientes:

Transferencia: TRANSFERENCIA por importe de 1.900 EUR realizada desde su cuenta. Si no la ha realizado usted, contacte de inmediato con atención al cliente en el siguiente enlace: https://seguridad-banco-cliente.com

Cargo elevado: Se ha realizado un cargo por importe de 10.800 EUR en su cuenta. Si no reconoce esta operación, llame de inmediato o verifíquela aquí: https://revision-operacion-segura.net

Inicio de sesión: Se ha iniciado sesión en su banca online desde un nuevo dispositivo móvil. Si desconoce este acceso, verifíquelo inmediatamente: https://verificar-acceso-cuenta.com

Transferencia en proceso: Aviso: transferencia en proceso por importe de 2.450 EUR. Si no ha autorizado esta operación, revísela de inmediato: https://bloqueo-operacion-banco.org

Los enlaces incluidos en estos mensajes redirigían a las víctimas a páginas web que suplantaban la imagen corporativa y la funcionalidad de su entidad bancaria. Tras introducir sus credenciales de acceso, las víctimas recibían posteriormente la llamada de un supuesto gestor del banco que, con el pretexto de bloquear operaciones fraudulentas, solicitaba los códigos de verificación enviados por la propia entidad al teléfono móvil.

Mediante esta técnica de ingeniería social, los autores lograban obtener el control operativo de las cuentas de las víctimas, efectuando cargos en sus tarjetas, compras de tarjetas prepago y transferencias inmediatas a través de la plataforma Bizum. Posteriormente, con el objetivo de blanquear el capital, diversificaban el dinero a través de diversos productos financieros y monederos electrónicos, dificultando su trazabilidad y evidenciando la existencia de una estructura organizada.

La investigación, que resultó especialmente compleja y requirió un exhaustivo análisis para reconstruir el recorrido del dinero, ha permitido determinar la presunta autoría de cada uno de los investigados en un total de 14 denuncias por estafa interpuestas en Murillo de Río Leza, Lardero, Calahorra, Haro, Nájera, Alfaro, Autol, Nieva de Cameros y Anguiano, con un perjuicio económico total de 7.410 euros.

Se recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de mensajes y enlaces recibidos por SMS o correo electrónico que soliciten datos personales o bancarios, y se recomienda comprobar siempre la autenticidad de las comunicaciones a través de los canales oficiales de las entidades financieras o de la propia Guardia Civil.

Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

El Ministerio Fiscal pide un año y ocho meses para cada uno a cuatro miembros de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, L. L. M., LM. O. U., C. G. G. y O. R. U., por un delito de estafa y otro de apropiación indebida al cobrar en 2013 a integrantes de la Sociedad Agraria de Transformación Virgen de Legarda cuotas de amortización de préstamos.

El juicio está previsto que se desarrolle este martes y miércoles, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. En los hechos de Fiscalía, se narra que la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) 'Virgen de Legarda' se constituyó en 1982 para “transformar las fincas del término municipal de Ochánduri en regadío, obteniendo el 25 de octubre de 1.991 la oportuna concesión de aprovechamiento de aguas públicas derivadas del río Tirón”.

Tras la tramitación administrativa correspondiente, el 3 de mayo de 2.007 fue aprobado el Proyecto de Modernización del Regadío en la zona de Ochánduri, suscribiéndose el 23 de mayo de 2.017 el oportuno Convenio de Colaboración entre la SAT, la Comunidad Autónoma de La Rioja, Ibercaja y Bankia, que preveía en cuanto a su financiación la suscripción de sendas pólizas de préstamo entre éstas últimas entidades bancarias y la SAT, de modo que la titularidad de las obras de modernización del regadío en dicha zona correspondía a la SAT como entidad prestataria“.

Debido a numerosos “avatares administrativos”, no fue hasta el 8 de abril de 2011, cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro dictó resolución “en la que se disponía que en el plazo de 3 meses, los propietarios de las tierras beneficiadas con este aprovechamiento habrían de constituirse en Comunidad de Regantes”.

Por su parte, la resolución de 23 de julio de 2012, dictada por la misma autoridad, indicó que “en el plazo de 6 meses habría de solicitarse la transferencia de la titularidad del aprovechamiento de aguas, inscrito en el Registro de Aguas a favor de la SAT, decretándose por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 13 de febrero de 2013 la transferencia de la titularidad del aprovechamiento de aguas, que no la de la propiedad de las infraestructuras pagadas por la SAT mediante los préstamos referidos en el párrafo anterior”.

Posteriormente, en 2012 “se declaró constituida la Comunidad de Regantes de Ochánduri, a la que la Confederación Hidrográfica del Ebro declaró titular de la concesión de aguas y de los bienes y obras necesarias para su explotación que hasta entonces ostentaba la SAT”.

El escrito recuerda que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJR declaró en Sentencia de 19 de febrero de 2.015 “que la propiedad de las infraestructuras de riego financiadas correspondía a la SAT”. Aún así, “y correspondiendo por tanto a la SAT tanto la propiedad de las infraestructuras como la titularidad de los préstamos referidos, los acusados, miembros todos de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, en Junta de Gobierno celebrada el 27 de diciembre de 2012 votaron a favor y acordaron, sin que existiera amparo legal alguno para ello, que la referida comunidad integraba en su patrimonio los bienes, derechos y obligaciones de cualquier naturaleza de la SAT, así como que dicha comunidad de regantes quedaría subrogada en las pólizas de préstamo referidas”.

Después de ello “comunicaron a los miembros Comunidad de Regantes que también lo eran de la SAT que, desde entonces, la cuota de amortización de esos préstamos cargada regularmente a cada uno de ellos sería abonada en la cuenta corriente de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, como así hicieron con las cuotas correspondientes al ejercicio 2013, y todo ello generando una apariencia de regularidad, sirviéndose de la imagen de confianza que la comunidad de regantes referida ofrece a sus usuarios -que en su mayoría también lo eran de la SAT- y pese a ser requerida la comunidad por la SAT para que no cobrara ninguna cuota de amortización”

Como consecuencia de los hechos expuestos “la SAT dejó de ingresar de sus miembros y en concepto de cuotas de amortización de los prestamos referidos una cantidad total estimada en 31.106,96 euros, cantidad que acabó en la cuenta de la Comunidad de Regantes de Ochánduri, de modo que la primera se vió obligada a afrontar con fondos y capital propios esas amortizaciones, mientras la segunda atendía sus gastos ordinarios, corrientes y de funcionamiento, así como otros servicios o personas que con ella habían contratado - que nada que ver tenían con dicha amortización - con el saldo de su cuenta corriente, conformado en parte con esas cuotas indebidamente cobradas”.

Para el Fiscal, los hechos constituyen un delito de estafa y otra de apropiación indebida, por los que reclama para cada uno de los acusados un año y ocho meses de cárcel, así como una indemnización conjunta a la SAT de 31.106,96 euros, siendo responsable civil subsidiaria la Comunidad de Regantes de Ochánduri.

El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que impide realizar cualquier comunicación comercial telefónica a través de números que no comiencen por el prefijo 400. La medida, que forma parte del Plan Antiestafas, fija octubre como fecha límite para que las operadoras bloqueen cualquier intento de contacto publicitario que no utilice esta nueva numeración.

“En el día de hoy hemos publicado en el BOE una instrucción que va a obligar a que todas las operadoras telefónicas obliguen a todas las empresas a hacer las llamadas comerciales, siempre con un número 400”, ha detallado el ministro Óscar López este martes en un evento de AMETIC, la patronal tecnológica. “Esta medida entrará en vigor a partir de octubre y por lo tanto, todos los ciudadanos que sepan que a partir de octubre solo podrán recibir llamadas comerciales que entren de un número 400 y el resto serán bloqueadas”.

Los nuevos números 400 serán unidireccionales. Esto significa que los ciudadanos podrán recibir la comunicación, pero el sistema les impedirá devolver la llamada a ese mismo número. Con esta restricción, el Gobierno busca neutralizar las estafas de rellamada, en las que los ciberdelincuentes intentan que la víctima contacte con números de tarificación especial dejándole un gancho en un primer contacto.

Además de la imposición del nuevo prefijo, las operadoras de telecomunicaciones también deberán permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a los números 400.

Registro de nombres contra el fraude por SMS

El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. Con el objetivo de frenar las suplantaciones de identidad de empresas e instituciones a través de SMS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro oficial donde todos los organismos deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como remitentes.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”. A partir del 7 de junio, las operadoras tienen la orden de bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no figure en esta base de datos verificada.

Estas medidas se suman a un protocolo previo que, desde marzo de 2025, prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente, obligando al uso de números cortos, fijos locales o rangos gratuitos (800 y 900).

El ministro ha defendido que esas primeras medidas han servico para frenar millones de contactos publicitarios y estafas. “Con las medidas que hemos puesto hasta ahora, hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS”. Según datos del sector, compañías como Telefónica interceptan actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día antes de que lleguen al terminal del usuario final.

La nueva normativa se aplicará a todas las compañías, con la única excepción de las pequeñas operadoras de luz, gas y teléfono que posean menos de un 5% de cuota de mercado, cuenten con menos de 250 trabajadores o facturen menos de 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento tras la entrada en vigor, los ciudadanos podrán denunciar directamente ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.

La Policía Nacional ha ofrecido consejos básicos para la prevención de diferentes estafas durante la campaña de presentación de la Declaración de la Renta 2025. Se han detectado algunas denuncias de personas a las que se les ha suplantado la identidad y que al realizar el borrador de su declaración, han observado unas ganancias económicas en juegos online que ellos no han realizado. Por lo que podría ser víctima de un delito de suplantación de identidad. En estos casos, han de llevar a cabo unos pasos concretos antes de interponer una denuncia en las dependencias policiales. 

En los últimos días se han recibido algunas denuncias, en las que las víctimas manifestaban que al comprobar los datos fiscales de este año, se habían percatado de unas ganancias de juegos online no reconocidas por ellos. Se trataba de unas ganancias obtenidas en apuestas online y debían tributar por ellas, mientras que ellos no las habrían realizado, sino que alguien habría suplantado su identidad para hacerse pasar por él y evadir el pago de esas ganancias. 

Los estafadores, suplantan las identidades para registrar a personas en casas de apuestas (tanto físicas como en Internet). Una vez que cuentan con los datos del DNI de sus víctimas, los estafadores los usan para realizar apuestas, logrando que las ganancias se dirigiesen a sus propias cuentas mientras las obligaciones fiscales recaían sobre las personas cuya identidad ha sido suplantada.

Consejos de la Policía Nacional

Si ha sido víctima de alguna suplantación de identidad debe:

- Obtener el certificado anual de movimiento de juego o también llamado ‘informe de transacciones’ del año que desee. Desde la página de Servicio PACS de la Dirección General de Ordenación del Juego (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs)

- Interponer una denuncia en la Policía Nacional, en cualquier Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC), que están disponibles al público 24 horas al día y todos los días de la semana.

- Reflejar en el cuerpo de la denuncia el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que le han suplantado la identidad. Manifestar en la denuncia que la realiza siguiendo el Protocolo PACS. 

Otras estafas

Existen otras estafas relacionadas con la Declaración de la Renta, como el envío de SMS (mensajes de texto) falsos (SMISHING) manifestando que la víctima tiene una cantidad de dinero de la devolución de la Renta aún sin cobrar y que debe pinchar en ese enlace para rellenar algunos datos de carácter personal y poder así cobrar la devolución; el envío de correos electrónicos (PHISHING) con algunos datos personales de las víctimas acompañados de algún enlace que les lleva a sitios web no seguros para acabar de cumplimentar otros datos de carácter personal y hacerse con las claves personales…

Consejos de prevención

-No pinche en enlaces que le lleguen a través de SMS o correos electrónicos. Inicie sesión a través de sitios oficiales y no a través de enlaces que no sabe dónde le llevan.

-No proporciones datos personales a través de sitios web ni a través de llamadas telefónicas. 

-La Agencia Tributaria nunca le va a pedir sus datos personales porque ya los tiene.

-No envíe copia de su DNI a cualquier persona, tenga precaución a la hora del envío y si lo hace, hágalo pixelando los datos que no sean necesarios. 

Recibir llamadas desde números desconocidos forman parte de la rutina diaria de muchas personas, pero en algunos casos esconden intentos de fraude. En los últimos años, este tipo de estafas se ha extendido aprovechando la facilidad con la que se puede contactar con cualquier persona a través del teléfono móvil. Los delincuentes utilizan estrategias cada vez más elaboradas para generar confianza, desde aparentar ser una empresa conocida hasta simular situaciones urgentes que requieren una respuesta inmediata.

El problema no está solo en la llamada en sí, sino en cómo se gestiona ese primer contacto. En muchos casos, la persona que recibe la comunicación no dispone de tiempo para comprobar la información y actúa de forma rápida ante la presión. Ese margen reducido de reacción es precisamente lo que buscan quienes están detrás de este tipo de engaños, ya que facilita que se compartan datos personales o bancarios sin verificar previamente su uso.

Para intentar reducir este riesgo, la Policía Nacional ha reforzado sus mensajes de prevención con recomendaciones concretas que pueden aplicarse en el día a día. Entre ellas destaca el método LAP, una pauta sencilla que propone analizar cada llamada en tres pasos antes de decidir cómo actuar. Su objetivo es introducir un filtro básico que permita identificar señales de alerta y evitar decisiones impulsivas ante contactos inesperados.

Método LAP: cómo aplicarlo paso a paso

El método LAP se basa en tres acciones: localizar, autor y propósito. Estas fases permiten evaluar una llamada desde distintos ángulos antes de decidir cómo actuar.

Paso 1. Localización

El primer paso, localización, consiste en revisar el número que aparece en pantalla antes de responder. La recomendación es fijarse especialmente en el prefijo. En España, los números nacionales comienzan por +34, por lo que cualquier llamada con un prefijo distinto puede ser motivo de precaución si no se espera contacto desde el extranjero. Los intentos de fraude suelen utilizar numeraciones internacionales o combinaciones que imitan teléfonos locales para generar confianza. Por ello, si no existe relación con el país de origen o no se espera ninguna llamada, lo más prudente es no responder.

Paso 2: Autoría

El segundo paso, autor, se aplica en caso de haber contestado. En este punto, la clave es comprobar quién está al otro lado de la línea. Para hacerlo, se puede pedir algún dato que permita confirmar la identidad del interlocutor. Si la persona no puede acreditar quién es o afirma representar a una entidad con la que no existe relación, la recomendación es finalizar la llamada. Esta verificación resulta especialmente relevante en un contexto en el que la suplantación de identidad es una técnica frecuente.

Paso 3: Propósito

El tercer paso, propósito, se centra en entender el motivo de la llamada. Aquí se evalúa qué tipo de información solicita el interlocutor y con qué objetivo. Una señal clara de alerta es la petición de datos personales, bancarios o cualquier información sensible. También lo es la insistencia en obtener una respuesta inmediata. En estos casos, las indicaciones son claras: no facilitar datos, mantener la calma y colgar cuanto antes. Tras ello, se recomienda bloquear el número para evitar nuevos intentos de contacto.

Recomendaciones adicionales ante llamadas sospechosas

Una de las pautas más repetidas por las autoridades es evitar reaccionar con prisa. Muchas de estas llamadas están diseñadas para generar sensación de urgencia, lo que reduce la capacidad de análisis. Ante este tipo de situaciones, se recomienda detenerse unos segundos, escuchar con atención y no tomar decisiones inmediatas. Esa pausa puede ser suficiente para detectar incoherencias o elementos sospechosos en el mensaje.

También se insiste en no facilitar información personal en llamadas que no han sido iniciadas por el propio usuario. Datos como contraseñas, códigos de verificación o información bancaria no deben compartirse en este tipo de comunicaciones. Si durante la conversación se solicita alguno de estos elementos, la recomendación es interrumpirla. Este tipo de peticiones se considera un indicio claro de intento de fraude.

Otra medida importante es comprobar la información por vías independientes. Esto implica no dar por válida la llamada sin contrastar previamente el contenido. En caso de duda, lo más recomendable es colgar y contactar directamente con la entidad correspondiente utilizando sus canales oficiales. Este paso permite confirmar si la comunicación es legítima sin exponerse a posibles engaños.

Por último, se aconseja utilizar las herramientas disponibles en el teléfono para reforzar la protección. Bloquear números sospechosos puede evitar nuevas llamadas, y algunas funciones permiten identificar contactos potencialmente peligrosos. Aun así, estas opciones deben entenderse como un complemento, ya que la clave sigue siendo mantener una actitud prudente y aplicar criterios de verificación en cada caso.

Tanto el método LAP como estas recomendaciones buscan ofrecer una respuesta práctica ante un problema que forma parte del uso cotidiano del teléfono. La combinación de revisión del número, comprobación de la identidad y análisis del motivo de la llamada permite reducir de forma significativa el riesgo de caer en una estafa.

Booking ha notificado a sus usuarios una brecha de seguridad que ha permitido el robo de información personal vinculada a sus reservas. En un correo enviado a los afectados, la compañía ha confirmado que los datos expuestos incluyen nombres, correos electrónicos, números de teléfono y cualquier detalle que el cliente haya compartido directamente con el alojamiento.

En una primera comunicación, la plataforma ha informado a las víctimas de que sus direcciones físicas también se habían filtrado. No obstante, Booking ha explicado posteriormente a elDiario.es que se trataba de un error en la redacción del aviso que esos datos no se han visto afectados. Este medio ha preguntado a la empresa por el número de afectados y la vía en que los ciberdelincuentes se han hecho con la información, pero esta no ha contestado a las preguntas.

En su respuesta a elDiario.es, Booking reitera lo comunicado a las víctimas: tras detectar “actividad sospechosa”, Booking ha actualizado los números de PIN de las reservas afectadas e instado a sus clientes a mantener la alerta ante posibles correos, llamadas o mensajes de WhatsApp sospechosos.

En este sentido, la empresa recuerda que nunca solicita datos de tarjetas de crédito o transferencias bancarias fuera de los canales oficiales de pago de su plataforma. “Si has recibido algún correo electrónico o alguna llamada telefónica sospechosa, podría provenir de personas con malas intenciones que se hacen pasar por el alojamiento o por Booking”, avisa a los afectados.

Este robo se produce en un contexto de aumento de los ataques de suplantación de identidad que utilizan a los hoteles como gancho. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por los establecimientos para contactar con clientes que van a hospedarse en ellos de manera inminente para anunciarles problemas en su reserva o cambios de última hora. Su objetivo es que, movidos por la urgencia, realicen pagos o revelen sus datos financieros a los estafadores.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha sancionado a diversos hoteles por este motivo. Otra de sus tácticas es atacar a los propios empleados del alojamiento, enviando enlaces maliciosos a los empleados del establecimiento para infectar sus equipos y obtener las claves de acceso a Booking. Una vez dentro del sistema, envían mensajes a los futuros huéspedes alegando problemas con el pago o la tarjeta para redirigirlos a páginas fraudulentas donde capturan sus datos bancarios.

En caso de sospecha de haber clicado en un enlace fraudulento o de haber introducido datos bancarios en páginas que podrían estar operadas por ciberestafadores, la recomendación de las fuerzas de seguridad es comunicar lo sucedido de inmediato al banco y denunciar los hechos a la Policía. El Instituto Nacional de Ciberseguridad dispone del número gratuito 017 y del teléfono de WhatsApp 900 116 117 para resolver dudas de seguridad. Atiende a ciudadanos, empresas y profesionales y es confidencial.

El bróker Luis Felipe Suárez-Olea se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros que le confió un inversionista para que invirtiera esa cantidad a través del fondo Langur Holding Corporation SL. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero debía colocar ese dinero en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energía renovable, con presencia en España y Sudamérica. En la junta directiva de Langur consta un nombre vinculado al PP, Germán Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del expresidente José María Aznar, y, además, compañero de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño. Alcayde entró en diciembre de 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la salida de Carlos Mazón.

Un portavoz de José María Aznar asegura a elDiario.es que el expresidente “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”. Juntos se les ha podido ver en actos como el celebrado el pasado enero en el Colegio Mayor Guadaira (Sevilla), donde ambos fueron protagonistas de una tertulia sobre geopolítica y energía patrocinada por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al bróker: HVR Energy.

HVR Energy es una energética que pende de Langur y que está especializada en el desarrollo y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar en su equipo directivo con Alcayde y con Suárez-Olea (CEO), también incluye en su consejo asesor a Isabel Tocino, quien fuera ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar.

Precisamente, hace escasos días el Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de casi 13 millones de euros a esa compañía española para su proyecto 'ACTIVA' que contemplaba el despliegue de 30 hidrolineras de hidrógeno en España. En una nota que publicaba la entidad pública, explicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa, con el objetivo de alcanzar 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030. Y añadía que hasta la fecha, ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación pública y privada, que permitirán poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Además de ese crédito del ICO, esa empresa celebraba en sus redes sociales hace cuatro semanas que había firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) que les convierte en el patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y anunciaba que ponía a disposición del organismo presidido por Alejandro Blanco cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar “la movilidad más sostenible dentro del ecosistema deportivo español”.

“El artífice del engaño”

La querella acusa a Suárez-Olea de ser “el artífice del engaño urdido” al hacer uso del patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. “Y, para dar mayor apariencia de garantía y solvencia (...), se erigió en garante personal de la operación”, indica, para luego recordar que esa inversión 'verde' se materializó pero no llegó a ponerse a nombre del propietario real de esas participaciones. Por eso, el inversor acudió a la Justicia para ir contra el bróker por la vía civil primero —tal y como adelantó El Confidencial— y, de forma complementaria, por la vía penal.

Según el relato de hechos, una vez se hizo con el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur y, cuando debía devolver el préstamo al inversor en 2021, movió ese paquete a otra empresa denominada Demonte. Pasaron los meses y el inversor sólo recibió evasivas de parte de Suárez-Olea que siempre le prometía, según la querella, una pronta devolución de las cantidades prestadas. Finalmente, y ante notario, se le exigió el abono de ese préstamo y se hizo un recálculo de los adeudos porque las acciones de la energética se habían revalorizado. El montante ascendió a 1,2 millones de euros.

Una vez que el inversor se percató de que el bróker podía haber seguido idéntico proceder con otros clientes, y puesto que estaba “en paradero desconocido”, decidió interponer la querella, que fue admitida por los juzgados madrileños, y solicitó su declaración como investigado. Esa comparecencia se produjo en marzo de 2025 y en la misma se acogió a su derecho como imputado a no declarar argumentando que no había tenido posibilidad de instruirse sobre la causa que le afectaba.

Pocos días después, el bróker indicó en respuesta a la querella que la misma se basaba en “generalidades, suposiciones, menciones imprecisas y vagas” que no acreditaban ni indiciariamente engaño alguno y que en realidad se interponía “de modo instrumental para forzar una solución a una simple disputa civil”. Y puntualizaba que nunca ha estado en paradero desconocido y siempre ha respondido a las distintas peticiones de información del cliente por lo que solicitó el archivo de la causa.

Más allá de este procedimiento, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que el último movimiento del financiero ha sido el de consignar los 1,2 millones de euros que le reclamaba el inversor para poner fin a la causa civil, que se había ventilado con una sentencia condenatoria. Así, la vía que continúa latente es la penal.

Mientras esto ocurre, el perfil de LinkedIn de HVR describe a Suárez-Olea como un experimentado profesional del mundo de la banca de inversión y las finanzas, que aporta al proyecto “una sólida trayectoria de 24 años dedicados a la estructuración financiera y la colocación de activos en diversos e importantes sectores industriales, principalmente en energía e infraestructuras”.

Tras casi cuatro años de instrucción, la Audiencia Nacional sigue estrechando el cerco sobre los responsables de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. El tribunal especial decretó el pasado 1 de abril prisión provisional sin fianza para Viktor Bitner, considerado uno de los cerebros del fraude y al que distintas fuentes relacionan con los servicios de inteligencia del Kremlin.

Según un auto del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la medida cautelar responde al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez sitúa a Bitner como una pieza clave en la creación de la primera sociedad utilizada en la estafa y en la gestión de movimientos bancarios destinados a ocultar fondos.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa.

La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

Bitner ya había sido detenido en abril de 2024 en una operación coordinada por Interpol contra la trama. Tras quedar en libertad provisional en Alemania, donde también se investiga el caso, se trasladó a Suiza, donde fue arrestado de nuevo el pasado 31 de marzo en virtud de una orden europea. Trasladado a España, se acogió a su derecho a no declarar.

Nacido en 1969 en Novodolinka (Kazajistán), entonces parte de la Unión Soviética, Bitner fundó en noviembre de 2019 la sociedad Juicy Grow GmbH, origen del entramado empresarial de Juicy Fields.

Apenas dos años antes de registrar la empresa con la que se vehicularía la estafa piramidal del cannabis, Bitner participó como emisario del Kremlin en un intento de vender a la CIA armamento informático que había sido robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. 

El pacto, fraguado en la embajada de Moscú, también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en la capital rusa, pero los agentes de la CIA abortaron el acuerdo tras haber hecho un primer pago a Bitner de 100.000 dólares en un hotel de Berlín, según publicó el New York Times. 

Bitner no es el único lazo con el Kremlin de la estafa. Tal y como desveló este periódico, otro de los acusados aseguró ante el juez que parte del dinero de Juicy Fields se destinó a una fábrica de drones vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

El hombre que gestionaba el dinero

El auto judicial describe a Bitner como uno de los principales gestores financieros de la trama. Estaba autorizado para operar una cuenta en Chipre que llegó a recibir hasta 162 millones de euros procedentes de inversores.

Bitner también controlaba las cuentas destinadas a pagar a empleados y a algunos clientes que obtenían beneficios iniciales, una práctica habitual en este tipo de estafas para generar confianza y atraer nuevos fondos.

Entre sus funciones figuraba la apertura constante de cuentas bancarias a nombre de Juicy Fields para garantizar la operativa en caso de bloqueos. Además, era el encargado de responder ante las entidades financieras cuando surgían sospechas por los elevados movimientos de dinero.

La Audiencia Nacional también le atribuye operaciones de blanqueo a través de criptomonedas: habría recibido 3,46 millones de euros en una cartera digital que posteriormente dispersó para dificultar su rastreo.

Precio a la cabeza de Bitner

Bitner estuvo desde el primer día al frente del fraude, hasta el punto de que fue él quien se encargó de contratar al CEO de la empresa, Alan Glanse, junto al otro cabecilla de la estafa, Sergei Berezin, también encarcelado provisionalmente en España tras ser extraditado desde República Dominicana.

Berezin y Bitner, sin embargo, acabaron enfrentados porque el primero acusó a Bitner de desviar fondos de la estafa a sus propias cuentas. Según declaró un arrepentido de la estafa a la policía de Berlín, Berezin puso precio a la cabeza de Bitner y le encargó asesinarlo a cambio de una alta suma de dinero.

El encargo de asesinarle, sin embargo, no se pudo llevar a cabo y ahora Berezin y Bitner coincidirán en la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de que se abra el juicio oral en la Audiencia Nacional.

Las víctimas apuntan al banco

Ante la dificultad para recuperar el dinero, parte de los afectados ha decidido ampliar la estrategia judicial y dirigir sus reclamaciones también contra la entidad bancaria chipriota que recibió buena parte de los fondos.

La principal asociación de perjudicados, representada por Zaballos Abogados, ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra ISXPAY, el banco implicado en las operaciones.

La defensa considera que este banco jugó un papel esencial en la canalización de los fondos y que actuó como instrumento dentro de la estructura financiera utilizada para la captación y redistribución del capital de los inversores.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, se fundamenta, entre otros extremos, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y control exigibles a las entidades financieras, conforme a la normativa europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

“La magnitud de las operaciones, su reiteración y la ausencia de una base económica real constituían indicios suficientes para haber activado mecanismos de control reforzado, cuya omisión habría permitido la continuidad de la operativa fraudulenta”, señalan fuentes de la defensa.

El apartamento vacacional cerca de las ruinas romanas de Pompeya era “asqueroso” y olía a “una mezcla de humedad y alcantarilla”, según un usuario en Google Maps. Yo nunca lo visité, pero le puse cinco estrellas.

Hice lo mismo con un hotel DoubleTree de Hilton al otro lado del Támesis, un hotel Ibis budget en el este de Londres que forma parte del grupo Accor, un Travelodge céntrico y el cercano Hyatt Place; algunas de las marcas hoteleras más conocidas del mundo. Entre medias se mezclaban solicitudes de reseñas para hostales y pensiones en Génova, Nápoles, Maastricht, Cracovia y Bruselas. Durante unos días tuve un nuevo trabajo: escribir reseñas falsas en Google Maps a cambio de criptomonedas.

Todas las marcas hoteleras que respondieron a una solicitud de comentarios para este reportaje afirmaron que no tenían nada que ver con las reseñas y, de hecho, aseguraron no haber visto nunca nada parecido. Entonces, ¿qué está pasando? La respuesta parece ofrecer una pequeña pincelada sobre la enorme y creciente industria de las estafas online, que está socavando la confianza en las valoraciones de los clientes —una parte vital del comercio electrónico— y costando a los consumidores miles de millones de euros al año.

Pero las reseñas de hoteles podrían no ser el objetivo principal de la estafa: de hecho, el blanco principal de los estafadores era probablemente yo, al igual que todas las demás personas tentadas a escribir las reseñas.

“Es un placer conocerte”, fue el primer mensaje de “Sharon Roberts”, una cuenta de Telegram ya eliminada que era, casi con toda seguridad, un seudónimo. No era el primer mensaje que recibía: mi número está en alguna lista de víctimas potenciales, por lo que me llegan dos o tres ofertas de trabajo al mes. Esta vez decidí comprobar si las promesas de ganar hasta 800 libras (unos 916 euros) al día eran ciertas.

Tras responder, siguieron nueve días de insistencia, instrucciones y mensajes motivadores para intentar convencerme de que aceptara el trabajo. “¿Es esto legal?”, pregunté. La confusa respuesta de Sharon, en un inglés que no parecía propio de un hablante nativo, fue: “Colaboramos con operadores de SMS a través de la publicación de ofertas de trabajo en Telegram y SMS”.

Pero Sharon era solo una reclutadora. Los estafadores más profesionalizados han adoptado la división del trabajo, asignando cada fase del engaño a un especialista. Sharon me derivó a una “recepcionista” que se hacía llamar Victoria Castillo; de nuevo, no había pruebas de que el nombre perteneciera a la persona real. Victoria me guio en el proceso de configurar un monedero de criptomonedas en una plataforma de intercambio estadounidense y en cómo aceptar pagos en USDC, una stablecoin vinculada al valor del dólar. (Según la legislación británica, los receptores de pagos en criptomonedas deben declarar su origen. “Puedes ignorar eso”, fue el consejo de Victoria cuando le pregunté por la notificación).

Las fotos de perfil de Victoria mostraban a una mujer rubia frente al perfil de una ciudad no identificada, o con un impecable traje de esquí blanco junto a una pista nevada. Dijo que vivía en Nueva York pero que había nacido en el Reino Unido. Las búsquedas inversas de imágenes sugirieron que el rostro de esa persona coincidía con fotografías de varios sitios web pornográficos.

Internet ha permitido que el fraude se convierta en una industria verdaderamente global. Investigadores de todo el mundo han detectado un aumento de este tipo de estafas operadas desde países con leyes laxas, como Camboya, Myanmar o Rusia. En algunos casos, los propios estafadores son víctimas de trata y esclavitud en centros de estafas que funcionan como prisiones. Cuando más tarde le preguntamos a Victoria si corría algún peligro, su respuesta fue: “¿Ah? Siempre estoy a salvo”. Su perfil no daba ninguna indicación de dónde se encontraba.

Serpil Hall, una consultora de fraude que lleva 20 años luchando contra los estafadores, afirma haber visto un gran aumento en el volumen de estafas online en los últimos seis o siete años, impulsado por nuevas tecnologías que facilitan a los delincuentes la suplantación de empresas oficiales. “En lo que respecta a las estafas, se están volviendo muy hábiles”, señala. “Especialmente con la IA, la IA generativa y ahora la IA agéntica”, bots que pueden operar de forma independiente y realizar acciones en el mundo real, potencialmente contra las víctimas.

Suplantación de empresas

Mis empleadores no parecían estar utilizando las herramientas más sofisticadas, pero lo compensaban con el volumen. Victoria me dirigió a un canal de Telegram independiente, con el nombre y una imagen corporativa aproximada de Quad Marketing Agency, una gran empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York.

Un portavoz de Quad declaró: “Quad no tenía información sobre este canal y no está afiliada a él de ninguna manera. Estamos revisando este asunto y tomaremos las medidas justificadas y apropiadas con respecto a este uso no autorizado del nombre de Quad y la consiguiente imitación de nuestro logotipo”.

El canal que pretendía ser Quad, fácilmente accesible para cualquier persona en Telegram, tiene 16.800 suscriptores, mientras que otro canal casi idéntico cuenta con 14.700, lo que permite vislumbrar la escala industrial de la operación. Un portavoz de Telegram afirmó que cuentan con un “robusto sistema antispam” que previene muchas estafas antes de que comiencen.

“Aunque lamentablemente las estafas están presentes en todas las redes sociales, Telegram elimina rutinariamente este tipo de fraudes de su plataforma como parte de sus procesos normales de moderación”, señaló el portavoz. “Los moderadores, apoyados por herramientas de IA personalizadas, supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan denuncias para eliminar millones de contenidos dañinos cada día, incluyendo estafas de reseñas fraudulentas”.

Los moderadores, apoyados por herramientas de IA personalizadas, supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan denuncias para eliminar millones de contenidos dañinos cada día

Portavoz de Telegram

Los canales publican un flujo constante de “trabajo” de 8:00 a 19:00 (hora del Reino Unido): hasta 14 reseñas, pagadas inicialmente a 5 dólares por cada una. Estas se intercalan con “tareas comerciales”, en las que el trabajador envía criptomonedas y los empleadores le devuelven la misma cantidad con una generosa comisión añadida. Desde el 12 de marzo, el canal había publicado casi 6.000 mensajes solicitando reseñas falsas.

Accor y Travelodge afirmaron que no tenían nada que ver con las reseñas falsas y que tratarían de garantizar que no se publicara ninguna. Un portavoz de Travelodge declaró: “Nos tomamos muy en serio la integridad de las valoraciones de los clientes y, como establece nuestra política, no creamos, encargamos ni publicamos reseñas falsas bajo ninguna circunstancia”. The Guardian también contactó con Hilton y Hyatt Place para obtener comentarios, pero no hubo respuesta.

Otra oferta de trabajo de reseñas falsas ligeramente diferente, también organizada a través de Telegram, utilizaba la imagen de HotelsCombined (parte del grupo Booking.com) para solicitar reseñas de hoteles en lugares tan distantes como Bucarest, Bali y Tailandia a través de un sitio web diseñado a medida por los estafadores.

Un portavoz de Booking.com señala que solo los clientes con estancias confirmadas pueden publicar reseñas, lo que sugiere que es poco probable que las falsas lleguen a publicarse. El portavoz añade: “Esas medidas, combinadas con equipos especializados y sistemas automatizados, significan que contamos con un procedimiento robusto para detectar y prevenir reseñas que no cumplan con nuestras directrices de contenido”.

Cómo utilizan a las víctimas

Había varias formas posibles en las que los estafadores podrían haber estado utilizando a víctimas como yo.

En primer lugar, las reseñas en internet han facilitado que los delincuentes vendan productos y servicios fraudulentos. La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA) descubrió en 2023 que los textos de reseñas falsas en productos causan un perjuicio anual de entre 50 y 312 millones de libras a los consumidores británicos (y eso sin incluir servicios como los hoteles). La CMA afirmó que entre el 11% y el 15% de todas las reseñas eran falsas en los productos que examinó, incluyendo auriculares Bluetooth, planchas, hervidores, sillas de escritorio, botellas de agua, esterillas de yoga y aspiradoras.

Ese es un dinero que, esencialmente, se embolsan los estafadores, lo que hace que el trabajo de los reseñadores falsos sea potencialmente valioso. Es poco probable que alguna de las grandes cadenas hoteleras haya pagado por reseñas falsas, pero el servicio está fácilmente disponible a través de búsquedas en internet y podría resultar tentador para un operador más pequeño.

Luego están las transacciones en sí mismas. Recibí 5 dólares en USDC por cada reseña falsa. Chainalysis, una firma que rastrea transacciones en blockchain —a menudo en colaboración con las fuerzas de seguridad—, señaló que los monederos que realizaron los pagos y otros vinculados a ellos siguen un patrón constante que revela la escala industrial de las estafas. Los monederos se recargan desde otros lugares antes de enviar decenas de miles de pequeños pagos, presuntamente a reclutas como yo. Estos monederos solían repartir entre 300.000 y 600.000 dólares en USDC antes de transferir el dinero restante.

Bajo las leyes introducidas en el Reino Unido el pasado abril, las plataformas web como Google que albergan reseñas deben tener políticas claras para la prevención y eliminación de valoraciones falsas e incentivadas, marcar actividades sospechosas y garantizar, en la medida de lo posible, que las reseñas publicadas sean auténticas y no engañosas.

Tras la presión de la CMA, Google acordó este año hacer más para identificar y eliminar reseñas falsas. Y, para mi tranquilidad, mi racha de valoraciones fraudulentas activó una respuesta automática. Al menos algunas parecen haber sido bloqueadas por los sistemas de Google.

Google afirmó que toma medidas rápidas contra los malos actores eliminando el contenido que infringe sus políticas, suspendiendo cuentas e incluso emprendiendo acciones legales. La empresa señaló que ha eliminado más de 240 millones de reseñas falsas desde 2024 —la gran mayoría antes de que fueran visibles— y que ha restringido 900.000 cuentas por violar sus normas.

La estafa del cerdo

Hall explica que quienes se dedican a las reseñas falsas han recurrido a “bots humanos” porque “las empresas se están adelantando y aplicando medidas” para detectar la actividad fraudulenta. Sin embargo, añadió que lo más probable es que los estafadores estuvieran haciendo un “doble juego”: usar mi trabajo, pero también utilizar los pagos para el blanqueo de capitales, antes de estafarme a mí al final del proceso.

Las criptomonedas desempeñan un papel crucial. Por diseño, los activos digitales registran todas las transacciones en una cadena de bloques pública. Pero el “tumbling” (unir dinero negro en una sola cuenta, dividirlo y recombinarlo muchas veces) puede ayudar a ocultar su origen, un servicio muy valioso para los grupos criminales.

Tras aprovecharse de mi trabajo, la atención de los estafadores se centró finalmente en sacarme dinero; una versión a menor escala de las estafas de “matanza del cerdo”, en las que los delincuentes “ceban” a sus objetivos ganándose su confianza para luego huir con grandes sumas de dinero. Victoria me dijo que la única forma de continuar sería realizar una “tarea comercial”, que consistía en pagar 50 dólares para recibir 60 de vuelta.

Una tabla publicada regularmente en el canal detallaba de forma muy útil lo que podía esperar si seguía adelante: pagos cada vez mayores reportarían beneficios cada vez más altos, alcanzando un máximo de 16.000 dólares por un desembolso inicial de 10.000.

Aunque el estafador pueda realizar unos pocos pagos iniciales para infundir confianza en las víctimas, el objetivo final es huir con los fondos

Jacqueline Burns Koven — jefa de inteligencia de ciberamenazas en Chainalysis

Jacqueline Burns Koven, jefa de inteligencia de ciberamenazas en Chainalysis, señala: “Esto parece similar a las estafas de empleo. Básicamente, un fraude donde la gente se registra para hacer 'tareas' y acumular un saldo, para luego tener que pagar si quieren retirar ese dinero o 'actualizar' su cuenta. Aunque el estafador pueda realizar unos pocos pagos iniciales para infundir confianza en las víctimas, el objetivo final es huir con los fondos”.

Victoria enviaba recordatorios motivacionales diarios para intentar que me involucrara, pero la cuenta de gastos de The Guardian no llega para enviar miles de libras a posibles estafadores, así que llegué al final del camino. Cuando le revelé que era periodista y le pregunté quién era realmente, se quejó de que estaba invadiendo su privacidad antes de dejar de responder. No contestó a una solicitud detallada de comentarios.

Gané 30 dólares por varias horas de trabajo repartidas a lo largo de semanas. Mientras tanto, un par de mensajes más han llegado a mi Telegram: mujeres jóvenes ofreciendo más trabajo.

La próxima semana llegará a los tribunales el juicio contra el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una Primitiva millonaria, una vista en la que estará también su hermano, que era en el momento de los hechos delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado y que Fiscalía considera que también delinquió.

En concreto, según recoge Europa Press el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, y su hermano de colaborar para que eso fuese posible, según la acusación.

La Fiscalía solicita para el primero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento..

El lotero y su hermano, que en 2012 —año de los hechos— era delegado de Loterías, serán los únicos a los que se juzgará después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado tirado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un “expediente de hallazgo” para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que él mismo le había entregado el premio al verdadero dueño cuando este había acudido a comprobar el boleto. La investigación señaló a un presunto legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos herederos ahora reclaman el premio.

Relato de la Fiscalía

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.

“Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, asegura que este “se dispuso a allanar el camino” con actos tendentes “a disfrazar el verdadero origen del boleto” a los efectos de que se pudiese “hacer efectivo el premio”. También señala que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto”.

La Guardia Civil de Navarra ha conseguido recuperar 87.000 euros sustraídos ilícitamente mediante la técnica de 'smishing' a una empresa con sede en Corella. Según han informado en un comunicado, la investigación ha permitido esclarecer un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero por pertenencia a grupo criminal, logrando que la empresa afectada recuperase todo el dinero estafado. Hay dos personas identificadas y otras dos con orden de busca y captura.

El fraude se ejecutó por los ciberdelincuentes mediante el método de 'smishing', después de que uno de los administradores de la sociedad recibiera un mensaje de texto (SMS) que suplantaba la identidad bancaria, solicitándole actualizar un 'token' de acceso a través de un enlace malicioso qué facilito a los estafadores el control de sus claves.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir denuncia en la oficina de Atención al ciudadano del puesto de Corella, donde continuó con la investigación el grupo especializado equipo @ de Navarra. La “celeridad en la respuesta operativa” resultó “determinante” para “el éxito” de la operación. Los agentes establecieron contacto directo con los responsables de seguridad de las entidades bancarias, logrando el bloqueo provisional de los 87.000 euros en unas horas.

Durante las indagaciones en la web, efectivos del Equipo @Navarra detectaron a los presuntos ciberdelincuentes alojados por diferentes localidades de la geografía nacional. De esta forma, se desplazaron a Madrid y Tarragona para proceder a la identificación de dos de los integrantes del grupo criminal. Además, se localizó a dos personas más, sobre las que la autoridad judicial ha dictado órdenes de búsqueda, detención y personación.

Se puso en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, donde se obtuvieron los mandamientos judiciales necesarios para el bloqueo definitivo de las cantidades y la identificación de los titulares de las cuentas beneficiarias, donde se dilucidó que formaban parte de una estructura organizada.

En total se han esclarecido tres hechos delictivos: estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, además de lograr el resarcimiento económico de 87.000 euros a la empresa corellana.

Una mujer que ha declarado como testigo en el juicio del conocido como caso ataúdes y que perdió a su marido el 11 de octubre de 2013 ha asegurado que la Policía le mostró unas fotografías en las que reconoció a su esposo muerto tirado en un terrazo negro y blanco.

La testigo ha comparecido en la vista que se desarrolla contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en el grupo funerario El Salvador de Valladolid. “Es muy difícil de digerir”, ha expresado la mujer entre sollozos al recordar cómo la Policía le exhibió esas imágenes de su esposo fallecido “tirado” con un cartón en el que ponía su nombre y la fecha del deceso.

Lo del féretro es secundario, “lo importante es el manejo de los difuntos y tratar a los muertos como sacos de patatas”, ha lamentado otro testigo, cuyo padre pereció el 31 de enero de 2006.

Otra persona perjudicada, quien perdió a su progenitor en abril de 2009, ha narrado que, cuando fueron a contratar los servicios de la funeraria, todo el afán del empleado que les atendió fue que se decidieran por la incineración, que era mucho mejor opción que el enterramiento.

Sintió “un dolor tremendo, rabia, impotencia e indignación” al entrarse por la prensa de que la funeraria podía haber cambiado el ataúd para revenderlo, ha expuesto en su declaración, en la que se ha quejado de que el trabajador de la funeraria se empeñara en decir a su madre de que era mejor la cremación cuando ella tenía dudas.

También impotencia, rabia y dolor han sido los sentimientos que ha descrito otra testigo, quien perdió a un familiar el 23 de junio de 2014 y que ha relatado cómo, cuando iba a llevarse a cabo la incineración, pusieron el féretro en una cinta transportadora que comenzó a moverse, se paró, el ataúd volvió hacia atrás, cerraron unas cortinas y ya no pudieron ver más.

Para otra mujer que ha comparecido este lunes en la Sala de vistas, lo que sintió cuando se enteró de lo que podían haber hecho con el cambio de féretros fue “como si te clavaran un puñal”. “Yo las tengo en casa - las cenizas -, no sé si será el mío”, ha explicado tras manifestar que perdió a su esposo en 2004.

El sentimiento “es indescriptible, no existe palabra adecuada para definir esta barbaridad; demuestra que la muerte es un negocio”, ha considerado otra persona, cuya madre falleció en julio de 2014 y que se ha referido a la conciencia que puede tener alguien que actúa de esa manera con los difuntos.

Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos.

El maltrato económico o abuso financiero hacia las personas mayores puede manifestarse de formas muy diversas: uso no autorizado de cuentas o tarjetas, presiones para firmar documentos, apropiación de pensiones o ayudas, cambios forzados en poderes o testamentos, o engaños a través de estafas telefónicas o digitales. A menudo no aparece como un robo evidente, sino disfrazado de ayuda, cuidado o gestión “por su bien”, lo que dificulta su identificación y hace aún más importante la prevención. Además del perjuicio económico, este tipo de maltrato puede provocar miedo, vergüenza, aislamiento, deterioro del bienestar y pérdida de autonomía.

Uno de los muchos casos que recientemente ha llegado al Colegio Notarial del País Vasco es el de una mujer con un patrimonio importante y dos hijos que aparentemente llega con una libertad para otorgar un testamento, por lo que llega con un abogado y crean un testamento que favorece solamente a uno de sus hijos. No se trata de una señora con edad muy avanzada, por lo que los notarios no perciben nada que les haga pensar que pueda llegar a haber una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, tiempo después, llega el otro hijo al despacho con un abogado y cuenta que su hermano tiene a su madre en una situación de intimidación. “Se destapó una situación muy delicada porque no podíamos dar por hecho que existiera esa intimidación porque la señora la negaba. Con esto quedó claro que no podemos dar por supuesto que sabemos identificar la vulnerabilidad de una persona mayor”, ha aclarado Carmen Velasco Ramírez, vicedecana del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco y delegada de la Fundación Notarial Aequitas en Euskadi, una de las participantes de la jornada “Maltrato económico y abuso financiero a personas mayores” que ha tenido lugar este viernes en Bilbao.

La jornada, que ha reunido a representantes institucionales y a voces expertas de distintos ámbitos para abordar este fenómeno desde una mirada amplia y coordinada, ha contado con el objetivo de abrir un espacio de reflexión, sensibilización y trabajo compartido en torno a una realidad muchas veces invisible, pero con graves consecuencias para la vida y el bienestar de las personas mayores. “¿Cuántas veces las personas mayores no quieren reconocer que en su familia hay un problema? Sucede también en los casos de discapacidad. Muchas veces hace daño identificar las cosas evidentes. Entonces debemos acompañar a las personas para que puedan verbalizar lo que pasa y, para ello, debemos ponernos a su lado para que vean que somos apoyos. No somos personas ajenas, distantes o difíciles de acceder. Debemos hacernos comprender. Esto puede parecer que no tiene nada que ver con ser notario y, sin embargo, es la base de ser notario”, ha subrayado Velasco Ramírez, sobre la función de los notarios en este tipo de casos.

Según ha explicado, en muchas ocasiones, además de la vulnerabilidad que lleva consigo la edad, también existe una vulnerabilidad que tiene que ver con el contexto y el entorno. “Pensemos en todo lo que supone la digitalización. La brecha digital que se ha abierto para las personas mayores genera un desamparo enorme. Ahora mismo hay muchísimos consentimientos que se prestan por el uso de una app en un teléfono móvil, que para la mayoría de personas mayores es algo absolutamente imposible de comprender”, ha lamentado.

Otro de los puntos de vista aportados durante la jornada ha sido el de Aida Lozano Pascual, fiscal delegada de Civil y coordinadora de la Sección de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Álava, quien ha detallado los casos de maltrato que por su gravedad han escalado hasta Fiscalía. “Ninguno de nosotros puede resolver este problema en solitario. Ni la Fiscalía, ni los servicios sociales, ni la autoridad judicial, ni el sistema sanitario, ni los notarios, ni los bancos. Pero juntos sí podemos construir un entorno que haga más difícil que estos abusos puedan llegar a prosperar. La protección de las personas mayores es una responsabilidad compartida. A la Fiscalía llegan sospechas y llegan también abusos consumados. Nosotros somos el último eslabón de una cadena que interviene normalmente cuando los servicios sociales, el ámbito jurídico, el ámbito económico, el ámbito familiar, ha devenido bien insuficiente o bien ineficaz, y se requiere una intervención más intensa, o bien en ocasiones incluso una actuación para poder concretar esa sospecha y decidir si efectivamente hay un abuso o no hay abuso”, ha aclarado.

Sin embargo, Lozano Pascual ha lamentado que “en muchas ocasiones estos procedimientos penales no siguen adelante porque las personas mayores por miedo, vergüenza o por no querer dañar a ningún familiar no quieren continuar con el proceso” dejan a los fiscales “huérfanos de prueba para acreditar que ese abuso económico realmente era constitutivo de delito”.

Para evitar que esto ocurra, desde el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco han presentado este viernes una 'Guía de prevención, detección e intervención ante situaciones de maltrato económico y abuso financiero a personas mayores', que se distribuirá entre asociaciones de personas mayores, servicios sociales y entidades bancarias que así lo deseen, y además estará disponible en la página web del Departamento, para facilitar su consulta y difusión. “Con esta iniciativa, el Departamento refuerza su compromiso con la protección de los derechos de las personas mayores y con la promoción de una cultura de respeto, buen trato y autonomía en todos los ámbitos de la vida”, detallan desde el Ejecutivo.

El contenido de la guía parte de una idea fundamental: necesitar apoyo “no significa perder la capacidad de decidir”. Por eso, subraya la importancia de ofrecer acompañamiento respetando siempre la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona mayor, así como de no normalizar conductas de control o desposesión que pueden quedar ocultas en el entorno familiar, social o relacional. También insiste en la necesidad de actuar de forma temprana, guardar información útil, buscar apoyo profesional y activar, cuando sea necesario, la colaboración de servicios sociales, entidades bancarias, asesoramiento jurídico o fuerzas policiales

La RAE define al emprendedor como aquella persona que impulsa con resolución acciones o empresas innovadoras, difíciles o arriesgadas. Y con esa premisa, es normal que la 'aventura' pueda acabar mal. Eso es lo que, en apariencia, le ocurrió a un grupo de 'entrepeneurs' que decidieron probar eso de pedir dinero a inversionistas para impulsar una 'startup' rompedora: un broker de seguros online para pymes y autónomos que, auguraban, pegaría un pelotazo en un breve espacio de tiempo gracias a la entrada en el capital del gigante Nationale Nederlanden.

Según una denuncia admitida a trámite en los juzgados madrileños, los tres investigados, una vez se hicieron con el botín –esas rondas de financiación tan aclamadas en casos de éxito de grandes multinacionales que comenzaron en un garaje–, acabaron llevando a esa 'startup' a concurso de acreedores, y los inversores se quedaron sin su dinero. Después llegó el tiempo de asumir la pérdida, el bochorno de haber animado a otros a invertir, la incertidumbre de haber podido ser engañado y, finalmente, la denuncia ante la justicia.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, al menos uno de los tres denunciados ya tenía experiencia demostrable en eso de crear 'startups' que acababan en quiebra dejando agujeros en ocasiones millonarios, y todo ello porque era trabajador (socio) de Antai, una suerte de acelerador de este tipo de empresas que se dedica a impulsar proyectos y conseguir inversores para las rondas de startups como esta.

La historia de Singular Cover, la 'startup' en cuestión, tiene un punto de inflexión en mayo de 2022, cuando uno de los tres denunciados, prevaliéndose de su relación de confianza con la persona presuntamente estafada, le trasladó “la existencia en aquel momento de una gran oportunidad de inversión”. Ese broker –hoy en liquidación– “iba a multiplicar exponencialmente la dimensión del negocio de la compañía y, por ende, los beneficios para sus inversores”. Y, como no, había prisas: “La ronda de inversión estaba completamente suscrita y se acababan los plazos para participar, debía proceder sin dilación”.

El equipo directivo de esa 'startup' iba a estar formada por dos de los denunciados, R.G.M., como CEO y presidente, y C.H.D., como consejero y director de operaciones. A ellos se sumaba E.S.A., que era el socio puesto en el asunto por Antai. El denunciante acabó invirtiendo 25.000 euros por medio de un préstamo participativo capitalizable y lo hizo a través de la sociedad intermedia Angel Joe Capital Partners (el vehículo creado por Antai para este asunto concreto). Además, trajo de la mano a su jefe, que también invirtió y que ahora se adhiere a la denuncia.

Todo ocurrió el 7 de junio de 2022. Un mes después empezaban los problemas: se caía la inversión de 11,2 millones de Nationale Nederlanden y se bajaban también del asunto los fondos de capital riesgo Fin TLV y Munich Re VC. “Se evidenciaba entonces un escenario muy distinto del trasladado hasta el momento por los denunciados”, indica la denuncia a la que tuvo acceso elDiario.es.

Con ese panorama, el que iba a ser CEO de ese broker de seguros reconoció por primera vez la verdadera situación de la empresa, “que se encontraba en un escenario de liquidez muy complicado y en posición de caja negativa”, recuerda el escrito, que añade que esto “había sido interesadamente ocultado hasta ese momento por los denunciados, quienes semanas antes habían presentado a su empresa a los inversores como un proyecto sólido y solvente, ocultando, mediante una maniobra engañosa, datos esenciales sobre el estado real de la empresa”. Y después, como suele ocurrir en estos casos, “a partir de ese momento [los 'entrepeneurs'] empezaron a rehusar sus llamadas y apenas respondían a los mensajes” de los inversores. Finalmente, los denunciados indicaron “que la empresa estaba en situación de insolvencia y que los grandes inversores en realidad solo habían efectuado meras propuestas sujetas a estudio, que finalmente no prosperaron en ningún caso, siendo inminente la entrada de la empresa en concurso de acreedores”.

“Fue doloroso tomar conciencia del engaño sufrido para privarle de su dinero, pero mayor era el dolor que sentía porque tal engaño se había extendido a su jefe”, recuerda la denuncia presentada por el inversionista. En octubre, Singular Cover presentó la solicitud voluntaria de declaración de concurso de acreedores, tramitada ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona.

Pero el inversor mantuvo la interlocución con el fallido CEO quien “se comprometió inicialmente a reembolsar el importe de la inversión, reconociendo su responsabilidad en los hechos”. “Lo cierto es que no se produjo devolución alguna, sabiendo ahora mi mandante que ese compromiso solo tuvo una finalidad dilatoria, para evitar que el denunciante iniciara acciones legales”.

En la denuncia –que data de 2023–, el abogado del inversionista presuntamente estafado pone el foco en “el súbito cambio de escenario de la situación de la empresa en tan pocas semanas”, entiende que fue una “clara maniobra de engaño urdida por los denunciados para revestir de apariencia de seriedad y solvencia a su empresa, ocultando dolosamente que en realidad estaba al borde de la quiebra”. Considera, además, que hubo una evidente “maquinación” urdida por los denunciados “para engañar” porque ocultaron deliberadamente “información relevante sobre la verdadera situación de la empresa, con el ánimo de obtener así un acto de disposición patrimonial para su propio beneficio y el de sus empresas”.

“Los siempre difíciles comienzos”

Tras la admisión de la denuncia, la causa fue avanzando, se tomó declaración a los denunciados y, recientemente, la defensa legal del socio de Antai ha solicitado en un escrito presentado el pasado 5 de marzo el archivo libre de la causa para él al entender que de lo instruido hasta la fecha se ha evidenciado que no desarrolló una conducta que encaje en el delito de estafa, “se da una ausencia de indicios de criminalidad”. Explica que él sólo actuó en el proceso en su condición de administrador único de la mercantil Angel Joe Capital Partners SL, el vehículo de inversión a través del cual los denunciantes realizaron sus respectivas inversiones en la empresa Singular Cover.

Y resalta que, lejos de ser una estafa, lo que ocurrió es que “la empresa no superó los siempre difíciles comienzos de una startup tecnológica y finalmente tuvo que presentar concurso de acreedores y posteriormente ser liquidada, con la correspondiente pérdida que ello implica del capital invertido, (…) riesgo que todos conocen y asumen al decidir invertir en este ámbito del capital riesgo”.

Además, recalca que él era solo un asalariado más de la empresa Antai Ventures SL. “El señor E.S.A., en su calidad de empleado de Antai, fue designado representante legal de Angel Joe, que fue el vehículo de inversión del entorno de Antai que se creó para el proyecto Singular Cover, en el que Antai también entró como inversor directo por una cantidad muy relevante”, explica el escrito.

A esto se suma que los presuntamente estafados “son profesionales dedicados al ámbito de banca de inversión y los mercados de capitales” y cuentan “con gran experiencia en el ámbito de las startups y de sus inversiones”. Añade que, de hecho, uno de ellos ya había invertido con anterioridad 10.000 euros en ese mismo proyecto, que esa cantidad la perdió también, y que sin embargo no la reclamó ni entonces ni ahora.

Ese escrito de alegaciones indica que, en contra de lo mantenido por el inversor, los consejeros y socios de la 'startup' “fueron los encargados, junto con empleados de Singular Cover, de proporcionar tanto a los denunciantes como al resto de inversores, un constante flujo de información y documentación sobre la compañía completamente real y actualizada”.

Los otros inversores: cerca de cuatro millones de euros

Por otro lado, pone el foco en que tanto el socio de Antai como miembros de su familia también invirtieron cantidades en ese broker de seguros online, dinero que han perdido “como parte del riesgo que supone una inversión en una startup” y, por tanto, no han reclamado. Añade que el propio fondo Antai invirtió en total 1,35 millones de euros que también se volatilizaron y que, sin embargo, “no ha reclamado ni civil, ni mucho menos penalmente”.

En esas alegaciones, de hecho, se recoge que en la ronda de inversores de ese 2022 otras cinco personas habrían entregado distintas cantidades hasta llegar a 93.000 euros. También aporta información sobre otras empresas y grupos que invirtieron dinero en el broker de seguros, una decena de empresas se dejaron 3,8 millones de euros, perdiendo todos la inversión. Si bien destaca que nadie, salvo el denunciante y quien era su jefe, decidió emprender acciones legales.

Por su parte, fuentes jurídicas señalan que Antai cuenta con una trayectoria sólida, reconocida y plenamente consolidada en el ámbito de la inversión en startups y en el ecosistema emprendedor. Y que desde la compañía se insiste en que los hechos denunciados “no son ciertos”. Recuerdan que el propio escrito en el que se solicita el sobreseimiento se apunta a la ausencia de indicios de ilícito penal ni conducta tipificable, en un contexto propio de inversiones de capital riesgo, donde la eventual pérdida de la inversión forma parte de su naturaleza.

Con todo, Antai manifiesta su máximo respeto al proceso judicial en curso y se muestra convencida de que la causa será archivada, “como no puede ser de otro modo”, al tratarse de una denuncia “sin fundamento real” y dada la falta de fundamento jurídico de la denuncia. En este sentido, lamenta que este tipo de actuaciones puedan responder a intereses ajenos a la realidad de los hechos y orientados a generar un perjuicio reputacional injustificado, incompatible con la trayectoria, la práctica empresarial y el historial de cumplimiento de la firma.