Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido este viernes un almacén logístico en la localidad de Humanes (Madrid) de donde han intervenido 2.000 camisetas falsas de equipos del Mundial de Fútbol. Esta operación se suma a la intervención que se realizó en una nave situada en Getafe (Madrid) donde se fabricaban prendas falsificadas a demanda con el trabajo de doce máquinas: seis máquinas para la impresión en prendas textiles y seis máquinas para su planchado.

En esta intervención se desmantelaron 1.200 prendas falsas con las que se pretendía comercializar. Los trabajos se han realizado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) después de una investigación realizada por los agentes, que encontraron la posibilidad de encontrar estas prendas falsificadas. Los agentes entraron en el almacén el pasado 1 de junio y determinaron que el almacén era una fábrica de productos falsificados a demanda después de apreciar las doce máquinas con las que se trabajaba en la nave. Las investigaciones apuntan a que la maquinaria intervenida tendría un valor aproximado de 300.000 euros y una producción estimada de, al menos, 800.000 prendas anuales.

Según detallan desde el Ministerio de Hacienda, fabricar estas camisetas falsas dentro del territorio nacional supone “una novedad en el ‘modus operandi’ de las organizaciones”, que de forma habitual introducen mercancías procedentes de Asia con la falsificación ya realizada en origen, o terminan la falsificación en territorio comunitario, añadiendo diseños y logotipos sin un esquema de producción a demanda.

El Ministerio explica que el hecho de que esta fábrica estuviese ubicada dentro del territorio comunitario supone una elusión de los controles aduaneros, y que esta forma de trabajo asegura a la organización “la venta y distribución de productos falsificados sin necesidad de mantener un stock”, puesto que estas prendas falsificadas se fabrican a petición de cada cliente.

2.000 camisetas intervenidas en Humanes

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria también intervinieron el pasado 19 de junio una nave logística situada en la localidad de Humanes (Madrid) cerca de 2.000 camisetas falsificadas de selecciones que han participado en el actual Mundial de Fútbol. Esta operación fue resultado del refuerzo de las investigaciones que se han desarrollado a raíz de la celebración del Mundial, y dentro de la campaña europea organizada por la OLAF para combatir el comercio ilegal de productos falsificados. El Ministeiro de Hacienda insiste en que la lucha contra la falsificación es “esencial para proteger la innovación, el empleo y la salud pública”, y aconseja a los ciudadanos “adquirir productos en canales oficiales y se insta a denunciar cualquier sospecha de comercialización de mercancías falsas”.

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 29 años como presunto responsable de una organización que publicaba anuncios falsos de alquiler de viviendas en internet con los que logró estafar cerca de 50.000 euros con pagos adelantados, ha informado la Jefatura Superior de Canarias.

La detención del joven se logró el pasado 8 de julio tras la investigación policial que se inició a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas, la mayoría en Canarias, aunque también se registró una en una comisaría de Gijón (Asturias) y otras dos en Madrid, en Alcalá de Henares y Alcabendas, han detallado a EFE este jueves fuentes de la Policía.

Los agentes intervinieron al detenido dinero en efectivo y varios dispositivos móviles cuyo análisis resultó determinante para acreditar el fraude y esclarecer los hechos, indica la Policía, que precisa que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nueva detenciones.

La investigación ha permitido esclarecer un total de 65 hechos delictivos cometidos entre junio de 2021 y julio de 2022.

Los investigadores comprobaron que el detenido publicaba anuncios de viviendas reales en conocidas plataformas de Internet, ofertando inmuebles a precios muy atractivos para captar a posibles arrendatarios.

Una vez establecía contacto con las víctimas, las presionaba para realizar pagos anticipados en concepto de reserva y primera mensualidad, alegando una elevada demanda sobre los inmuebles.

Para dar apariencia de legalidad a la operación, remitía contratos de arrendamiento elaborados con la identidad de terceras personas ajenas a la trama, consiguiendo que las víctimas enviaran su documentación personal.

Posteriormente, esta documentación era utilizada para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas o crear perfiles falsos con los que continuar la actividad delictiva, según constató la Policía en su investigación.

El arrestado recibía el dinero mediante pagos por Bizum y transferencias a cuentas de terceros utilizadas como intermediarias, dificultando así su identificación, señala la Policía.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto de la Cruz, en Tenerife, a un ciudadano de nacionalidad polaca sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales de su país.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, las gestiones de investigación permitieron averiguar que el reclamado residía desde hacía varios años en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos.

Las autoridades judiciales polacas le atribuyen más de 50 reclamaciones por delitos de estafa y contra el patrimonio.

Además, sobre el detenido pesaba una medida cautelar acordada por el Juzgado de Güímar consistente en la prohibición de abandonar el territorio español y la retirada del pasaporte.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

La Policía recuerda que para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país. Y recuerda que se puede saber quiénes son los más buscados a través de la página policía.es, en el apartado “colabora”, “buscados”.

La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al almacenamiento y distribución de prendas falsificadas, la mayoría camisetas de selecciones participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La investigación comenzó a raíz de varios avisos por el uso de trasteros en el distrito de Arganzuela como centro logístico para almacenar mercancía, pensada para venderse. Durante varias semanas, los agentes realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron comprobar un constante trasiego de personas que accedían a los almacenes y salían con bolsas y mochilas cargadas de prendas.

Finalmente, la denominada Operación Naranjito –como el nombre de la mascota oficial del Mundial de 1982, celebrado en España– se ha saldado con dos personas detenidas, otras trece investigadas y la intervención de cerca de 6.700 prendas, por un valor en el mercado legal de unos cien euros cada una: en total, alredededor de 670.000 euros.

El primer día del mes, la Policía desplegó un operativo que culminó en el registro de 13 trasteros que habían sido señalados por una presunta actividad delictiva. Una vez dentro, localizaron miles de prendas falsificadas, principalmente camisetas de selecciones que disputan el Mundial de 2026. La intervención se ha producido en pleno torneo, cuando suele aumentar la demanda de equipaciones oficiales y, con ella, también el mercado ilegal de falsificaciones, según han recordado los agentes en un comunicado.

Las camisetas oficiales pueden rozar los 200 euros

Las camisetas oficiales para aficionados se comercializan habitualmente por entre 70 y 100 euros, mientras que las versiones idénticas a las que utilizan los jugadores pueden superar los 130 euros y alcanzar los 180, una diferencia de precio que alimenta la proliferación de copias ilegales.

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han intensificado las actuaciones contra este tipo de redes ante el incremento de la venta de camisetas falsas vinculadas al Mundial. Según ha informado la Policía Municipal, las diligencias por esta operación continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación.

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención de un hombre acusado de estafar a ocho aficionados del Rayo Vallecano a los que ofreció un falso viaje en autobús a Leipzig para asistir a la final de la Conference League. El presunto autor, un español de 30 años con antecedentes, captaba a las víctimas con una oferta de desplazamiento y alojamiento por 250 euros y cortaba el contacto una vez recibido el dinero.

La investigación se inició el pasado 27 de mayo, en la semana previa a la final europea, después de que los seguidores del conjunto madrileño denunciaran haber sido víctimas del engaño. Según trasladaron a los agentes, habían contratado un paquete de viaje para acompañar al equipo en la histórica cita continental, pero nunca llegaron a recibir el servicio prometido.

Las pesquisas de la Policía permitieron localizar y detener al sospechoso apenas dos días después, el 29 de mayo. Según fuentes policiales, el arrestado había convertido este tipo de estafas en su modo de vida, aprovechando eventos de gran demanda para ofrecer viajes inexistentes a través de internet.

Para captar a las víctimas, el presunto estafador difundía la oferta mediante plataformas de mensajería y redes sociales. Incluso llegó a reunirse con algunos de los aficionados en la terraza de un establecimiento situado frente al estadio de Vallecas para transmitir confianza antes de solicitar el pago, que debía llevarse a cabo en efectivo o mediante una aplicación de transferencias instantáneas.

Una vez recibido el dinero, desaparecía y dejaba de responder a cualquier intento de contacto. Fue entonces cuando los afectados comprendieron que habían sido víctimas de una estafa y decidieron denunciar los hechos, lo que permitió activar la investigación policial.

El caso tuvo una notable repercusión entre la afición rayista en los días previos a la final de la Conference League. La situación motivó la organización de una campaña de financiación colectiva para que los ocho seguidores pudieran viajar finalmente a Leipzig y acompañar al equipo en una de las citas más importantes de su historia.

La iniciativa contó con el respaldo de varios jugadores del primer equipo. Sergio Camello aportó 2.000 euros, Andrei Rațiu donó 1.000 y Dani Cárdenas contribuyó con otros 500. Junto al resto de donaciones, la recaudación alcanzó los 6.362 euros, cantidad suficiente para que los aficionados afectados pudieran cumplir su objetivo y asistir a la final pese a haber sido víctimas del engaño.

Cinco personas han resultado detenidas en la localidad albaceteña de Aguas Nuevas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial, por vulnerar el derecho de marca, donde se han intervenido 1.730 prendas deportivas falsificadas.

Los componentes del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete localizaron varios envíos postales dirigidos al nombre de estas personas con edades comprendidas entre los 32 y los 50 años, que contenían un total de 1.345 camisetas de fútbol de selecciones nacionales del presente mundial y 385 equipaciones deportivas, todas ellas falsificadas y con los logotipos de una marca de reconocido prestigio.

Dentro de las funciones que tienen encomendadas los integrantes del Destacamento de Fiscal y de Fronteras de Benemérita albaceteña se encuentra la inspección y control de las mercancías que transitan a través de las empresas de paquetería. Fue en una de estas inspecciones cuando los agentes del Cuerpo localizaron varios paquetes que, por sus características, infundieron sospechas de contener mercancía textil ilegal o falsificada que podría vulnerar los derechos de propiedad industrial de las mercantiles que fabrican los productos originales.

Tras la inspección de los paquetes se pudo comprobar que contenían 1.345 camisetas y 385 equipaciones completas de equipos de fútbol, todas ellas imitando ilícitamente una conocida marca deportiva y careciendo de cualquier tipo de documentación que acreditase su legítima procedencia.

La falsificación de estos artículos deportivos imitaba al detalle los elementos y logotipos de la reconocida marca comercial, pero carecían de diversos elementos autenticadores, propios de la marca. En total, la comercialización de estas prendas falsificadas pudiera haber supuesto un fraude cercano a los 172.000 euros.

Modus operandi

La mercancía intervenida era adquirida por las personas investigadas, través de internet, procedente del mercado asiático, a un coste muy por debajo del valor original del mercado. Una vez que las prendas llegan a distintos puntos de la geografía española a través del reparto de paquetería, estaban destinadas a ser distribuidas a otras personas acabarían poniéndolas a disposición del público general a través del mercado ilícito conocido popularmente como 'top manta'.

Diligencias instruidas

Las diligencias instruidas por efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Benemérita albaceteña fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº UNO de Albacete, en funciones de guardia, quedando la mercancía a disposición judicial.

La mercancía aprehendida tenía como destino la venta ilícita en los diferentes mercadillos que suelen instalarse en las ferias y fiestas que, con la llegada del verano, se celebran en numerosas localidades de la provincia de Albacete.

La Guardia Civil detiene a una persona por estafar a un ciudadano de la provincia de Guadalajara por la falsa oferta de reformas a domicilio.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el perjudicado, quien había contactado a través de una plataforma de compraventa con una persona que ofrecía servicios de instalación y reformas para viviendas.

Tras varias conversaciones y la recepción de un presupuesto para la ejecución de los trabajos, la víctima realizó un pago anticipado destinado, en teoría, a la adquisición de los materiales necesarios para la obra. Posteriormente, el supuesto profesional fue demorando la entrega comprometida con distintos pretextos hasta que, finalmente, cesó toda comunicación, sin entregar los materiales ni ejecutar los trabajos acordados.

Ante esta situación, el perjudicado interpuso la correspondiente denuncia en la sede electrónica de la Guardia Civil.

El modus operandi

El investigado se servía de plataformas digitales de compraventa y de anuncios para localizar a potenciales clientes interesados en realizar obras o mejoras en sus viviendas. Con el fin de generar confianza, ofrecía presupuestos detallados, exhibía imágenes de supuestos trabajos anteriores y aportaba documentación relativa a los productos o servicios ofertados.

Una vez consolidada la relación con la víctima, reclamaba pagos anticipados alegando la necesidad de adquirir materiales o de reservar pedidos con los proveedores. Tras recibir el dinero, recurría a continuos retrasos y excusas para justificar el incumplimiento de los plazos pactados, prolongando la situación hasta interrumpir todo contacto con el cliente.

La investigación

Tras la denuncia interpuesta, el Equipo @ de la CiberComandancia activó los protocolos de investigación orientados al esclarecimiento de los hechos, analizando las conversaciones mantenidas entre las partes y la trazabilidad del movimiento económico.

Como resultado de las gestiones realizadas, se logró identificar plenamente al presunto autor de la estafa, con domicilio en Madrid, a quien se tomó manifestación a través del Puesto de Mejorada del Campo. Por la CiberComandancia se instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la Autoridad Judicial de Guadalajara.

El teléfono suena. En la pantalla aparece un número conocido o, al menos, uno que podría serlo. Al otro lado, una voz que se presenta como tu banco y que te habla con mucha seguridad, usando datos personales, referencias a tu cuenta o a una operación reciente. Todo parece encajar. Y, sin embargo, la duda está ahí: ¿es realmente mi banco o alguien que se está haciendo pasar por él?

La suplantación telefónica se ha convertido en una de las formas de fraude más habituales y más complejas de identificar, ya que los delincuentes son más sofisticados, más creíbles y más difíciles de detectar en el momento. En ese contexto, la tranquilidad no viene de escuchar una voz convincente, sino de poder verificar que es real.

Con esa idea como punto de partida, Banco Santander ha puesto en marcha una nueva funcionalidad de seguridad integrada en su app que permite a los clientes confirmar, en tiempo real, si una llamada que están recibiendo procede realmente del banco. 

El problema no es recibir una llamada, sino no poder comprobarla

Durante años, la recomendación ante una llamada sospechosa ha sido desconfiar, colgar y contactar uno mismo con la entidad por los canales oficiales. Un consejo sensato, pero que no siempre resulta fácil de aplicar cuando la llamada parece legítima, sobre todo cuando llega en un momento de urgencia o donde incluso se utiliza información real de la persona.

Los ciberdelincuentes saben jugar con esos márgenes. Utilizan números falsificados, datos obtenidos previamente y un discurso diseñado para generar presión. El resultado es una situación incómoda para el cliente donde tiene que decidir en cuestión de segundos si confía o no. 

Ante esta problemática, la nueva funcionalidad de Banco Santander actúa justo en ese punto crucial, eliminando la necesidad de interpretar señales ambiguas. Antes de confiar en la llamada, el cliente puede confirmar su autenticidad directamente desde la app. 

Santander te llama: verificación clara y en tiempo real

El sistema, denominado Santander te llama, introduce un cambio sencillo pero significativo en la forma en la que el banco se comunica telefónicamente con sus clientes. A partir de ahora, cada vez que la entidad realice una llamada, el cliente recibe de forma simultánea dos comunicaciones oficiales, una notificación push de la app de Santander y un correo electrónico enviado desde la dirección habitual del banco.

La verificación no requiere pasos adicionales ni configuraciones complejas, ya que se produce de forma simultánea a la llamada. Desde la app, se enviará una notificación con el mensaje: “¡Hola! Te estamos llamando de Banco Santander desde el teléfono: …”. Además, al pulsar sobre la notificación, el cliente puede comprobar en cuestión de segundos más detalles de la llamada.

Dentro de la app, se muestra una interfaz que confirma que la llamada está en curso. Asimismo, la entidad ofrece al cliente información para aprender a detectar si se trata de una llamada fraudulenta, poniendo a su disposición contenidos que le ayudan a saber cómo actuar ante un posible fraude y a identificar una llamada falsa si no recibe la notificación correspondiente.

Nunca se utilizarán SMS ni aplicaciones de mensajería para este tipo de verificación, solamente a través de los dos canales mencionados anteriormente. El servicio ya está disponible para los clientes que tengan activadas las notificaciones de la app o de la banca online, integrándose de forma natural en el uso cotidiano de los canales digitales del banco. 

Saber que es el banco, cuando más falta hace

En un entorno donde las llamadas fraudulentas pueden parecer reales, disponer de una confirmación oficial y simultánea cambia por completo la experiencia del cliente. Ya no se trata de desconfiar de todo, sino de tener una referencia clara en el momento exacto.

La puesta en marcha de esta funcionalidad se enmarca en la estrategia del Santander para reforzar la seguridad digital y seguir incorporando nuevas capacidades de protección y prevención del fraude en sus canales digitales. La entidad continúa impulsando soluciones orientadas a ofrecer una experiencia bancaria cada vez más segura, sencilla y transparente para sus clientes.

La Guardia Civil ha investigado a siete personas -tres hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y los 36 años - como presuntas autoras, en distintos grados de participación, de delitos de estafa y blanqueo de capitales. Los implicados residen en las provincias de Ávila, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

La investigación, desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Tecnológicos y del Equipo de la Guardia Civil en La Rioja, se inició tras la denuncia presentada por una empresa y una entidad religiosa, ambas víctimas de una estafa mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC). El BEC se basa en el acceso no autorizado a cuentas de correo corporativas de empresas, proveedores o directivos. Mediante esta intrusión, los ciberdelincuentes rastrean de forma silenciosa las comunicaciones para estudiar los procesos de facturación y los calendarios de pago.

En esta operación, los autores comprometieron las credenciales de acceso para infiltrarse en el flujo de correos entre las víctimas y sus proveedores habituales. Tras analizar discretamente el intercambio de mensajes, detectaron el envío de una factura legítima; en ese momento, interceptaron el documento y sustituyeron el número de cuenta bancaria original por uno controlado por la organización.

Mediante este engaño, lograron que las víctimas transfirieran un total de 243.718 euros -repartidos en dos pagos de 124.868 y 118.850 euros- a cuentas gestionadas por la red criminal, creyendo que cumplían con sus obligaciones comerciales habituales. Las diversas actuaciones permitieron a los agentes analizar la huella digital de los autores -incluidos accesos, direcciones IP y patrones de comportamiento-, así como realizar un exhaustivo seguimiento del dinero.

Este trabajo facilitó la identificación de una compleja red de cuentas bancarias utilizadas para canalizar y blanquear los fondos estafados. La combinación de análisis técnico avanzado, inteligencia financiera y la estrecha colaboración con las entidades bancarias afectadas resultó determinante para bloquear los movimientos y lograr la recuperación íntegra del dinero estafado, evitando un grave perjuicio económico a las víctimas.

Las actuaciones, junto con los investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

CONSEJOS PARA PREVENIR ESTAFAS 'BEC'

Verificar siempre cualquier cambio en los datos bancarios mediante una llamada telefónica a un contacto conocido.

Revisar con atención las direcciones de correo electrónico, especialmente pequeñas variaciones en dominios o letras.

Activar sistemas de doble verificación en cuentas de correo corporativas.

Limitar la información sensible compartida por correo electrónico.

Establecer protocolos internos de validación para transferencias de elevado importe.

Formar al personal en la detección de correos fraudulentos y ciberamenazas.

Ante cualquier sospecha, contactar de inmediato con la entidad bancaria y denunciar los hechos.

La acusada de estafar a dos empresas y apropiarse de más de 67.000 euros ha aceptado 10 meses de prisión y 540 euros de multa por un delito de apropiación indebida continuado; así como 6 meses de prisión por el delito de estafa. Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá abonar 67.030 euros a los perjudicados. 

No obstante, a pesar del acuerdo de conformidad en lo que respecta a las penas privativas de libertad contra la acusada, ha sido necesario interrogar a los perjudicados durante más de dos horas para establecer el número de reclamaciones que aún estaban pendientes y fijar así el importe total de la responsabilidad civil. 

La pena de prisión ha sido suspendida y estará condicionada a que la condenada no vuelva a delinquir en los próximos 5 años y a que satisfaga la responsabilidad civil fijada en la vista oral celebrada esta mañana por la Audiencia Provincial.

La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, solicitaba 5 años y 6 meses de cárcel para la acusada. En el acuerdo de conformidad se han aplicado tres atenuantes: alteración psíquica de la acusada, reparación del daño –ha devuelto parte del dinero que se apropió- y dilaciones indebidas.

La concurrencia de una atenuante analógica de alteración psíquica ha sido contemplada por la Fiscalía desde el inicio del proceso, al constatar que la acusada recibió tratamiento por problemas de ansiedad, adicción al juego e inversión compulsiva en bolsa “online”, llegando incluso a precisar ingresos psiquiátricos durante 2017.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos, admitidos por la acusada en la vista oral celebrada esta mañana, se habrían producido principalmente entre 2016 y marzo de 2017. La acusada, aprovechando su puesto de trabajo en una agencia de viajes, se quedó con cantidades entregadas por clientes para la compra de billetes de avión y otros servicios turísticos que nunca llegaron a contratarse.

La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los clientes entregaban el dinero en efectivo en la propia oficina, mientras que en otros realizaban ingresos directamente en cuentas bancarias controladas por la acusada. Las cantidades recibidas no habrían sido destinadas a la adquisición de los billetes o paquetes turísticos contratados.

Además, el Ministerio Público y el resto de acusaciones mantienen que la procesada también se apropió de dinero procedente de pagos efectuados por clientes que sí llegaron a recibir los servicios contratados, sin que esas cantidades fueran ingresadas posteriormente en la caja o en las cuentas de la empresa.

Como consecuencia de estos hechos, la agencia de viajes reclama un perjuicio económico de 46.220 euros, cantidad que incluye tanto el dinero presuntamente sustraído como las indemnizaciones abonadas a numerosos clientes afectados. A ello se suman reclamaciones de otros perjudicados.

La acusación también atribuye a la procesada un segundo episodio delictivo consistente en la captación de fondos de dos empresarios mediante la supuesta participación en negocios mercantiles que, según la Fiscalía, nunca existieron. Mediante este mecanismo habría obtenido alrededor de 21.100 euros, incluida una transferencia de 15.000 euros realizada desde Suecia.

La directora general de varias clínicas de tratamientos estéticos en Gran Canaria, de 40 años, y su administrador único, de 50, han sido imputados por supuestamente estafar a 172 clientes de la citada isla y de Tenerife, a los que presuntamente cobraron por servicios que nunca llegaron a efectuarse.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se investiga a otras tres personas relacionadas con estos hechos, de los que se tuvo conocimiento en octubre de 2025, tras la denuncia de una clienta que había contratado diversos tratamientos en una clínica de estética ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.

Debido al elevado número de perjudicados, a la existencia de numerosas empresas vinculadas al mismo administrador y a la posible afectación en distintos puntos del territorio nacional, la causa ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional, señala la Policía.

En ella se explica que la primera denunciante expuso que, al poco tiempo de formalizar el contrato de su tratamiento, el establecimiento cerró de forma repentina sin que los servicios pagados llegaran a prestarse.

A esta primera denuncia se sumaron numerosas reclamaciones de otros clientes, permitiendo a los investigadores detectar un patrón común que afectaba a 172 personas entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Las gestiones policiales permitieron comprobar que, presuntamente, los responsables de la empresa continuaron ofreciendo, comercializando y cobrando tratamientos de belleza y depilación láser pese a conocer su delicada situación económica y la imposibilidad de prestar los servicios contratados.

Según la investigación, la empresa arrastraba impagos de alquileres y nóminas mientras seguía captando nuevos clientes y obteniendo ingresos.

Como consecuencia de esta situación, decenas de usuarios abonaron por adelantado o financiaron tratamientos que finalmente nunca llegaron a recibir, como es el caso de 40 de los afectados que no pudieron disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas. 

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres residentes en la provincia de Toledo como presuntos autores de una estafa mediante el conocido 'timo del tocomocho' cometida contra una mujer de avanzada edad en la localidad cacereña de Villanueva de la Vera.

La investigación ha permitido, además, esclarecer varios intentos de estafa llevados a cabo con el mismo procedimiento en las localidades de Madrigal de la Vera, Casatejada y Santa Marta de Magasca, todas en la provincia de Cáceres.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 28 de mayo, cuando la víctima denunció haber sido abordada por varios hombres que le ofrecieron participar en el supuesto cobro de un boleto de lotería premiado a cambio de entregar dinero y objetos de valor, según ha informado este lunes la Guardia Civil.

Convencida por los estafadores, la mujer les entregó 2.000 euros en efectivo y diversas joyas “de gran valor sentimental”, aunque posteriormente comprobó que había sido víctima de un engaño.

La investigación desarrollada por los agentes permitió relacionar este hecho con otros intentos similares registrados en distintos municipios de la provincia, dirigidos igualmente a personas de edad avanzada.

La Guardia Civil logró identificar el vehículo utilizado por los sospechosos y, con la colaboración de la Policía Local de Madrigal de la Vera, localizar y detener a los dos presuntos responsables.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata y a la Adscripción Permanente de la Fiscalía de Plasencia.

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida contra un ciudadano residente en Italia, engañado mediante una sofisticada maniobra de suplantación digital cuando trataba de alquilar una vivienda en Barcelona para una estancia vacacional.

Las pesquisas determinaron que el presunto responsable es un vecino de Ciudad Real, que ya ha sido puesto a disposición judicial.

Una web falsa diseñada para engañar

Todo comenzó cuando la víctima localizó en Internet un inmueble que se ajustaba a sus necesidades y contactó con los supuestos arrendadores a través de una aplicación de mensajería instantánea,.

Para dotar de credibilidad a la oferta, los presuntos estafadores facilitaron información detallada de la vivienda e incluso remitieron vídeos del inmueble, alimentando así una falsa sensación de confianza.

Poco después, le hicieron llegar un enlace que conducía a una página web fraudulenta, diseñada para reproducir con gran fidelidad la imagen y el funcionamiento de una reconocida plataforma inmobiliaria.

Apremiado por una supuesta y elevada demanda del inmueble, el perjudicado realizó una transferencia bancaria superior a los 3.000 euros en concepto de reserva. Tras efectuar el pago, toda comunicación con los supuestos propietarios cesó de forma repentina.

Ante la falta de respuesta, la víctima contactó con el servicio de atención al cliente de la plataforma original, donde le confirmaron que el dominio utilizado no pertenecía a la empresa y que había sido víctima de una estafa basada en la suplantación de identidad digital.

Una vez constatado el fraude, presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Activación inmediata de la investigación La denuncia fue recibida y gestionada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), que activó de inmediato al Equipo de la Cibercomandancia para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las primeras actuaciones llevadas a cabo por los investigadores se solicitó el bloqueo cautelar de la cuenta bancaria receptora de los fondos con el objetivo de evitar nuevos movimientos y preservar posibles indicios.

El análisis de las comunicaciones mantenidas con la víctima, unido al estudio de la operativa bancaria asociada al fraude, permitió reconstruir el itinerario de los fondos e identificar plenamente al presunto autor de la estafa, que resultó ser un vecino de Ciudad Real.

El Fiscal solicita una pena total de 5 años y 6 meses de prisión para una mujer acusada de un delito de apropiación indebida y otro de estafa al quedarse ilícitamente con el dinero de los clientes de una agencia de viajes de Logroño para la que trabajaba y, a su vez, querer montar negocios “inexistentes y falsos” con otras personas.. El juicio tendrá lugar el próximo miércoles, 17 de junio, a partir de las 09,30 horas en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos comienzan en 2013 cuando la procesada fue contratada por una agencia de viajes con sucursal abierta en la capital riojana. Aprovechándose de ese puesto, sobre todo en el año 2016, “se apoderó de importantes cantidades de dinero de los pagos que los clientes entregaban para la adquisición de billetes de transporte, generalmente de avión”.

En este sentido, relata el documento, la procesada “o bien se quedaba directamente el dinero en efectivo que le entregaban o bien se lo ingresaban directamente a su cuenta corriente particular. En ningún caso utilizaba el dinero para adquirir los billetes”. Además durante este tiempo también se quedó dinero de la propia caja.

Ante ello la agencia de viajes reclama 46.220 euros. El Fiscal considera que dicha empresa es la perjudicada principal al haber tenido que indemnizar a muchas personas y haber soportado el perjuicio del dinero sustraído de su caja.

Pero, además, en la misma época -de forma más puntual pero “con el mismo ánimo fraudulento”- la acusada contactó con otras personas para pedirles dinero para compartir y emprender negocios mercantiles “absolutamente falsos e inexistentes”, aún así logró que le transfirieran unos 21.200 euros.

En el escrito del Ministerio Público también destacan que la acusada por problemas personales que venía arrastrando desde tiempo atrás “que le habían llevado al juego y a la inversión online como modo de evasión” alcanzó un grado de adicción moderado, estrés y ansiedad, por lo que precisó de ingreso psiquiátrico.

Apropiación indebida

Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida -por el que le imponen una pena de 3 años y 6 meses de prisión- y otro delito continuado de estafa -2 años más-. Concurre en la acusada la circunstancia atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica. Finalmente, Fiscalía destaca la complejidad y dificultades para la determinación de los perjudicados.

A modo de responsabilidad civil deberá indemnizar a la agencia de viajes en la cantidad que se fije en el juicio oral o ejecución de sentencia por el perjuicio sufrido por los pagos indemnizatorios realizados a clientes, así como por el dinero sustraído de la caja/cuenta del establecimiento. También a los clientes perjudicados que puedan determinarse en la ejecución de la sentencia así como a los afectados por emprender negocios “falsos”.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado al lotero coruñés Manuel Reija a 3 años y medio de cárcel por quedarse con una primitiva premiada con 4,7 millones de euros y ocultar a su verdadero dueño que el boleto tenía premio.

El tribunal lo considera autor de un delito de estafa agravada, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, y lo inhabilita para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la actividad de Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena, según recoge Europa Press.

Sin embargo, la sala absuelve al delegado provincial de Loterías y hermano del condenado del delito de encubrimiento y blanqueo de capitales del que venía siendo acusado.

En concepto de responsabilidad civil, el hombre deberá abonar, conjunta y solidariamente con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), el dinero del premio. La Audiencia especifica que, otorgada la titularidad del boleto, no puede entregárselo para su cobro a la viuda e hija del dueño, pues debe de ir a la masa hereditaria de su propietario, por lo que se procederá “en virtud de sus disposiciones testamentarias”.

La sentencia, hecha pública este jueves, subraya que el lotero “actuó con ánimo de lucro, creando una falsa certeza en la víctima sobre la inexistencia del premio, lo que le permitió quedarse con el boleto y su correspondiente premio”. Así, destaca que la prueba practicada “establece la existencia de ese engaño inicial o posterior, que es requisito para la existencia del delito de estafa”.

Los magistrados entienden acreditado que, al recibir el boleto, el acusado le dijo al cliente que no estaba premiado, “produciendo una falsa certeza en el mismo, y bajo la confianza de un trabajador de loterías que se lo indica tras comprobación en la maquina”.

En la resolución, afirman que el dueño de la administración, tras la comprobación de varios boletos, “se percató de la existencia de premios y de uno, en concreto, de elevada cuantía, procediendo a la operativa de no indicarle al jugador que tenían premio”.

La sala explica que lo condena por un delito de estafa, en lugar de por el de apropiación indebida, porque “contempla de modo más adecuado la conducta que se examina, pues incluye el engaño”.

Su hermano, absuelto

En cuanto al otro acusado –delegado provincial de loterías y hermano del condenado–, la sala determina que no existe prueba suficiente para condenarlo por encubrimiento o blanqueo de capitales, por lo que lo absuelve.

“La argumentación ideada por las acusaciones se basa en una ideación de maquinación entre los dos hermanos para cobrar el boleto partiendo de la hipótesis de que existía una confabulación previa entre ambos, hipótesis que esta sala no comparte”, subraya la Audiencia en el fallo, en el que añade que las pruebas indiciarias “se sustentan documentalmente en que desde el primer momento, esa misma noche, pone en conocimiento de terceros, compañeros delegados, la existencia de la problemática y, al día siguiente, lo comunica a la Selae y, a la semana siguiente, entrega el boleto en la Selae, con lo cual pierde todo control sobre el mismo”.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El lotero defendió su inocencia

“Mi conciencia está tranquila”, aseveró el lotero en la última sesión del juicio, en el que sostuvo que el boleto lo encontró en su administración y que luego lo entregó a Loterías, siguiendo, además, las recomendaciones que le dio su hermano. Con posterioridad, lo reclamó al no aparecer el dueño. En 2018 se inició una investigación policial que localizó al considerado legítimo propietario, ya fallecido.

Su familia ha ejercido la acusación particular en este juicio, al igual que la de otro hombre ya fallecido y que considera que este es el verdadero propietario, algo que la investigación policial descartó en su momento.

El juicio, tras varias semanas de celebración, concluyó con la petición de absolución por parte de las defensas y de condena a seis años de prisión por parte de Fiscalía y acusaciones particulares.

En concreto, pidieron para Manuel Reija condena por delito de estafa o, alternativamente, apropiación indebida y para su hermano Miguel por blanqueo de capitales. La defensa del primero planteó, subsidiariamente, atenuante de dilaciones indebidas.

“Un acto de avaricia, una actuación malévola”

En la lectura de las conclusiones, el letrado del lotero aseguró que los argumentos de Fiscalía y acusaciones particulares se basaron “en conjeturas sin certeza”. En similares términos, se pronunció el abogado del delegado de Loterías en A Coruña para descartar una actuación delictiva.

“Un acto de avaricia, una actuación malévola”, sentenció la fiscal para incidir en que hubo, a su juicio, engaño al verdadero propietario sobre el premio del citado boleto. De su hermano Miguel consideró que conocía “el origen ilícito”, en relación a cómo se habría obtenido el mismo.

En similares términos se pronunciaron las acusaciones particulares, para las que hubo una actuación “metódica” por parte del lotero para quedarse con la primitiva premiada y con apoyo de su hermano. “Reordenaron la situación de la manera que les parecía oportuna”, argumentaron.

Según el Ministerio Público, el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.

La Guardia Civil, a través de controles para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha localizado en Tenerife a uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de OmegaPro, que se encontraba alojado en un hotel de la isla.

La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos, según ha recordado la Benemérita este jueves.

El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, en la que se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.

El juicio del conocido como caso ataúdes, celebrado contra veintitrés acusados y que se ha centrado en el supuesto cambio de féretros antes de la incineración para su reventa en el grupo funerario El Salvador de Valladolid, ha quedado visto para sentencia tras más de 200 testigos y peritos desde marzo.

Antes de la conclusión de la vista oral, el tribunal ha concedido la última palabra a cada procesado, que no han hecho uso de esta opción y han manifestado que no tenían nada que decir o nada que añadir.

Los encausados se enfrentan a penas que oscilan entre veinte años de cárcel, las más altas, y dos años de prisión, las menores, por delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La vista oral se ha desarrollado por hechos ocurridos entre 1995 y 2015 con la intervención del ministerio fiscal, dos acusaciones particulares, nueve defensas y la letrada de las sociedades Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, en estos dos casos como responsables civiles.

Los abogados de los acusados que aún no habían expuesto su informe final lo han hecho este miércoles durante la última sesión del juicio.

Las defensas han criticado que la causa se asiente, a su juicio, solo sobre anotaciones, fotografías de cadáveres y escritos de un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, al que han considerado no creíble porque sentía animadversión hacia su jefe, también ya fallecido, y utilizó esos apuntes para extorsionar al dueño de la empresa, un delito por el que fue condenado.

Relación enfermiza de odio

Ese trabajador tenia “una relación enfermiza de odio contra su jefe” que se fue deteriorando y provocó una reacción de chantaje y amenazas. “La relación estaba viciada y contaminada por ese sentimiento de odio”, ha sostenido uno de los letrados.

Los listados que elaboró Justo M.G. adolecen de errores que reconoció su autor, lo que sería suficiente para anular esa prueba; las anotaciones son “falsas” y confeccionadas para blindarse ante un posible despido, ya que llegó a la empresa procedente de otro despido y su jefe le amenazaba día sí y día también con echarle de la empresa, ha agregado otro abogado.

Entre las argumentaciones de las defensas también se ha escuchado en la Audiencia Provincial de Valladolid que uno de los acusados, hijo del que fuera propietario de la empresa, acudió a la Policía a denunciar la extorsión de Justo a su padre y lo hizo porque no tenía nada que temer.

“La última palabra de Justo fue con su escrito de defensa. Cuando le pidieron veinte años de cárcel, su abogado negó los hechos de la acusación y pidió su absolución. Es que era mentira, lo dijo a través de su defensa”, ha recalcado un letrado.

Prescripción e indefensión han formado parte también de las alegaciones de los letrados, que han apelado a la duda razonable que surge en este caso “rigurosamente” ante el riesgo de condenar a un posible inocente.

La pena de banquillo

Uno de los abogados se ha referido a la “pena de banquillo” que han soportado sus clientes durante siete años y ha recalcado que ninguno de los trabajadores acusados se ha lucrado con las supuestas prácticas de cambio de ataúdes que se les atribuye.

Un defensor ha desechado que la razón por la que llevaran a cabo esos cambios fuera el miedo a perder su trabajo, porque es un empleo que no quiere nadie, no ganaban 6.000 euros al mes, obtenían unos 1.400 euros; no era una bicoca, era una tarea penosa, difícil, desagradable y no era para arriesgarse a pasar años en la cárcel por mantener el puesto.

“No veo sentados a los Corleone” en el banquillo de los acusados, “veo a trabajadores, a obreros”, ha expresado otro de los letrados. Antes de dejar el juicio visto para sentencia, el magistrado presidente ha agradecido la colaboración de todos y ha asegurado que el tribunal se va a guiar únicamente por la prueba practicada en el acto del juicio y valorando los informes “brillantes” expuestos.

La primera defensa, la de Ignacio M.V., hijo del que fuera propietario de la empresa, ha expuesto en su informe final del juicio del como caso ataúdes que se trata de una batalla entre odiador, un extrabajador llamado Justo M.G., y odiado, el dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., los dos ya fallecidos.

Se trata de “una situación anómala, con multitud de personas en el banquillo que son espectadores de una batalla entre el odiador y el odiado y ambos están muertos”, ha descrito el letrado.

Ha criticado que el proceso se ha asentado sobre una extorsión por la que fue condenado Justo M.G., dirigida contra el propietario de la empresa funeraria, al que chantajeó con hacer públicas unas fotografías y anotaciones sobre supuestos cambios de féretros para después revenderlos.

“Se junta la leyenda urbana y un señor que por desgracia está loco y su desequilibrio psicológico es evidente, porque acabó quitándose la vida”, ha dicho el defensor en referencia al extrabajador, quien según las acusaciones documentó los cambios y reventa de féretros y flores con imágenes y por escrito durante vente años.

“Se junta una cosa con la otra y nos vemos aquí sentados durante cuatro meses” y con veintitrés acusados, ha resumido.

Todas las notas de Justo son munición, las fotografías son munición y lo que las une todas es la idea de una venganza, de una extorsión, ha concluido el abogado.

Durante la exposición de su informe, el defensor de Ignacio M.V., ha considerado además lo que ha tachado de “pérdida de imparcialidad” que han sufrido las defensas por parte de la Sala.

“No es una cuestión solamente sobre el modo en que se admitió la prueba, sino el valor que esa prueba puede tener para fundar una condena” contra Ignacio M.V., ha expresado.

Ha lamentado en este sentido que ya poco después de comenzar el juicio -se desarrolla durante cuatro meses- se vio que era inútil y repetitiva la declaración de familiares de los difuntos porque no tenía más que carga emocional pero no valor acreditativo de los hechos, debido a que nadie oyó ni vio nada.

“Se cruzó la frontera entre juzgar y ayudar a acusar”, ha sostenido el letrado, quien se ha quejado de que la defensa no ha podido discutir en igualdad de condiciones ya que no se dio trámite al criterio de selección de testigos y las normas no permiten sustituir a un testigo por otro.

La mayoría de los allegados de fallecidos incinerados han declarado sobre su dolor pero “estamos en un procedimiento penal”, en el que se está pidiendo para Ignacio M.V. veinte años de prisión y veinte millones de euros, ha agregado.

A su juicio, desde el primer momento la Policía se enamoró del relato de Justo M.G. y todo depende de lo que dejó escrito este exempleado que comenzó a trabajar en el cementerio del grupo funerario procedente de un despido y se incorporó a esta empresa “de favor”, aunque por la caridad entra la peste.

A partir de ese momento, empezó a tomar anotaciones de cómo hacía su labor para justificar que estaba trabajando, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una opción para extorsionar debido a que el dueño de la empresa no quiso contratar a sus hijos, se acercaba su jubilación y le iba a quedar una escasa pensión y el dueño del grupo funerario se había hecho rico.

Se escogió como brújula moral para el proceso del caso ataúdes a un empleado que había elaborado ese material para castigar a su jefe, ha recalcado, antes de mantener que era el propio Justo, él solo, el que movía los cadáveres que aparecían en sus fotografías.

Otro de los defensores, que representa a varios trabajadores del grupo funerario acusados, ha rechazado que las anotaciones de Justo M.G. correspondiesen a la realidad y lo ha justificado en que parte de ellas correspondían a fechas en las que los procesados estaban de permiso.

También ha argumentado que algunos de los apuntes se referían a empleados que trabajaban en un lugar distinto al de Justo y por tanto no podía saber que hacían o deshacían, y en otros supuestos el horario no coincidía con el suyo.

Ha manifestado además que fue Justo el que manipuló los cuerpos que él mismo fotografió y que pudo hacerlo durante varias horas que pasaba él solo en el cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) donde desempeñaba su función.

El letrado ha sugerido que si quería dejar pruebas del supuesto cambio de ataúdes podía haber fotografiado o grabado a trabajadores llevándolo a cabo o al jefe dando instrucciones. El juicio continuará este jueves con la exposición de los informes finales de las defensas. 

El fiscal del juicio del conocido como caso ataúdes ha mantenido este lunes que entre 1995 y 2015, en el Grupo funerario El Salvador de Valladolid, siguiendo el mandato de sus responsables, se llevaron a cabo cambios de féretros antes de las incineraciones para revenderlos ocultando que ya habían sido usados.

El representante del ministerio público ha expuesto durante unas tres horas su informe final, en el que ha sostenido acusaciones que oscilan entre 20 años, las más elevadas, y dos años, las menores, para veintitrés encausados. “Existe prueba bastante, suficiente, contundente y aplastante”, ha resumido.

Entre los argumentos en los que ha asentado su exposición, el fiscal ha citado las veintiséis libretas, tres archivadores con partes de defunciones, catorce carretes sin revelar, dos sobres con fotos y tres memorias USB que tenía un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, en los que se reflejaban los cambios de ataúdes.

Ha calculado en 5.308 las anotaciones que realizó este empleado sobre cambios de féretros, además de elementos florales recogidos para su reventa, y ha aclarado que de esa documentación se deriva la posibilidad de que en muy pocos casos -unos cinco- se hubiera entregado a los allegados de los difuntos cenizas distintas de las de su familiar incinerado.

A escondidas

El acusador público ha subrayado que del material que guardaba el trabajador se desprende que difuntos que debían haber sido cremados en el tanatorio de El Salvador de Valladolid lo fueron en el horno del cementerio de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, propiedad del mismo grupo funerario, “a escondidas” de los familiares de los finados.

Las fotografías de Justo M.G. abarcan difuntos sobre cajas de restos, tapas de féretros y cajas en desuso.

En este sentido ha citado la declaración en el juicio de dos policías que manifestaron que hubo cerca de 150 familias que reconocieron a sus familiares fotografiados sobre elementos que no eran los ataúdes que habían comprado.

Coordinación para manipular cadáveres

Ha basado además su informe en la comparecencia del inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quien explicó que la manipulación de los cadáveres que aparecen en las imágenes no podía realizarla solo una persona. A juicio del fiscal, se requería la coordinación de varios empleados.

Ha desechado que los trabajadores no conocieran estas prácticas cuando manifestaron que se enteraron por la prensa o en el registro que llevó a cabo en la funeraria la Policía en enero de 2019, ya que al menos tenían que saberlo desde dos años antes, cuando un representante de la empresa denunció en Comisaría a Justo M.G. porque le extorsionó diciendo que iba a hacer pública su documentación si no le daba dinero. “La noticia -de la extorsión- corrió por toda la empresa”, ha remarcado.

Ha mencionado también que el 99 % de los testigos que han comparecido en la vista oral no vio la entrada de su familiar en el horno crematorio -en algunos casos se simulaba que había comenzado la incineración-. Una de las dos acusaciones particulares personadas ha reivindicado el protagonismo de las víctimas de los hechos enjuiciados y ha reprochado a los encausados que no hayan acudido a todas las sesiones del juicio -el tribunal autorizó la posibilidad de que se ausentaran- lo que denota que no les importa lo más mínimo los afectados que han declarado.

La letrada ha descrito la forma de actuar en el grupo funerario como una operativa empresarial organizada, prolongada en el tiempo, con reparto de funciones y con el objeto de obtener un beneficio económico para la familia propietaria de la empresa.

Falta del respeto debido a los difuntos

Al detenerse a evaluar el delito contra el respeto a los difuntos, ha considerado que se trata de falta del respeto debido y profanar un cadáver o sus cenizas. No supone una infracción sanitaria ni una falta de cuidado, consiste en despojar el cadáver del féretro contratado, manipularlo de forma clandestina y ocultar las condiciones de la incineración, en el mejor de los casos en una caja de restos, en un claro engaño a las familias, ha recalcado.

Ha opinado además que el móvil en una empresa que ya ganaba dinero pudo ser la codicia desmedida que no respeta ni lo mas sagrado, que es la memoria de los difuntos. La otra acusación particular, que representa a 55 afectados, también se ha referido al delito de no guardar el respeto debido a los difuntos, que ha considerado lo más grave de lo enjuiciado desde el punto de vista moral.

Ha reivindicado el derecho de las familias a despedir a su ser querido con dignidad y ha asegurado que los hechos no son aislados o episódicos, son una práctica reiterada, conocida, tolerada y económicamente beneficiosa para quienes participaron en ella. Se ha referido a las fotografías que guardaba Justo M.G. como imágenes que desvelan cadáveres manipulados, colocados en cajas distintas, e incineraciones en el cementerio de Santovenia en lugar de en el tanatorio, lugar en el que las familias creían que se hacían.

“Justo no solo conocía los hechos, los documentaba y dejaba constancia gráfica” de la mecánica, ha expresado la abogada. Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

El fiscal ha modificado algún aspecto de su calificación como en el caso de dos procesadas al retirar cargos por delitos continuados de apropiación indebida y contra el respeto a los difuntos. Las defensas han mantenido la solicitud de absolución y una de ellas ha pedido incluir la circunstancia de dilaciones indebidas muy cualificada. La vista oral continuará mañana con los informes de los abogados de los acusados.

 La Jefatura Superior de Policía de La Rioja alerta sobre el conocido ‘timo del tocomocho’, una estafa tradicional que, pese al paso del tiempo, continúa dejando víctimas, especialmente, entre personas de edad avanzada.

La pasada semana, una persona mayor fue abordada en plena vía pública, en una pequeña localidad riojana, por un individuo que aseguraba poseer varios boletos de lotería supuestamente premiados. Este primer delincuente afirmaba no poder cobrar el dinero por diferentes problemas personales y buscaba a alguien que quisiera adquirirlos por una cantidad inferior al supuesto premio.

Mientras mantenían la conversación, apareció un segundo “actor” que fingió ser un ciudadano ajeno a los hechos. Tras interesarse por la historia, se ofreció a trasladarlos en coche hasta Logroño para ayudar al supuesto premiado a cobrar los boletos.

Durante el trayecto, ambos lograron ganarse la confianza de la víctima, incluso simulando llamar al vendedor de cupones del pueblo quien le habría confirmado que estaban premiados, para así convencerle para retirar 5.500 euros de una entidad bancaria a cambio de los décimos supuestamente premiados. Como la primera sucursal no disponía de efectivo suficiente, tuvieron que desplazarse a una segunda oficina bancaria.

Antes de acceder a esta última sucursal, los estafadores persuadieron a la víctima para entregarles las joyas que llevaba consigo como garantía de que regresaría con el dinero acordado. Finalmente, la víctima retiró la cantidad pactada y se la entregó a cambio de los boletos.

Minutos después, los autores desaparecieron con la excusa de comprar comida, sin regresar al lugar. Fue entonces cuando la víctima descubrió que en realidad los boletos nunca estuvieron premiados.

Qué es el timo del “tocomocho”

El término “tocomocho”, procedente de la expresión popular “tocó mucho”, da nombre a una de las estafas más antiguas y conocidas en España. Aunque este fraude ha disminuido en los últimos años gracias a la prevención y la colaboración ciudadana, continúa siendo utilizado por grupos especializados que actúan con gran habilidad para manipular psicológicamente a sus víctimas.

El engaño suele comenzar con el acercamiento de una persona aparentemente vulnerable o desorientada que asegura poseer un boleto de lotería premiado. Poco después aparecen otros miembros del grupo criminal que actúan como falsos testigos, compradores interesados o simples viandantes, reforzando la credibilidad de la historia.

Para dar apariencia de autenticidad, los delincuentes utilizan listados falsificados de números premiados, capturas de pantalla manipuladas, llamadas a terceros o fotocopias de boletos.

La Policía Nacional recuerda la importancia de desconfiar de ofertas demasiado ventajosas y de cualquier situación que implique entregar dinero o joyas a personas desconocidas. Ante cualquier sospecha, se recomienda contactar inmediatamente con la Sala CIMACC 091.

Consejos básicos de prevención

Qué hacer si ya ha sido víctima