La Guardia Civil, a través de controles para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha localizado en Tenerife a uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de OmegaPro, que se encontraba alojado en un hotel de la isla.

La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos, según ha recordado la Benemérita este jueves.

El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, en la que se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.

El juicio del conocido como caso ataúdes, celebrado contra veintitrés acusados y que se ha centrado en el supuesto cambio de féretros antes de la incineración para su reventa en el grupo funerario El Salvador de Valladolid, ha quedado visto para sentencia tras más de 200 testigos y peritos desde marzo.

Antes de la conclusión de la vista oral, el tribunal ha concedido la última palabra a cada procesado, que no han hecho uso de esta opción y han manifestado que no tenían nada que decir o nada que añadir.

Los encausados se enfrentan a penas que oscilan entre veinte años de cárcel, las más altas, y dos años de prisión, las menores, por delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La vista oral se ha desarrollado por hechos ocurridos entre 1995 y 2015 con la intervención del ministerio fiscal, dos acusaciones particulares, nueve defensas y la letrada de las sociedades Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, en estos dos casos como responsables civiles.

Los abogados de los acusados que aún no habían expuesto su informe final lo han hecho este miércoles durante la última sesión del juicio.

Las defensas han criticado que la causa se asiente, a su juicio, solo sobre anotaciones, fotografías de cadáveres y escritos de un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, al que han considerado no creíble porque sentía animadversión hacia su jefe, también ya fallecido, y utilizó esos apuntes para extorsionar al dueño de la empresa, un delito por el que fue condenado.

Relación enfermiza de odio

Ese trabajador tenia “una relación enfermiza de odio contra su jefe” que se fue deteriorando y provocó una reacción de chantaje y amenazas. “La relación estaba viciada y contaminada por ese sentimiento de odio”, ha sostenido uno de los letrados.

Los listados que elaboró Justo M.G. adolecen de errores que reconoció su autor, lo que sería suficiente para anular esa prueba; las anotaciones son “falsas” y confeccionadas para blindarse ante un posible despido, ya que llegó a la empresa procedente de otro despido y su jefe le amenazaba día sí y día también con echarle de la empresa, ha agregado otro abogado.

Entre las argumentaciones de las defensas también se ha escuchado en la Audiencia Provincial de Valladolid que uno de los acusados, hijo del que fuera propietario de la empresa, acudió a la Policía a denunciar la extorsión de Justo a su padre y lo hizo porque no tenía nada que temer.

“La última palabra de Justo fue con su escrito de defensa. Cuando le pidieron veinte años de cárcel, su abogado negó los hechos de la acusación y pidió su absolución. Es que era mentira, lo dijo a través de su defensa”, ha recalcado un letrado.

Prescripción e indefensión han formado parte también de las alegaciones de los letrados, que han apelado a la duda razonable que surge en este caso “rigurosamente” ante el riesgo de condenar a un posible inocente.

La pena de banquillo

Uno de los abogados se ha referido a la “pena de banquillo” que han soportado sus clientes durante siete años y ha recalcado que ninguno de los trabajadores acusados se ha lucrado con las supuestas prácticas de cambio de ataúdes que se les atribuye.

Un defensor ha desechado que la razón por la que llevaran a cabo esos cambios fuera el miedo a perder su trabajo, porque es un empleo que no quiere nadie, no ganaban 6.000 euros al mes, obtenían unos 1.400 euros; no era una bicoca, era una tarea penosa, difícil, desagradable y no era para arriesgarse a pasar años en la cárcel por mantener el puesto.

“No veo sentados a los Corleone” en el banquillo de los acusados, “veo a trabajadores, a obreros”, ha expresado otro de los letrados. Antes de dejar el juicio visto para sentencia, el magistrado presidente ha agradecido la colaboración de todos y ha asegurado que el tribunal se va a guiar únicamente por la prueba practicada en el acto del juicio y valorando los informes “brillantes” expuestos.

La primera defensa, la de Ignacio M.V., hijo del que fuera propietario de la empresa, ha expuesto en su informe final del juicio del como caso ataúdes que se trata de una batalla entre odiador, un extrabajador llamado Justo M.G., y odiado, el dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., los dos ya fallecidos.

Se trata de “una situación anómala, con multitud de personas en el banquillo que son espectadores de una batalla entre el odiador y el odiado y ambos están muertos”, ha descrito el letrado.

Ha criticado que el proceso se ha asentado sobre una extorsión por la que fue condenado Justo M.G., dirigida contra el propietario de la empresa funeraria, al que chantajeó con hacer públicas unas fotografías y anotaciones sobre supuestos cambios de féretros para después revenderlos.

“Se junta la leyenda urbana y un señor que por desgracia está loco y su desequilibrio psicológico es evidente, porque acabó quitándose la vida”, ha dicho el defensor en referencia al extrabajador, quien según las acusaciones documentó los cambios y reventa de féretros y flores con imágenes y por escrito durante vente años.

“Se junta una cosa con la otra y nos vemos aquí sentados durante cuatro meses” y con veintitrés acusados, ha resumido.

Todas las notas de Justo son munición, las fotografías son munición y lo que las une todas es la idea de una venganza, de una extorsión, ha concluido el abogado.

Durante la exposición de su informe, el defensor de Ignacio M.V., ha considerado además lo que ha tachado de “pérdida de imparcialidad” que han sufrido las defensas por parte de la Sala.

“No es una cuestión solamente sobre el modo en que se admitió la prueba, sino el valor que esa prueba puede tener para fundar una condena” contra Ignacio M.V., ha expresado.

Ha lamentado en este sentido que ya poco después de comenzar el juicio -se desarrolla durante cuatro meses- se vio que era inútil y repetitiva la declaración de familiares de los difuntos porque no tenía más que carga emocional pero no valor acreditativo de los hechos, debido a que nadie oyó ni vio nada.

“Se cruzó la frontera entre juzgar y ayudar a acusar”, ha sostenido el letrado, quien se ha quejado de que la defensa no ha podido discutir en igualdad de condiciones ya que no se dio trámite al criterio de selección de testigos y las normas no permiten sustituir a un testigo por otro.

La mayoría de los allegados de fallecidos incinerados han declarado sobre su dolor pero “estamos en un procedimiento penal”, en el que se está pidiendo para Ignacio M.V. veinte años de prisión y veinte millones de euros, ha agregado.

A su juicio, desde el primer momento la Policía se enamoró del relato de Justo M.G. y todo depende de lo que dejó escrito este exempleado que comenzó a trabajar en el cementerio del grupo funerario procedente de un despido y se incorporó a esta empresa “de favor”, aunque por la caridad entra la peste.

A partir de ese momento, empezó a tomar anotaciones de cómo hacía su labor para justificar que estaba trabajando, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una opción para extorsionar debido a que el dueño de la empresa no quiso contratar a sus hijos, se acercaba su jubilación y le iba a quedar una escasa pensión y el dueño del grupo funerario se había hecho rico.

Se escogió como brújula moral para el proceso del caso ataúdes a un empleado que había elaborado ese material para castigar a su jefe, ha recalcado, antes de mantener que era el propio Justo, él solo, el que movía los cadáveres que aparecían en sus fotografías.

Otro de los defensores, que representa a varios trabajadores del grupo funerario acusados, ha rechazado que las anotaciones de Justo M.G. correspondiesen a la realidad y lo ha justificado en que parte de ellas correspondían a fechas en las que los procesados estaban de permiso.

También ha argumentado que algunos de los apuntes se referían a empleados que trabajaban en un lugar distinto al de Justo y por tanto no podía saber que hacían o deshacían, y en otros supuestos el horario no coincidía con el suyo.

Ha manifestado además que fue Justo el que manipuló los cuerpos que él mismo fotografió y que pudo hacerlo durante varias horas que pasaba él solo en el cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) donde desempeñaba su función.

El letrado ha sugerido que si quería dejar pruebas del supuesto cambio de ataúdes podía haber fotografiado o grabado a trabajadores llevándolo a cabo o al jefe dando instrucciones. El juicio continuará este jueves con la exposición de los informes finales de las defensas. 

El fiscal del juicio del conocido como caso ataúdes ha mantenido este lunes que entre 1995 y 2015, en el Grupo funerario El Salvador de Valladolid, siguiendo el mandato de sus responsables, se llevaron a cabo cambios de féretros antes de las incineraciones para revenderlos ocultando que ya habían sido usados.

El representante del ministerio público ha expuesto durante unas tres horas su informe final, en el que ha sostenido acusaciones que oscilan entre 20 años, las más elevadas, y dos años, las menores, para veintitrés encausados. “Existe prueba bastante, suficiente, contundente y aplastante”, ha resumido.

Entre los argumentos en los que ha asentado su exposición, el fiscal ha citado las veintiséis libretas, tres archivadores con partes de defunciones, catorce carretes sin revelar, dos sobres con fotos y tres memorias USB que tenía un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, en los que se reflejaban los cambios de ataúdes.

Ha calculado en 5.308 las anotaciones que realizó este empleado sobre cambios de féretros, además de elementos florales recogidos para su reventa, y ha aclarado que de esa documentación se deriva la posibilidad de que en muy pocos casos -unos cinco- se hubiera entregado a los allegados de los difuntos cenizas distintas de las de su familiar incinerado.

A escondidas

El acusador público ha subrayado que del material que guardaba el trabajador se desprende que difuntos que debían haber sido cremados en el tanatorio de El Salvador de Valladolid lo fueron en el horno del cementerio de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, propiedad del mismo grupo funerario, “a escondidas” de los familiares de los finados.

Las fotografías de Justo M.G. abarcan difuntos sobre cajas de restos, tapas de féretros y cajas en desuso.

En este sentido ha citado la declaración en el juicio de dos policías que manifestaron que hubo cerca de 150 familias que reconocieron a sus familiares fotografiados sobre elementos que no eran los ataúdes que habían comprado.

Coordinación para manipular cadáveres

Ha basado además su informe en la comparecencia del inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quien explicó que la manipulación de los cadáveres que aparecen en las imágenes no podía realizarla solo una persona. A juicio del fiscal, se requería la coordinación de varios empleados.

Ha desechado que los trabajadores no conocieran estas prácticas cuando manifestaron que se enteraron por la prensa o en el registro que llevó a cabo en la funeraria la Policía en enero de 2019, ya que al menos tenían que saberlo desde dos años antes, cuando un representante de la empresa denunció en Comisaría a Justo M.G. porque le extorsionó diciendo que iba a hacer pública su documentación si no le daba dinero. “La noticia -de la extorsión- corrió por toda la empresa”, ha remarcado.

Ha mencionado también que el 99 % de los testigos que han comparecido en la vista oral no vio la entrada de su familiar en el horno crematorio -en algunos casos se simulaba que había comenzado la incineración-. Una de las dos acusaciones particulares personadas ha reivindicado el protagonismo de las víctimas de los hechos enjuiciados y ha reprochado a los encausados que no hayan acudido a todas las sesiones del juicio -el tribunal autorizó la posibilidad de que se ausentaran- lo que denota que no les importa lo más mínimo los afectados que han declarado.

La letrada ha descrito la forma de actuar en el grupo funerario como una operativa empresarial organizada, prolongada en el tiempo, con reparto de funciones y con el objeto de obtener un beneficio económico para la familia propietaria de la empresa.

Falta del respeto debido a los difuntos

Al detenerse a evaluar el delito contra el respeto a los difuntos, ha considerado que se trata de falta del respeto debido y profanar un cadáver o sus cenizas. No supone una infracción sanitaria ni una falta de cuidado, consiste en despojar el cadáver del féretro contratado, manipularlo de forma clandestina y ocultar las condiciones de la incineración, en el mejor de los casos en una caja de restos, en un claro engaño a las familias, ha recalcado.

Ha opinado además que el móvil en una empresa que ya ganaba dinero pudo ser la codicia desmedida que no respeta ni lo mas sagrado, que es la memoria de los difuntos. La otra acusación particular, que representa a 55 afectados, también se ha referido al delito de no guardar el respeto debido a los difuntos, que ha considerado lo más grave de lo enjuiciado desde el punto de vista moral.

Ha reivindicado el derecho de las familias a despedir a su ser querido con dignidad y ha asegurado que los hechos no son aislados o episódicos, son una práctica reiterada, conocida, tolerada y económicamente beneficiosa para quienes participaron en ella. Se ha referido a las fotografías que guardaba Justo M.G. como imágenes que desvelan cadáveres manipulados, colocados en cajas distintas, e incineraciones en el cementerio de Santovenia en lugar de en el tanatorio, lugar en el que las familias creían que se hacían.

“Justo no solo conocía los hechos, los documentaba y dejaba constancia gráfica” de la mecánica, ha expresado la abogada. Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

El fiscal ha modificado algún aspecto de su calificación como en el caso de dos procesadas al retirar cargos por delitos continuados de apropiación indebida y contra el respeto a los difuntos. Las defensas han mantenido la solicitud de absolución y una de ellas ha pedido incluir la circunstancia de dilaciones indebidas muy cualificada. La vista oral continuará mañana con los informes de los abogados de los acusados.

 La Jefatura Superior de Policía de La Rioja alerta sobre el conocido ‘timo del tocomocho’, una estafa tradicional que, pese al paso del tiempo, continúa dejando víctimas, especialmente, entre personas de edad avanzada.

La pasada semana, una persona mayor fue abordada en plena vía pública, en una pequeña localidad riojana, por un individuo que aseguraba poseer varios boletos de lotería supuestamente premiados. Este primer delincuente afirmaba no poder cobrar el dinero por diferentes problemas personales y buscaba a alguien que quisiera adquirirlos por una cantidad inferior al supuesto premio.

Mientras mantenían la conversación, apareció un segundo “actor” que fingió ser un ciudadano ajeno a los hechos. Tras interesarse por la historia, se ofreció a trasladarlos en coche hasta Logroño para ayudar al supuesto premiado a cobrar los boletos.

Durante el trayecto, ambos lograron ganarse la confianza de la víctima, incluso simulando llamar al vendedor de cupones del pueblo quien le habría confirmado que estaban premiados, para así convencerle para retirar 5.500 euros de una entidad bancaria a cambio de los décimos supuestamente premiados. Como la primera sucursal no disponía de efectivo suficiente, tuvieron que desplazarse a una segunda oficina bancaria.

Antes de acceder a esta última sucursal, los estafadores persuadieron a la víctima para entregarles las joyas que llevaba consigo como garantía de que regresaría con el dinero acordado. Finalmente, la víctima retiró la cantidad pactada y se la entregó a cambio de los boletos.

Minutos después, los autores desaparecieron con la excusa de comprar comida, sin regresar al lugar. Fue entonces cuando la víctima descubrió que en realidad los boletos nunca estuvieron premiados.

Qué es el timo del “tocomocho”

El término “tocomocho”, procedente de la expresión popular “tocó mucho”, da nombre a una de las estafas más antiguas y conocidas en España. Aunque este fraude ha disminuido en los últimos años gracias a la prevención y la colaboración ciudadana, continúa siendo utilizado por grupos especializados que actúan con gran habilidad para manipular psicológicamente a sus víctimas.

El engaño suele comenzar con el acercamiento de una persona aparentemente vulnerable o desorientada que asegura poseer un boleto de lotería premiado. Poco después aparecen otros miembros del grupo criminal que actúan como falsos testigos, compradores interesados o simples viandantes, reforzando la credibilidad de la historia.

Para dar apariencia de autenticidad, los delincuentes utilizan listados falsificados de números premiados, capturas de pantalla manipuladas, llamadas a terceros o fotocopias de boletos.

La Policía Nacional recuerda la importancia de desconfiar de ofertas demasiado ventajosas y de cualquier situación que implique entregar dinero o joyas a personas desconocidas. Ante cualquier sospecha, se recomienda contactar inmediatamente con la Sala CIMACC 091.

Consejos básicos de prevención

Qué hacer si ya ha sido víctima

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Huesca, ha detenido a dos personas, dos vecinas de Bilbao, como supuestas autoras de un delito de estafa al vender 17 lingotes de oro falsos en un comercio de compro oro de la comarca de La Hoya de Huesca.

El pasado mes de abril, a través de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Huesca por parte del gerente de un establecimiento comercial de compro oro de la comarca de La Hoya de Huesca, los agentes fueron informados de que, una vez en febrero y otra más en abril, dos mujeres les habían vendido un total de 17 lingotes de oro que tras su comprobación a posteriori resultaron ser falsos. El valor de lo estafado ascendía a unos 38.970 €.

Los lingotes venían envueltos por unidades en un blíster que no podía ser abierto para no perder su supuesto valor, aunque su supuesta autenticidad se puedo comprobar por el número de serie y un código QR impreso en su parte trasera. Sin embargo, cuando el comercio procedió a llevar los lingotes a una empresa encargada de fundición de oro fue cuando se percataron de que dichos lingotes eran faltos y que sólo estaban recubiertos de un baño de oro.

El Equipo ROCA de Huesca se hizo cargo de las investigaciones de los hechos acaecidos. El pasado día 26 de mayo tuvo conocimiento de que dos personas habían vuelto al mismo establecimiento comercial con la intención de vender lingotes de similares características, por lo que los agentes de forma inmediata se desplazaron al lugar. En el lugar de los hechos, comprobaron que estas personas eran las mismas que las dos ocasiones anteriores. Ambas se desplazaban desde su residencia en Bilbao para hacer la venta. Así mismo, los agentes verificaron que los lingotes de oro que pretendían vender eran falsos, por lo que procedieron a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa, siendo dos mujeres de 21 y 50 años y vecinas de Bilbao.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las diligencias que, junto con las detenidas, fueron entregadas al Tribunal de Instancia de Guardia de Huesca, quedando las detenidas en libertad con cargos.

El Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha condenado a dos años de prisión a la dueña de la agencia de viajes Aray Tours Canarias, ubicada en el centro comercial San Fernando de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, por un delito continuado de estafa, según ha publicado este jueves el periódico Canarias7.

Según los denunciantes, tras cobrar 17.670 euros, la dueña de Aray Tours les comunicó que el crucero contratado se había cancelado porque varias personas habían anulado su reserva. A pesar de ello, la socia y administradora única de esta agencia de viajes, constituida en 2014, no les había devuelto el dinero o lo había hecho solo en parte: 950 euros a uno de ellos y 500 a otros dos.

En su declaración ante la jueza instructora, la investigada admitió la deuda contraída con los clientes y defendió que el viaje contratado no pudo llevarse a cabo “al no haberse podido cumplir el cupo mínimo establecido para su salida” y que había ofrecido a los denunciantes “otra alternativa de viaje”.

La sentencia es firme y no cabe recurso alguno. Además, en sala judicial la propietaria reconoció los hechos, tal y como se recoge en el auto, según señala el medio.

Asimismo, la jueza le ha impuesto la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la comercialización al por menor de paquetes de viajes combinados o limitados al transporte.

En cuanto a las indemnizaciones, según el medio, el fallo determina que la propietaria de la agencia deberá indemnizar junto a la sociedad Aray Tours de forma “conjunta y solidaria” la cantidad de 41.700,23 euros a las más de diez personas que la denunciaron en el año 2024. Cantidades que oscilan desde los 9.000 a los 1.461 euros, con casos de casi 5.500 euros que estafó la dueña.

Según el fallo judicial, la condenada, pese a verse con problemas de solvencia en 2024, continuó con la actividad laboral de la sociedad ofertando y vendiendo billetes y viajes a otros clientes.

La acusada actuó con pleno conocimiento de que no podría cumplir en el futuro las obligaciones y compromisos que asumía para con los nuevos clientes y, sin embargo, les ocultó la verdadera situación económica de la empresa

Después, tras cobrar el precio del billete o aceptar los pagos parciales o aplazados del mismo, efectuaba la reserva y enviaba al cliente el resguardo pero no llegaba a confirmar la reserva, no abonaba su importe e incluso, la cancelaba con anterioridad a la fecha del viaje para quedarse con el dinero y destinarlo a otro fin que no fuese el correspondido.

Así, la dueña de la agencia, ahora condenada, se apoderaba del dinero de los clientes y lo metía en la cuenta de la sociedad. Sin embargo, cuando los clientes se daban cuenta que habían sido engañados al descubrir que el supuesto viaje reservado no exístia por ningún lado procedían a denunciarla.

Ante esta situación, la propietaria de la sociedad comenzaba a devolver el dinero de forma parcial y en partes, e incluso ofrecía otros viajes en fechas posteriores para así ganar tiempo, como se recoge en el fallo.

Cabe destacar que el Juzgado había archivado la causa en julio de 2025 al entender que no había quedado “suficientemente acreditada la perpetración del delito de estafa”. Entonces, los afectados recurrieron en apelación a la Audiencia de Las Palmas, que decidió reabrir el caso.

Además, la propietaria de Aray Tours Canarias tiene otra causa pendiente, aún en trámite, relacionada también con un caso de estafa de la misma sociedad a otro grupo de clientes, de quien la Policía ha recibido más de 20 denuncias.

En este caso, habían contratado con esta agencia un paquete para viajar a la fiesta de Los Indianos, en La Palma y que, tras pagar hasta 1.900 euros como anticipo, ni habían recibido los billetes, ni la reserva del alojamiento ni se les había devuelto el dinero abonado. 

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre como presunto autor de varias estafas que cometió empleando falsos anuncios de alquiler a un precio extremadamente competitivo, con los que engañó a las víctimas para que le entregasen varias mensualidades por adelantado, logrando así sustraerles 6.500 euros, que desvió a cuentas de terceras personas para evadir su implicación en el delito.

La investigación comenzó tras la denuncia de seis personas en la Comisaría Provincial de Albacete, quienes manifestaron haber sido víctimas de un fraude similar. Todas ellas habían contactado con el estafador a través de una conocida página web de anuncios, interesándose por el alquiler de dos viviendas con un precio muy competitivo, ubicadas en Albacete.

Tras ganarse su confianza, el estafador les exigía un adelanto económico urgente en concepto de fianza o reserva para “asegurar el piso”, lo que hizo que muchos de ellos avanzaran una o dos mensualidades de 600 o 700 euros para poder acceder a dichos inmuebles.

Las víctimas realizaron estos pagos a través de plataformas de pago, ingreso en cajeros o incluso transferencias bancarias. Una vez que le entregaban el dinero, el supuesto arrendador cortaba todo tipo de comunicación, dejando a las víctimas sin fondos y sin inmueble.

La investigación ha destapado una peculiar operativa criminal ya que el detenido, en varios de los casos, no recibía el dinero en sus cuentas, sino que pedía a las víctimas que realizasen los pagos directamente a sus acreedores para liquidar sus deudas personales. De esta forma consiguió hacerse con 6.500 euros.

El detenido tenía diversas deudas personales

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional descubrió que el detenido arrastraba diversas deudas personales, entre ellas mensualidades con su preparador físico y un abogado. Cuando una víctima estaba lista para enviar el dinero del falso alquiler, el detenido le facilitaba el número de teléfono o los datos de alguno de sus acreedores.

Paralelamente, el arrestado contactaba con su acreedor y le decía que le iba a llegar un ingreso para saldar su deuda. De esta manera, el dinero de la víctima iba a parar directamente a un tercero de buena fe.

El estafador conseguía así extinguir sus deudas reales utilizando el capital estafado, y a la vez trataba de desvincularse del delito ya que no era el receptor directo del dinero.

A pesar de la complejidad de la red de pagos, los agentes lograron reconstruir el mapa de las transferencias e identificar plenamente al autor de los hechos, quien ya ha sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a dos individuos y han identificado a varias personas más por su presunta relación con un delito de estafa al futbolista gallego Lucas Pérez, que milita actualmente en las filas del Cádiz CF, al intentar pagar distintos objetos y un coche de lujo por valor de 340.000 euros con billetes falsos.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el delantero gallego denunció haber sido víctima de una estafa tras haber intentado vender ropa, joyas y relojes, así como un coche de alta gama. Son, en concreto, cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de vestir, según ha adelantado el diario Marca y recoge Europa Press.

El futbolista puso a la venta estos objetos por un valor total de 340.000 euros -160.000 la ropa, joyas y relojes y 180.000 en el caso del coche de lujo- y estas personas contactaron con él mostrando interés por hacerse con ellas.

Vendedor y compradores llegaron a quedar en dos ocasiones, una de ellas para ver el material y otra para cerrar el pago. En esta segunda cita, los estafadores entregaron al delantero del equipo gaditano una bolsa con dinero, la mayor parte del cual era falso.

Una vez en su domicilio, Lucas Pérez comprobó que solo una ínfima cantidad del dinero abonado eran billetes de curso legal, mientras que la práctica totalidad correspondía a dinero falsificado.

Tras las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional, los agentes lograron identificar a los presuntos estafadores. Finalmente, dos hombres de 29 años, una de nacionalidad francesa y otro originario de Bélgica, fueron arrestados el pasado 11 de marzo en un hotel de la capital, mientras que otras personas han sido identificadas.

La Guardia Civil en La Rioja, a través del Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y del Equipo @, ha detectado durante las últimas semanas un repunte de llamadas relacionadas con la conocida como “estafa del CEO-Jefe” o “del buen empleado”, dirigidas especialmente a expendurías de tabaco de la comunidad autónoma. Estas tentativas coinciden con periodos de liquidación de impuestos, tasas y cánones, circunstancias que los delincuentes aprovechan para generar sensación de urgencia y presionar a los empleados de los establecimientos.

El “modus operandi” consiste en que el autor, haciéndose pasar por un gestor de licencias, un organismo oficial o un proveedor habitual del negocio, contacta telefónicamente con un empleado comunicándole la existencia de una supuesta deuda o pago pendiente que debe abonarse de manera inmediata.

Durante la llamada, el estafador aporta datos concretos sobre el responsable o propietario del establecimiento para dar credibilidad al engaño y asegura que éste ya conoce la situación, insistiendo en que no debe ser molestado ni contactado. En algunos casos, los delincuentes llegan incluso a utilizar a otra persona simulando la voz del superior o herramientas de inteligencia artificial capaces de imitarla para convencer al trabajador y reforzar la apariencia de autenticidad.

Los autores juegan con el miedo a posibles consecuencias inmediatas, como el corte del suministro eléctrico, la interrupción de servicios informáticos esenciales o la imposición de sanciones y recargos económicos. Incluso pueden llegar a realizar una segunda llamada haciéndose pasar por la entidad sancionadora o el organismo afectado para aumentar la presión psicológica sobre la víctima.

El objetivo final es comprometer emocionalmente al empleado y hacerle creer que resolver personalmente el problema es urgente y beneficioso para la empresa, llegando incluso a insinuar que el responsable del negocio podría responsabilizarle si no actúa con rapidez.

Una vez que logran ganarse la confianza de la víctima, los delincuentes indican cómo debe efectuarse el pago, intentando en todo momento que la comunicación telefónica no se interrumpa para evitar que el trabajador consulte con otras personas.

Los métodos de pago más habituales son el envío de dinero en efectivo mediante locutorios u otros establecimientos habilitados, transferencias inmediatas, pagos a través de Bizum o la compra de tarjetas prepago o monederos virtuales cuyos códigos de canjeo deben facilitarse posteriormente por teléfono.

En algunos casos, los autores llegan a convencer al empleado para que adelante dinero de su propio bolsillo o acceda a la caja del establecimiento con el fin de completar la operación.

De hecho, uno de estos intentos delictivos logró consumarse recientemente en un estanco de la capital riojana, donde los autores consiguieron estafar cerca de 3.000 euros mediante este procedimiento. Asimismo, la Guardia Civil ha tenido conocimiento de otras tres tentativas similares dirigidas a diferentes expendurías de tabaco de La Rioja, que pudieron ser frustradas gracias a la rápida reacción de los empleados y responsables de los establecimientos.

Además, este tipo de estafa no se limita únicamente a los estancos, habiéndose detectado también casos en establecimientos de restauración, como bares, restaurantes y cafeterías. En este sentido, dos de estos fraudes llegaron a consumarse recientemente en la Rioja Baja, donde los autores lograron hacerse con 1600 euros mediante el mismo procedimiento.

Para prevenir estas estafas, se recomienda a titulares y empleados de estancos:

No realizar ningún pago sin confirmar por vías oficiales la existencia de la deuda, ignorando la presión y urgencia impuestas por el estafador.

Nunca actuar sin consultar con el titular del establecimiento, aunque el interlocutor insista en no hacerlo.

Los estafadores pueden estar cruzando información con otros cómplices para dar mayor credibilidad al engaño.

Los responsables deben comunicar este modus operandi a toda la plantilla, especialmente en periodos de mayor riesgo.

Si el estafador consigue su objetivo o se detecta un intento, debe comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para activar medidas preventivas.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la condena por intrusismo profesional, estafa y lesiones imprudentes contra un hombre que ejerció como odontólogo en una clínica de Navalmoral de la Mata, donde atendió a pacientes durante aproximadamente una década sin la titulación requerida, aunque rebaja la pena inicial hasta los dos años de prisión.

Los hechos se remontan al periodo 2001-2011, durante el cual el acusado realizó tratamientos dentales completos, incluyendo extracciones, implantes y prótesis, pese a no estar habilitado como odontólogo ni colegiado. En concreto, se le condena a cuatro meses por intrusismo y por cinco estafas a 20 meses, mientras que las lesiones imprudentes se sustituyen por multa.

La sentencia considera probado que el acusado se hacía pasar por profesional cualificado, lo que llevó a varios pacientes a contratar tratamientos y abonar distintas cantidades económicas. El tribunal subraya que los perjudicados actuaron bajo una apariencia de profesionalidad, ya que lo hicieron en “la creencia de que el acusado contaba con la cualificación profesional correspondiente”, lo que determinó la contratación de los tratamientos y el pago de los importes presupuestados.

Parte de los tratamientos no se completaron por el cierre de la clínica y otros resultaron defectuosos, lo que obligó a los afectados a acudir a nuevos profesionales.

El tribunal aprecia la “existencia de engaño” para sostener el delito de estafa, al entender que se produjo un desplazamiento patrimonial basado en una “confianza viciada por la falsa condición profesional del acusado”.

Asimismo, se mantiene la condena por lesiones imprudentes en uno de los pacientes, tras acreditarse secuelas derivadas de una intervención odontológica, según informes forenses que concluyen que las actuaciones “no cumplieron las mínimas normas exigidas por la lex artis”. Además, deberá abonar una responsabilidad civil superior a 40.000 euros, más intereses, por los perjuicios causados a los pacientes.

En materia de responsabilidad civil, la sentencia mantiene las indemnizaciones por los tratamientos abonados y no finalizados o defectuosos, y confirma las compensaciones por lesiones, que incluyen más de 24.000 euros en el caso de un paciente afectado por secuelas (entre días de curación, incapacidad y daños), además de otras cantidades por tratamientos no completados.

Solo se introduce una modificación puntual, reduciendo a 300 euros la indemnización de uno de los perjudicados al acreditarse únicamente ese importe como efectivamente abonado.

La Audiencia, no obstante, ha estimado parcialmente el recurso y ha rebajado algunas de las penas impuestas inicialmente por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, aunque mantiene la condena por todos los delitos.

La pena, tras la apelación, queda fijada en dos años de prisión, además de una multa de 60 días con cuota diaria de seis euros y la inhabilitación para el ejercicio de la odontología y la prótesis dental durante cuatro meses.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 

El Ministerio Fiscal solicita un total de dos años de prisión para un hombre, acusado de un delito de estafa y otro de falsedad de documento mercantil, tras no haber pagado sus servicios a la procuradora y al abogado que le asistieron en varios procesos judiciales. El juicio está previsto para el próximo martes 26 de mayo a partir de las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Los hechos, de acuerdo con el escrito de la acusación, se dirigen contra el acusado que “contrató los servicios profesionales de otra persona como procuradora de los tribunales y de un tercero como abogado, para su respectiva representación y defensa” en varios procedimientos seguidos en el Juzgado de lo Social número 1 de la capital riojana.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, “los honorarios devengados por la procuradora ascendieron a 309,43 euros, que el acusado no abonó, a pesar de que le fueron reclamados por vía postal, telegráfica y telemática”. Así, la procuradora “se vio obligada a instar, en fecha 20 de diciembre de 2023, el procedimiento judicial de Jura de Cuentas, que recayó en el Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño, el cual incoó el procedimiento” correspondiente. En el seno de ese procedimiento, presentó alegaciones por escrito, “manifestando que la factura había sido ya abonada a su letrado”, para lo que el acusado aportó “una factura por importe de 2.077,60 euros, en apariencia firmada digitalmente por el abogado”.

En esta factura se hacía constar “minuta de honorarios a profesionales”, pero, dice el escrito que, “exhibida la factura a dicho letrado, éste respondió que la factura presentada no era auténtica”. De este modo, para la acusación estos hechos son constitutivos de un delito de estafa procesal en grado de tentativa y de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, de los que responde el acusado en concepto de autor sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, el Ministerio Fiscal considera que procede imponer al acusado la pena de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y la pena de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros -lo que resulta en un total de unos 3.000 euros.

Una exconcejala socialista de Láncara (Lugo) ha sido condenada a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1.890 euros por haber estafado a un intermediador en la compraventa de un tractor y a un constructor contratado para hacer unas obras de reforma en un domicilio. Simuló, junto a un familiar al que se le ha impuesto la misma pena, unos pagos que no se hicieron y la Audiencia Provincial de Lugo ha dictaminado que son responsables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de estafa. Ambos deben pagar, además, una indemnización de 39.270 euros a cada una de las víctimas.

La sala recoge en los hechos probados de la sentencia que la exedila y su familiar concertaron la compra de un tractor y entregaron al intermediario un documento que habían manipulado para que figurase que habían realizado una transferencia bancaria que, en realidad, no se había hecho. El vendedor creyó que el dinero le había sido entregado al propietario del tractor y entregó el vehículo a estas dos personas, que “lo incorporaron a su patrimonio”.

La sentencia considera que los dos tenían un plan preestablecido, que actuaron de común acuerdo y buscaban “obtener un enriquecimiento ilícito”. Después, repitieron el procedimiento y emplearon el mismo documento PDF, que volvieron a modificar para simular que habían hecho un pago de 39.272 euros a un contratista con el que habían acordado de manera verbal que hiciese unas obras de reforma integral en un domicilio.

La víctima, añade la sentencia, había empezado con anterioridad esos trabajos, por los que no había cobrado nada. Con el documento, la exconcejala y su familiar querían “inducirle a error sobre el pago de la factura que el contratista había emitido para el pago de trabajos ejecutados por el citado importe”. La Audiencia Provincial considera que la conducta de los dos acusados “evidencia una voluntad conjunta claramente destinada a producir engaño en los dos perjudicados, con la finalidad de obtener un lucro patrimonial, procurando, con la alteración de los documentos bancarios, aparentar solvencia y hacerles creer que se habían realizado dos pagos”.

En la sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se admite la atenuante de dilaciones indebidas

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha reconocido a seis inversores de la empresa Arbistar que fueron estafados el derecho a cobrar alrededor de 900.000 euros, después de haber optado por la vía civil en vez de la penal, como la mayoría de los miles de recurrentes.

Las cantidades se calculan según el valor que tenían las criptomonedas en septiembre de 2021, fecha en la que se presentó la reclamación en los Juzgados de Arona, más los intereses correspondientes.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza los recursos de dos administradores de otras tantas empresas que representan a ocho inversores, al ratificar que deben acudir al juzgado de lo mercantil y no al civil, como ocurre entre particulares.

La abogada de Gran Canaria Conchi Viera, que representa a 1.800 estafados en la vía penal, ha indicado que las posibilidades reales de que estas personas lleguen a cobrar el dinero ahora reconocido son prácticamente nulas.

Según ha explicado, los pocos fondos que se han encontrado están embargados y los primeros en cobrar servirán para saldar deudas con Hacienda y las de quienes han recurrido a la vía penal, donde hasta ahora los tribunales les ha dado la razón.

En estos momentos son dos los directivos condenados por la Audiencia Nacional por estafa y organización criminal a 16,5 y 11 años de cárcel por estafar 200 millones a 32.000 personas, y a la vez se ha abierto otra pieza separada por blanqueo que involucra a los diez imputados de la primera causa.

En su momento, la Audiencia Provincial tinerfeña anuló el fallo de un Juzgado de Arona que se ponía del lado de la empresa de criptomonedas Arbistar frente a la petición de un inversor que reclamaba que le devolvieran cerca de medio millón de euros.

En segunda instancia se acordó no proceder a analizar el recurso del supuesto estafado, pero también revocar el fallo favorable a la entidad y dejar sin efecto todo lo actuado, al considerar que la competencia recae en el ámbito mercantil.

En este último fallo de la Audiencia Provincial se recuerda que en un principio se planteó una discusión, que llegó a ser de “relativa frecuencia” en estos procesos, sobre la acumulación de recursos en la vía civil y mercantil con el fin de evitar sentencias contradictorias.

Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) determinó en 2012 que, cuando se trata de acciones promovidas contra administradores y reguladas por la Ley de Sociedades de Capital, la competencia corresponde a los Juzgados de lo Mercantil.

La Ertzaintza ha detenido este viernes al presidente del club de rugby Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, Unai Zuluaga, de 53 años, acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal, como resultado de una investigación abierta en la comisaría de Durango (Bizkaia), tras la interposición de un total de 132 denuncias por el impago de la Lotería de Navidad.

El detenido admitió que vendió “por error” 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan cerca de 80 personas, que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación desarrollada por la Ertzaintza en torno al suceso ha motivado la detención a primera de la hora de la tarde de este viernes del responsable del club, de 53 años, como presunto autor de un delito de estafa y administración desleal. El implicado había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el arrestado será puesto a disposición judicial.

De los 15 millones de euros que tocaron en la Lotería de Navidad, la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,1 millones aún están pendientes de cobro. Según reconocieron desde el club la semana pasada se enteraron del problema cuando quedaban en la cuenta 5.000 euros y aún faltaba un centenar de personas por cobrar. En aquel momento explicaron que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

La tensión y la indignación entre los vecinos de Igorre no tardó en desatarse. De manera que han creado una plataforma y el pasado 7 de mayo realizaron la primera reunión para saber qué pasos seguir hasta poder cobrar su premio. Por el momento han sumado 132 denuncias debido a que ven “inviable” que como en Villamanín el problema se solucione con una quita, porque gran parte de los premiados en Igorre ya han cobrado. “A una persona que ha recibido el dinero y se ha comprado un coche, por ejemplo, ¿qué le vas a decir, que devuelva su dinero?”, lamentaron tras esa primera reunión.

A través de su cuenta de Instagram, el club informó el pasado 23 de enero que se encontraban “trabajando para el reparto del premio de la Lotería de Navidad”. “Se trata de un proceso complejo que requiere tiempo”, señalaban en una publicación en la que aseguraban que “próximamente” compartirían los detalles de cuándo y cómo se ejecutaría el proceso y la documentación necesaria para el mismo.

El 6 de febrero informaron, también a través de Instagram, del proceso que iban a seguir para entregar el premio. Se trataba de dos fases, la primera la recogida de datos y participaciones a través de una cita previa y la segunda el pago de las papeletas verificadas con fecha límite para realizar las transferencias del 17 de abril. “A partir de esa fecha caducará el derecho de cobro”, alertaban. “En el momento de recogida de datos y participaciones, la asociación entregará a cada premiado un justificante de recogida de participaciones y compromiso de pago por parte del club Arratiko Zekorrak RT. Los pagos se realizarán tras la verificación”, aseguraron. Sin embargo, para algunos de los premiados, ese dinero jamás llegó.

Tras la primera reunión, los afectados, que se comunican a través de un canal de Telegram y de correos electrónicos, quedaron en volver a reunirse para futuros pasos. En principio, ya cuentan con apoyo legal y piensan interponer todas las denuncias posibles ante la Ertzaintza, pese a que continúan a la espera de una respuesta por parte del club que les satisfaga y les haga obtener su dinero. “No vamos a parar hasta que se nos dé nuestro dinero. Sabemos que el proceso puede ser largo, pero nos parece injusto que unos cobren y otros no. Si sabían el error, deberían haber paralizado el pago. No nos creemos que se hayan dado cuenta esta semana, porque llevan retrasando los pagos meses”, aseveraron.

Se ha consolidado como una herramienta fundamental para millones de usuarios que buscan inmediatez y sencillez en sus transacciones financieras diarias. Sin embargo, la popularidad de Bizum no ha pasado inadvertida para los ciberdelincuentes, quienes explotan la agilidad del sistema para ejecutar fraudes cada vez más sofisticados. El Banco de España, de hecho, ha emitido alertas advirtiendo sobre el incremento de estas prácticas delictivas que afectan directamente a la seguridad de los usuarios. 

Los atacantes emplean diversas técnicas con el fin de manipular y presionar a sus víctimas en momentos de distracción o urgencia. Este entorno digital cambiante exige que la ciudadanía esté plenamente informada sobre los riesgos asociados a las nuevas funcionalidades de pago instantáneo. La clave para no caer en el engaño reside en comprender profundamente el funcionamiento técnico de las herramientas que utilizamos en nuestros dispositivos móviles.

Ante la creciente vulnerabilidad, las autoridades financieras insisten en la necesidad de extremar la precaución durante cualquier operación monetaria realizada de forma telemática. El núcleo de esta estafa emergente, conocida como Bizum inverso, reside en un cambio sutil pero letal de la operación financiera estándar. Mientras que en un envío normal el emisor transfiere fondos, en este fraude el delincuente utiliza deliberadamente la opción de solicitud de dinero. La víctima recibe una notificación en su terminal que, a primera vista, parece un ingreso de fondos pendiente de ser aceptado por el usuario. Sin embargo, al pulsar sobre el mensaje para confirmar la acción, el usuario está autorizando realmente un cargo directo en su propia cuenta bancaria. 

El dinero se transfiere de manera instantánea al estafador, dejando al estafado con un saldo negativo inesperado y con pocas posibilidades de reversión. Los criminales aprovechan que muchos usuarios desconocen que Bizum permite tanto enviar como pedir cantidades específicas de dinero a cualquier contacto. Este desconocimiento técnico es el pilar fundamental sobre el que se construye el éxito de esta peligrosa y habitual modalidad de robo digital. Es fundamental leer con extremo detenimiento cada palabra de las notificaciones bancarias antes de proceder a cualquier validación.

Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano son el escenario predilecto donde estos ciberdelincuentes despliegan sus anzuelos más efectivos. Aplicaciones populares suelen ser el canal de comunicación inicial entre el estafador y su víctima potencial. El proceso comienza cuando un supuesto comprador contacta con un vendedor mostrando un interés inmediato y excesivo por un producto anunciado recientemente. Para asegurar la reserva, el atacante propone realizar un pago rápido a través de Bizum como una supuesta señal de buena voluntad. En lugar de efectuar el ingreso prometido, envía una solicitud de cobro bajo el pretexto de que es el trámite necesario para la transacción. El vendedor, ansioso por cerrar la venta, suele actuar con rapidez y acepta la notificación sin revisar los detalles financieros del mensaje. Al finalizar el proceso, la persona descubre con asombro que no ha recibido ninguna señal, sino que ha regalado su propio capital. 

Este tipo de engaño se repite con frecuencia debido a la confianza ciega que los usuarios depositan en la aplicación del banco. La efectividad del Bizum inverso no se debe a un fallo técnico de la aplicación, sino a la manipulación psicológica del individuo. Los estafadores suelen utilizar excusas de urgencia extrema o problemas técnicos ficticios para presionar al usuario y evitar que este reflexione. Al generar una sensación de prisa, logran que la víctima actúe de manera impulsiva sin analizar la veracidad de la notificación recibida. 

Los mensajes a menudo están redactados de forma confusa o contienen enlaces externos que redirigen a sitios web maliciosos y fraudulentos. En ocasiones, los delincuentes incluso suplantan la identidad de empresas conocidas o servicios oficiales para ganar una capa extra de credibilidad. El Banco de España subraya que estos criminales son expertos en detectar la falta de familiaridad de las personas con la tecnología. Por ello, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de seguridad de las transacciones financieras online.

Un concepto fundamental que todo usuario debe interiorizar es que recibir dinero mediante este sistema no requiere ninguna acción adicional. Cuando alguien nos envía fondos de forma legítima, el ingreso se refleja automáticamente en nuestro saldo bancario sin intervenciones manuales del receptor. Cualquier notificación que nos inste a aceptar, confirmar o validar un ingreso recibido debe ser tratada de inmediato como una alarma. La aplicación de Bizum únicamente solicita la intervención del usuario cuando este va a realizar un pago o autorizar una solicitud ajena. Por lo tanto, si uno está esperando cobrar una venta, jamás debería tener que pulsar botones de confirmación en su pantalla móvil.

Bloquear y denunciar

Para prevenir estos incidentes, es vital adoptar una serie de hábitos de seguridad robustos en nuestra interacción con las finanzas digitales. Siempre se debe desconfiar de compradores que acepten precios elevados de inmediato sin negociar ni preguntar por el estado del objeto. Es recomendable verificar el perfil, la antigüedad y las valoraciones de cualquier persona que nos contacte en una red de compraventa. Nunca se deben compartir datos personales sensibles ni información bancaria privada con individuos desconocidos a través de chats o llamadas telefónicas. Si un supuesto conocido nos pide dinero, es prudente confirmar su identidad mediante otro canal de comunicación como una llamada directa.

Si desgraciadamente ya se ha producido la estafa, el tiempo de reacción es un factor crítico para intentar mitigar el daño económico. Lo primero que debe hacer el afectado es contactar inmediatamente con su entidad bancaria para informar de la transacción fraudulenta realizada. Es fundamental solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas o tarjetas si se sospecha que las credenciales han sido comprometidas seriamente. Aunque las operaciones en este sistema suelen ser irreversibles, el banco evaluará si existe alguna posibilidad legal de recuperar el dinero. El siguiente paso obligatorio es interponer una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía. Para que la investigación sea efectiva, se deben aportar todas las pruebas posibles como capturas de mensajes y números de teléfono.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Fake-Stake', ha desarticulado una organización criminal asentada en Euskadi dedicada a estafas con criptoactivos (monedas digitales) y al posterior blanqueo del dinero obtenido. Han sido detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, por estafar más de 400.000 euros en inversiones. Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia interpuesta por una mujer que manifestaba que había invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptoactivos atraída por su alta rentabilidad. Sin embargo, al intentar recuperar el dinero, le resultó imposible.

Gracias a un análisis técnico y financiero se pudo detectar movimientos sospechosos vinculados a activos digitales. A través del estudio de cuentas bancarias y carteras de criptomonedas (aplicaciones donde se almacenan estos activos), los investigadores destaparon un entramado criminal especializado, según indica la Guardia Civil en una nota. Este grupo utilizaba un método conocido como 'pig butchering'. Se ganaban la confianza de las víctimas durante semanas o meses, normalmente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería para convencerlas para invertir en plataformas de criptomonedas con promesas de alta rentabilidad.

El grupo criminal empleaba contratos inteligentes, programas informáticos que se ejecutan a través de un registro digital descentralizado de transacciones. Estos contratos estaban manipulados para que, al interactuar con ellos, las víctimas concedieran permisos sin saberlo, permitiendo a los delincuentes vaciar sus fondos de forma automática y casi inmediata.

Organización criminal

La organización criminal estaba basada en vínculos familiares, en la que cada miembro desempeñaba un papel concreto. Contaban con una dirección técnica encargada de crear y controlar los sistemas digitales y las carteras finales. Tenía una red logística responsable de gestionar cuentas y movimientos iniciales del dinero. Además, existían personas especializada en dificultar el rastreo del dinero mediante múltiples operaciones y colaboradores que movían fondos a través de entidades financieras digitales.

Para dar apariencia legal al dinero obtenido, la organización utilizaba una red de más de 140 cuentas bancarias, muchas de ellas aún activas, además de sociedades mercantiles sin actividad real utilizadas para ocultar el origen ilícito del dinero. El dinero era fraccionado y movido a través de distintos canales para dificultar su seguimiento.

Durante la fase de explotación de la operación se realizó un registro en una vivienda de Vitoria en el que se intervinieron treinta tarjetas bancarias de diferentes entidades, documentación bancaria y anotaciones con cuentas, un móvil con varias carteras de criptomonedas y sus claves de acceso, un dispositivo de almacenamiento con documentación utilizada para las estafas, una 'billetera fría' (dispositivo físico utilizado para guardar criptomonedas de forma offline) y un vehículo utilizado por la organización, apunta la Guardia Civil.

En la investigación ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, el Equipo @ y Policía Judicial de Guardia Civil. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, decretando el ingreso en prisión para el cabecilla de la trama, quien contaba con antecedentes relacionados con actividades de inversión financiera y ya había sido objeto de otras actuaciones por hechos de similar naturaleza. La Guardia Civil continúa trabajando en la investigación para determinar la posible existencia de más víctimas, ya que presuntamente hay perjudicados en otras provincias.

La Policía Nacional está investigando un posible caso de “estafa hospitalaria” que se habría producido en la provincia de Cuenca.

Según ha trasladado este miércoles en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, los autores de estas llaman por teléfono a personas vulnerables y les dicen que un hijo suyo está muy grave en un hospital y que le tienen que hacer una intervención urgente, para la cual los estafadores piden a la familia recursos para costear la operación.

Aumento de la ciberdelincuencia

“Le pasan a continuación a hablar con un teórico médico, que lo confirma, y le mandan un emisario para que dé dinero, joyas o cualquier cuestión monetaria”, ha explicado Sabrido.

Dicho esto, ha alertado del aumento de la ciberdelincuencia que se produce a través de intentos de estafas por llamadas móviles, que afectan sobre todo a las personas vulnerables.

El Fiscal solicita una pena total de 55 años de cárcel para seis acusados de diferentes delitos de estafa, insolvencia y falsedad de documento público al constituir varias empresas, realizar compras de materiales por valor de más de 271.000 euros que no pagaron y finalmente, reflejar las sociedades en un domicilio social falso.

Según el escrito del Fiscal, los hechos se remontan al 26 de enero de 2004 cuando dos de los acusados construyeron una empresa como socios. Dos años más tarde, en 2006, se incorporaron como administradores solidarios de dicha mercantil tres acusados más.

Precisamente en el año 2006, los dos primeros procesados también constituyeron otra sociedad, siendo ellos junto con la primera empresa, los únicos administradores hasta que en 2007 se incorporaron también los otros tres acusados.

A lo largo de 2009, realizaron compras de materiales a otra sociedad por un valor de 271.725,90 euros, habiendo emitido varios pagarés para el abono de las correspondientes cantidades que fueron devueltos.

Finalmente, en agosto de ese mismo año, “sabiendo de la situación económica en la que se encontraban las sociedades y para evitar las posibles acciones contra sus bienes, los administradores de las sociedades procedieron a la venta de las participaciones sociales al último de los acusados por valor de 1.000 euros”.

“Habiendo reflejado las sociedades un domicilio social falso en Madrid al ser inexistente la dirección, al igual que el domicilio del último acusado”, indica el escrito del Ministerio Público.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, otro de insolvencia y finalmente otro de falsedad de documento público. Por estos hechos procede imponer -a cinco de los seis acusados- la pena de 5 años de cárcel para cada uno de ellos por el delito de estafa y tres años más por el de insolvencia. Finalmente añade dos años más de prisión para cada uno por el de falsedad.

Para el último acusado -al que no le impone el delito de estafa- le pide tres años de cárcel por el delito de insolvencia y otros dos más por el de falsedad.

Por responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la sociedad que les vendió los materiales “de forma conjunta y solidaria” en la cantidad de 271.725, 90 euros.

Tensión, gritos y hasta lágrimas de rabia han protagonizado la primera reunión de los cerca de 100 afectados en Igorre por la venta por parte del club de rugby Arratiko Zekorrak de 225 participaciones de más de la Lotería de Navidad que premió al número 90.693 el pasado 22 de diciembre con 15 millones de euros. La cita estaba prevista a las 17.30 horas en el pórtico de la iglesia de Aranzazu, en un municipio colindante de Igorre, pero finalmente ha sido trasladada en el último momento al Ayuntamiento de la localidad vizcaína, visto que en la iglesia esperaba un gran despliegue mediático.

La reunión se ha producido dentro del Consistorio y, a pesar de que los medios de comunicación no tenían permitida la entrada -algo que los vecinos comprobaban a través de una papeleta que había sido entregada a los afectados previamente-, algunos de ellos han querido mostrar su descontento a este periódico. Como Alberto y Maite, una pareja de Igorre que prefiere no decir su verdadero nombre y tenía cinco de las papeletas premiadas. “Son entre 50.000 o 59.000 euros. Nos enteramos porque nuestra hija nos llamó para decirnos que no había dinero. Hicimos todo lo que nos pidieron, pedimos cita, dimos la papeleta y nuestros datos y nos dieron un recibí. Nos dijeron que esperásemos 15 días y recibiríamos el dinero, pero ha pasado mucho desde entonces. Desde el club no nos han llamado ni nos han dicho nada. Si el dinero se ha terminado, ¿qué ha pasado? Dicen que se han equivocado pero eso es una chorrada, dividir un boleto en participaciones no tiene ninguna dificultad, no son matemáticas ni nada, lo saben hacer los niños pequeños. Nos han estafado”, lamenta Alberto.

Una vecina de Arrigorriaga ha salido visiblemente enfadada de la reunión. Pese a que haya dicho su nombre real, prefiere que no salga en el artículo. Al igual que ella, otros afectados tampoco son del pueblo, pero han comprado la lotería al club de rugby por tener alguna vinculación con el deporte o amigos en él. Ella asegura conocer “de sobra” al presidente del club, Unai Zuluaga. “La gente no es tonta y nos han tomado por tontos. Nos ha dado largas continuamente y nos ha dicho que íbamos a cobrar cuando sabía de sobra que algunos no porque no nos creemos que no supiera que habían vendido más papeletas”, manifiesta entre lágrimas de rabia. “He tenido que salir de la reunión porque me muero de rabia. ¿Cómo ha sido capaz de hacernos esto? A gente que compra las papeletas para apoyar al club, es algo increíble”, confiesa la afectada.

Nos ha dado largas continuamente y nos ha dicho que íbamos a cobrar cuando sabía de sobra que algunos no

En la reunión, como ha podido saber elDiario.es/Euskadi, miembros de la plataforma de afectados que aún está sin crear, han solicitado las denuncias de todos los que hayan acudido a la Ertzaintza. Al cierre de esta edición sumaban 90 denuncias, pero tras la reunión muchos de los vecinos que aún no lo han hecho han asegurado que también interpondrán la suya. “Nosotros hemos venido para informarnos de cómo poner la denuncia y hacerlo, porque no creemos que haya sido un despiste y aunque lo fuera estamos en nuestro derecho de luchar por nuestro dinero”, sostiene Alberto.

Julio, denuncia en mano, se muestra muy enfadado a las puertas del Ayuntamiento. En su caso, no se niega a ser grabado ni a decir su verdadero nombre. No está conforme con las razones que han dado desde el club, sobre que lo ocurrido ha sido un error. “Si tú compras unos décimos estos corresponden a unas participaciones. Eso es matemática simple. No lo entiendo. Yo no me creo que un tío que haya tramitado todo esto, que lleva años haciendo lo mismo no sepa hacer una división o una suma. Ahora hay poco de caos, es la primera reunión y estamos dando los datos. Veremos qué se puede hacer”, reconoce Julio.

El presidente del club de rugby, Unai Zuluaga, en declaraciones a Efe manifestó este miércoles, tras hacerse pública la noticia que “confían en poder llamar una a una a todas las personas afectadas lo antes posible para comunicarles una posible solución” que prefirió no adelantar por respeto a los perjudicados. Sin embargo, ninguno de los vecinos que ha acudido a la reunión ha manifestado haber sido llamado por Zuluaga ni otros miembros del equipo. “No tenemos ninguna comunicación de nada. Es surrealista. Es un dinero con el que contabas, un colchoncito que tienes ahí y te quedas con cara de bobo”, lamenta Julio.

El caso de Igorre recuerda al de Villamanín, donde la Comisión de Fiestas reconoció que se habían impreso y vendido más participaciones que billetes de Lotería. En concreto confesaron que vendieron 450 papeletas en vez de las 400 para las que habían consignado 80 décimos. Faltaban, por tanto, 10 décimos para cubrir el importe total, 9 si se tiene en cuenta un décimo de la propia comisión. En una tensa reunión se produjo un acuerdo a favor de realizar una quita y que los miembros de la Comisión de Fiestas aportaran sus premios personales para que la minoración fuera lo más baja posible. En aquel caso fueron 300 los afectados tras adquirir el número 79432, y el desfase alcanzó los 4 millones de euros.

Yo no me creo que un tío que haya tramitado todo esto, que lleva años haciendo lo mismo no sepa hacer una división o una suma

Con asistencia legal la Comisión de Fiestas de Villamanín, ya constituida como asociación, aseguró que el acuerdo “se adopta para proteger a los perceptores y ordenar el proceso con seguridad, con independencia de que existan o no reclamaciones de terceros en el futuro”. No obstante, hace unas semanas se supo que hay una denuncia penal por lo ocurrido y que se han producido dos intentos de estafa. Además, hay seis premiados que no aceptaron la quita de casi el 10% del premio y a los que les han asignado la cantidad repartida con los demás, por lo que queda a su voluntad reclamar el resto del dinero mediante acciones legales.

Preguntados por si, al igual que en Villamanín, a los afectados les contentaría una quita para poder cobrar todos, los vecinos lamentan que en estos momentos es algo inviable, debido a que, a diferencia del pueblo leonés, en Igorre la mayoría de los premiados ya ha recibido su dinero. “Eso ahora es inviable, ojalá, pero una persona que ha cobrado, que ha recibido el dinero y se ha comprado un coche, por ejemplo, qué le vas a decir, ¿Que devuelva su dinero? ¿Que devuelva el 10 o el 15% de lo que ya ha cobrado? Yo no sé lo que diría la gente si se les propusiera algo así, pero lo que hay que buscar es la responsabilidad de quien lo ha hecho mal. En una gestión tan fácil no puede resultar que haya 225 participaciones de más. Hasta un niño de tres años sabe hacer esa cuenta”, sostiene Julio, que en su caso cuenta con dos participaciones premiadas, lo que equivaldría a algo más de 20.000 euros de premio.

El propio club, en una entrevista a Radio Euskadi, ha admitido su “error” y ha informado de que está “estudiando cómo reconducir la situación”. De los 15 millones de euros la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,2 millones aún están pendientes de cobro. Según han reconocido, se enteraron “ayer”, por este martes, del problema cuando quedaban en la cuenta 5.000 euros y aún faltaba un centenar de personas por cobrar. Han explicado que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

A través de su cuenta de Instagram, el club informó el pasado 23 de enero que se encontraban “trabajando para el reparto del premio de la Lotería de Navidad”. “Se trata de un proceso complejo que requiere tiempo”, señalaban en una publicación en la que aseguraban que “próximamente” compartirían los detalles de cuándo y cómo se ejecutaría el proceso y la documentación necesaria para el mismo.

El 6 de febrero informaron, también a través de Instagram, del proceso que iban a seguir para entregar el premio. Se trataba de dos fases, la primera la recogida de datos y participaciones a través de una cita previa y la segunda el pago de las papeletas verificadas con fecha límite para realizar las transferencias del 17 de abril. “A partir de esa fecha caducará el derecho de cobro”, alertaban. “En el momento de recogida de datos y participaciones, la asociación entregará a cada premiado un justificante de recogida de participaciones y compromiso de pago por parte del club Arratiko Zekorrak RT. Los pagos se realizarán tras la verificación”, aseguraron.

Tras la primera reunión, los afectados, que se comunican a través de un canal de Telegram y de correos electrónicos, han quedado en volver a reunirse para futuros pasos. En principio, ya cuentan con apoyo legal y piensan interponer todas las denuncias posibles ante la Ertzaintza, pese a que continúan a la espera de una respuesta por parte del club que les satisfaga y les haga obtener su dinero. “No vamos a parar hasta que se nos dé nuestro dinero. Sabemos que el proceso puede ser largo, pero nos parece injusto que unos cobren y otros no. Si sabían el error, deberían haber paralizado el pago. No nos creemos que se hayan dado cuenta esta semana, porque llevan retrasando los pagos meses”, concluye otra de las vecinas afectadas.