Una hegemonía no se pierde de un día para otro. El Imperio romano fue la gran potencia del Mediterráneo durante siglos y, en su momento de mayor expansión, concentró ejército, administración y comercio bajo un mismo poder. Su dominio se apoyaba en rutas terrestres, flotas y una maquinaria fiscal que movía recursos desde Britania hasta Oriente. Cuando esa estructura empezó a fallar, la explicación buscó causas claras y simples. Entre ellas ganó fuerza la idea de que un metal presente en la vida cotidiana pudo debilitar a la población desde dentro y acelerar el final.

La explicación del derrumbe cambió cuando nuevas pruebas pusieron en duda la teoría del metal

Una revisión firmada por Rachel M. L. Simpson y Sandra J. Garvie-Lok, de la Universidad de Alberta en Canadá, concluye que la hipótesis de una intoxicación masiva por plomo como motor de la caída de Roma no encaja con los datos disponibles. El trabajo integra textos antiguos, hallazgos arqueológicos y análisis de restos humanos para revisar esa narrativa.

Las autoras comparan la ubicuidad del plomo en la Antigüedad con la del plástico en la actualidad y, aun así, descartan que existiera un envenenamiento generalizado capaz de explicar el derrumbe político. La investigación recuerda además que el estudio de objetos y restos humanos permite reconstruir aspectos de salud, comercio o movilidad, pero no respalda el escenario catastrofista que se popularizó.

Uno de los pilares de esa teoría era la sapa o defrutum, un jarabe dulce obtenido al hervir mosto. Catón, Columela y Plinio el Viejo describieron su elaboración en recipientes de plomo, donde el ácido acético reaccionaba con el metal y generaba acetato de plomo, conocido como azúcar de plomo. Ese producto se utilizaba como edulcorante, conservante y corrector de vinos de baja calidad. Sin embargo, los registros arqueológicos apenas han proporcionado recipientes de cocina fabricados en ese material.

Los análisis químicos de restos de vino en ánforas tampoco avalan un uso masivo, ya que una muestra del siglo I a.C. recuperada en un pecio frente a Albenga mostró 1,5 microgramos por gramo, una cifra superior a la de vinos actuales pero muy inferior a la que implicaría añadir grandes cantidades de jarabe.

La teoría ganó fama en el siglo XX pero acumuló críticas por su lectura de las fuentes

La conexión entre plomo y decadencia tomó forma en 1965, cuando el sociólogo Seabury Colum Gilfillan atribuyó la pérdida de creatividad en artes y ciencias a la infertilidad y la mortalidad infantil provocadas por ese metal. Sus planteamientos retomaban ideas previas de Karl Hofmann y Rudolf Kobert, y fueron ampliados después por el científico ambiental Jerome Nriagu.

Según ese modelo, el consumo de vino adulterado y el uso de recipientes de plomo afectaron sobre todo a la aristocracia. Filólogos e historiadores criticaron esa lectura por citas imprecisas y por una interpretación amplia de las fuentes clásicas, pero la imagen se asentó y volvió a surgir cuando estudios sobre contaminación atmosférica en hielos antiguos apuntaron a posibles efectos cognitivos en niños de los siglos I y II.

Los objetos domésticos y los restos óseos dibujaron un panorama distinto

El examen de inventarios domésticos ofrece otra perspectiva. Las investigadoras revisaron 41 publicaciones con listados completos de objetos hallados en viviendas de Italia, Britania, Cartago y Chipre para valorar frecuencia y riesgo. Los hallazgos muestran que los calderos asociados a la sapa apenas aparecen, mientras que abundan contrapesos de telar y, sobre todo, reparaciones de cerámica realizadas con grapas o vertidos de plomo fundido.

Ese material, en contacto con líquidos ácidos como vino o vinagre, podía pasar a la comida. Las autoras indican que “esto probablemente representaba una fuente más común de exposición al plomo en el ámbito doméstico”, y añaden que los artesanos que fundían el metal inhalaban vapores perjudiciales.

Las conducciones urbanas elevaron la concentración en el agua pero no provocaron una crisis sanitaria general

La bioarqueología aporta otro ángulo. Los dientes conservan la señal de la exposición durante la infancia y los huesos reflejan los años previos a la muerte, y decenas de estudios han medido esas concentraciones en poblaciones romanas. Los valores medios no indican un envenenamiento masivo, aunque casi todos los yacimientos incluyen individuos con cifras altas.

En Londres, un estudio liderado por Joanna Moore en 2021 detectó niveles muy elevados en un feto y en varios lactantes, lo que apunta a transmisión a través de la placenta y a posibles efectos graves. El mismo trabajo relacionó esas concentraciones con lesiones asociadas a anemias o carencias vitamínicas. Además, los esqueletos de grandes ciudades como Roma o Londinium muestran cifras más altas que los de regiones rurales de Alemania, Croacia o España, y tras el siglo V d.C. esos valores descienden de forma acusada.

El sistema de conducciones de agua también entró en la discusión. Las fistulae de plomo eran habituales y Vitruvio ya advirtió que el agua transportada por ese metal resultaba menos saludable que la que circulaba por barro. Para que se produjera disolución, el líquido debía permanecer estancado, pero muchas redes urbanas funcionaban con flujo continuo.

En aguas con alto contenido en calcio se formaba una capa de carbonato cálcico en el interior de las tuberías que aislaba el metal. Un estudio de sedimentos de la cuenca Trajana en Roma indicó que el uso de esas conducciones multiplicó hasta 40 veces la concentración respecto a manantiales naturales, aunque las autoras concluyen que ese aumento no bastaba para provocar una intoxicación aguda generalizada.

El Gobierno de la Región de Murcia pagó un total de 559.302 euros por la tierra contaminada por metales pesados y residuos tóxicos que empleó para sellar el depósito minero de El Lirio, en Cartagena. La cifra se sitúa por encima del doble de su importe inicial, presupuestado en 252.000 euros, en lo que debía ser según los pliegos técnicos un material limpio. Así consta en la documentación aportada por la Consejería de Medio Ambiente al Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad portuaria tras la orden de la magistrada que investiga el sellado de la instalación minera, ejecutado en 2024 por el Ejecutivo autonómico y la empresa pública Tragsa.

La justificación esgrimida por la administración murciana sobre el coste de la tierra vegetal, de un 122% más con respecto a lo que en un principio estaba previsto, se basa en el incremento del volumen que finalmente se compró, 55.000 toneladas en lugar de 35.000.

Estas variaciones de precio y volumen de la tierra, de una envergadura significativa, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia con posterioridad a su suministro. Fuentes jurídicas consultadas por este diario califican esta actuación de inusual, ya que toda modificación sustancial del coste de un contrato público debe someterse a los controles administrativos con carácter previo a su ejecución. Asimismo, añaden, la ley de contrataciones del sector público no permite modificar un contrato por encima del 50% de su importe original sin volver a sacar a concurso una licitación.

El material tóxico costó a las arcas públicas, sin que se volviera a licitar, un 9% del total de los trabajos de restauración ambiental de El Lirio, que alcanzaron los 6,2 millones de euros, y que contaron con una subvención de cuatro millones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como con 843.000 euros procedentes de la Unión Europea.

Dos partidas de tierra vegetal

Tragsa adjudicó en 2021 35.000 toneladas de ‘tierra vegetal de primera calidad’ a la mercantil González Soto S.A., una constructora que en los últimos tiempos es contratista habitual de la empresa pública, por 209.300 euros. La tierra fue suministrada entre los meses de febrero y julio de 2024, aunque con una gran variación en el volumen: en las certificaciones firmadas por Medio Ambiente y por Tragsa consta una primera partida de 33.000 toneladas por la que se abonaron 338.158 euros, y otra de 22.000 toneladas que costó 221.144 euros.

Una fuente cercana a los trabajos de descontaminación de El Lirio, que ha colaborado en su ejecución, explica que es usual que “en este tipo de obras tan grandes” se den “aumentos de cantidades de materiales y precios”, aunque “siempre con un motivo justificado previo, y con oscilaciones más pequeñas”. “Nunca he visto que se dispare un precio hasta más del doble del inicial”, añade.

La tierra vegetal, que según los pliegos técnicos debía ser limpia y saludable para completar la remediación ambiental del depósito minero, fue el único árido de las obras que aumentó en un porcentaje tan alto. Dadas las condiciones de contaminación que presentaba y presenta, con valores de metales pesados como plomo, arsénico y manganeso que superan con holgura los umbrales de seguridad establecidos en la Región de Murcia, y con cientos de escorias de la fundición del plomo, que liberan tóxicos con el paso del tiempo, ésta carecía, en realidad, de valor comercial alguno.

El Gobierno regional no ha dado respuesta a las preguntas planteadas por este diario para recabar su versión.

Proyecto modificado a posteriori

La modificación del proyecto donde se debía acreditar el incremento del importe y el volumen de la tierra vegetal llegó meses después de haberla comprado, en septiembre de 2024, cuando las obras ya estaban prácticamente concluidas. El nuevo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región el 31 de octubre. En él, entre otros motivos, se aduce que la superficie del terreno a descontaminar era mayor de la prevista. La tierra ya se había distribuido entre febrero y julio.

Con el suministro en marcha, en marzo de 2024, se hizo una modificación oficial del contrato licitado a González Soto. En ella se alzó el precio de la tierra hasta situarlo en 313.950 euros, una cifra aún lejos de los 559.302 a los que acabó ascendiendo finalmente. Fuentes de Tragsa consultadas detallan que “fue necesaria la modificación del espesor del perfil de la tierra vegetal durante la ejecución de los trabajos”. En el informe pericial aportado por la compañía estatal en el juzgado, donde aparecen más de un centenar de análisis que revelan su contaminación, no se menciona en ningún momento que el precio del material se incrementara.

Contaminación conocida por los responsables

El Gobierno regional y Tragsa conocían, además, antes de aumentar el gasto, que la tierra vegetal contenía una cantidad muy elevada de metales pesados. Valores de ensayos en origen encargados por la propia empresa pública en febrero de 2024 indican hasta 767 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo y 36,1 de arsénico, ambos muy por encima del proyecto de decreto de Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la Región de Murcia para la declaración de suelos contaminados del año 2025, que fijan máximos admisibles de plomo en 115 mg/kg y límites seguros de arsénico en 13. Éste último metaloide incluso superaba umbrales industriales. Asimismo, de las muestras tomadas por Tragsa tras la finalización de las obras, el 94% presenta concentraciones de plomo por encima de lo legal.

Expertos en edafología y suelos contaminados de la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona concluyeron en declaraciones a este periódico que esa tierra “no puede utilizarse bajo ningún concepto en un trabajo de restauración ambiental”, y que debería declararse como “potencialmente contaminada” y retirarse del sellado de El Lirio a la mayor brevedad. El material aceptado por técnicos y responsables de las obras contiene también, aparte de escorias de la fundición del plomo, restos de asfalto, ladrillos, losas, fragmentos metálicos y plástico.

Esta realidad contrasta con la versión aportada por la fuente vinculada a las obras a la que ha consultado este diario. “Desde el primer día, antes de su suministro, —Tragsa—fue muy escrupulosa con los materiales. Llevaba muestras a laboratorios, iba al origen a inspeccionar la calidad, cualquier detalle, por mínimo que fuera. Comprobaba los camiones cuando se transportaban, los pesaba. Todo estaba controlado. Es imposible que se pasara por alto un material tóxico con esos valores, y con residuos físicos visibles en la tierra”, relata.

En los pliegos técnicos, donde se menciona que la tierra vegetal debe ser “de primera calidad”, la mercantil estatal se compromete a “controlar tantas veces como sea necesario la correcta elaboración del material”, y se reserva la potestad de rechazarla “cuando así lo aconseje la experiencia local y cuando mediante la inspección visual no cumpla con lo descrito”.

Un negocio de millones de euros

Pese a la instrucción judicial de El Lirio, González Soto S.A., según han confirmado a este diario fuentes de la propia empresa, sigue siendo contratista de Tragsa para aportar áridos en las descontaminaciones de otros vertederos mineros que se están ejecutando actualmente en la zona de Cartagena y La Unión. La constructora ganó en agosto de 2025 una licitación de 3,2 millones de euros para suministrar áridos en el depósito de El Descargador, y participa junto a varias mercantiles en otro contrato de siete millones, formalizado en febrero de 2025, para el acopio de material, tierra vegetal incluida, en instalaciones mineras de la pedanía de Llano del Beal.

En la actualidad, según ha podido comprobar esta redacción, hay camiones de González Soto que acuden con frecuencia a las obras de El Descargador repletos de material. En los pliegos técnicos de dicha restauración ambiental, redactados también por Tragsa, constan valores máximos de metales pesados a los que deben ajustarse los áridos y limita la calidad de la tierra vegetal al Real Decreto 867/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, que sitúa el tope de plomo tolerable en un terreno en 45 mg/kg. Este tipo de información no aparece en los pliegos de El Lirio.

Riesgo ambiental

El sobrecoste económico de la tierra tóxica de El Lirio fue de 327.302 euros respecto a lo proyectado. El coste ambiental, en un entorno protegido por la Red Natura 2000, dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y regulado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Región de Murcia (PORN), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, puede ser mayor.

En los documentos aportados al juzgado, el Ejecutivo murciano defiende la calidad de las obras bajo la premisa de que el suelo de El Lirio está sometido a un uso de tipo industrial al tratarse de una antigua instalación minera. Se da la circunstancia de que los NGR industriales son mucho más laxos, de modo que los metales pesados de la tierra vegetal estarían por debajo de ellos. Esta premisa choca frontalmente con el acuerdo rubricado entre la propia Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años. Esta condición fue imprescindible para financiar y hacer posible las obras.

Lo que el Gobierno autonómico calificó como “la mayor restauración ambiental minera de España” ha derivado en una causa judicial abierta que investiga indicios incriminatorios contra la administración regional y Tragsa, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de malversación de fondos públicos. 

Un total de 149 análisis de laboratorio realizados en la cubierta de sellado del depósito minero El Lirio, en Cartagena, cuya restauración ambiental concluyó en 2024 a cargo del Gobierno de la Región de Murcia y de la empresa pública Tragsa, evidencian que se utilizó en las obras una capa de tierra vegetal contaminada por metales pesados. Así lo constatan especialistas en suelos contaminados y edafología consultados por elDiario.es.

Los ensayos revelan que los tóxicos más abundantes en dicha tierra, que abarca una superficie de más de 70.000 metros cuadrados, y sobre la que se han sembrado 52.000 plantas, son plomo (Pb), arsénico (As) y manganeso (Mn), los tres en cantidades que sobrepasan —y multiplican— los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la comunidad murciana. El Lirio se encuentra protegido por la Red Natura 2000, y esta circunstancia supone un riesgo para un ecosistema de alto valor ecológico.

Este periódico ha tenido acceso, asimismo, a informes preliminares de la tierra efectuados por Tragsa antes de que ésta fuera suministrada, que arrojan valores de hasta 767 miligramos por kilogramo de plomo (mg/kg) —cuyo nivel de seguridad está fijado en 115 mg/kg—, de 36,1 mg/kg de arsénico —su umbral seguro es 13— y de 1190 mg/kg de manganeso —con NGR 600—. 

Estos datos de la tierra eran conocidos por la Administración autonómica y la mercantil estatal con carácter previo a su utilización en el sellado. Por ella se pagó, tal y como figura en los pliegos y contratos del proyecto, un total de 313.950 euros, a precio de material “de primera calidad”.

“Esa tierra no puede utilizarse en ninguna remediación”

Para Jordi Sierra, investigador de suelos contaminados de la Universidad de Barcelona, “es inconcebible que se restaure un emplazamiento tan delicado como un vertedero de estériles mineros con materiales que contienen una contaminación tan fuerte”.

La capa de sellado presenta, además, una cantidad inabarcable de escorias de la fundición del plomo, un residuo cargado de metales pesados sometidos a procesos de liberación con el paso del tiempo. Las especies vegetales plantadas como parte final de la regeneración del depósito están creciendo a día de hoy junto a este tipo de fragmentos. El sellado de El Lirio fue catalogado por el consejero de Medio Ambiente autonómico, Juan María Vázquez, el pasado 14 de febrero, como “la mayor restauración minera de España”.

“Esa tierra no puede utilizarse, bajo ningún concepto, en un trabajo de remediación ambiental”, opina, por su parte, el profesor de Edafología de la Universidad de Granada Francisco José Martín.

Los resultados de los ensayos de la cubierta vegetal que certifican su toxicidad forman parte de un informe pericial encargado por Tragsa a Sedwick Iberia, bajo una orden del propio Ejecutivo autonómico, después de que este periódico publicara el pasado 11 de febrero una investigación sobre la contaminación del suelo que se había utilizado para rehabilitar el vertedero. El documento, al que ha accedido esta redacción, fue entregado en sede judicial en julio. Previamente, en abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena había incoado diligencias previas de investigación al admitir indicios incriminatorios contra la Administración regional y la empresa pública tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

En la cuenca vertiente del Mar Menor

La mayoría de las 149 muestras de la cubierta recogidas en el pericial presentan niveles de toxicidad ampliamente superiores a los NGR establecidos en el Proyecto de Decreto de NGR de la Consejería de Medio Ambiente de 2025. En concreto, a los valores referentes a ‘otros usos’ del suelo, los más restrictivos, al estar El Lirio en un sistema montañoso protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, y al estar regulado como “suelo de protección ambiental” por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales murciano (PORM), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. 

El depósito, además, se ubica en la cabecera de la rambla de la Carrasquilla, en plena cuenca vertiente del Mar Menor: el principal objetivo de las obras de restauración era proteger a la laguna salada de recibir metales pesados con la lluvia y el viento.

Con fondos europeos

El importe de dinero público ejecutado para acometer la remediación del depósito fue de 6,2 millones de euros. Cuatro de esos millones llegaron vía subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y 843.000 euros fueron inyectados a través de fondos europeos. El resto fue pagado por el Gobierno regional, promotor, supervisor y responsable último del proyecto.

Entregadas por la constructora González Soto S.A., los miles de toneladas de tierra vegetal ponen en evidencia la “gravedad” de que, actualmente, afirma el edafólogo José Matías Peñas, “una instalación minera identificada como peligrosa que contaminaba de metales pesados todo cuanto estaba a su alrededor siga haciéndolo tras ser sellada con un material también contaminado por metales pesados”.

Tierras en origen por encima de límites industriales

El Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, define NGR como “concentración máxima de una sustancia contaminante que no conlleva riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas”. En la Región, para ‘otros usos’ del suelo, el NGR de plomo está fijado en 115 mg/kg, el de arsénico en 13 y el de manganeso en 600.

Una serie de analíticas demuestran que la tierra vegetal seleccionada por González Soto ya estaba contaminada antes de utilizarse en la obra. En febrero de 2024, como paso previo a llevarla a El Lirio y completar la capa de sellado, compuesta también por geotextiles, gravas y arcillas, un análisis efectuado por Tragsa en un laboratorio acreditado halló cantidades de 767 mg/kg de plomo y 36,1 mg/kg de arsénico. Se multiplicaban por siete los niveles seguros del primer tóxico y por casi tres los del segundo. El arsénico incluso superaba su umbral tolerable de uso industrial, fijado en 30 mg/kg. El material iba repleto, aparte, de escorias de la fundición, trozos de asfalto, bloques de hormigón y escombros.

Las tierras fueron elegidas, según la documentación facilitada al juzgado por la empresa pública, de seis fincas del Campo de Cartagena. En esos ensayos previos aparecen también magnitudes de 209 y 357 mg/kg de plomo, 15 de arsénico y 1120 de manganeso.

“No es admisible que a estos suelos se les llame de primera calidad, cuando, precisamente, se pretende eliminar el impacto ambiental de un vertedero minero. Esos niveles de metales pesados indican que se han utilizado tierras contaminadas, o que se han mezclado residuos contaminantes con otros materiales y se han depositado en el sellado”, explica Jordi Sierra.

“Da la impresión de que se ha hecho una mezcla de suelos de distintas fincas, unas más contaminadas que otras, para diluir las concentraciones de metales pesados de tierras con valores más altos de contaminación. Es evidente que no son, en ningún caso, de primera calidad”, determina, en el mismo sentido, Francisco José Martín.

Triplicando el NGR de plomo

En enero de 2025, una vez asentada la tierra sobre la superficie ya aparentemente restaurada del depósito, Tragsa llevó a laboratorio otras 16 muestras. De toda ellas, 15, el 94%, sobrepasan el NGR de plomo, con valores de hasta 373 mg/kg, más del triple del límite seguro. El 100% supera el nivel permitido de manganeso, con cifras máximas de 1940 mg/kg. 

En marzo, como parte de la auditoría ordenada por el Gobierno regional, la empresa pública encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) que hicieran sus respectivos análisis de la cubierta. La UPCT realizó 44 ensayos, con números de plomo de hasta 295 mg/kg. La UAM llevó a cabo 39 muestreos, de los cuales el 48% supera el rango permitido de arsénico y el 61% el de plomo, con cantidades que alcanzan los 360 mg/kg. El CEBAS-CSIC recolectó 50. La mitad de ellos supera el nivel de referencia de arsénico, con máximos de 27 mg/kg. El 84% excede el de plomo, con guarismos totales de 406 mg/kg.

“Esos suelos se deberían declarar, de manera oficial, como potencialmente contaminados. Todos los datos de los análisis nos dan una idea del posible riesgo que pueden tener con el paso del tiempo. Se trata de valores anómalos que no deberían estar ahí. Las tierras utilizadas en restauraciones de este tipo deben tener buenas propiedades para que no se generen problemas a corto plazo”, incide Martín.

“Lo que se debería hacer ahora es sustituir, inmediatamente, esos materiales por otros limpios para eliminar el riesgo ambiental. Nunca antes había visto utilizarse un terreno así para sellar un lugar contaminado. Cualquier suelo limpio, cualquier tierra de cultivo decente, no daría ni de lejos esos niveles de metales y metaloides”, apunta Sierra.

Fuentes consultadas de Tragsa se limitan a afirmar, a preguntas de este diario, que “los datos de los informes validan que la tierra vegetal es apta para el uso dado”, sin entrar en más detalles.

Un suelo plagado de escorias

En el pericial de la mercantil pública se rechaza una y otra vez, asimismo, la presencia de escorias de la fundición del plomo, que saltan sin embargo a la vista a lo largo de la capa de sellado. “Tanto en la inspección como en las campañas de muestreo, la tierra vegetal presentó una apariencia sana y natural”, certifica el documento. UPCT, UAM y CEBAS-CSIC también niegan haber visto fragmento alguno.

Pero las escorias brotan cada pocos metros en El Lirio. Tienen un color negro muy característico y surcos que recuerdan a la lava solidificada. José Matías Peñas afirma que con el paso de los meses irán descubriéndose todavía más por acción de la “erosión hídrica y eólica”, y que éstas se verán sometidas a “procesos de meteorización que incrementará la carga de metales pesados del suelo”.

La tierra contaminada, dirección Mar Menor

“En la actualidad”, continúa Peñas, “ya se observa cómo, ante episodios de lluvia, la tierra se erosiona y es transportada por escorrentía a la rambla de la Carrasquilla. Esto provoca la contaminación de las aguas y los terrenos a lo largo de su recorrido hacia el Mar Menor”. En El Lirio, tras las precipitaciones recientes, la cubierta presenta signos evidentes de haber sido removida por el agua. El barro y los sedimentos se acumulan en las canalizaciones y las arquetas, y también aguas abajo, en el lecho del cauce.

Los estudios preliminares mencionan que el viento y el transporte biológico de los metales pesados a las especies vegetales eran los otros dos principales riesgos que el depósito minero exponía al entorno natural. Esos problemas, según el edafólogo, no se han eliminado. “La erosión es evidente que se está produciendo, y, con la vegetación introducida en la capa de sellado, se iniciará la transferencia de contaminantes desde el suelo hacia las plantas, lo que facilitará la entrada de los metales pesados en la cadena trófica”.

Prohibido el uso industrial

El Gobierno de la Región de Murcia y Tragsa argumentan la defensa de la calidad de las obras, en los documentos aportados al juzgado, en torno a la premisa de que el suelo de El Lirio presenta un uso de tipo industrial, y ese dictamen es avalado tanto por la Dirección General de Minas —encargada de la supervisión del sellado— como por la consejería de la que depende, la de Medio Ambiente. Es necesario recordar que los NGR de ‘uso industrial’ son mucho más laxos que los de ‘otros usos’, por lo que los baremos que arroja la tierra vegetal, en la mayoría de casos, estarían por debajo del límite.

Pero en los informes redactados por el propio Ejecutivo murciano antes del comienzo de la restauración, en concreto el proyecto y el estudio de impacto ambiental del mismo, se hacen múltiples referencias al “uso forestal” del terreno de El Lirio, a su protección biológica, a su localización dentro del PORN regional, al LIC y a la Red Natura 2000. El uso industrial no sería legal según estos mismos documentos. A su vez, el acuerdo rubricado entre la Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años vista.

La tierra vegetal suministrada en la remediación de El Lirio debía ser, atendiendo a los pliegos contractuales, una tierra “de primera calidad, rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”. Pero ha resultado ser un aglomerado de escorias y tóxicos que sobrepasan las cantidades establecidas legalmente como seguras, y nadie encargado de la supervisión de los trabajos se percató de ello, a pesar de haber realizado análisis previos que alertaban de una alta presencia de metales pesados.

La clave del caso radica ahora en las próximas decisiones que tome la jueza. Está por encargar un informe pericial a la Guardia Civil, tal y como explicó en un auto el pasado abril.

Ninguna de las peticiones que elDiario.es ha hecho a la Consejería de Medio Ambiente para recoger su versión de los hechos ha sido respondida.

El Ayuntamiento de Cartagena adquirió el 8 de junio de 2023, con el objetivo de construir en él 40 viviendas sociales y aprovechar así una subvención europea de 1,7 millones de euros que ha sido devuelta, un terreno que sabía de antemano contaminado por altos niveles de metales pesados.

La corporación municipal, dirigida entonces y en la actualidad por el PP, tuvo constancia de la contaminación de la parcela, ubicada en Los Mateos, uno de los barrios más degradados de la ciudad, al menos tres meses antes de formalizar su compra. En marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) entregó al consistorio un estudio de caracterización del suelo de la finca en el que vienen recogidos, entre otros, baremos de cadmio, plomo, mercurio y arsénico hasta 2.655, 2.373, 400 y 223 veces superiores, respectivamente, a los Niveles Genéricos de Referencia fijados en 2007 por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En las conclusiones del informe, el edafólogo de la UPCT Ángel Faz recomienda la descontaminación urgente del suelo, dada la peligrosidad de los residuos, y apunta a la causa principal de su presencia ahí: la poca distancia que separa la parcela, poco más de 50 metros, de los terrenos de El Hondón, un desierto de balsas de químicos a la intemperie también propiedad del consistorio, donde estuvo ubicada hasta 2001 una fábrica de potasas y derivados. Si las 40 casas de Los Mateos se acabasen construyendo estarían, con el tiempo, igualmente salpicadas de metales pesados por la cercanía de dichas balsas.

En mayo de 2023, también con carácter previo a la operación de compraventa de la finca, el Ayuntamiento supo que la cantidad de residuos hallada en su superficie suponía un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos que habitan en las casas colindantes, cuyas partes traseras, ventanas, puertas y garajes dan directamente a las tierras tóxicas. Así lo acreditó Hera Holding en un análisis de riesgos encargado por el propio ejecutivo municipal. 

A fecha de publicación de este reportaje, más de dos años y tres meses después de la compra de la parcela, no se ha acometido en ella ningún trabajo de descontaminación. Sí se ha licitado dos veces, en cambio, la construcción de los 40 inmuebles, quedando ambos concursos desiertos.

Una quita inferior al precio real de descontaminación

Con toda la información ambiental y sanitaria en la mano, el consistorio siguió adelante con la adquisición de la finca de Los Mateos, que pertenecía a una promotora, Técnica de Inversiones Gamma SL, vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca. Pagó por ella un total de 437.279 euros. Había antecedentes: un proyecto inmobiliario de la familia Roca, en este caso de 370 pisos, fue paralizado en 2021 en un solar cercano, igual de próximo a El Hondón, por la existencia masiva de metales pesados en él. 

La corporación municipal descontó 200.000 euros del precio final que abonó por la parcela —habrían sido 637.279— en concepto de quita por una futura descontaminación, en base a un cálculo llevado a cabo por los técnicos municipales. Sin embargo, Hera Holding, en un informe presentado el 1 de junio de 2023, una semana antes de la rúbrica definitiva de la transacción, advirtió que el montante aproximado —aunque siempre “a la baja”, detalla una fuente solvente del sector— necesario para la remediación del suelo sería de 540.000 euros. En el contrato, el Ayuntamiento eximió a la empresa propietaria de su obligación legal de reparar el daño ambiental del terreno, según ha podido constatar documentalmente este diario.

En los pliegos de las dos licitaciones del proyecto de 40 viviendas, la limpieza del terreno tóxico aparecía como el primer lote de los trabajos de promoción urbanística. Ésta figuraba por poco más de 300.000 euros, un precio muy inferior al estimado por Hera, aunque ya un 50% por encima de la quita. Ninguna empresa concursó.

“Han querido hacer casas aquí, en Los Mateos, para gente pobre, en este barrio de gente pobre, porque a los que gobiernan les da igual que los pobres vivan en sitios contaminados y enfermen. No es solo el tema medioambiental, sino sobre todo el humano. No les importamos nada”, lamenta María Ángeles Vila. Su casa está pegada a la parcela.

Se da la circunstancia de que la adquisición de la finca se realizó con el Gobierno municipal aún en funciones, tras las municipales del 28 de mayo de 2023. Faltaban diez días para que se produjera un cambio en los puestos de responsabilidad urbanísticos del Ayuntamiento y en la presidencia del consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo, la empresa pública que se encarga de promover edificaciones en la ciudad, incluida ésta.

Aquel 8 de junio, la presidenta en funciones de dicha sociedad y la concejal provisional de Urbanismo era la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena), que abandonó la vida pública y política el pasado 15 de septiembre aduciendo “motivos personales”. La primera edil era, y lo sigue siendo actualmente, Noelia Arroyo (PP).

Denuncia admitida en el Juzgado

El pasado agosto, el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad portuaria admitió a trámite una denuncia de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena dirigida contra Arroyo, Castejón y otros cuatro ediles de Casco Antiguo que votaron a favor de la compra del solar en Los Mateos. Los acusa de presuntos delitos contra el medio ambiente y la salud de las personas, prevaricación y malversación.

En el escrito de la demanda, al que ha tenido acceso este periódico, la acusación señala “una secuencia de actos administrativos y decisiones mercantiles que acreditan la adquisición de los terrenos a sabiendas de su grave contaminación”.

“La prioridad, en más de dos años en que no se ha adoptado ninguna medida ambiental, no es la eliminación del riesgo tóxico y carcinogénico al que siguen expuestos los vecinos, sino cumplir con un eventual desarrollo urbanístico”, prosigue el texto.

Solo cuando el proyecto de las 40 viviendas fracasó tras las dos licitaciones desiertas, el Ayuntamiento abrió para septiembre de 2025 un nuevo concurso, esta vez solo centrado en la descontaminación, a razón de 538.450 euros. Un precio ahora sí cercano al estimado por Hera, y mucho más del doble que la quita de la compra. “Con pleno conocimiento del coste real del saneamiento, los responsables de Casco Antiguo, no obstante, acordaron basar la rebaja en 200.000 euros, causando un perjuicio patrimonial directo a las arcas públicas”, sostiene la denuncia.

“Lo más grave es que hay personas que están expuestas a la contaminación, con conocimiento de las administraciones, con datos objetivos, con una alerta objetiva, y aun así no han actuado para remediarlo”, recalca Fulgencio Sánchez, portavoz de la Plataforma.

El pasado 8 de septiembre, en el pleno del Ayuntamiento, los votos en contra de PP, Vox y Sí Cartagena tumbaron una comisión de investigación para esclarecer los hechos que motivaron la compra del solar.

“Todo lo que está enfrente de El Hondón está y estará contaminado”

El estudio de caracterización del suelo entregado por la UPCT al Ayuntamiento en marzo de 2023 calcula que deberán retirarse de la parcela 4.473 metros cúbicos de residuos contaminados. A simple vista, hay restos muy visibles de cenizas de pirita, de color granate oscuro, con gran concentración de arsénico, y acopios como si fueran cenizas que deterioran todo lo que hay debajo y se dispersan con el viento.

“Cuando acudimos a la parcela ya sabíamos que iba a estar contaminada. Todo lo que hay enfrente de El Hondón lo está y lo estará mientras no se actúe primero ahí. Encontramos concentraciones de metales pesados tan altas que necesitan un tratamiento previo para que puedan almacenarse en un vertedero de residuos peligrosos. Esa parte, junto con el consiguiente traslado al vertedero, es la más cara de todo el proceso”, explica el edafólogo Ángel Faz.

Hera Holding alertó en mayo de 2023 de un “riesgo potencial y tóxico por inhalación de partículas en suspensión para los residentes de las viviendas en el entorno inmediato” a la finca, y de “un riesgo cancerígeno 39 veces superior al umbral aceptable por contacto dérmico e ingestión de suelo para potenciales receptores que accedan a la parcela desde el exterior”. El estudio detalla que el riesgo tóxico en el interior de las casas colindantes supera en un 40% el máximo tolerable para la salud. En el exterior de las mismas, la cifra crece hasta un 80%.

“—El Ayuntamiento— podía haber planeado la vivienda social en otro solar de la ciudad que no tuviese problemas. Pero fueron a comprar el contaminado. Y lo sobrepagaron con dinero público. Hemos hecho hasta 17 requerimientos de documentación relativa a la compra, al proyecto urbanístico, a los informes que avalan el precio final de la quita, pero nunca hemos tenido respuesta. En esta ciudad no hay transparencia. Por eso acudimos a la justicia”, manifiesta Fulgencio Sánchez. “Los más perjudicados, al final, acabamos siendo los de siempre”, añade. “Los vecinos”.

“Los ricos no pueden vivir entre contaminación, los pobres sí”

Junto a la parcela, conviviendo ahora, a apenas diez metros de su casa, con un cartel de ‘residuos peligrosos’ que prohíbe el paso y que fue colocado, puntualiza, a primeros de septiembre, María Ángeles Vila, de 70 años, dice que un miedo nunca antes visto se ha apoderado de todos ellos. “Temen que alguien venga, haga pruebas en su salón o en las habitaciones y les diga: ustedes no pueden vivir aquí, es peligroso, se tienen que ir”. “Por eso no denuncian”.

A Vila le detectaron, hace casi una década, cuenta, mercurio en sangre. Dos semanas atrás, continúa, un hombre de 61 años que también vivía en una de las casas adyacentes a la parcela falleció horas después de sufrir un ictus. “Cuando lo llevaron al hospital y le hicieron pruebas se dieron cuenta de que estaba invadido de cáncer. Es uno de esos casos de cáncer que entre nosotros llamamos invisible, porque cuando te quieres dar cuenta ya es tarde”.

Explica la vecina que son numerosos los diagnósticos de esta enfermedad en un barrio que solo tiene 2.000 habitantes. “Pero las estadísticas oficiales no se hacen por barrios, sino que se suavizan contando los casos de la ciudad entera”, denuncia. “Es una vergüenza que jueguen así con la vida de las personas”.

Fuentes de la Consejería de Salud murciana confirman a este periódico que no han recibido “ninguna notificación” de parte del Ayuntamiento de Cartagena alertando sobre la situación sanitaria existente en los aledaños de la finca contaminada.

Un barrio salpicado por balsas de químicos

 “Lo que más me duele es que esas 40 casas que quieren hacer en un terreno lleno de metales no son chalets para la clase alta. Los ricos no pueden vivir rodeados de contaminación, pero nosotros sí”, concluye Vila.

Los Mateos es uno de los núcleos de Cartagena más precarios. Entre sus calles desordenadas no se llega a perder de vista, en ningún momento, primero, el solar y las fachadas desconchadas que lo rodean, y más al fondo, al otro lado de la carretera general, las balsas de residuos de El Hondón, también propiedad del consistorio, que dispersan metales pesados a los cuatro costados y siguen sin descontaminarse más de 20 años después de su adquisición, cuando el Ayuntamiento, en conjunción con la Comunidad Autónoma, ideó ahí un residencial de 5.000 viviendas que nunca fue viable.

“En Cartagena, la salud de los vecinos nunca ha sido tratada como una prioridad, sino como un vehículo para conseguir un pelotazo”, asegura Fulgencio Sánchez. “Si no llegamos a denunciar, si no intervenimos esta vez, aquí nos hacen los edificios y no nos enteramos de nada”.

Ni el consistorio de la ciudad portuaria ni la concejal de Urbanismo en el momento de la adquisición de la finca, Ana Belén Castejón, han respondido a peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá activa la moratoria para aplicar la prohibición de disparar y transportar munición con plomo en las actividades cinegéticas que se desarrollen en cotos sociales, zonas colectivas de caza de titularidad pública y montes de utilidad pública, con la excepción de la modalidad de caza a rececho para las especies de caza mayor donde sí hay que utilizar munición sin plomo.

Una Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente publicada este jueves en el Diario Oficial de la comunidad autónoma prorroga el plazo de la disposición transitoria primera del decreto que aprobó el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha y permitirá seguir usando el plomo.

Según el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, el Gobierno regional está “satisfecho” con la moratoria decretada porque “recoge la demanda que nos han trasladado los colectivos de cazadores por los que hemos intercedido ante la Unión Europea que actualmente se encuentra en pleno debate sobre este tema”.

Somos plenamente conscientes del problema que causa el uso de plomo en el medio ambiente, en la fauna silvestre y en la salud a las personas, pero es precisamente por este motivo por el que creemos que la sustitución de este metal por alternativas menos contaminantes requiere de una transición

José Almodóvar — Viceconsejero de Medio Ambiente

Almodóvar ha señalado que “somos plenamente conscientes del problema que causa el uso de plomo en el medio ambiente, en la fauna silvestre y en la salud a las personas, pero es precisamente por este motivo por el que creemos que la sustitución de este metal por alternativas menos contaminantes requiere de una transición que debe realizarse garantizando la seguridad de quienes usan la munición”.

Al respecto, ha indicado que los colectivos de cazadores le habían argumentado que la munición libre de plomo todavía no estaba desarrollada completamente, y si bien cada vez se estaba avanzando más con ella, no se encontraba aún testada con plenas garantías de seguridad en su uso, “por lo que los hemos escuchado e intercedido por ellos ante la Unión Europea que se encuentra en pleno debate con este tema, logrando que se aumenten los plazos hasta la entrada en vigor de la prohibición a nivel europeo”.

Hemos intercedido por los cazadores ante la Unión Europea logrando que se aumenten los plazos hasta la entrada en vigor de la prohibición a nivel europeo

Con esta motivación, ha concluido el viceconsejero, “adaptamos la moratoria regional de uso de munición con plomo a los plazos actuales que se están manejando en la negociación europea ampliando dicha moratoria para las armas de fuego utilizadas en la caza menor”.

De igual forma, tal y como ha reiterado, “sí consideramos oportuno iniciar el uso de munición sin plomo en aquellas modalidades de caza donde no se identifiquen riesgos para las personas, como es la modalidad de rececho para caza mayor en aquellos cotos de titularidad pública”.

El Gobierno regional deja abierta la vía para el recurso de alzada frente a su resolución, en el plazo de un mes a partir del 4 de julio de 2025.

La Agrupación Naturalista Esparvel ha había presentado un escrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible instando a sus responsables a aplicar “sin dilación” la prohibición de cazar con munición de plomo, que la Junta ha desestimado.

Hace poco más de un mes el Ministerio de Agricultura pidió en Bruselas que la moratoria de la prohibición de este metal tóxico en la Unión Europea fuera “como mínimo de cinco a diez años”, en lugar de los tres contemplados en el borrador de normativa, además de permitir su uso para controlar la población de jabalíes a base de cacerías

La Federación de Caza se congratula de la noticia, pero pide más

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha se ha congratulado por la decisión de rebajar la prohibición de uso de munición de plomo en determinados espacios, si bien, han señalado que el Gobierno regional debería aplicar la moratoria global hasta 2028, incluyendo la caza mayor.

En un comunicado se atribuye el mérito de la moratoria. “La decisión de la Junta se ha basado en la presión ejercida por esta organización, que presentó un recurso de alzada al efecto, fundamentado, entre otras cuestiones, en la necesidad de garantizar la seguridad en el uso de materiales alternativos”, explica.

Aun así, creen que la moratoria del empleo de munición libre de plomo debería extenderse a todas las modalidades de caza y a todos los tipos de terrenos cinegéticos hasta dentro de tres años.

El comité de la UE encargado de supervisar la aplicación del Reglamento de Compuestos Químicos se reúne este jueves para discutir la propuesta de prohibición del plomo, y tiene sobre la mesa los argumentos científicos y los económicos, sobre todo vinculados a la industria armamentista.

La ciencia no alberga dudas: “El plomo es uno de los metales tóxicos con mayor impacto. No existe un nivel seguro de exposición” por lo que su uso en la caza, tiro y la pesca “representa riesgos para la salud pública y ambiental”, dice la carta en la que más de 140 investigadores piden al Gobierno que se adopte la prohibición de este material propuesta por la Comisión Europea “sin moratorias ni excepciones”.

Sin embargo, los cazadores –que se oponen a dejar de utilizar plomo– han encontrado como aliado a un grupo de países que esgrimen supuestos perjuicios económicos y al suministro de munición para la defensa, para intentar desactivar la medida impulsada por Bruselas.

En el Consejo Europeo de Medio Ambiente del pasado 17 de junio, Eslovaquia lideró una ofensiva para que la Comisión “retire la propuesta” al considerar que “las restricciones son excesivas” por sus “incidencias desproporcionadamente negativas para la caza, la pesca y otros sectores industriales”. Chequia se unió al señalar que provocaría “interferencias en la fabricación de munición” para los militares; Italia subrayó este aspecto “en un momento crítico por la geopolítica”, al igual que Suecia, que señaló su “preocupación por el sector de la defensa”. Hungría remató que la normativa sería “preocupante por su impacto en la defensa y el sector policial”.

Lo cierto es que el vicepresidente de la Comisión, el francés Stephane Séjourné, ya había aclarado por escrito unos días antes que la prohibición “excluye todas las aplicaciones militares y de defensa y permite usar balas de plomo para tiro deportivo” por lo que, “la demanda de balas no se verá afectada”. Aun así, no hubo cambio de postura en esos estados.

Con este panorama, el comité de la UE encargado de supervisar la aplicación del Reglamento de Compuestos Químicos se reúne este jueves para discutir la propuesta de prohibición, según el orden del día.

En el Ejecutivo español parecen convivir dos posturas antagónicas y ambas expuestas en los foros comunitarios. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó en el mismo consejo de junio que “España considera urgente” adoptar la medida y que los “datos científicos” avalan que “la protección de medio ambiente no debe ralentizarse”.

A finales de mayo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió que se estudiara una moratoria “de cinco a diez años” para aplicar la normativa y que el plomo siguiera disparándose para el “control poblacional” de jabalíes.

Fue esta postura defendida por Agricultura la que provocó la carta de los científicos. “El uso de munición de plomo usada en la caza en medio terrestre es un problema de salud ambiental”, describen investigadores de diversos centros del CSIC en la misiva. Cada año se diseminan 14.000 toneladas de metal tóxico en montes y campos. “El plomo acumulado año tras año no va a desaparecer, seguirá siendo plomo y una vez se haya disgregado el perdigón no hará más que contaminar suelos, aguas y la red trófica”, explican.

Sin embargo, los cazadores españoles acusan a los investigadores de las principales instituciones científicas de “profundo desconocimiento del sector cinegético”. La Federación Española de Caza ha emitido este martes un comunicado en el que apoyan al Ministerio de Agricultura y añaden que convertir la caza sin plomo “en una urgencia, o en una batalla ideológica a través de manifiestos valorativos y poco fundados sólo conseguirá enfrentar a los colectivos interesados y dificultar la aplicación”.

El proceso para tramitar la regulación europea responde en cierta medida a las afirmaciones sobre “urgencia” o “batalla ideológica”. La Agencia Europea de Compuestos Químicos (ECHA) identificó los riesgos de la munición de plomo para los ecosistemas terrestres el 12 de septiembre de 2018. Tras eso, la Comisión Europea encomendó a la Agencia que elaborara una recomendación sobre una posible restricción en julio de 2019. Las partes interesadas pudieron remitir sus evidencias hasta diciembre de ese año. El borrador de proposición para una prohibición de la ECHA se hizo en febrero de 2021. Tras varias fases de alegaciones, los comités de análisis socioeconómico y evaluación de riesgos respaldaron la proposición en noviembre de 2022. La Comisión Europea publicó el borrador de regulación sobre la munición de plomo en febrero de 2025. El periplo acumula siete años.

La comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ha contestado a los reticentes que el asunto de las sustancias de riesgo “no es político. Es algo científico” y que la evaluación de riesgos “concluyó que existen [materiales] alternativos para la caza y la pesca”.

Si el ministro de Agricultura Planas ha sostenido que hay “un alto riesgo para la agricultura y la sanidad animal” si no se permite disparar con plomo para reducir las poblaciones de jabalíes y sus daños a la agricultura y como puerta de entrada de la peste porcina; el secretario de Estado de Medio Ambiente Morán mantiene que “el deterioro de la salud ambiental incide directamente en la salud humana. Un riesgo que no podemos asumir a la vista del conocimiento científico”

La carta del centenar de investigadores españoles remata: “Cuanto más se tarde en prohibir el uso del plomo en la munición de caza más contaminado estará nuestro medio ambiente, ya que la descontaminación de estos suelos será casi imposible”.

España quiere que los cazadores puedan seguir utilizando munición de plomo durante “un mínimo de cinco a diez años”, según expuso el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una reciente sesión de ministros de la UE sobre la prohibición de este material que deja, al menos, 14.000 toneladas anuales de metal tóxico en la naturaleza.

Durante el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión de este lunes, Planas utilizó su turno de palabra para pedir “un plazo transitorio más amplio” respecto al previsto en la propuesta de la Comisión Europea que iba de los tres años para los cartuchos de caza a los 18 meses para las balas de calibre superior a 5,6 mm. “Entendemos que sería necesario un mínimo de cinco a diez años para efectuar la adaptación para la fabricación de munición a base de acero”, ha argumentado el ministro en Bruselas.

Además de España –donde los cálculos estiman que se arrojan 6.000 toneladas de plomo cada temporada–, otros 13 estados han pedido a la Comisión Europea que retire la propuesta tal y como está ahora. “No tenemos una alternativa económica al plomo”, argumentó, por ejemplo, Portugal. Una línea seguida por Italia: “Necesitamos sustitutos para el plomo que no sean demasiado caros y puedan ser utilizados por cazadores y pescadores. No contamos ahora con uno a coste razonable”. En este grupo se alinearon Chequia, Eslovaquia, Grecia, Suecia, Finlandia, Hungría, Bulgaria, Estonia, Ucrania, Austria, Letonia y Polonia.

“No creo que la aprobación de la regulación a la munición de plomo propuesta por la Agencia Europea de Compuestos Químicos (ECHA) deba retrasarse más”, analiza el veterinario experto en plumbismo Rafael Mateo. La eliminación del plomo “está totalmente justificada por motivos de salud humana, animal y ambiental”, añade el investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. La propuesta de la ECHA se firmó en noviembre de 2022 y el borrador legislativo de la Comisión se hizo esperar hasta febrero de 2025.

Mateo ve “entendible” un periodo de adaptación, pero advierte de que “es la misma demanda la que hace que se transforme el mercado y disminuyan los precios de las municiones no tóxicas que ahora son poco usadas”. Como ejemplo de que es algo posible, expone cómo los cazadores hicieron una “rápida adaptación” a los perdigones de acero tras la prohibición del plomo para cazar aves acuáticas en humedales.

El objetivo de la normativa presentada a los Estados es reducir un 70% el metal pesado contaminante abandonado en los ecosistemas. Los cálculos generales expuestos por la Comisión Europea dicen que el envenenamiento por comerse el plomo abandonado en los ecosistemas amenaza a 135 millones de aves, mientras 14 millones de animales se arriesgan a consumir presas contaminadas y otros siete millones a tragar plomos de pesca.

El plomo es un metal no solo tóxico, sino persistente. El veneno permanece muchos años, dispuesto a intoxicar a los que lo ingieran. Un ejemplo de esta herencia ponzoñosa está en el corazón del Parque Nacional de Doñana, donde los gansos ingieren plomo 40 años después de la última cacería allí.

Allí, en el llamado Cerro de los Ánsares, donde los gansos acuden cada noche a moler la comida, todavía quedan toneladas de plomo, según los cálculos de los investigadores. Las aves tragan arena de esa gran duna para machacar los granos que han ingerido y, al hacerlo, se meten los perdigones que permanecen.

La excusa de los jabalíes

Además de la prohibición en general, en su intervención en Bruselas, Luis Planas pidió que se pudiera seguir cazando jabalíes con balas de plomo para controlar la superpoblación de la especie. “Me parece un tema de alto riesgo para la agricultura y la sanidad animal –expuso el ministro– y entendemos que debería establecerse una excepción referida exclusivamente al uso de munición de plomo para el control poblacional”.

En el Ministerio de Agriculturan argumentan que las poblaciones de jabalí causan “enormes daños a la agricultura, y y representan el principal riesgo de entrada de la Peste Porcina Africana en España, hecho que tendría consecuencias catastróficas para el sector ganadero porcino español”. 

Así que, explican, plantean seguir usando munición de plomo “por seguridad de los cazadores en los controles de población”. También afirman que “en caso de limitación del uso de plomo en la munición, el principal recurso actualmente disponible para el controlar este crecimiento poblacional, la caza se vería limitada lo que reduciría su efectividad e incrementaría los daños asociados al crecimiento de estas poblaciones”.

En este sentido, Rafael Mateos afirma que “ya existen hoy en día en el mercado alternativas basadas en cobre eficaces y seguras, por lo que el control de la sobreabundancia del jabalí no debería ser un problema para aprobar la regulación propuesta, sin tener que llegar a moratorias o periodos de adaptación de más de cinco años”.  

Una temporada cualquiera en un coto cualquiera de caza comercial de perdiz roja, la estrella de la caza menor de lujo en España. Matar unas 15.000 aves deja tirados en el suelo del campo más de 70.000 perdigones tóxicos, unos nueve kilos de plomo por hectárea. Multiplique por el tamaño de la finca y los años de actividad de las escopetas: el resultado es la cantidad de metal pesado vertido al medio ambiente. La Comisión Europea ha decidido por fin mover ficha ante el problema del plumbismo, el envenenamiento por plomo de la fauna y la flora.

La Comisión acaba de presentar su propuesta para prohibir la munición de plomo en cualquier actividad al aire libre además de los pesos de pesca: unas 44.000 toneladas al año, según el cálculo –conservador– de Bruselas. Eso incluye la caza (un 32% del total, unas 14.000 toneladas) y el tiro deportivo. No ha sido una decisión rápida: el paso llega dos años después de que la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) recomendara vetar este material para ahorrarle al medio ambiente unas 630.000 toneladas de plomo en 20 años (un 70% menos). “Reducirá significativamente el riesgo de envenenamiento silvestre” y “protegerá” a los que ingieran carne de caza, concluyó la ECHA.

La caza con plomo circunscrita a los humedales de la Unión Europea ya fue proscrita en febrero de 2023 porque las aves de estos ecosistemas se habían revelado especialmente vulnerables a los perdigones perdidos al ingerirlos, pero eso supone una parte ínfima del problema. De las aproximadamente 6.000 toneladas de plomo que se liberan al medio ambiente en España cada año, solo 50 corresponden a zonas de humedales donde se matan las aves acuáticas.

“Es una buena noticia porque la cantidad de plomo que se vierte es tremenda”, afirma el investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAE-CSIC), Rafael Mateo. “Coloca a Europa a la cabeza mundial, añade”. Mateo, especializado en plumbismo, explica que “existen lugares donde los perdigones están muy concentrados, áreas hipercontaminadas allí donde se practica la caza intensiva”.

Los cálculos generales expuestos por la Comisión Europea ponen en evidencia que el envenenamiento por comerse el plomo abandonado en los ecosistemas amenaza a 135 millones de aves, mientras 14 millones de animales se arriesgan a consumir presas contaminadas y otros siete a tragar plomos de pesca.

Ya cuando la ECHA publicó sus conclusiones, la patronal de la armería y la munición Federación Sectorial Armera se opuso a la medida. “No existe base científica estadísticamente significativa que evidencie que el empleo de perdigones de plomo para la caza menor en el medio terrestre suponga un riesgo para el medio ambiente”, argumenta. Y añadía que no hay una alternativa al perdigón de plomo porque, de haberla, “el sector y la industria vinculada al perdigón de plomo empleado para la caza no se opondría”.

Los propios cazadores, por su parte, también tratan de paralizar esta medida. La “no prohibición del plomo” está entre las exigencias que han planteado desde el sector cinegético. La Federación Europea para la Caza y la Conservación (FACE) ha argumentado que “los datos” para vetar esta munición “no son válidos”.

La responsable de políticas de conservación de Birdlife-Europa, Bárbara Herrero, defiende que “la prohibición del plomo es incuestionable porque existen alternativas efectivas y asumibles. Si países como Dinamarca han podido hacerlo, ¿por qué no el resto de Europa?”. Para la ambientalista, “no hay excusa para seguir envenenando al la gente, la naturaleza y la vida salvaje. Es el momento de librarnos del plomo en la caza y la pesca para siempre”.

Con todo, el borrador redactado por Bruselas no planea un final brusco ni mucho menos. Para los cartuchos de caza propone un periodo de tres años antes de hacer efectiva la prohibición. Y para el tiro deportivo, cinco años. Para las balas de calibre superior a 5,6 mm sí traza una moratoria más corta, de 18 meses. Para los pesos y señuelos de pesca esa moratoria varía entre tres y cinco años.

“Es algo razonable –abunda Rafael Mateo– porque va a suponer muchos cambios desde la fabricación del nuevo material a que la gente se adapte a ese material e incluso modificará algunas modalidades de caza”. El científico admite que “ahora mismo habrá muchos cazadores que ni hayan oído hablar de esta prohibición”, para justificar que haya unos años de transición.

La racha triunfal cinegética

La medida para acabar con la munición de plomo que envenena los ecosistemas –a la que todavía le queda recorrido hasta convertirse en norma– contradice los deseos de los cazadores tras una racha en la que sus intereses han ido ganando terreno político a rebufo de las protestas –europeas y españolas– agrícolas y ganaderas.

En menos de seis meses, el sector cinegético ha visto cómo el Ministerio de Agricultura ha propuesto en la UE levantar la moratoria continental de caza para la tórtola que ha rescatado la especie y cómo la Unión Europea consiguió que se degradara la protección internacional del lobo –“se sitúa en la línea de adaptarse al aumento de poblaciones de la especie y a la necesidad de facilitar la convivencia con un sector vital para la economía y la sociedad”, lo calificó el lobby cazador Fundación Artemisán–. Con menor protección, se abre la posibilidad de volver a las cacerías de lobos en un futuro. Y, recientemente, el Gobierno ha confirmado que la codorniz no se calificará como en peligro de extinción, algo que impediría su caza.

Mientras se suceden todas estas medidas, las licencias de caza en España han caído casi a la mitad en los últimos 20 años.  

El Gobierno de la Región de Murcia y la mercantil pública Tragsa culminaron en 2024 las obras de recuperación y sellado de ‘El Lirio’, el depósito minero más peligroso de toda la Comunidad, vertiendo sobre la capa superficial del renovado terreno miles de toneladas de una supuesta “tierra vegetal de primera calidad” que, en realidad, es una tierra contaminada por metales pesados y repleta de, entre otros residuos, escorias de la antigua fundición del plomo. Se trata de un hecho que ha confirmado elDiario.es a raíz de la sospecha del edafólogo José Matías Peñas tras la extracción de unos acopios de tierra también cargada de contaminantes en la corta de Los Blancos que coincidió temporalmente con los trabajos de restauración ambiental ejecutados en el depósito.

Por dicha tierra contaminada vertida en ‘El Lirio’, que carece de cualquier valor comercial, que presenta, entre otros elementos tóxicos, 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 743 de zinc o 46,4 de arsénico, y cuya procedencia exacta no ha especificado a este periódico ni el Ejecutivo autonómico ni Tragsa, se pagó, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso, un total de 313.950 euros de dinero público a la constructora González Soto S.A.

El montante liberado para efectuar la totalidad de las obras acometidas en la instalación minera, que está situada en el término municipal de Cartagena y en plena cuenca vertiente del Mar Menor, es de 6,2 millones de euros, de los cuales cuatro pertenecen a una subvención otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y, el resto, a la Administración murciana, promotora del proyecto.

El material cargado de metales pesados y metaloides que se halla ahora en la superficie de ‘El Lirio’ supera con holgura los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) fijados en el año 2007 para el sureste de la Región en un estudio de la propia Comunidad Autónoma en base al Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Se trata, a juicio de Peñas, de una “negligencia” sin precedentes que ha sido pasada por alto por los múltiples supervisores de los trabajos, empezando por la entidad al mando de los mismos, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de Murcia, y continuando por su ejecutora, la empresa estatal Tragsa.

La doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en derecho ambiental, Aitana de la Varga, señala que la utilización de tierra contaminada en el sellado del depósito minero de Cartagena podría vulnerar el propio Real Decreto 09/2005, y también “el Título VIII” de la ley 07/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la ley 26/2007, de responsabilidad ambiental, así como la Declaración de Impacto Ambiental a la que fue sometida el proyecto.

La experta establece dos posibles vías a nivel jurídico para acometer la situación: por un lado, “el delito ambiental”, que podría producirse “por negligencia o por no hacer el trabajo correctamente” si “el perjuicio y el riesgo que genera para los ecosistemas o para la salud de las personas es elevado”. Por otro, la “vía contencioso-administrativa”, que podría activarse “si no se ha aplicado bien la ley ni se han cumplido los contratos públicos”.

Metales pesados por encima de los niveles de referencia 

La tierra contaminada y sin valor económico alguno que inunda ahora la capa superficial de ‘El Lirio’ se ha comprado a precio de tierra vegetal de primera calidad para un exhaustivo trabajo de descontaminación de un suelo ya cargado desde hace décadas de metales pesados y elementos tóxicos que, tras 18 meses ininterrumpidos de obras, continúa con unos niveles de metales pesados que pulverizan los baremos seguros. El error cometido en la ejecución del proyecto es todavía mayor porque, además, no se ha neutralizado el que era, ante todo, su principal objetivo: evitar la llegada al Mar Menor de estériles mineros a través de su escorrentía por la rambla de la Carrasquilla.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia han asegurado en un comunicado, no obstante, que “se han exigido las máximas garantías ambientales” durante la realización de las obras y que “el material utilizado es de buena calidad”. “Se han desarrollado”, inciden las mismas fuentes autonómicas sin responder a casi ninguna de las preguntas planteadas por este periódico, “controles y análisis del suelo, con su informe agronómico, así como inspecciones ‘in situ’ de la descarga sobre el terreno”. Por su parte, fuentes adscritas a Tragsa se han limitado a decir que “la procedencia de la tierra vegetal es de seis zonas diferentes, todas ellas de uso reciente de cultivos agrícolas”.

Ni Medio Ambiente ni la empresa pública han detallado pormenor alguno acerca de esos análisis a los que, aseguran, ha sido sometida la tierra vegetal de ‘El Lirio’, ni tampoco de las supuestas seis zonas de procedencia de la misma. La información ofrecida por ambas entidades es genérica y escasa. Asimismo, fuentes de la mercantil suministradora del material contaminado, González Soto S.A., han afirmado a este medio, sin entrar en detalles, que éste “procede de tierras en propiedad en el Campo de Cartagena y de excavaciones sin ningún tipo de residuo”. Califican de “imposible” que se haya mezclado con contaminantes ni metales pesados. “Lo que se haya hecho después de entregar la tierra no es cosa nuestra, sino de Tragsa”, han sentenciado.

La realidad es bien distinta. En muy pocos metros cuadrados, a lo largo de la cubierta vegetal de ‘El Lirio’, sobrevienen, muy visibles, trozos de gran envergadura de asfalto, bloques de hormigón, de cemento, alquitrán, losas y mármoles rotos, ladrillos, plásticos comidos por el sol y metales oxidados. No es tierra vegetal: es una amalgama de escombros mezclados con tierra, de excavaciones de solares abandonados y construcciones derrumbadas. Y lo que es peor: de escorias -o gachas, como son comúnmente conocidas en la zona minera de La Unión- de la fundición del plomo. Fragmentos de un color negro muy característico, con surcos o arrugas como de lava solidificada y burbujas de aire, que contienen grandes cantidades de metales pesados y que desprenden los contaminantes, de forma irremediable, con el paso del tiempo. La presencia de todos esos elementos sí ha sido calificada por fuentes de Tragsa, no obstante, y sin mencionar en ningún momento las escorias, como “puntual”, pese a que su cantidad es inabarcable.

Los resultados de un estudio de Fluorescencia de Rayos X y Termogravimetría realizado sobre una muestra de tierra tomada de diferentes puntos y profundidades de la capa de sellado no dejan lugar a dudas. El análisis determina que los niveles de metales pesados y metaloides concentrados en ella superan con creces los NGR establecidos en los suelos de la Región por un estudio de la Comunidad Autónoma en base al Real Decreto 09/2005. Se trata, en concreto, de 400 mg/kg de plomo, valor que multiplica por diez el nivel de referencia; 46,4 mg/kg de arsénico (cuya base segura es de 12 mg/kg); 743 mg/kg de zinc (con nivel seguro de 96); 76 mg/kg de cobre (con base de referencia 23); 98 mg/kg de cromo (con NGR 67); 67 mg/kg de níquel (cuyo nivel genérico es de 37) y 2.720 mg/kg de manganeso, entre otros.

El Mar Menor, principal perjudicado

“Hay elementos, como el elevadísimo nivel de plomo, que explican muy bien que las escorias de la fundición se están meteorizando y liberando tóxicos sobre el terreno. Se ha pagado una gran suma de dinero por realizar un sellado, que se supone que debería dejar una superficie desprovista de contaminación, con una tierra que supera todos los niveles de referencia”, señala a este respecto José Matías Peñas.

El depósito minero y lo que debería ser una superficie limpia y natural que favorezca el crecimiento de vegetación abarca más de 70.000 metros cuadrados de la sierra minera de La Unión y Cartagena. El MITECO hizo público en 2020 que aportó “cuatro millones para la clausura y restauración de una de las instalaciones de residuos mineros calificada como ‘peligrosa’, y para eliminar el impacto de la escorrentía de metales pesados de esta instalación al Mar Menor”. Pero la eliminación de dicho “impacto” no se va a producir.

“Estamos hablando de siete hectáreas de terreno selladas con plomo y otros metales pesados que ahora están expuestas a la acción del agua, que va a provocar la erosión laminar de la tierra y la va a transportar, por la rambla de la Carrasquilla, hasta el Mar Menor. No es una mejora ambiental. Cada vez que haya procesos de precipitación o que soplen vientos con velocidades superiores a cuatro metros por segundo habrá erosión y dispersión de metales” explica Peñas.

Tras un año y medio de trabajos en ‘El Lirio’ y más de seis millones de euros procedentes de las arcas públicas invertidos, la realidad es que se ha restaurado un terreno contaminado con una capa de tierra de aproximadamente treinta centímetros de grosor que también está contaminada, y que se ha comprado, a juzgar por los contratos rubricados entre Tragsa y la empresa adjudicataria de su suministro, González Soto S.A., como “tierra vegetal de primera calidad”. Bajo esa capa más superficial descansan otras de materiales obligatorios por ley, como geotextiles, láminas impermeables y arcillas.

El depósito, que debe su nombre al lavadero de flotación gigantesco ubicado solo unos metros colina arriba, era una bomba de relojería abarrotada de residuos que llegaban al Mar Menor cada día de lluvia. La recuperación, sellado y estabilización de sus suelos fue catalogada “de interés público” por la Administración regional en 2018. Se trataba de la primera restauración ambiental minera de la cuenca vertiente de la laguna. La primera de muchas que todavía están pendientes.

Las gachas de la fundición saltan ahora a la vista con solo pasear por los nuevos terrenos, donde ya se han plantado árboles, arbustos y flora autóctona. José Matías Peñas explica que la mayoría de esa vegetación “va a absorber y acumular los metales en los tejidos y las hojas”, y que las escorias están, además, tipificadas como residuos peligrosos y calificadas por la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo Europeo como material “potencialmente radiactivo”.

Un contrato que se incrementó en más de 100.000 euros

El acopio de tierra vegetal está enmarcado dentro de los “áridos” en los pliegos oficiales de los contratos de las obras de ‘El Lirio’. Tragsa subcontrató el suministro de todos los materiales a varias empresas externas a finales de 2021. La mercantil pública dividió esos áridos en siete lotes. El de “tierra vegetal de primera calidad” fue designado como lote número seis, a razón, en un primer momento, de 209.300 euros. Éste recayó, en enero de 2022, mediante el procedimiento estándar de contratación pública, en González Soto S.A., una de las constructoras más recurridas por la administración municipal, autonómica y estatal para ejecutar obras públicas, excavaciones y asfaltados de carreteras, autovías y autopistas.

Sin embargo, dos años después de la rúbrica del contrato, y una vez iniciados los trabajos en el depósito, en marzo de 2024, el documento relativo al lote seis se modificó de forma imprevista. Fue el único contrato de acopio de áridos que se vio sometido a una variación. El importe a pagar por la tierra aumentó en 104.650 euros, exactamente el 50% de la cantidad inicial, hasta situar el pago definitivo a González Soto S.A. en 313.950 euros. Ni Tragsa ni la Administración murciana han arrojado razón alguna, a preguntas de elDiario.es, que justifique una modificación de tal envergadura. González Soto S.A. terminó acopiando la tierra, un total aproximado de 35.000 toneladas, durante varios meses hasta agosto de 2024.

A juzgar por los pliegos de los contratos, la tierra vegetal suministrada debía ser “una tierra rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”, y debía “cumplir los requisitos mínimos para asegurar la calidad de la humedad y PH y encontrar un equilibrio entre tierra arenosa y arcillosa para conseguir los beneficios de ambas y coger todos sus nutrientes”. Pero, en muchas áreas, es un aglomerado compacto de metales pesados, gachas, escombros, asfalto, metales, losas, mármoles, plásticos y demás residuos, y nadie encargado de la supervisión del proyecto se percató de ello.

Dicha circunstancia podría derivar, según la jurista Aitana de la Varga, en un caso de “incumplimiento de contrato”. “La tierra está contaminada, y ya venía contaminada de antes. Pero se firmó para adquirir una de primera calidad. Se deberían depurar responsabilidades y, si se determina, habría que volver a proceder a descontaminar el terreno”, añade.

Una fuente consultada por este periódico cercana a las obras de ‘El Lirio’, que ha trabajado en ellas y en otras recuperaciones ambientales del estilo en la Región de Murcia y en provincias limítrofes, asegura que la tierra vegetal “no se suele analizar de manera exhaustiva” en este tipo de trabajos. 

La clave ahora es saber quiénes son los responsables de que se pasara por alto esta circunstancia en la restauración ambiental de la Comunidad murciana, conocer exactamente de dónde se ha sacado la tierra contaminada, a quién pertenecía, qué precio ha pagado en realidad la empresa suministradora por ella y si se llevaron a cabo análisis fidedignos y se constató, por parte del Gobierno regional y de Tragsa, la veracidad de su procedencia.

Se han invertido más de seis millones de euros públicos para recuperar el terreno. Se ha construido una escollera, canales y arquetas que encauzan el agua cuando llueve. Pero toda la tierra cargada de metales pesados y residuos y escombros irá a parar, según la explicación del edafólogo José Matías Peñas, de nuevo a la rambla de la Carrasquilla y, en última instancia, a la laguna salada. “Lo verdaderamente preocupante, además del volumen de residuos, de gachas, es la extensión del terreno que está a merced de los agentes erosivos. Es un escándalo. Se ha creado una falsa apariencia de restauración, pero no se ha descontaminado nada”, sentencia el investigador.

La Agrupación Naturalista Esparvel ha presentado un escrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha solicitando que mantenga la obligación de usar munición sin plomo en las actividades cinegéticas.

Esta acción responde a la reciente decisión de la Consejería de prorrogar hasta el 31 de marzo de 2028 la excepción a esta prohibición, debido a la supuesta falta de disponibilidad de munición sin plomo y la necesidad de pruebas adicionales.

El Reglamento de aplicación de la Ley 3/2015 de Castilla-La Mancha entró en vigor en 2022, estableciendo un período de transición de tres años para la prohibición de la munición de plomo. A juicio de Esparvel, “este plazo ha sido más que suficiente para que el mercado haya desarrollado y comercializado munición sin plomo en todos los calibres necesarios”.

Además, dicen que también ha habido tiempo para la realización de pruebas de seguridad relativas a los posibles rebotes de la munición no tóxica en actividades colectivas de caza. Para esta asociación prorrogar la obligación de uso de munición sin plomo hasta 2028 “supone perpetuar un riesgo inaceptable para la salud pública y la biodiversidad”, principios que recoge la ley y que la prórroga “contradice”.

Aluden a la “evidencia científica sobre la toxicidad del plomo y la disponibilidad de alternativas no tóxicas justifican la aplicación inmediata de la normativa vigente”.

La protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la salud humana “deben prevalecer sobre los intereses económicos y operativos de determinados sectores cinegéticos”, señala Esparvel, que insta a la Administración castellanomanchega a mantener la prohibición de la munición plomada “sin más dilación”.

Esparvel enfatiza que existen alternativas viables como la munición de acero, cobre o bismuto que, sostienen, “son seguras y eficaces”.

Vuelve a anunciarse el fin de la balsa de residuos contaminantes Zinsa, en la ciudad murciana de Cartagena. Esta vez, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, ha ordenado que se proceda al “sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos”, tras la petición por parte de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que representa el abogado José Manuel Muñoz.

A este auto le precede una petición del Gobierno Regional hace cinco años, y más de 16 del cierre de la factoría y del incumplimiento de la clausura del vertedero exigida por la Comunidad en la declaración de impacto ambiental: “Los directores generales [de Planificación, Evaluación y Control Ambiental] llevan engañándonos mucho tiempo, diciendo que si la situación no la resolvían las empresas lo haría la Comunidad”, lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, Pencho Sánchez.

El auto viene tras las mediciones el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que ha constatado que se produce de manera ininterrumpida un vertido de aguas contaminantes de Zinsa a la Rambla del Hondón y, de ahí, al mar Mediterráneo. Se trata de una estimación de 200.000 kilos de cadmio, 900.000 kilos de zinc y 1.500 kilos de cobre, sustancias muy peligrosas que acaban en el mar. Es por ello que en el informe que trasladan al juez la Guardia Civil solicitan el cierre inmediato de las balsas.

“Valoramos la decisión del juez de forma positiva, es una pena que tengamos que ser los vecinos los que acudamos a la justicia, porque la Administración que tiene las competencias”, ha recordado Sánchez. Los vecinos llevan más de una década protestando en favor del sellado de las balsas.

Las últimas manifestaciones han tenido lugar este verano, donde los vecinos de Torreciega han alertado de las consecuencias que los residuos están teniendo en su salud: “Los vecinos de Torreciega tienen plomo en sangre y cadmio, entre vecinos de la zona de La Estación hay una gran cantidad de gente que se ha muerto por cáncer y otros que lo tienen”, enumera el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación.

16 años sin cierre

Desde 2009 existe una resolución por parte de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Comunidad Autónoma de la Región (CARM) “sin que se tenga constancia de que dicho órgano haya exigido en el tracto histórico a alguno de sus propietarios su obligado cumplimiento”, recuerda el último informe pericial de la Guardia Civil.

Más tarde, en el 2019, la Comunidad murciana dio un plazo de 10 días para la reparación del vallado de los terrenos contaminados, para evitar eficazmente la entrada de cualquier persona ajena al área. En ese mismo plazo se debía hacer efectiva también la retirada de los residuos líquidos tóxicos y peligrosos almacenados en las balsas y depósitos existentes en los terrenos contaminados: “No entendemos por qué en 2009 y estando declarados los suelos como contaminados no se actuó. La ley dice que que una vez declarado esos suelos en tres años hay que descontaminarlos”.

También se le daba a la empresa propietaria de este terreno dos meses para presentar un proyecto técnico de descontaminación de los terrenos declarados contaminados. El proyecto debía reflejar las medidas necesarias para evitar los riesgos existentes en los terrenos, tanto para el medio ambiente como para las personas.

Zinsa, El Hondón, Peñarroya, Jenny

Mientras los vecinos afectados por la balsa Zinsa han conseguido su primera victoria jurídica, otros siguen esperando la actuación tanto de la administración como de las empresas propietarias de suelos contaminados con residuos mineros.

El pasado 20 de junio la Asociación de Vecinos del Sector Estación de la ciudad portuaria presentó una denuncia en la que se acusa a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Cartagena de, presuntamente, ser “responsables directos, por inacción, de los riesgos para la salud de los vecinos derivados del retraso en la remediación del terreno de El Hondón” y de supeditar “la integridad física de las personas al aprovechamiento urbanístico futuro del suelo”. Desde 2001 llevan luchando por la descontaminación de los suelos altamente contaminados de este páramo, donde se encontraba la antigua fábrica de Potasas y Derivados.

En el caso de Peñarroya los terrenos, situados en el barrio de Santa Lucía, pertenecen a la Autoridad Portuaria, donde antiguamente había una fábrica de fundición de plomo: “En total 32 años lleva Peñarroya cerrada, han tenido tiempo de descontaminar”, observa Sánchez.

Con respecto a la balsa Jenny, se instaló un cinturón verde para evitar que los residuos de este depósito de contaminantes mineros al Mar Menor tras más de veinte años de lucha de los vecinos del Llano del Beal. Ahora, les preocupan que aunque las aguas no lleguen al mar, la erosión eólica de los contaminantes siga haciendo que su aire sea irrespirable: “En la marcha de Jenny hicieron el filtro verde este para evitar la acidez de las aguas y que se filtrara por por escorrentía. Pero lo que es la erosión eólica sigue sigue existiendo”, ha apuntado el presidente de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, Juan Ortuño.

Otra inquietud de los vecinos de la zona reside en el mantenimiento de este cinturón verde: “Todas esas obras necesitan un mantenimiento porque al final un filtro termina matándose. Desde que el juez ordenó la instalación de este sistema no se ha vuelto a ver movimiento ninguno por allí para comprobar si los filtros están bien o si aquello está siendo efectivo”, ha denunciado Ortuño.

En Salir de la noche (2023, Libros del Asteroide) Mario Calabresi relata la historia de su padre y de otras víctimas del terrorismo de los años 70 y 80 en Italia y, aunque el libro acaba de ser publicado en España, 16 años después de su primera edición, el momento es oportuno, en opinión del autor, nacido en 1970 en Milán.

“Cuando yo escribí este libro, la situación en Italia era parecida a la de España ahora, de alguna forma”, afirma en una entrevista con elDiario.es en Madrid. El periodista traza paralelismos entre ambos países y, aunque señala que el terrorismo que ha sufrido cada nación es distinto, existen ideas comunes: “Poder hacer cuentas con el terrorismo, pasar página, buscar una memoria compartida (por la sociedad)”.

El que ha sido director de dos de las cabeceras italianas más reconocidas, La Repubblica y La Stampa, considera que estas cuestiones están ahora “maduras” en España, al igual que lo estaban en 2007 en Italia, unos 15 años después del final del terrorismo.

Los años de plomo dieron comienzo en diciembre de 1969, cuando tuvo lugar el primer gran atentado, en la plaza Fontana de Milán, en el que murió casi una veintena de personas y decenas resultaron heridas; alcanzaron su punto álgido en agosto de 1980, con otra matanza en la estación de tren de Bolonia, donde perdieron la vida más de 80 personas. Ambos ataques fueron obra de militantes neofascistas, en colaboración con los servicios secretos italianos, aunque en un primer momento se culpó a los grupos de la izquierda radical. A partir de 1990, con el fin de la URSS y de la Guerra Fría, la tensión ideológica disminuyó y, con ella la violencia, que dio sus últimos coletazos en los primeros años 2000.

'Salir de la noche' puede conmover a cualquier lector, sea de izquierdas o de derechas, y repasa la historia reciente de Italia, pero no deja de ser de actualidad, tal y como señala Calabresi a elDiario.es.

Su padre fue tiroteado en mayo de 1972 por terroristas de izquierdas a la salida de su casa, después de una campaña de acoso público y mediático para culparle del supuesto asesinato del anarquista Giuseppe Pinelli, muerto en custodia policial en diciembre de 1969 tras caer por una ventana. El autor, que en aquel entonces tenía poco más de dos años, relata cómo empezó a interesarse por el asesinato de su padre y a investigar también la muerte de Pinelli, “unidos durante 40 años (...) usados el uno contra el otro, en un interminable tira y afloja”, tal y como escribe.

El fantasma del anarquismo

Recientemente, un destacado anarquista encarcelado en Italia volvió a abrir el debate y a mostrar cómo la cuestión no está del todo zanjada, pero –en palabras del escritor– el caso de Alfredo Cospito “no es representativo de la realidad social italiana”.

El militante anarquista condenado por “masacre política”, por un atentado contra una academia de los Carabineros en el que no se produjeron víctimas, fue puesto el año pasado en régimen de aislamiento con base en el artículo 41 bis, incluido en la ley italiana después de las matanzas y atentados contra representantes del Estado llevados a cabo por la mafia. Estuvo en huelga de hambre 180 días, hasta el pasado mes de abril, y en solidaridad con él hubo manifestaciones tanto en Italia, como en Barcelona o Berlín, con algunos altercados. El Gobierno ultraderechista de Roma volvió a agitar el fantasma del anarquismo y de la violencia de extrema izquierda, y la polémica dividió a la opinión pública, no solo por Cospito, sino en torno a la existencia de ese artículo.

“Cospito es un fragmento del pasado que ha llegado hasta el presente”, explica el periodista italiano, agregando que el anarquista sólo tiene “algunos seguidores” que no suponen una amenaza. “Creo que su régimen carcelario según el 41 bis, que es el más duro que existe, es equivocado, porque ese tipo de encarcelamiento está destinado a los mafiosos para evitar que den órdenes a la organización que está fuera (de la cárcel); él no tiene una organización, simplemente hizo proclamas por cartas, por tanto, basta con controlar sus cartas”, zanja. 

La historia de muchas familias

Calabresi cree que, en las últimas dos décadas, la situación ha mejorado notablemente en Italia y se ha construido una memoria colectiva en torno al terrorismo y sus víctimas. Hasta principios de siglo, “la sociedad estaba dividida respecto al nombre de mi padre”, asegura, pero ahora la mayoría consideran inocente al que en su día apodaron “comisario ventana”, porque había supuestamente defenestrado al anarquista Pinelli. En el libro, su hijo cuenta que, incluso muchos años después, tuvo que escuchar proclamas en contra de su padre en manifestaciones (como “Calabresi asesino”) o ver pintadas que evocaban todo el sufrimiento de su familia.

'Salir de la noche' es también una oda al espíritu luchador de su madre, que sacó adelante a los tres hijos de Calabresi, el menor nacido tras su asesinato, que tuvo lugar cuando su joven esposa estaba embarazada de tan solo tres meses.

“El perdón ha sido el camino de mi madre, pero creo que no puede ser un proceso grupal o institucional; es un recorrido privado e íntimo. Yo mismo y otros familiares hemos abogado por un recorrido de pacificación y de construcción de una memoria compartida, en el marco de lo posible”, afirma, y una forma de hacerlo ha sido transmitiendo la memoria de los “años de plomo” en charlas con estudiantes, por ejemplo.

“Este libro puede ser una forma de reflexionar sobre este tema, sobre las consecuencias del terrorismo y cómo salir de ellas: por eso se titula ‘Salir de la noche’” - la traducción literal del título italiano es ‘Empujar la noche más allá’-.

Calabresi ha trabajado con parientes de víctimas del terrorismo y se han apoyado mutuamente, pero cuenta que las asociaciones de familiares “nunca han sido muy fuertes u organizadas, y siempre se han encargado de cuestiones más prácticas” de cara a las instituciones, como el cobro de las pensiones.

A pesar de la diferencia entre los atentados de las Brigadas Rojas o de ETA o los islamistas, “las consecuencias son las mismas: el terrorismo, de cualquier tipo y latitud, deja destrucción, dolor, personas que muchas veces se sienten solas, olvidadas y abandonadas. Así que, si queremos que haya una temporada de superación y pacificación, hay que hacerse cargo y cuidar a las personas más frágiles que han pagado el precio más elevado”, esto es, las víctimas y sus allegados.

¿Cómo salir de la noche?

“Creo que para salir de la noche todos aquellos que compartían la idea del terrorismo deben abandonar las armas y la lucha armada, y volver a unirse al juego democrático”, afirma en relación con los partidos que están vinculados con grupos violentos del pasado o que han surgido de estos tras su conversión.

En el caso de España, considera que “es positivo para una democracia que el mundo de ETA se haya convertido en una agrupación política, pero hay una línea roja: el hecho de haber sido condenado por delitos de sangre”. “Quien ha matado debería de tener la sensibilidad de quedarse atrás, de no presentarse a un cargo público. Puede ser activo en la sociedad de otras formas, puede intentar reconstruir, sanar las heridas, pero haber matado y querer representar a los ciudadanos es una idea muy fuerte, aunque la ley se lo permita”, agrega.

Reitera que “las consecuencias de haber matado son para siempre, no desaparecen. Así como el sufrimiento provocado continúa con el tiempo”. Y cree que ese tipo de comportamientos es “incendiario” y no puede darse “si se quiere una pacificación” en la sociedad.

Sin embargo, Calabresi -quien recuerda como un exterrorista llegó en 2006 a ser elegido secretario de la Cámara de Diputados italiana- opina que estas cuestiones no deben utilizarse como arma arrojadiza en el debate político: “Tiene que haber sentido de Estado e institucional. La reacción frente a eso no puede ser ilegalizar el partido, porque si le decimos que no tiene cabida en el juego político, la única vía es la subversión violenta”. Y afirma que esas “las líneas rojas” a las que se refiere “deben estar en la conciencia colectiva y no pueden establecerse por ley”.

Si bien en la Constitución italiana existen líneas rojas muy claras respecto al fascismo, porque fue redactada tras la II Guerra Mundial, no las hay en relación al terrorismo. “Italia tuvo que hacer cuentas con el fascismo y tardó mucho tiempo, y aún ahora no está todo en su sitio -con el nuevo Gobierno, se dan debates, discusiones, tensiones”, comenta. “Luego tuvo que hacer cuentas con el terrorismo”, explica el periodista, quien cree que ha habido progresos gracias a dos presidentes de la República (Carlo Azeglio Ciampi, 1999-2006, y Giorgio Napolitano, 2006-2015) que reconocieron el sufrimiento de las víctimas y se hicieron cargo de ellas.

En su opinión, “España aún no ha hecho las paces con el post-franquismo y con el terrorismo”, porque se solaparon en el tiempo. Y muestra de ello, según Calabresi, es la “nostalgia por el franquismo, que fue una dictadura”. Considera que esa nostalgia por la dictadura es mayor en España que en Italia y agrega: “Nos equivocaríamos si interpretáramos la victoria de Giorgia Meloni (en las elecciones generales del pasado septiembre) como nostalgia”.

A partir de este miércoles, ningún cazador en España o la Unión Europea podrá disparar munición de plomo en los humedales para cazar aves acuáticas. La norma, dictada en 2021, se hace efectiva este 15 de febrero con el objetivo de evitar la muerte masiva de aves que se envenenan al comerse los perdigones que quedan abandonados.

“Se estima que alrededor de un millón de aves acuáticas mueren al año en la Unión a causa de una intoxicación por plomo”, argumenta la normativa. En España ya no se podía utilizar esta munición en los humedales que tuvieran protección legal, pero ahora esta salvaguarda deberá extenderse a todos estos espacios acuáticos, ya sean naturales o artificiales –como una balsa de riego a la que acudan bandadas–.

El reglamento que se activa explica que la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) concluyó en su momento que “las alternativas a la munición de plomo, como son la de acero o la de bismuto, están ampliamente disponibles, son técnicamente viables y presentan un mejor perfil en cuanto al peligro y el riesgo para la salud humana y el medio ambiente que la munición de plomo”. Es decir, los cazadores pueden recurrir a otros perdigones que no envenenen.

Por eso, la regla impide, además, que los cazadores transporten cartuchos con plomo mientras disparan en un humedal o cuando se dirigen a ese espacio. Tampoco pueden utilizarlos “a menos de cien metros del humedal”.

El sector cinegético se ha opuesto tradicionalmente al veto del plomo por motivos, aseguraban, de seguridad de los propios cazadores –el plomo rebota poco–y económicos –se trataba de un producto más barato–. Sin embargo, la normativa expone que “la munición de acero, como alternativa más probable, está disponible a un precio comparable al del plomo”.

Una asociación de propietarios de armas radicada en Polonia, Firearms United Network, llevó la decisión al Tribunal de Justicia Europeo, que rechazó su recurso en diciembre de 2022. Sin más contrargumentos, la caza a base del tóxico en el agua deberá desaparecer. No la caza en sí misma, solo estos cartuchos.

Con esta prohibición debería cortarse el flujo tóxico de entre 4.000 y 5.000 toneladas de plomo que se estaban vertiendo a la naturaleza en la Unión Europea cada año. Una vez abandonados en los humedales, las aves acuáticas como los gansos, los flamencos, los cisnes o los patos confunden los perdigones con las piedras que utilizan para hacer la digestión. Las ingieren y se envenenan.

“Es un paso relevante, pero no es el último que se debe dar en este ámbito. La toxicidad del plomo está ampliamente demostrada científicamente”, afirma la responsable de programas de conservación de la SEO-Birdlife, Ana Carricondo. Y añade: “De hecho, la ECHA ha impulsado un debate en la UE para ampliar las restricciones de uso del plomo e incluso su prohibición total”.

Aunque España y Grecia ya tenían legislación para impedir el plumbismo en los humedales protegidos, eran una excepción a escala europea.

Según la OMS, la intoxicación por plomo causa casi la mitad de los 2 millones de vidas perdidas por exposición a productos químicos conocidos, como se refleja en el estudio The public health impact of chemicals: knowns and unknowns, actualizado en 2021.

En concreto los autores del informe escriben: “Se estima que la exposición al plomo provocó la pérdida de 21,7 millones de años por discapacidad y muerte en todo el mundo debido a sus efectos a largo plazo en la salud, de los que un 30% corresponden a la carga mundial de discapacidad intelectual idiopática, un 4,6% a la carga mundial de enfermedades cardiovasculares y un 3% a la carga mundial de enfermedades renales crónicas”. 

El problema es que el plomo es una sustancia tóxica que va acumulándose en el organismo y afectando progresivamente a diversas funciones, pero especialmente a las cardiovasculares y, sobre todo en niños, al desarrollo de su capacidad intelectual.

Es especialmente nocivo para los niños de corta edad, a los que afecta en su cociente intelectual, hasta el punto en que en Estados Unidos un estudio reveló que el cociente intelectual de la mitad de sus habitantes se ha visto reducido en tres puntos de media desde 1940 por culpa de la intoxicación por plomo.

El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos. Se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. La exposición humana se suele evaluar midiendo la concentración de plomo en sangre y no existe ningún nivel por debajo del cual se pueda afirmar que la exposición al plomo no tiene efectos nocivos.

Orígenes del plomo en nuestro cuerpo

La OMS especifica que el plomo puede entrar en nuestro cuerpo por dos vías principales. La primera es la respiratoria, es decir por inhalación de gases y humos contaminados que luego pasarán a la sangre en el intercambio de oxígeno.

La segunda es por la vía oral ya sea bebiendo aguas contaminadas o bien chupando objetos que contengan plomo, como juguetes, herramientas, etc. Esto es especialmente delicado en niños menores de dos años, ya que tienden a chuparlo todo. Y es en esta edad cuando los efectos pueden ser más nocivos.

En la primera vía de entrada, el principal protagonista han sido los humos de los vehículos a motor, puesto que el plomo ha sido durante muchos años el principal catalizador usado en la gasolina, si bien ya hace varias décadas que se prohibió y se sustituyo por otros compuestos.

En la segunda vía de entrada destacan las aguas contaminadas por culpa de redes de distribución fabricadas con plomo. En España desde 1980 se prohibió la edificación con tuberías de plomo y desde 2002, la ley obliga a retirar las tuberías remanentes de los edificios.

No obstante, no se ha cumplido completamente con este mandato, al menos no al ritmo deseado, y aunque cada vez menor, todavía queda aún remanente de tuberías de plomo en casas del casco viejo de las ciudades del estado español. Así, se calcula que el 10% de las viviendas madrileñas las contiene en mayor o menor medida.

“El problema es que la retirada de plomo de baños y cocinas, los dos puntos donde más concentrados están los remanentes, tiene un coste alto, porque hay que picar el azulejo y pelar la regata para luego sacar el plomo y sustituirlo, y esto no baja a día de hoy de los 2000 euros”, explica Moisés Villamayor, un empresario de reformas responsable de Construcciones Villa S.A., en Barcelona.

Y a ello se añade que no existe ningún tipo de subvención para efectuar esta retirada. También cabe incluir entre los problemas las soladuras y empalmes entre tuberías en las que el plomo participa, que aumenta el número de viviendas y edificios afectados.

Aún así, el contenido de plomo puede variar en función de la calidad del agua y de la región en la que vivas. Por ejemplo, el agua con un alto contenido en calcio recubrirá las tuberías con depósitos y frenará la erosión del plomo, algo que sucede en el Mediterráneo pero no en Madrid ni otras zonas de la Meseta.

Por otro lado, según explica la Clínica Mayo en su web, el nivel de intoxicación será mayor cuanto mayor sea el tendido de tuberías por el que pasa el agua, pero debe tenerse en cuenta que el plomo es tóxico a cualquier nivel en sangre. Tampoco debe descartarse el factor acumulativo de beber muchos años agua contaminada.

De hecho, en Estados Unidos, donde la intoxicación por plomo se vincula mucho a esta vía y por tanto a la pobreza en la zona del cinturón del óxido, un grupo de estudiantes ha diseñado un filtro para eliminar el plomo del agua. También Joe Biden está llevando un plan a cabo para reemplazar todas las tuberías de plomo remanentes en el país.

Juguetes peligrosos

Otro punto, polémico ahora que se acerca la Navidad, son los juguetes que contienen plomo, principalmente en las pinturas que los cubre y que son la zona que los más pequeños irán a posar en su boca.

Aunque la legislación prohíbe su presencia, el auge y la falta de control del comercio por internet desde países como China ha propiciado la llegada de juguetes que no siempre cumplen lo establecido por ley.

Así, en 2007 Mattel tuvo que retirar numerosos juguetes de España procedentes de factorías chinas por llevar pinturas con plomo. También expertos de Reino Unido alertan del riesgo de exposición a sustancias químicas por usar juguetes de plástico de segunda mano.

Según la Clinica Mayo, las consecuencias de la intoxicación por plomo en niños son:

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La evidencia de que la munición plomada es tóxica para todos los seres vivos, incluido el ser humano, está demostrada, “pese a que aún haya sectores y lobbies empeñados en demostrar lo contrario”, explica, Antonio Juan García, catedrático de Toxicología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU).

Las aves de humedales son las más expuestas y sufridoras del envenenamiento por plomo metálico procedente de la actividad cinegética: “En los humedales ha habido siempre mucha actividad cinegética y durante décadas los disparos de las escopetas han dispersado toneladas de perdigones de plomo que terminan en el fondo de estos, en los lodos”, explica Garcia. Las propias aves acuáticas ingieren voluntariamente los perdigones al confundirlos con las “piedrecitas” que necesitan para facilitar la digestión de las semillas, la base de su alimentación, asevera el investigador de la UMU.

Por el contrario, la avifauna terrestre, “aunque menos expuesta, no está exenta de riesgos, como tampoco lo están los consumidores de carne de caza”, asegura Antonio Juan, quien explica que, en un trabajo publicado en 2005 “ya se hipotetizaba sobre el riesgo de elevada ingestión de plomo metálico en la población de buitres leonados del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas”.

Evidencias del plumbismo en especies carroñeras

Una necropsia realizada recientemente en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘Santa Faz’ (Alicante) a un buitre leonado reveló la presencia de un proyectil de plomo de considerable tamaño en su estómago. Las muestras de tejidos del buitre fueron remitidas a SERTOX-Mur (Investigaciones y Servicios de Toxicología y Ecotoxicología) para llevar a cabo los análisis del plomo: “Ambos signos, junto con los elevados niveles de plomo sanguíneo, son pruebas indiscutibles de que la hipótesis del plumbismo en carroñeras es cierta”, certifica el catedrático de la UMU.

“Desde SERTOX-Mur, seguimos abogando por la retirada de la munición plomada, que pone en riesgo las poblaciones de fauna”, asegura el experto en toxicología de la UMU, “pero además debemos recordar que este buitre está actuando también como un centinela más de los riesgos a los que está sometida la población que consume carne de caza abatida con munición plomada”.

Un humano raramente comería un objeto extraño de ese tamaño, pero el plomo impactado en las piezas de caza “se rompe en multitud de esquirlas o astillas de plomo pequeñas que sí son ingeridas por los consumidores”, aumentando así considerablemente la cantidad de plomo metálico en la dieta y superando los niveles de seguridad alimentaria establecidos, expone García.

Es más, un trabajo realizado recientemente para WWF-España demostró la presencia de numerosas partículas de plomo en embutidos, como el salchichón y el chorizo, en piezas de caza de ciervo y jabalí, perceptibles por rayos X. Antonio García explica que casi la mitad de los embutidos analizados presentaban concentraciones de plomo superiores a la concentración máxima permitida por la legislación europea en materia de seguridad alimentaria.

El nuevo Reglamento de la Caza de Castilla-La Mancha ha vuelto a abrir el debate en torno a la actividad cinegética en esta comunidad autónoma, que siempre está a la orden del día. Son muchos los aspectos que regula el borrador que actualmente se encuentra en proceso de participación y que desarrolla la normativa que el Gobierno regional modificó ampliamente para derogar algunas polémicas cuestiones de la ley anterior del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Esas reformas ya fueron controvertidas en su momento y ahora lo es también el Reglamento, aunque en esta ocasión con la oposición del sector de los cazadores.

El texto apunta, en su artículo 22, referido a la responsabilidad en el ejercicio de la caza, que las personas titulares de los cotos serán responsables de las acciones de caza no incluidas en el plan de ordenación cinegética aprobado ese terreno, excepto “cuando se acredite el incorrecto proceder de la persona cazadora”. Es decir, si no puede identificarse al autor de la presunta irregularidad, los dueños de los terrenos tendrán esa responsabilidad. Establece asimismo que cuando las personas titulares actúen como organizadores asumirán, además, las responsabilidades de estos.

Hay más referencias a la responsabilidad en el ejercicio de la caza dentro del Reglamento. En su artículo 44 afirma que las personas organizadoras de cacerías serán responsables en general del cumplimiento de los requisitos y medidas concernientes a la preparación y desarrollo de aquellas, especialmente de las prácticas de seguridad.

Son estos apartados los que han desatado la ira del sector. La Federación de Caza de Castilla-La Mancha considera “muy negativa” la propuesta de Reglamento y con carácter general afirma que supone “un ataque directo al sector cinegético, amenazando su viabilidad y con algunas medidas que dañan e incluso criminalizan al colectivo cazador más allá de lo que establecen las actuales legislaciones regional, nacional y europea”.

Se “criminaliza” a los cazadores

Argumenta la Federación que el Reglamento propuesto por la Junta “criminaliza a los cazadores” ya que, según ellos considera a los titulares de cotos responsables de “delitos” cometidos en sus terrenos aunque no se haya identificado al autor, e incluso “apunta a que las sociedades de cazadores deberían poder obligar a los agricultores a realizar determinadas siembras según las necesidades de la fauna”.

Otro de los aspectos que no ha gustado a los cazadores son las limitaciones a la munición que utilizan para matar animales. En el borrador, el artículo 34 establece que en el ejercicio de la caza solo podrán ser usadas armas reglamentarias, con algunas limitaciones. Por ejemplo, prohíbe disparar y transportar munición que contenga plomo en cotos sociales, zonas colectivas de caza de titularidad pública, montes públicos y humedales.

Este colectivo considera que en el caso de la munición de plomo se plantean en Castilla-La Mancha limitaciones “que superan ampliamente el marco europeo”, al tiempo que se contempla una definición de humedal “muy alejada de la realidad del mundo rural y que en la práctica haría inviable el uso del plomo para la caza”. Se quejan de que todo ello se ha hecho sin establecer periodos transitorios, sin llevar a cabo un estudio sobre las consecuencias económicas de la medida, “sin valorar la falta de alternativas y sin tener en cuenta que el marco general normativo -la propia ley autonómica- no hace referencia alguna a este asunto”.

A todo ello se une la propuesta de Orden de Vedas para la próxima temporada, que prohíbe la caza de la tórtola, aunque se mantiene como especie cinegética. Se trata de una decisión que adoptó la Comisión de Patrimonio Natural a nivel estatal debido al apremio que imponía el expediente europeo de sanción por cazar esta especie protegida.

Pero los cazadores alegan “los enormes esfuerzos que viene haciendo el sector cinegético desde hace años y estando pendiente todavía de analizar la situación en el conjunto de España”. Creen que no poder cazar a la tórtola “supondría graves consecuencias para el futuro de la especie, ya que no se adopta ninguna medida que garantice la continuidad de una gestión que actualmente únicamente desarrollan los propios cazadores”.

Al margen de las críticas del sector, hay otras medidas del Reglamento que resultan relevantes. Se amplía la prohibición de medios de caza como cepos, gases, venenos, paralizantes, tranquilizantes o explosivos. También se prohíbe auxiliarse, con el fin de cazar o espantar las piezas caza, desde aeronaves de cualquier tipo, vehículos terrestres motorizados o embarcaciones a motor, así como soltarlas desde su interior o usarlos como lugar desde donde se puedan abatir las mismas, con fines cinegéticos o como auxilio. A ello se une la prohibición de lazos, trampas, redes, mallas, reclamos de especies no cinegéticas, o utilizar cerramientos no autorizados o cercas eléctricas.

El borrador de este documento se encuentra aún en proceso de participación: se abrió el pasado 8 de abril y permanecerá en información pública hasta el próximo 6 de mayo.

La toxicidad del plomo (Pb) y su incidencia sobre el ser humano es sobradamente conocida desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, si el Pb es un metal altamente tóxico para el ser humano, “no es descabellado pensar que también es perjudicial para la fauna silvestre”, señala el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Si bien todos los vertebrados somos sensibles al Pb, las aves lo son especialmente, y un grupo en concreto destaca sobre todas ellas: los buitres.

El estudio de los movimientos territoriales de buitres leonados marcados con GPS, su exposición al plomo y la firma isotópica de este metal pesado en sangre, suelos y munición de caza desvelan el origen de la intoxicación por plomo como amenaza para la conservación de las aves carroñeras.

Este trabajo de investigación ha sido fruto de la colaboración entre la Estación Biológica de Doñana (EBD – CSIC), la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Lleida, la Universidad de Murcia, el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA – CSIC) y el Grupo de Investigación en Toxicología de Fauna Silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM).

Se considera que su principal fuente de intoxicación deriva del uso de munición de Pb en la caza. Una bala, al impactar contra un animal, se puede romper en hasta 500 pedazos, y aunque los cazadores suelen llevarse la carne, las vísceras suelen quedarse en el campo. En otras ocasiones, el animal herido por el impacto de una bala no se puede localizar, por lo que acaba muriendo en el campo dejando su carroña a merced de los buitres.

Para hacernos una idea de la magnitud del problema, recoge el estudio, conviene recordar el caso del cóndor de California (Gymnogyps californianus), que estuvo a punto de desaparecer a causa del plumbismo. Está claro que la exposición de los buitres a los residuos de Pb derivados de la munición de caza puede constituir un serio problema para su conservación, pero, ¿es la munición de Pb la única fuente de intoxicación por este metal pesado para los buitres?

Hace un tiempo, se sugirió que los buitres podrían bioacumular el Pb al alimentarse de la carroña de ungulados silvestres y domésticos expuestos a concentraciones ambientales elevadas, especialmente en zonas afectadas por antiguas actividades mineras, en las que los suelos, las plantas y los cursos de agua aún presentan altos niveles de contaminación. Parece que el tema no está del todo claro, y dado que la Península Ibérica alberga entre el 70 y el 90% de los buitres europeos, un grupo de científicos ha considerado necesario determinar qué papel juegan ambas fuentes potenciales de exposición al Pb (la munición y el suelo) en las intoxicaciones que se registran en los buitres. 

Con ese objetivo, investigadores de diversas instituciones científicas equiparon con GPS y extrajeron muestras de sangre a un total de 58 buitres leonados (Gyps fulvus) de dos zonas de la Península Ibérica (el Valle del Ebro y las Sierra de Cazorla), las cuales estuvieron bien diferenciadas en cuanto a la presencia de contaminación por Pb en suelos y a la intensidad de la actividad cinegética.

Lo primero que mostraron los resultados es que la mayoría de los individuos estudiados poseían altos niveles de Pb en sangre. Sin embargo, aquellos que campeaban en áreas con mayor actividad cinegética (Sierra Morena y alrededores) tenían los mayores niveles de Pb, incluso cuando provenían de zonas tan alejadas como el Valle del Ebro. Aunque no resultó tan determinante como la actividad cinegética, la cantidad de Pb presente en los suelos de las áreas donde campeaban los buitres también influyó en los modelos de riesgo.

El siguiente paso consistió en comparar isotópicamente el Pb bioacumulado por los buitres, el Pb de las balas más comúnmente usadas en la práctica de la caza mayor y el Pb del suelo de las áreas más contaminadas. Los isótopos estables son como las “huellas dactilares” de los elementos químicos, de modo que su estudio es de gran utilidad para determinar su origen. Inesperadamente, el Pb encontrado en los buitres se pareció más al presente en los suelos que al de la munición de Pb, aunque este parecido se redujo mucho en las áreas geográficas con más actividad cinegética.

Todo parece indicar que los buitres están expuestos de forma constante a cantidades basales de Pb a través del suelo, y de forma excepcional a cantidades extraordinariamente altas de Pb a través de la munición. A tenor de estos resultados, los autores del trabajo hacen hincapié en que el sector cinegético debe tomar conciencia y abandonar totalmente la munición de Pb, sustituyéndola por otras alternativas que ya existen en el mercado. Por otro lado, este trabajo de investigación advierte de la necesidad de seguir profundizando en el papel que juega el Pb presente en los suelos contaminados en la intoxicación de ciertas especies más sensibles que el buitre leonado, como el águila imperial o el alimoche.

Shanaya Ball intentó hacerlo todo correctamente durante su embarazo: asistió a todas las visitas y controles médicos, comió sano y preparó la habitación para su hijo Amari, que nació en marzo de 2017.

Cuando Amari cumplió un año, prácticamente no había alcanzado ningún hito de desarrollo y no podía jugar, comunicarse o moverse como los demás bebés.

El pasado mes de agosto, con dos años y medio, se le diagnosticó un trastorno del espectro autista, un complejo conjunto de síntomas neurológicos y de desarrollo para los que necesitará apoyo especializado a largo plazo.

Ball, de 27 años, todavía estaba intentando procesar el diagnóstico, cuando el pediatra la llamó para darle otra mala noticia: Amari tenía niveles peligrosos de plomo en su sangre. Había sido envenenado en su casa de Filadelfia. La pintura de plomo que se desprende de las viejas ventanas, marcos de las puertas y zócalos creaba un polvo tóxico que había sido ingerido e inhalado durante todo este tiempo por la madre y el niño.

La madre ignoraba que Filadelfia tiene un gran problema con el plomo, especialmente en las viviendas más viejas, que a menudo son habitadas por las comunidades más pobres. Tampoco sabía que detrás de la laxitud de la normativa sanitaria para las viviendas y de la negativa a abordar este problema de salud pública se esconden poderosos intereses económicos.

“No sabía nada sobre el plomo, pero lo cierto es que en mi casa esta toxina estaba en todas partes y mi bebé entraba en contacto con esta sustancia cada vez que gateaba”, explica. “Tenía un gran sentimiento de culpa: ¿Soy la culpable?, ¿debería haberlo sabido?”

Los peligros del plomo, un metal inodoro e invisible

El plomo, un metal pesado que es inodoro e invisible, podría ser cancerígeno y es muy tóxico para el cerebro y el sistema nervioso, así como para la mayoría de los demás órganos. Incluso cuando está presente en niveles bajos, se ha relacionado con la reducción del coeficiente intelectual, el ADHD, el fracaso escolar y la criminalidad. Las investigaciones sugieren que la exposición al plomo durante el embarazo puede aumentar el riesgo de que un niño desarrolle autismo.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) señalan que no existe un nivel de plomo seguro. El análisis de sangre de Amari mostró 29,6 µg/dL (microgramos por decilitro) de plomo. Tiene casi tres años y es un niño muy dulce, pero lucha por comunicarse y es emocionalmente volátil. Cuanto más alta y larga sea la exposición, peor será el alcance y la gravedad de los problemas.

El plomo se encuentra principalmente en las viejas tuberías de agua, en la tierra contaminada y en la vieja pintura descascarada; peligros que, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, se esconden en unos 3,6 millones de hogares con niños pequeños en todo el país.

En Filadelfia, el 7,6% de los menores de siete años examinados en 2018, o 2.881 niños, tenían niveles de plomo en la sangre de 5µg/dL o más, según cifras publicadas recientemente. Es probable que la cifra real sea significativamente más elevada, ya que solo se ha examinado al 30% de los niños.

La carga de plomo está desigualmente distribuida: una investigación del Philadelphia Inquirer descubrió que cerca de uno de cada cinco niños entran en contacto con este veneno en los barrios más pobres de la ciudad, donde viven principalmente familias negras, latinas e inmigrantes. Alrededor de dos tercios viven en pisos de alquiler.

“El envenenamiento por plomo es completamente evitable, pero una vez que el daño está hecho, es irreparable. No puedo ofrecer ningún remedio, e irán surgiendo problemas con el tiempo”, explica George Dalembert, un pediatra del Hospital Infantil de Filadelfia.

La crisis del plomo en los Estados Unidos quedó expuesta en 2016 con el escándalo en Flint, Michigan. El 3% de los niños de esta población presentaban altos niveles de plomo en sangre debido a que las autoridades municipales habían optado por abastecerse con una fuente de agua más barata. En ese momento, Filadelfia estaba entre las 17 ciudades de Pensilvania donde entre el 10% y el 23% de los niños examinados presentaban envenenamiento por plomo en la sangre. Una investigación de las autoridades de Pensilvania, publicada el año pasado, encontró niveles peligrosos de plomo en los 67 condados del estado, siendo la pintura el culpable más común.

El gobierno federal prohibió la pintura con plomo en 1978, pero en Filadelfia, por ejemplo, cerca del 90% de las viviendas fueron construidas antes de que esta prohibición entrara en vigor.

En 2012, los legisladores de la ciudad aprobaron una norma que obliga a los propietarios de casas construidas antes de 1978 a proporcionar a los futuros inquilinos con niños menores de siete años un certificado que confirma que la propiedad es segura y no tiene pintura con plomo.

Sin embargo, los activistas de esta causa señalan que esta ley apenas se ha cumplido ya que el lobby de propietarios hizo mucha presión para que se suavizara, lo cual los ha beneficiado económicamente en detrimento de la seguridad de los inquilinos.

Tras el diagnostico de Amari, el departamento de salud le dio al propietario 30 días para sanear el apartamento, pero pasaron cuatro meses, hasta enero de 2020, antes de que la vivienda quedara completamente libre de plomo. El nivel de plomo en sangre de Amari está disminuyendo, pero sigue siendo alarmantemente alto, y se sitúa en 20 µg/dL.

“Me informaron sobre los beneficios de la lactancia materna y de una alimentación saludable, y cómo conseguir pañales gratis, pero ni una sola vez mencionaron los peligros del plomo”, explica Ball a The Guardian mientras Amari le pide una galleta usando el lenguaje de signos.

Los niveles bajos pueden causar daños irreversibles

La magnitud del problema del plomo en Estados Unidos es alarmante: según el CDC, en 2016, medio millón de niños menores de seis años presentaban niveles de plomo en sangre superiores a 5 µg/dL, a pesar de que en los últimos cuarenta años se ha producido una caída significativa de casos. Miles más probablemente tenían bajos niveles de envenenamiento por plomo. Son muchos los estudios que han demostrado que los niveles bajos también pueden causar daños irreversibles.

Sin embargo, las pruebas a nivel nacional siguen siendo incompletas y los datos, fragmentarios. En Pensilvania, en 2018 solo se examinó al 19% de los menores de edad, de los cuales 8.822 presentaban envenenamiento por plomo. En Filadelfia, solo la mitad de los niños nacidos en 2015 que reunían los requisitos para recibir tratamiento médico [gratuito] habían pasado por dos exámenes médicos en 2018, como exige la ley federal.

La exposición al plomo durante el embarazo puede causar abortos espontáneos y alteraciones del desarrollo neurológico, pero los exámenes prenatales no son obligatorios.

“Es increíble que en 2020 los niños sigan siendo el indicador que enciende todas las alarmas para saber si hay plomo en las casas”, lamenta Colleen McCauley, directora de políticas de salud de la organización Public Citizens for Children and Youth (PCCY), que hace campaña para que sea hagan pruebas más completas, se recopilen datos sobre este problema y se saneen todas las viviendas viejas.

“Es difícil convencer a los políticos de los beneficios de apostar por la prevención primaria, porque detectar el plomo es costoso y eliminarlo, también”, señala. Puntualiza que no apostar por la prevención es corto de miras ya que el coste de cuidar a los niños una vez se han envenenado es mucho más elevado.

Invertir en la lucha contra el plomo tiene sentido desde el punto de vista económico. Según una investigación de Pew Charitable Trusts, sanear las viviendas viejas donde viven niños nacidos en 2018 proporcionaría 3.500 millones de dólares en beneficios futuros, el equivalente a 1,39 dólares por cada dólar invertido. La inversión protegería a más de 311.000 niños de familias de bajos ingresos durante 10 años. Cambiar las tuberías de agua de plomo generaría otros 2.700 millones de dólares en beneficios futuros.

Obligatorio acreditar que una casa está libre de plomo

Finalmente, después de que los activistas de los derechos de los niños hayan batallado durante años, se ha modificado la ley que obliga a los propietarios a informar a los inquilinos sobre los niveles de plomo de una vivienda.

A partir de octubre de 2020, todos los alquileres de viviendas, privadas y públicas, deberán obtener un certificado de seguridad que acredite que la vivienda está libre de plomo, sin excepción, o de lo contrario podrían perder la licencia de alquiler. En Rochester, Nueva York, y Baltimore, Maryland, se han adoptado medidas similares, y han dado lugar a una drástica disminución de los casos de envenenamiento por plomo.

“Las leyes de seguridad pública deben contener cláusulas que castiguen en caso de incumplimiento. Si los propietarios no tienen miedo de las consecuencias del incumplimiento, estas leyes son papel mojado”, puntualiza Grace Osa-Edoh, una abogada de los Servicios Legales Comunitarios de Filadelfia que ayuda a los inquilinos de bajos ingresos a demandar a los propietarios negligentes.

Un portavoz del Departamento de Salud de Pensilvania ha indicado que el Gobierno estatal, liderado por el gobernador Tom Wolf, está “profundamente preocupado” por este problema de salud pública causado por el plomo y otras toxinas.

“La iniciativa Libre de Plomo de la Gobernadora de Pensilvania incluye una propuesta de invertir hasta mil millones de dólares en subvenciones para ayudar a sanear las escuelas para que estén libres de plomo, amianto y otros elementos tóxicos. El Estado también recibió recientemente una subvención de la EPA para analizar los niveles de plomo en el agua de más de 3.000 guarderías”.

Lo cierto es que para cientos de miles de niños, esta reforma legal y la toma de consciencia por parte de los políticos llega demasiado tarde.

Fatu Kante nunca olvidará la llamada de la consulta del pediatra de su hijo en marzo pasado, para informarla de que Aly, de dos años, presentaba altos niveles de plomo en la sangre. “Hasta ese momento, no sabía nada sobre el plomo, y de repente me informaron por teléfono de la posibilidad de que el cerebro de mi hijo estuviera dañado. Recuerdo que lloré y no podía dejar de temblar. No dormí durante 30 días”, explica.

El Departamento de Salud saneó su espacioso apartamento después de que el propietario se negara a eliminar la pintura descascarada que envenenaba a Aly. Los techos todavía tienen humedad y están hundidos, pero el polvo de plomo ha desaparecido.

El último análisis de sangre de Aly muestra que el nivel de plomo en su sangre ha bajado a 11 µg/dL, pero el niño sigue siendo hiperactivo y sufre de insomnio y repentinos ataques de agresividad. Su hermana, Cissy, de cuatro años, también presenta bajos niveles de envenenamiento de plomo en sangre. Kemo, de nueve, aún no ha sido examinado.

Kante afirma que, de haberlo sabido, se habrían mudado de casa y que “como es obvio” están asustados.

Traducido por Emma Reverter

Señores diputados, señores ministros, señor presidente del Gobierno: en Madrid, la manifestación contra la caza que convoca cada año la Plataforma NAC (No A la Caza), y que este pasado 3 de febrero hizo su recorrido por más de 40 ciudades españolas y europeas, paró ante el Congreso de los Diputados, máximo órgano político del Estado español, para recordarles que durante los meses que ha durado la temporada de caza las tierras del Estado que ustedes representan se han teñido de sangre inocente, derramada por las víctimas de la violencia sanguinaria de los cazadores. Cazadores que son pistoleros solitarios o pandilleros de las escopetas, maras de los cartuchos, comandos del plomo que siembran el terror en los montes, en los bosques, en los páramos públicos, pero también en fincas y en jardines privados, allanando el espacio por la fuerza como si todo les perteneciera. Cazadores que salen a matar y desatan su violencia con una impunidad que ustedes, señores diputados, señores ministros y señor presidente del Gobierno, les consienten. Ustedes, por tanto, cómplices.

Cuando llega el mes de febrero, esas tierras empapadas por el dolor de los disparos, sobrecogidas por el pánico de la persecución y la muerte, expropiadas de su básico derecho a la vida, contaminadas de plomo, se convierten en escenario de una miseria moral mayor si cabe: perras que fueron utilizadas como máquinas de parir sobre cemento, como oprimidos vientres de alquiler, decenas de miles de cachorros que fueron criados en zulos inmundos y explotados como esclavos hasta la extenuación, programados como máquinas de matar, usados como armas, son a su vez asesinados, abandonados a su suerte, tirados como basura por terroristas legales (solo que se trata de un terrorismo -“Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, según la RAE- que atenta contra otras especies, excepto cuando cae algún cazador abatido por fuego colega, algún otro humano que osaba dar un plácido paseo campestre o algún niño expuesto de manera temeraria por sus propios familiares, a quienes no se contempla a pesar de ello retirarles la custodia legal de otros menores).

Digan si no infunden terror los cazadores que, según la estadística oficial elaborada anualmente por el Gobierno, solo en 2015 provocaron, tal y como expuso NAC en su Manifiesto, “el asesinato legal de 20.922.143 individuos de las más diversas especies, desde córvidos hasta ciervos pasando por zorros, por lobos o por muflones. A esa hiriente cifra debemos añadir las procedentes de prácticas furtivas, por razones obvias ajenas a la estadística, los incontables perros que corrieron la misma suerte que los del vídeo o los 50.000 que según los datos más fiables se abandonan cada año en campos, montes y carreteras; también los hurones, las aves de cetrería y quienes por caber, según comunidades, en esa infame denominación de ”alimañas“ ni siquiera cuentan para los informes”.

Señores diputados, señores ministros, señor presidente del Gobierno, ustedes saben que ahora mismo esos miles y miles de perros están siendo atropellados en las carreteras al huir de su desesperación y desconcierto, de su tristeza y de su hambre. Ustedes saben que esos miles y miles de perros están siendo ahora mismo apaleados hasta la muerte, vilmente ahorcados en árboles, lanzados vivos a pozos donde agonizarán en soledad, emparedados en cuevas. ¿No les importa tanta crueldad?

Digan que no les importa y al menos harán honor a la verdad. No les importa que hoy vaguen por las carreteras, los pueblos y los campos, aterrados y heridos, decenas de miles de perros que son responsabilidad de ustedes porque nada hicieron ustedes contra los galgueros y los cazadores que los criaron y los maltrataron (debiera ser obligatorio que ustedes vieran el impactante e impecable documental Yo, Galgo, realizado tras una intensa investigación por Yerai López). Digan, para hacer honor a la verdad, que no les importa que la tierra y el agua estén envenenadas de plomo y mueran los peces y se pierdan los humedales. Digan que no les importa que a los niños se les enseñe a acosar y matar a bellos animales acorralados. Digan que no les importa que esos niños mueran viendo cómo matan sus padres pistoleros, pandilleros del plomo, adiestradores en el terror.

Señores diputados, señores ministros, señor presidente del Gobierno, ustedes están fomentando la cultura de la crueldad y la muerte de la que se vanaglorian, escopeta en ristre, los cazadores. Ustedes no hacen nada para combatir esa violencia que contagia a la sociedad. Cuando la senadora Vanessa Angustia, de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales’(APDDA), ha solicitado recientemente al Gobierno, en nombre de una amplia mayoría social, la regulación intensa o la prohibición de la caza, el Gobierno se ha desentendido alegando que la Administración central no es competente en materia de caza. Son ustedes cobardes. Déjense de excusas competenciales y piensen en las víctimas que provoca esa brutal actividad.

Si ustedes se desentienden de las víctimas y de la cultura de la violencia, nada les distinguirá de esa ultraderecha que viene a defender, de manera explícita y prioritaria, el fomento de la caza y de la tauromaquia y, no es casualidad, a ser cómplice de la violencia contra las mujeres. Si ustedes no entienden que esas prioridades de la ultraderecha son la semilla del mal, si ustedes no reconocen con NAC que “la caza, hoy, es el ejercicio legal de la psicopatía, matar por matar, y un negocio que según sus propios números factura al año más de 3.635 millones de euros a costa del sufrimiento animal” y que “ni las consideradas presas, ni los seres sintientes empleados como arma (galgos, podencos o cualquier otro animal, con independencia de raza o especie) merecen sufrir por simple diversión humana”, estarán más cerca de esa ultraderecha de lo que les gustaría creer. Serán ustedes, señores diputados, señores ministros, señor presidente del Gobierno, cómplices también de esos pocos violentos electos que han venido a ser la gran vergüenza de este Estado.

El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha expresado este viernes su conformidad con la decisión del Consejo Insular de Aguas (CIATF) de denegar la petición del Ayuntamiento de Adeje (el recinto es público) para legalizar los vertidos de plomo generados por la actividad del campo de tiro de Taucho.

El CIATF da la razón a la asociación Amigos en Defensa de Ajabo y al grupo de Podemos en el Cabildo tinerfeño y admite en su dictamen el riesgo de que el vertido producido hasta ahora pueda derivar en una posible contaminación de los acuíferos o aguas subterráneas, sin que se haya podido demostrar la inocuidad del plomo.

Asimismo, se indica que no se ha podido comprobar que los perdigones hayan sido retirados con periodicidad, evidenciando que no se ha reparado la alta carga contaminante del vertido, estimada en 25 toneladas de plomo, informó Podemos en un comunicado.

Concepción recuerda que su grupo ha apoyado las denuncias de la asociación Amigos en Defensa de Ajabo “cuando hemos criticado que no se estaban llevando a cabo las urgentes y necesarias labores de recogida y limpieza -exigidas desde el pasado año por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural-; por lo que ahora esperamos que el Ayuntamiento de Adeje acate la resolución del CIATF, en la que se reitera la obligación de limpiar el plomo vertido en toda el área del campo de tiro y entregarlo a un gestor autorizado”.

Concepción critica que el consejero socialista Manuel Martínez, responsable del CIATF, “haya actuado en este expediente con total impunidad”, primero, permitiendo al Ayuntamiento de Adeje que desarrollase una actividad altamente contaminante para el medio ambiente, para más tarde desdecirse ante las denuncias y la presión mediática ejercida por los vecinos de la zona.

Afirma que a su llegada al cargo el consejero Martínez ya sabía de estos vertidos contaminantes y no hizo nada, pues la asociación Amigos en Defensa de Ajabo había informado desde 2013 del reinicio de las nocivas actividades de tiro al plato en el campo municipal.

A pesar de que en la resolución del CIATF no se hace referencia a esta primera denuncia de la asociación, Concepción añade que el grupo de Podemos “llevó por primera vez una moción sobre este asunto al Cabildo el pasado mes de julio de 2017, por lo que ha transcurrido más de un año y medio desde que lo notificamos a la corporación, y lo único que hizo el responsable del CIATF fue mirar para otro lado”.