Los cazadores se escudan en la España vaciada para “exigir” al Gobierno que elimine las normas que les molestan

Al calor de las reivindicaciones de la España vaciada, los cazadores han decidido colar su pretensión de que se levanten todas las regulaciones ambientales que, consideran, entorpecen su actividad. Admitir prácticas cinegéticas prohibidas, permitir la caza en lugares ahora protegidos y poder matar especies actualmente vedadas como el lobo o la tórtola.

El 'programa' lo ha redactado el lobby cinegético Fundación Artemisán, la misma organización que publicó unas directrices para mostrar trofeos en redes sociales sin suscitar rechazo: “Coloca al animal como dormido, sin mostrar sangre”, recomendaba. Ahora han encabezado su lista con un juego de palabras: la “España vacilada”, en lugar de vaciada. Se compone de una batería de derogaciones y regulaciones ad hoc que faciliten sus prácticas.

Amnistía legal al silvestrismo

Su primera “exigencia” es recuperar el silvestrismo. La caza de pájaros por su canto para nutrir equipos de competición. Sus temporadas suponían cientos de miles de presas. La práctica contraviene la directiva Aves de la Unión Europea. Así lo hizo saber la Comisión en un expediente de sanción a España. Solo el fin de estos lances paralizó el proceso que todavía está vivo. Los silvestristas no han parado de buscar fórmulas y aliados para mantener su afición por apresar jilgueros, verdecillos o verderones. Han intentado que la Junta de Andalucía les apoye y, de momento, han encontrado un aliado en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno del PP en la comunidad autónoma madrileña ha autorizado este año cazas excepcionales que cubren, al menos parcialmente, sus anhelos. El Ejecutivo regional ha revestido el permiso de renovación de cimbeles y reclamos, aunque la Consejería de Medio Ambiente ha justificado que los cazadores necesitaban renovar el stock vivo de sus contingentes dentro de un programa, en teoría, de seguimiento de poblaciones llevado a cabo por la Federación Madrileña de Caza y dirigido por el encargado del silvestrismo en esa organización.

Caza en los parques nacionales

Si con el silvestrismo el lobby cinegético embisten contra la legislación europea de protección de aves, no dejan fuera la normativa estatal. Desean poder cazar dentro de los parques nacionales. De manera general, la caza –y la pesca– deportiva en estos parajes protegidos está prohibida, al menos, desde la ley de la Red de Parques Nacionales de 2007. Incluso esta disposición fue mantenida por la nueva versión legal de 2014, impulsada por el PP, que sí introdujo una prórroga de seis años para adaptar la ley en los parques donde hubiera, por ejemplo, cotos de caza como en Cabañeros. El plazo previsto en aquella ley expiró el 5 de diciembre de 2020.

Levantar la protección de especies: el lobo y la tórtola

Desde el pasado 22 de septiembre, el lobo ibérico está protegido en todo el territorio nacional. Todas sus poblaciones pasaron a la lista de especies de protección especial (LESPRE) como aconsejaba el Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica. De esta manera, la caza generalizada de la especie quedó vetada. Hasta entonces, España mantenía un doble estatus: protegida al sur del río Duero y cazable al norte.

La decisión ha venido acompañada de una dotación de 20 millones de euros para las comunidades autónomas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la gestión del cánido y su convivencia en zonas ganaderas. Sin embargo, esta medida ha hecho que Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria se hayan unido para intentar revertir la protección legal.

Algunas de estas autonomías, como Castilla y León, venían estableciendo cupos anuales de ejemplares por matar lobos en cacerías comerciales. Otras recurrían a cazadores para, en sus palabras, “controlar” la población lobuna. En este contexto, los cazadores piden que la especie deje de estar blindada de manera general, con lo que volverían a contar con esta especie entre sus potenciales trofeos. Exigen “la retirada inmediata de la inclusión del lobo en el LESPRE”.

Otra de las especies que desean volver a abatir sin muchas cortapisas es la tórtola europea. Y, otra vez, su deseo choca con las disposiciones legales de protección: España tiene abierto otro expediente de sanción en la Unión Europea por no haber protegido lo suficiente esta especie de ave. La Comisión Europea ya redactó una estrategia para la tórtola en 2018 que pedía una moratoria (no una prohibición definitiva) mientras se evaluaba si caben unos niveles de caza sostenible de tórtolas, cuya población cae.

España no se dio por aludida. Las órdenes de veda siguieron autorizando la caza de la especie. Llegó el expediente, que avanzó hasta llegar un último aviso en diciembre de 2020. España ha sostenido ante Bruselas que un nivel de 400.000 tórtolas muertas al año por las escopetas es “sostenible”. Está a la espera de respuesta. Sin embargo, las comunidades autónomas han ido decretando moratorias en sus territorios. Este verano las tórtolas han estado a salvo, lo que ha provocado que Artemisán incluya entre sus exigencias “la caza sostenible de la tórtola”.

Codornices y perdices: no declarar a sus trofeos como “en peligro”

Entre las presas preferidas de la caza menor en España destacan las perdices y las codornices. Solo entre estas dos variedades suman cerca de 3,5 millones de ejemplares muertos cada año, según los datos del Ministerio de Agricultura. También el zorzal es muy buscado. Estas y otras especies ya han sido objetivo de una primera revisión sobre su estado en la Unión Europea. El lobby cinegético entiende que este análisis puede llevar a una decisión parecida a la tórtola y pide que no se incluyan estas variedades en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Pero la UICN es una entidad que reúne a 1.500 organizaciones; no depende del Gobierno de España. Incluye a Estados y agencias gubernamentales, pero también a ONG, asociaciones científicas y empresariales. Su lista roja es aceptada como un medidor internacional del estado de las especies silvestres.

La preocupación por las poblaciones de muchas especies de aves en Europa está encima de la mesa. En abril de este año, el grupo de expertos europeos en las directivas de Aves y Hábitats hizo un primer acercamiento y determinó que el 40% de las especies trofeo de caza presentan una situación preocupante: estatus “inseguro”, lo llaman. Y solicitaban analizar si la caza juega un papel relevante en su declive, cuál podría ser un cupo admisible de capturas o si sería necesaria una cuota cero. Es decir, cazar menos o no cazar nada. En la lista aparecieron la perdiz roja, la codorniz y el zorzal.

Adelante con el plomo, aunque envenene el ecosistema

En la lista de normativas que este lobby quiere modular a su favor no solo está el qué y dónde cazar sino también con qué hacerlo. Han incluido la “no prohibición del plomo”. Gran parte de la munición utilizada en los cotos está hecha de este metal pesado tóxico. Sus efectos nocivos sobre los organismos están ya acreditados. El problema radica en la gran cantidad de munición que no alcanza las presas y, una vez disparada, se queda diseminada por los ecosistemas. Envenena las cadenas tróficas al ser ingerida por diversas especies.

La Agencia Europea de Productos Químicos analizó el problema y emitió un informe en 2018: el plomo esparcido por la naturaleza por la munición de caza no solo es un riesgo ambiental sino que supone un peligro para la salud. Con esa evaluación, la Comisión Europea ha ido preparando nueva normativa.

En enero de 2021, un nuevo reglamento europeo prohibía usar plomo en cualquier humedal (tuviera una figura legal de protección o no). Y sugería que se sustituyeran esos perdigones por otros de acero. No impide cazar, sino usar plomo para matar las aves acuáticas (especialmente vulnerables al plumbismo pues ingieren los perdigones que quedan en su hábitat). Los cazadores rechazan este cambio. Aducen que la munición de acero es todavía demasiado cara y que rebota más, por lo que es más peligrosa.

Promocionarse entre los alumnos

El manifiesto se completa pidiendo que la caza sea promocionada y “defendida” como una herramienta “clave” tanto en el plano económico como social. Uno de los argumentos más exhibidos por este sector es su impulso a los ingresos en los municipios rurales. Pero añaden también su utilidad en lo ecológico. El Partido Popular en el Congreso ya amparó esta concepción en 2017 al intentar que las Cortes otorgaran a los cazadores la distinción de conservadores de la naturaleza.

Rematan este apartado intentando que se añada a la Ley de Educación “una adecuada utilización del término 'empatía con los animales'”. Los cazadores llevan tiempo preocupados por llevar a las aulas algún tipo de promoción de su actividad (el número de licencias ha caído hasta un 16% en los últimos años, según el registro de Agricultura). Ilustró esa preocupación la portada de la revista Jara y Sedal que mostraba a un niño con escopeta y perdiz y que TVE (que comparte el título de la publicación con un programa de La 2) admitió que le pilló por sorpresa. Extremadura, por ejemplo, da acogida a la enseñanza de la caza a alumnos de Primaria por su carácter “deportivo”, dicen.

Además, el sector cinegético ha apuntado al animalismo como el adversario que ha inspirado las últimas leyes autonómicas que vinieron a regular su actividad.