El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado a Unicaja Banco S.A. a reintegrar en su puesto originario al director de una de sus oficinas en el Principado y a restituirle en las condiciones previas a su traslado a otra sucursal. El demandante fue destinado desde Siero a la zona del Nalón donde desempeñaba el puesto de gestor operativo comercial, un cargo que conllevaba una reducción de salario.

La sentencia reconoce que el demandante había obtenido hasta tres fallos judiciales favorables anteriores y sus reclamaciones le habían convertido en una figura “incómoda” para la entidad. La entidad bancaria ya ha anunciado la interposición de un recurso de casación.

Un cambio de destino con menos sueldo

El demandante era trabajador indefinido a tiempo completo en una de las oficinas de Liberbank y tiene más de 23 años de antigüedad, desde el 2 de mayo de 2000. Coincidiendo con la absorción de la entidad por Unicaja reclamó en varias ocasiones las diferencias salariales en sus nóminas.

El pasado mes de agosto, el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo falló parcialmente a favor de la demanda que había presentado. Por un lado, declaró nula la modificación sustancial del sistema retributivo y condenó a Unicaja Banco a restaurar inmediatamente las condiciones previas en cuanto a su remuneración y a indemnizarle por daños morales con 7.501 euros por la vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, consideró que su cese como director y su traslado a otra oficina eran lícitos.

El argumento del juzgado era que el nombramiento de directores y subdirectores respondía a que eran cargos “de libre designación” y, por lo tanto, entendía que no se trataba de una modificación sustancial de sus condiciones, sino que la empresa estaba ejerciendo sus facultades de “movilidad y polivalencia funcional” establecidas en la normativa laboral.

El letrado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, presentó en nombre del afectado un recurso de suplicación ante el TSJA, donde impugnaba el razonamiento expuesto por el juzgado. Alegó que se había violado el artículo 24 de la Constitución Española y la doctrina constitucional. Expuso además que las medidas de cese en puestos directivos o de movilidad geográfica débil pueden ser “igualmente ilícitas si son contrarias a los derechos fundamentales del trabajador”.

Los argumentos del TSJA

Los magistrados de lo Social han declarado nula la modificación sustancial de condiciones de trabajo relativa al sistema retributivo, así como la decisión empresarial de designación del demandante como gestor operativo comercial y han condenado a la entidad a la inmediata reintegración como director en sus condiciones previas relativas a su retribución, puesto y centro de trabajo.

Asimismo, han confirmado el pago de una indemnización de 7.501 euros por daños morales al considerar que la entidad vulneró derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta figura jurídica hace referencia al derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la Justicia, con la correspondiente intervención de los órganos judiciales.

Instan también a la entidad “a cesar en dicho comportamiento atentatorio contra los derechos fundamentales del trabajador”. El alto tribunal asturiano ha señalado que la empresa ha mantenido “una contumaz oposición” a abonar al trabajador las diferencias salariales, que ya habían sido reconocidas judicialmente, “siendo necesario que ejercitara hasta tres reclamaciones judiciales para ver reconocida la consolidación profesional y salarial”, subraya.

“Cierto es que el nombramiento de directores/as de oficinas es de libre designación, pero no lo es menos -añade la sentencia- que la oficina que dirigía el demandante no estuvo afectada por las medidas de cierre de centros, ni tampoco aparece como centro receptor de las oficinas que sí se vieron abocadas al cierre, por lo que se entiende que ninguna modificación en la estructura de personal iba a tener la oficina dirigida por el actor”, señala en referencia al demandante.

En la sentencia se expone además que si se tiene en cuenta que la medida supone que se elimine la posibilidad de reclamación que hasta entonces había ejercitado el trabajador, “resulta insuficiente la justificación aportada por la empresa de los procesos de reorganización de oficinas, pues parece que aprovecha la designación de nuevos directores/as para deshacerse de un trabajador incómodo como el actor”.

Además se declara nula la designación del demandante como gestor operativo en otra oficina y condena a la mercantil a la reposición del trabajador en su puesto y centro de trabajo. Una vuelta a su anterior destino que ahora está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo en el recurso de casación interpuesto por Unicaja.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a Liberbank a abonar 25.000 euros a una clienta que fue víctima de una estafa informática, conocida como 'phishing', consistente en realizar un gran número de operaciones en solo dos días utilizando sus claves.

En una sentencia que no es firme, la Audiencia desestima el recurso de apelación presentado por el banco contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Torrelavega, que atendió a la demanda presentada por la clienta, que vio cómo se realizaron reintegros en cajero, traspasos entre cuentas, transferencias y un aumento del límite disponible en sus tarjetas de crédito.

La Audiencia explica que la propia entidad bancaria reconoció en su respuesta a la reclamación de la mujer que esta había sido víctima de 'phishing', pero no la indemnizó; reconocimiento que a su juicio “evidencia que esta no había implementado todas las medidas o mecanismos necesarios para proteger a su cliente de tales ataques por ciberdelicuentes, cada vez más frecuentes”.

Junto a ello, considera relevante el hecho de que el banco, a pesar del gran número de operaciones realizadas con las claves de la víctima en solo dos días, “no tuviese capacidad para detectar que su cliente podía estar siendo víctima de un fraude informático”.

Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2020, cuando la mujer recibió en su teléfono móvil un mensaje, aparentemente de su entidad bancaria, en el que se le requería pulsar un enlace para recibir una transferencia a su favor.

La mujer, “distraída por estar ocupada en su negocio, pinchó el enlace”. Posteriormente, tras tener un problema en la tarjeta de su móvil, que tuvo que ser sustituida, recibió en seis minutos tres mensajes que le requerían introducir un código para las operaciones que, según se le informaba, estaba realizando.

De esta forma, ese día y el posterior se realizaron, entre otras operaciones, 25 reintegros, aumentos del crédito disponible en tarjetas de crédito y órdenes de traspaso. Fruto de ello, la mujer sufrió un perjuicio de 23.000 euros y su abuela, titular de una de las cuentas afectadas, de 2.000 euros.

Al conocer estos hechos, la mujer reclamó sin éxito el dinero a la entidad, que reconoció la existencia del fraude y le trasladó una serie de medidas de seguridad que debía adoptar para evitarlo. La clienta reclamó entonces judicialmente y logró que se estimara su pretensión, si bien la entidad bancaria recurrió a la Audiencia la decisión del Juzgado de Torrelavega.

En su recurso, el banco imputa a la propia clienta el fraude sufrido, porque pinchó el enlace recibido “sin pensar, a pesar de que en el contrato digital firmado en el año 2004 se le advertía expresamente de que Liberbank no solicitaría código de usuario, PIN o tarjeta de coordenadas por ninguna vía”, recoge la sentencia.

Para Liberbank, su clienta actuó “de modo negligente, puesto queno recibió un solo mensaje sino cuatro, claramente burdos”. Pero la Audiencia no da la razón a la entidad y le recuerda que “salvo actuación fraudulenta, incumplimiento deliberado o negligencia grave del usuario, la responsabilidad será del proveedor del servicio de pago”.

Y en este sentido añade que “no cabe concluir” que la mujer, a pesar de haber pinchado el enlace recibido inicialmente e introducido después los códigos solicitados, “haya incurrido en negligencia grave”.

Señala al respecto que la propia entidad, en la contestación a la reclamación rechazando su responsabilidad, “afirma que 'no se discute que el origen de las operaciones se encuentre en una actuación fraudulenta' y que 'parece acreditado que el defraudador obtuvo previamente los datos necesarios para la comisión del fraude a través de phishing'”.

Por tanto, entiende que los términos y manifestaciones de dicha contestación a la reclamación de la usuaria “determinan la responsabilidad establecida legalmente para la entidad y excluyen lanegligencia grave de la actora”.

Además, según el funcionamiento de esta modalidad de estafa informática, “producido el ataque el usuario pierde todo control de sus credenciales”, “situación en la que no puede imputársele negligencia alguna, ni siquiera inicialmente”, concluye.

El proceso de fusión de Liberbank y Unicaja Banco ha sido un caldo de cultivo idóneo para los piratas informáticos. En Asturias, cientos de víctimas cayeron en la trampa de los 'hackers', que aprovecharon la fuga de datos sensibles de los clientes, ante la brecha detectada en materia de seguridad, para acceder a sus números de cuenta y apropiarse de sus ahorros mediante el engaño.

Muchos de estos clientes se han integrado en una plataforma de afectados por el ciberataque a Unicaja Banco. Las víctimas llegaron a tener abierta una cuenta en Telegram pero también fue atacada y tuvieron que cerrarla.

Una de las clientes afectadas por el fraude en Asturias ha sido Carmen García Sánchez, que pertenece a esta plataforma y ha fundado un grupo de WhatsApp donde se agrupan muchas de estas víctimas que, como ella, han recurrido a los tribunales para recuperar el dinero estafado que, por término medio, oscila entre 2.000 y 10.000 euros.

“He tardado dos años en recuperar mi dinero”

Carmen ha relatado a eldiario.es Asturias su mala experiencia con “el banco de toda la vida”, en el que permaneció como cliente durante más de 50 años, hasta que la dejó “abandonada” cuando acudió a la central de la entidad para exponer su caso y reclamar el dinero estafado.

Para ella, la parte más amarga ha sido constatar el mal trato que, según sostiene, ha recibido por parte de la entidad bancaria: “Perdí mi dinero. He tardado dos años en recuperarlo y me trataron como si yo fuera idiota por haberme dejado engañar”, se queja.

Carmen tiene 67 años y es una trabajadora social jubilada. Su primer contacto con la entidad bancaria fue cuando tenía 13 ó 14 años y su madre la inscribió en su cartilla de ahorros en la que regularmente le ingresaba cantidades de dinero. Ella permaneció fiel en todas las nomenclaturas anteriores a Unicaja Banco: como Caja de Ahorros de Asturias, Cajastur y no cambió de entidad bancaria cuando pasó a ser Liberbank.

Su pesadilla comenzó el 22 de julio de 2022. Ese día, sobre las diez y media de la mañana, estaba en su casa cuando recibió un sms en su teléfono móvil y en su pantalla salió reflejado el nombre de su entidad bancaria.

Un enlace a la web aparentemente seguro

“El sms era una alerta de que había un nuevo dispositivo telefónico que se había enlazado a mi cuenta desde Ibiza y avisaba de que si no lo reconocía debía acceder a un enlace que me facilitaba”, expone.

El enlace aparentemente parecía seguro porque, según explica, contaba con un protocolo de seguridad https:// y, tras pinchar en él, la dirigió hacia una página web que estaba tan perfeccionada que no le suscitó recelo alguno.

Seguidamente le llegó otro mensaje avisando de que en breve se pondrían en contacto con ella a través del teléfono para que lo confirmara. Poco después, un supuesto empleado, del que destaca “su gran amabilidad”, le facilitó un código en la misma línea del banco que en teoría era para cancelar la operación si no reconocía que era suya.

Al acceder a la aplicación se percató de que ese mismo día se había realizado una transferencia por importe de 2.000 euros que el falso agente le dijo que era a Irlanda a nombre de Yessibeth Adanys Brin Casiano, a quien no conocía.

“Me empecé a poner nerviosa porque no había vinculado ese teléfono, ni quería hacer una transferencia internacional”, ratifica. El falso empleado le intentó tranquilizar asegurando que lo iba a arreglar, que el dinero estaba retenido hasta comprobar los datos y le avisó que le iba a enviar un código para anular la operación.

“Cuando le advertí que no veía más que el cargo me dijo que estaba realizando la operación, que tenía que colgar el teléfono y me llamaría de nuevo, pero no llamó. Desde ese momento yo no hacía más que entrar y salir de la aplicación del móvil y ya me di cuenta que me la habían colado”, comenta.

“En el banco me repetían que la culpa había sido mía”

Su primera reacción fue dirigirse a su banco, pero ni por teléfono ni en persona le hicieron caso. Primero acudió a su sucursal, ubicada en la calle Río San Pedro, en Oviedo. Era un viernes y estaba cerrado. Llamó a Atención al Cliente, pero la gestión fue infructuosa.

Más decepcionante para ella fue personarse en la sede central, en la Plaza de la Escandalera, y comprobar que en vez de tranquilizarla, la culpabilizaban de haberse dejado engañar y eludían cualquier responsabilidad en el dinero sustraído de su cuenta.

“Yo pensaba que era imposible que me hubieran timado si había hablado con un chico muy atento y amable que decía que era de Liberbank, que sabía todos mis datos. Pero en la oficina central me repetían que la culpa había sido mía y que no hubiera pinchado en el enlace”, asegura.

Carmen contó su caso en Atención al Cliente y cuando pidió una copia de la reclamación la remitieron a que descargara e imprimiera un impreso por internet. “Daban por hecho hasta que tuviera una impresora en mi casa”, apostilla.

Dice que tampoco la quisieron entregar una hoja de reclamaciones cuando la solicitó para presentar formalmente una queja: “Decían que no tenían. Todo eran inconvenientes”, lamenta.

Ante la imposibilidad de llegar a acuerdo alguno con la entidad, Carmen decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional y su sorpresa fue mayúscula cuando oyó a los agentes decir que ella no era la única que esa misma mañana había sido víctima de una estafa en nombre de la misma entidad bancaria.

“Los dos agentes me reconocieron que habían formalizado ya diez u once denuncias iguales. Yo no entendía -continúa- cómo podía ser posible que desde el banco no advirtieran a los clientes y que tampoco se hicieran cargo de una estafa de unas personas que están suplantando su identidad”.

Era imposible no caer en la estafa porque el mensaje me llegó por la misma línea del banco por la que me mandaban todos los códigos para hacer las operaciones y siempre me fijo en que el enlace donde pincho en internet sea un entorno seguro

Carmen García Sánchez — Víctima de los 'hackers'

La sensación de que había sido demasiado confiada la abrumaba. “En el banco me hicieron sentir como si yo fuera una imbécil, una pardilla que no se enteraba de nada. Era imposible no caer en la estafa porque el mensaje me llegó por la misma línea por la que me mandaban siempre todos los códigos para hacer las operaciones y siempre me fijo en que el enlace donde pincho en internet sea un entorno seguro”, incide.

“No soy ninguna pardilla y me manejo perfectamente en internet. Sufrí una estafa por una suplantación de identidad del banco y a través de él me han robado a mí. Esperé un tiempo prudencial -prosigue- para ver si mi banco respondía pero no me contestaron. Estaba muy agobiada cuando encontré por internet que había una plataforma de afectados de Unicaja y ahí fue cuando descubrí que esto era una bola tremenda que crecía cada día y nadie se responsabilizaba de nada”.

El dinero de la pensión, el máster o de la dependencia

“Las estafas han sido variadas. Hay gente que ni siquiera abrió la app, ni dio el código para desbloquear nada. Gente a la que le estafaron a través de Bizum, por tarjetas de crédito o desde las cuentas corrientes, como en mi caso”, señala.

Entre los casos que más le han impactado estaba el de una estudiante a la que los piratas informáticos estafaron los 4.000 euros que su familia le había ingresado en su cuenta para realizar un máster y el de un inquilino al que sustrajeron los 500 euros que tenía para pagar el alquiler y al que además le dejaron a deber otros 500.

“También hay víctimas que cobran pensiones mínimas y tienen a su cargo a personas discapacitadas y a las que les entraron en su cuenta y se la dejaron a cero. Lo peor de todo -asegura- es que también hay casos en los que además de llevarles todo el dinero, les dejan sin saldo y a algunos incluso el banco tiene el valor de cobrarles intereses por la deuda”.

Carmen ha podido recuperar los 2.000 euros que le estafaron pero dice que los daños morales no se los paga nadie.

“Yo gestiono la cuenta de una persona dependiente y durante mucho tiempo tenía mucho miedo a que me sacaran su dinero. Llegué a entrar en pánico, no dormía y estuve angustiada hasta que encontré la plataforma y empecé a serenarme”, describe.

Algunos miembros de la plataforma recibieron ofertas de negociación de la entidad bancaria que oscilaban entre 50 y 80 por ciento, aunque con ella no llegaron ni a plantearlo.

Carmen aconseja a todas las víctimas que acudan directamente al juzgado y no pierdan el tiempo con reclamaciones a la entidad bancaria, ante su falta de respuesta.

Las cláusula bancarias sobre la detección de fraudes

En su pleito contó con el asesoramiento profesional del abogado José Luis León García, especializado en casos de 'phishing', que lleva ganadas más de una veintena de sentencias de clientes de toda España contra la entidad bancaria.

El letrado ha representado a clientes en una horquilla de edad entre 30 y 70 años y de todas las clases sociales y profesiones. Entre sus clientes figuran desde amas de casa a policías, guardias civiles, abogados e incluso informáticos, empleados y exempleados de la actual Unicaja.

Hay una falta de diligencia de la entidad bancaria. Es un hecho notorio que clientes de Unicaja Banco procedentes de varias provincias españolas han sido afectados por el ciberataque durante el proceso de fusión con Liberbank

José Luis León García — Abogado. Lleva más de una veintena de sentencias ganadas a la entidad bancaria

En el caso de Carmen, argumentó que las cláusulas de su contrato con la entidad recogían expresamente que Liberbank disponía de un sistema de detección de fraude para la identificación rápida y efectiva de operaciones sospechosas o fraudulentas.

“En el caso de que estos sistemas detecten una operación que pueda resultar sospechosa de fraude o detecten un fraude real o amenaza para la seguridad, la cláusula indica que será la entidad quien se pondrá en contacto, a través de un medio seguro, con el cliente para confirmar la veracidad o el consentimiento real del cliente a la operación concreta y sospechosa. Adicionalmente, la entidad podrá enviar notificaciones informativas de operaciones relevantes o poco habituales”, recogía expresamente.

El letrado denunció la falta de diligencia de la entidad demandada y argumentó que era “un hecho notorio el que clientes de Unicaja Banco procedentes de varias provincias españolas hubieran sido afectadas por el ciberataque que sufrió esta entidad financiera durante el proceso de fusión con Liberbank”.

“Esto supuso -indicaba-que muchos de ellos vieran vaciadas sus cuentas por parte de piratas informáticos, que aprovecharon un fallo de seguridad durante dicha fusión para hacerse con sus credenciales de banca electrónica”.

Los tribunales descartan una negligencia de las víctimas

Los tribunales asturianos están fallando prácticamente en todas las demandas interpuestas contra la entidad bancaria a favor de los usuarios. Los juzgados han declarado la responsabilidad de la entidad bancaria por no haber implementado las medidas de seguridad tras detectar los métodos fraudulentos de los piratas informáticos y al no haberles informado con la suficiente antelación de la operación de cambio de plataformas para que ellos mismos adoptaran especiales medidas de protección.

Los jueces condenan al banco por no implementar medidas de seguridad tras detectar los métodos fraudulentos y no haber informado a los clientes con la suficiente antelación de la operación de cambio de plataformas para que adoptaran medidas de precaución

Asimismo, las sentencias están recogiendo expresamente que la estafa conocida como 'phising' es “de una complejidad y grado de perfección difícilmente detectable por los clientes”, por lo que no se les puede exigir que tengan conocimientos para detectar el engaño urdido por los 'hackers'.

Los titulares de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana, número 1 de Langreo, número 4 de Siero y los juzgados de primera instancia número 4 de Oviedo y número 7 de Gijón, por citar sólo algunos ejemplos de la veintena de casos ganados por el letrado José Luis León, han descartado que las propias víctimas sean las responsables de haber sido engañadas por haber facilitado las claves de sus cuentas como alegaba la entidad bancaria al oponerse a las demandas.

Los casos dirimidos han sido variados, pero tienen el denominador común que en todos ellos responsabilizan directamente a la entidad bancaria de falta de información a los clientes y descartan cualquier tipo de negligencia por parte de las víctimas.

El juzgado de Laviana destaca la perfección del 'phising'

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana condenó a Unicaja Banco S.A. a indemnizar a Pilar P.M. por los daños y perjuicios ocasionados al ser víctima de estafa en la modalidad de 'phishing' o 'smishing' (cuando se realiza a través de SMS) “como consecuencia de una brecha de seguridad en los servicios de pago y gestión online de la entidad”, señala el fallo que obliga a reintegrarle los 2.000 euros que le sustrajeron los piratas informáticos.

El fallo considera acreditada la relación contractual entre las partes, así como el perjuicio financiero derivado de la transferencia fraudulenta. Además, rechaza un comportamiento negligente de la víctima, como había alegado el banco.

El juzgado reconoce que el 'phising' es “de una complejidad y grado de perfección difícilmente detectable por un cliente medio” de las características de la perjudicada.

La sentencia refleja también que es “notorio y público, al haber aparecido en medios de comunicación, que la entidad bancaria había sufrido muchos casos similares desde meses antes del caso enjuiciado, probablemente producidos tras la fusión de entidades bancarias, pese a lo cual -añade el juzgado- no consta que implementara especiales medidas de seguridad a fin de impedir hechos similares”. El fallo es firme y contra el mismo no cabe recurso.

Una falsa transferencia desde Alemania

La reclamación de Cristina S.P. llegó hasta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Langreo. En su caso, estaba como titular en dos cuentas propias y en calidad de autorizada en otras dos a nombre de su pareja. Los piratas informáticos contactaron con ella alegando que tenía movimientos inusuales por unas supuestas compras en Alemania por valor de 4.000 euros y le pedían que siguiera unos pasos para cancelar la operación.

Cuando ella revisó sus cuentas y las de su pareja comprobó que tenía tres transferencias no consentidas de 2.000 euros cada una de ellas, así como dos cargos a través de Bizum por valor de 500 y 300 euros por un supuesto alquiler de coche y dos extracciones en un cajero de Unicaja de Cádiz de 100 y 500 euros respectivamente.

Cristina reaccionó con rapidez y llamó a la entidad bancaria desde el teléfono móvil de su padre, por lo que un empleado bloqueó las cuentas, momento en que el 'hacker' terminó repentinamente la llamada.

El juzgado asumió las alegaciones del abogado José Luis León y atribuyó estas operaciones fraudulentas “a un jaqueo informático a la entidad” y al igual que en el caso de Laviana, declaró que era “notorio y así ha sido publicado en prensa y plataformas de defensa de consumidores y usuarios que, con motivo de la fusión de Liberbank y Unicaja y sus plataformas de banca online, se ha producido un fraude informático que ha afectado a miles de usuarios”.

También aludía en esta sentencia a la falta de información por parte de la entidad bancaria a la cliente para que adoptara especiales medidas de precaución y, por tanto, se le ha concedido los 2.300 euros que reclamaba.

Otros dos casos similares en Gijón y Siero

Los juzgados de Gijón y Siero se han pronunciado en términos similares. En el caso de Siero, el juzgado ha condenado a Unicaja Banco a reintegrar al cliente Javier G.G. los 6.000 euros sustraídos de su cuenta durante el ciberataque del que fue también otra víctima.

En el caso de Gijón, María Dolores A.G. también ha visto reconocido su derecho a recibir, por parte de Unicaja Banco, los 3.000 euros que le sustrajeron de forma fraudulenta de su cuenta y los 2.000 euros de la cuenta de su hijo menor de edad que ella administraba.

En la sentencia se señala que madre e hijo fueron víctimas de un “engaño urdido y tramado por terceras personas” que falsificaron una web similar a la del banco y que éste deberá hacerse cargo de la reposición de los 5.000 euros que les extrajeron de la cuenta durante el ciberataque.

Unicaja y Liberbank se fusionaron en 2021, casi al mismo tiempo que CaixaBank y Bankia. Pese a que la segunda era una unión de mucha más envergadura, ha sido un camino de rosas en comparación con la primera. El banco andaluz, sexto grupo del país y que cotiza en el Ibex 35, ha despedido esta semana a su consejero delegado Manuel Menéndez. Este movimiento que llegó a última hora del jueves es el punto y final a una batalla interna en la que se han sumado luchas de egos, de poderes territoriales e, incluso, de grupos políticos. La contienda ha elevado la preocupación de los supervisores tanto dentro como fuera de España.

“El consejo de administración de Unicaja Banco (...) ha acordado por unanimidad, con el objetivo de avanzar de manera más ágil y eficaz en la definición del modelo de gobernanza del banco conforme a las previsiones del proyecto común de fusión entre Unicaja Banco y Liberbank, el cese del consejero delegado”. Con estas palabras anunciaba la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cese de Menéndez que permanecerá en el cargo hasta que se encuentre un sustituto. Ahora comienza una búsqueda a posibles candidatos para enderezar el rumbo de la sexta entidad del país.

Para entender qué ha pasado en el banco hay que acudir al origen, a la fusión. Pero no a 2021, sino a 2019. En aquel año, Unicaja y Liberbank negociaron una unión, pero los desencuentros sobre el reparto de poder de la nueva entidad dieron al traste con el acuerdo. En 2020 lo volvieron a intentar. Entonces, el contexto les presionaba a ello. En plena crisis por el coronavirus, los reguladores forzaron a los bancos a explorar una mayor concentración, como ya había hecho CaixaBank. El acuerdo se alcanzó finalmente, aunque para esquivar esa batalla por el poder se dio una solución en diferido que vencía el 31 de julio de este año.

Se acordó que Unicaja se mantendría como banco, que su fundación sería el primer accionista y que su presidente se mantuviera en el cargo. A cambio, se permitió que el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, continuara en el cargo ejecutivo. Así debía de ser hasta el 31 de julio, cuando el presidente dejaría sus responsabilidades ejecutivas y se examinaría al consejero delegado. De este modo, se adecuaría el modelo de gobierno al que gusta más al BCE: un presidente sin funciones ejecutivas y un consejero delegado con poder. Es el que aplican CaixaBank, Sabadell o Bankinter.

Esta precaria solución, demorando la decisión a futuro, supuso el caldo de cultivo idóneo para una batalla de poder en la entidad sobre quién gobernaría el banco. Si la facción asturiana que se personificaba en Manuel Menéndez o la malagueña, donde se encuentra enraizada Unicaja desde su nacimiento y que se ha mantenido pese a las múltiples fusiones tras la crisis financiera. La Fundación Unicaja es el primer accionista con el 30% del banco.

La batalla se plasmó en el consejo de administración. Pese a que Menéndez era el representante del ala asturiana, desde el comienzo se apreció una cercanía con el presidente de la Fundación Unicaja, el histórico banquero andaluz Braulio Medel. Ambos conformaron un equipo que buscó controlar la entidad y generó un profundo cisma interno. No en vano, de Medel dependían cinco asientos en el consejo. Sin embargo, sobre este directivo, uno de los últimos supervivientes de la banca de los ochenta, comenzaron a recaer profundas sospechas y la Fiscalía abrió el año pasado una investigación, que acabó archivando, por posible administración desleal y apropiación indebida. El Gobierno salió al paso y planteó “serias dudas” sobre la “idoneidad y honorabilidad comercial y profesional, para el desempeño de sus funciones” y dio dos meses a la Fundación Unicaja para buscar una solución.

Al mismo tiempo, se produjo un torrente de dimisiones de consejeros independientes, los llamados a representar a los pequeños accionistas, por la situación que vivía el órgano de gobierno de la entidad financiera. La justificación que se argumentó es que determinadas decisiones “alejaban al banco de las prácticas de buen gobierno que los inversores y reguladores tienen derecho a esperar de una sociedad cotizada, y especialmente, de un banco”. La presión por todos los frentes, también el político, provocó hace un año la salida precipitada de Medel de la Fundación Unicaja.

Medel dejó, eso sí, cuatro consejeros de su confianza en el consejo de administración del banco antes de salir de la Fundación. La batalla en el consejo de administración no acabó ahí. A finales del año pasado comenzó la salida, uno a uno, de los cuatro consejeros que había colocado Medel en Unicaja y que el nuevo presidente de la Fundación, José Manuel Domínguez, quería sustituir. Algunos salieron mostrando su rechazo, como Manuel Muela, que justificó la renuncia en “su discrepancia con el proceso que se sigue para su sustitución como consejero, teniendo mandato vigente”. La última de las fieles a Medel salió en febrero.

En solo un año y medio, entre salidas de independientes y el relevo en los representantes de la Fundación Unicaja, el banco cambió a once consejeros, lo que daba muestra de la inestabilidad interna de la entidad. Además, esta situación dejaba muy expuesto a Manuel Menéndez, que había perdido la mayor parte de sus apoyos en el consejo de administración. Finalmente, el cese del consejero delegado se ha producido casi seis meses más tarde y por unanimidad. Ahora Unicaja afronta un periodo de búsqueda de un sucesor para el puesto y para completar su consejo, que se ha quedado con 11 miembros con cuatro vacantes.

El cese, celebrado por los sindicatos

La fuerte batalla interna se ha terminado con un triunfo del ala malagueña y la salida de Medel y Menéndez, dos banqueros vinculados a la edad dorada de las cajas de ahorros en España y que sobrevivieron a la crisis financiera de 2008 y a la fuerte concentración del sector. Se mantiene en el cargo de presidente Manuel Azuaga, quien fue sucesor de Medel pero vio como éste se alineó con su consejero delegado.

Menéndez era conocido en el sector como un superviviente de las fusiones. Desde los noventa estuvo al frente de Cajastur a las que integró Caja Castilla-La Mancha, el primer banco rescatado en España, y posteriormente Caja Cantabria y Caja Extremadura para acabar conformando Liberbank. La supervivencia en Unicaja, sin embargo, solo ha sido de dos años. La caída de Menéndez tiene además un componente simbólico para la plantilla. Durante sus años en la dirección de Liberbank, el ejecutivo fue conocido por la enorme conflictividad social que había en el seno de las antiguas cajas asturianas. La justicia llegó a tumbar tres recortes de empleo y salariales en el banco y en los sindicatos se buscaba que tras la fusión desapareciera del mando. No solo no fue así sino que además ganó enteros en el control de la entidad.

Los sindicatos no tardaron en valorar la salida de Menéndez del banco este jueves. CCOO, sindicato mayoritario en la entidad, explicó que llevaba meses denunciando que las formas de Liberbank se “habían impuesto” en Unicaja. “Por ello, celebramos la decisión adoptada por el consejo de prescindir de Manuel Menéndez y confiamos en que suponga la vuelta a la normalidad en las relaciones laborales, tremendamente dañadas por las formas de hacer autoritarias y unilaterales que se han venido utilizando en los últimos tiempos”, aseguró el sindicato en un comunicado. “Esperamos que las relaciones laborales vuelvan al cauce lógico que siempre ha habido en esta entidad y que se desbloqueen las negociaciones que tenemos y que empiece un nuevo modelo”, expresaban desde UGT. La próxima palabra será del nuevo consejero delegado.

Cinco meses después de las estafas masivas producidas en pleno proceso de fusión entre Unicaja y Liberbank, la entidad bancaria está empezando a mover ficha ofreciendo acuerdos económicos a los clientes afectados por 'phishing' a cambio de que renuncien a la vía judicial, a pesar de que la entidad ha mantenido durante meses que no tenía ningún responsabilidad al respecto.

Los más de 400 afectados en Cantabria, que estiman en torno a tres millones de euros la cantidad total sustraída, están comenzando a recibir ofertas por parte del banco con el reembolso del 50% de sus pérdidas a cambio de que no reclamen el resto en los tribunales.

Así se lo han trasladado a elDiario.es integrantes de la plataforma cántabra de afectados por el citado fraude, quienes desde junio llevan sufriendo un calvario para recuperar lo que les ha sido detraído que no parece tener solución a corto plazo, pese a sus reclamaciones, denuncias públicas e incluso reuniones con representantes políticos.

Y es que hasta el momento los afectados no están aceptando la oferta de Unicaja-Liberbank. “Yo no firmo ni el 80%”, asegura Alicia, una clienta a la que le sustrajeron 7.000 euros por este minucioso método de estafa que se basa en la suplantación de identidad vía SMS y llamada telefónica. “Yo no le regalo al banco 1.400 euros, prefiero ir a juicio y perderlo en costas que regalárselo al banco sin pelear”, subraya en conversación con este periódico.

Según señala esta víctima de 'phishing', que ejerce de portavoz de la plataforma, hay alguna excepción en la que la entidad ha ofrecido un mayor porcentaje al cliente: “Han ofrecido hasta un 80% a una pareja joven que cuenta con hipoteca”, afirma, e incluso del 100% en algún caso de Andalucía, pero asegura que la regla general está siendo el 50% a través de la firma de un 'acuerdo transaccional' que ha podido cotejar este periódico. “Quieren que nos conformemos con la mitad renunciando al resto”, sentencia Alicia.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Unicaja para recabar su versión. La entidad no ha desmentido que esté ofreciendo acuerdos económicos, pero se ha negado a realizar cualquier tipo de declaración al respecto argumentando que no las llevan a cabo en asuntos que tienen que ver con los clientes.

Al tiempo, ha insistido en que no hubo fallo de seguridad, pese a que durante el proceso de migración informática se produjeron caídas masivas de las herramientas online y de cajeros, causa a la que los afectados atribuyen que los estafadores tuvieran acceso a sus cuentas y movimientos bancarios, haciendo más creíble y facilitando la estafa.

Fumata blanca. Tras dos huelgas y sendas jornadas maratonianas de negociación, Unicaja ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos para formalizar un ERE que finalmente afectará a 1.513 trabajadores, según han informado los representantes de la plantilla tras la reunión de este viernes. El ajuste de plantilla es el cuarto que se produce en la gran banca en lo que va de año y se produce tras la absorción de Liberbank por parte de la entidad andaluza, acordada hace 12 meses pero formalizada en verano.

Los sindicatos han celebrado que se haga el proceso primando la voluntariedad, evitando despidos forzosos. Las condiciones acordadas son las que siguen. Para los mayores de 63 años, el banco ofrece 20 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades. Entre 54 y 62 años, Unicaja plantea el pago del 65% del salario bruto, con tope del 79% del salario neto. Además, un convenio especial de cotización con la Seguridad Social con descuento de la prestación y el subsidio por desempleo. Entre los 50 y los 53 años, el banco garantiza el 65% del salario bruto con un máximo de siete anualidades. Para los menores de 50 años, el grupo andaluz plantea 40 días por año trabajado con un límite de 36 anualidades, además de una indemnización adicional de 1.500 euros cada tres años y primas adicionales que van de los 6.000 a los 15.000 euros.

El preacuerdo ha sido avalado por el 75% de los sindicatos. Desde CCOO han explicado que valoran “positivamente” las condiciones puesto que “protege” a los menores de 50 años, colectivo al que, según señalan, se había centrado inicialmente el proceso. El acuerdo contempla también distintas indemnizaciones por movilidad de trabajadores.

El ERE de Unicaja se une de este modo a los otros que se han ido acordando a lo largo de este año. El más grande fue el de CaixaBank, tras absorber Bankia, que se saldó con 6.432 despidos. BBVA despidió a 2.935 trabajadores. Sabadell, ya en este otoño, acordó un ERE para 1.605 trabajadores. Anteriormente, en diciembre del año pasado, el banco catalán ya había incentivado 1.800 salidas, Santander había realizado un recorte de 3.572 trabajadores e Ibercaja despidió a 750 empleados. En total, 18.000 despidos anunciados desde diciembre del año pasado.

El Expediente de Regulación de Empleo anunciado en Unicaja Banco discurre por la senda del desencuentro entre la empresa y los trabajador. Este martes se ha retomado el diálogo, con el contrapunto por la tarde de la primera de las movilizaciones anunciadas por los sindicatos. Por la tarde, trabajadores y familiares se concentraron frente a la sede del banco, en la Avenida de Andalucía de Málaga. Según los sindicatos, acudieron unos 2000, muchos de ellos desde fuera de la provincia. A las siete y media de la tarde, los que venían de Córdoba tomaron el autobús de vuelta, ovacionados por sus compañeros. Es la primera protesta de un calendario in crescendo que contempla dos jornadas de huelga, el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, si antes no se alcanza un acuerdo que por ahora no se vislumbra. Sin embargo, los sindicatos admiten que la empresa se ha movido, al fin, de su posición inicial.

A medio camino del proceso de negociación formal del ERE (concluirá el próximo 4 de diciembre, un mes después de empezar), todavía ven lejos el acuerdo. “La situación ahora está peor que cuando empezamos”, resumía Alicia Domínguez, responsable de comunicación de CCOO en Unicaja, antes de la reunión de este martes. En la propuesta del martes hubo mejoras, pero Domínguez las calificó de “insignificantes”.

“La empresa, ante la presión de la movilización de esta tarde, por fin, se ha movido incluyendo a los que cumplen 56 años en 2021 en las salidas. También ha visto bien y admite el teletrabajo como medida de disminución de movilidad. Ha mejorado muy poco el resto de medidas”, comenta Rubén Miguel de Andrés, secretario general de UGT en la entidad.

Unicaja Banco plantea el despido de más de 1.500 de sus 8.500 trabajadores, consecuencia directa e inmediata de la fusión de la caja malagueña y Liberbank, cerrada el pasado verano. Tras la fusión, el banco se convirtió en el quinto de España por volumen de activos.

Más de 1.500 despidos, mayoritariamente de menores de 50 años

Unicaja mantiene la intención de ejecutar 1.513 despidos (354 en Andalucía) y aplicar la movilidad obligatoria a los que se queden (teóricamente para limitar el número de despidos), a lo que ha añadido una propuesta de homologación laboral y la aplicación de “jornadas singulares” para el 15% de la plantilla, replicando el modelo de Liberbank. Para los trabajadores procedentes de Unicaja, esto supondría perder los hasta ahora intocables horarios de ocho de la mañana a tres de la tarde. De tener efecto nulo en los costes, la “homologación” ha pasado a plantearse como una medida de ahorro para el banco. Los sindicatos creen que, tal y como está planteada, implicaría crear plantillas “de primera y de segunda”.

Con todo, el principal escollo está en cómo seleccionar a los trabajadores que abandonarán la entidad. Unicaja rechaza que la voluntariedad sea el criterio único y exclusivo para el ERE, como piden los sindicatos. De mantenerse la propuesta del banco, de los 1.513 despidos (508 de servicios comunes y 1.005 de la red comercial), 1.323 serían de menores de 50 años, que serían despedidos con una indemnización de 30 días por año trabajado con un tope de veinte mensualidades, según la última propuesta de la entidad. Tras la voluntariedad, el criterio del banco para elegir a los despedidos sería el del desempeño.

Los sindicatos proponen adscripciones pactadas y voluntarias al ERE, primando las de mayor edad, como se ha hecho en otras entidades, para favorecer las prejubilaciones. La petición de los sindicatos es extender esos incentivos a partir de los 50 años. “En ese grupo, pagando la Seguridad Social hasta su jubilación, habría más voluntarios”, vaticina Miguel de Andrés. De momento, Unicaja ha limitado la oferta de prejubilación a los que hayan cumplido 56 años el próximo 31 de diciembre.

El otro gran escollo es la propuesta de movilidad geográfica. Las reubicaciones se harían preferentemente en un radio de 25 kilómetros, pero sin compensación hasta los 75 kilómetros. A partir de ahí, podría llegar a los 12.000 euros por una reubicación a más de 300 kilómetros. “Una persona de León no se va a ir a Málaga. Menos aún, sin la seguridad de que dentro de dos años no se haga otro ERE”“, ejemplifica el sindicalista, que apunta a que se trata de un mecanismo encubierto para deshacerse de más personal.

Beneficios récord tras la fusión

Hace apenas dos semanas, coincidiendo con el arranque de las negociaciones del ERE, Unicaja comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una cifra de beneficios récord: 1.593 millones de euros hasta septiembre, doce veces más que en el mismo periodo del año pasado. Una parte sustancial es el impacto contable de la fusión. Pero excluyendo este, el banco ganó 156 millones, un 41% más en términos interanuales. Unicaja Banco prevé que las sinergias tras la fusión sumarán al menos 290 millones de euros en 2023, casi 100 millones por encima de lo previsto inicialmente.

“Solo pedimos que una parte lo dediquen a hacer este ajuste, no que nos vayamos con una mano delante y otra detrás. Lo que se pide en cualquier empresa con beneficios”, señala Miguel de Andrés, que critica que la propuesta es, por ahora, “la peor en todo el sistema financiero español. Peor que entidades quebradas”.

Los sindicatos denuncian desde el comienzo de las negociaciones la falta de información. Por ejemplo, todavía no se conoce cuáles serán las 395 oficinas que cierren, ni el criterio para elegirlas, o la propia duración del ERE. Unicaja prometió desvelar parte de la información el martes por la tarde. “Sin esta información imprescindible es temerario hacer propuestas”, dice CCOO, que se mantiene en sus términos de máximos.

Con el ERE, el banco aspira a mejorar aún más su rentabilidad en medio de un proceso de reestructuración organizativa (por la fusión) y de digitalización, que afecta desde hace años a todo el sector. La empresa no realiza declaraciones sobre el ERE, en el que está siendo asesorada por el despacho Sagardoy. Es el mismo bufete, especializado en derecho laboral, que ha asesorado en los ERE de BBVA, CaixaBank y, ahora, Sabadell. Las cuatro están inmersas en procesos de despido colectivo iniciados en 2021. 

Unicaja Banco y Liberbank han cerrado este viernes, 30 de julio, su fusión legal por absorción una vez se ha completado el proceso de inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil de Málaga, lo que da lugar a la quinta entidad financiera española por volumen de activos.

La entidad combinada ha informado, a través de un comunicado, que los clientes de Liberbank que pasan a ser clientes de Unicaja Banco no tendrán, durante el período transitorio hasta que se produzca la plena integración tecnológica y operativa, ningún impacto en su operatoria bancaria.

En concreto, Unicaja Banco se subroga, por sucesión universal, en todos los derechos y obligaciones de Liberbank, pasando a ocupar la misma posición que hasta ahora ocupaba Liberbank en sus relaciones contractuales con los clientes. Este cambio se produce con el mantenimiento de las condiciones de los contratos que Liberbank tenía concertados con sus clientes, tanto de créditos y préstamos como de ahorro e inversión.

Los hasta ahora clientes de Liberbank no tienen que realizar ningún trámite ni gestión. De momento, las cuentas corrientes y las libretas de ahorro no cambiarán de numeración, y no habrá ningún cambio en la domiciliación de recibos ni en las transferencias.

En cuanto a los medios de pago, los clientes procedentes de Liberbank podrán seguir operando con sus tarjetas emitidas, por el momento, sin cambios operativos, al tiempo que se amplía la red de cajeros propios, al sumar a la red que tenía Liberbank, de 1.250 cajeros, la red de Unicaja Banco, de tal forma que la entidad dispone de una red total de en torno a 2.700 cajeros propios.

Fusión aprobada en diciembre de 2020

Unicaja Banco ha destacado que la fusión ha culminado en el período estimado, cumpliendo el calendario previsto, tras obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, así como el apoyo mayoritario de los accionistas de ambas entidades al proyecto el pasado 31 de marzo. Además destaca que la operación recibió el visto bueno de sus respectivos consejos de administración el pasado 29 de diciembre.

Una vez formalizada la fusión con la escritura, otorgada el pasado día 26, y su inscripción registral correspondiente en el día de hoy, se ha procedido a efectuar los trámites administrativos para materializar el canje de fusión, de acciones de Liberbank, que han dejado de cotizar a partir de hoy viernes, por los nuevos títulos de Unicaja Banco emitidos en la ampliación de capital para atender el canje, que comenzarán a cotizar el próximo lunes día 2 de agosto.

A partir de ahora se inicia el período de integración operativa. La entidad resultante de la fusión, que mantiene la denominación Unicaja Banco y la sede social en Málaga, se configura con los objetivos de aportar valor a los accionistas y a otros colectivos de interés potenciando la rentabilidad, continuar la mejora de la oferta y la calidad del servicio a los clientes, y seguir apoyando la recuperación económica del país.

Nuevo consejo de administración

Unicaja Banco también ha informado de la composición del nuevo consejo de administración, que estará formado por 15 miembros: dos ejecutivos, siete dominicales y seis independientes. La entidad resultante tendrá como presidente ejecutivo a Manuel Azuaga, actual presidente de Unicaja Banco, y a Manuel Menéndez como consejero delegado, hasta la fecha, CEO en Liberbank.

El consejo de administración de la entidad combinada continúa cumpliendo con los estándares de gobierno corporativo en cuanto a presencia de consejeros independientes (40% del total de miembros) y de mujeres consejeras (un tercio del Consejo), siguiendo así las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV.

La entidad con sede en Málaga también ha informado de la renuncia de Vitorio Valle, Isabel Martín y de Agustín Molina como consejeros. Además, ha recordado la salida del ya antiguo consejero delegado de la entidad, Ángel Rodríguez de Gracia, siendo efectiva este pasado miércoles, 28 de julio.

Por otro lado, entran en el consejo Jorge Delclaux, María Luisa Garaña, Felipe Fernández, Manuel González, Manuel Menéndez, Ernesto Luis Tinajero y David Vaamonde.

Nueva cotización desde el 2 de agosto

Por su parte, Liberbank ha remitido notificaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentando la exclusión de negociación de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Las acciones de la entidad resultante comenzarán a cotizar en las Bolsas de Valores españolas el próximo 2 de agosto. Este viernes ha sido el último día en el que los títulos de Liberbank han cotizado.

La ecuación de canje acordada es la entrega de una acción de Unicaja Banco, de un euro de valor nominal cada una, por cada 2,7705 acciones de Liberbank, de 0,02 euros de valor nominal cada una, atendiéndose el canje con acciones de nueva emisión de Unicaja Banco.

Para la ejecución de la operación, Unicaja Banco aprobó en su Junta General del 31 de marzo una ampliación de capital, sin derecho de suscripción preferente por sus accionistas, en la cuantía necesaria para atender el citado canje de las acciones Liberbank, lo que ha supuesto un total de 1.075,07 millones de acciones de 1 euro de valor nominal cada una.

Tras la ampliación de capital llevada a cabo para la ejecución del canje, Unicaja Banco tiene un capital social de 2.654,83 millones de euros, dividido en acciones de 1 euro de valor nominal.

Referencia en seis comunidades autónomas

La fusión, que ha obtenido todas las autorizaciones regulatorias preceptivas, da como resultado la quinta mayor entidad bancaria española, con unos activos cercanos a los 113.000 millones de euros, más de 4,5 millones de clientes. Cuenta con un 4,7 por ciento de cuotas de mercado en depósitos, del 4,2 en créditos y del 3,3 por ciento en recursos fuera de balance.

Además, se mantendrá como entidad de referencia en seis comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias), con una amplia y diversificada presencia en el territorio nacional, con calidad y solidez de balance, y con unos de los niveles de solvencia más altos del sector, según ha destacado el propio banco. Asimismo, ha resaltado la capacidad para competir en otros mercados como Madrid, donde mantiene una tradicional presencia.

El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha señalado que “con la fusión hemos conformado la quinta entidad española por volumen de activos, siendo entidad de referencia en seis comunidades autónomas, con una situación de fortaleza financiera, y un mayor tamaño que permitirá afrontar mejor los desafíos a los que se enfrenta el sector, y continuar apoyando la recuperación económica del país, manteniendo la cercanía y vinculación al territorio como valores compartidos por las dos entidades y la senda de las buenas prácticas de gobierno corporativo”.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, ha destacado que “la operación aportará valor para accionistas, clientes y empleados, mejorando los niveles de eficiencia y rentabilidad, y permitirá reforzar la posición de mercado en banca minorista, con un balance robusto y de calidad, y, asimismo, seguir respaldando a las familias y empresas en la satisfacción de sus necesidades financieras”.

Unicaja Banco y Liberbank destinarán el 70% de los costes de reestructuración estimados para acometer la fusión en solventar el exceso de capacidad que quedará tras la integración, es decir, unos 378 millones de euros. El exceso de capacidad es el eufemismo utilizado por los directivos de las entidades para describir los despidos y el cierre de sucursales.

Así lo ha indicado el presidente de Unicaja Banco y del grupo resultante de la fusión con Liberbank, Manuel Azuaga, durante la presentación al mercado que ha tenido lugar este miércoles para dar las claves sobre la operación de integración entre ambas entidades aprobada por sus consejos ayer.

Del total de los costes de reestructuración, que alcanzarán los 540 millones de euros totalmente cargados en 2021 contra el 'badwill', Azuaga ha confirmado que cerca del 70% corresponderá a ajustes de capacidad, en torno al 25% al deterioro de activos intangibles sin impacto en la ratio regulatoria de capital, y el 5% restante a la integración tecnológica.

De este modo, unos 378 millones de euros irán destinados a acometer los ajustes en plantilla y red de oficinas, unos 135 millones de euros corresponderán al deterioro de activos intangibles y se utilizarán unos 27 millones de euros para llevar a cabo la migración tecnológica de las plataformas.

Una vez la operación de fusión se complete, el 'nuevo Unicaja' contará con una red formada por más de 1.500 sucursales y una plantilla que superará los 9.800 empleados, según datos correspondientes a septiembre de 2020.

En relación a las sinergias, Azuaga y el consejero delegado de Liberbank y próximo gestor de la entidad combinada, Manuel Menéndez, han explicado que el 90% de los ahorros vendrá de unos menores gastos, mientras que el 10% restante derivará de menores amortizaciones.

Está previsto que la entidad combinada cuente con ahorros recurrentes de costes de aproximadamente 192 millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), lo que permitirá mejorar “significativamente” la ratio de eficiencia en once puntos porcentuales. Asimismo, la generación de sinergias permitirá incrementar el beneficio por acción de ambas entidades en aproximadamente un 50% respecto a las estimaciones del mercado para 2023.

La nueva entidad, que mantendrá la denominación Unicaja Banco y su sede social en Málaga, tendrá de presidente ejecutivo a Manuel Azuaga, actual presidente ejecutivo de Unicaja Banco, y de consejero delegado, a Manuel Menéndez, actual consejero delegado de Liberbank. Atendiendo al canje establecido, los accionistas de Unicaja Banco contarán con el 59,5% del capital de la nueva entidad, y los de Liberbank, el 40,5%.

La operación está sujeta a la aprobación por parte de las juntas generales de accionistas de ambas entidades, cuya celebración estaría prevista para el primer trimestre de 2021, así como de las autorizaciones regulatorias preceptivas, lo cual se espera que suceda a finales del segundo trimestre o principios del tercero de 2021.

La entidad combinada superará los 109.000 millones de euros en activos totales, un volumen que la convertirá en el quinto banco de mayor tamaño por activos del mercado nacional.

El nuevo grupo refuerza su posición en banca minorista en España, con más de 4,5 millones de clientes y cuotas de mercado sustanciales de todos los productos clave: depósitos (4,7%), créditos (4,2%) y recursos fuera de balance (3,3%).

La entidad combinada estará presente en el 80% del territorio nacional, manteniendo su condición como entidad de referencia en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias y con capacidad para competir en otros mercados como Madrid, donde las entidades mantienen una tradicional presencia.

200 millones para rupturas de alianzas con aseguradoras

Unicaja Banco y Liberbank se han anotado una provisión por deterioro de crédito adicional de 200 millones de euros con la que está previsto hacer frente a los costes derivados de la potencial ruptura de acuerdos con terceros, como las alianzas en banca seguros.

En cualquier caso, Azuaga ha subrayado que los 200 millones de euros son una estimación “conservadora” y espera no tener que alcanzar esta magnitud. Solo en el negocio de bancaseguros, Unicaja Banco mantiene una alianza con Santalucía y Liberbank con Aegon y Mapfre.

Como en cualquier fusión bancaria, el presidente de Unicaja Banco ha reconocido que existe solapamiento en los acuerdos existentes. “Buscaremos el mejor resultado financiero y comercial. Afrontaremos el proceso de manera que genere el mayor retorno para el grupo”, ha dicho.

Los consejos de administración de Unicaja Banco y Liberbank ha dado 'luz verde' a su proyecto común de fusión, según han confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo ha llegado en la tarde de este martes, después de semanas en la fase final de un proceso cuyos contactos preliminares fueron confirmados a principios del pasado mes de octubre. Se ha acordado una ecuación de canje de 1 acción de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones de Liberbank y el canje se atenderá con acciones de nueva emisión de Unicaja Banco.

En esta ocasión, se ha retrasado la unión por el desacuerdo en el reparto de poderes, un elemento condicionado además por las exigencias del Banco Central Europeo (BCE), organismo que pretende evitar que los presidentes de las entidades financieras tengan funciones ejecutivas.

El BCE habría otorgado un periodo transitorio de dos años para que Manuel Azuaga (Unicaja Banco) asuma la presidencia ejecutiva del futuro nuevo banco y que Manuel Menéndez (Liberbank) ocupe el cargo de consejero delegado. En ese momento, Azuaga se jubilará al alcanzar la edad de los 75 años y los puestos serán reevaluados.

Tras contar con el visto bueno de los consejos, la operación será sometida al voto de los accionistas de ambas entidades, previsiblemente en el primer trimestre de 2021.

Una vez cuente también con la opinión favorable de los distintos reguladores y las autoridades de competencia, la fusión dará lugar a la quinta mayor entidad por volumen de activos en España (ya materializada la fusión entre CaixaBank y Bankia), al sumar 108.826 millones de euros.

La entidad combinada tendría una plantilla de 9.972 empleados (6.274 de Unicaja Banco y 3.698 de Liberbank) y una red de 1.608 oficinas (1.029 de Unicaja y 579 de Liberbank), aunque se deberá definir el ajuste a llevar a cabo para aprovechar las sinergias.

Unicaja Banco y Liberbank han convocado a sus consejos de administración en reunión extraordinaria en la tarde de este martes 29 de diciembre con el objetivo de dar el visto bueno definitivo a la operación de consolidación, según fuentes financieras consultadas por Europa Press. Ambos bancos rechazaron hacer comentarios.

Las entidades se encontraban desde hace semanas en la fase final de un proceso cuyos contactos preliminares fueron confirmados a principios del pasado mes de octubre tras el anuncio de la unión entre CaixaBank y Bankia para crear el banco más grande de España.

Desde entonces, se han ido produciendo sucesivas reuniones con el fin de acercar posturas, sobre todo respecto a algunos flecos de la fusión respecto a los que había cierto bloqueo, fundamentalmente relacionados con el gobierno corporativo.

Esta vez la ecuación de canje no ha sido un escollo como en el primer intento de fusión que llevó al traste a la operación en mayo de 2019. Finalmente, el reparto quedará en torno al 59,5% para los accionistas de Unicaja Banco y el 40,5% para los de Liberbank.

En cambio, el desacuerdo en el reparto de poderes ha ido retrasando el paso definitivo, un elemento condicionado además por las exigencias del Banco Central Europeo (BCE), organismo que pretende evitar que los presidentes de las entidades financieras tengan funciones ejecutivas.

El BCE habría otorgado un periodo transitorio de dos años para que Manuel Azuaga (Unicaja Banco) asuma la presidencia ejecutiva del futuro nuevo banco y que Manuel Menéndez (Liberbank) ocupe el cargo de consejero delegado. En ese momento, Azuaga se jubilará al alcanzar la edad de los 75 años y los puestos serán reevaluados.

Cuando finalice el periodo transitorio, Unicaja Banco deberá proponer a un nuevo presidente no ejecutivo y, en su caso, Menéndez asumiría funciones ejecutivas en su cargo de CEO.

Presión para cerrar el acuerdo en 2020

Desde un principio, la idea de ambos grupos era que sus consejos pudieran cerrar la operación este 2020, ya que, en caso contrario, tendrían que empezar de nuevo el proceso de intercambio de información y de acceso a sus respectos libros.

La fase de 'due diligence' (auditoría legal) utiliza como referencia las últimas cuentas cerradas, en este caso las correspondientes al primer semestre de 2020.

Si el acuerdo no llegaba antes de que terminara este mes, en el que las festividades apenas dejaban días hábiles, tendrían que reiniciar de nuevo el análisis para utilizar las del último periodo cerrado en diciembre, según las mismas fuentes financieras.

Los encargados de elaborar la 'due diligence' han sido PwC y Deloitte, mientras que los asesores elegidos han sido Uría Menéndez y Mediobanca, del lado de Unicaja Banco, y Ramón y Cajal y Deloitte por parte de Liberbank.

Una vez se obtenga el visto bueno de los consejos, y a falta del voto favorable de los accionistas y de los distintos reguladores y autoridades de competencia, la operación dará lugar a la quinta mayor entidad por volumen de activos en España (ya materializada la fusión entre CaixaBank y Bankia), al sumar 108.826 millones de euros (63.002 millones de Unicaja Banco y 45.824 millones de Liberbank, según datos de junio de 2020).

La entidad combinada tendría una plantilla de 9.972 empleados (6.274 de Unicaja Banco y 3.698 de Liberbank) y una red de 1.608 oficinas (1.029 de Unicaja y 579 de Liberbank).

Unicaja y Liberbank llevan ya unos días estudiando, con sus respectivos asesores, las cuentas de las entidades para poder llegar a un acuerdo y formalizar una fusión que convertiría al banco en la quinta entidad del país. Liberbank llega a la negociación con un pasado reciente marcado por la conflictividad laboral que se ha traducido con tres sentencias de la Audiencia Nacional, dos de ellas ya en firme en el Supremo, contra recortes laborales y salariales en los últimos años. La sentencia más reciente se ha hecho pública hace unos días, tumba la bajada salarial impuesta para este ejercicio y los dos siguientes de manera unilateral tras no llegar a un acuerdo con los sindicatos.

El auto declara nula esta bajada salarial, de entre el 5% y el 8,75%, con la que la empresa quería recortar sus costes laborales aludiendo a una complicada situación financiera. La Audiencia Nacional advierte que la compañía no entregó para la negociación suficiente información que sustentase que existía esa urgencia económica que precisase de los recortes salariales, además de la movilidad de empleados. “La empresa no ha entregado la memoria explicativa de las causas que está llamada a proporcionar una información trascendente para conocer a los testigos que han aconsejado al empresario adoptar tan importantes recortes salariales y beneficios sociales”, apunta la sentencia dictada el 24 de septiembre.

“La no aportación de la documentación solicitada por la parte social durante el periodo de consultas constituye un relevante incumplimiento empresarial, de tal gravedad, que determina la nulidad de las medidas acordadas unilateralmente por la empresa tras la formalización del periodo de consultas”, añade el escrito. Además, se pone de relevancia que poco tiempo después de ejecutar estas medidas, anunció a la CNMV en sus cuentas del ejercicio 2019 que “ha demostrado ser uno de los bancos españoles con mayor crecimiento del crédito y los depósitos. El margen de intereses ha alcanzado un crecimiento del 3,2%, y el margen de explotación ha aumentado el 4%”. Es decir, aportó al mercado unos resultados positivos que contrastaban con los que se habían expuesto a la mesa de negociación con los sindicatos. Además, los representantes de los trabajadores criticaron que poco después se abonase un dividendo a los accionistas por una cantidad similar al ahorro que suponía el recorte salarial. La empresa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia.

Pero esta última sentencia no es el único caso en el que la justicia ha tumbado un recorte laboral por parte de la compañía. En 2015 el Supremo confirmaba una sentencia previa de la Audiencia Nacional tumbando un plan de ajuste ejecutado en 2013 por la empresa tras un acuerdo con CCOO y UGT que no incluía al resto de sindicatos. En 2016 el Tribunal Supremo también confirmó otra sentencia contra otro plan anunciado un año antes por la compañía unilateralmente para sacar a 615 empleados. Pese a ser anulado, salieron más de 345 trabajadores. Son ya tres veces en las que la Audiencia Nacional ha echado abajo decisiones laborales de la compañía, en un sector que ha protagonizado en los últimos años numerosos ERE que han concluido generalmente con acuerdos entre empresa y sindicatos.

“Liberbank es el banco más judicializado de España, tanto por sus clientes como por sus empleados”, señala Marco Antuña, secretario general de Corriente Sindical de Izquierda, el sindicato asturiano mayoritario en Liberbank en las oficinas de El Principado, donde nació la entidad como heredera de Cajastur. “Este banco es una anomalía negativa en un sector que no destaca precisamente por su ética”, apunta Antuña, trabajador desde hace 30 años en el grupo y muy crítico con el equipo gestor de Liberbank, encabezado por su consejero delegado, Manuel Menéndez. Este medio se ha puesto en contacto con el banco, que no ha querido valorar la situación de conflictividad laboral de estos años y las posibles repercusiones que pueda tener en la negociación con Unicaja.

Esta confrontación ha repercutido de manera clara entre los trabajadores de Liberbank. Rafael García, secretario general de CCOO, sindicato mayoritario en el banco a nivel nacional, asegura que “la plantilla está agotada” y señala que hay una dirección “muy autoritaria”, que ejerce “muchas presiones desorbitadas” o pone “dificultades con la igualdad”. Además, apunta que a día de hoy hay trabajadores que no han cobrado las cantidades de su salario no abonadas por el recorte impuesto por la compañía en 2013 y tumbado por la justicia. A esto se suma, denuncia García, que los trabajadores están recibiendo presiones para elevar los objetivos de ventas de algunos productos y mejorar las cifras de cara a la negociación con Unicaja.

José María Gámiz, secretario general de UGT en Liberbank, va un paso más allá sobre la política laboral del grupo y señala al “modelo Sagardoy”, el bufete de abogados que representa habitualmente a Liberbank en estos conflictos, así como a otras empresas como Deliveroo, Coca-Cola Iberian Partners o al Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012. “No podemos tener un modelo de ERE o de ERTE prolongado durante el tiempo”, señala, apuntando que entre unos y otros recortes, “los trabajadores no cobran desde 2013 una nómina completa”.

Con este contexto de fondo, los sindicatos no ven con malos ojos que puedan fusionarse Liberbank y Unicaja. Al contrario. “La plantilla casi está deseando que venga otra entidad y que haya una nueva dirección”, apunta el líder de CCOO en el banco asturiano. Es una idea en la que coinciden también los otros representantes sindicales. “A estas alturas la plantilla quieren más a Unicaja”, apunta Antuña, de CSI. Entienden estos sindicatos que la entrada de otro equipo gestor puede suponer que se acabe con la “anomalía” de Liberbank en cuanto a la relación entre empresa y los representantes de los trabajadores.

Tal es la distancia que se vive actualmente en el interior de la entidad respecto a la gestión laboral que preguntados por si inquieta que se puedan producir despidos con motivo de la fusión, que García, de CCOO, apunta que la plantilla “ha vivido tanto que eso es lo que menos importa ahora”. “Hay mucho cansancio por el esfuerzo que se ha hecho y existe la esperanza de que haya un modelo de trabajo más afable con la plantilla, que esté más por el diálogo”, añade Gámiz de la UGT.

Un posible impacto en la negociación con Unicaja

La negociación entre Unicaja y Liberbank se encuentra actualmente en un punto conocido como due diligence donde cada entidad chequea a fondo las cuentas de la otra con el fin de derivar en el futuro canje de acciones que debería producirse en el acuerdo, es decir, qué porcentaje de la nueva entidad le corresponde a cada uno. En este proceso se analiza desde los resultados a los posibles deterioros o plusvalías que pueda tener cada banco. Y también será un factor a tener en cuenta la litigiosidad que tiene cada banco. Por ello, el conflicto abierto en el seno de Liberbank puede ser uno de los temas a tratar durante el proceso. No en vano, si el Supremo confirma la sentencia contra el recorte salarial de este año, podría verse obligado a afrontar el pago de estos salarios y los intereses de demora que se generen.

García, de CCOO, apunta que estas cantidades son 17 millones de euros al año, más los intereses que se puedan generar en caso de que se demore esta sentencia. “Han presentado el recurso para demorar el pago porque hay pocas posibilidades de que el Supremo pueda anular esta sentencia”, señala. “De esta forma, los datos en la negociación de la fusión son mejores”, advierte. Si en esta ocasión la negociación entre Unicaja y Liberbank llega a buen puerto –en 2018 fracasaron–, podría ser la nueva entidad la que tenga que asumir este coste.

Los sindicatos confían en que esta situación laboral se tenga en cuenta por parte del futurible socio de Liberbank. “En Unicaja seguro que esto lo saben y lo tendrán en cuenta”, apunta Marco Antuña. En esta línea, el líder de la UGT en Liberbank señala que el objetivo “no es frustrar la operación, sino que se contemple” esta situación que viven los trabajadores de Liberbank. Preguntado por si va a tener en cuenta estas circunstancias, la entidad andaluza ha optado por no valorar las negociaciones abiertas con Liberbank.

En una fusión bancaria, como se ha visto en los últimos años, uno de los objetivos empresariales es el ahorro de costes, que suele afectar al personal y a las oficinas. Sin embargo, en este caso, los sindicatos ven con tranquilidad el proceso. Primero, por la situación que arrastran estos años atrás de enfrentamientos con la cúpula del banco. Segundo, porque entienden que es una unión en la que no existen grandes solapamientos en las redes salvo en alguna provincia. “Es una fusión aceptable, veo a dos bancos complementarios y viables”, señala Gámiz, de la UGT. “Con Unicaja es donde menos duplicidades existe”, incide Rafael García, de CCOO.

Hace apenas unas semanas se conocía una gran fusión en la banca española: CaixaBank y Bankia creaban el mayor banco en España. Ahora ya está sobre la mesa la segunda unión desde la vuelta de verano con la posible unión de Unicaja y Liberbank. Los consejos de administración de ambas entidades han dado vía libre esta semana a las negociaciones para una fusión. Aunque de menor tamaño que la primera, esta operación es la demostración de que existe una nueva ola de fusiones que se está produciendo en el sector financiero español.

La unión de estos dos grupos supone crear la quinta mayor entidad del país, teniendo en cuenta el volumen de activos que ambas suman. Concentrarían, según las cuentas del primer semestre de estos grupos, unos 108.000 millones de euros en activos, situándose por encima de rivales como Bankinter y solo por detrás de los cuatro grandes CaixaBank, BBVA, Santander y Sabadell. Quedaría, sin embargo, lejos de la cabeza del sector, puesto que supondría menos de una quinta parte del grupo catalán una vez se culmine la absorción de Bankia. Su nivel se situaría todavía fuera de las 50 mayores entidades financieras de Europa, según los datos de S&P.

Tanto Unicaja como Liberbank son herederas de las antiguas cajas de ahorros regionales. La primera nació como entidad financiera surgida de la caja malagueña, a la que posteriormente se le unió Banco Ceiss (Caja España-Duero), primero como filial en 2014 y posteriormente absorbida completamente en 2018. Por su parte, Liberbank, al igual que ocurría con Bankia, nació de un SIP. Este sistema suponía, en la práctica, fusionar los negocios bancarios de antiguas cajas de ahorros. En el caso de Liberbank, inicialmente nombrada Effibank, aglutinó a la asturiana Cajastur, a Caja Extremadura y a Caja Cantabria. Como detalle, es heredera de Caja Castilla-La Mancha, la primera entidad rescatada en España tras la crisis de 2008, ya que fue adquirida por Cajastur.

Tanto Liberbank como Unicaja son los únicos dos bancos cotizados que no están en el Ibex 35. La primera debutó en el parqué en 2013 y la segunda lo hizo en 2017, siendo la salida a Bolsa más reciente en el sector. Ambos grupos suman 1.900 millones de euros de cotización, tras los fuertes incrementos que han tenido durante la pasada semana después de conocerse que retomaban las negociaciones tras haber fracasado en 2019 en el anterior intento de fusión. Unicaja supone en torno al 60% de esa valoración y Liberbank un 40%, si bien esto no tiene por qué traducirse en el reparto final de la operación. Por ahora las partes, según fueron consultadas por este medio, no avanzan detalles sobre las nuevas negociaciones.

No es la primera vez que ambas entidades tantean su fusión. Ya a finales de 2018 se iniciaron unas negociaciones que se acabaron dando por rotas en la primavera de 2019, hace apenas año y medio. Sin embargo, la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto al canje de las acciones truncó las negociaciones. Se apuntó entonces a un posible reparto de la nueva entidad de un 60% para Unicaja y un 40% Liberbank, pero el detalle final de esta ecuación fue la que hizo descarrilar la creación de un grupo conjunto. Así lo confirmaron ambas entidades en sus respectivas comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en mayo del año pasado.

Sin embargo, en año y medio la situación ha cambiado y el contexto del sector es bien distinto. La crisis del coronavirus ha complicado la rentabilidad de los bancos y sus perspectivas futuras, puesto que se espera que lleguen más lejos los tipos de interés negativos que lastran al negocio bancario. El BCE está presionando a los bancos de menor tamaño para que se unan y generen grupos más grandes y rentables que puedan reducir costes a base de sinergias. Además, el anuncio de CaixaBank y Bankia ha acelerado los movimientos en el sector bancario y ha sido señalado como el comienzo de una nueva ola de fusiones.

Las cifras de la futura entidad

En la actualidad, si se uniesen ambas entidades, nacería un banco con cerca de 10.000 trabajadores (6.300 Unicaja y unos 3.700 Liberbank) y 1.600 sucursales repartidas por toda España. Respecto a la expansión territorial que tienen ambos grupos, Unicaja está especialmente presente en Andalucía y en Castilla y León. En menor medida también cuenta con un número importante de sucursales en Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid. En el caso de la entidad asturiana, su principal presencia es en el Principado, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. Debido a la fuerte implantación en algunos territorios de las antiguas cajas sumarían, a expensas de ajustes tras el acuerdo, la mayor red de oficinas en una quincena de provincias, como Albacete, Almería, Asturias, Cáceres, Ciudad Real, Málaga o Valladolid. Al contrario de lo que ocurre con CaixaBank y Bankia, con bastantes solapamientos, entre estos dos grupos hay menor coincidencia territorial. Por ejemplo, en Madrid, apenas suman 100 sucursales.

Acudiendo a otras cifras de negocio del grupo que pudiera surgir tras esta operación tendría 72.000 millones de euros de depósitos de clientes. En lo que se refiere a los créditos, la cartera hipotecaria de Unicaja y Liberbank supera los 28.000 millones de euros. El conjunto del negocio crediticio suma algo más de 53.000 millones de euros, a los que habría que añadir 4.600 millones de euros en activos no productivos (conocidos como NPA, con activos inmobiliarios recibidos tras impagos y créditos de dudoso cobro). Además, ambos grupos tienen bajo gestión 7.200 millones de euros en fondos de inversión y otros 1.200 millones en fondos de pensiones, líneas de negocio en los que la entidad resultante tienen un tamaño bastante menor respecto a su competencia nivel nacional.

La última palabra de la eventual fusión, si las negociaciones llegaran a buen puerto y los consejos de administración la aprobasen, sería de los accionistas. Por parte de Unicaja, su principal accionista es la Fundación Bancaria Unicaja, que ostenta el 49,7% del banco y, presumiblemente, sería el primer accionista del nuevo grupo. Pese a decidir la salida a Bolsa del grupo, la fundación apostó por mantenerse como el accionista de control de la compañía. Otros accionistas destacados en el banco andaluz son el empresario y promotor de centros comerciales Tomás olivo, que tiene algo más del 5%, los propietarios de Mayoral, a través de Indumenta Pueri, con otro 5%, y la gestora de fondos del Santander, con otro 5%. 

En el caso de Liberbank, el primer accionista es la Fundación Bancaria Caja Asturias, que mantiene el 24% del grupo y presumiblemente sería el segundo propietario en la entidad si se fusiona con Unicaja y a falta de conocer el canje de acciones. El segundo accionista de la entidad asturiana es el fondo Oceanwood, que acumula el 18%, según figura en los registros de la CNMV. El empresario mexicano Ernesto Tinajero es el tercer accionista, con el 7,1%, y el asturiano Fernando Masaveu, también accionista de Bankinter, cuenta con el 5,7% de la entidad. En el accionariado también están las fundaciones de las antiguas cajas de Cantabria y Extremadura. 

Un tema que quedará por resolver durante la negociación, además del canje de acciones entre ambos grupos, será la ubicación de la sede o el reparto que se haga de los cargos ejecutivos y de alta dirección. Liberbank está dirigida por Manuel Menéndez, histórico banquero asturiano que dirigió Cajastur ya desde los años noventa. Él es actualmente el consejero delegado y el cargo de presidente ejecutivo lo ostenta Pedro Rivero. Unicaja, por su parte, tiene como presidente ejecutivo a Manuel Azuaga, un directivo con larga trayectoria en la entidad salvo un inciso de cuatro años en los que fue presidente de la empresa pública Aena, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El consejero delegado es Ángel Rodríguez, nombrado poco después de que fracasara la anterior negociación entre estos dos bancos.

Los consejos de administración de Unicaja Banco y Liberbank han decidido iniciar formalmente las conversaciones para negociar una eventual fusión, tras haberse reunido en la tarde de este miércoles los respectivos órganos de gobierno. Después de que el lunes ambos bancos confirmaran contactos “preliminares” de cara a una posible fusión, sin que, por el momento, se hubiese adoptado ninguna decisión al respecto, los consejos de administración de Unicaja y Liberbank se han vuelto a reunir y han decidido dar paso al inicio de la negociación formal.

Para ello, han dado mandato a los asesores externos para iniciar la fase de 'due diligence' (auditoría legal), en la que se intercambiarán información y tendrán acceso a sus respectos libros.

Una vez que finalice la 'due diligence', con todos los números sobre la mesa, los consejos deberán decidir si dan su visto bueno a una operación que daría lugar a la quinta mayor entidad por volumen de activos en España (ya materializada la fusión entre CaixaBank y Bankia), al sumar 108.826 millones de euros (63.002 millones de Unicaja y 45.824 millones de Liberbank, según datos de junio de 2020).

La entidad combinada tendría una plantilla de 9.972 empleados (6.274 de Unicaja y 3.698 de Liberbank) y una red de 1.608 oficinas (1.029 de Unicaja y 579 de Liberbank).

UGT defenderá el “respeto a las condiciones laborales de los trabajadores con modificaciones pactadas y voluntarias y el mantenimiento de las plantillas en Castilla-La Mancha” ante la posible fusión de Unicaja y Liberbank después de que ambas entidades admitieran que están llevando a cabo nuevos “contactos preliminares”.

El responsable del sector Financiero de FeSMC UGT CLM, Jacinto Navarro, señala que las excajas llevan año y medio negociando con una situación financiera que no ha variado prácticamente en ese tiempo, por lo que augura que el cierre de la operación podría efectuarse en el corto plazo.

Podría afectar sobre todo a la provincia de Ciudad Real

En Castilla-La Mancha, con cerca de 800 trabajadores en Liberbank y más de 250 en Unicaja, esta fusión podría afectar sobre todo a la provincia de Ciudad Real, donde Unicaja dispone de más sucursales (con 230 trabajadores) y tiene un volumen de negocio importante. “En Castilla-La Mancha tenemos una situación favorable sin duplicidades salvo en Ciudad Real y donde se produzcan defenderemos mantener el empleo. Algunas oficinas podrían verse cerradas, pero se podrían mantener otras con la suma de los trabajadores de las afectadas”, detalla Navarro.

Según el sindicato, la COVID-19 “ha venido a acelerar el proceso de concentración bancaria que ya estaba en marcha en España y que con la crisis tras la pandemia fomentará la creación de entidades grandes que permitan soportar las bajadas de rentabilidad y el aumento de la morosidad”.

Navarro critica que la representación legal de los trabajadores aún no haya recibido información de las direcciones sobre el impacto de esta operación en los puestos de trabajo, aunque prevé que probablemente dejen este ámbito para negociar más adelante como han hecho Bankia y La Caixa en su reciente fusión. “Estas negociaciones van a ser el espejo en el que nos tendremos que fijar si finalmente se fusionan Liberbank y Unicaja”, afirma.

No obstante, UGT considera que este proceso busca aumentar la rentabilidad y reducir costes en personal, por lo que defenderá firmemente el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores de las dos entidades y pactos consensuados para que ninguna medida sea impuesta por las direcciones.

“Rechazamos nuevas imposiciones o medidas traumáticas en cualquiera de las dos plantillas, en Liberbank llevamos desde 2013 un proceso en los tribunales contra los directivos por medidas unilaterales y de la misma manera vamos a coordinarnos con la sección sindical de Unicaja para pactar condiciones laborales siempre a mejor”, declara Navarro.

Más de un centenar de familias de Cantabria en situación de riesgo podrán respirar tranquilas por sus hogares este año. Y es que el Gobierno autonómico ha pactado con Liberbank que la entidad bancaria renueve los alquileres sociales que caducaban en 2020, como una medida para garantizar que estas personas puedan mantener unos contratos cuya continuidad veían amenazada.

Así pues, la Consejería de Vivienda que dirige Ana Belén Álvarez (PSOE) ha obtenido el compromiso de este banco de prolongar todos los alquileres, salvo aquellos que “tengan deuda o una renta muy por debajo de mercado”. En el primer caso, Liberbank renovaría el contrato si el inquilino se pone al día o si propone un plan de pago a la empresa. En el segundo, si la renta está muy por debajo de mercado se renovaría con una actualización.

Se trata de una reivindicación de las plataformas antidesahucios, las cuales venían alertando del riesgo de lanzamiento hipotecario al que se podían enfrentar alrededor de 300 familias cántabras en riesgo de exclusión social. Y es que los alquileres sociales que firmaron con Liberbank cuatro o cinco años atrás vencían este 2020 por lo que la preocupación de los colectivos por la situación de estas personas era máxima.

Ante este escenario, el Ejecutivo cántabro planteó a la entidad bancaria la posibilidad de renovar los contratos de las personas que estuvieran al corriente de pago para que pudieran así continuar en sus viviendas. Se trató de una petición expresa del vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), a la gerente de Liberbank durante la reunión en la que ambas partes acordaron la cesión de 50 viviendas de este banco al parque público de alquiler social, sobre la que ha obtenido una respuesta satisfactoria.

Viviendas sociales

Respecto al medio centenar de viviendas sociales que ha incorporado la Administración por un periodo de cinco años prorrogables, la Dirección General de Vivienda y Gesvican están llevando a cabo un proceso de supervisión y acondicionamiento una a una para ponerlas en condiciones óptimas a disposición de las personas en situación de riesgo.

Estas actuaciones se enmarcan en plena elaboración de la Ley de Vivienda de Cantabria, otra de las principales reivindicaciones de los grupos antidesahucios, que se encuentra a punto de comenzar el proceso participativo que servirá para recabar propuestas de agentes sociales, plataformas, arquitectos, aparejadores, entidades financieras y representantes del sector inmobiliario.

El banco Liberbank cambió el pasado mes de enero la contrata de la limpieza de todas sus sedes y oficinas en España y se la adjudicó al Grupo Net, que recortó de inmediato las “minúsculas jornadas, salarios y cotizaciones” de buena parte de la plantilla que presta este servicio. Así lo detalla CCOO, explicando que las trabajadoras de la limpieza se han encontrado en enero con nóminas mensuales de 24 euros, la mitad de los 48 euros que cobraron en diciembre. 

Según explica ahora la contrata y precisa el sindicato, esta modificación sustancial de las condiciones laborales, “impuesta unilateralmente” por el Grupo Net, responde al requerimiento del banco, que ha pedido a esta empresa la reducción de los servicios de limpieza “con el objeto de contribuir a la futura viabilidad de la entidad”.

“Si la viabilidad de Liberbank depende del sacrificio de las trabajadoras de la contrata de la limpieza, ya pueden dormir tranquilos los directivos y accionistas del banco”, señala Alejandro Jiménez, secretario de Organización de CCOO-Construcción y Servicios de Castilla-La Mancha. 

Jornadas de 20 minutos al día

La entidad financiera tiene alrededor de 600 oficinas repartidas por unas 30 provincias de España. La inmensa mayoría de las personas que las limpian (casi todas mujeres) tienen contratos a tiempo parcial y gran parte de ellas con jornadas muy reducidas, de 20 minutos al día por uno, tres o cinco días por semana.

En Castilla-La Mancha son en total unas 190 personas y en el conjunto del país, algo más de medio millar. “A una gran parte de ellas, el Grupo Net les ha recortado la jornada a la mitad. Lo hizo, además, sin atenerse a norma ni trámite alguno; sin el preceptivo periodo de consultas y avisando a las afectadas vía WhatsApp. Algunas, que no tienen teléfono, se enteraron un mes después, al recibir la nómina de enero reducida a la mitad”. 

Esto, sumado a la dispersión del colectivo y a la carencia en muchos casos de representantes sindicales, ha permitido al Grupo Net consolidar su recorte en buena parte de las provincias afectadas, puesto que “antes de que sindicato alguno tuviera constancia de lo que estaba pasando, ya habían vencido los plazos legales para recurrirlo y obligar a la empresa a someter la medida a consulta y negociación, como marca la Ley”. 

Demandas de conflicto colectivo

En algunas provincias, como Toledo, Albacete, Ciudad Real o Cantabria, CCOO llegó a tiempo para presentar demanda de conflicto colectivo contra el Grupo Net, instando a esta contrata a reponer a las plantillas las condiciones contractuales y laborales anteriores al 7 de enero. En contestación a las demandas, la empresa ha respondido literalmente lo siguiente:

“Que con motivo de la firma del nuevo contrato de Limpieza, Liberbank requiere la reducción de los servicios de limpieza contratados con la empresa de limpieza anterior, Acciona, pues, como ya sabrá, se encuentran inmersos en un plan de ajuste y racionalización de sus gastos, con el objeto de contribuir a la futura viabilidad de la entidad, lo cual, a la larga, será beneficioso para todos.” 

El sindicato calcula que sumando todos los recortes impuestos a las trabajadoras de la limpieza de sus sedes y oficinas de toda España, Liberbank puede ahorrarse unos 25.000 euros anuales. “Así que ya pueden los accionistas del banco dormir tranquilos, que está absolutamente garantizada ‘la futura viabilidad de la entidad’”, ironiza.

El año llega a su final y si una palabra se ha repetido en el sector financiero durante todo el curso ha sido la de ERE. El 2019 ha dejado tras de sí más de 5.000 salidas sumando las realizadas por el Banco Santander, CaixaBank, y otras entidades menores. Se suman a más de una década de despidos continuados en el sector desde que estallara la crisis financiera. Y en el sector se asume que en 2020 seguirán los ajustes.

Así lo apuntan los sindicatos que, aunque aseguran que no hay todavía nada concreto, reconocen la “incertidumbre” sobre el futuro del empleo en el sector, como plantea Luis José Rodríguez, presidente de FINE. No se esperan grandes movimientos puesto que esta pasada década ya ha supuesto un gran adelgazamiento de las plantillas de los bancos, pero se asumen nuevas salidas provocadas por las estrategias de cierres de oficinas, de eficiencia de costes y las posibles fusiones.

Entre 2008 y 2018 -a falta de los datos de cierre de 2019- los bancos españoles han recortado en un 35% sus plantillas, lo que ha supuesto la salida de más de 97.000 trabajadores, tal y como apuntan las estadísticas del Banco Central Europeo. La comparativa con los 28 países de la UE, incluyendo todavía al Reino Unido, da muestra de la mangnitud del recorte.

España ha supuesto más del 16% de todos los despidos que se han producido en la banca europea y su reducción de masa laboral -35%- casi duplica la de la media de la Unión Europea. Únicamente Países Bajos, con un recorte de plantilla del 37%; Grecia, del 40%; y Letonia, del 47%; han tenido más pérdida de empleo en el sector que España. Por número absoluto de despedidos, los bancos españoles solo son superados por los alemanes y los británicos. En Francia, Luxemburgo o Suecia los recortes apenas han supuesto un 3% de salidas.

Pese a estas importantes cifras, los sindicatos todavía creen que el grifo sigue abierto. “No hay nada concreto pero la perspectiva es esa, la dinámica va a continuar”, comenta Roberto Tornamira, secretario federal de sector financiero de UGT. Alude a la presión que están ejerciendo los reguladores y los inversores para que los bancos reduzcan sus costes en el contexto de baja rentabilidad provocada por los bajos tipos de interés. “El Banco de España habla recurrentemente de reducir capacidad instalada y eso supone despidos”, señala Joan Sierra, responsable de banca en CCOO.

“Siempre se trata la eficiencia a base de reducir plantilla”, apunta Rodríguez, de FINE. En la misma línea habla Gonzalo Postigo, de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). “Se ha llegado a un nivel en el que la plantilla está extenuada, se pueden quitar más radios a la rueda pero no va a funcionar mejor”, remarca.

Sin embargo, en un reciente discurso del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, incidía en que estos recortes de gastos no se habían traducido en una mejora de la eficiencia. “En los negocios en España se ha observado un aumento (deterioro) significativo de la ratio de eficiencia”, apuntó. Señalaba que esto se debe a que el descenso en estos gastos ha sido inferior a la caída de los ingresos.

Más fusiones

Otro de los puntos tratados en aquel discurso por Hernández de Cos fue el de las fusiones en el sector. Tras la importante desaparición de entidades, el gobernador del Banco de España abrió la puerta a más concentración para hacer frente a “los nuevos competidos”. Señaló que estos procesos serán dirigidos desde el interés de crear valor para el accionista y no impulsados desde los reguladores.

Es en este punto de las fusiones donde los sindicatos ven un riesgo para la llegada de nuevos ERE. Y todos coinciden en un nombre: Liberbank.

La entidad asturiana surgida a su vez de distintas fusiones de cajas está en todas las quinielas del sector como posible protagonista para una nueva concentración en banca. Durante este año que ahora cerramos negoció con Unicaja su unión. La operación se fue al traste cuando no se alcanzó un acuerdo sobre el reparto entre ambas entidades del accionariado de la sociedad que surgiera.

A ello se suma que Liberbank está protagonizando algunos de los movimientos laborales que han levantado más protestas entre los sindicatos en las últimas semanas. Estos han anunciado que demandarán a la compañía después de que una negociación entre empresa y representantes de los trabajadores terminara sin acuerdo y con el anuncio de un recorte salarial de entre el 5% y el 8,75%. La empresa trasladó que era un plan para recorte de gastos ante la baja rentabilidad del negocio y la caída de ingresos.

“Es un abuso permitido por la reforma laboral”, apunta Tornamira, de UGT. Este responsable de sector financiero y seguros en el sindicato señala que “apunta a que preparan una operación”. Y señala que podría no ser la única. “Es una barbaridad pero los organismos internacionales todavía apuntan que el sector español tiene margen de concentración, se está conformando un oligopolio”, añade.

En los últimos días se ha planteado un recorte de plantilla en BBVA, según avanzó Expansión, citando fuentes financieras que apuntaban a la elaboración de un presupuesto para la compañía para el próximo curso que incluía un plan de ajuste en distintas áreas del grupo. La entidad ha preferido no valorar la información. Representantes sindicales en el banco consultados aseguran que no han recibido ninguna comunicación ni formal ni informal por parte de la compañía.

Sin embargo, Rodríguez, de FINE, se muestra pesimista y apunta que “todo nos hace pensar que esto va a suceder”. Por su parte, Sierra, de CCOO, recuerda que aunque BBVA no se ha hecho un ERE en sentido estricto, ha estado realizando planes de bajas voluntarias mediante prejubilaciones y que esto se podría mantener.

Nuevos convenios

Otra de las vías mediante las cuales los sindicatos pronostican recortes laborales son los nuevos convenios. Están abiertos los procesos para los acuerdos colectivos en la AEB (grandes bancos), la CECA (antiguas cajas), las cooperativas de crédito y otros segmentos del sector. Ha sido el de la CECA, que afecta a 70.000 trabajadores de entidades como CaixaBank, Bankia, Abanca, Ibercaja, o Unicaja, entre otros, el que ha levantado críticas sindicales en los últimos días.

Los sindicatos han denunciado que en los primeros planteamientos trasladados por la patronal se incluyen cambios notables en las condiciones de remuneración de los empleados. “Lo veo complicado, plantean recortes inasumibles”, señala Gonzalo Postigo, de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). Los sindicatos apuntan que supondría un cambio en materias como la carrera profesional, sustituyendo los derechos por antigüedad por decisiones arbitrarias por parte de las empresas en base a productividad o evolución de negocio. También denuncian que se pretenden eliminar algunos complementos salariales o remuneraciones por movilidad geográfica.

Fuentes de la CECA reconocen a eldiario.es que los planteamientos iniciales van en esta línea. Apuntan que hay que adaptarse a un contexto de tipos bajos, de nuevos competidores, entrada en nuevos tipos de negocio y que esto lleva a adaptar los modelos laborales. “Son propuestas para que el sector sobreviva”, señalan. “No hemos puesto reducir pagas, sino pagar de otra forma”, subrayan, aludiendo también a la flexibilidad horaria y geográfica. Aunque remarcan que no es materia de esta negociación, asumen que la concentración de oficinas “va a seguir” y que esto entrañará nuevas salidas.

El Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil de Ciudad Real ha dictado un auto en el que determina que “siguen vigentes” en favor de la nueva propietaria del Aeropuerto de Ciudad Real, CR International Airport (CRIA), los tres avales bancarios no ejecutados por la entidad CCM -ahora Liberbank- que otorgó a la anterior propietaria.

En virtud de este auto, consultado por Europa Press, se desestima una solicitud de aclaración realizada por la nueva propietaria del Aeropuerto de Ciudad Real, CR International Airport (CRIA), respecto a otro auto de fecha 28 de febrero de 2018 del mismo juzgado que validaba la escritura de compraventa de la infraestructura aeroportuaria.

En concreto CRIA solicitaba en su escrito al juzgado que se aclararan los bienes muebles que conformaban la unidad aeroportuaria objeto de la venta en aquel momento. Concretamente sobre tres avales bancarios no ejecutados de la entidad CCM que tenía la empresa concursada CR Aeropuertos SL inmediatamente antes de la declaración de concurso, y que según el escrito de CRIA al juzgado, en la actualidad Liberbank estaba poniendo problemas para su reconocimiento.

Dichos avales bancarios no ejecutados forman parte, como se ha señalado, de los bienes muebles del Aeropuerto de Ciudad Real comprado por CRIA, y aparecían en la escritura de compraventa como objeto de transmisión e integrados en la unidad aeroportuaria indivisible que se vendía en el auto de 28 de febrero de 2018 .

Según el auto, esos avales bancarios no ejecutados fueron prestados y suscritos en los años 2006 y 2008 por CCM por y para el aeropuerto de Ciudad Real avalando actuaciones muy concretas del aeropuerto como la compra de 252,15 hectáreas dentro de la zona Zepa para dar cobertura a la finalidad de desarrollo de las medidas agroambientales requeridas.

Avales bancarios no ejecutados en los que CRIA aparece en la actualidad como avalada, por haberse subrogado a los mismos tras el proceso de compraventa del Aeropuerto de Ciudad Real, según insiste el juzgado.

En torno a 150 empleos en Cuenca capital y otros 64 en el resto de la provincia. Es lo que desde hace cuatro años ha perdido la plantilla de Liberbank entre prejubilaciones y “desvinculaciones” con motivo de la reestructuración de un sector, el de la banca, que cada vez apuesta más por la atención al cliente a través de las nuevas tecnologías en detrimento de la presencial (lo que hace que se necesite menos personal) y de los dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) acordados desde 2013, el segundo de los cuales terminará su vigencia a finales de este año.

Si se compara la plantilla actual de Liberbank con la de la antigua Caja de Castilla-La Mancha (CCM), hablaríamos, según CCOO, de la pérdida de 592 empleos desde que la entidad fue intervenida por el Banco de España en el año 2009, 320 de ellos en la sede del edificio del parque de San Julián.

Aquella intervención producida en plena crisis económica motivada sobre todo por el exceso de crédito prestado al sector inmobiliario fue el principio de la caída de una entidad de la tierra que desembocó en un plan de saneamiento que propició numerosas prejubilaciones. Para recuperarse, la antigua CCM apostó inicalmente por su fusión con Cajastur bajo el nombre de Banco CCM, en 2011 pasó a integrarse en Liberbank como filial y, ya a principios de 2018, fue absorbida totalmente por la entidad con sede en Madrid y más de 4.000 empleados repartidos principalmente por Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha.

El caso es que Cuenca, de haber sido la sede central de la antigua CCM hasta el año 2010 para, a partir de entonces, quedarse con al menos su sede social, ya no tiene ni una ni otra. Esto, unido al cierre de una decena de oficinas solo en la capital, la externalización de servicios a empresas ubicadas en Toledo y Asturias y la transición hacia el modelo de banca digital, ha propiciado que, en los últimos años, buena parte de la plantilla se considerara prescindible. En la actualidad, la plantilla ronda las 180 personas, en torno a 50 de ellas de ellas ubicadas en el edificio del parque de San Julián.

En UGT entienden que toda esta situación ha sido fruto del “desmantelamiento de la infraestructura de servicios centrales, que generó un excedente de personal”, en palabras de su delegado sindical, José María Gámiz Jiménez. Pero también hace hincapié en la “reconversión” en que está inmersa el sector, que equipara a “la que en los ochenta hubo en la industria pesada del País Vasco. Por desgracia, la banca está replegando su presencia física en localidades, dejando de dar servicio a los pueblos. A la entidad, como a cualquier empresa, le mueve la rentabilidad”.

Eso sí, señala que se está intentando ofrecer una atención “híbrida”, que combine tanto el servicio on-line como el tradicional, pues sobre todo en una provincia como Cuenca “hay mucha gente mayor a la que hay que acompañar al cajero porque padece una barrera tecnológica que solo se salvará con los años”, apuntan en UGT, y de la misma opinión es Miguel Ángel Cubillo, de CCOO. “Tiene que seguir habiendo oficinas para la población mayor y rural”.

Prueba, no obstante, de que las nuevas tecnologías tampoco son la panacea es la retirada, a primeros de este año, de dos máquinas que desde junio de 2016 ofrecían una atención personalizada al cliente pero a través de una pantalla: un servicio bautizado como Liberfácil que permitía a los usuarios realizar las tradicionales gestiones bancarias a través de una comunicación por vídeo con un agente comercial.

“Era un servicio con un punto humano, en el que había un contacto personal, con el que la gente estaba cómoda, pero el constante avance tecnológico propicia que lo que hace dos años es novedoso se desactualice pronto”, opinan en UGT.

Esta situación ha aumentando la “presión” sobre los trabajadores, de los que la empresa quiere conseguir la máxima productividad posible, a lo que hay que añadir su temor al futuro, pues consideran que el sector puede seguir cambiando y que llegue el día en el que, como han visto que les ocurría a tantos compañeros, ellos también se queden sin trabajo y, lo que es peor, con muy pocas expectativas de reinsertarse en el sector de la banca.

Es cierto que no toda la gente que ha dejado de trabajar en las instalaciones de Liberbank en Cuenca ha perdido su empleo. A la mayoría se le ofreció trasladarse a otras oficinas, principalmente a Asturias y Extremadura. Y aunque muchos, con familia y asentados en la provincia, prefirieron desvincularse de la empresa a cambio de una indemnización, en torno a un 15 por ciento de la plantilla, sobre todo gente muy joven, sin ataduras, aceptó el traslado, que incluía una compensación por movilidad. Algo que no obstante ha contribuido a la despoblación actual que padece la provincia

Los que se quedaron en la empresa sufrieron además unos recortes “contundentes y severos” en sus sueldos y beneficios sociales, de en torno al 13 por ciento, para que la entidad pudiera solventar su complicada situación económica, aunque a partir de 2017 se aplicaron medidas “algo más suaves”.

Esta situación tiene un clarísimo impacto económico en la provincia, sobre todo en la capital, que ha perdido en torno a 150 sueldos por encima de los dos mil euros mensuales. “Esto hace que el consumo baje y en una ciudad como Cuenca su economía lo nota mucho, como también notó en su momento los despidos en la sanidad y la educación”, señalan los sindicatos.

Muchos de quienes optaron por aceptar su traslado pusieron además su vivienda a la venta en un momento en el que la ciudad tiene un exceso de inmuebles, con más de 5.000 viviendas vacías y otras tantas que son segunda residencia.