Los vecinos de la calle José María Lidón, en Bilbao, han iniciado una recogida de firmas para intentar poner veto a la proliferación de pisos turísticos que ocupan los bajos de sus viviendas, que por cierto son bloques de VPO. Los vecinos quieren llamar la atención del Ayuntamiento de Bilbao y del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco para que no se autorice la instalación de más pisos o apartamentos turísticos en su calle, “que ya está suficientemente saturada”, y que se estudien otros usos para estos locales “priorizando los que beneficien al barrio”, el de Santutxu, “como viviendas sociales o servicios útiles para los vecinos”.

En el escrito que están distribuyendo para recoger las firmas entre el vecindario critican, ademá,s que estos apartamentos estén situados en los bajos de viviendas de protección oficial: “En un contexto de crisis de vivienda, resulta difícil comprender que en los bajos de VPO se impulsen actividades que puedan agravar esta situación. ”Bilbao esta declarada zona tensionada y al mismo tiempo, el turismo sigue creciendo. Nuestro barrio es un claro ejemplo“, denuncian.

El Gobierno vasco realizó en al año 2000 una promoción de vivienda protegida a través de la sociedad Visesa en esta calle de Bilbao que incluía nueve locales comerciales, que, al igual que las viviendas, se pusieron a la venta en el año 2005. En el mes de septiembre del año pasado, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, interpeló a través de una pregunta escrita en el Parlamento Vasco al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, sobre estos pisos turísticos, en aquel entonces diez apartamentos en lo bajos de los números 2 al 10 de esta calle, casi todos con entrada independiente de los portales.

El consejero reconoció que una vez transmitida la propiedad de las viviendas y locales, “la normativa aplicable no atribuye a Visesa, como promotora, funciones específicas. Tampoco la sociedad pública Alokabide realiza funciones ni gestiones en esta promoción”. Es decir que desconocía el uso de los locales existentes en los bajos de las viviendas, más allá de que cinco de ellos, fueron transmitidos en derecho de superficie en 2020 a una única persona jurídica, ISII SL, otro a la persona jurídica Oyrz SL, dos a pesonas físicas, y sólo uno de ellos permanece en manos de Visesa, que ha suscrito un arrendamiento con opción de compra con una persona física. Ahora los apartamentos ubicados en estos bajos los gestionan las empresas Bilbao North Shore Apartment y Bilbao Rooms and Kitchens Lidón.

Los vecinos, que tienen el apoyo de Santutxuko Familia Elkartea-Asociación de Familias de Santutxu para canalizar su protesta, denuncian que “en los últimos meses ha habido un crecimiento importante de este tipo de alojamientos, muchos de ellos gestionados por una misma empresa”, señalan. En total, ahora hay 14 apartamentos turísticos en esa calle, aunque sólo nueve accesos anexos a cada portal. “Esta situación está generando malestar y molestias al vecindario”, dicen desde la asociación, que relatan ruidos, personas que llaman al timbre equivocado a cualquier hora del día o de la noche porque no tienen clara la entrada al apartamento, suciedad, desperfectos y una pérdida progresiva de la tranquilidad de la zona. “Este modelo de turismo entra en conflicto con la vida cotidiana de la gente que vivimos en el barrio”, aseguran.

Hay que recordar que esta calle no está en el centro de Bilbao, pero sí cerca, y esta zona se ha convertido en un foco de alojamientos turísticos por su cercanía, por ejemplo, al Casco Viejo de Bilbao. De hecho, tal y como denuncian, a pocos metros de esta calle se encuentra el Spirit Hotel Gran Bilbao, así como otro bloque de apartamentos turísticos (Spririt apartamentos). Consideramos que la zona ya soporta una presión turística más que suficiente“, aseguran, ya que calculan que ”hay unas 500 plazas en un espacio muy pequeño“, en una zona en la que además no hay otros servicios.

Aunque son conscientes de que cerrar los apartamentos que están en marca hoy en día es difícil, el objetivo que persiguen con las movilizaciones, en las que la recogida de firmas puede ser el primer paso, es que no se concedan licencias para más apartamentos turísticos en las lonjas que están libres por la zona y que se siga saturando todo el entorno. Además, quieren llamar la atención sobre el hecho de que los pisos turísticos de esta calle estén en los bajos de viviendas de VPO, que hoy en día, con la legislación actual, podrían utilizarse como viviendas.

Cuando se conoció la situación de esta calle, con apartamentos turísticos en los bajos de viviendas de VPO, el consejero Itxaso señaló que se trata de “una fotografía” que no le gusta al Gobierno. “No nos gusta ver edificios de protección oficial con viviendas turísticas”, indicó el consejero, insistiendo en que “los que ya se vendieron” es algo que “no se puede controlar” y recordaba que se pudieron vender para poner un comercio y que luego se hayan vendido como vivienda turística. “Estamos poniendo ahora toda la carne en el asador para que no ocurra esto. Pero, si se cumplía la ley en ese momento, no lo podemos controlar. Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el control”, manifestaba entonces, e insistía en que Visesa la orden de reducir al máximo el número de lonjas en sus nuevas promociones.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, en coordinación con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el también socialista Javier Hurtado, ha enviado una carta a Jesús Encinar, CEO y fundador de Idealista, para exigir la retirada de anuncios de ventas de viviendas de protección oficial con sobreprecios. Al no ser legal vender las viviendas tasadas por un precio superior al establecido por el Gobierno vasco, lo que hacen los propietarios es vender los muebles por un precio considerablemente más elevado y así llevarse una ganancia extra. De hecho, se ha anunciado ya una reforma legislativa en este sentido.

“En los últimos días, hemos podido constatar la existencia de ofertas en las que la transmisión de viviendas protegidas se condiciona, de forma indisociable, al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios. Esta práctica, presentada como una supuesta compraventa de muebles, encubre en realidad un sobreprecio que vulnera de manera clara el régimen jurídico de las VPO y desnaturaliza los objetivos de interés público que las sustentan”, alerta la carta.

En el escrito Itxaso recalca que “el parque de vivienda protegida en Euskadi es el resultado de un esfuerzo sostenido durante décadas por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto: un esfuerzo económico, normativo y humano orientado a garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las clases medias y trabajadoras”. “La VPO no es un producto especulativo, sino un instrumento clave de cohesión social, diseñado precisamente para amortiguar las tensiones de un mercado inmobiliario cuyos precios se han desacoplado de las capacidades adquisitivas de buena parte de la ciudadanía. No podemos, por tanto, admitir que este objetivo se vea pervertido mediante prácticas que, bajo apariencia de legalidad, introducen incrementos ilegítimos en el precio efectivo de las viviendas. Es evidente que el mobiliario tiene un valor en el mercado; pero resulta igualmente evidente que no puede imponerse su adquisición como condición necesaria para acceder a una vivienda protegida”, sostiene.

De esta manera, exige tres acciones a Idealista: que procedan a la “revisión inmediata” de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en su plataforma, con especial atención a aquellas ofertas que incluyan pagos adicionales encubiertos; que “retiren sin demora” todos aquellos anuncios en los que se condicione la compraventa de la VPO a la adquisición obligatoria de mobiliario u otros bienes accesorios y que “establezcan mecanismos de control y verificación más estrictos”, que impidan la publicación y difusión de este tipo de prácticas en el futuro.

Además, Itxaso ha informado de que desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco han iniciado ya “actuaciones de inspección y análisis en distintos expedientes”, y no descartan “emprender las acciones administrativas o legales que correspondan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”. Por último, la carta finaliza con un aviso para el propietario de Idealista. “Le informamos de que hemos puesto los hechos en conocimiento del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, por las responsabilidades que pudieran derivarse en lo que afecta a los ámbitos de su competencia. Estamos convencidos de que Idealista, como plataforma de referencia en el mercado inmobiliario, comparte la responsabilidad de contribuir a la transparencia, la legalidad y la equidad en el acceso a la vivienda. Le insto, por tanto, a actuar con diligencia y compromiso para erradicar estas prácticas”, concluye.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

En lo que va de 2026, en Euskadi se han ejecutado 55 desalojos, desahucios o lanzamientos de las viviendas de alquiler protegido gestionadas por el Gobierno vasco a través de sus sociedades o entidades públicas. Han sido 14 en Álava, 27 en Bizkaia y otros 14 en Gipuzkoa. En el año completo de 2025, el número ascendió hasta los 71. Son datos que se desprenden de una respuesta en el Parlamento Vasco del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, a una pregunta formulada por Ana Morales, representante del PP.

Desde comienzos de año hasta finales de mayo, el Gobierno vasco y sus sociedades han presentado 70 demandas de desahucio: 22 en Álava, 36 en Bizkaia y 12 en Gipuzkoa. Estas demandas se presentan por diversos motivos: impagos no justificados (37), fin del plazo e incumplimiento de los requisitos para la renovación (23), ocupación ilegal (7) y fin del plazo y falta de entrega de las llaves (3). En 2025, el último año completo, se presentaron en total 188 demandas de desahucio, según la información remitida a la Cámara.

Hasta el último día de abril, además, se registraron un total de 9.912 rentas impagadas en el conjunto de parques de vivienda del Gobierno vasco, que incluyen Alokabide y Bizigune (casas privadas cedidas a la Administración para su incorporación al parque protegido) entre ellas. La suma del importe impagado pendiente de las tres provincias supera los 1.300.000 euros, con más de 592.000 euros pendientes en Bizkaia, 394.000 en Álava y 327.000 en Gipuzkoa.

La respuesta brindada por el consejero recoge también el número total de viviendas en alquiler gestionadas por la sociedad pública Alokabide y su situación. A fecha de 1 de junio, el total ascendía a 17.618, de las que 16.121 estaban arrendadas y ocupadas, mientras que 122 estaban adjudicadas pero pendientes de ocupar, 503 en proceso de admisión del programa Bizigune, que capta viviendas vacías, y 5 en proceso de adjudicación.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha firmado una instrucción para que sea considerado como infracción de carácter “grave” (con sanciones que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros) la denegación de la prórroga de un contrato de alquiler en las zonas tensionadas, que ahora mismo son las tres capitales de la comunidad autónoma y otros catorce municipios. La medida responde a que algunos fondos titulares de inmuebles están expulsando a los inquilinos alegando que los contratos son previos a la normativa estatal de las zonas tensionadas de 2023, que habilita expresamente a que se puedan reclamar extensiones anuales del contrato -con un tope de tres años- y manteniendo las mismas condiciones.

Según la resolución de De los Toyos, firmada a comienzos de junio y ya en vigor, se han recibido ya algunas “denuncias” por la “denegación de prórrogas extraodinarias”. Las fuentes consultadas aluden a casos relacionados con fondos que son titulares de inmuebles y que alegan que los contratos que ahora quieren finalizar son previos a 2023 y, por lo tanto, supuestamente eximidos de la ley. Los problemas se concentran en Vitoria y en Tolosa, siempre según estas fuentes.

El Gobierno vasco, por el contrario, interpreta que, si la vivienda está en una zona tensionada, queda igualmente protegida independientemente de la antigüedad del acuerdo con el propietario. Sin ese carácter retroactivo, el escudo quedaría totalmente desvirtuado, entienden. Así, si existe ese documento firmado, si el municipio está en la lista de zonas tensionadas y si el inquilino ha solicitado la prórroga correctamente, como es su derecho, el propietario no podrá ni denegarlo ni adoptar medidas “concluyentes” como realizar un “requerimiento fehaciente de entrega de llaves” o incluso “la interposición de una demanda de desahucio”. La medida afecta tanto a viviendas libres como a las protegidas.

Más bien al contrario, la Administración interpreta que las delegaciones de Vivienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han de “admitir a trámite las denuncias y comunicaciones” e “iniciar las actuaciones” para incoar un procedimiento “sancionador”. Se pide expresamente a los inspectores que se aquieten a estas directrices para evitar “resoluciones dispares ante supuestos de hecho idénticos”. Se recalca que la reforma de 2025 de la normativa autonómica de vivienda, que retoca la ley de 2015, refuerza aún más las potestades del Gobierno vasco para gestionar en su territorio las zonas tensionadas de la ley estatal de 2023.

¿Cuáles son las zonas tensionadas? Además de Vitoria, Bilbao y Donostia, son Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Barakaldo, Errenteria, Galdakao, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Pasaia, Tolosa, Usurbil, Zestoa y Zumaia. “La población residente en los municipios tipificados como zonas tensionadas en su totalidad (1.486.171 personas) representa el 67,31% de la población total de la comunidad autónoma”, recoge un informe de abril sobre la aplicación de la normativa estatal en Euskadi.

La ciudadanía ha puesto al lehendakari, Imanol Pradales, una nota de 5,8 en este final de curso, según el Sociómetro elaborado por la casa Ikerfel para el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia vasca. Es el político más valorado y continúa en línea ascendente desde que llegó a Ajuria Enea en 2024, cuando marcó un 5,3. Sin embargo, un 36% considera que la acción del Gobierno de PNV y PSE-EE es buena o muy buena, por un 41% de la medición anterior. Claramente, la vivienda es el gran problema social del momento: ya ha superado los valores de preocupación cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008.

Este lunes se ha conocido la versión completa del Sociómetro, cuyas estimaciones sobre las estimaciones forales trascendieron la pasada semana. La muestra ha sido de 3.485 personas entrevistadas entre el 20 y el 26 de mayo. Claramente, la ciudadanía dibuja una Euskadi contrapuesta a España: el 76% ve la situación española en lo político como mala o muy mala por un 30% en el caso vasco. En lo económico, los porcentajes se ajustan, de 53% a 21%, respectivamente, pero aún con diferencia. Solamente Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos tienen mejores datos de aceptación ciudadana sobre su economía.

La valoración general del Gobierno vasco cae. El último Sociómetro dejaba un 41% de notas buenas o muy buenas y ahora caen al 36%. Solamente entre quienes votaron al PNV en 2024 hay una mayoría que secunda la labor del Ejecutivo, ya que entre los socialistas es del 48%. Por áreas, se puntúa muy bien la labor en Cultura (en manos de Ibone Bengoetxea, del PNV) o en Turismo (de Javier Hurtado, del PSE-EE), pero muy mal la de Vivienda (de otro socialista, Denis Itxaso). En este caso, solamente un 8% dice que la “actuación” ha sido buena “en los últimos años”, por un 62% que directamente la ve “mala”. Solamente un 9% de los votantes socialistas está satisfecho con esta labor, según se deduce de los microdatos de la encuesta. En el caso de Salud, con Alberto Martínez del PNV al frente, el 25% aprueba la gestión, por un 39% que la ve mala.

¿Cuáles son los principales problemas? La vivienda lo es para el 60%, tres puntos más que en la medición anterior. Hace cinco años apenas lo mencionaba un 10%. Supera ya, por vez primera, el 58% de pico de la serie histórica, alcanzado en 2008 tras el estallido de la burbuja y la llegada de la gran crisis económica de las últimas décadas. Esto coincide con un respiro en la percepción de los problemas del mercado laboral, el segundo en la lista, y en Sanidad, que sigue cayendo. Sí suben la preocupación por la criminalidad y por los “problemas relacionados” con los extranjeros.

En cuanto a las valoraciones concretas de los líderes políticos, Pradales sube a un 5,8, con un nivel de aprobación del 57%. Un 23% no le conoce después de dos años en el cargo, eso sí. A Pello Otxandiano, líder de la oposición, no le pone cara la mitad de los vascos. Aprueba también, con un 5,3. El resto, desde el socialista Eneko Andueza con un 4,5 -solamente un 46% de los votantes socialistas le aprueba- hasta Javier de Andrés del PP con 3, suspende. Preguntados por la simpatía hacia los partidos, el más amigable es el PNV, con 5,2 sobre 10, pero el PSE-EE y EH Bildu empatan en segundo lugar con 4,4. Vox, en la cola, se queda en 1.

La sociedad vasca se inclina hacia el centroizquierda, es un poquito más nacionalista vasca y la etiqueta favorita es la de ser “tanto vasco como español”, mencionada por un 39% frente a un 23% de “más vasco que español”, un 19% de “únicamente vasco” o un 6% de “únicamente español”. Un 42% de los votantes del PNV y un 11% de los de EH Bildu son igual de españoles que vascos. Así, el 37% está en contra de la independencia, por un 22% que es partidario. Un 32% lo pensaría “según las circunstancias”:

El Gobierno vasco asegura que “las mejoras incorporadas al programa Gaztelagun” de ayudas de 300 euros mensuales al alquiler para jóvenes que fueron introducidas por decreto esta primavera después de que fueran anunciadas un año antes “han provocado una respuesta inmediata por parte de la juventud vasca”. “En las tres primeras semanas desde la entrada en vigor de la nueva normativa, el pasado 11 de mayo, se han registrado 526 solicitudes de ayuda al alquiler, frente a las 258 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 104%”, ha expuesto esta semana el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE.

“La reacción ha sido prácticamente inmediata. Cuando adaptamos las ayudas a la realidad del mercado y ampliamos las posibilidades de acceso, las personas jóvenes responden porque encuentran una herramienta útil para emanciparse y desarrollar su proyecto de vida”, dijo Itxaso en una entrevista en Radio Euskadi. “Nuestras ayudas habían quedado desfasadas respecto a esa realidad y hoy comprobamos que las mejoras aprobadas están funcionando precisamente para lo que fueron diseñadas: proteger a la ciudadanía y facilitar el acceso a una vivienda asequible”, agregó.

Los datos hechos públicos por Vivienda indican que “la primera semana de vigencia del decreto se registraron 178 solicitudes, un 74% más que las contabilizadas en la semana inmediatamente anterior” y que “en la segunda semana se alcanzaron las 200 solicitudes, lo que supone un crecimiento adicional del 29%”. “En la tercera semana se registraron 148 peticiones, manteniéndose todavía en niveles muy superiores a los habituales antes de la reforma”, exponen. Desde la puesta en marcha del programa, un total de 17.326 personas han resultado beneficiarias de estas ayudas y “la inversión acumulada supera ya los 96,2 millones de euros”, asegura el Ejecutivo, que mantiene un programa paralelo llamado Emantzipa, otros 300 euros que 2.811 están logrando simultanear.

“El escudo social que representa el decreto de medidas urgentes ya ha empezado a desplegarse y a dar resultados. Estos primeros datos confirman que era necesario actualizar los umbrales de acceso de programas como Gaztelagun y Bizigune para adaptarlos a la nueva realidad del mercado del alquiler, marcada por unos precios cada vez más elevados”, insistió Itxaso. Bizigune es el programa para captar pisos vacíos de particulares a cambio de un canon fijo para que sean incorporados al parque público y sacados en alquiler social.

“La nueva normativa eleva hasta 46.463,29 euros el límite máximo de ingresos para acceder a una vivienda del programa y aumenta hasta el 80% del valor de mercado el canon que reciben las personas propietarias que ceden sus viviendas, con un máximo general de 700 euros mensuales. En los municipios declarados zona tensionada, el decreto permite que la compensación a las personas propietarias alcance hasta el 95% del precio medio de alquiler de la EMAL. Gracias a esta medida, en Donostia se ha superado por primera vez la barrera de los 1.000 euros mensuales de canon, alcanzando concretamente los 1.008 euros para una vivienda incorporada al programa, frente al anterior límite de 675 euros. Aunque todavía es pronto para medir cuantitativamente el impacto de estas modificaciones, dado que la incorporación de viviendas al programa requiere trámites y documentación que precisan más tiempo que la solicitud de una ayuda al alquiler, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ya está observando señales positivas”, se indica sobre Bizigune, que habla de “incremento de consultas por parte de propietarios interesados en las nuevas condiciones y, especialmente, la renovación de contratos por parte de personas a las que les vencían próximamente los acuerdos de cesión”. 

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, se ha congratulado este viernes por haber logrado, a su juicio, que EH Bildu pase de denunciar que la reforma legislativa de 2025 para agilizar promociones fue una “contrarreforma” a “encabezar la procesión” porque uno de sus municipios más relevantes, Errenteria, que también fue el primero en ser declarado zona tensionada en aplicación de la normativa estatal, ha sido igualmente el pionero en aplicarla al anunciar 755 pisos en Gamongoa. Asimismo, aunque sin mencionar las siglas del PNV, ha ironizado que localidades “de todos los colores” piden también las medidas de la ley estatal, en concreto la declaración de zonas tensionadas.

“No se trata de pasar factura a nadie. Se trata de dar la bienvenida. [...] Creo que se trata de que todos nos subamos al carro de las herramientas”, ha manifestado Itxaso en declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Parlamento Vasco, en las que no ha querido comentar nada de las investigaciones de corrupción que rodean a excargos de su partido, como el rescate de Tubos Reunidos en 2021. El consejero, en su mano, llevaba un libro con el 'Plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi' y con una frase en su portada, 'El problema de la vivienda tiene solución. Y Euskadi tiene un plan'.

Según expuso el Ayuntamiento de Errenteria este jueves en un comunicado, “el anteproyecto de actuación prioritaria para la construcción del nuevo barrio de Gamongoa arrancó el lunes su tramitación con su registro formal por parte de las empresas promotoras”. Y agregó: “Dentro del proceso de tramitación se prevé su aprobación por parte del equipo de Gobierno el próximo mes de julio, acogiéndose a los instrumentos que habilita la nueva ley 6/2025 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento Vasco para agilizar la construcción de vivienda protegida y facilitar la ejecución de ámbitos residenciales estratégicos como es Gamongoa”. Sin embargo, se menciona también que 560 de las nuevas casas serán protegidas, más de un 74%.

La ley fue impulsada por el Gobierno de PNV y PSE-EE y promulgada en diciembre. La normativa tuvo el 'no' de EH Bildu, que insistió en que era una “contrarreforma” básicamente porque planteaba que el porcentaje de pisos protegidos en las promociones podía bajar del 75% al 60%, algo que no se producirá en Gamongoa. La formación abertzale lamentó también que el Ejecutivo no aceptara ninguna enmienda de la oposición en el articulado final. Itxaso, ahora, insiste en que era necesario dar “viabilidad” a los promotores privados y en su tesis de que el 75% de cero es cero, mientras que con un porcentaje más flexible sí se puede construir, aunque en Errenteria la flexibilización es de menos de un punto.

“Criticaban que estábamos dando de comer a las promotoras. Bueno, si hoy el ámbito de Gamongoa se moviliza es porque las promotoras, que son las propietarias de ese suelo, han encontrado la viabilidad que no encontraban en años anteriores”, ha insistido el titular de Vivienda, que ha pedido a los municipios que apliquen “sin anteojeras” ni “prejuicios” las “herramientas” de la nueva legislación. “El problema de la vivienda tiene solución. Lo estamos demostrando. Y necesitamos a todos. Nadie sobra”, ha insistido, esgrimiendo su libro.

Se da la circunstancia de que Itxaso se reunió hace justamente dos semanas con el líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. La cita venía motivada por unas palabras del consejero socialista, que lamentaba que la formación abertzale lanzara un plan para levantar 30.000 casas cuando sus municipios se negaron durante años a ceder suelos. Les pidió que bajaran “de las musas al teatro” repetidamente. Preguntado por si Errenteria ha hecho ya ese camino y si es fruto de los acuerdos alcanzados en esa reunión, Itxaso ha insistido en que “es buena noticia” que quienes votaron en contra apliquen la ley “de manera aventajada”. El consejero ha señalado también que dos municipios controlados por el PSE-EE, Portugalete en Bizkaia y la capital de Álava, Vitoria, se acogerán también a las nuevas pautas marcadas en la nueva ley para hacer promociones.

La dirigente abertzale Nerea Kortajarena, de su lado, ha negado con rotundidad que exista una “contradicción” entre el plan de Errenteria y el rechazo a la ley. De hecho, ha insistido en mantener que “es una contrarreforma”. Ha destacado que el municipio mantiene el 75% del estándar de vivienda protegida, muy por encima del 60%.

“La crítica principal era que se redujeran los estándares. Nos seguimos manteniendo en esa idea. Estamos de acuerdo en que se puedan agilizar otros trámites en determinadas condiciones [que es a lo que se acoge Errenteria] pero para eso no es necesario reducir los estándares [de vivienda protegida]. En Orereta lo hemos demostrado. Vamos a mantener el 75%”, ha insistido la portavoz de EH Bildu, que ha comparecido en la sala de prensa de la Cámara mientras Itxaso respondía a una pregunta del PP y seguía esgrimiendo su libro.

EH Bildu ha añadido que Itxaso debería estar más “preocupado” de lo que pasa en otras localidades. Kortajarena se refería a Donostia y al plan del conocido como Infierno. Según la formación abertzale, el PNV -que gobierna allí con los socialistas- insiste en ceder las parcelas a promotores privados para que “se lo lleven crudo” en vez de hacer vivienda protegida.

La vecindad de Riberas de Loiola ha comparecido en el Parlamento Vasco este martes para denunciar la falta de respuesta coordinada entre instituciones en torno al desarrollo del barrio donostiarra. Ha advertido de que la planificación urbana no ha ido acompañada de servicios ni de equipamientos suficientes para la población residente y proponen una mesa interinstitucional para lograr una mayor coordinación. Piden la paralización de las viviendas dotacionales anunciadas.

Javier Santos, vecino del barrio Riberas, ha explicado que el barrio, con más de 20 años desde su construcción, cuenta con 2.527 viviendas y más de 6.000 habitantes, según los datos que recabaron del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha expuesto que, a pesar de ello, Riberas no cuenta con un centro de salud, hogar de jubilados, haurtxoko ni gazteleku, servicios que quedaron pospuestos por falta de presupuesto a la hora de construir el barrio.

El vecino ha explicado que el planteamiento institucional que propone el Gobierno vasco con la construcción de apartamentos dotacionales no aborda integralmente la falta de equipamientos, servicios y planificación coordinada que denuncian desde hace años. En ese sentido, han insistido en que las soluciones planteadas “no responden a la magnitud de los problemas detectados”. Santos ha pedido que se haga un mayor diagnóstico del barrio para reconocer estas necesidades y la importancia de que sean atendidas.

En ese contexto, Santos ha pedido, en el nombre de su comunidad, la creación de una mesa interinstitucional que reúna al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de Donostia y al resto de agentes implicados en el proyecto para alcanzar una propuesta global. “La coordinación actual es insuficiente”, ha añadido. Ha invitado a los comparecientes a tocar la puerta en las demás comisiones para hacer frente al desequilibrio en el crecimiento del barrio.

Desde la oposición, el PP, representado por Ana Morales, ha criticado la falta de coordinación institucional y ha reprochado los desencuentros entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha advertido de que la situación podría estar bloqueando el avance de proyectos clave en la ciudad. Con ella, se alineaba Marijo Etxegoien, portavoz del PNV, quien también ha abogado por una mayor cooperación institucional para desbloquear actuaciones urbanísticas.

Itziar Murua, portavoz de EH Bildu, ha señalado la necesidad de reforzar la intervención pública en materia de vivienda y planificación urbana, concordando más con el PSE-EE. Este último partido, representado por Adrián Fernández, ha respaldado la gestión del Gobierno, cuyo consejero proviene del mismo partido político, y ha subrayado la necesidad de seguir ampliando el parque público de vivienda en Donostia.

Tras la comparecencia de los vecinos, la comisión ha continuado con la presencia del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del , Denis Itxaso. Morales le ha preguntado durante la comisión al respecto de la coordinación interinstitucional entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Donostia para la intervención en las parcelas de Riberas de Loiola. Durante el mes de febrero, tanto Itxaso como Jon Insausti, el alcalde de Donostia, anunciaron que, en la misma parcela, construirían 200 y 400 viviendas respectivamente. Dichos anuncios mostraron esa falta de coordinación.

El consejero ha comenzado su intervención criticando lo “curioso que resulta” que el PP esté haciendo preguntas sobre vivienda pública. “Donde gobierna, ha hecho precisamente de la descoordinación del incumplimiento de la normativa estatal y de la ausencia de política pública, su principal señal de identidad”, ha opinado Itxaso.

Contestando la pregunta de la portavoz del PP, Itxaso ha defendido que sí existe coordinación interinstitucional y ha rechazado la idea de bloqueo entre administraciones, enmarcando la actuación del Gobierno en una estrategia de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia y otras instituciones. Ha sostenido que el foco debe ponerse en los resultados de las políticas de vivienda y no en los desencuentros políticos, y ha reivindicado los proyectos en marcha como prueba de esa cooperación, afirmando que “eso es coordinación útil”, en referencia a las actuaciones de vivienda pública impulsadas en distintos ámbitos de la ciudad.

Tras la respuesta del consejero, Morales ha replicado criticando duramente su intervención y acusándole de evitar la autocrítica sobre los desencuentros con el Ayuntamiento de Donostia. Ha considerado que Itxaso ha centrado su discurso “dar aquí anuncios y autobombo”, en lugar de explicar la situación de coordinación institucional. Morales ha señalado su mayor enfoque en otros gobiernos que en su relación con el consistorio donostiarra. Además, ha advertido de que los proyectos en Riberas de Loiola estarían viéndose afectados por esos cruces de declaraciones y ha reclamado que se asuman responsabilidades.

La preocupación por las viviendas de Vitalquiler llega al Parlamento

Previo a la comparecencia de los vecinos de Riberas de Loiola, la comisión se ha centrado en Vitoria, específicamente, en los cientos de inquilinos de Vitalquiler. Rubén Iturre y Miriam Díaz, representantes del sindicato LAB, junto a Amaya de la Cruz, inquilina de Vitalquiler, han comparecido para denunciar la situación de familias afectadas por la pérdida progresiva de la calificación de vivienda protegida.

Según ha declarado la inquilina, desde septiembre de 2025, cuando las viviendas pasaron al mercado libre en manos de Vitalquiler, hubo una subida de renta de hasta 300 euros mensuales. Junto a este aumento, se adjuntan unas nuevas condiciones que consideran abusivas, como la obligación de pagar el IBI, avales de 3.500 euros o la renuncia al derecho de adquisición preferente. De la Cruz ha señalado que muchas de estas viviendas “solo cuentan con el baño, unos pocos muebles de cocina y no tienen electrodomésticos, ni siquiera vitrocerámica”.

El sindicato LAB ha advertido de una situación de inseguridad residencial, con familias que desconocen si podrán seguir en sus viviendas o asumir las nuevas condiciones económicas. Por ello, ha reclamado garantías para la continuidad en los alquileres, la revisión de cláusulas consideradas abusivas y la intervención directa del Gobierno vasco. Entre estas intervenciones, han pedido la aplicación efectiva de la normativa de zonas tensionadas, el respeto a las prórrogas legales, la revisión de los contratos ya firmados bajo presión y el estudio de la incorporación de estas viviendas al parque público de alquiler social de forma permanente.

Fernández, portavoz del PSE-EE, ha defendido que la vivienda “no puede tratarse como un bien de mercado ordinario” y que “no existe una relación de igualdad entre una familia y un fondo de inversión que gestiona cientos de viviendas”. Ha insistido en la aplicación de las prórrogas legales incluso en contratos previos a 2023 y en la intervención del Gobierno vasco para reequilibrar la situación. En la misma línea, Jonatan Moreno del PNV ha subrayado la importancia de la “mediación” para “tratar de reequilibrar esas situaciones de desigualdad”. También, ha defendido el refuerzo de las ayudas públicas y del nuevo marco normativo como herramientas para evitar desprotección en el acceso a la vivienda.

Por otro lado, EH Bildu y el PP han compartido la idea de que la respuesta debe ir más allá del corto plazo, aunque con enfoques distintos sobre el papel del mercado y la intervención pública. Murua, representando a EH Bildu, ha reclamado que “se cumpla la normativa de zonas tensionadas de forma activa” y que “a quien no lo cumpla, se le aplique ese régimen sancionador en modo activo, de forma proactiva”. Por su parte, Morales, del PP vasco, ha sostenido que el cambio de calificación implica un nuevo escenario en el que “hoy esas viviendas ya no tienen la calificación de vivienda protegida y el paraguas que existía antes de un programa social de alquiler ya no existe”. Ha defendido explorar soluciones institucionales y de mercado como prestaciones o acuerdos de apoyo.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido la “fórmula de éxito” de los acuerdos de gobierno con el PNV en la que los socialistas “tienen todo el protagonismo y hacen posible que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, y ha remarcado que “estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta”.

Andueza ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas vascos han celebrado este sábado en Donostia bajo el lema '2 años más de izquierda útil', en el que el PSE-EE ha repasado los dos años de legislatura en Euskadi y los proyectos previstos para los dos restantes. En el acto han participado, además, los consejeros socialistas del Gobierno vasco: Mikel Torres (vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo), Denis Itxaso (Vivienda y Agenda Urbana), Susana García Chueca (Movilidad Sostenible), Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) y María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos).

En su intervención, se ha mostrado “orgulloso” del liderazgo que está ejerciendo el PSE-EE en el Gobierno vasco y ha asegurado que los socialistas pueden y deben “sacar pecho” por la gestión realizada desde las instituciones, según recoge Europa Press. “No me equivoqué cuando tuve que tomar la decisión de quiénes iban a ser nuestras consejeras y consejeros, que lo están haciendo realmente bien. No tenía ninguna duda allá por el mes de junio de 2024, cuando negociamos la composición del Gobierno de coalición, pero hoy, hay que decirlo, creo que hemos cumplido con las expectativas”, ha opinado, al tiempo que ha remarcado que todo el trabajo realizado “se ha hecho desde el primer minuto sin alardes, pero con las ideas muy claras”.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, con el acuerdo con el PNV, los socialistas han acertado “en el rumbo y en la orientación que tenía que tener este Gobierno”, y ha reivindicado los once años de colaboración con los jeltzaes en las instituciones. “Podemos decir que esa fórmula es una fórmula de éxito en la que el PSE-EE tiene todo el protagonismo y hace posible, de la mano de los socialistas, que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, ha sostenido.

El líder socialista, además, respecto a los que plantean que la suma de PNV y EH Bildu es “mucho mayor”, ha considerado que “esa suma solo representa a una parte de esta sociedad, de este país” y ha recalcado que el PSE-EE “no solo piensa en unos cuantos, piensa en todos los ciudadanos de Euskadi, en todas las personas que hacen posible que Euskadi sea lo que es día a día”. “No estamos dispuestos que algunas decisiones puedan echar por la borda esta situación tan extraordinaria de bienestar y de empleo que estamos viviendo en Euskadi”, ha subrayado.

El consejero socialista Denis Itxaso va ofreciendo con cuentagotas detalles de cómo será la nueva reforma de la ley de Vivienda de 2015, la segunda en menos de un año y que golpea de lleno a la principal preocupación ciudadana del momento. A la idea inicial de poner coto al fraude “generalizado” en la venta de viviendas protegidas tasadas -que suelen incorporar un sobreprecio camuflado de pago por muebles o similar para acercar su coste al del mercado-, se unirá la de impedir la pérdida de protección de casas previas a 2003, cuando ya se hizo permanente el blindaje, siempre que estén en zonas tensionadas. No se ha aclarado aún si será un proyecto del Gobierno o una proposición de los partidos en el Parlamento -esto segundo es lo más probable porque fue la fórmula del pasado año y porque le evita al Ejecutivo trámites e informes- ni se han los plazos precisos, aunque Itxaso ha explicado a los periodistas que 2027 sería un horizonte deseable para su entrada en vigor.

“La técnica legal no la tenemos definida. Lo estamos valorando. Estamos viendo diferentes alternativas. Mi propuesta, mi promesa, es que que el año que viene pueda estar aprobada. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Mire, la política de vivienda es una fotografía en movimiento y diría más, en movimiento muy rápido. Se está moviendo todo a toda velocidad. En todo momento, este Gobierno ha asumido un papel reformista y honesto desde el punto de vista de ir monitorizando los problemas e ir tomando decisiones y medidas que nos permitan afrontar esos desafíos”, ha explicado Itxaso en una comparecencia ante los medios de comunicación. El consejero ha señalado que Catalunya, por ejemplo, ya ha adoptado medidas similares con perfecta seguridad jurídica.

¿Cómo se traducirá en datos la nueva reforma legal? “En Euskadi, las viviendas protegidas calificadas a partir de 2003 cuentan con protección permanente y, sin embargo, 1.071 viviendas anteriores a esa fecha van a perder su calificación temporal en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas tensionadas”, ha señalado el propio consejero. Más en detalle, “se evitará la descalificación de 510 viviendas en alquiler de Benta Berri en San Sebastián”, un caso que ha ganado relevancia por las denuncias vecinales al ser un fondo buitre su nuevo casero. También hay otras 119 en Donostia, además de 248 en Vitoria y 21 en Bilbao que se salvarían de pasar a ser totalmente libres, lo que dispararía su atractivo en el mercado.

En cuanto a los sobreprecios ocultos de las viviendas protegidas de venta, si hasta ahora era el titular el que buscaba un comprador y la Administración sólo visaba los requisitos, en el futuro será el Gobierno el que asuma la búsqueda de un nuevo morador. Por un lado, se evitarán cobros ocultos y, por otro, las asignaciones responderán a los baremos de las listas de Etxebide. Son “más de 1.000 transmisiones” anuales las que se verían condicionados.

Se da la circunstancia de que, en diciembre de 2025, el Parlamento ya aprobó una reforma de la ley de Vivienda, y de otros adyacentes, con una primera batería de medidas urgentes. Fue la reconciliación legislativa entre el PSE-EE, el partido que gestiona esta cartera en Euskadi, y el PNV, el socio mayoritario del Gobierno de Imanol Pradales. En 2015, con los nacionalistas en minoría en el Ejecutivo, el PSE-EE logró sacar adelante desde la oposición la ley ahora en vigor con apoyos de EH Bildu y UPyD. Y, en 2023, el PNV se opuso a la normativa estatal de Pedro Sánchez y en Euskadi la recurrió al Tribunal Constitucional contra el criterio del consejero socialista del ramo, entonces Iñaki Arriola.

Itxaso, a la luz de que la nueva propuesta viene pactada de nuevo con el PNV, ha querido “poner en valor” que “después de muchos años” esta legislatura “está siendo la del consenso” entre los socios. “Estamos aplicando las zonas tensionadas que devienen de la ley estatal, en ayuntamientos de todos los colores”, ha puesto como otro ejemplo del nuevo clima. Fuentes del PNV consultadas por este periódico confirman la sintonía con esta nueva iniciatva. Ambos partidos tienen mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara.

Con EH Bildu

La reflexión sobre la sintonía entre PNV y PSE-EE tenía una segunda derivada, porque este viernes se ha producido una reunión entre el consejero socialista y el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, para hablar del plan de vivienda lanzado hace unas semanas por la principal fuerza de la oposición. La formación abertzale insiste en ver “neoliberal” al PNV en materia de vivienda y en sentirse más próximo a los socialistas, en un intento de meter cuña en la coalición. Según Otxandiano, las posiciones “antagónicas” entre los socios no son cosa del pasado y ha señalado, por ejemplo, que los nacionalistas, en Donostia, van de la mano del PP para que parcelas de la zona llamada Infierno sean cedidas a promotores privados para levantar pisos de 400.000 euros, cuando podrían ir al Gobierno vasco para construir casas protegidas.

Sobre la reforma legislativa, una EH Bildu que consideró la anterior una “contrarreforma” esperará a tener la “letra pequeña” de la nueva para posicionarse. Eso sí, el portavoz de la coalición ha recordado que “hace cuatro años” propusieron atajar el fraude en la venta de viviendas protegidas y que el predecesor de Itxaso, el también socialista Arriola, se opuso con rotundidad porque era “más difícil que nunca” que hubiese irregularidades. “Se han perdido cuatro años”, ha lamentado Otxandiano, que en todo caso ha recordado que la normativa vigente permite a la Administración ejercer el derecho de tanteo y quedarse con los pisos que se enajenan para luego destinarlos al alquiler social. “Y esto apenas se ha hecho”, ha asegurado el dirigente de EH Bildu.

El consejero Denis Itxaso, de la parte del PSE-EE del Gobierno de Imanol Pradales, ha anunciado este martes una nueva reforma de la ley vasca de Vivienda de 2015, la segunda en la legislatura, para dar más poder a la Administración en la venta de viviendas protegidas, que salen al mercado con precios regulados. Eso permitirá, por un lado, seleccionar a los nuevos titulares desde las listas de Etxebide conforme a criterios más objetivos y, por otro lado, evitar un “fraude generalizado” que consistía en solicitar un plus en concepto de “muebles” o similar para acercar el precio del piso al del mercado, mucho más alto, y obtener un beneficio.

En la Cadena Ser, Itxaso ha asegurado que se ha detectado “un problema que se está institucionalizando” y que consiste en “exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario”. Vivienda calcula que anualmente se realizan unas mil operaciones con viviendas protegidas y sostiene que “la generalización de estas prácticas obliga a introducir un mayor control público para preservar la función social del parque protegido”. En ocasiones, esto se ha producido con la participación de inmobiliarias.

El Ejecutivo modificará la normativa en vigor de modo que los propietarios que quieran vender su casa protegida “deberán comunicarlo” a sus delegaciones correspondientes de Vivienda en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, “que asumirán la intermediación del proceso” y no sólo una labor de verificación, como hasta ahora. “La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide”, explica el Gobierno.

Son ahora mismo unas 24.000 las personas demandantes de vivienda en Euskadi que prefieren la opción de compra. Es un 20% del total de inscritos en Etxebide. Con el nuevo sistema, el vendedor ya no irá a Vivienda con una propuesta de comprador, sino que será la Administración quien tire de listas, como sucede con las asignaciones de alquiler. Así, se buscará una “adecuación” de las casas que salgan al mercado a las “necesidades específicas” de los demandantes. Se tendrá en cuenta el tiempo de espera, por ejemplo, o el tamaño de la unidad de convivencia en relación a las habitaciones de las casas. Según Itxaso, en “tres o cuatro meses” el vendedor podrá tener su dinero, unos tiempos no muy alejados de los actuales.

El Ejecutivo interpreta que esto supondrá mejorar la “respuesta pública” a la emergencia habitacional, “movilizar de forma más eficiente” el parque ya existente. Itxaso ha llegado a decir que el Gobierno vasco quiere ser una “gran inmobiliaria pública de la vivienda protegida”. Hasta ahora, había capacidad para imponer multas de hasta 45.000 euros -según una cifra dada por el propio consejero en una rueda de prensa- o que el Gobierno ejerciera el derecho de tanteo y se quedase con la casa en venta “cuando existían indicios acreditados de fraude”.

La ley vasca de Vivienda es de 2015. Fue aprobada mediante una carambola política. El PNV gobernaba en solitario y la norma la aprobaron desde la oposición el PSE-EE (los proponentes), EH Bildu y UPyD. Aquel texto fue el primero en España en desarrollar el derecho constitucional a la vivienda, de modo que quien reúna los requisitos tiene derecho a que la Administración le asigne una casa en alquiler asequible o a cobrar una ayuda (ahora de 300 euros) para facilitar la entrada al mercado libre.

En su décimo aniversario, mediante una proposición no de ley, esta norma y otras fueron retocadas. El Parlamento aprobó en diciembre de 2025 la reforma con la imagen reconciliación de PNV y PSE-EE en materia de vivienda después del encontronazo de 2015 y, sobre todo, de que el PNV recurriera al constitucional la ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez en contra del criterio del consejero vasco socialista, entonces Iñaki Arriola. El lehendakari, en un acto del PNV este domingo, ya avanzó que llegarían nuevas medidas en materia de vivienda.

Está por concretar el procedimiento elegido. Como proyecto de ley, la reforma requeriría de informes internos y de un plazo de tramitación administrativa largo antes de llegar a la Cámara. Como proposición de ley, los partidos pueden saltarse todo eso y bastaría con un dictamen favorable del Ejecutivo. La oposición está denunciando que el Ejecutivo, en esta legislatura, está abusando de esta fórmula. Sea como fuere, PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta para dar curso a esta iniciativa.

En el barrio donostiarra de Benta Berri, más de 500 familias tienen sus viviendas, en las que viven de alquiler, en una cuerda floja. Tras 28 años en viviendas de protección oficial (VPO), existe la posibilidad de que en 2028 tengan que desalojarlas. Con un derecho de adquisición preferente a los 12 años de alquiler que nunca se cumplió, la asociación de vecinos de Benta Berri, Alokairu, le cuenta a este periódico su lucha y los pasos que han dado para que el Gobierno vasco les ayude a mantener sus viviendas.

En Euskadi, antes de 2003, las viviendas de protección oficial tenían fechas de liberalización de entre 30 y 50 años. Es decir, se convertían en libres y su valor de mercado se disparaba. Sin embargo, como recuerda el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, desde 2003 las VPO son ya “de calificación permanente”. ¿Cuál es la particularidad de Benta Berri? Como el concurso de estas viviendas se realizó antes de la legislación actual, no se contempla ninguna prórroga de la calificación. Por esa razón, los vecinos temen que, una vez entren en el mercado libre, les resulte imposible asumir el coste de sus apartamentos.

Las VPO de Benta Berri salieron a concurso en 1994, explica la asociación. La oferta incluía el terreno, la construcción de 540 viviendas protegidas y el derecho de superficie durante 75 años. En 1996, el Gobierno vasco anunció a la adjudicataria: UTE Benta Berri, compuesta por las constructoras Metrovacesa y Vallehermoso. Un año después comenzó la promoción de las 510 VPO destinadas al alquiler -los 30 espacios restantes quedaron en manos del Ayuntamiento para otros objetivos municipales-.

Antxon Pró y Josetxo Varadero, miembros de Alokairu, relatan que en aquel entonces las promociones del Gobierno vasco se difundían mediante folletos impresos, donde se explicaban los requisitos y el proceso para optar a una vivienda protegida. La asociación todavía conserva uno de esos documentos, en el que se indicaba que, tras 12 años de alquiler, los inquilinos podrían acceder al derecho de adquisición preferente para comprar el piso a un precio tasado.

No obstante, a la hora de firmar el contrato, explican los miembros de Alokairu, ese punto no aparecía en los documentos. Ante la incertidumbre, Pró y Varadero aseguran que el Gobierno les garantizó verbalmente que podrían comprar las viviendas a los 12 años aunque no figurara por escrito. Ambos recuerdan haberse sentido presionados para firmar. “Si no quieres, hay más de mil familias esperando”, recuerda Varadero que le dijeron entonces. Pró añade que recibió “la misma contestación”.

Pró admite que confió en la palabra del Gobierno, igual que muchas otras personas. La mayoría de los inquilinos, según explican desde la asociación, tenía interés en comprar la vivienda. “Nos dijeron que a los 12 años se haría realidad” el derecho de adquisición preferente, insiste Pró. Pasado ese tiempo, la posibilidad de compra nunca llegó porque la propiedad no quiso vender. El viceconsejero recuerda que, para aplicar ese derecho, “es necesario que el propietario de la vivienda quiera venderla”, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con los años, la propiedad de las VPO ha cambiado de manos. Primero, en 2016, UTE Benta Berri traspasó los inmuebles a Testa Residencial. Más tarde, la sociedad quedó vinculada al fondo de inversión Blackstone. Este fondo acumula denuncias internacionales por desahucios y subidas de alquileres, aun así se hace con más de treinta mil apartamentos en toda España.

Ahora, 28 años después, al menos cuarenta inquilinos de Benta Berri han recibido cartas de no renovación, explican desde Alokairu. Temen que quienes todavía no las han recibido acaben siendo expulsados igualmente mediante subidas drásticas del alquiler una vez las viviendas pasen al mercado libre. Según Pró, un alquiler que actualmente ronda los 900 euros mensuales podría ascender hasta los 1.600 euros. Además, recuerdan que esos 900 euros ya representan el precio de VPO más alto de España.

Ante los posibles desahucios, Alokairu se ha movilizado junto a Stop Desahucios y ha conseguido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco muestren interés por la situación. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha mantenido reuniones con los afectados y ha logrado frenar, por ahora, los primeros desalojos. “Ha bloqueado esas no renovaciones, y eso es un hecho”, admite Pró. Itxaso lidera además las negociaciones con la propiedad para evitar que las viviendas entren en el mercado libre.

A pesar de algunos avances, la desconfianza sigue presente. Varadero cuenta que “siempre han sido muy amables, muy interesados… y luego, ni caso”. Aun así, ambos miembros de Alokairu valoran positivamente la implicación de Itxaso, quien ya se ha reunido dos veces con los vecinos afectados. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana asegura a este medio que se están “analizando las posibles alternativas” en caso de que no se alcance un acuerdo con Blackstone.

El departamento también recuerda que, una vez transcurridos los 75 años del derecho de superficie, las viviendas revertirán al Gobierno vasco. Hasta entonces, se supervisará la actividad de la propiedad, especialmente teniendo en cuenta que Donostia es una zona tensionada, lo que implica limitaciones en los precios del alquiler de larga duración. Por el momento, el departamento no contempla restringir el acceso de grandes fondos como Blackstone a viviendas protegidas, “aunque no se descarta” hacerlo en el futuro.

Desde Alokairu no descartan ninguna vía para resolver el conflicto: mantener el alquiler protegido, impulsar fórmulas de compra colectiva o cooperativa, o incluso una intervención pública más ambiciosa. “Más vale algo que nada”, expresa Pró a este diario. Aun así, reconocen que su opción preferida sigue siendo la compra colectiva, para que los inquilinos que siempre quisieron adquirir sus viviendas puedan finalmente hacerlo.

La plaza del Tenis de Donostia vuelve a colocarse en valor con la inauguración de la exposición “La plaza del Tenis, antesala del Peine del Viento”. Organizada por el Instituto de Arquitectura de Euskadi, busca conmemorar el centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui, el arquitecto de ese lugar y de otros muchos. La muestra, instalada en el convento de Santa Teresa hasta el 27 de septiembre, realiza una breve biografía de su autor, mas profundiza sobre el origen, construcción y rehabilitación reciente de uno de los espacios más emblemáticos del litoral donostiarra.

El director del Instituto de Arquitectura de Euskadi, José Ángel Medina, ha destacado, durante la presentación de la exposición, el valor simbólico del espacio y ha asegurado que “la identificación de lugares así, como la plaza del Tenis, con la ciudad y sus autores es un binomio tan especial que ocurre muy pocas veces”. A su juicio, la plaza posee una “magia” que la ciudadanía ha incorporado “colectivamente” a la identidad donostiarra.

La directora del Archivo Peña Ganchegui, Rocío Peña, hija del arquitecto conmemorado, ha compartido que la exposición es uno de los actos organizados por el centenario del nacimiento de su padre. “La labor principal de este archivo es poner en valor el patrimonio construido” el cual se ha recopilado desde 2009, ha señalado la directora. Además, la muestra llega tras culminar la rehabilitación integral del entorno del Peine del Viento, un proceso iniciado tras el desprendimiento de la ladera en 2015 y que “ha durado 13 años”.

El comisario de la muestra, Mario Sangalli, ha defendido que la plaza del Tenis “no es simplemente la antesala del Peine del Viento, sino una obra arquitectónica de enorme complejidad y sensibilidad”. El comisario ha realizado una visita guiada por las ocho etapas organizadas cronológicamente “desde la infancia de Peña Ganchegui hasta la reciente rehabilitación del espacio”.

La exposición reúne planos originales, documentación para la licitación, croquis inéditos, fotografías históricas y material audiovisual sobre la colaboración entre Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida. Gran parte de la colección nunca se había expuesto públicamente. Por ejemplo, entre las piezas destacadas figura un cuadro pintado por el arquitecto durante su juventud en Mutriku y nuevas fotografías, realizadas por Idoia Unzurrunzaga, que muestran el estado actual de la plaza tras su recuperación.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha estado presente en la inauguración. Durante su discurso, ha afirmado que la muestra “va más allá de una mera exposición” y la ha definido como “una oportunidad para mirar con nuevos ojos un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Donostia y Euskadi”. Además, ha destacado que Peña Ganchegui logró “intervenir en uno de los paisajes más sensibles y poderosos de nuestra costa sin imponerse sobre él”, siendo objeto de admiración y divulgación.

La programación del centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui continuará durante los próximos meses con la publicación de un nuevo libro dedicado a la plaza, la difusión de materiales sobre la obra residencial de Peña Ganchegui y una futura exposición de ilustradores inspirada en la trayectoria del arquitecto vasco.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, han chocado en los últimos meses a la hora de abordar proyectos urbanísticos en la ciudad con los precios más caros de España. En la zona conocida como Infierno no hubo acuerdo y las parcelas disponibles irán a manos de promotores privados, sin posibilidad de edificar casas protegidas y, por ende, más económicas. Ahora, en cambio, Itxaso e Insausti tienen ya encima de la mesa un protocolo para desarrollar exactamente 5.095 viviendas protegidas, en su mayoría en alquiler y en diferentes modalidades, para todo tipo de rentas. Hay proyectos más pequeños, como el de Campos Elíseos, con 98, y otros más grandes y de mayor recorrido, como Auditz Akular, con 2.354 viviendas protegidas de una tacada.

“Cuando nos ceden el balón, estamos dispuestos a jugar hasta en el mismísimo infierno”, ha bromeado Itxaso sobre la importancia que tiene que los municipios cedan suelo al Ejecutivo autonómico para poner en marcha proyectos, aunque en el caso de esa zona de Donostia hubiera un desencuentro evidente.

Itxaso, tras aprobar su parte del protocolo en el Consejo de Gobierno, ha revestido como una muy relevante noticia tener “un marco de colaboración estable” hasta 2034 (prorrogable hasta 2038) “en la ciudad que mayor necesidad tiene, la más cara de España y la que tiene mayores tasas de expulsión” de jóvenes por lo prohibitivo de comprar un inmueble. El anterior alcalde, Eneko Goia, sostenía que era “exquisito” querer quedarse a vivir en el barrio.

El consejero ha dicho que en quince años no había habido interlocución fluida con Donostia mientras en Vitoria surgían Salburua o Zabalgana, en Bilbao Bolueta o Zorrozaurre y en la vecina Irún el polígono de Anaka. El marco temporal que da Itxaso no es casual. Se da la circunstancia de que en 2011 salió del Ayuntamiento el socialista Odón Elorza, su gran padrino político.

A falta de acuerdo en el Infierno, lo hay en otros diez ámbitos. 994 de las viviendas llegarían incluso “a corto-medio plazo”, ha prometido Itxaso. Está Txomin Enea con 315, que es la zona de desarrollo que se abrirá con el derribo de la cárcel de Martutene y el traslado de los presos a Zubieta. Es algo que ocurrirá en próximas semanas. También Antzita, con 387, Jolastokieta (ahora pabellones abandonados, como el de Otis), con 169, Campos Elíseos, con 98, Apostolados, con 16, o Rodil, con 9. Después están los planes más de futuro, con otras 4.101 viviendas. Son las 2.354 de Auditz Akular, en Altza, la mayor zona de desarrollo de Euskadi, las 1.750 que podrían surgir con la demolición de los cuarteles del Ejército en Loiola, las 530 de las antiguas vías de Euskotren liberadas por el inminente soterramiento del Topo -aquí los terrenos ya son autonómicos y permitirán unir el ensanche romántico con Amara Berri-, o las 268 de Sarrueta. Al margen del protocolo hay acuerdos en Morláns o Riberas de Loiola, igualmente.

Las 5.000 viviendas suponen más de un 5% del parque actual de Donostia, con 95.000 casas familias en 2024, según el Eustat. Eso sí, no cubrirán ni de lejos la demanda de casi 14.000 personas inscritas en Etxebide. Itxaso ha reconocido que siguen manteniendo “diferencias” con el Ayuntamiento pero ha agradecido la “predisposición” para ceder suelos y optar por un modelo de viviendas protegidas, de todas las tipologías.

Por ley, todas las promociones serán destinadas mayoritariamente a alquiler. Sostiene Itxaso que un 78% de los demandantes ya pide esa modalidad y que el otro 21% está cubierto con las peticiones que llegan a Etxebide de promociones privadas.

Sin embargo, en la nueva Donostia habrá desde viviendas tasadas para rentas de incluso 59.000 euros. Itxaso ha asegurado la crisis es tal que ni siquiera en Donostia familias con esos ingresos tienen asegurado un espacio digno. Después estarán los arrendamientos en régimen general o fórmulas más sociales, así como los apartamentos dotacionales. Si las promociones incluyeran viviendas protegidas en venta, su segunda transmisión estaría controlada en cuanto a precios, según ha indicado el consejero, aunque ha admitido que ahora mismo “las viviendas tasadas en compra no son tampoco baratas”. “Estamos hablando de 400.000 euros. No todas las clases medias y trabajadoras pueden pagar eso”, ha admitido.

“De las musas al teatro”

El consejero del PSE-EE se ha valido de este acuerdo con uno de los principales referentes institucionales del PNV para responder a EH Bildu, que lanzó este lunes un plan “nacional” de vivienda que exige construir “a gran escala”. Itxaso ha ironizado que al líder institucional abertzale, Pello Otxandiano, le toca bajar “de las musas al teatro” y superar ya la fase de los “diagnósticos”.

Airado ante las críticas de que PNV y PSE-EE han discrepado en materia de Vivienda, una evidencia tal que los nacionalistas llevaron al Constitucional la ley estatal como las autonomías del PP y contra el criterio del predecesor de Itxaso, Iñaki Arriola, Itxaso ha asegurado que el acuerdo con el socio se plasma en actuaciones continuadas que acaban “en el boletín oficial”. Ha citado la reforma de la ley de 2025 o el reciente decreto de 2026, así como la aplicación de las zonas tensionadas. Por el contrario, ha considerado que “hasta hace diez minutos” los municipios de EH Bildu nunca cedían suelos al Gobierno vasco porque criticaban el “cemento” y el “ladrillazo”.

EH Bildu ha presentado este lunes un plan “ambicioso” para “solucionar” la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención “sí o sí” del mercado de la vivienda, ahora “descontrolado”, por la promoción “a gran escala” de VPO, “multiplicando por 10 el esfuerzo público”, y por “proteger la función social” de la vivienda. El portavoz en el Parlamento Vasco y jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha destacado que PNV y PSE-EE no son capaces de “atajar el problema”, los socialistas porque “no pueden” y los 'jeltzales' porque “no quieren”. Se da la circunstancia de que el Gobierno ha presentado a la vez un plan de comunicación sobre las políticas de vivienda.

En la sala Silo de Bilbao, EH Bildu ha celebrado el acto de lanzamiento de una “campaña nacional” en favor de las políticas públicas de vivienda, bajo el nombre 'Euskal Herrian posible egin'“. ”En plena crisis de vivienda“, la formación soberanista despliega ”un trabajo programático, institucional y social para poner en vías de solución lo que, a día de hoy, representa el principal problema de la ciudadanía vasca“, informa Europa Press.

Otxandiano, ha estado acompañado de la portavoz en Navarra Laura Aznal, de Nerea Kortajarena, de Oskar Matute y de la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Kortajarena ha explicado que han diseñado “todo un recorrido” que supone “un cambio profundo” en la actual política de Vivienda. Su plan, que ha definido de “coherente, pragmático, ambicioso y real”, pretende poner fin a “los tiempos de las palabras vacías”.

De esta forma, ha rechazado “la políticas inmobiliarias que se están haciendo” en lugar de “políticas de viviendas”, y ha avisado de que “se ha perdido demasiado tiempo”, y hay que implementar “un cambio profundo, que no son capaces de protagonizar quienes nos han traído hasta aquí”. En este sentido, EH Bildu aboga por “intervenir en el mercado para poner fin a las prácticas especulativas, controlar los precios, y poder intervenir en aquellos elementos que están multiplicando el problema de la vivienda”.

Por su parte, Oskar Matute ha asegurado que se vive “una encrucijada histórica” con “un reto de época”, que es “garantizar el derecho para todos y todas para acceder a una vivienda digna”. A su juicio, “la vivienda puede actuar con una ambivalencia calculada: puede ser el derecho al beneficio de unos pocos en detrimento de muchos y muchas o, por el contrario y así debería ser, un derecho de todos y todas a disponer de un lugar en el que cobijarse”.

Se ha aludido a la ley de Vivienda del 2015, “que garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda, que determina que los poderes públicos, en este caso el Gobierno vasco, tiene la obligación de buscar vivienda para toda aquella persona que la busca y no la encuentra por sus propios medios”. “¿Qué se está haciendo? Dar una serie de ayudas económicas para que sea menos gravoso, menos duro el acceso a la vivienda para aquellos que, aún con las dificultades que el mercado pone encima de la mesa por los altos precios, puedan acceder a ella”, ha dicho. Y ha puesto en valor que EH Bildu fue parte “activa” de la aprobación de la ley estatal de 2023 de la que sale “los índices de referencia de precios que permiten topar el precio del alquiler, y poner límite a la ansia especulativa de unos pocos para garantizar el acceso a la vivienda de cada vez más gente”.

Otxandiano ha asegurado que, en estos momentos, no hay política de vivienda por parte del PNV y del PSE-EE “capaz de atajar el problema”. “El PSE-EE porque no puede y el PNV porque no quiere”, ha añadido. El líder de EH Bildu en la Cámara vasca ha destacado que 'jeltzales' y socialistas, socios de gobierno, “ni siquiera están de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional”, que conlleva “graves consecuencias sociales y económicas” para familias y jóvenes.

“Euskadi tiene un plan”

Por otro lado, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha presentado también este lunes una campaña informativa, “una estrategia multicanal orientada a explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la emergencia habitacional”. Este martes entra en vigor un nuevo decreto que actualiza los programas Bizigune, Gaztelagun, el propio derecho subjetivo a la vivienda, la reserva de vivienda protegida para jóvenes y que regula la conversión de locales en viviendas o el modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales.

“Nos comprometimos a situar la vivienda como una prioridad de país y, a mitad de legislatura, podemos decir que hemos cumplido con buena parte de los objetivos marcados. Ahora toca seguir desplegando, consolidando y escalando todo lo sembrado para dar respuesta a uno de los principales retos sociales de Euskadi”, ha señalado Itxaso, del PSE-EE. “Euskadi tiene un plan”, ha apostillado.

“El mercado no es un destino; es una construcción social” (Pierre Bourdieu). En vivienda, los diagnósticos empiezan a resultarnos dolorosamente familiares. Sabemos que los alquileres han corrido más que los salarios. Sabemos que la emancipación juvenil se retrasa hasta edades incompatibles con cualquier idea razonable de autonomía personal. Sabemos que muchas familias trabajadoras viven pendientes de una renovación de contrato, de una subida inasumible o de una oferta que desaparece en cuestión de horas. Sabemos también que la vivienda ha dejado de ser una preocupación localizada en los márgenes de la vulnerabilidad para convertirse en una inquietud transversal, que atraviesa a jóvenes, clases medias, familias con empleo, personas mayores y barrios enteros.

Lo que ya no podemos permitirnos es seguir describiendo el problema sin modificar de manera profunda las condiciones que lo producen. La vivienda se ha situado en el centro de la agenda pública porque ha entrado de lleno en el centro de la vida de la mayoría social. Y cuando un bien de primera necesidad se convierte en una fuente de angustia cotidiana, la política no puede refugiarse en la neutralidad. Gobernar es elegir. Y ante una emergencia habitacional, elegir significa poner la capacidad pública del lado de quienes necesitan una vivienda para vivir, no de quienes la conciben únicamente como una expectativa de rentabilidad.

Esa es la razón de ser del Decreto de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno Vasco. No es una norma más. Es una pieza esencial del escudo social vasco en materia de vivienda. Un escudo pensado para proteger a la demanda, ampliar derechos, movilizar vivienda, regular donde sea necesario y acelerar respuestas allí donde los procedimientos habituales ya no alcanzan el ritmo de la vida real.

Durante demasiado tiempo se nos ha querido encerrar en una discusión simplista: oferta contra demanda, mercado contra intervención, regulación contra libertad. Ese marco es pobre y, sobre todo, inútil para quien necesita una casa. Euskadi no puede permitirse soluciones de trinchera ni prejuicios ideológicos. Necesitamos toda la potencia pública y privada disponible. Construir más vivienda protegida, sí. Movilizar vivienda vacía, también. Regular los precios en zonas tensionadas, por supuesto.

No hay una medida milagrosa. Hay una política pública que debe operar en todos los frentes. El escudo social parte de una convicción sencilla: la vivienda no puede ser tratada como un bien cualquiera. Es la condición material que permite casi todo lo demás. Sin vivienda no hay emancipación, no hay igualdad de oportunidades, no hay arraigo comunitario, no hay proyecto familiar ni estabilidad emocional suficiente para construir una vida. Tampoco desarrollo económico ni competitividad.

Por eso este decreto adapta algunos de los instrumentos centrales del sistema vasco de vivienda a la realidad actual del mercado. Bizigune se refuerza para captar más vivienda vacía y ponerla al servicio del alquiler asequible. Gaztelagun se actualiza porque las condiciones de emancipación de las personas jóvenes no son hoy las mismas que hace una década. Las rentas máximas subvencionables se elevan y se incorporan nuevas realidades residenciales como el alquiler de habitaciones y el subarriendo, que durante demasiado tiempo han estado en la vida real antes que en las normas. También ampliamos la reserva de vivienda protegida en alquiler para menores de 36 años, porque una sociedad que aplaza indefinidamente la emancipación de su juventud se está empobreciendo por dentro.

Otro paso especialmente relevante ha sido la incorporación de los índices de referencia de precios del alquiler para los tres territorios. Con ellos, las zonas tensionadas quedan reguladas al completo en Euskadi. Esto no es una declaración simbólica. Es una herramienta efectiva para intervenir allí donde el mercado ha dejado de ofrecer respuestas razonables y equilibradas, convirtiéndose en una peligrosa amenaza de inequidad. Regular no es un capricho. Regular es reconocer que hay ámbitos de la vida colectiva que no pueden quedar abandonados a la ley del más fuerte. Lo hacemos, además, desde un modelo vasco que busca combinar protección e incentivo. No se trata solo de limitar precios. Se trata también de asociar las zonas tensionadas a una estrategia más amplia: captar vivienda, activar suelo, facilitar nuevos desarrollos, aplicar atractivos incentivos fiscales, mejorar la colaboración con los ayuntamientos y ordenar un mercado que hoy expulsa a demasiada gente de los lugares donde quiere vivir.

La vivienda se ha convertido en la gran causa social y económica de nuestro tiempo. Y toda causa justa requiere algo más que gestión: requieren dirección política, compromiso moral y una cierta disposición al combate democrático. Combatir la idea de que la vivienda es ante todo un activo financiero. Combatir la resignación de quienes dicen que no hay nada que hacer.

Un ejemplo de innovación social en política de vivienda es el nuevo modelo intergeneracional de apartamentos dotacionales que Alokabide está implementando. Las futuras promociones combinarán alojamientos para jóvenes y apartamentos dirigidos preferentemente a personas mayores de 70 años, autónomas, que voluntariamente quieran trasladarse a una vivienda más adecuada a su momento vital y pongan su vivienda en propiedad a disposición de Bizigune. La idea es poderosa porque rompe varios bloqueos a la vez. Ofrece a personas mayores una alternativa accesible, segura, comunitaria y mejor adaptada a sus necesidades. Facilita la emancipación juvenil en un régimen rotativo. Y permite incorporar viviendas hoy infrautilizadas al alquiler asequible. No enfrenta generaciones: las conecta. No mira a las personas mayores como un problema: las reconoce como parte activa de la solución. No se limita a construir metros cuadrados: construye comunidad.

Sirva este caso para visualizar la política de vivienda que necesitamos: una política capaz de sumar protección social, inteligencia urbana e innovación pública. Una política que no se conforme con contar viviendas, sino que se pregunte qué vidas hace posibles.

El plan integral de acceso a la vivienda empieza por una decisión política clara: proteger. Proteger a quienes alquilan, con mayor seguridad y certidumbre también para los propietarios que desean alquilar. Proteger a quienes quieren emanciparse. Proteger el derecho a quedarse en nuestros barrios o ciudades sin riesgo a vernos expulsados por una concepción financiera de la vivienda con la que nos estamos haciendo mucho daño como sociedad. 

Hay debates que definen una época. La vivienda es uno de ellos, y la buena noticia es que Euskadi tiene un plan.

Arrasate-Mondragón, Pasaia y Zestoa ya son oficialmente zonas tensionadas en materia de Vivienda. Con estas incorporaciones y con la tramitación en marcha en Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati y Orio, el 64,2% de la población guipuzcoana estará ya bajo ese paraguas. La medida implica que los precios del alquiler quedan regulados mediante índices de referencia y se acompaña de un plan de acción municipal.

El estudio realizado en Arrasate-Mondragón muestra que, en los últimos años, el precio del alquiler ha aumentado un 23,9%. A su vez, la oferta en el municipio es “insuficiente”. De hecho, en la página web Idealista solo se ofrecen cinco pisos, de los cuales uno parece ser de larga duración y otro no lo especifica; el resto está destinado a estudiantes. Su alcaldesa, Maider Morras, de EH Bildu, ha explicado que el estudio evidencia “que la vivienda está lejos de garantizarse como un derecho básico”, por lo que la declaración como zona tensionada será una forma de “poner límites” y “dotar de instrumentos jurídicos e institucionales” que favorezcan el alivio de la crisis.

Junto a la declaración, el Ayuntamiento completa su plan de acción con el desarrollo de más viviendas protegidas. Se prevé construir al menos 1.000 en los próximos quince años. Actualmente, trabajan en la activación de suelos públicos en San Andrés Berri e Intxausti, buscando la colaboración del Gobierno vasco para su desarrollo. Además, estudian la posible adquisición del edificio La Merced para ofrecer alojamientos dotacionales.

En Pasaia, el estudio revela que las familias destinan de media un 35,9% de sus ingresos al alquiler, es decir, por encima del umbral recomendado. El 60% de las solicitudes de vivienda procede de personas empadronadas en el municipio, con predominio de perfiles unipersonales y de rentas medias y bajas. Teo Alberro, también de EH Bildu y alcalde de Pasaia, ha afirmado que el acceso a la vivienda es “uno de los principales factores de desigualdad”, lo que deja a las instituciones “la responsabilidad de actuar”.

A diferencia de Arrasate-Mondragón, Pasaia no dispone de suelo suficiente para desarrollar nuevas viviendas. La estrategia municipal pasa por aprovechar al máximo el suelo disponible, con una previsión de unas 400 viviendas; ofrecer alternativas como alojamientos dotacionales y apostar por la rehabilitación y la regeneración urbana. A ello se suman medidas reguladoras como el control del alquiler turístico, la movilización de vivienda vacía y la aplicación de incentivos fiscales a propietarios.

En Zestoa, debido a su demografía dispersa, el alcalde Mikel Arregi, de EH Bildu, ha indicado que la falta de oferta residencial en los barrios provoca que se “tensione aún más” el núcleo urbano. El estudio señala que el municipio cuenta con 1.859 viviendas, con una antigüedad media superior a los 46 años. Además, destaca la escasa presencia de vivienda protegida, que representa un 2,5%, y una tasa de vivienda vacía del 10,1%, por encima de la media de Gipuzkoa. El plan de acción de Zestoa propone la ampliación progresiva del parque de vivienda protegida, que actualmente cuenta con 47 unidades. A ello se suma la intención de promover nuevas viviendas en suelos como AB04 Rezola, en Arroabea.

El consejero socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha advertido de que el problema de fondo es estructural. “Nos encontramos ante un mercado de alquiler roto”, ha afirmado durante su intervención. Ante las críticas sobre una posible reducción de la oferta, ha reprochado que no merece la pena decir que “se va a reducir la oferta, porque la oferta ya es inexistente”. Para Itxaso, la declaración de zonas tensionadas no empeora el escenario, sino que trata de corregir un desequilibrio previo.

Itxaso también ha defendido que la regulación debe ir acompañada de incentivos para movilizar vivienda vacía y ofrecer seguridad a los propietarios. “Queremos dar certidumbre y seguridad”, ha explicado. En este sentido, ha recordado el próximo desarrollo de Alokaplus, que consta de un seguro frente a impagos o desperfectos, y ha destacado la labor de Bizigune, que facilita la incorporación de viviendas al alquiler protegido. El consejero ha defendido que “en un mercado que se regula solo” existe un riesgo real de expulsión de vecinos de sus municipios. “En nuestro modelo de país no cabe que nadie sea expulsado de donde quiere vivir”, ha concluido Itxaso.

Las zonas tensionadas, creadas por la normativa estatal de 2023, permiten controlar los precios del alquiler. Además, con la nueva ley vasca de 2025 se establecen medidas adicionales como la limitación de viviendas turísticas. Igualmente, el decreto que entrará en vigor próximamente ampliará las coberturas de programas como Gaztelagun (ayudas al alquiler juvenil) o Bizigune (captación de pisos particulares) en esas áreas.

Zarautz no ha pedido al Gobierno vasco ser declarado como zona tensionada en materia de vivienda y no tiene fecha para hacerlo. El PNV tiene guardada en un cajón la moción aprobada en el pleno del ayuntamiento guipuzcoano hace más de un año con el voto a favor del PSE-EE -su socio en el Gobierno municipal y que dirige Vivienda en el Gobierno- y de EH Bildu. Salió adelante con la abstención del grupo municipal nacionalista, que tiene entre sus concejalías la de Urbanismo. “Tenemos otras prioridades”, señalan fuentes de la alcaldía, que por el momento no se plantean la tramitación de la solicitud pese al malestar de su socio de Gobierno.

El hecho de que un municipio como Zarautz, altamente turístico y con grandes problemas de vivienda, se quede fuera del listado de municipios tensionados, tendrá un efecto directo en las cantidades subvencionables para los jóvenes que reciben las ayudas del programa Gaztelagun, como ha recordado estos días el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en las explicaciones que ha realizado de las medidas contempladas el decreto de medidas “urgentes” aprobado este pasado martes en el Consejo de Gobierno vasco después de un año de espera.

Por ejemplo, en el caso de Gaztelagun, los 300 euros mensuales para jóvenes hasta 36 años, el decreto actualiza las condiciones de acceso a las ayudas al alquiler y las rentas máximas subvencionables aumentan hasta el 95% del precio medio de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) en las zonas tensionadas. Esto pasa en Donostia, donde se admitirían alquileres de 998 euros. En Zarautz, al no ser zona tensionada, los beneficiarios de las ayudas de Gaztelagun no podrán optar a alquileres de más de 800 euros, sea cual sea el precio medio que fije la EMAL.

También quedan fuera los municipios que no tienen la declaración de zona tensionada de los mayores beneficios para los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler dentro del programa Bizigune. Si el canon que paga el Gobierno vasco para todos los municipios es de 700 euros mensuales, en el caso de los tensionados puede alcanzar el 95% del precio medio de la EMAL si éste supera el máximo de Bizigune. Es decir, en Donostia podría ser de 998 euros, nuevamente, en Bilbao de 822, en Vitoria de 709 y en Irún de 732 euros. Zarautz también se queda fuera de esta posibilidad y el canon aplicado a los pisos cedidos al Gobierno a través de Bizigune no pasará de 700 euros, pese a que el 80% del valor del mercado está ya en los 716 euros.

No es Zarautz el único municipio con crisis de vivienda que no se ha sumado aún al listado de zonas tensionadas para poder subir el precio de alquiler. También destaca Getxo, en Bizkaia, como localidad que se queda fuera de estos cambios para los beneficiarios de Gaztelagun o de Bizigune. Pero en Getxo no se ha aprobado una moción para llevar a cabo esta declaración. Sin embargo, en Zarautz la moción municipal está aprobada, pero al no contar con el respaldo del grupo mayoritario, y no ser vinculante, el PNV no la lleva adelante. “No creemos que el PNV vaya a hacer nada antes de que termine la legislatura. Como mucho, justo antes del final, para decir en campaña que están haciendo algo en materia de vivienda. Lo tenemos clarísimo”, señala el portavoz socialista en el ayuntamiento, Inaxio Illarramendi.

El PNV atribuye el retraso a la “gran carga de trabajo” que tiene en estos momentos la concejalía de Urbanismo, con “otras prioridades”. “Estamos en una pelea constante con el PNV por este tema. Un continuo rifirrafe porque para nosotros sí es una prioridad”, dice el portavoz socialista. “Es una decisión política priorizar unos temas u otros y no les interesa porque el tema de las zonas tensionadas no es una política suya”. Recuerda Illarramendi que argumentan que establecer zonas tensionadas puede afectar de forma negativa al mercado.

Es una apreciación que en un principio se defendía en general por todo el PNV. Sin embargo, en Donostia o en Bilbao, “sitios donde también gobierna el PNV, que tiene alcaldía con el apoyo del PSE-EE, se han declarado zonas tensionadas”. “Y no tienen tanta problemática como Zarautz”, indica. “Estamos hablando de un municipio más o menos pequeño, de 23.000 habitantes, que tiene una problemática mayor que Donostia si hablamos del porcentaje que supone para los sueldos la vivienda en cuanto a su ingreso mensual”, denuncia. Señala también que en alquiler “los precios están por encima de los 1.000 euros, y en compra más de 400.000 euros cualquier piso a reformar”. “Y ante esto, para el PNV la única solución es construir más y no intervenir en el mercado. Obviamente estamos de acuerdo con el PNV en que hay que construir más vivienda pública, pero ellos no ven necesario una intervención en el mercado, como pueden ser con las zonas tensionadas, y para nosotros es prioritario”, señala el portavoz del PSE-EE.

El Gobierno vasco va a formalizar este martes un relevo en su tercer nivel de la Administración, aunque de gran trascendencia. Se va a aprobar el cese de Mario Yoldi, alto cargo en el área de Vivienda ahora con el consejero Denis Itxaso pero, con diferentes funciones, siempre detrás de todos los consejeros del ramo de modo ininterrumpido durante las últimas cuatro décadas. Es el arquitecto de las políticas públicas de Vivienda en Euskadi de los últimos lustros, incuyendo el decreto de modificación de una batería de programas que se aprobará también este martes al igual que su salida del organigrama.

Yoldi se jubila. Lo ha explicado este lunes el consejero Itxaso en una rueda de prensa de presentación de la redacción final del decreto, en la que estaba presente a su lado. “Es el artífice de esto y de buena parte de las políticas de este departamento en las últimas décadas”, ha señalado. Y ha agregado que es un “funcionario de carrera” que ha prestado “servicios de alta dirección” y también cargos políticos con consejeros de varios partidos “fundamentalmente por su capacidad, conocimiento y trayectoria”, ha indicado. “Este Gobierno le debe mucho”, según Itxaso.

Licenciado en Económicas por la EHU, tiene también un máster en la materia por la misma Universidad. En 1989 se incorporó ya a Vivienda como jefe de Estudios, Planificación y Presupuestos, un cargo que mantuvo durante dos décadas. Sus consejeros fueron José Miguel Martín Herrera, del PSE a secas, Jon Larrinaga de EE, José Antonio Maturana, del PSE-EE, Patxi Ormazabal, de EA, y Javier Madrazo, de EB-IU. Después, en la primera etapa del socialista Iñaki Arriola ascendió a alto cargo, a director. En la primera legislatura de Iñigo Urkullu, con los consejeros del PNV Juan María Aburto y Ángel Toña, fue de nuevo responsable de Estudios, Planificación y Presupuestos. Arriola regresó a Vivienda y ocupó el puesto ocho años más. En estas dos legislaturas y en la actual, con Itxaso, ha vuelto a ser alto cargo designado por el PSE-EE, en concreto director de Planificación y Procesos Operativos.

En su última comparecencia compartida, Itxaso ha querido comprar una reflexión de Yoldi sobre las políticas de Vivienda y ha asegurado que “Euskadi ha hecho muchas cosas bien” en cuatro décadas y que fuera “se reconoce ese valor distintivo”. “Pero también nos ha superado la demanda” y la carestía de los precios, ha admitido el consejero. Yoldi se va con la Vivienda como principal preocupación ciudadana pero también con Euskadi como primera comunidad que, en 2015, reguló por ley el desarrollo del derecho constitucional.