La reserva estratégica de suelo vasca para vivienda protegida que contempla la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo se estrena en Urnieta. La reparcelación de la zona conocida como Babilonia, en la que está prevista la construcción de 340 viviendas, reserva para el patrimonio público de suelo del Gobierno vasco la participación del 5% prevista en la ley aprobada en el mes de diciembre, lo que supone 3.487,5 metros cuadrados.

Esta reserva de suelo era una medida de la nueva normativa que se preveía polémica, porque supone la obligación de los ayuntamientos a ceder suelo urbanizable al Ejecutivo, y de hecho, esta primera cesión se ha conseguido después de que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana remitiera un requerimiento al Ayuntamiento de Urnieta, gobernado por el PNV, tras comprobar que la aprobación definitiva de la reparcelación no había contemplado inicialmente esta reserva, según han señalado desde la consejería que dirige Denis Itxaso.

En concreto, la nueva regulación establece que, en las unidades de ejecución promovidas por particulares, de uso predominantemente residencial, con más de 20.000 metros cuadrados de techo residencial y previsión de vivienda protegida, una tercera parte de la cesión urbanística pública corresponde al Gobierno vasco. Esa participación equivale al 5% del aprovechamiento total cuando la cesión pública es del 15%. Según ha cuantificado el Ejecutivo, en números, el proyecto de reparcelación cuantifica la edificabilidad residencial del ámbito en 34.741 metros cuadrados y la edificabilidad ponderada total en 69.750,36 metros cuadrados. De esos, el 5% recalará sobre el Ejecutivo autonómico, es decir, 3.487,5 metros cuadrados.

La ley permite materializar la cesión en parcelas edificables o en superficie de viviendas construidas, terminadas y equipadas, que quedarán adscritas al patrimonio público. Según ha señalado el departamento de Vivienda, en el caso de esta parcela de Urnieta, se está ultimando el encaje técnico para que el aprovechamiento correspondiente al Gobierno vasco -los 3.487,5 metros cuadrados- “se materialice con hasta 30 viviendas protegidas terminadas, que se inscribirán a su nombre y se incorporarán al parque público de alquiler. La cifra definitiva dependerá de los cálculos económicos y urbanísticos que aún deben cerrarse”, señalan. “La fórmula permitirá hacer efectivo el 5% sin poner en riesgo la continuidad del ámbito ni obligar a iniciar una nueva reparcelación. El objetivo técnico es completar el proceso antes de finales de septiembre, una vez formalizada la respuesta al requerimiento y resueltos los detalles registrales y económicos!.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha advertido de que “no estamos ante una concesión graciable ni ante una decisión voluntaria que pueda negociarse de forma distinta en cada municipio. Es el cumplimiento de un automatismo legal aprobado por el Parlamento Vasco. Babilonia será el primer caso, pero todas las reparcelaciones que reúnan los requisitos deberán incorporar desde el inicio la participación que corresponde al Gobierno vasco”.

La reserva estratégica permitirá acumular suelo y activos residenciales con destino permanente a la promoción de vivienda protegida en alquiler. Su finalidad es dotar al Gobierno vasco de una base patrimonial estable que permita programar nuevas promociones durante las próximas décadas y reducir la dependencia de cesiones puntuales o de la disponibilidad coyuntural de parcelas, defiende el consejero. Por eso, ha reiterado que se trata de una “cuestión de país y no caben atajos en la aplicación de la ley. Cada operación que cumpla los requisitos debe contribuir a ampliar el patrimonio público y cada metro cuadrado obtenido debe orientarse a vivienda protegida en alquiler”, ha advertido. El Departamento realizará un seguimiento de las nuevas reparcelaciones para garantizar que esta previsión se incorpora correctamente.

No obstante, recuerda que el mecanismo mantiene la posibilidad de colaboración municipal: “Cuando un ayuntamiento opte por promover directamente vivienda pública en alquiler, podrá solicitar al Gobierno vasco las parcelas resultantes de esta cesión mediante la presentación del correspondiente proyecto de edificación. La prioridad es garantizar que el aprovechamiento urbanístico público termine generando vivienda asequible y permanezca vinculado a esa finalidad”.

Itxaso ha destacado que medio año después de la aprobación de la Ley, las primeras herramientas creadas para movilizar suelo y acelerar la producción residencial “comienzan a trasladarse a operaciones concretas”. En este sentido, ha señalado que además de la primera reserva de suelo en Urnieta, Errenteria y Portugalete han activado la vía de la actuación prioritaria en los ámbitos de Gamongoa y Vicios. “Una ley adquiere todo su sentido cuando deja de ser una previsión en el boletín y empieza a resolver problemas reales. Gamongoa y Vicios muestran que la actuación prioritaria puede ayudar a desbloquear suelo y Babilonia inaugura un mecanismo que permitirá transformar una parte de las plusvalías urbanísticas en patrimonio público destinado al alquiler”, indica.

Portugalete y Errenteria se han acogido a la actuación prioritaria y el procedimiento abreviado para tramitarla para las actuaciones que prevean vivienda de protección pública. Esta calificación permite utilizar un procedimiento abreviado, tramitar de manera coordinada los informes y autorizaciones, flexibilizar determinadas previsiones del planeamiento y evitar instrumentos urbanísticos intermedios cuando se apruebe el proyecto ejecutivo. Los reajustes de la ordenación estructural no pueden superar el 10% de la superficie del ámbito, de la edificabilidad urbanística total o de los usos compatibles. El procedimiento mantiene los estudios de viabilidad y sostenibilidad económica, la evaluación ambiental que corresponda, los informes sectoriales y las garantías de ejecución. También exige acompasar la construcción de la vivienda protegida y la libre. “Agilizar no significa rebajar garantías. Significa ordenar trámites, eliminar duplicidades y exigir compromisos reales de ejecución. El tiempo del urbanismo tiene que acercarse al tiempo de las personas”, ha afirmado Itxaso.

En el caso de Errenteria, ha planteado el desarrollo de Gamongoa, situado entre el polígono de Txirrita Maleo y Pontika, mediante un anteproyecto de actuación prioritaria. La propuesta eleva la capacidad residencial desde las aproximadamente 680 viviendas previstas inicialmente hasta un máximo cercano a 755, con alrededor de 70 unidades adicionales. El ajuste se apoya en el incremento de hasta el 10% permitido para la edificabilidad urbanística. De acuerdo con los datos publicados sobre la operación, la superficie construible pasaría de 61.416 a 67.557 metros cuadrados. Más del 75% de las viviendas continuará sometido a algún régimen de protección pública, por encima del mínimo legal aplicable.

La combinación de vivienda social, tasada y libre pretende mejorar la viabilidad económica del ámbito sin renunciar al carácter mayoritariamente protegido de la actuación. Las viviendas tasadas mantienen un precio regulado y permiten ampliar la respuesta a hogares de rentas medias que tampoco pueden acceder al mercado libre en las condiciones actuales. Itxaso ha señalado que “la flexibilidad prevista por la ley está al servicio de la ejecución. No tendría sentido mantener durante años un planeamiento formalmente ambicioso si sus viviendas nunca llegan a construirse”. “La obligación pública consiste en preservar la protección y encontrar una combinación viable que permita pasar del plano a la obra”, indica.

El proyecto se encuentra todavía en fase de tramitación municipal. La presentación del anteproyecto inicia el procedimiento abreviado, pero no sustituye las aprobaciones, informes y garantías que deberán completarse antes de comenzar la urbanización y la edificación.

En Portugalete, la propiedad de los terrenos de Vicios ha registrado un anteproyecto de actuación prioritaria para promover hasta 650 viviendas en uno de los principales ámbitos de expansión del municipio. El desarrollo permanecía paralizado desde hacía más de veinte años, mientras la demanda de vivienda protegida en la localidad ha alcanzado las 3.665 solicitudes.

La propuesta inicial contempla 420 viviendas sometidas a protección pública y 230 viviendas libres. De las protegidas, 360 serían viviendas sociales —la mitad en alquiler y la mitad en compra— y 60 serían tasadas. En conjunto, la protección pública representaría el 64,5% de la actuación, por encima del mínimo del 60% que la ley permite aplicar en suelo urbanizable cuando se acredita la viabilidad económica y se asumen condiciones de ejecución inmediata.

El planteamiento mantiene el número de viviendas sociales dirigidas a las rentas más bajas y reajusta el peso de la vivienda tasada y libre para hacer posible la operación. Las cifras deberán concretarse durante la tramitación y ser aprobadas por el Ayuntamiento de Portugalete.

“Durante años advertimos de que había miles de viviendas protegidas pendientes de construirse en suelos ya calificados porque las operaciones no cerraban económicamente o quedaban atrapadas en procedimientos interminables. La ley se aprobó para intervenir sobre ese bloqueo y estos primeros anteproyectos empiezan a acreditar que la herramienta era necesaria y útil”, ha subrayado el consejero.

Los 300 euros al mes que cobran alrededor de 9.500 jóvenes vascos como ayuda para el pago de sus alquileres, el programa conocido como Gaztelagun, han estado a punto de quedar anulados de un plumazo en los últimos meses por un tecnicismo de una ley de 2023. De hecho, la Oficina de Control Económico, un organismo fiscalizador dependiente del Departamento de Hacienda, llegó a plantear que las prestaciones “debían entenderse” como “derogadas” ya el 1 de enero de 2026. El entuerto jurídico ha obligado al área de Vivienda, dirigida por el socialista Denis Itxaso, a aprobar una orden para garantizar los pagos en 2026 y a preparar la tramitación “urgente” de una nueva regulación para hacer indefinidas estas ayudas, precisamente recién reformadas en primavera después de un año de espera para dar cobijo a más beneficiarios potenciales en un contexto de emergencia habitacional.

¿Cuál el origen del problema? A finales de 2023, dentro del paquete legislativo del final del mandato de Iñigo Urkullu, el Parlamento Vasco promulgó una ley de subvenciones que pedía, en el punto primero de una disposición final, que había que adaptar las “bases reguladoras” de todas las prestaciones que se considerasen “indefinidas” a la nueva reglamentación. Se daba el plazo de un año, aunque luego fue estirado otro más, es decir, hasta finales de 2025. Eso sí, el resultado final no cambiaba: de no hacerlo, se daba por derogada la ayuda en cuestión.

Sostiene el área de Vivienda que, “tras el análisis de la norma”, no se consideró “necesaria” la “adaptación”, aunque se admite que Gaztelagun se puso en marcha en 2018 como “proyecto piloto” y que luego ya se perpetuó. “Pero esta decisión no fue compartida por la Oficina de Control Económico, que consideró que al no realizarse dicha adaptación debía entenderse la norma como derogada a partir del 1 de enero de 2026”, se admite en el expediente de la nueva regulación por parte del propio Itxaso.

Por ello, “para no interrumpir la concesión de esta ayuda” en 2026, se tuvo que aprobar en junio una nueva orden, aunque limitada a los pagos de este año. “No obstante, la vocación de la ayuda continúa siendo estructural e indefinida y, por lo tanto, es necesario que se regule con urgencia en una disposición de carácter general”, añade el consejero en los borradores de esa redacción que hará definitivas las ayudas de Gaztelagun a partir de 2027 y cuya tramitación fue iniciada ya este pasado jueves, antes del festivo de San Ignacio y de las vacaciones de agosto.

Según Vivienda, “el objetivo continúa siendo el aumento de la tasa de emancipación de este colectivo de personas jóvenes mediante la consolidación de un programa cuya eficiencia y utilidad ha quedado claramente demostrada”. Se anuncia incluso una inversión presupuestaria de 33 millones de euros para las solicitudes que lleguen a lo largo del ejercicio 2027 (por 28 de 2026) teniendo como previsión una nueva congelación de la cuantía mensual de cara al año próximo. En 2022 subieron de 250 a 275 euros y en 2023 de 275 a 300 euros; y ahí se han quedado.

La regulación de Gaztelagun confirma los cambios ya anunciados en primavera, es decir, que en las zonas tensionadas se puede optar a pisos de hasta el 95% del precio medio real para cobrar la ayuda. En los últimos años, se habían quedado fuera solicitudes por entenderse que alquileres de 900 euros, por ejemplo, eran suntuosos y, por lo tanto, no sujetos a ayuda pública.

Se indica también que los beneficiarios serán personas de 18 a 35 años, aunque con excepciones. Se podrá optar a la prestación desde los 36 hasta los 40 en caso de “personas con cualquier tipo de discapacidad” por encima del 33%. Para poder cobrar Gaztelagun, hay que tener unos ingresos mínimos de 3.000 euros y máximos de 30.000, salvo las parejas (36.764) o las familias numerosas (39.184). Se controlará también que el patrimonio o los ahorros no superen los 75.000 euros.

Fuentes del área de Vivienda indican que “está asegurado” que el programa Gaztelagun “no va a caer”. “En el momento en que hemos tenido conocimiento de la problemática, nos hemos puesto a trabajar. Lo primero es dotar de seguridad jurídica a la propia prestación”, añaden estas fuentes del equipo de Itxaso.

El mercado ha dado un respiro a Donostia, con un descenso de los precios de los nuevos alquileres del 3,7% en el último trimestre de 2025, de 1.175,6 a 1.131,9 euros, según la más reciente EMAL (Encuesta del Mercado del Alquiler). La ligera desinflamación se aprecia también en otras zonas del área metropolitana como Irún, Errenteria o Lasarte-Oria. El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cree que “las cifras invitan a la esperanza” porque, además, no ha descendido la oferta. Y lo atribuye a la plena aplicación de las previsiones para las zonas tensionadas previstas en la ley estatal de 2023, que solamente fue posible en esa época. Por el contrario, la misma estadística ofrece otra fotografía menos favorable en Bizkaia: en Bilbao las rentas ya pasan de los 1.000 euros por vez primera y Getxo se convierte en el municipio más caro, con 1.175,7 euros mensuales.

Itxaso ha presentado estos resultados precisamente en Donostia. Según ha dicho, sería “prematuro” ver esta mejora como una “tendencia consolidada”, pero al menos sí cree que hay que ponderar los elementos positivos en el “primer trimestre en el que confluyen todas las herramientas previstas para las zonas tensionadas en Gipuzkoa”. Son tres meses, octubre, noviembre y diciembre de 2025, en que “por primera vez” desde que se hace la EMAL, desde 2016, se reducen “al unísono” los precios en los principales núcleos urbanos. Es más, a la par se constata una “ligera” subida de precios en zonas no tensionadas de Gipuzkoa.

En cifras, Donostia baja de 1.175,6 a 1.131,9 euros mensuales de media, un 3,7%. Es el dato de los nuevos contratos firmados en el período analizado. Errenteria, la primera localidad vasca en agogerse a este sistema de control de precios, pasa de 834,9 a 800,4 euros, un 4,1%. Irún, el segundo municipio más poblado, ve un descenso de 878 a 851,8, del 3%. Lasarte-Oria tiene una pequeña bajada de precios, de apenas el 0,6%, ya que se queda en 893,2 frente a los 898,3.

Para Itxaso, lo relevante es que eso no venga acompañado de una “contracción” de la oferta, una de las críticas que hacen los detractores de la normativa estatal, desde el PP a nivel general hasta el PNV a nivel más local. “El dato importante es doble: bajan las rentas de entrada en varios de los municipios más tensionados y, al mismo tiempo, Gipuzkoa alcanza los 31.351 contratos activos. Es decir, no estamos viendo una contracción del parque registrado, sino una primera moderación de precios con más viviendas alquiladas”, se ha congratulado. Y ha añadido, insistiendo en lo simbólico del caso de Donostia, que “supone un primer alivio en uno de los mercados residenciales más tensionados de España”, aunque ha pedido cautela hasta ver la evolución de los siguientes trimestres.

Aunque con retraso, Gipuzkoa fue el primer territorio que logró de su Hacienda foral los datos para activar los denominados índices de precios de referencia. Sin ellos, se aplicaban las zonas tensionadas pero no en todos los supuestos. Estos índices permiten limitar precios en primeros alquileres, viviendas que llevan tiempo fuera del mercado y casas de grandes tenedores, los propietarios de muchos inmuebles.

Itxaso ha puesto también en valor la política fiscal de Gipuzkoa y su incidencia sobre la Vivienda. “25.000 propietarios se han beneficiado de la bonificación del 70% en el IRPF por alquilar sus viviendas a precios contenidos, con un impacto fiscal cercano a los 18 millones de euros. Además, otros 28.000 declarantes que alquilan a precios de mercado han recibido bonificaciones del 30%, por un importe aproximado de 4 millones”, ha indicado el Ejecutivo vasco.

Álava estable, Bizkaia a peor

En Álava y en Bizkaia, las respectivas Haciendas forales han llegado más tarde, ya este 2026. Así, si la media en Gipuzkoa es de descenso del 3,5%, en Bizkaia se produce una subida del 2,1%. Por vez primera en diez años, este territorio es más caro que Gipuzkoa y, además, Getxo es el municipio con los precios más elevados, por encima de Donostia. En esta localidad se han disparado un 5,5%, y llega a 1.175,7 desde los 1.114,3 anteriores. Además, los contratos activos han bajado igualmente, un 0,5%. En el caso de Bilbao, se supera el simbólico umbral de los 1.000 euros mensuales: de 989,8 a 1.011,1, un 2,2% de subida trimestral. Barakaldo tiene un repunte del 1,8% y se queda en 828,4 euros.

“Los datos de Bizkaia ofrecen una fotografía previa a la entrada en funcionamiento del índice de referencia en dicho territorio y permitirán comparar en los próximos meses cómo evoluciona el mercado una vez desplegadas todas las herramientas de las zonas tensionadas”, despeja Itxaso sobre estos malos resultados.

En el caso de Álava, sigue como la zona más “contenida” de Euskadi. En Vitoria, la única zona tensionada y nuevamente sin todas sus medidas aplicadas en el período medido, la situación es de “estabilidad”. De 851,6 euros de media se ha pasado a 851,2. Sí ha habido un incremento anual del 2,8% en los alquileres activos y declarados.

Entre los recientes anuncios del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, opacado por los cambios en Etxebide para garantizar que el 30% de las adjudicaciones de pisos protegidos lleguen a la “clase media”, se encuentra la “recuperación de un mecanismo que permita adjudicar vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando ésta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares”. “En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible”, se expone.

En puridad, un decreto de 2008 y la ley autonómica de 2015 ya regulan los “itinerarios” o cambios de viviendas protegidas que, por diferentes circunstancias, pueden quedarse inadecuadas. 912 personas se han beneficiado entre 2019 y 2024 cambios de alquileres asignados, según datos oficiales facilitados a este periódico por el área de Vivienda. En detalle, fueron 86 en 2019, 80 en 2020, 182 en 2021, 163 en 2022, 214 en 2023 y 187 en 2024, siempre según estas estadísticas.

En el decreto de 2008, cuando Javier Madrazo de IU-EB era el consejero, es el artículo 29 el que menciona los “itinerarios”. Se alude que “el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales”, el antiguo nombre de la cartera que ahora dirige Itxaso, “deberá garantizar la adecuación de la vivienda de protección oficial, en cuanto a su superficie útil, a las necesidades de las unidades convivenciales”. Por ejemplo, si alguien accede solo a una casa y luego amplía su familia, podría acogerse a esta posibilidad. En ese momento, se apuntaba a un mínimo de “15 metros cuadrados útiles” por persona. Vivienda añade que “además de por ratio, se realizan cambios de vivienda por motivos de salud, profesionales, familiares, de adecuación de la vivienda o de convivencia”.

En la ley de 2015, impulsada en el Parlamento Vasco por Bixen Itxaso, hermano del actual consejero, es el artículo 39 el que habla de los “itinerarios”. Esta ley fue la primera en España en desarrollar la previsión constitucional del derecho a la vivienda y, en este inciso, lo complementa aún más: “Las personas ocupantes legales de una vivienda de protección pública tienen derecho, en los términos que se establecen en este artículo, al acceso a la ocupación legal de una vivienda adecuada a sus necesidades a lo largo de las diferentes etapas de su vida”.

En suma, preveía que si la situación cambiaba, pudiera cambiar también el inmueble. Y aquí, además de tener hijos, se aludía a “traslados por motivos laborales o profesionales”. “Las personas o unidades de convivencia interesadas podrán presentar una solicitud ante la Administración pública que se la hubiere adjudicado o, subsidiariamente, ante el órgano competente en materia de Vivienda del Gobierno vasco, pidiendo que se reconozca la necesidad de cambio de vivienda, así como la posibilidad de su incorporación al cupo que se cree, a los efectos del pertinente procedimiento de permuta”, se puede leer. Ese “cupo” nunca ha sido desarrollado.

El Gobierno vasco modificará los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial para abrir el abanico a las “clases medias”, entendidas como las unidades convivenciales con rentas entre 20.000 y 46.000 euros. La reforma supondrá reservar un cupo de un 30% de las viviendas de VPO, de alquiler o de venta, ofertadas en Etxebide, para este tramo de rentas, lo que supone que se beneficiará alrededor de 34.148 personas de las 109.033 unidades convivenciales inscritas en Etxebide.

De ellas 12.930 están en Gipuzkoa, 16.564 en Bizkaia y 4.654 en Álava. “El problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema: afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que el mercado ha dejado fuera”, ha señalado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso.

El consejero ha presentado las modificaciones de la norma este jueves porque arranca el periodo de exposición pública, aunque en el Departamento no se prevé que su aprobación, que se realizará vía decreto, no se haga antes de un año. Es decir, a la modificación de la normativa le queda todavía un largo camino. Es la misma tardanza que tuvo el decreto de medidas urgentes con cambios para Gaztelagun o Bizigune.

Con esta nueva medida se pretende dar respuesta a una franja de población que se está quedando fuera del acceso a la VPO porque los puntos para poder optar a Etxebide otorgan ventaja a las rentas más bajas. El consejero ha indicado que las rentas más bajas y las más vulnerables seguirán siendo “las que más preocupen” al Gobierno, pero ha señalado que actualmente la media de ingresos de las unidades convivenciales que resultan adjudicatarias de una vivienda de Etxebide no superan los 11.000 euros al año, lo que quiere decir que se cobra de media unos 250 euros al mes buena parte de nuestros inquilinos“.

“Eso se parece poco a la radiografía real de los demandantes de vivienda tota que tenemos”, sobre todo “teniendo en cuenta que ”hoy por hoy el problema de la vivienda no afecta solamente a las clases más vulnerables, sino también a las clases medias“. Este cupo del 30% dará más facilidades aque las 34.148 unidades convivenciales con tramos de renta entre 20.000 y 46.000 euros para resultar adjudicatarios de VPO, ”con independencia de cuál sea el número de hijos a cargo y otras condiciones que puedan afectar a su capacidad adquisitiva“. De estos inscritos en las listas, 18.268 optan a viviendas de alquiler, y 15.879 a compra.

Los ingresos entre 20.000 y 46.000 son por unidad convivencial, y se mantienen así cuando se habla de unidades convivenciales formadas por una sola persona. Cuando son dos o más, esos ingresos se ponderan, es decir, se les aplica un coeficiente correctivo a la baja en función de las cargas familiares que tengan. Por ejemplo una pareja con dos hijos, en los que las dos personas que ingresan dinero cobran 30.000 euros cada uno, se pasarían del tope, pero al ser cuatro personas, es decir, tienen cargas, se ponderan y a efectos de Etxebide esos ingresos serían de 45.900 euros.

Itxaso ha defendido que la nueva norma de Etxebide “es coherente con el diagnóstico que se viene haciendo desde el Departamento: la vivienda se ha convertido en un reto social de primer orden, pero también urbano, económico, generacional y democrático”. En ese sentido, ha señalado que “cuando un sistema público no reconoce toda la complejidad de la demanda, corre el riesgo de llegar tarde o de llegar solo a una parte del problema”. “Y nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy. La nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema”, ha recalcado.

“Hay muchas personas que cumplen con sus obligaciones, tienen nóminas, pagan impuestos y, aun así, no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables. Si la política pública no ofrece una respuesta también a esa parte de la sociedad, estaremos dejando crecer una fractura que afecta a la confianza en las instituciones y a la igualdad de oportunidades”, ha advertido el consejero.

Los cambios en la normativa introduce el desarrollo y consolidación de un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales. Este modelo combinará apartamentos destinados a jóvenes menores de 36 años, vinculados a itinerarios de emancipación, con alojamientos para personas mayores autónomas que necesitan soluciones accesibles, adecuadas y acompañadas. “En el caso de los jóvenes, se prevé exigir unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional y unos ingresos máximos de 46.000 euros, de forma que la estancia temporal cumpla su función: facilitar la emancipación, permitir la generación de ahorro y favorecer una posterior transición hacia otra solución habitacional”, ha indicado.

Itxaso ha defendido los alojamientos intergeneracionales como “una respuesta inteligente a necesidades distintas que pueden complementarse”. “La emancipación juvenil y el envejecimiento autónomo son dos grandes desafíos de país. Vincularlos a través de soluciones habitacionales adecuadas, temporales, accesibles y acompañadas nos permite innovar en política pública y construir comunidades más mixtas, más solidarias y más vivas”, ha señalado.

En relación con las personas mayores, la nueva norma plantea rebajar de 70 a 65 años la edad mínima para acceder a determinados apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, cuando la persona disponga de vivienda en propiedad, el acceso podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, contribuyendo así a incrementar la oferta de alquiler protegido y a movilizar vivienda hacia una función social.

La nueva normativa recogerá también la posibilidad de que se adjudique vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible.

Abordará igualmente mejoras también en funcionamiento del propio registro de Etxebide, por ejemplo, dando mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción, de manera que la permanencia en el registro siga generando valoración más allá de los límites actualmente existentes. Asimismo, se plantea evitar que el cambio de preferencia entre las modalidades de alquiler y compra suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados por antigüedad, siempre que la persona o unidad convivencial mantenga la nueva modalidad durante un periodo mínimo de tres años. Itxaso ha destacado que el futuro decreto “forma parte de una nueva etapa en la política vasca de vivienda”. “Como Gobierno nos disponemos a dar un salto de escala en materia de vivienda pública en alquiler, y para eso necesitamos una herramienta nueva, más afinada, más ágil y más justa. No basta con construir más vivienda si los procedimientos de inscripción, baremación y adjudicación no están preparados para responder al volumen, la diversidad y la urgencia de la demanda actual”, ha explicado.

Los vecinos de la calle José María Lidón, en Bilbao, han iniciado una recogida de firmas para intentar poner veto a la proliferación de pisos turísticos que ocupan los bajos de sus viviendas, que por cierto son bloques de VPO. Los vecinos quieren llamar la atención del Ayuntamiento de Bilbao y del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco para que no se autorice la instalación de más pisos o apartamentos turísticos en su calle, “que ya está suficientemente saturada”, y que se estudien otros usos para estos locales “priorizando los que beneficien al barrio”, el de Santutxu, “como viviendas sociales o servicios útiles para los vecinos”.

En el escrito que están distribuyendo para recoger las firmas entre el vecindario critican, ademá,s que estos apartamentos estén situados en los bajos de viviendas de protección oficial: “En un contexto de crisis de vivienda, resulta difícil comprender que en los bajos de VPO se impulsen actividades que puedan agravar esta situación. ”Bilbao esta declarada zona tensionada y al mismo tiempo, el turismo sigue creciendo. Nuestro barrio es un claro ejemplo“, denuncian.

El Gobierno vasco realizó en al año 2000 una promoción de vivienda protegida a través de la sociedad Visesa en esta calle de Bilbao que incluía nueve locales comerciales, que, al igual que las viviendas, se pusieron a la venta en el año 2005. En el mes de septiembre del año pasado, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, interpeló a través de una pregunta escrita en el Parlamento Vasco al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, sobre estos pisos turísticos, en aquel entonces diez apartamentos en lo bajos de los números 2 al 10 de esta calle, casi todos con entrada independiente de los portales.

El consejero reconoció que una vez transmitida la propiedad de las viviendas y locales, “la normativa aplicable no atribuye a Visesa, como promotora, funciones específicas. Tampoco la sociedad pública Alokabide realiza funciones ni gestiones en esta promoción”. Es decir que desconocía el uso de los locales existentes en los bajos de las viviendas, más allá de que cinco de ellos, fueron transmitidos en derecho de superficie en 2020 a una única persona jurídica, ISII SL, otro a la persona jurídica Oyrz SL, dos a pesonas físicas, y sólo uno de ellos permanece en manos de Visesa, que ha suscrito un arrendamiento con opción de compra con una persona física. Ahora los apartamentos ubicados en estos bajos los gestionan las empresas Bilbao North Shore Apartment y Bilbao Rooms and Kitchens Lidón.

Los vecinos, que tienen el apoyo de Santutxuko Familia Elkartea-Asociación de Familias de Santutxu para canalizar su protesta, denuncian que “en los últimos meses ha habido un crecimiento importante de este tipo de alojamientos, muchos de ellos gestionados por una misma empresa”, señalan. En total, ahora hay 14 apartamentos turísticos en esa calle, aunque sólo nueve accesos anexos a cada portal. “Esta situación está generando malestar y molestias al vecindario”, dicen desde la asociación, que relatan ruidos, personas que llaman al timbre equivocado a cualquier hora del día o de la noche porque no tienen clara la entrada al apartamento, suciedad, desperfectos y una pérdida progresiva de la tranquilidad de la zona. “Este modelo de turismo entra en conflicto con la vida cotidiana de la gente que vivimos en el barrio”, aseguran.

Hay que recordar que esta calle no está en el centro de Bilbao, pero sí cerca, y esta zona se ha convertido en un foco de alojamientos turísticos por su cercanía, por ejemplo, al Casco Viejo de Bilbao. De hecho, tal y como denuncian, a pocos metros de esta calle se encuentra el Spirit Hotel Gran Bilbao, así como otro bloque de apartamentos turísticos (Spririt apartamentos). Consideramos que la zona ya soporta una presión turística más que suficiente“, aseguran, ya que calculan que ”hay unas 500 plazas en un espacio muy pequeño“, en una zona en la que además no hay otros servicios.

Aunque son conscientes de que cerrar los apartamentos que están en marca hoy en día es difícil, el objetivo que persiguen con las movilizaciones, en las que la recogida de firmas puede ser el primer paso, es que no se concedan licencias para más apartamentos turísticos en las lonjas que están libres por la zona y que se siga saturando todo el entorno. Además, quieren llamar la atención sobre el hecho de que los pisos turísticos de esta calle estén en los bajos de viviendas de VPO, que hoy en día, con la legislación actual, podrían utilizarse como viviendas.

Cuando se conoció la situación de esta calle, con apartamentos turísticos en los bajos de viviendas de VPO, el consejero Itxaso señaló que se trata de “una fotografía” que no le gusta al Gobierno. “No nos gusta ver edificios de protección oficial con viviendas turísticas”, indicó el consejero, insistiendo en que “los que ya se vendieron” es algo que “no se puede controlar” y recordaba que se pudieron vender para poner un comercio y que luego se hayan vendido como vivienda turística. “Estamos poniendo ahora toda la carne en el asador para que no ocurra esto. Pero, si se cumplía la ley en ese momento, no lo podemos controlar. Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el control”, manifestaba entonces, e insistía en que Visesa la orden de reducir al máximo el número de lonjas en sus nuevas promociones.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, en coordinación con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el también socialista Javier Hurtado, ha enviado una carta a Jesús Encinar, CEO y fundador de Idealista, para exigir la retirada de anuncios de ventas de viviendas de protección oficial con sobreprecios. Al no ser legal vender las viviendas tasadas por un precio superior al establecido por el Gobierno vasco, lo que hacen los propietarios es vender los muebles por un precio considerablemente más elevado y así llevarse una ganancia extra. De hecho, se ha anunciado ya una reforma legislativa en este sentido.

“En los últimos días, hemos podido constatar la existencia de ofertas en las que la transmisión de viviendas protegidas se condiciona, de forma indisociable, al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios. Esta práctica, presentada como una supuesta compraventa de muebles, encubre en realidad un sobreprecio que vulnera de manera clara el régimen jurídico de las VPO y desnaturaliza los objetivos de interés público que las sustentan”, alerta la carta.

En el escrito Itxaso recalca que “el parque de vivienda protegida en Euskadi es el resultado de un esfuerzo sostenido durante décadas por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto: un esfuerzo económico, normativo y humano orientado a garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las clases medias y trabajadoras”. “La VPO no es un producto especulativo, sino un instrumento clave de cohesión social, diseñado precisamente para amortiguar las tensiones de un mercado inmobiliario cuyos precios se han desacoplado de las capacidades adquisitivas de buena parte de la ciudadanía. No podemos, por tanto, admitir que este objetivo se vea pervertido mediante prácticas que, bajo apariencia de legalidad, introducen incrementos ilegítimos en el precio efectivo de las viviendas. Es evidente que el mobiliario tiene un valor en el mercado; pero resulta igualmente evidente que no puede imponerse su adquisición como condición necesaria para acceder a una vivienda protegida”, sostiene.

De esta manera, exige tres acciones a Idealista: que procedan a la “revisión inmediata” de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en su plataforma, con especial atención a aquellas ofertas que incluyan pagos adicionales encubiertos; que “retiren sin demora” todos aquellos anuncios en los que se condicione la compraventa de la VPO a la adquisición obligatoria de mobiliario u otros bienes accesorios y que “establezcan mecanismos de control y verificación más estrictos”, que impidan la publicación y difusión de este tipo de prácticas en el futuro.

Además, Itxaso ha informado de que desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco han iniciado ya “actuaciones de inspección y análisis en distintos expedientes”, y no descartan “emprender las acciones administrativas o legales que correspondan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”. Por último, la carta finaliza con un aviso para el propietario de Idealista. “Le informamos de que hemos puesto los hechos en conocimiento del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, por las responsabilidades que pudieran derivarse en lo que afecta a los ámbitos de su competencia. Estamos convencidos de que Idealista, como plataforma de referencia en el mercado inmobiliario, comparte la responsabilidad de contribuir a la transparencia, la legalidad y la equidad en el acceso a la vivienda. Le insto, por tanto, a actuar con diligencia y compromiso para erradicar estas prácticas”, concluye.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

En lo que va de 2026, en Euskadi se han ejecutado 55 desalojos, desahucios o lanzamientos de las viviendas de alquiler protegido gestionadas por el Gobierno vasco a través de sus sociedades o entidades públicas. Han sido 14 en Álava, 27 en Bizkaia y otros 14 en Gipuzkoa. En el año completo de 2025, el número ascendió hasta los 71. Son datos que se desprenden de una respuesta en el Parlamento Vasco del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, a una pregunta formulada por Ana Morales, representante del PP.

Desde comienzos de año hasta finales de mayo, el Gobierno vasco y sus sociedades han presentado 70 demandas de desahucio: 22 en Álava, 36 en Bizkaia y 12 en Gipuzkoa. Estas demandas se presentan por diversos motivos: impagos no justificados (37), fin del plazo e incumplimiento de los requisitos para la renovación (23), ocupación ilegal (7) y fin del plazo y falta de entrega de las llaves (3). En 2025, el último año completo, se presentaron en total 188 demandas de desahucio, según la información remitida a la Cámara.

Hasta el último día de abril, además, se registraron un total de 9.912 rentas impagadas en el conjunto de parques de vivienda del Gobierno vasco, que incluyen Alokabide y Bizigune (casas privadas cedidas a la Administración para su incorporación al parque protegido) entre ellas. La suma del importe impagado pendiente de las tres provincias supera los 1.300.000 euros, con más de 592.000 euros pendientes en Bizkaia, 394.000 en Álava y 327.000 en Gipuzkoa.

La respuesta brindada por el consejero recoge también el número total de viviendas en alquiler gestionadas por la sociedad pública Alokabide y su situación. A fecha de 1 de junio, el total ascendía a 17.618, de las que 16.121 estaban arrendadas y ocupadas, mientras que 122 estaban adjudicadas pero pendientes de ocupar, 503 en proceso de admisión del programa Bizigune, que capta viviendas vacías, y 5 en proceso de adjudicación.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha firmado una instrucción para que sea considerado como infracción de carácter “grave” (con sanciones que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros) la denegación de la prórroga de un contrato de alquiler en las zonas tensionadas, que ahora mismo son las tres capitales de la comunidad autónoma y otros catorce municipios. La medida responde a que algunos fondos titulares de inmuebles están expulsando a los inquilinos alegando que los contratos son previos a la normativa estatal de las zonas tensionadas de 2023, que habilita expresamente a que se puedan reclamar extensiones anuales del contrato -con un tope de tres años- y manteniendo las mismas condiciones.

Según la resolución de De los Toyos, firmada a comienzos de junio y ya en vigor, se han recibido ya algunas “denuncias” por la “denegación de prórrogas extraodinarias”. Las fuentes consultadas aluden a casos relacionados con fondos que son titulares de inmuebles y que alegan que los contratos que ahora quieren finalizar son previos a 2023 y, por lo tanto, supuestamente eximidos de la ley. Los problemas se concentran en Vitoria y en Tolosa, siempre según estas fuentes.

El Gobierno vasco, por el contrario, interpreta que, si la vivienda está en una zona tensionada, queda igualmente protegida independientemente de la antigüedad del acuerdo con el propietario. Sin ese carácter retroactivo, el escudo quedaría totalmente desvirtuado, entienden. Así, si existe ese documento firmado, si el municipio está en la lista de zonas tensionadas y si el inquilino ha solicitado la prórroga correctamente, como es su derecho, el propietario no podrá ni denegarlo ni adoptar medidas “concluyentes” como realizar un “requerimiento fehaciente de entrega de llaves” o incluso “la interposición de una demanda de desahucio”. La medida afecta tanto a viviendas libres como a las protegidas.

Más bien al contrario, la Administración interpreta que las delegaciones de Vivienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han de “admitir a trámite las denuncias y comunicaciones” e “iniciar las actuaciones” para incoar un procedimiento “sancionador”. Se pide expresamente a los inspectores que se aquieten a estas directrices para evitar “resoluciones dispares ante supuestos de hecho idénticos”. Se recalca que la reforma de 2025 de la normativa autonómica de vivienda, que retoca la ley de 2015, refuerza aún más las potestades del Gobierno vasco para gestionar en su territorio las zonas tensionadas de la ley estatal de 2023.

¿Cuáles son las zonas tensionadas? Además de Vitoria, Bilbao y Donostia, son Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Barakaldo, Errenteria, Galdakao, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Pasaia, Tolosa, Usurbil, Zestoa y Zumaia. “La población residente en los municipios tipificados como zonas tensionadas en su totalidad (1.486.171 personas) representa el 67,31% de la población total de la comunidad autónoma”, recoge un informe de abril sobre la aplicación de la normativa estatal en Euskadi.

La ciudadanía ha puesto al lehendakari, Imanol Pradales, una nota de 5,8 en este final de curso, según el Sociómetro elaborado por la casa Ikerfel para el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia vasca. Es el político más valorado y continúa en línea ascendente desde que llegó a Ajuria Enea en 2024, cuando marcó un 5,3. Sin embargo, un 36% considera que la acción del Gobierno de PNV y PSE-EE es buena o muy buena, por un 41% de la medición anterior. Claramente, la vivienda es el gran problema social del momento: ya ha superado los valores de preocupación cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008.

Este lunes se ha conocido la versión completa del Sociómetro, cuyas estimaciones sobre las estimaciones forales trascendieron la pasada semana. La muestra ha sido de 3.485 personas entrevistadas entre el 20 y el 26 de mayo. Claramente, la ciudadanía dibuja una Euskadi contrapuesta a España: el 76% ve la situación española en lo político como mala o muy mala por un 30% en el caso vasco. En lo económico, los porcentajes se ajustan, de 53% a 21%, respectivamente, pero aún con diferencia. Solamente Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos tienen mejores datos de aceptación ciudadana sobre su economía.

La valoración general del Gobierno vasco cae. El último Sociómetro dejaba un 41% de notas buenas o muy buenas y ahora caen al 36%. Solamente entre quienes votaron al PNV en 2024 hay una mayoría que secunda la labor del Ejecutivo, ya que entre los socialistas es del 48%. Por áreas, se puntúa muy bien la labor en Cultura (en manos de Ibone Bengoetxea, del PNV) o en Turismo (de Javier Hurtado, del PSE-EE), pero muy mal la de Vivienda (de otro socialista, Denis Itxaso). En este caso, solamente un 8% dice que la “actuación” ha sido buena “en los últimos años”, por un 62% que directamente la ve “mala”. Solamente un 9% de los votantes socialistas está satisfecho con esta labor, según se deduce de los microdatos de la encuesta. En el caso de Salud, con Alberto Martínez del PNV al frente, el 25% aprueba la gestión, por un 39% que la ve mala.

¿Cuáles son los principales problemas? La vivienda lo es para el 60%, tres puntos más que en la medición anterior. Hace cinco años apenas lo mencionaba un 10%. Supera ya, por vez primera, el 58% de pico de la serie histórica, alcanzado en 2008 tras el estallido de la burbuja y la llegada de la gran crisis económica de las últimas décadas. Esto coincide con un respiro en la percepción de los problemas del mercado laboral, el segundo en la lista, y en Sanidad, que sigue cayendo. Sí suben la preocupación por la criminalidad y por los “problemas relacionados” con los extranjeros.

En cuanto a las valoraciones concretas de los líderes políticos, Pradales sube a un 5,8, con un nivel de aprobación del 57%. Un 23% no le conoce después de dos años en el cargo, eso sí. A Pello Otxandiano, líder de la oposición, no le pone cara la mitad de los vascos. Aprueba también, con un 5,3. El resto, desde el socialista Eneko Andueza con un 4,5 -solamente un 46% de los votantes socialistas le aprueba- hasta Javier de Andrés del PP con 3, suspende. Preguntados por la simpatía hacia los partidos, el más amigable es el PNV, con 5,2 sobre 10, pero el PSE-EE y EH Bildu empatan en segundo lugar con 4,4. Vox, en la cola, se queda en 1.

La sociedad vasca se inclina hacia el centroizquierda, es un poquito más nacionalista vasca y la etiqueta favorita es la de ser “tanto vasco como español”, mencionada por un 39% frente a un 23% de “más vasco que español”, un 19% de “únicamente vasco” o un 6% de “únicamente español”. Un 42% de los votantes del PNV y un 11% de los de EH Bildu son igual de españoles que vascos. Así, el 37% está en contra de la independencia, por un 22% que es partidario. Un 32% lo pensaría “según las circunstancias”:

El Gobierno vasco asegura que “las mejoras incorporadas al programa Gaztelagun” de ayudas de 300 euros mensuales al alquiler para jóvenes que fueron introducidas por decreto esta primavera después de que fueran anunciadas un año antes “han provocado una respuesta inmediata por parte de la juventud vasca”. “En las tres primeras semanas desde la entrada en vigor de la nueva normativa, el pasado 11 de mayo, se han registrado 526 solicitudes de ayuda al alquiler, frente a las 258 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 104%”, ha expuesto esta semana el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE.

“La reacción ha sido prácticamente inmediata. Cuando adaptamos las ayudas a la realidad del mercado y ampliamos las posibilidades de acceso, las personas jóvenes responden porque encuentran una herramienta útil para emanciparse y desarrollar su proyecto de vida”, dijo Itxaso en una entrevista en Radio Euskadi. “Nuestras ayudas habían quedado desfasadas respecto a esa realidad y hoy comprobamos que las mejoras aprobadas están funcionando precisamente para lo que fueron diseñadas: proteger a la ciudadanía y facilitar el acceso a una vivienda asequible”, agregó.

Los datos hechos públicos por Vivienda indican que “la primera semana de vigencia del decreto se registraron 178 solicitudes, un 74% más que las contabilizadas en la semana inmediatamente anterior” y que “en la segunda semana se alcanzaron las 200 solicitudes, lo que supone un crecimiento adicional del 29%”. “En la tercera semana se registraron 148 peticiones, manteniéndose todavía en niveles muy superiores a los habituales antes de la reforma”, exponen. Desde la puesta en marcha del programa, un total de 17.326 personas han resultado beneficiarias de estas ayudas y “la inversión acumulada supera ya los 96,2 millones de euros”, asegura el Ejecutivo, que mantiene un programa paralelo llamado Emantzipa, otros 300 euros que 2.811 están logrando simultanear.

“El escudo social que representa el decreto de medidas urgentes ya ha empezado a desplegarse y a dar resultados. Estos primeros datos confirman que era necesario actualizar los umbrales de acceso de programas como Gaztelagun y Bizigune para adaptarlos a la nueva realidad del mercado del alquiler, marcada por unos precios cada vez más elevados”, insistió Itxaso. Bizigune es el programa para captar pisos vacíos de particulares a cambio de un canon fijo para que sean incorporados al parque público y sacados en alquiler social.

“La nueva normativa eleva hasta 46.463,29 euros el límite máximo de ingresos para acceder a una vivienda del programa y aumenta hasta el 80% del valor de mercado el canon que reciben las personas propietarias que ceden sus viviendas, con un máximo general de 700 euros mensuales. En los municipios declarados zona tensionada, el decreto permite que la compensación a las personas propietarias alcance hasta el 95% del precio medio de alquiler de la EMAL. Gracias a esta medida, en Donostia se ha superado por primera vez la barrera de los 1.000 euros mensuales de canon, alcanzando concretamente los 1.008 euros para una vivienda incorporada al programa, frente al anterior límite de 675 euros. Aunque todavía es pronto para medir cuantitativamente el impacto de estas modificaciones, dado que la incorporación de viviendas al programa requiere trámites y documentación que precisan más tiempo que la solicitud de una ayuda al alquiler, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ya está observando señales positivas”, se indica sobre Bizigune, que habla de “incremento de consultas por parte de propietarios interesados en las nuevas condiciones y, especialmente, la renovación de contratos por parte de personas a las que les vencían próximamente los acuerdos de cesión”. 

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, se ha congratulado este viernes por haber logrado, a su juicio, que EH Bildu pase de denunciar que la reforma legislativa de 2025 para agilizar promociones fue una “contrarreforma” a “encabezar la procesión” porque uno de sus municipios más relevantes, Errenteria, que también fue el primero en ser declarado zona tensionada en aplicación de la normativa estatal, ha sido igualmente el pionero en aplicarla al anunciar 755 pisos en Gamongoa. Asimismo, aunque sin mencionar las siglas del PNV, ha ironizado que localidades “de todos los colores” piden también las medidas de la ley estatal, en concreto la declaración de zonas tensionadas.

“No se trata de pasar factura a nadie. Se trata de dar la bienvenida. [...] Creo que se trata de que todos nos subamos al carro de las herramientas”, ha manifestado Itxaso en declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Parlamento Vasco, en las que no ha querido comentar nada de las investigaciones de corrupción que rodean a excargos de su partido, como el rescate de Tubos Reunidos en 2021. El consejero, en su mano, llevaba un libro con el 'Plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi' y con una frase en su portada, 'El problema de la vivienda tiene solución. Y Euskadi tiene un plan'.

Según expuso el Ayuntamiento de Errenteria este jueves en un comunicado, “el anteproyecto de actuación prioritaria para la construcción del nuevo barrio de Gamongoa arrancó el lunes su tramitación con su registro formal por parte de las empresas promotoras”. Y agregó: “Dentro del proceso de tramitación se prevé su aprobación por parte del equipo de Gobierno el próximo mes de julio, acogiéndose a los instrumentos que habilita la nueva ley 6/2025 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento Vasco para agilizar la construcción de vivienda protegida y facilitar la ejecución de ámbitos residenciales estratégicos como es Gamongoa”. Sin embargo, se menciona también que 560 de las nuevas casas serán protegidas, más de un 74%.

La ley fue impulsada por el Gobierno de PNV y PSE-EE y promulgada en diciembre. La normativa tuvo el 'no' de EH Bildu, que insistió en que era una “contrarreforma” básicamente porque planteaba que el porcentaje de pisos protegidos en las promociones podía bajar del 75% al 60%, algo que no se producirá en Gamongoa. La formación abertzale lamentó también que el Ejecutivo no aceptara ninguna enmienda de la oposición en el articulado final. Itxaso, ahora, insiste en que era necesario dar “viabilidad” a los promotores privados y en su tesis de que el 75% de cero es cero, mientras que con un porcentaje más flexible sí se puede construir, aunque en Errenteria la flexibilización es de menos de un punto.

“Criticaban que estábamos dando de comer a las promotoras. Bueno, si hoy el ámbito de Gamongoa se moviliza es porque las promotoras, que son las propietarias de ese suelo, han encontrado la viabilidad que no encontraban en años anteriores”, ha insistido el titular de Vivienda, que ha pedido a los municipios que apliquen “sin anteojeras” ni “prejuicios” las “herramientas” de la nueva legislación. “El problema de la vivienda tiene solución. Lo estamos demostrando. Y necesitamos a todos. Nadie sobra”, ha insistido, esgrimiendo su libro.

Se da la circunstancia de que Itxaso se reunió hace justamente dos semanas con el líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. La cita venía motivada por unas palabras del consejero socialista, que lamentaba que la formación abertzale lanzara un plan para levantar 30.000 casas cuando sus municipios se negaron durante años a ceder suelos. Les pidió que bajaran “de las musas al teatro” repetidamente. Preguntado por si Errenteria ha hecho ya ese camino y si es fruto de los acuerdos alcanzados en esa reunión, Itxaso ha insistido en que “es buena noticia” que quienes votaron en contra apliquen la ley “de manera aventajada”. El consejero ha señalado también que dos municipios controlados por el PSE-EE, Portugalete en Bizkaia y la capital de Álava, Vitoria, se acogerán también a las nuevas pautas marcadas en la nueva ley para hacer promociones.

La dirigente abertzale Nerea Kortajarena, de su lado, ha negado con rotundidad que exista una “contradicción” entre el plan de Errenteria y el rechazo a la ley. De hecho, ha insistido en mantener que “es una contrarreforma”. Ha destacado que el municipio mantiene el 75% del estándar de vivienda protegida, muy por encima del 60%.

“La crítica principal era que se redujeran los estándares. Nos seguimos manteniendo en esa idea. Estamos de acuerdo en que se puedan agilizar otros trámites en determinadas condiciones [que es a lo que se acoge Errenteria] pero para eso no es necesario reducir los estándares [de vivienda protegida]. En Orereta lo hemos demostrado. Vamos a mantener el 75%”, ha insistido la portavoz de EH Bildu, que ha comparecido en la sala de prensa de la Cámara mientras Itxaso respondía a una pregunta del PP y seguía esgrimiendo su libro.

EH Bildu ha añadido que Itxaso debería estar más “preocupado” de lo que pasa en otras localidades. Kortajarena se refería a Donostia y al plan del conocido como Infierno. Según la formación abertzale, el PNV -que gobierna allí con los socialistas- insiste en ceder las parcelas a promotores privados para que “se lo lleven crudo” en vez de hacer vivienda protegida.

La vecindad de Riberas de Loiola ha comparecido en el Parlamento Vasco este martes para denunciar la falta de respuesta coordinada entre instituciones en torno al desarrollo del barrio donostiarra. Ha advertido de que la planificación urbana no ha ido acompañada de servicios ni de equipamientos suficientes para la población residente y proponen una mesa interinstitucional para lograr una mayor coordinación. Piden la paralización de las viviendas dotacionales anunciadas.

Javier Santos, vecino del barrio Riberas, ha explicado que el barrio, con más de 20 años desde su construcción, cuenta con 2.527 viviendas y más de 6.000 habitantes, según los datos que recabaron del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha expuesto que, a pesar de ello, Riberas no cuenta con un centro de salud, hogar de jubilados, haurtxoko ni gazteleku, servicios que quedaron pospuestos por falta de presupuesto a la hora de construir el barrio.

El vecino ha explicado que el planteamiento institucional que propone el Gobierno vasco con la construcción de apartamentos dotacionales no aborda integralmente la falta de equipamientos, servicios y planificación coordinada que denuncian desde hace años. En ese sentido, han insistido en que las soluciones planteadas “no responden a la magnitud de los problemas detectados”. Santos ha pedido que se haga un mayor diagnóstico del barrio para reconocer estas necesidades y la importancia de que sean atendidas.

En ese contexto, Santos ha pedido, en el nombre de su comunidad, la creación de una mesa interinstitucional que reúna al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de Donostia y al resto de agentes implicados en el proyecto para alcanzar una propuesta global. “La coordinación actual es insuficiente”, ha añadido. Ha invitado a los comparecientes a tocar la puerta en las demás comisiones para hacer frente al desequilibrio en el crecimiento del barrio.

Desde la oposición, el PP, representado por Ana Morales, ha criticado la falta de coordinación institucional y ha reprochado los desencuentros entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha advertido de que la situación podría estar bloqueando el avance de proyectos clave en la ciudad. Con ella, se alineaba Marijo Etxegoien, portavoz del PNV, quien también ha abogado por una mayor cooperación institucional para desbloquear actuaciones urbanísticas.

Itziar Murua, portavoz de EH Bildu, ha señalado la necesidad de reforzar la intervención pública en materia de vivienda y planificación urbana, concordando más con el PSE-EE. Este último partido, representado por Adrián Fernández, ha respaldado la gestión del Gobierno, cuyo consejero proviene del mismo partido político, y ha subrayado la necesidad de seguir ampliando el parque público de vivienda en Donostia.

Tras la comparecencia de los vecinos, la comisión ha continuado con la presencia del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del , Denis Itxaso. Morales le ha preguntado durante la comisión al respecto de la coordinación interinstitucional entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Donostia para la intervención en las parcelas de Riberas de Loiola. Durante el mes de febrero, tanto Itxaso como Jon Insausti, el alcalde de Donostia, anunciaron que, en la misma parcela, construirían 200 y 400 viviendas respectivamente. Dichos anuncios mostraron esa falta de coordinación.

El consejero ha comenzado su intervención criticando lo “curioso que resulta” que el PP esté haciendo preguntas sobre vivienda pública. “Donde gobierna, ha hecho precisamente de la descoordinación del incumplimiento de la normativa estatal y de la ausencia de política pública, su principal señal de identidad”, ha opinado Itxaso.

Contestando la pregunta de la portavoz del PP, Itxaso ha defendido que sí existe coordinación interinstitucional y ha rechazado la idea de bloqueo entre administraciones, enmarcando la actuación del Gobierno en una estrategia de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia y otras instituciones. Ha sostenido que el foco debe ponerse en los resultados de las políticas de vivienda y no en los desencuentros políticos, y ha reivindicado los proyectos en marcha como prueba de esa cooperación, afirmando que “eso es coordinación útil”, en referencia a las actuaciones de vivienda pública impulsadas en distintos ámbitos de la ciudad.

Tras la respuesta del consejero, Morales ha replicado criticando duramente su intervención y acusándole de evitar la autocrítica sobre los desencuentros con el Ayuntamiento de Donostia. Ha considerado que Itxaso ha centrado su discurso “dar aquí anuncios y autobombo”, en lugar de explicar la situación de coordinación institucional. Morales ha señalado su mayor enfoque en otros gobiernos que en su relación con el consistorio donostiarra. Además, ha advertido de que los proyectos en Riberas de Loiola estarían viéndose afectados por esos cruces de declaraciones y ha reclamado que se asuman responsabilidades.

La preocupación por las viviendas de Vitalquiler llega al Parlamento

Previo a la comparecencia de los vecinos de Riberas de Loiola, la comisión se ha centrado en Vitoria, específicamente, en los cientos de inquilinos de Vitalquiler. Rubén Iturre y Miriam Díaz, representantes del sindicato LAB, junto a Amaya de la Cruz, inquilina de Vitalquiler, han comparecido para denunciar la situación de familias afectadas por la pérdida progresiva de la calificación de vivienda protegida.

Según ha declarado la inquilina, desde septiembre de 2025, cuando las viviendas pasaron al mercado libre en manos de Vitalquiler, hubo una subida de renta de hasta 300 euros mensuales. Junto a este aumento, se adjuntan unas nuevas condiciones que consideran abusivas, como la obligación de pagar el IBI, avales de 3.500 euros o la renuncia al derecho de adquisición preferente. De la Cruz ha señalado que muchas de estas viviendas “solo cuentan con el baño, unos pocos muebles de cocina y no tienen electrodomésticos, ni siquiera vitrocerámica”.

El sindicato LAB ha advertido de una situación de inseguridad residencial, con familias que desconocen si podrán seguir en sus viviendas o asumir las nuevas condiciones económicas. Por ello, ha reclamado garantías para la continuidad en los alquileres, la revisión de cláusulas consideradas abusivas y la intervención directa del Gobierno vasco. Entre estas intervenciones, han pedido la aplicación efectiva de la normativa de zonas tensionadas, el respeto a las prórrogas legales, la revisión de los contratos ya firmados bajo presión y el estudio de la incorporación de estas viviendas al parque público de alquiler social de forma permanente.

Fernández, portavoz del PSE-EE, ha defendido que la vivienda “no puede tratarse como un bien de mercado ordinario” y que “no existe una relación de igualdad entre una familia y un fondo de inversión que gestiona cientos de viviendas”. Ha insistido en la aplicación de las prórrogas legales incluso en contratos previos a 2023 y en la intervención del Gobierno vasco para reequilibrar la situación. En la misma línea, Jonatan Moreno del PNV ha subrayado la importancia de la “mediación” para “tratar de reequilibrar esas situaciones de desigualdad”. También, ha defendido el refuerzo de las ayudas públicas y del nuevo marco normativo como herramientas para evitar desprotección en el acceso a la vivienda.

Por otro lado, EH Bildu y el PP han compartido la idea de que la respuesta debe ir más allá del corto plazo, aunque con enfoques distintos sobre el papel del mercado y la intervención pública. Murua, representando a EH Bildu, ha reclamado que “se cumpla la normativa de zonas tensionadas de forma activa” y que “a quien no lo cumpla, se le aplique ese régimen sancionador en modo activo, de forma proactiva”. Por su parte, Morales, del PP vasco, ha sostenido que el cambio de calificación implica un nuevo escenario en el que “hoy esas viviendas ya no tienen la calificación de vivienda protegida y el paraguas que existía antes de un programa social de alquiler ya no existe”. Ha defendido explorar soluciones institucionales y de mercado como prestaciones o acuerdos de apoyo.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido la “fórmula de éxito” de los acuerdos de gobierno con el PNV en la que los socialistas “tienen todo el protagonismo y hacen posible que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, y ha remarcado que “estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta”.

Andueza ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas vascos han celebrado este sábado en Donostia bajo el lema '2 años más de izquierda útil', en el que el PSE-EE ha repasado los dos años de legislatura en Euskadi y los proyectos previstos para los dos restantes. En el acto han participado, además, los consejeros socialistas del Gobierno vasco: Mikel Torres (vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo), Denis Itxaso (Vivienda y Agenda Urbana), Susana García Chueca (Movilidad Sostenible), Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) y María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos).

En su intervención, se ha mostrado “orgulloso” del liderazgo que está ejerciendo el PSE-EE en el Gobierno vasco y ha asegurado que los socialistas pueden y deben “sacar pecho” por la gestión realizada desde las instituciones, según recoge Europa Press. “No me equivoqué cuando tuve que tomar la decisión de quiénes iban a ser nuestras consejeras y consejeros, que lo están haciendo realmente bien. No tenía ninguna duda allá por el mes de junio de 2024, cuando negociamos la composición del Gobierno de coalición, pero hoy, hay que decirlo, creo que hemos cumplido con las expectativas”, ha opinado, al tiempo que ha remarcado que todo el trabajo realizado “se ha hecho desde el primer minuto sin alardes, pero con las ideas muy claras”.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, con el acuerdo con el PNV, los socialistas han acertado “en el rumbo y en la orientación que tenía que tener este Gobierno”, y ha reivindicado los once años de colaboración con los jeltzaes en las instituciones. “Podemos decir que esa fórmula es una fórmula de éxito en la que el PSE-EE tiene todo el protagonismo y hace posible, de la mano de los socialistas, que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, ha sostenido.

El líder socialista, además, respecto a los que plantean que la suma de PNV y EH Bildu es “mucho mayor”, ha considerado que “esa suma solo representa a una parte de esta sociedad, de este país” y ha recalcado que el PSE-EE “no solo piensa en unos cuantos, piensa en todos los ciudadanos de Euskadi, en todas las personas que hacen posible que Euskadi sea lo que es día a día”. “No estamos dispuestos que algunas decisiones puedan echar por la borda esta situación tan extraordinaria de bienestar y de empleo que estamos viviendo en Euskadi”, ha subrayado.

El consejero socialista Denis Itxaso va ofreciendo con cuentagotas detalles de cómo será la nueva reforma de la ley de Vivienda de 2015, la segunda en menos de un año y que golpea de lleno a la principal preocupación ciudadana del momento. A la idea inicial de poner coto al fraude “generalizado” en la venta de viviendas protegidas tasadas -que suelen incorporar un sobreprecio camuflado de pago por muebles o similar para acercar su coste al del mercado-, se unirá la de impedir la pérdida de protección de casas previas a 2003, cuando ya se hizo permanente el blindaje, siempre que estén en zonas tensionadas. No se ha aclarado aún si será un proyecto del Gobierno o una proposición de los partidos en el Parlamento -esto segundo es lo más probable porque fue la fórmula del pasado año y porque le evita al Ejecutivo trámites e informes- ni se han los plazos precisos, aunque Itxaso ha explicado a los periodistas que 2027 sería un horizonte deseable para su entrada en vigor.

“La técnica legal no la tenemos definida. Lo estamos valorando. Estamos viendo diferentes alternativas. Mi propuesta, mi promesa, es que que el año que viene pueda estar aprobada. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Mire, la política de vivienda es una fotografía en movimiento y diría más, en movimiento muy rápido. Se está moviendo todo a toda velocidad. En todo momento, este Gobierno ha asumido un papel reformista y honesto desde el punto de vista de ir monitorizando los problemas e ir tomando decisiones y medidas que nos permitan afrontar esos desafíos”, ha explicado Itxaso en una comparecencia ante los medios de comunicación. El consejero ha señalado que Catalunya, por ejemplo, ya ha adoptado medidas similares con perfecta seguridad jurídica.

¿Cómo se traducirá en datos la nueva reforma legal? “En Euskadi, las viviendas protegidas calificadas a partir de 2003 cuentan con protección permanente y, sin embargo, 1.071 viviendas anteriores a esa fecha van a perder su calificación temporal en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas tensionadas”, ha señalado el propio consejero. Más en detalle, “se evitará la descalificación de 510 viviendas en alquiler de Benta Berri en San Sebastián”, un caso que ha ganado relevancia por las denuncias vecinales al ser un fondo buitre su nuevo casero. También hay otras 119 en Donostia, además de 248 en Vitoria y 21 en Bilbao que se salvarían de pasar a ser totalmente libres, lo que dispararía su atractivo en el mercado.

En cuanto a los sobreprecios ocultos de las viviendas protegidas de venta, si hasta ahora era el titular el que buscaba un comprador y la Administración sólo visaba los requisitos, en el futuro será el Gobierno el que asuma la búsqueda de un nuevo morador. Por un lado, se evitarán cobros ocultos y, por otro, las asignaciones responderán a los baremos de las listas de Etxebide. Son “más de 1.000 transmisiones” anuales las que se verían condicionados.

Se da la circunstancia de que, en diciembre de 2025, el Parlamento ya aprobó una reforma de la ley de Vivienda, y de otros adyacentes, con una primera batería de medidas urgentes. Fue la reconciliación legislativa entre el PSE-EE, el partido que gestiona esta cartera en Euskadi, y el PNV, el socio mayoritario del Gobierno de Imanol Pradales. En 2015, con los nacionalistas en minoría en el Ejecutivo, el PSE-EE logró sacar adelante desde la oposición la ley ahora en vigor con apoyos de EH Bildu y UPyD. Y, en 2023, el PNV se opuso a la normativa estatal de Pedro Sánchez y en Euskadi la recurrió al Tribunal Constitucional contra el criterio del consejero socialista del ramo, entonces Iñaki Arriola.

Itxaso, a la luz de que la nueva propuesta viene pactada de nuevo con el PNV, ha querido “poner en valor” que “después de muchos años” esta legislatura “está siendo la del consenso” entre los socios. “Estamos aplicando las zonas tensionadas que devienen de la ley estatal, en ayuntamientos de todos los colores”, ha puesto como otro ejemplo del nuevo clima. Fuentes del PNV consultadas por este periódico confirman la sintonía con esta nueva iniciatva. Ambos partidos tienen mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara.

Con EH Bildu

La reflexión sobre la sintonía entre PNV y PSE-EE tenía una segunda derivada, porque este viernes se ha producido una reunión entre el consejero socialista y el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, para hablar del plan de vivienda lanzado hace unas semanas por la principal fuerza de la oposición. La formación abertzale insiste en ver “neoliberal” al PNV en materia de vivienda y en sentirse más próximo a los socialistas, en un intento de meter cuña en la coalición. Según Otxandiano, las posiciones “antagónicas” entre los socios no son cosa del pasado y ha señalado, por ejemplo, que los nacionalistas, en Donostia, van de la mano del PP para que parcelas de la zona llamada Infierno sean cedidas a promotores privados para levantar pisos de 400.000 euros, cuando podrían ir al Gobierno vasco para construir casas protegidas.

Sobre la reforma legislativa, una EH Bildu que consideró la anterior una “contrarreforma” esperará a tener la “letra pequeña” de la nueva para posicionarse. Eso sí, el portavoz de la coalición ha recordado que “hace cuatro años” propusieron atajar el fraude en la venta de viviendas protegidas y que el predecesor de Itxaso, el también socialista Arriola, se opuso con rotundidad porque era “más difícil que nunca” que hubiese irregularidades. “Se han perdido cuatro años”, ha lamentado Otxandiano, que en todo caso ha recordado que la normativa vigente permite a la Administración ejercer el derecho de tanteo y quedarse con los pisos que se enajenan para luego destinarlos al alquiler social. “Y esto apenas se ha hecho”, ha asegurado el dirigente de EH Bildu.

El consejero Denis Itxaso, de la parte del PSE-EE del Gobierno de Imanol Pradales, ha anunciado este martes una nueva reforma de la ley vasca de Vivienda de 2015, la segunda en la legislatura, para dar más poder a la Administración en la venta de viviendas protegidas, que salen al mercado con precios regulados. Eso permitirá, por un lado, seleccionar a los nuevos titulares desde las listas de Etxebide conforme a criterios más objetivos y, por otro lado, evitar un “fraude generalizado” que consistía en solicitar un plus en concepto de “muebles” o similar para acercar el precio del piso al del mercado, mucho más alto, y obtener un beneficio.

En la Cadena Ser, Itxaso ha asegurado que se ha detectado “un problema que se está institucionalizando” y que consiste en “exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario”. Vivienda calcula que anualmente se realizan unas mil operaciones con viviendas protegidas y sostiene que “la generalización de estas prácticas obliga a introducir un mayor control público para preservar la función social del parque protegido”. En ocasiones, esto se ha producido con la participación de inmobiliarias.

El Ejecutivo modificará la normativa en vigor de modo que los propietarios que quieran vender su casa protegida “deberán comunicarlo” a sus delegaciones correspondientes de Vivienda en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, “que asumirán la intermediación del proceso” y no sólo una labor de verificación, como hasta ahora. “La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide”, explica el Gobierno.

Son ahora mismo unas 24.000 las personas demandantes de vivienda en Euskadi que prefieren la opción de compra. Es un 20% del total de inscritos en Etxebide. Con el nuevo sistema, el vendedor ya no irá a Vivienda con una propuesta de comprador, sino que será la Administración quien tire de listas, como sucede con las asignaciones de alquiler. Así, se buscará una “adecuación” de las casas que salgan al mercado a las “necesidades específicas” de los demandantes. Se tendrá en cuenta el tiempo de espera, por ejemplo, o el tamaño de la unidad de convivencia en relación a las habitaciones de las casas. Según Itxaso, en “tres o cuatro meses” el vendedor podrá tener su dinero, unos tiempos no muy alejados de los actuales.

El Ejecutivo interpreta que esto supondrá mejorar la “respuesta pública” a la emergencia habitacional, “movilizar de forma más eficiente” el parque ya existente. Itxaso ha llegado a decir que el Gobierno vasco quiere ser una “gran inmobiliaria pública de la vivienda protegida”. Hasta ahora, había capacidad para imponer multas de hasta 45.000 euros -según una cifra dada por el propio consejero en una rueda de prensa- o que el Gobierno ejerciera el derecho de tanteo y se quedase con la casa en venta “cuando existían indicios acreditados de fraude”.

La ley vasca de Vivienda es de 2015. Fue aprobada mediante una carambola política. El PNV gobernaba en solitario y la norma la aprobaron desde la oposición el PSE-EE (los proponentes), EH Bildu y UPyD. Aquel texto fue el primero en España en desarrollar el derecho constitucional a la vivienda, de modo que quien reúna los requisitos tiene derecho a que la Administración le asigne una casa en alquiler asequible o a cobrar una ayuda (ahora de 300 euros) para facilitar la entrada al mercado libre.

En su décimo aniversario, mediante una proposición no de ley, esta norma y otras fueron retocadas. El Parlamento aprobó en diciembre de 2025 la reforma con la imagen reconciliación de PNV y PSE-EE en materia de vivienda después del encontronazo de 2015 y, sobre todo, de que el PNV recurriera al constitucional la ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez en contra del criterio del consejero vasco socialista, entonces Iñaki Arriola. El lehendakari, en un acto del PNV este domingo, ya avanzó que llegarían nuevas medidas en materia de vivienda.

Está por concretar el procedimiento elegido. Como proyecto de ley, la reforma requeriría de informes internos y de un plazo de tramitación administrativa largo antes de llegar a la Cámara. Como proposición de ley, los partidos pueden saltarse todo eso y bastaría con un dictamen favorable del Ejecutivo. La oposición está denunciando que el Ejecutivo, en esta legislatura, está abusando de esta fórmula. Sea como fuere, PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta para dar curso a esta iniciativa.

En el barrio donostiarra de Benta Berri, más de 500 familias tienen sus viviendas, en las que viven de alquiler, en una cuerda floja. Tras 28 años en viviendas de protección oficial (VPO), existe la posibilidad de que en 2028 tengan que desalojarlas. Con un derecho de adquisición preferente a los 12 años de alquiler que nunca se cumplió, la asociación de vecinos de Benta Berri, Alokairu, le cuenta a este periódico su lucha y los pasos que han dado para que el Gobierno vasco les ayude a mantener sus viviendas.

En Euskadi, antes de 2003, las viviendas de protección oficial tenían fechas de liberalización de entre 30 y 50 años. Es decir, se convertían en libres y su valor de mercado se disparaba. Sin embargo, como recuerda el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, desde 2003 las VPO son ya “de calificación permanente”. ¿Cuál es la particularidad de Benta Berri? Como el concurso de estas viviendas se realizó antes de la legislación actual, no se contempla ninguna prórroga de la calificación. Por esa razón, los vecinos temen que, una vez entren en el mercado libre, les resulte imposible asumir el coste de sus apartamentos.

Las VPO de Benta Berri salieron a concurso en 1994, explica la asociación. La oferta incluía el terreno, la construcción de 540 viviendas protegidas y el derecho de superficie durante 75 años. En 1996, el Gobierno vasco anunció a la adjudicataria: UTE Benta Berri, compuesta por las constructoras Metrovacesa y Vallehermoso. Un año después comenzó la promoción de las 510 VPO destinadas al alquiler -los 30 espacios restantes quedaron en manos del Ayuntamiento para otros objetivos municipales-.

Antxon Pró y Josetxo Varadero, miembros de Alokairu, relatan que en aquel entonces las promociones del Gobierno vasco se difundían mediante folletos impresos, donde se explicaban los requisitos y el proceso para optar a una vivienda protegida. La asociación todavía conserva uno de esos documentos, en el que se indicaba que, tras 12 años de alquiler, los inquilinos podrían acceder al derecho de adquisición preferente para comprar el piso a un precio tasado.

No obstante, a la hora de firmar el contrato, explican los miembros de Alokairu, ese punto no aparecía en los documentos. Ante la incertidumbre, Pró y Varadero aseguran que el Gobierno les garantizó verbalmente que podrían comprar las viviendas a los 12 años aunque no figurara por escrito. Ambos recuerdan haberse sentido presionados para firmar. “Si no quieres, hay más de mil familias esperando”, recuerda Varadero que le dijeron entonces. Pró añade que recibió “la misma contestación”.

Pró admite que confió en la palabra del Gobierno, igual que muchas otras personas. La mayoría de los inquilinos, según explican desde la asociación, tenía interés en comprar la vivienda. “Nos dijeron que a los 12 años se haría realidad” el derecho de adquisición preferente, insiste Pró. Pasado ese tiempo, la posibilidad de compra nunca llegó porque la propiedad no quiso vender. El viceconsejero recuerda que, para aplicar ese derecho, “es necesario que el propietario de la vivienda quiera venderla”, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con los años, la propiedad de las VPO ha cambiado de manos. Primero, en 2016, UTE Benta Berri traspasó los inmuebles a Testa Residencial. Más tarde, la sociedad quedó vinculada al fondo de inversión Blackstone. Este fondo acumula denuncias internacionales por desahucios y subidas de alquileres, aun así se hace con más de treinta mil apartamentos en toda España.

Ahora, 28 años después, al menos cuarenta inquilinos de Benta Berri han recibido cartas de no renovación, explican desde Alokairu. Temen que quienes todavía no las han recibido acaben siendo expulsados igualmente mediante subidas drásticas del alquiler una vez las viviendas pasen al mercado libre. Según Pró, un alquiler que actualmente ronda los 900 euros mensuales podría ascender hasta los 1.600 euros. Además, recuerdan que esos 900 euros ya representan el precio de VPO más alto de España.

Ante los posibles desahucios, Alokairu se ha movilizado junto a Stop Desahucios y ha conseguido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco muestren interés por la situación. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha mantenido reuniones con los afectados y ha logrado frenar, por ahora, los primeros desalojos. “Ha bloqueado esas no renovaciones, y eso es un hecho”, admite Pró. Itxaso lidera además las negociaciones con la propiedad para evitar que las viviendas entren en el mercado libre.

A pesar de algunos avances, la desconfianza sigue presente. Varadero cuenta que “siempre han sido muy amables, muy interesados… y luego, ni caso”. Aun así, ambos miembros de Alokairu valoran positivamente la implicación de Itxaso, quien ya se ha reunido dos veces con los vecinos afectados. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana asegura a este medio que se están “analizando las posibles alternativas” en caso de que no se alcance un acuerdo con Blackstone.

El departamento también recuerda que, una vez transcurridos los 75 años del derecho de superficie, las viviendas revertirán al Gobierno vasco. Hasta entonces, se supervisará la actividad de la propiedad, especialmente teniendo en cuenta que Donostia es una zona tensionada, lo que implica limitaciones en los precios del alquiler de larga duración. Por el momento, el departamento no contempla restringir el acceso de grandes fondos como Blackstone a viviendas protegidas, “aunque no se descarta” hacerlo en el futuro.

Desde Alokairu no descartan ninguna vía para resolver el conflicto: mantener el alquiler protegido, impulsar fórmulas de compra colectiva o cooperativa, o incluso una intervención pública más ambiciosa. “Más vale algo que nada”, expresa Pró a este diario. Aun así, reconocen que su opción preferida sigue siendo la compra colectiva, para que los inquilinos que siempre quisieron adquirir sus viviendas puedan finalmente hacerlo.

La plaza del Tenis de Donostia vuelve a colocarse en valor con la inauguración de la exposición “La plaza del Tenis, antesala del Peine del Viento”. Organizada por el Instituto de Arquitectura de Euskadi, busca conmemorar el centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui, el arquitecto de ese lugar y de otros muchos. La muestra, instalada en el convento de Santa Teresa hasta el 27 de septiembre, realiza una breve biografía de su autor, mas profundiza sobre el origen, construcción y rehabilitación reciente de uno de los espacios más emblemáticos del litoral donostiarra.

El director del Instituto de Arquitectura de Euskadi, José Ángel Medina, ha destacado, durante la presentación de la exposición, el valor simbólico del espacio y ha asegurado que “la identificación de lugares así, como la plaza del Tenis, con la ciudad y sus autores es un binomio tan especial que ocurre muy pocas veces”. A su juicio, la plaza posee una “magia” que la ciudadanía ha incorporado “colectivamente” a la identidad donostiarra.

La directora del Archivo Peña Ganchegui, Rocío Peña, hija del arquitecto conmemorado, ha compartido que la exposición es uno de los actos organizados por el centenario del nacimiento de su padre. “La labor principal de este archivo es poner en valor el patrimonio construido” el cual se ha recopilado desde 2009, ha señalado la directora. Además, la muestra llega tras culminar la rehabilitación integral del entorno del Peine del Viento, un proceso iniciado tras el desprendimiento de la ladera en 2015 y que “ha durado 13 años”.

El comisario de la muestra, Mario Sangalli, ha defendido que la plaza del Tenis “no es simplemente la antesala del Peine del Viento, sino una obra arquitectónica de enorme complejidad y sensibilidad”. El comisario ha realizado una visita guiada por las ocho etapas organizadas cronológicamente “desde la infancia de Peña Ganchegui hasta la reciente rehabilitación del espacio”.

La exposición reúne planos originales, documentación para la licitación, croquis inéditos, fotografías históricas y material audiovisual sobre la colaboración entre Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida. Gran parte de la colección nunca se había expuesto públicamente. Por ejemplo, entre las piezas destacadas figura un cuadro pintado por el arquitecto durante su juventud en Mutriku y nuevas fotografías, realizadas por Idoia Unzurrunzaga, que muestran el estado actual de la plaza tras su recuperación.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha estado presente en la inauguración. Durante su discurso, ha afirmado que la muestra “va más allá de una mera exposición” y la ha definido como “una oportunidad para mirar con nuevos ojos un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Donostia y Euskadi”. Además, ha destacado que Peña Ganchegui logró “intervenir en uno de los paisajes más sensibles y poderosos de nuestra costa sin imponerse sobre él”, siendo objeto de admiración y divulgación.

La programación del centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui continuará durante los próximos meses con la publicación de un nuevo libro dedicado a la plaza, la difusión de materiales sobre la obra residencial de Peña Ganchegui y una futura exposición de ilustradores inspirada en la trayectoria del arquitecto vasco.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, han chocado en los últimos meses a la hora de abordar proyectos urbanísticos en la ciudad con los precios más caros de España. En la zona conocida como Infierno no hubo acuerdo y las parcelas disponibles irán a manos de promotores privados, sin posibilidad de edificar casas protegidas y, por ende, más económicas. Ahora, en cambio, Itxaso e Insausti tienen ya encima de la mesa un protocolo para desarrollar exactamente 5.095 viviendas protegidas, en su mayoría en alquiler y en diferentes modalidades, para todo tipo de rentas. Hay proyectos más pequeños, como el de Campos Elíseos, con 98, y otros más grandes y de mayor recorrido, como Auditz Akular, con 2.354 viviendas protegidas de una tacada.

“Cuando nos ceden el balón, estamos dispuestos a jugar hasta en el mismísimo infierno”, ha bromeado Itxaso sobre la importancia que tiene que los municipios cedan suelo al Ejecutivo autonómico para poner en marcha proyectos, aunque en el caso de esa zona de Donostia hubiera un desencuentro evidente.

Itxaso, tras aprobar su parte del protocolo en el Consejo de Gobierno, ha revestido como una muy relevante noticia tener “un marco de colaboración estable” hasta 2034 (prorrogable hasta 2038) “en la ciudad que mayor necesidad tiene, la más cara de España y la que tiene mayores tasas de expulsión” de jóvenes por lo prohibitivo de comprar un inmueble. El anterior alcalde, Eneko Goia, sostenía que era “exquisito” querer quedarse a vivir en el barrio.

El consejero ha dicho que en quince años no había habido interlocución fluida con Donostia mientras en Vitoria surgían Salburua o Zabalgana, en Bilbao Bolueta o Zorrozaurre y en la vecina Irún el polígono de Anaka. El marco temporal que da Itxaso no es casual. Se da la circunstancia de que en 2011 salió del Ayuntamiento el socialista Odón Elorza, su gran padrino político.

A falta de acuerdo en el Infierno, lo hay en otros diez ámbitos. 994 de las viviendas llegarían incluso “a corto-medio plazo”, ha prometido Itxaso. Está Txomin Enea con 315, que es la zona de desarrollo que se abrirá con el derribo de la cárcel de Martutene y el traslado de los presos a Zubieta. Es algo que ocurrirá en próximas semanas. También Antzita, con 387, Jolastokieta (ahora pabellones abandonados, como el de Otis), con 169, Campos Elíseos, con 98, Apostolados, con 16, o Rodil, con 9. Después están los planes más de futuro, con otras 4.101 viviendas. Son las 2.354 de Auditz Akular, en Altza, la mayor zona de desarrollo de Euskadi, las 1.750 que podrían surgir con la demolición de los cuarteles del Ejército en Loiola, las 530 de las antiguas vías de Euskotren liberadas por el inminente soterramiento del Topo -aquí los terrenos ya son autonómicos y permitirán unir el ensanche romántico con Amara Berri-, o las 268 de Sarrueta. Al margen del protocolo hay acuerdos en Morláns o Riberas de Loiola, igualmente.

Las 5.000 viviendas suponen más de un 5% del parque actual de Donostia, con 95.000 casas familias en 2024, según el Eustat. Eso sí, no cubrirán ni de lejos la demanda de casi 14.000 personas inscritas en Etxebide. Itxaso ha reconocido que siguen manteniendo “diferencias” con el Ayuntamiento pero ha agradecido la “predisposición” para ceder suelos y optar por un modelo de viviendas protegidas, de todas las tipologías.

Por ley, todas las promociones serán destinadas mayoritariamente a alquiler. Sostiene Itxaso que un 78% de los demandantes ya pide esa modalidad y que el otro 21% está cubierto con las peticiones que llegan a Etxebide de promociones privadas.

Sin embargo, en la nueva Donostia habrá desde viviendas tasadas para rentas de incluso 59.000 euros. Itxaso ha asegurado la crisis es tal que ni siquiera en Donostia familias con esos ingresos tienen asegurado un espacio digno. Después estarán los arrendamientos en régimen general o fórmulas más sociales, así como los apartamentos dotacionales. Si las promociones incluyeran viviendas protegidas en venta, su segunda transmisión estaría controlada en cuanto a precios, según ha indicado el consejero, aunque ha admitido que ahora mismo “las viviendas tasadas en compra no son tampoco baratas”. “Estamos hablando de 400.000 euros. No todas las clases medias y trabajadoras pueden pagar eso”, ha admitido.

“De las musas al teatro”

El consejero del PSE-EE se ha valido de este acuerdo con uno de los principales referentes institucionales del PNV para responder a EH Bildu, que lanzó este lunes un plan “nacional” de vivienda que exige construir “a gran escala”. Itxaso ha ironizado que al líder institucional abertzale, Pello Otxandiano, le toca bajar “de las musas al teatro” y superar ya la fase de los “diagnósticos”.

Airado ante las críticas de que PNV y PSE-EE han discrepado en materia de Vivienda, una evidencia tal que los nacionalistas llevaron al Constitucional la ley estatal como las autonomías del PP y contra el criterio del predecesor de Itxaso, Iñaki Arriola, Itxaso ha asegurado que el acuerdo con el socio se plasma en actuaciones continuadas que acaban “en el boletín oficial”. Ha citado la reforma de la ley de 2025 o el reciente decreto de 2026, así como la aplicación de las zonas tensionadas. Por el contrario, ha considerado que “hasta hace diez minutos” los municipios de EH Bildu nunca cedían suelos al Gobierno vasco porque criticaban el “cemento” y el “ladrillazo”.