En el barrio donostiarra de Benta Berri, más de 500 familias tienen sus viviendas, en las que viven de alquiler, en una cuerda floja. Tras 28 años en viviendas de protección oficial (VPO), existe la posibilidad de que en 2028 tengan que desalojarlas. Con un derecho de adquisición preferente a los 12 años de alquiler que nunca se cumplió, la asociación de vecinos de Benta Berri, Alokairu, le cuenta a este periódico su lucha y los pasos que han dado para que el Gobierno vasco les ayude a mantener sus viviendas.

En Euskadi, antes de 2003, las viviendas de protección oficial tenían fechas de liberalización de entre 30 y 50 años. Es decir, se convertían en libres y su valor de mercado se disparaba. Sin embargo, como recuerda el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, desde 2003 las VPO son ya “de calificación permanente”. ¿Cuál es la particularidad de Benta Berri? Como el concurso de estas viviendas se realizó antes de la legislación actual, no se contempla ninguna prórroga de la calificación. Por esa razón, los vecinos temen que, una vez entren en el mercado libre, les resulte imposible asumir el coste de sus apartamentos.

Las VPO de Benta Berri salieron a concurso en 1994, explica la asociación. La oferta incluía el terreno, la construcción de 540 viviendas protegidas y el derecho de superficie durante 75 años. En 1996, el Gobierno vasco anunció a la adjudicataria: UTE Benta Berri, compuesta por las constructoras Metrovacesa y Vallehermoso. Un año después comenzó la promoción de las 510 VPO destinadas al alquiler -los 30 espacios restantes quedaron en manos del Ayuntamiento para otros objetivos municipales-.

Antxon Pró y Josetxo Varadero, miembros de Alokairu, relatan que en aquel entonces las promociones del Gobierno vasco se difundían mediante folletos impresos, donde se explicaban los requisitos y el proceso para optar a una vivienda protegida. La asociación todavía conserva uno de esos documentos, en el que se indicaba que, tras 12 años de alquiler, los inquilinos podrían acceder al derecho de adquisición preferente para comprar el piso a un precio tasado.

No obstante, a la hora de firmar el contrato, explican los miembros de Alokairu, ese punto no aparecía en los documentos. Ante la incertidumbre, Pró y Varadero aseguran que el Gobierno les garantizó verbalmente que podrían comprar las viviendas a los 12 años aunque no figurara por escrito. Ambos recuerdan haberse sentido presionados para firmar. “Si no quieres, hay más de mil familias esperando”, recuerda Varadero que le dijeron entonces. Pró añade que recibió “la misma contestación”.

Pró admite que confió en la palabra del Gobierno, igual que muchas otras personas. La mayoría de los inquilinos, según explican desde la asociación, tenía interés en comprar la vivienda. “Nos dijeron que a los 12 años se haría realidad” el derecho de adquisición preferente, insiste Pró. Pasado ese tiempo, la posibilidad de compra nunca llegó porque la propiedad no quiso vender. El viceconsejero recuerda que, para aplicar ese derecho, “es necesario que el propietario de la vivienda quiera venderla”, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con los años, la propiedad de las VPO ha cambiado de manos. Primero, en 2016, UTE Benta Berri traspasó los inmuebles a Testa Residencial. Más tarde, la sociedad quedó vinculada al fondo de inversión Blackstone. Este fondo acumula denuncias internacionales por desahucios y subidas de alquileres, aun así se hace con más de treinta mil apartamentos en toda España.

Ahora, 28 años después, al menos cuarenta inquilinos de Benta Berri han recibido cartas de no renovación, explican desde Alokairu. Temen que quienes todavía no las han recibido acaben siendo expulsados igualmente mediante subidas drásticas del alquiler una vez las viviendas pasen al mercado libre. Según Pró, un alquiler que actualmente ronda los 900 euros mensuales podría ascender hasta los 1.600 euros. Además, recuerdan que esos 900 euros ya representan el precio de VPO más alto de España.

Ante los posibles desahucios, Alokairu se ha movilizado junto a Stop Desahucios y ha conseguido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco muestren interés por la situación. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha mantenido reuniones con los afectados y ha logrado frenar, por ahora, los primeros desalojos. “Ha bloqueado esas no renovaciones, y eso es un hecho”, admite Pró. Itxaso lidera además las negociaciones con la propiedad para evitar que las viviendas entren en el mercado libre.

A pesar de algunos avances, la desconfianza sigue presente. Varadero cuenta que “siempre han sido muy amables, muy interesados… y luego, ni caso”. Aun así, ambos miembros de Alokairu valoran positivamente la implicación de Itxaso, quien ya se ha reunido dos veces con los vecinos afectados. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana asegura a este medio que se están “analizando las posibles alternativas” en caso de que no se alcance un acuerdo con Blackstone.

El departamento también recuerda que, una vez transcurridos los 75 años del derecho de superficie, las viviendas revertirán al Gobierno vasco. Hasta entonces, se supervisará la actividad de la propiedad, especialmente teniendo en cuenta que Donostia es una zona tensionada, lo que implica limitaciones en los precios del alquiler de larga duración. Por el momento, el departamento no contempla restringir el acceso de grandes fondos como Blackstone a viviendas protegidas, “aunque no se descarta” hacerlo en el futuro.

Desde Alokairu no descartan ninguna vía para resolver el conflicto: mantener el alquiler protegido, impulsar fórmulas de compra colectiva o cooperativa, o incluso una intervención pública más ambiciosa. “Más vale algo que nada”, expresa Pró a este diario. Aun así, reconocen que su opción preferida sigue siendo la compra colectiva, para que los inquilinos que siempre quisieron adquirir sus viviendas puedan finalmente hacerlo.

La plaza del Tenis de Donostia vuelve a colocarse en valor con la inauguración de la exposición “La plaza del Tenis, antesala del Peine del Viento”. Organizada por el Instituto de Arquitectura de Euskadi, busca conmemorar el centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui, el arquitecto de ese lugar y de otros muchos. La muestra, instalada en el convento de Santa Teresa hasta el 27 de septiembre, realiza una breve biografía de su autor, mas profundiza sobre el origen, construcción y rehabilitación reciente de uno de los espacios más emblemáticos del litoral donostiarra.

El director del Instituto de Arquitectura de Euskadi, José Ángel Medina, ha destacado, durante la presentación de la exposición, el valor simbólico del espacio y ha asegurado que “la identificación de lugares así, como la plaza del Tenis, con la ciudad y sus autores es un binomio tan especial que ocurre muy pocas veces”. A su juicio, la plaza posee una “magia” que la ciudadanía ha incorporado “colectivamente” a la identidad donostiarra.

La directora del Archivo Peña Ganchegui, Rocío Peña, hija del arquitecto conmemorado, ha compartido que la exposición es uno de los actos organizados por el centenario del nacimiento de su padre. “La labor principal de este archivo es poner en valor el patrimonio construido” el cual se ha recopilado desde 2009, ha señalado la directora. Además, la muestra llega tras culminar la rehabilitación integral del entorno del Peine del Viento, un proceso iniciado tras el desprendimiento de la ladera en 2015 y que “ha durado 13 años”.

El comisario de la muestra, Mario Sangalli, ha defendido que la plaza del Tenis “no es simplemente la antesala del Peine del Viento, sino una obra arquitectónica de enorme complejidad y sensibilidad”. El comisario ha realizado una visita guiada por las ocho etapas organizadas cronológicamente “desde la infancia de Peña Ganchegui hasta la reciente rehabilitación del espacio”.

La exposición reúne planos originales, documentación para la licitación, croquis inéditos, fotografías históricas y material audiovisual sobre la colaboración entre Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida. Gran parte de la colección nunca se había expuesto públicamente. Por ejemplo, entre las piezas destacadas figura un cuadro pintado por el arquitecto durante su juventud en Mutriku y nuevas fotografías, realizadas por Idoia Unzueta, que muestran el estado actual de la plaza tras su recuperación.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha estado presente en la inauguración. Durante su discurso, ha afirmado que la muestra “va más allá de una mera exposición” y la ha definido como “una oportunidad para mirar con nuevos ojos un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Donostia y Euskadi”. Además, ha destacado que Peña Ganchegui logró “intervenir en uno de los paisajes más sensibles y poderosos de nuestra costa sin imponerse sobre él”, siendo objeto de admiración y divulgación.

La programación del centenario del nacimiento de Luis Peña Ganchegui continuará durante los próximos meses con la publicación de un nuevo libro dedicado a la plaza, la difusión de materiales sobre la obra residencial de Peña Ganchegui y una futura exposición de ilustradores inspirada en la trayectoria del arquitecto vasco.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, han chocado en los últimos meses a la hora de abordar proyectos urbanísticos en la ciudad con los precios más caros de España. En la zona conocida como Infierno no hubo acuerdo y las parcelas disponibles irán a manos de promotores privados, sin posibilidad de edificar casas protegidas y, por ende, más económicas. Ahora, en cambio, Itxaso e Insausti tienen ya encima de la mesa un protocolo para desarrollar exactamente 5.095 viviendas protegidas, en su mayoría en alquiler y en diferentes modalidades, para todo tipo de rentas. Hay proyectos más pequeños, como el de Campos Elíseos, con 98, y otros más grandes y de mayor recorrido, como Auditz Akular, con 2.354 viviendas protegidas de una tacada.

“Cuando nos ceden el balón, estamos dispuestos a jugar hasta en el mismísimo infierno”, ha bromeado Itxaso sobre la importancia que tiene que los municipios cedan suelo al Ejecutivo autonómico para poner en marcha proyectos, aunque en el caso de esa zona de Donostia hubiera un desencuentro evidente.

Itxaso, tras aprobar su parte del protocolo en el Consejo de Gobierno, ha revestido como una muy relevante noticia tener “un marco de colaboración estable” hasta 2034 (prorrogable hasta 2038) “en la ciudad que mayor necesidad tiene, la más cara de España y la que tiene mayores tasas de expulsión” de jóvenes por lo prohibitivo de comprar un inmueble. El anterior alcalde, Eneko Goia, sostenía que era “exquisito” querer quedarse a vivir en el barrio.

El consejero ha dicho que en quince años no había habido interlocución fluida con Donostia mientras en Vitoria surgían Salburua o Zabalgana, en Bilbao Bolueta o Zorrozaurre y en la vecina Irún el polígono de Anaka. El marco temporal que da Itxaso no es casual. Se da la circunstancia de que en 2011 salió del Ayuntamiento el socialista Odón Elorza, su gran padrino político.

A falta de acuerdo en el Infierno, lo hay en otros diez ámbitos. 994 de las viviendas llegarían incluso “a corto-medio plazo”, ha prometido Itxaso. Está Txomin Enea con 315, que es la zona de desarrollo que se abrirá con el derribo de la cárcel de Martutene y el traslado de los presos a Zubieta. Es algo que ocurrirá en próximas semanas. También Antzita, con 387, Jolastokieta (ahora pabellones abandonados, como el de Otis), con 169, Campos Elíseos, con 98, Apostolados, con 16, o Rodil, con 9. Después están los planes más de futuro, con otras 4.101 viviendas. Son las 2.354 de Auditz Akular, en Altza, la mayor zona de desarrollo de Euskadi, las 1.750 que podrían surgir con la demolición de los cuarteles del Ejército en Loiola, las 530 de las antiguas vías de Euskotren liberadas por el inminente soterramiento del Topo -aquí los terrenos ya son autonómicos y permitirán unir el ensanche romántico con Amara Berri-, o las 268 de Sarrueta. Al margen del protocolo hay acuerdos en Morláns o Riberas de Loiola, igualmente.

Las 5.000 viviendas suponen más de un 5% del parque actual de Donostia, con 95.000 casas familias en 2024, según el Eustat. Eso sí, no cubrirán ni de lejos la demanda de casi 14.000 personas inscritas en Etxebide. Itxaso ha reconocido que siguen manteniendo “diferencias” con el Ayuntamiento pero ha agradecido la “predisposición” para ceder suelos y optar por un modelo de viviendas protegidas, de todas las tipologías.

Por ley, todas las promociones serán destinadas mayoritariamente a alquiler. Sostiene Itxaso que un 78% de los demandantes ya pide esa modalidad y que el otro 21% está cubierto con las peticiones que llegan a Etxebide de promociones privadas.

Sin embargo, en la nueva Donostia habrá desde viviendas tasadas para rentas de incluso 59.000 euros. Itxaso ha asegurado la crisis es tal que ni siquiera en Donostia familias con esos ingresos tienen asegurado un espacio digno. Después estarán los arrendamientos en régimen general o fórmulas más sociales, así como los apartamentos dotacionales. Si las promociones incluyeran viviendas protegidas en venta, su segunda transmisión estaría controlada en cuanto a precios, según ha indicado el consejero, aunque ha admitido que ahora mismo “las viviendas tasadas en compra no son tampoco baratas”. “Estamos hablando de 400.000 euros. No todas las clases medias y trabajadoras pueden pagar eso”, ha admitido.

“De las musas al teatro”

El consejero del PSE-EE se ha valido de este acuerdo con uno de los principales referentes institucionales del PNV para responder a EH Bildu, que lanzó este lunes un plan “nacional” de vivienda que exige construir “a gran escala”. Itxaso ha ironizado que al líder institucional abertzale, Pello Otxandiano, le toca bajar “de las musas al teatro” y superar ya la fase de los “diagnósticos”.

Airado ante las críticas de que PNV y PSE-EE han discrepado en materia de Vivienda, una evidencia tal que los nacionalistas llevaron al Constitucional la ley estatal como las autonomías del PP y contra el criterio del predecesor de Itxaso, Iñaki Arriola, Itxaso ha asegurado que el acuerdo con el socio se plasma en actuaciones continuadas que acaban “en el boletín oficial”. Ha citado la reforma de la ley de 2025 o el reciente decreto de 2026, así como la aplicación de las zonas tensionadas. Por el contrario, ha considerado que “hasta hace diez minutos” los municipios de EH Bildu nunca cedían suelos al Gobierno vasco porque criticaban el “cemento” y el “ladrillazo”.

EH Bildu ha presentado este lunes un plan “ambicioso” para “solucionar” la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención “sí o sí” del mercado de la vivienda, ahora “descontrolado”, por la promoción “a gran escala” de VPO, “multiplicando por 10 el esfuerzo público”, y por “proteger la función social” de la vivienda. El portavoz en el Parlamento Vasco y jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha destacado que PNV y PSE-EE no son capaces de “atajar el problema”, los socialistas porque “no pueden” y los 'jeltzales' porque “no quieren”. Se da la circunstancia de que el Gobierno ha presentado a la vez un plan de comunicación sobre las políticas de vivienda.

En la sala Silo de Bilbao, EH Bildu ha celebrado el acto de lanzamiento de una “campaña nacional” en favor de las políticas públicas de vivienda, bajo el nombre 'Euskal Herrian posible egin'“. ”En plena crisis de vivienda“, la formación soberanista despliega ”un trabajo programático, institucional y social para poner en vías de solución lo que, a día de hoy, representa el principal problema de la ciudadanía vasca“, informa Europa Press.

Otxandiano, ha estado acompañado de la portavoz en Navarra Laura Aznal, de Nerea Kortajarena, de Oskar Matute y de la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Kortajarena ha explicado que han diseñado “todo un recorrido” que supone “un cambio profundo” en la actual política de Vivienda. Su plan, que ha definido de “coherente, pragmático, ambicioso y real”, pretende poner fin a “los tiempos de las palabras vacías”.

De esta forma, ha rechazado “la políticas inmobiliarias que se están haciendo” en lugar de “políticas de viviendas”, y ha avisado de que “se ha perdido demasiado tiempo”, y hay que implementar “un cambio profundo, que no son capaces de protagonizar quienes nos han traído hasta aquí”. En este sentido, EH Bildu aboga por “intervenir en el mercado para poner fin a las prácticas especulativas, controlar los precios, y poder intervenir en aquellos elementos que están multiplicando el problema de la vivienda”.

Por su parte, Oskar Matute ha asegurado que se vive “una encrucijada histórica” con “un reto de época”, que es “garantizar el derecho para todos y todas para acceder a una vivienda digna”. A su juicio, “la vivienda puede actuar con una ambivalencia calculada: puede ser el derecho al beneficio de unos pocos en detrimento de muchos y muchas o, por el contrario y así debería ser, un derecho de todos y todas a disponer de un lugar en el que cobijarse”.

Se ha aludido a la ley de Vivienda del 2015, “que garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda, que determina que los poderes públicos, en este caso el Gobierno vasco, tiene la obligación de buscar vivienda para toda aquella persona que la busca y no la encuentra por sus propios medios”. “¿Qué se está haciendo? Dar una serie de ayudas económicas para que sea menos gravoso, menos duro el acceso a la vivienda para aquellos que, aún con las dificultades que el mercado pone encima de la mesa por los altos precios, puedan acceder a ella”, ha dicho. Y ha puesto en valor que EH Bildu fue parte “activa” de la aprobación de la ley estatal de 2023 de la que sale “los índices de referencia de precios que permiten topar el precio del alquiler, y poner límite a la ansia especulativa de unos pocos para garantizar el acceso a la vivienda de cada vez más gente”.

Otxandiano ha asegurado que, en estos momentos, no hay política de vivienda por parte del PNV y del PSE-EE “capaz de atajar el problema”. “El PSE-EE porque no puede y el PNV porque no quiere”, ha añadido. El líder de EH Bildu en la Cámara vasca ha destacado que 'jeltzales' y socialistas, socios de gobierno, “ni siquiera están de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional”, que conlleva “graves consecuencias sociales y económicas” para familias y jóvenes.

“Euskadi tiene un plan”

Por otro lado, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha presentado también este lunes una campaña informativa, “una estrategia multicanal orientada a explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la emergencia habitacional”. Este martes entra en vigor un nuevo decreto que actualiza los programas Bizigune, Gaztelagun, el propio derecho subjetivo a la vivienda, la reserva de vivienda protegida para jóvenes y que regula la conversión de locales en viviendas o el modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales.

“Nos comprometimos a situar la vivienda como una prioridad de país y, a mitad de legislatura, podemos decir que hemos cumplido con buena parte de los objetivos marcados. Ahora toca seguir desplegando, consolidando y escalando todo lo sembrado para dar respuesta a uno de los principales retos sociales de Euskadi”, ha señalado Itxaso, del PSE-EE. “Euskadi tiene un plan”, ha apostillado.

“El mercado no es un destino; es una construcción social” (Pierre Bourdieu). En vivienda, los diagnósticos empiezan a resultarnos dolorosamente familiares. Sabemos que los alquileres han corrido más que los salarios. Sabemos que la emancipación juvenil se retrasa hasta edades incompatibles con cualquier idea razonable de autonomía personal. Sabemos que muchas familias trabajadoras viven pendientes de una renovación de contrato, de una subida inasumible o de una oferta que desaparece en cuestión de horas. Sabemos también que la vivienda ha dejado de ser una preocupación localizada en los márgenes de la vulnerabilidad para convertirse en una inquietud transversal, que atraviesa a jóvenes, clases medias, familias con empleo, personas mayores y barrios enteros.

Lo que ya no podemos permitirnos es seguir describiendo el problema sin modificar de manera profunda las condiciones que lo producen. La vivienda se ha situado en el centro de la agenda pública porque ha entrado de lleno en el centro de la vida de la mayoría social. Y cuando un bien de primera necesidad se convierte en una fuente de angustia cotidiana, la política no puede refugiarse en la neutralidad. Gobernar es elegir. Y ante una emergencia habitacional, elegir significa poner la capacidad pública del lado de quienes necesitan una vivienda para vivir, no de quienes la conciben únicamente como una expectativa de rentabilidad.

Esa es la razón de ser del Decreto de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno Vasco. No es una norma más. Es una pieza esencial del escudo social vasco en materia de vivienda. Un escudo pensado para proteger a la demanda, ampliar derechos, movilizar vivienda, regular donde sea necesario y acelerar respuestas allí donde los procedimientos habituales ya no alcanzan el ritmo de la vida real.

Durante demasiado tiempo se nos ha querido encerrar en una discusión simplista: oferta contra demanda, mercado contra intervención, regulación contra libertad. Ese marco es pobre y, sobre todo, inútil para quien necesita una casa. Euskadi no puede permitirse soluciones de trinchera ni prejuicios ideológicos. Necesitamos toda la potencia pública y privada disponible. Construir más vivienda protegida, sí. Movilizar vivienda vacía, también. Regular los precios en zonas tensionadas, por supuesto.

No hay una medida milagrosa. Hay una política pública que debe operar en todos los frentes. El escudo social parte de una convicción sencilla: la vivienda no puede ser tratada como un bien cualquiera. Es la condición material que permite casi todo lo demás. Sin vivienda no hay emancipación, no hay igualdad de oportunidades, no hay arraigo comunitario, no hay proyecto familiar ni estabilidad emocional suficiente para construir una vida. Tampoco desarrollo económico ni competitividad.

Por eso este decreto adapta algunos de los instrumentos centrales del sistema vasco de vivienda a la realidad actual del mercado. Bizigune se refuerza para captar más vivienda vacía y ponerla al servicio del alquiler asequible. Gaztelagun se actualiza porque las condiciones de emancipación de las personas jóvenes no son hoy las mismas que hace una década. Las rentas máximas subvencionables se elevan y se incorporan nuevas realidades residenciales como el alquiler de habitaciones y el subarriendo, que durante demasiado tiempo han estado en la vida real antes que en las normas. También ampliamos la reserva de vivienda protegida en alquiler para menores de 36 años, porque una sociedad que aplaza indefinidamente la emancipación de su juventud se está empobreciendo por dentro.

Otro paso especialmente relevante ha sido la incorporación de los índices de referencia de precios del alquiler para los tres territorios. Con ellos, las zonas tensionadas quedan reguladas al completo en Euskadi. Esto no es una declaración simbólica. Es una herramienta efectiva para intervenir allí donde el mercado ha dejado de ofrecer respuestas razonables y equilibradas, convirtiéndose en una peligrosa amenaza de inequidad. Regular no es un capricho. Regular es reconocer que hay ámbitos de la vida colectiva que no pueden quedar abandonados a la ley del más fuerte. Lo hacemos, además, desde un modelo vasco que busca combinar protección e incentivo. No se trata solo de limitar precios. Se trata también de asociar las zonas tensionadas a una estrategia más amplia: captar vivienda, activar suelo, facilitar nuevos desarrollos, aplicar atractivos incentivos fiscales, mejorar la colaboración con los ayuntamientos y ordenar un mercado que hoy expulsa a demasiada gente de los lugares donde quiere vivir.

La vivienda se ha convertido en la gran causa social y económica de nuestro tiempo. Y toda causa justa requiere algo más que gestión: requieren dirección política, compromiso moral y una cierta disposición al combate democrático. Combatir la idea de que la vivienda es ante todo un activo financiero. Combatir la resignación de quienes dicen que no hay nada que hacer.

Un ejemplo de innovación social en política de vivienda es el nuevo modelo intergeneracional de apartamentos dotacionales que Alokabide está implementando. Las futuras promociones combinarán alojamientos para jóvenes y apartamentos dirigidos preferentemente a personas mayores de 70 años, autónomas, que voluntariamente quieran trasladarse a una vivienda más adecuada a su momento vital y pongan su vivienda en propiedad a disposición de Bizigune. La idea es poderosa porque rompe varios bloqueos a la vez. Ofrece a personas mayores una alternativa accesible, segura, comunitaria y mejor adaptada a sus necesidades. Facilita la emancipación juvenil en un régimen rotativo. Y permite incorporar viviendas hoy infrautilizadas al alquiler asequible. No enfrenta generaciones: las conecta. No mira a las personas mayores como un problema: las reconoce como parte activa de la solución. No se limita a construir metros cuadrados: construye comunidad.

Sirva este caso para visualizar la política de vivienda que necesitamos: una política capaz de sumar protección social, inteligencia urbana e innovación pública. Una política que no se conforme con contar viviendas, sino que se pregunte qué vidas hace posibles.

El plan integral de acceso a la vivienda empieza por una decisión política clara: proteger. Proteger a quienes alquilan, con mayor seguridad y certidumbre también para los propietarios que desean alquilar. Proteger a quienes quieren emanciparse. Proteger el derecho a quedarse en nuestros barrios o ciudades sin riesgo a vernos expulsados por una concepción financiera de la vivienda con la que nos estamos haciendo mucho daño como sociedad. 

Hay debates que definen una época. La vivienda es uno de ellos, y la buena noticia es que Euskadi tiene un plan.

Arrasate-Mondragón, Pasaia y Zestoa ya son oficialmente zonas tensionadas en materia de Vivienda. Con estas incorporaciones y con la tramitación en marcha en Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati y Orio, el 64,2% de la población guipuzcoana estará ya bajo ese paraguas. La medida implica que los precios del alquiler quedan regulados mediante índices de referencia y se acompaña de un plan de acción municipal.

El estudio realizado en Arrasate-Mondragón muestra que, en los últimos años, el precio del alquiler ha aumentado un 23,9%. A su vez, la oferta en el municipio es “insuficiente”. De hecho, en la página web Idealista solo se ofrecen cinco pisos, de los cuales uno parece ser de larga duración y otro no lo especifica; el resto está destinado a estudiantes. Su alcaldesa, Maider Morras, de EH Bildu, ha explicado que el estudio evidencia “que la vivienda está lejos de garantizarse como un derecho básico”, por lo que la declaración como zona tensionada será una forma de “poner límites” y “dotar de instrumentos jurídicos e institucionales” que favorezcan el alivio de la crisis.

Junto a la declaración, el Ayuntamiento completa su plan de acción con el desarrollo de más viviendas protegidas. Se prevé construir al menos 1.000 en los próximos quince años. Actualmente, trabajan en la activación de suelos públicos en San Andrés Berri e Intxausti, buscando la colaboración del Gobierno vasco para su desarrollo. Además, estudian la posible adquisición del edificio La Merced para ofrecer alojamientos dotacionales.

En Pasaia, el estudio revela que las familias destinan de media un 35,9% de sus ingresos al alquiler, es decir, por encima del umbral recomendado. El 60% de las solicitudes de vivienda procede de personas empadronadas en el municipio, con predominio de perfiles unipersonales y de rentas medias y bajas. Teo Alberro, también de EH Bildu y alcalde de Pasaia, ha afirmado que el acceso a la vivienda es “uno de los principales factores de desigualdad”, lo que deja a las instituciones “la responsabilidad de actuar”.

A diferencia de Arrasate-Mondragón, Pasaia no dispone de suelo suficiente para desarrollar nuevas viviendas. La estrategia municipal pasa por aprovechar al máximo el suelo disponible, con una previsión de unas 400 viviendas; ofrecer alternativas como alojamientos dotacionales y apostar por la rehabilitación y la regeneración urbana. A ello se suman medidas reguladoras como el control del alquiler turístico, la movilización de vivienda vacía y la aplicación de incentivos fiscales a propietarios.

En Zestoa, debido a su demografía dispersa, el alcalde Mikel Arregi, de EH Bildu, ha indicado que la falta de oferta residencial en los barrios provoca que se “tensione aún más” el núcleo urbano. El estudio señala que el municipio cuenta con 1.859 viviendas, con una antigüedad media superior a los 46 años. Además, destaca la escasa presencia de vivienda protegida, que representa un 2,5%, y una tasa de vivienda vacía del 10,1%, por encima de la media de Gipuzkoa. El plan de acción de Zestoa propone la ampliación progresiva del parque de vivienda protegida, que actualmente cuenta con 47 unidades. A ello se suma la intención de promover nuevas viviendas en suelos como AB04 Rezola, en Arroabea.

El consejero socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha advertido de que el problema de fondo es estructural. “Nos encontramos ante un mercado de alquiler roto”, ha afirmado durante su intervención. Ante las críticas sobre una posible reducción de la oferta, ha reprochado que no merece la pena decir que “se va a reducir la oferta, porque la oferta ya es inexistente”. Para Itxaso, la declaración de zonas tensionadas no empeora el escenario, sino que trata de corregir un desequilibrio previo.

Itxaso también ha defendido que la regulación debe ir acompañada de incentivos para movilizar vivienda vacía y ofrecer seguridad a los propietarios. “Queremos dar certidumbre y seguridad”, ha explicado. En este sentido, ha recordado el próximo desarrollo de Alokaplus, que consta de un seguro frente a impagos o desperfectos, y ha destacado la labor de Bizigune, que facilita la incorporación de viviendas al alquiler protegido. El consejero ha defendido que “en un mercado que se regula solo” existe un riesgo real de expulsión de vecinos de sus municipios. “En nuestro modelo de país no cabe que nadie sea expulsado de donde quiere vivir”, ha concluido Itxaso.

Las zonas tensionadas, creadas por la normativa estatal de 2023, permiten controlar los precios del alquiler. Además, con la nueva ley vasca de 2025 se establecen medidas adicionales como la limitación de viviendas turísticas. Igualmente, el decreto que entrará en vigor próximamente ampliará las coberturas de programas como Gaztelagun (ayudas al alquiler juvenil) o Bizigune (captación de pisos particulares) en esas áreas.

Zarautz no ha pedido al Gobierno vasco ser declarado como zona tensionada en materia de vivienda y no tiene fecha para hacerlo. El PNV tiene guardada en un cajón la moción aprobada en el pleno del ayuntamiento guipuzcoano hace más de un año con el voto a favor del PSE-EE -su socio en el Gobierno municipal y que dirige Vivienda en el Gobierno- y de EH Bildu. Salió adelante con la abstención del grupo municipal nacionalista, que tiene entre sus concejalías la de Urbanismo. “Tenemos otras prioridades”, señalan fuentes de la alcaldía, que por el momento no se plantean la tramitación de la solicitud pese al malestar de su socio de Gobierno.

El hecho de que un municipio como Zarautz, altamente turístico y con grandes problemas de vivienda, se quede fuera del listado de municipios tensionados, tendrá un efecto directo en las cantidades subvencionables para los jóvenes que reciben las ayudas del programa Gaztelagun, como ha recordado estos días el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en las explicaciones que ha realizado de las medidas contempladas el decreto de medidas “urgentes” aprobado este pasado martes en el Consejo de Gobierno vasco después de un año de espera.

Por ejemplo, en el caso de Gaztelagun, los 300 euros mensuales para jóvenes hasta 36 años, el decreto actualiza las condiciones de acceso a las ayudas al alquiler y las rentas máximas subvencionables aumentan hasta el 95% del precio medio de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) en las zonas tensionadas. Esto pasa en Donostia, donde se admitirían alquileres de 998 euros. En Zarautz, al no ser zona tensionada, los beneficiarios de las ayudas de Gaztelagun no podrán optar a alquileres de más de 800 euros, sea cual sea el precio medio que fije la EMAL.

También quedan fuera los municipios que no tienen la declaración de zona tensionada de los mayores beneficios para los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler dentro del programa Bizigune. Si el canon que paga el Gobierno vasco para todos los municipios es de 700 euros mensuales, en el caso de los tensionados puede alcanzar el 95% del precio medio de la EMAL si éste supera el máximo de Bizigune. Es decir, en Donostia podría ser de 998 euros, nuevamente, en Bilbao de 822, en Vitoria de 709 y en Irún de 732 euros. Zarautz también se queda fuera de esta posibilidad y el canon aplicado a los pisos cedidos al Gobierno a través de Bizigune no pasará de 700 euros, pese a que el 80% del valor del mercado está ya en los 716 euros.

No es Zarautz el único municipio con crisis de vivienda que no se ha sumado aún al listado de zonas tensionadas para poder subir el precio de alquiler. También destaca Getxo, en Bizkaia, como localidad que se queda fuera de estos cambios para los beneficiarios de Gaztelagun o de Bizigune. Pero en Getxo no se ha aprobado una moción para llevar a cabo esta declaración. Sin embargo, en Zarautz la moción municipal está aprobada, pero al no contar con el respaldo del grupo mayoritario, y no ser vinculante, el PNV no la lleva adelante. “No creemos que el PNV vaya a hacer nada antes de que termine la legislatura. Como mucho, justo antes del final, para decir en campaña que están haciendo algo en materia de vivienda. Lo tenemos clarísimo”, señala el portavoz socialista en el ayuntamiento, Inaxio Illarramendi.

El PNV atribuye el retraso a la “gran carga de trabajo” que tiene en estos momentos la concejalía de Urbanismo, con “otras prioridades”. “Estamos en una pelea constante con el PNV por este tema. Un continuo rifirrafe porque para nosotros sí es una prioridad”, dice el portavoz socialista. “Es una decisión política priorizar unos temas u otros y no les interesa porque el tema de las zonas tensionadas no es una política suya”. Recuerda Illarramendi que argumentan que establecer zonas tensionadas puede afectar de forma negativa al mercado.

Es una apreciación que en un principio se defendía en general por todo el PNV. Sin embargo, en Donostia o en Bilbao, “sitios donde también gobierna el PNV, que tiene alcaldía con el apoyo del PSE-EE, se han declarado zonas tensionadas”. “Y no tienen tanta problemática como Zarautz”, indica. “Estamos hablando de un municipio más o menos pequeño, de 23.000 habitantes, que tiene una problemática mayor que Donostia si hablamos del porcentaje que supone para los sueldos la vivienda en cuanto a su ingreso mensual”, denuncia. Señala también que en alquiler “los precios están por encima de los 1.000 euros, y en compra más de 400.000 euros cualquier piso a reformar”. “Y ante esto, para el PNV la única solución es construir más y no intervenir en el mercado. Obviamente estamos de acuerdo con el PNV en que hay que construir más vivienda pública, pero ellos no ven necesario una intervención en el mercado, como pueden ser con las zonas tensionadas, y para nosotros es prioritario”, señala el portavoz del PSE-EE.

El Gobierno vasco va a formalizar este martes un relevo en su tercer nivel de la Administración, aunque de gran trascendencia. Se va a aprobar el cese de Mario Yoldi, alto cargo en el área de Vivienda ahora con el consejero Denis Itxaso pero, con diferentes funciones, siempre detrás de todos los consejeros del ramo de modo ininterrumpido durante las últimas cuatro décadas. Es el arquitecto de las políticas públicas de Vivienda en Euskadi de los últimos lustros, incuyendo el decreto de modificación de una batería de programas que se aprobará también este martes al igual que su salida del organigrama.

Yoldi se jubila. Lo ha explicado este lunes el consejero Itxaso en una rueda de prensa de presentación de la redacción final del decreto, en la que estaba presente a su lado. “Es el artífice de esto y de buena parte de las políticas de este departamento en las últimas décadas”, ha señalado. Y ha agregado que es un “funcionario de carrera” que ha prestado “servicios de alta dirección” y también cargos políticos con consejeros de varios partidos “fundamentalmente por su capacidad, conocimiento y trayectoria”, ha indicado. “Este Gobierno le debe mucho”, según Itxaso.

Licenciado en Económicas por la EHU, tiene también un máster en la materia por la misma Universidad. En 1989 se incorporó ya a Vivienda como jefe de Estudios, Planificación y Presupuestos, un cargo que mantuvo durante dos décadas. Sus consejeros fueron José Miguel Martín Herrera, del PSE a secas, Jon Larrinaga de EE, José Antonio Maturana, del PSE-EE, Patxi Ormazabal, de EA, y Javier Madrazo, de EB-IU. Después, en la primera etapa del socialista Iñaki Arriola ascendió a alto cargo, a director. En la primera legislatura de Iñigo Urkullu, con los consejeros del PNV Juan María Aburto y Ángel Toña, fue de nuevo responsable de Estudios, Planificación y Presupuestos. Arriola regresó a Vivienda y ocupó el puesto ocho años más. En estas dos legislaturas y en la actual, con Itxaso, ha vuelto a ser alto cargo designado por el PSE-EE, en concreto director de Planificación y Procesos Operativos.

En su última comparecencia compartida, Itxaso ha querido comprar una reflexión de Yoldi sobre las políticas de Vivienda y ha asegurado que “Euskadi ha hecho muchas cosas bien” en cuatro décadas y que fuera “se reconoce ese valor distintivo”. “Pero también nos ha superado la demanda” y la carestía de los precios, ha admitido el consejero. Yoldi se va con la Vivienda como principal preocupación ciudadana pero también con Euskadi como primera comunidad que, en 2015, reguló por ley el desarrollo del derecho constitucional.

El consejero de Vivienda del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, exdelegado del Gobierno de España en Euskadi, ha negado que toda la afición de la Real Sociedad abucheara el himno de España y al jefe del Estado, el rey Felipe VI, en la final de la Copa del Rey celebrada este sábado en Sevilla. Y ha indicado que no le gustó lo sucedido. “No lo pitó todo el mundo. Uno se fija en estas cosas. Los que no pitan no aparecen en ningún sitio”, ha indicado a los periodistas Itxaso, que siguió el partido no desde el palco sino desde las gradas de la hinchada realista.

Según Itxaso, “el respeto y la convivencia deberían presidir este tipo de encuentros” deportivos. “Soy poco partidario de que las banderas enardezcan los ambientes”, ha señalado criticando, a la vez, que parte de la afición del Atlético de Madrid profiriera insultos a los vascos. Con todo, Itxaso se queda con que “en la mayoría de los casos” hubo “gran convivencia” entre madrileños y donostiarras. “Reinó la convivencia y el buen rollo”, ha diagnosticado.

Sobre el partido, ha dicho que no aportaba nada su presencia en el palco -“soy un humilde consejero de Vivienda”- y que prefería vivirlo en la grada con su pareja y con su familia porque “era la primera vez” que tenía esa oportunidad, ya que la final de 2020 disputada en 2021 no tuvo público por las restricciones de la COVID-19. “No hay color entre el palco y la grada”, ha garantizado. “Aquello fue como una película de Hitchcock hasta el último penalti”, ha comentado, asimismo, sobre su aparición en la retransmisión televisiva en uno de los momentos más decisivos del encuentro, el momento del 2-1 a favor de la Real Sociedad.

El Gobierno vasco ha aprovechado este lunes para anunciar la promulgación de dos medidas del área de Vivienda que acumulaban un importante retraso. Por un lado, se ha confirmado que este martes estará listo el decreto de “medidas urgentes” con cambios en prestaciones y otros programas, un texto adelantado por este periódico hace ya un año. Por otro lado, entra ya en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el índice de precios de referencia para topar alquileres en zonas tensionadas de Bizkaia y Vitoria después de meses de espera, con lo que la ley estatal de 2023 despliega ya todos sus efectos.

El consejero socialista Denis Itxaso, que ha comparecido ante los medios de comunicación con una insignia de la Real Sociedad en la solapa de la chaqueta por el éxito de la Copa del Rey de fútbol, ha dicho que es un lunes “alegre y feliz” por el fútbol, pero también porque “por fin” se pueden aprobar más medidas “para hacer frente a la emergencia habitacional”. Es un “gran capítulo de reformas” que da continuidad a la ley también urgente que visó el Parlamento Vasco antes de Navidad.

¿Y los retrasos? “Pura burocracia. Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo. Cuando tienes un decreto de apellido 'urgente', lo hemos pasado mal. Hemos hecho todo lo posible por acelerar. Pero hay que pasar por un montón de filtros. Creo que estamos a tiempo”, ha respondido Itxaso a preguntas de los periodistas. Los cambios de los índices de precios entrarán en vigor este martes; los del decreto “en la primera o segunda semana de mayo”, cuando salgan en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

El decreto, bautizado como “escudo social”, es un articulado ómnibus que retoca hasta doce normativas. Se aporta “mucha mayor cobertura” a los diferentes programas y prestaciones, sobrepasados por la realidad del mercado. En Donostia, por ejemplo, el canon que se abonaba a quienes cedían su casa para alquiler social (Bizigune) estaba ya muy por debajo del mercado; y se estaban rechazando peticiones de jóvenes para cobrar los 300 euros de apoyo al arrendamiento (Gaztelagun) porque pisos ordinarios estaban siendo ya desechados al entrar en umbrales de viviendas suntuosas. Es “actualizar buena parte de las políticas”, que “afectan fundamentalmente a las clases medias”, para “adaptarlas a la realidad del mercado”, ha expuesto Itxaso.

En el caso de Bizigune, el programa que capta casas particulares para sumarlas al parque de viviendas protegidas para destinarlas al alquiler social a cambio de una renta asegurada y estable, aunque inferior a la de mercado, el decreto elevará hasta 46.463,29 euros la renta máxima para potenciales beneficiarios y subirá el canon ofrecido a los propietarios hasta el “80% del valor de mercado con un máximo de 700 euros” si no es una zona tensionada o el 95% del índice EMAL (Estadística del Mercado del Alquiler) en las zonas tensionadas, lo que elevaría el pago a 709 euros en Vitoria, a 822 en Bilbao y a 998 en Donostia. Los objetivos pasan por llegar a 9.500 casas adscritas a Bizigune; ahora hay 7.500. Itxaso lo ve ambicioso porque los precios libres son “atractivos” para los propietarios y la vivienda vacía en Euskadi es la menor de España. “Pero es un reto complicado. Hay poca vivienda disponible”, ha señalado Itxaso. Se ha añadido que el plan tiene incentivos fiscales “impresionantes”, ya que las Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa permiten una desgravación de estos ingresos de hasta el 70%.

En el caso de Gaztelagun, las ayudas que abona Vivienda a jóvenes, se suben los alquileres subvencionables a 750 euros o el 95% del EMAL, de nuevo los casi 1.000 euros en Donostia, y se amplía la puerta de entrada hasta un máximo de personas con ingresos de hasta 39.184 euros si son familias numerosas, 36.764 si es una pareja y 30.000 si son solicitudes individuales. También los subarriendos o los alquileres de habitaciones pueden servir para cobrar la ayuda, de 300 euros mensuales máximo. La petición la pueden hacer personas de 18 a 35 años, aunque otros programas para jóvenes marcan diferentes umbrales, como los 30 de Emantzipa o los 40 de los avales a la compra. No se han dado cifras de posibles nuevos beneficiarios pero el Ejecutivo da por hecho que “hay muchos jóvenes pagando precios mayores que, con el nuevo decreto, ya van a poder entrar”. Habrá un “incremento importante de solicitudes” próximamente, ha señalado Itxaso.

El decreto prevé también la posibilidad de reconvertir lonjas o bajos comerciales en viviendas mediante un retoque de la normativa de habilidad en vigor. Por ejemplo, ya no se exigirá una “doble orientación” y podrá ser un espacio residencial un espacio “con una única fachada”. O se suavizarán las exigencias de “condiciones de distribución interior”, fijadas con severidad en un decreto de 2022 surgido tras el confinamiento y que elevaba el listón de los pisos de nueva planta para garantizar una mejor calidad de vida en interior.

Hay del orden de 7.500 “en lugares de alta demanda”, aunque el plan pasará por la coordinación con los municipios. “Sigue habiendo elementos regulados por las ordenanzas municipales, como las entradas por el portal, la salida de humos o que delimitan zonas de especial interés comercial”, ha puntualizado Itxaso. Ha vinculado este plan con otro ya regulado en la ley urgente, el que permite hacer nuevos pisos en bloques ya construidos para ubicar nuevos alojamientos dotacionales. “Del mismo modo que generar levantes para aprovechar el poco suelo que tenemos, sacar mucho más provecho de los locales comerciales”, ha indicado el consejero de Vivienda.

El decreto prevé, asimismo, subir de uno a tres años el empadronamiento en un municipio para solicitar una vivienda social. “Nos lo ha pedido Eudel [la asociación de municipios] y la compartimos. Es un tiempo razonable para acreditar el arraigo”, ha defendido Itxaso, que lo ha calificado como una “medida necesaria para generar mayor arraigo en los municipios”. Lo ha explicado no tanto por los extranjeros sino porque hasta ahora era posible pedir casas del parque público en varias localidades o empadronamientos cuando se anunciaban las promociones. Se busca ordenar el listado de Etxebide, indican las fuentes consultadas.

Cambia también la política de concesión del derecho subjetivo creado en la ley de 2015, con posibilidad de que personas con rentas más altas que las actuales puedan solicitarlo. También la “acción positiva” a mujeres víctimas de violencia y que haya un cupo del 50% para menores de 36 años en las adjudicaciones de vivienda protegida.

Los precios de referencia

En cuanto a los precios de referencia, que en la práctica fijan topes a los alquileres, la publicación del dato de Bizkaia y de Álava permitirá aplicar la totalidad de las previsiones de la normativa estatal de 2023 y que empezó a implementarse en Errenteria a comienzos de 2025. En concreto, permite topar los alquileres de grandes tenedores, de pisos que salen al mercado por vez primera y de los que llevan más de cinco fuera de él. Las zonas tensionadas en ambos territorios son ahora Bilbao y Vitoria, los dos municipios más poblados de la comunidad autónoma, más Barakaldo y Galdakao.

El retraso se debe a que en el proceso han participado las Haciendas forales, el Eustat y, finalmente, el Ministerio de Vivienda. En Gipuzkoa ya se publicó, con retraso pero menor. Son diez municipios de ese territorio afectados, encabezados por Donostia. Próximamente engrosarán la lista Pasaia, Zestoa y Arrasate-Mondragón y se tramitan los cacsos de Basauri, Sopela, Bergara, Urduliz, Gorliz, Deba, Oiartzun, Oñati, Bermeo, Orio, Lekeitio y Elorrio.

El índice de precios de referencia de Bizkaia y Álava, imprescindible para que los municipios que se declaren zonas tensionadas puedan aplicar el tope de los alquileres en su totalidad, se retrasa hasta el mes de mayo. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, ha realizado este jueves la estimación de que podría contarse con este índice en el plazo de dos meses, porque los datos ya están en manos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde han confirmado al consejero vasco que podrían estar publicados “en el mes de mayo, o incluso antes”. En cualquier caso, Itxaso ha señalado que los datos se han remitido al Ministerio “la pasada semana”, lo que muestra el retraso con el que las diputaciones forales han completado los datos necesarios, para lo que han contado con la colaboración del Eustat.

De momento, sólo está pubicado el de Gipuzkoa, y desde el mes de septiembre del año pasado, ocho meses después de la declaración del primer municipio como zona tensionada, Errenteria, en enero de 2025. La importancia de este índice es que están referenciados a él el tope de los alquileres de los pisos de grandes tenedores -los que tienen cinco o más viviendas- y la renta a pagar por los pisos que no hayan estado alquilados los cinco años anteriores, o se alquilan por primera vez. En esos casos, si no hay índice, el precio del alquiler sigue en manos por completo de los propietarios. Es decir, en estos momentos, los municipios de Bizkaia y Álava que se han declarado zonas tensionadas -incluidos Bilbao y Vitoria- aplican la normativa coja, por no contar con este índice.

Aunque el propio Itxaso ha minimizado en cierto modo el impacto de la ausencia de este índice, asegurando que sin contar con él se llega “al 90% de los alquileres”, lo cierto es que ha sido motivo de conflicto entre las Diputaciones forales y el Departamento. Es una tensión que se ha ido suavizando en la misma medida que lo han hecho las diferencias iniciales entre PNV y PSE-EE sobre la ley de Vivienda estatal, de la que emanan las zonas tensionadas, y que el PNV llegó incluso a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Así, en un principio, se entendió la ausencia de los datos de las Haciendas forales para elaborar el índice como un intento por parte del PNV de retrasar la aplicación de la ley. Primero alegaron que no tenían petición formal del Ministerio para que se remitiesen esos datos, luego que era muy complejo técnicamente, para lo que se implicó al Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en la colaboración directa con las Haciendas. En mayo de 2025, Mikel Torres, vicelehedakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del que depende el Eustat, auguraba que Euskadi no tendría fijado el índice del alquiler para todo el territorio al menos hasta el mes de septiembre, de ese año. A la llegada de esa fecha, septiembre de 2025 sólo se pudo contar con Gipuzkoa. Ya entonces, el consejero Itxaso calculó que serían necesarios al menos otros seis meses para contar con el de Bizkaia, y al de Álava no se atrevía a ponerle una fecha.

La complejidad técnica de elaborar estos datos radica, esencialmente, en que no coinciden los que se pide por parte de la Agencia Tributaria con los que solicitan las Haciendas vascas a la hora de registrar los alquileres en la declaración del IRPF. Tampoco las Haciendas forales vascas usan el mismo sistema, y de ahí la diferencia entre ellas. Según ha afirmado varias veces el consejero, en Bizkaia y Álava es aún más complicado que en Gipuzkoa porque en estos territorios ni siquiera se exigía desglosar las viviendas por las que se obtenían ingresos de alquiler y tampoco había datos para identificar a los inquilinos, algo que se ha modificado para próximas campañas de la renta.

El consejero ha confiado este jueves, en una entrevista en Radio Euskadi, en que este índice esté operativo ya en el todo el territorio en el momento en que se incorporen a las zonas tensionadas los municipios que están ya pendientes de los últimos trámites. Según ha señalado, se espera que el BOE publique a finales de abril la incorporación al listado de zonas tensionadas Zestoa, Arrasate y Pasaia, todos ellos en Gipuzkoa, es decir con el Índice de Precios de Referencia publicado. No obstante, ha señalado que se están tramitando las solicitudes de declaración como zona tensionada de otras diez localidades, las de Basauri, Sopela, Bergara, Urduliz, Gorliz, Deba, Oiartzun, Oñati, Bermeo y Orio, cinco ellas de Bizkaia, que sí precisan de la publicación de ese índice. El consejero calcula que “a mitad de año” se podría alcanzar el 56,4% de la población vasca viviendo en una zona tensionada.

El decreto “urgente” del Gobierno vasco con medidas en materia de Vivienda, que incluye ampliaciones de programas como Gaztelagun -las ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler- o Bizilagun y Asap -de captación de casas vacías- o incluso la posibilidad de convertir bajos comerciales en viviendas, será aprobado finalmente en la “segunda quincena de abril”, según estiman fuentes oficiales. El paquete fue adelantado por este periódico hace ya un año, se hizo promoción de ello en el BBK Live de julio del pasado año, se hablaba de finales de 2025 como referencia y, después, se dijo también que estaría antes de la finalización del primer trimestre del año. Pero no ha sido así. El propio consejero, el socialista Denis Itxaso, admite los retrasos: “Me resulta muy frustrante que un decreto cuyo primer apellido es 'urgente' tarde tanto en tramitarse por una burocracia a veces insoportable”.

El nuevo decreto está ya en su última fase de tramitación, indican desde el área de Vivienda. Desde el viernes, el texto está publicado para recabar alegaciones. Ese plazo se cerrará el 23 de marzo. Cuando pase por Consejo de Gobierno, vacaciones de Semana Santa mediante, solamente quedará su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) para que entren en vigor los cambios. “La tramitación del decreto de medidas urgentes se ha alargado más de lo razonable”, reconoce Itxaso. Y añade como explicación: “Cuando ya pensábamos que estaba todo listo para llevarlo a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, la COJUA [comisión jurídica asesora del Gobierno vasco] nos ha obligado a abrir un segundo período de información pública en este caso destinado a entes locales, lo que ha retrasado dos meses su aprobación”.

“El 23 de marzo concluye el plazo de información pública y audiencia a los entes locales, y he dado la instrucción para que los servicios técnicos corran todo lo posible para preparar el informe de respuesta a las eventuales alegaciones que puedan presentarse, de cara a poder tener aprobado en Consejo de Gobierno el decreto durante la segunda quincena de abril. Como consejero, me resulta muy frustrante que un decreto cuyo primer apellido es 'urgente' tarde tanto en tramitarse por una burocracia a veces insoportable, y desde luego incompatible con la emergencia habitacional que vivimos. Confío en que esta demora en los plazos contribuya a blindar la seguridad jurídica de todas las medidas que entraña este paquete normativo”, añade Itxaso en declaraciones a este periódico. Con todo defiende que el decreto será “todo un escudo social ante el agravamiento de la crisis de la vivienda”.

La nueva regulación complementa los cambios introducidos en la también “urgente” reforma legal que aprobó el Parlamento Vasco en diciembre y que fue presentada públicamente en fechas similares a las que trascendió la existencia del decreto. Hinca el diente, sobre todo, a una adaptación de los programas a la realidad de las zonas tensionadas.

Gaztelagun es un ejemplo claro. Los 300 euros mensuales de apoyo al alquiler para jóvenes de hasta 35 años tienen mucho menor efecto en Donostia y Gipuzkoa, las zonas con los precios más caros. ¿Por qué? Los precios ordinarios están ya en umbrales que antes eran considerados como suntuosos y, por lo tanto, no bonificables. En cifras concretas, son 8.007 los beneficiarios del programa hasta el 31 de diciembre de 2025, 3.564 en Bizkaia, 2.252 en Gipuzkoa y 1.260 en Álava. Más en detalle, en Donostia apenas hay 461, por 1.285 de Vitoria o 1.622 de Bilbao

Los beneficiarios de Gaztelagun han bajado con respecto a 2024, según publicó 'El Correo', a pesar de la emergencia habitacional. Ahora, se busca revertir la tendencia elevando, por un lado, los umbrales máximos de renta para poder optar a la prestación y, por otro, subiendo el precio de las casas que se pueden alquilar hasta el 95% de la renta media, que rozaría ya los 1.000 euros en el caso de Donostia. Por cierto, un informe enviado al Parlamento Vasco a instancias del PP, que lleva varias iniciativas queriendo conocer los extranjeros beneficiarios de las políticas de vivienda, muestra que los titulares de Gaztelagun, en un 82%, son nacionales. Recientemente, otro informe mostró cómo los extranjeros accedían mucho menos a las casas protegidas de compra que a las de alquiler.

En el caso de Bizigune, que permite ceder un piso a la Administración a cambio de una renta asegurada y otras ventajas para que se sume al parque de pisos disponibles para demandantes de viviendas protegidas, el canon que se abonará a los propietarios pasará a 800 euros o, de nuevo, al 95% de la renta media. Actualmente se abonan 675, muy por debajo del mercado, y el programa nació con 450. Y ASAP, el otro programa de intermediación, sube incluso a cubrir el 100%.

“Estamos seguros de que las medidas surtirán efecto y permitirán, entre otros muchos avances, que en ciudades como San Sebastián, donde apenas otorgamos 400 prestaciones [de Gaztelagun], el nivel de cobertura crezca considerablemente. Hoy desde luego, encontrar un piso de alquiler por 800 euros es una auténtica quimera. Y, con el nuevo sistema, ayudaremos a jóvenes cuyos contratos rocen los 1000 euros de renta mensual. Además, el hecho de que pueda haber más de un beneficiario por cada vivienda (jóvenes que comparten piso), también será una ventaja para incrementar la cobertura”, sostiene Itxaso.

Dos proyectos fotovoltaicos promovidos por Solaria cerca de Vitoria, el Vitoria Solar 1 y el Vitoria Solar 2, que entran también en terrenos de los municipios de Arrazua-Ubarrundia y Elburgo, esquivarán 'in extremis' la nueva restricción que aleja 500 metros de los núcleos urbanos las instalaciones de renovables, aprobada este martes en el Consejo de Gobierno. Al haber recibido la aprobación “inicial” conforme a la normativa en vigor hasta ahora, que establecía un margen de 300 metros, podrán continuar sin cambios. Otra veintena de proyectos más incipientes, por el contrario, serán ahora analizados a la luz de las nuevas directrices.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, habitualmente protagonista por los anuncios de la primera de las dos patas de su cartera, ha presentado a los medios de comunicación este martes el denominado Plan Territorial Parcial de Álava Central, conocido por las siglas PTP. Este documento urbanístico regula una panoplia de actividades en buena parte del territorio, 3.000 kilómetros cuadrados incluida la capital. Es un ámbito más amplio que Gipuzkoa, ha recordado Itxaso, y afecta a zonas donde residen 334.000 habitantes.

Y no esquiva el asunto de las renovables aunque el Gobierno vasco tenga pendiente desde hace años otro documento, el denominado PTS, específico para esta materia y que abarcaría a toda la comunidad autónoma. Además de la nueva distancia, se apunta a “limitaciones específicas en cuencas visuales” y exclusiones totales en “suelos no urbanizables de especial protección, pastos montaos y suelo no urbanizable de alto valor estratégico”, según lo aprobado. Igualmente, los edificios de nueva planta con más de 200 metros cuadrados tendrán que tener placas solares para garantizar su autoconsumo y habrá zonas “preferentes” para que sea allí donde vayan parques de interés general.

Hasta ahora, sin herramientas generales de ordenación, las propuestas de proyectos solares o eólicos han florecido en numerosas ubicaciones, principalmente en Álava. Euskadi arrastra dos décadas sin nuevas instalaciones, con permiso de los molinos que ahora se instalan en Oyón, y un déficit de generación, pero estos proyectos también se han encontrado con fuerte contestación social en muchos municipios, como es el caso de los dos parques de Solaria en el entorno de Vitoria. El consejero Itxaso, de cuya cartera no depende el plan específico de renovables, sí ha indicado que necesariamente irá sincronizado con estas directrices ofrecidas para la zona conocida como Álava central, que toca también dos municipios de Bizkaia, Otxandio y Ubidea.

El anterior plan alavés era de 2004 y aspira a tener una vigencia de 16 años. Es el segundo surgido a la luz de las directrices de ordenación del territorio de 2019 después del de Bilbao metropolitano. Hay en marcha otros siete PTP y tres PTS, en colaboración con las diputaciones, “en un proceso de actualización integral del marco territorial en Euskadi”, ha dicho el consejero. Además, barriendo para casa, ha prometido un PTS sobre vivienda, de modo que la respuesta a la emergencia habitacional no quede “al albur” de los denominados PGOU de los municipios.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, el de Zubieta, realizará finalmente su apertura “entre los meses de mayo y junio”. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Se trasladarán al centro los 339 encarcelados de Martutene (230 en régimen cerrado y el resto cumpliendo pena con otras modalidades) y una cantidad desconocida de personas en Zaballa, la cárcel con más población reclusa de las de Euskadi. El plan permitirá vaciar Martutene, donde se prevé ya la construcción de 400 viviendas protegidas cuando se demuela el viejo edificio, y rebajar el tensionamiento que ha tenido la red penitenciaria vasca desde la transferencia de Prisiones, en 2021.

La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. El actual consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cuando era delegado de Gobierno de España aventuró en la Cadena Ser que esperaba que la construcción del nuevo penal estuviese culminada a finales de 2023 y poder realizar su apertura en 2024. Dos años más tarde, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, es quien ha anunciado el ansiado cambio, que debería estar completado antes del verano.

La cárcel la construye el Estado. Es parte del acuerdo de transferencia. Se cedió el penal de Gipuzkoa en activo, el de Martutene, pero el Gobierno central se comprometió a completar el nuevo que estaba planificado y a entregarlo a su finalización al Gobierno vasco, que tendrá que devolver el antiguo, que será derribado para que revierta en viviendas para la ciudad de Donostia. San José ha confirmado que, en los próximos días, el organismo estatal SIEPSE -que se encarga en España de las obras de cárceles y comisarías- comenzará la “transferencia del inmueble”.

Esto puede provocar “obras menores” para terminar de ajustar los sistemas e instalaciones del centro. La consejera considera la apertura de Zubieta como un “hito clave” para la “implementación del modelo vasco” en sus cárceles. Lo ha considerado como “humano y eficaz” por su interés en preparar “a las personas para volver a convivir en la sociedad” tras haber cumplido sus penas. 

Estas cárceles albergan, por ejemplo, a exmiembros de ETA, como Garikoitz Azpiazu, 'Txeroki', a quien se le aprobó recientemente la semilibertad. La consejera ha comentado ser “consciente” sobre cómo las decisiones que toma su departamento “generan dolores en las víctimas”. Ante ello, ha reiterado el respeto que tiene el Gobierno vasco “con el estado de derecho y riguroso en la aplicación, y con el cumplimiento del ordenamiento jurídico”. Ese respeto debe ser el motor de todas “las instituciones, los poderes públicos y medios de comunicación a ser especialmente rigurosos con la verdad”, para evitar “acrecentar” el dolor de las víctimas. También han sido controvertidos los recientes pasos a tercer grado de cuatro exdirigentes del PNV condenados por corrupción, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles.

Demolición de Martutene y la construcción de viviendas protegidas

Junto a la consejera San José, se encontraba el consejero de Vivienda. Itxaso ha explicado el trabajo que están realizando para llevar a cabo la demolición de la cárcel de Martutene, cuyo coste ronda en los 4 millones de euros. Se espera que Visesa, del Gobierno vasco, y Casa47, sociedad del Gobierno español, se coordinen para el derribo, con el permiso del Ayuntamiento de Donostia.

Itxaso ha alegado que el plan evitará que el “espacio quede inutilizado por años”. Esto se debe a que, tras la demolición, se planea la construcción de un nuevo barrio entre el Ayuntamiento, Visesa y Casa47. Se desea construir 400 viviendas protegidas para “la clase media donostiarra” y también ofrecer alojamientos dotacionales. El consejero ha agradecido “el trabajo coordinado” entre los departamentos para “acompasar todos los trabajos”. Es la primera vez desde 1981 en que el Estado promueve vivienda protegida en Euskadi.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, del PSOE, también acompañó a los consejeros. Ha mostrado su apoyo al plan que explicaba Itxaso, afirmando que “uno de los problemas más importantes que tiene España, sin duda alguna, es la vivienda”. Espera que todo se pueda llevar a cabo “lo antes posible” y que este “reinicio” de acciones conjuntas, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, “pueda ser el comienzo de otras muchas”.

Residentes en Euskadi con origen extranjero o parejas mixtas han accedido a un tercio de las viviendas asignadas en alquiler entre 2022 y 2025. Sin embargo, según datos del Gobierno vasco, apenas han sido adjudicatarios del 4,7% de las ofertadas en régimen de compra. En el caso de los arrendamientos con opción a compra, muy minoritarios, la proporción es del 20,9%.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha facilitado este martes al Parlamento Vasco estadísticas de adjudicatarios de viviendas protegidas como respuesta a una iniciativa de la representante del PP, Ana Morales, que había solicitado esa información relativa a los últimos cuatro ejercicios y desglosada entre nacionales y extranjeros. La información no incorpora ningún análisis cualitativo de las tablas. El volumen de viviendas adjudicadas en compra y alquiler entre 2022 y 2025 ha sido muy similar, 7.141 y 7.087, respectivamente. La tercera vía, el alquiler con opción a compra apenas se ha usado en 81 ocasiones en el cuatrienio.

En función de los datos ofrecidos, sin embargo, mientras el 19,8% de los titulares de pisos protegidos en régimen de alquiler son extranjeros, apenas representan el 2,1% en el caso de compra. A ellos se suman un 18,8% de unidades de convivencia mixtas en alquiler, por 2,6% en compra. En total, las estadísticas indican que en cuatro años 11.566 personas de nacionalidad española han accedido a una vivienda en todos sus formatos, por 1.565 extranjeros y 1.178 parejas mixtas.

Los datos, en todo caso, permiten extraer otras conclusiones. Por ejemplo, el diferente calado de las políticas públicas de Vivienda en las capitales. Así, en Vitoria se han adjudicado 4.607 pisos en compra (2.358), alquiler (2.222) u opción de compra (27), por 1.743 de Bilbao (1.036 en compra, 705 en alquiler y dos en arrendamiento con opción de adquisición) y apenas 779 en Donostia, la ciudad más cara (108 vendidas y 671 arrendadas).

El barrio de Riberas de Loiola, el más jóven de todos los de la capital guipuzcoana, cuenta con una zona en desuso, desde hace más de una década, en la que se iba a construir un edificio de oficinas. Dicho plan no avanzó y, con la liberación de la vacante, el Gobierno vasco tiene planes en él para hacer frente a la crisis habitacional. El anteproyecto del Departamento de Vivienda ha sido presentado por su consejero, Denis Itxaso, del PSE-EE, por Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura, y por Gonzalo Sánchez y Armando Diago, arquitectos del estudio Ortega Diago. Sin embargo, ofrece 200 alojamientos dotacionales por 400 anunciados allí mismo solamente hace unos días por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, ambos del PNV.

La propuesta “prudente” de Vivienda nace de un estudio previo que analiza el ámbito “desde una perspectiva urbana, social y comunitaria”, realizado por los arquitectos. En él se proponen 8.000 metros cuadrados edificados para 200 viviendas dotacionales de dos habitaciones. Itxaso ha asegurado que la propuesta es “compatible con las capacidades del barrio en términos del transporte público y otras infraestructuras”. Además, no se haría uso de toda la parcela para construir las viviendas. Según lo que explicaba Diago, se incluiría la creación de un “espacio comunitario” para “enriquecer” la zona.

Para llevar esta propuesta a cabo, Itxaso desea incluir en el proceso a la asociación de vecinos del barrio, con más de 5.000 habitantes. El consejero ya ha conversado con la asociación por vía telefónica para avisar sobre el anuncio del anteproyecto, y ha pautado, para la semana siguiente, una reunión con los vecinos. El objetivo es que “de aquí al verano” se pase por una definición del anteproyecto para “poder sacar a concurso este mismo año”.

Esta propuesta aún no se ha presentado al Ayuntamiento de Donostia. Hace dos días, el alcalde Insausti y el lehendakari Pradales anunciaron la construcción de 400 viviendas en la misma parcela. Ante la acción, este jueves el consejero de Vivienda no ocultó su “malestar”. Las tensiones en materia de Vivienda entre el PNV y el PSE-EE vienen de lejos pero, además, esto llegaba justo después de la división por el asunto de Ayesa y por el puerto de Pasaia. Itxaso ha dicho que no se puede anunciar la construcción de alojamientos “sin el respaldo de un proyecto detrás”.

El consejero socialista ha sido contundente con que “no se puede frivolizar con las esperanzas de la ciudadanía” y menos frente a la crisis habitacional. “Lo último que necesita la política de vivienda son crisis de políticos”, ha añadido. Vivienda tiene planteado comunicarle el anteproyecto al Ayuntamiento, aunque “le hubiese gustado acercarse de otra manera”. Con todo, el consejero mira con positividad obtener “la luz verde” del proyecto que se trae entre manos desde “hace más de un año” y al que le han puesto “mucho mimo y cariño”.

El plan de Itxaso propone construir el 50% de los alojamientos que ha anunciado el alcalde. El consejero ha defendido la decisión de construir 200 viviendas porque así se evita “eternizar el proyecto”, aunque está abierto “a escuchar las aproximaciones y el planteamiento de 400 alojamientos”, ha indicado.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, se reunió este jueves con los alcaldes de Hernani, Tolosa y Lezo, de EH Bildu, para oficializar la declaración de estos municipios como zonas tensionadas. Con esta decisión, Euskadi pasa a contar con un total de catorce localidades bajo la medida propuesta en la ley de Vivienda de 2023. El proceso, sin embargo, se inició hace ahora un año, en 2025. Errenteria, también en el área metropolitana de Donostia, fue el primer municipio en incorporar esta herramienta dentro de su plan de intervención en el mercado inmobiliario hace ahora doce meses.

Sin embargo, su activación estuvo marcada por la ausencia de los índices de referencia, cuya elaboración correspondía a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, en manos del PNV. No fue hasta el 30 de septiembre de 2025 cuando estos se publicaron. A causa de esta tardanza, la alcaldesa Aizpea Otaegi, de EH Bildu, señala que no se cumple el aniversario “con todas las herramientas que la ley permite”. Durante los nueve meses en los que el índice no estuvo disponible, los nuevos contratos y los alquileres de grandes tenedores no pudieron ser topados, por ejemplo.

Aun así, la declaración de zona tensionada no solo implica la limitación de precios, sino que también permite una prórroga de tres años para los contratos que estén a punto de expirar. A lo largo de 2025, se registraron entre Donostia y Errenteria 15 unidades familiares que optaron por esta prórroga y lograron obtenerla. Además, la herramienta contempla que, si un inquilino se considera vulnerable, no puede ser desahuciado con el fin de no agravar su situación; no obstante, este punto fue el que generó alarma entre los propietarios.

Jon Altuna, gerente de la inmobiliaria Aterpe, de Errenteria, explica que los propietarios, ante la posibilidad de impago, sienten “miedo e incertidumbre”. La inseguridad jurídica es, según afirma el gerente, la principal razón por la cual “muchos alquileres han dejado de ser de larga duración”. Como consecuencia, algunos propietarios han optado por dejar las viviendas vacías, mientras que otros migran hacia contratos de corta duración. Actualmente, en la página web de Idealista solo se puede encontrar una oferta de alquiler en la localidad, la cual no especifica si se trata de un contrato de larga o corta duración.

El consejero Itxaso es consciente del aumento de los alquileres de corta duración por “estar fuera del alcance de la ley estatal”. Durante la declaración de zona tensionada de Hernani, Tolosa y Lezo, señaló que esta situación será “vigilada”. Por su parte, la alcaldesa Otaegi insiste en que “el discurso del miedo no tiene mucha cabida” gracias a los programas de mediación que ofrece el Gobierno vasco, como Bizigune o ASAP. A estas iniciativas se suma próximamente el programa Alokaplus, un seguro público destinado a propietarios en zonas tensionadas con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica.

Pese a que los efectos de la zona tensionada se perciben mayoritariamente a medio plazo, tanto la inmobiliaria como el Ayuntamiento de Errenteria se encontraron con una sorpresa: actualmente, quienes compran vivienda son jóvenes y familias que desean vivir en el municipio. Altuna considera que se trata de un “efecto rebote”, ya que los inversores han perdido interés en la zona y “esa pérdida de rentabilidad ha conseguido que la gente del pueblo pueda comprar”. Tanto Altuna como Otaegi coinciden en estar “contentos” con esta evolución y subrayan que no se debe únicamente a la zona tensionada, sino al plan de intervención general.

En Errenteria se está construyendo vivienda “tanto pública como privada”, afirma la alcaldesa. Está previsto levantar alrededor de 1.200 viviendas en los próximos años. Para alcanzar este objetivo, el foco principal se sitúa en la construcción de vivienda protegida, mediante la cesión de suelos al Gobierno vasco y la restricción de la autorización de vivienda turística. En paralelo, el Ayuntamiento estudia cómo aplicar el canon a las viviendas vacías, un proceso que se ha visto dificultado por la falta de herramientas que permitan verificar si una vivienda se encuentra desocupada. El consejero Itxaso anima a llevarlo a cabo y ofrece “acompañamiento” a los municipios interesados, recordando que se trata de “un último recurso” tras haber planteado distintos “incentivos”.

La zona tensionada dura tres años, apenas ha transcurrido uno; además, es prorrogable, confirma la alcaldesa. Es una medida cuyo objetivo es a medio plazo, sin significar que en el Ayuntamiento se espera que “se congelen los precios”. El gerente de Aterpe cree que estas medidas son “necesarias”, mas no suficientes para atender la realidad “tan compleja”. Ambos están a la espera de datos sobre el panorama que ha vivido el municipio y en toda Euskadi. Otaegi confirma que “el Gobierno vasco ha contratado un estudio” para saber el “impacto” de las zonas tensionadas. Ante la falta de datos propios, Itxaso recuerda los estudios de Navarra y Catalunya, en los que muestran una disminución de precios en el alquiler. Itxaso tiene la “esperanza” de que suceda lo mismo en Euskadi.

Anteriormente, el Partido Nacionalista Vasco había votado en contra de la normativa estatal e incluso la recurrió ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que la competencia en materia de Vivienda recae en el PSE-EE. Sin embargo, el escenario ha cambiado: tres de los catorce municipios declarados zonas tensionadas están gobernados por el PNV Además, el conjunto de municipios incluidos en la lista representa el 49,9 % de la población vasca, con una especial concentración en Bizkaia, que agrupa al 21,28 % del total de habitantes. Entre las localidades declaradas zonas tensionadas se encuentran las tres capitales vascas, Bilbao, Donostia y Vitoria, dos municipios de Bizkaia, Barakaldo y Galdakao, y nueve de Gipuzkoa: Astigarraga, Errenteria, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Tolosa, Usurbil y Zumaia.

El área de Vivienda del Gobierno vasco calcula que, en 2026, destinará 95 millones de euros a la prestación económica de vivienda (conocida por sus siglas PEV). En 2025, con un presupuesto similar, se ejecutaron finalmente 86 millones. Éste será un año clave para esta ayuda -de 300 euros mensuales como apoyo al abono de rentas en el mercado libre- ya que se completará finalmente la pasarela de beneficiarios de la antigua prestación complementaria de vivienda (la PCV asociada a la RGI) y todas las gestiones las centralizará ya Vivienda, que se previó en la ley de 2015, dejando sin atribuciones a Lanbide.

Esa norma de 2015 fue la primera en desarrollar el derecho constitucional a la Vivienda. Quienes cumplan unos umbrales económicos pueden solicitar un piso a la Administración y, en caso de no disponer de oferta suficiente, se les abona una cuantía mensual para facilitar la entrada a viviendas libres. Ahora mismo, 3.000 personas ejercen el derecho con un alojamiento y los 32.000 reciben la PEV subsidiaria para el alquiler.

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, se ha felicitado de que estos 35.000 se suman a 30.000 adjudicatarios de casas protegidas en sus diferentes fórmulas de alquiler y a 9.500 jóvenes beneficiarios del programa Gaztelagun, que también aporta 300 euros mensuales. La conclusión es que “más de la mitad” de los 137.000 hogares en alquiler tienen apoyo público. No se incluyen los titulares de Emantzipa, otra ayuda paralela de 300 euros para jóvenes impulsada por el ala del PNV del Ejecutivo de coalición.

Itxaso, en rueda de prensa, ha asegurado que “ninguna otra comunidad” tiene estos niveles de cobertura. Asegura que “en medio de tanto diagnóstico” sobre el problema habitacional otros hacen los deberes. “Somos un país que está desplegando muchos recursos”, ha destacado el socialista, que ha puesto en valor las políticas de “intervención pública” ante un “mercado desbocado”.

Por otro lado, Itxaso ha recordado que el Gobierno trabaja en un nuevo decreto para ampliar las coberturas de programas como la PEV o Gaztelagun, entre otros. No suben las cuantías -de hecho, cuando la PCV nació en 2008 llegaba a 320 euros- sino los beneficiarios potenciales. Solamente en Gaztelagun ello podría requerir un gasto adicional anual de 5 millones, según se prevé.

Era un decreto que recibió la etiqueta de “urgente” y ya estaba encima de la mesa en la Semana Santa de 2025, cuando lo adelantó este periódico, pero aún no ha sido aprobado. Itxaso ha asegurado que la tramitación está ya “en la última fase” y ha calculado que “en un mes o mes y medio” podría volver a dar una rueda de prensa para presentarlo ya definitivamente.

Los municipios de Tolosa, Lezo y Hernani, en Gipuzkoa, entrarán en los próximos días en el listado de municipios de zonas tensionadas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estos tres tendrán a partir de entonces capacidad para topar los precios de los alquileres casi coincidiendo con el aniversario de la declaración de zona tensionada del primer municipio vasco, la localidad guipuzcoana de Errenteria.

La publicación está prevista para finales de este mes y, de hecho, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, tiene comprometido realizar un acto el próximo jueves 29 en Hernani con los tres ayuntamientos para significar la importancia de estas nuevas incorporaciones a las medidas para contener los precios de los alquileres. Se da la casualidad de que son tres municipios de Gipuzkoa, único territorio que en estos momentos tiene publicado el Índice de Precios de Referencia, por lo que las medidas de contención de precios se podrán aplicar también a las viviendas de los grandes tenedores y los nuevos contratos de alquiler, que precisan de esta herramienta para su cálculo.

Con estas tres incorporaciones serán catorce los municipios incluidos en el listado de localidades tensionadas en materia de vivienda. Son las tres capitales vascas -Donostia, Bilbao y Vitoria-, Errenteria, Usurbil, Astigarraga, Lasarte-Oria, Zumaia, Irún, Barakaldo, Tolosa, Hernarni, Lezo, y un distrito de Galdakao. En estos momentos el Departamento de Vivienda está con trámites ya avanzados para la declaración de Arrasate-Mondragón, Zestoa, Basauri y Pasaia. Cuando estén completados, el 50% de la población vasca vivirá en zonas tensionadas.

Los nuevos municipios tensionados, Lezo, Hernani y Tolosa, tienen un mercado de vivienda que está muy condicionado por su cercanía con Donostia, una de las ciudades de todo el Estado con los precios de vivienda más elevados. Y cumplen uno de los requisitos necesarios para contar con la declaración, que el precio de compra o alquiler ha subido en los cinco años anteriores a la declaración un porcentaje acumulado de, al menos, tres puntos porcentuales superiores al crecimiento acumulado del IPC de Euskadi, o que el esfuerzo económico necesario para pagar la vivienda supere el 30%.

En el caso de Lezo, el precio de compra o alquiler de la vivienda ha experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado del 20%. En Hernani el esfuerzo para pagar la vivienda es de media el 30,5% de sus ingresos familiares. Por su parte, en Tolosa, la renta de alquiler mensual media ha crecido en un 20% en el periodo anterior a la declaración.

La declaración de zona tensionada permitirá a estos municipios durante tres años aplicar el tope de subida anual de los alquileres en función de índice de revalorización de alquileres, que ahora está en el 2,8%. No podrá subirse la mensualidad por encima de ese tope. También se posibilita la prórroga durante tres años del contrato en las mismas condiciones que el anterior cuando finalice después de cinco años. Además, en los nuevos contratos se limitará el precio del alquiler que no podrá superar la renta del último contrato.

Es decir, no podrá subirse el precio de la mensualidad aprovechado el cambio de inquilino. La excepción que marca la legislación permite incrementar los contratos en un 10% en alquileres de más de 10 años o para mejoras relacionadas con la rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad de la vivienda. Como los tres son municipios guipuzcoanos y tienen ya publicado el índice de precios de referencia., también podrán actuar sobre los pisos de los grandes tenedores, aquellos que tengan cinco o más viviendas, y los contratos de pisos que no hayan sido alquilados antes.

La declaración de zona tensionada lleva aparejados unos compromisos por parte de los ayuntamientos, a desarrollar de manera conjunta con Vivienda durante los tres años de vigencia de la declaración con el objetivo de salir de ese tensionamiento del mercado. En este sentido, por ejemplo en Lezo, entre otras acciones, se prevén construir un total de 33 nuevas viviendas de protección oficial. Actualmente se están construyendo 33 viviendas protegidas y 24 tasadas. Además de 52 viviendas dotacionales y 16 viviendas tasadas. Asimismo, se identifican 238 viviendas (8,6%) sin que conste ninguna persona empadronada en ellas. La mayoría se concentran en el núcleo urbano, 175 viviendas que se quieren sacar al mercado de alquiler mediante medidas fiscales o la aplicación del canon de viviendas vacías.

En Tolosa se plantea la edificación de un total de entre 854 y 857 viviendas en los próximos tres años: 275 en compra y entre 579 y 582 en alquiler. Tolosa tiene 61 viviendas incorporadas al programa Bizigune del Gobierno vasco, y prevé seguir incrementando este número. Alineada con esta acción, se prevé profundizar en el conocimiento de la vivienda vacía del municipio realizando una actualización del estudio específico realizado en su día para conocer cuál es su situación y cuantificar cuántas son susceptibles de sacarlas al mercado de alquiler. Precisamente este jueves se ha anunciado que en febrero arrancarán las obras de construcción de 192 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en Tolosa.

En Hernani se plantea cesiones de parcelas al Gobierno para la construcción de viviendas y cuenta con varias zonas de posibles desarrollos urbanos. En una primera fase y de forma prioritaria se contemplan 27.720 metros cuadrados para nuevas viviendas de las que 15.840 metros serán para viviendas de protección oficial, y 11.880 metros cuadrados para vivienda tasada. Además de levantar viviendas dotacionales, rehabilitar viviendas y aplicar un canon a las viviendas vacías.