El miércoles, en un soporte metálico oxidado de la estación del U-Bahn de Heiligenstadt, se repartían decenas de ejemplares del gratuito Heute, el periódico de más tirada de la ciudad de Viena y el segundo de Austria. En su primera página interior, contaba la historia de una “oma” (‘abuela’, en alemán) de España llamada Maricarmen Abascal. La fotografía mostraba una de las protestas contra los desahucios que se estaban sucediendo a más de 2.000 kilómetros.

En esta ciudad, la quinta urbe de la Unión Europea por población con unos dos millones de personas, hay más de 200.000 viviendas municipales de renta asequible y otras 200.000 de precios controlados, a través de cooperativas o fórmulas similares. En números redondos, el 60% de la población está cubierto por esta red y el 80% es elegible para entrar en ella, no solamente las rentas bajas. Los alquileres son indefinidos; se heredan incluso de generación en generación. Y los desahucios no están en la agenda, simplemente porque se limitan a casos extremos de fraude o mal comportamiento de los inquilinos. No hay fianzas. En la periferia, crecen distritos nuevos con casas con grandes terrazas, zonas ajardinadas y servicios comunitarios. Apenas circulan coches en ellos y en Seestadt, uno de los mayores desarrollos urbanísticos del continente, incluso hay un lago con agua dulce del Danubio para que los vecinos naden y los cisnes chapoteen.

elDiario.es/Euskadi, invitado en el marco de un viaje institucional del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, ha recorrido durante cinco días —más de 200 kilómetros— el centro y la periferia de Viena, que es además uno de los nueve estados o ‘land’ de la república austríaca y que tiene amplísimas facultades para legislar y actuar sobre el suelo, sobre el transporte o sobre la política social. Esas viviendas protegidas están por toda la ciudad, desde bloques próximos al Rathaus, el Ayuntamiento, o la Ópera, hasta los nuevos polígonos al norte o al sur.

Aunque el modelo tiene también algunas sombras y algunas perspectivas inciertas, enamora a delegaciones internacionales de todo el mundo. El rotativo salmón Der Standard contaba a toda plana este viernes que Die Linke mira ya a Viena para su nuevo proyecto tras ganar las elecciones en Berlín. The Economist o The Guardian, por citar solamente dos publicaciones, han sucumbido al embrujo de una ciudad en cuyas guías turísticas, además de los palacios imperiales y de la ópera, se cuelan viviendas sociales como el Karl-Marx-Hof.

La ‘Viena roja’

En el Karl-Marx-Hof residen del orden de 5.000 personas en bloques unos pegados a los otros que se extienden por 1,1 kilómetros frente a la estación de Heiligenstadt. Aunque no fue el primero, este complejo es el gran icono de la denominada ‘Rotes Wien’, la Viena ‘roja’ que emergió tras la I Guerra Mundial y la decadencia del imperio austrohúngaro. Los socialdemócratas, el partido ahora conocido por las siglas SPÖ y que sería equivalente al PSOE en España, aprovecharon la disponibilidad de terreno plano para iniciar una política de construcción sistemática de bloques para las clases populares.

“Se trataba de crear una ciudad completamente nueva para un nuevo humano”, expone un guía por el complejo residencial. Allí, en la actualidad, un alquiler puede rondar ahora los 9 o 10 euros por metro cuadrado si se cuentan todos los gastos. En Donostia son ya 14. ¿Y los sueldos? El dato medio anual de la capital de Austria duplica al de Gipuzkoa, 62.000 por 31.000.

Hace casi un siglo, el Karl-Marx-Hof fue revolucionario. Proporcionaba a precios asequibles una vivienda con electricidad, urinario privado y agua corriente, y ofrecía servicios comunitarios como jardín, ‘kindergarten’, colmados y un ‘waschsalon’, a la vez lavandería y duchas. Operarios municipales, con un uniforme oscuro con detalles rojos y blancos, como la bandera del país, cuidan las instalaciones desde entonces.

El Karl-Marx-Hof encierra mucho del simbolismo de la ‘Rotes Wien’. Cuatro estatuas muestran a los habitantes la filosofía del “nuevo humano”, hombres y mujeres empoderados, cultos y liberados del capitalismo; pero también disciplinados, con horarios de entrada y salida estrictos, obligación de ventilar cinco veces al día, de no cocinar fuera de hora y apercibidos de multas si se llegaba borracho. El bloque se ubicó frente a un barrio acomodado, para que se pudieran mirar de tú a tú. Y se pagó con impuestos especiales a la prostitución, al juego, a las carreras de caballos y al champán.

Aquel tributo se llamaba Wohnbausteuer y este nombre aparece grabado en letras rojas mayúsculas en algunos edificios de titularidad municipal. Ahora existe una versión moderna, llamada Wohnbauförderungsbeitrag y que implica que empleadores y trabajadores abonan un canon del 0,75%, respectivamente, como contribución para el fomento de la vivienda social.

“El Versailles de la clase obrera”, sonríe el guía sobre el Karl-Marx-Hof. En el antiguo ‘waschsalon’, superado por las duchas privadas de las casas, se mantienen las lavadoras y secadoras comunitarias, pero, en el resto del espacio, se ha habilitado un pequeño museo de la ‘Viena roja’ con ejemplares antiguos de ‘Die Diktatur des Proletariats’ y otros tesoros.

Era tal el simbolismo del Karl-Marx-Hof que la llegada del nazismo al poder no solo suspendió la política social de construcción de casas, sino que motivó un cambio del nombre. El complejo pasó a ser Heiligenstädter Hof, por la estación, lo mismo que el país dejó de ser Österreich para ser Ostmark por capricho de Adolf Hitler. Y se ordenó la salida de 212 vecinos de los bloques exclusivamente por ser judíos. Fueron desahuciados y enviados a campos de concentración. Una pequeña placa los recuerda junto al U-Bahn.

Wiener Wohnen es el organismo municipal que gestiona la política de Vivienda en Viena. Tiene 4.500 funcionarios, un ejército en comparación con los alrededor de 150 de Alokabide, la agencia vasca que gestiona los alquileres sociales. Tiene hasta su propia revista. Fue en la década de 1920 cuando Wiener Wohnen empezó a intervenir en el mercado de la vivienda. Hasta entonces, se habían hecho cinco promociones con un total de 369 pisos. Solo en esa década se levantaron 185 de 29.027 alojamientos. En 1930, antes del ‘anscshluss’ nazi, llegaron otros 255 bloques y 23.847 apartamentos. El proyecto tuvo continuidad tras la liberación a partir de 1945. En la década de 1950 hubo 463 promociones y casi 55.000 pisos municipales o ‘Gemeindebau’, a los que siguieron otros 43.000 a partir de 1960, 32.800 desde 1970 y, ya a un ritmo más bajo, otras promociones que llegan hasta el presente. En lo que va de década han sido once los nuevos bloques y 586 casas.

Las sombras del modelo

Como la ciudad nunca se desprende del patrimonio, hay una bolsa estable de más de 200.000 apartamentos municipales. “Esto es una política social que tiene historia. Más de 100 años. Esto es la ‘Viena roja’. El derecho a la vivienda no está anclado en la Constitución, pero es un pilar muy importante. Las ‘Gemeindebau’ son una joya. Esto es algo que no está a la venta. Absolutamente. Venderlo son solo desventajas. Lo hemos visto en otras ciudades. Somos una ciudad de inquilinos”, afirma, en alemán, Waltraud Karner-Kremser, presidenta de la comisión de Vivienda de la ciudad-estado de Viena desde 2019.

Su partido, el SPÖ, controla el Ayuntamiento desde 1945. Sin alternancia. Aunque ha forjado coaliciones con otras fuerzas, los burgomaestres siempre han sido socialdemócratas. El actual es Michael Ludwig. Eso sí, la sigla está lejos de los resultados por encima del 60% de hace medio siglo. En las elecciones de 2025 este partido logró un 39% de los votos, igualando el peor dato desde la II Guerra Mundial. Y una encuesta conocida esta semana pronostica para la siguiente cita con las urnas un porcentaje aún peor, del 35%.

La ultraderecha, el FPÖ, es ya la segunda fuerza. Está asociado a Vox. La oposición de izquierdas está preocupada por el futuro del modelo. En su despacho del Rathaus, decorado con detalles de madera y otros elementos reciclados, Georg Prack, portavoz de Die Grünen, formación ecologista y tercera fuerza local, señala en inglés que el FPÖ ya ha cuestionado políticas sociales cuando ha tocado poder en Austria. Pero avisa también que incluso algunos cuadros locales del SPÖ han lanzado el globo-sonda de buscar ingresos rápidos con la venta de viviendas sociales.

Según Prack, Viena tiene exactamente los mismos problemas que otras grandes urbes europeas. Cita Barcelona y Venecia como ejemplos negativos. Suben los precios en el mercado libre, construir es cada vez más caro, hay colectivos sociales vulnerables y AirBnb busca negocio. Pero el factor diferencial de Viena, matiza, es que tiene todavía un peso tan grande lo público que aún es capaz de capear esos envites. Y tiene que preservarlo en el futuro, defiende. “Viena es una ciudad que crece mucho. Cada año la población sube un neto de 20.000 personas. Hay que construir más. Supongamos que conviven de dos en dos. Necesitamos 10.000 al año. Y en la última década se han construido unas 200 ‘Gemeidebau’ por año. Es un 2% de lo que precisamos”, avisa.

“Sí, empezamos a tener muchos problemas en Viena. Ha crecido un 13% en población en la última década. Hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Está aumentando la construcción privada, que es mucho más cara”, sostiene en castellano Alexis Mundt, experto del Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen, un observatorio “independiente”.

Además de Wiener Wohnen, en la ciudad opera también Wohnfonds Wien. Es otra agencia pública que capta suelos y planifica los desarrollos. Ahora mismo dispone de un patrimonio equivalente a 420 campos de fútbol puestos uno junto al otro para hacer casas. Son tres millones de metros cuadrados, según indica Silvia Hofer, subdirectora de la entidad.

Hofer insiste en que hay un factor diferencial, uno más, en su organismo. Es una entidad sin ánimo de lucro. De hecho, los promotores no pugnan en una subasta por hacerse con las parcelas, sino que los concursos miden la calidad de los proyectos. Se da la circunstancia de que Euskadi, justo antes del viaje a Viena, presentó su propio fondo “social” para captar suelos. Sin embargo, en él se asegura una rentabilidad a los inversores privados, bancos o constructoras. El Gobierno vasco, una coalición de PNV y PSE-EE, habló de intereses moderados. Son del 6,62%.

Los nuevos desarrollos

Sergio Tallo, originario de Puertollano pero con un abuelo bilbaíno, es ingeniero de inteligencia artificial y tenor en la capital mundial de la música. Lleva veinte años en Viena y ahora disfruta de su tercera vivienda protegida a pesar de tener ingresos mensuales muy altos. El sistema fija unos umbrales generosos de entrada, hasta 54.000 euros en muchos casos, y luego no revisa la situación patrimonial jamás.

Los extranjeros, cuando él llegó, tenían que esperar tres años para poder inscribirse en Wiener Wohnen. Cuando cumplió ese plazo, se apuntó recibió una primera carta con una propuesta. Dice el Ayuntamiento que la espera media no supera los 18 meses. Pero la rechazó, algo que es posible. Tuvo una segunda opción y, entonces sí, se mudó a su primera casa protegida. Como le iba bien, buscó seguir en el sistema pero ya en una cooperativa. Los otros 200.000 pisos de precios controlados, en muchos casos, son cooperativas. Se abona una entrada y se va pagando una renta controlada. Si se abandona la casa, se recupera el pago inicial. Tiene la misma estabilidad de la plena propiedad y una gran flexibilidad inexistente en el mundo hipotecario.

Ahora está en su tercera casa, igualmente otra cooperativa. Él y su familia pagan 850 euros por un espacio amplio y cómodo de 93 metros cuadrados, según cuenta. Le han subido el canon 50 euros en el último año por haber mejorado sus ingresos, pero, con todo, la carga no llega al 15% de su salario. “Es una diferencia de casi 700 euros todos los meses de lo que pagaría por el mismo piso en el mercado libre. Y mi alquiler es vitalicio, además. Me da la tranquilidad de saber que de aquí no me van a echar. Sientes que es tu casa. Aquí hay otra mentalidad. La vivienda pública no es algo de izquierdas o de derechas. Es cultura de ciudad”, expone. Hay algunas reglas básicas que cumplir, como por ejemplo no tener una segunda residencia.

Su barrio se llama Siemensäcker am Park, que se podría traducir como ‘el parque en los antiguos terrenos de Siemens’, por estar allí la central austríaca de esa multinacional. Tallo insiste en que este sistema de bloques que admiten rentas bajas, medias y altas permite también evitar la guetización de barrios enteros, como en otras capitales de Europa. Expone que en su comunidad juegan juntos los hijos de refugiados y de profesionales liberales con grandes salarios.

Porque otro de los rasgos de los barrios vieneses es su vida en comunidad. Viajemos a Wildgarten, el ‘jardín salvaje’. Este distrito, con 1.100 pisos y 2.300 habitantes, fue concebido por el estudio de arquitectos matritense Arenas, Basabe y Palacios. Es bastante reciente. Debe su nombre a que las zonas verdes están deliberadamente asilvestradas, para dar sensación de vivir en la naturaleza dentro de la ciudad. Este barrio tiene un punto de comuna utópica, con inscripciones a gran tamaño en el suelo clamando ‘Freiheit’, ‘libertad’ en alemán. A media tarde, antes de la cena temprana, hay decenas de niños jugando tranquilamente en las calles. No hay un solo coche por allí: tienen que aparcar en el anillo exterior. Y aquí también hay mezcla. Hay alquileres baratos, cooperativas, alguna casa privada y un nuevo modelo, el ‘cohousing’.

Therese vive en un ‘cohousing’. Es un complejo con 19 pisos de entre 36 y 120 metros donde residen exactamente 50 personas, 30 adultos y 20 niños. El vigésimo inmueble es un apartamento alquilable para las visitas o incluso para turistas. En estos edificios hay un huerto donde ya crecen calabazas pensando en Halloween y que es “un paraíso para los pájaros”. Tiene hasta un pequeño invernadero. También hay un ático con bellas vistas al ‘skyline’ de pisos protegidos de otros barrios, una cocina comunal, un espacio con herramientas para arreglos, carpintería y otras chapuzas y hasta un humilde mercado de productos locales de la zona. “Fruta, vegetales, leche”, enumera en inglés la vecina.

Todos los inquilinos, en asamblea, dirigen la comunidad. Hay quien se encarga de la jardinería y hay que llevar las finanzas. Se coordinan por Signal. “Hay mucho trabajo por hacer”, asegura Therese. Su vecina Conny, una madre treintañera, sostiene que “es como vivir en el campo pero en Viena”. “Esto es perfecto”, afirma señalando a sus hijos, que pelotean en un amago de partido de fútbol. “Veo el ‘kindergarten’ desde el salón y el colegio está a cinco minutos. También el supermercado está cerca. No hay coches. Los niños juegan libres. Es perfecto”, repite una vez más. Antes, vivía en otro piso y “jamás” conoció a sus vecinos; ahora, son casi una familia.

¿Puntos negros? Esto es más caro que la media. La casa de Therese —dos plantas, cuatro habitaciones y 90 metros de uso particular— está valorada en 400.000 euros. Para entrar, tuvo que abonar una entrada de 100.000 y la renta “todo incluido” es de 1.300. Nuevamente, si se mudara recuperaría el pago inicial y otro miembro podría sumarse a la comunidad. “Sí, esto es de rentas medias o medias-altas, pero es un proyecto social”, asume Therese. En este caso, además, Wildgarten no está muy bien comunicado con transporte público. “Se están retrasando los proyectos prometidos”, se queja. A Conny le preocupa cómo encajarán en este modo de vida sus hijos cuando sean adolescentes. “Igual estoy todo el día con el coche llevándoles de aquí para allá”, se encoge de hombros.

Nordbahnhofviertel y Sonnwendviertel son dos barrios desarrollados sobre antiguos suelos de ÖBB (Österreichische Bundesbahnen, el equivalente austríaco a Adif). Nuevamente, en el interior de las calles no circulan los coches, aunque sí las bicicletas, los peatones y el Straßenbahn, el tranvía. Lejos de los edificios ‘cebra’ uno detrás de otro que colonizan las periferias españolas, los diseños de las casas están cuidados. Hay bajos con arbustos y barbacoas, ventanales irregulares, entramados de madera… Además de casas sociales, cooperativas y privadas mezcladas, los proyectos incluyen locales comerciales a precios baratísimos —4 euros el metro cuadrado, incluso— para dinamizar los espacios. En uno de ellos se han conservado restos ferroviarios en un gran parque donde hay espacio para el ‘picnic’, el tenis de mesa o la lectura con puntos de intercambio de libros.

El problema del aparcamiento se soluciona con grandes edificios en silo. El arquitecto Bernd Vlay, cerebro de estos dos grandes barrios modernos, expone, en todo caso que se ha dejado atrás el concepto de una plaza por familia. O incluso dos. Hay una por cada cuatro. “Aquí los jóvenes ni se sacan el carné de conducir”, asegura.

La última de las fotografías en la de Seestadt, uno de los desarrollos urbanos en marcha más grandes de Europa. “Tenemos un lago en el medio. Dejas el móvil en casa, coges una toalla y vas a nadar”, promociona Laura, una intérprete latinoamericana que reside allí. Seestadt se podría traducir, precisamente, como ‘la ciudad del lago’.

En cifras, este distrito aspira a llegar a 25.000 habitantes en unos años, aunque ahora son 12.000 y las grúas siguen trabajando. Hay un 50% de los espacios que son para actividades sociales, culturales, profesionales y comerciales. Una buena parte son centros universitarios, y muchos estudiantes residen aquí. Nuevamente, no pasan por aquí los coches con matrícula W, salvo por un par de patrullas de la Bundespolizei, aparcadas frente a una comisaría.

Se diseñó habiendo hecho antes una ampliación de la U2 del metro vienés. Para buscar los vehículos hay que ir a una especie de centros comerciales, donde se amontonan en varias plantas. Uno de los promotores del proyecto, Gerhard Schuster, expone en inglés que esto no solamente mejora la convivencia en las calles, sino que reduce costes de construcción. Es más rápido levantar casas que no tengan una o más plantas enterradas para garajes, y los silos son estructuras relativamente sencillas.

Además del lago, en Seestadt hay una torre de 84 metros, la estructura de madera más alta del mundo. Dice Schuster que este tipo de construcciones sostenibles son más seguras que una de acero. “Hay que cambiar el cuento de los cerditos”, bromea. En el barrio todos y cada uno de los nombres de las calles son de mujeres. Se ha editado un pequeño libro con las biografías de todas ellas. Están Zaha Hadid, Janis Joplin o Pippi Långstrump, la ‘calzaslargas’.

“Necesitamos ser la Viena del sur”

Sin embargo, en 1949 uno de los complejos de la ‘Viena roja’ ya fue renombrado como Therese-Schlesinger-Hof, en memoria de una socialdemócrata. En la puerta se produce la entrevista con Isabel, una madrileña residente en Viena desde 2006. Pero ella no vive en el mercado protegido. “Ahora está muy caro todo. Cuando yo vine, había una diferencia de un 10-20% [en el mercado libre], pero desde que empezó la pandemia, las crisis y las guerras se ha disparado la vivienda. Ahora es muchísimo más caro. Hay una Viena de dos velocidades, totalmente”, diagnostica. Fuentes municipales indican que hay algunos programas de subsidios para acceder a alquileres privados también.

¿Y en esta ciudad hay desahucios? Sí, por supuesto. Pero nadie contempla que una “oma” de 87 años tenga que dejar su casa de toda la vida. Tendría que ser por destrozar la vivienda adjudicada o por realquilarla a turistas, aunque hay un acuerdo con AirBnb para que se encienda una luz roja cuando se suba a la plataforma una dirección de Wiener Wohnen. Gobierno local y oposición coinciden en que un desahucio es “más caro”, medido en términos puramente economicistas, que resolver el problema y buscar, con “herramientas” sociales una alternativa ordenada. “En Viena, la ciudadanía puede confiar en que tendrá ayuda si se ve inmersa en una situación difícil. Wiener Wohnungssicherung Plus es un programa que ayuda que nadie se quede sin techo”, explica el Ayuntamiento. Karner-Kremser recalca que solamente una resolución judicial puede motivar un lanzamiento.

Así las cosas, la discusión sobre el modelo gira mucho más en torno a si los empleados municipales tardan más o menos en arreglar desperfectos o podar las flores del jardín comunitario. El español Sergio Tallo bromea que la ciudad está plagada de grupos de redes sociales con quejas y “problemas del primer mundo”. “Tienen hasta una palabra para ello: Wiener Suderei”, cuenta. ‘Sudern’, en alemán vienés, viene a significar refunfuñar por nimiedades. “Necesitamos ser la Viena del sur”, implora el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, como corolario a su visita a la capital de Austria mientras en España la preocupación por la emergencia habitacional se dispara e incluso la continuidad del Gobierno está en el aire.

Bienvenidos. Algunos parecen haberse dado cuenta ahora. En política es un viejo arte, más que solucionar un problema, aparentar preocupación. La foto. La rueda de prensa. La cara seria. Y la promesa.

La vivienda es un problema desde hace décadas en Donostia. Si en los últimos meses llamaba con fuerza a la puerta de los políticos, en las últimas semanas la ha echado abajo a patadas. El desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años, y la acampada surgida en la Puerta del Sol han colocado el asunto en el centro del debate.

Donostia se está convirtiendo en un resort de lujo. Una ciudad para quienes tienen dinero. Un piso de 75 metros cuadrados cuesta más de medio millón de euros y ronda los 1.350 euros mensuales de alquiler. Y luego nos preguntamos por qué se van los jóvenes. Los estamos expulsando.

Llevamos años apostando por el turismo. Promoción internacional, ferias, congresos, gastronomía, grandes eventos… En los últimos años muchos ciudadanos han denunciado la saturación turística. Ahora la Administración habla de sostenibilidad y de poner a la ciudadanía en el centro. Dice que el objetivo no es atraer más turistas, sino aumentar la calidad. Donostia Turismo orienta la promoción internacional hacia el turismo “premium”. Menos turistas, pero más ricos. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Hay demasiadas viviendas turísticas. Demasiadas vacías durante buena parte del año. Demasiadas compradas como inversión. Y una casa no es una acción bursátil. En una casa se vive. Ese es el pequeño detalle que ha desaparecido de la ecuación.

Ahora, de repente, PNV y PSE-EE, que comparten el gobierno municipal desde 2015, aparecen preocupados por la vivienda. Jon Insausti y Denis Itxaso, en primera línea, quieren enarbolar la bandera de la solución, como si el problema lo hubiera creado otro. Y comienza el segundo acto de la función.

En Auditz Akular, el Ayuntamiento ha acelerado los trámites para construir más de 3.000 viviendas. Insausti ha presentado el proyecto como una respuesta al problema de la vivienda asequible. Y ahora, Antondegi. Denis Itxaso acaba de proponer un “ecobarrio” de unas 3.000 viviendas en una zona de interés ecológico. Ecobarrio. El hormigón entra mejor pintado de verde. Para mí, Auditz Akular y Antondegi muestran perfectamente el juego. La emergencia habitacional es real. La preocupación ciudadana también. Pero pretenden convertir esa preocupación social legítima en un negocio para el sector de la construcción para toda una década.

Nos dicen que hay que equilibrar los intereses de la ciudadanía y los empresarios. La Administración en medio, como árbitro neutral. No es un relato creíble. El modelo que ha convertido la vivienda en negocio es fruto de decisiones políticas. Hasta dónde impulsar el turismo, qué suelos urbanizar, dónde colocar el dinero público, a quién dar oportunidades y a quién pedir paciencia: eso es política. PNV y PSE-EE no son árbitros equilibrados y neutrales. Están al servicio de quienes se enriquecen con la emergencia habitacional. Convierten los intereses de rentistas y constructoras en leyes, planes y decisiones públicas. Y para eso necesitan la confianza de la ciudadanía. Ese es el truco: conseguir el apoyo de una parte de la ciudadanía para aplicar políticas contrarias a los intereses la mayoría.

Para solucionar el problema nos proponen intensificar el mismo modelo. Ya es hora de dejar de preguntar cuántas viviendas más podemos construir y empezar a preguntar para quién queremos Donostia. Para ello es necesario sacar este fraude a la luz. Miremos quién ha hecho qué, qué intereses ha defendido y a quién han beneficiado las decisiones tomadas. Encender la luz es el primer paso. Y las fotos de campaña y las repentinas caras de preocupación no deberían borrar diez años de memoria. Echemos del poder a quienes nos perjudican. Construyamos un futuro más justo y liberemos Donostia de las redes clientelares.

Sin que el Gobierno vasco haya aprobado el largamente esperado plan territorial sectorial (o PTS) de energías renovables, llamado a ordenar el mapa del despliegue de parques eólicos o solares, ha lanzado ahora la idea de aprobar otro PTS, en este caso para regular el desarrollo de promociones de vivienda. El consejero Denis Itxaso ha comunicado públicamente ya la propuesta y anunciado una comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar la idea (en noviembre), pero no será hasta “en torno a 2030” cuando pueda ser aprobado, si bien se aspira a disponer en esta legislatura, que finalizará en la primavera de 2028, al menos de la aprobación inicial.

En puridad, en agosto de este año ya se contrató al experto Iñigo Peñalba para llevar a cabo la tarea. Es una adjudicación de 302.500 euros con IVA en tres años, según el portal de transparencia. Se descartaron las propuestas de los estudios de arquitectura Ezquiaga y Usandizaga, según esta misma fuente. La externalización viene justificada con un informe de “insuficiencia de medios”. “Con relación a los trabajos que comprende el contrato de referencia, se hace constar que este departamento no dispone de medios personales ni materiales suficientes para la realización de los trabajos contemplados en dicho contrato. [...] El beneficio de externalizar la prestación del servicio es que el contrato de servicios se ejecutará por profesionales especializados dedicados al desarrollo de trabajos de las mismas características, con los medios humanos y técnicos apropiados, y sin que el desarrollo del contrato afecte de manera importante al trabajo diario del personal propio de la dirección”, señala el documento interno de Vivienda.

Itxaso ha realizado este anuncio en Viena, adonde se ha desplazado al entender que es una referencia internacional en materia de políticas sociales de vivienda. elDiario.es/Euskadi ha sido invitado a acompañar a la delegación institucional. El argumento del Gobierno vasco para iniciar la tramitación de un PTS es que desde hace décadas se están aprobando otros planes similares que regulan el transporte, el litoral y el turismo. “Todas las infraestructuras están ordenadas, salvo la vivienda. Si no lo hacemos, el resto irán ocupando [el espacio]”, ha señalado el consejero.

Un elemento importante es cómo encajará este diseño de ámbito autonómico con los planes locales (los conocidos como PGOU). Itxaso no ha dudado de que el decreto vasco ha de tener cierta “coerción” —la palabra es suya— sobre las instituciones municipales, básicamente porque en Bilbao o Donostia los problemas de suelo y construcción trascienden a los confines municipales. Es necesario un “salto de escala” o una “visión metropolitana”, ha dicho el consejero, que sí ha comprometido diálogo con Eudel (la asociación de municipios) y diputaciones. La comunidad autónoma de Catalunya ya dispone de esa herramienta.

Pero admite que este cambio de paradigma, con más poder en Urbanismo para el Gobierno vasco —Itxaso, oficialmente, es consejero de Vivienda “y Agenda Urbana”—, “seguramente va a tensar las costuras del país”. “Alguien tiene que establecer unas reglas. [Los PGOU] Tendrán que asumir lo que diga el PTS como asumen lo que dice el de transportes o el de infraestructuras energéticas [...] ¿Es o no es para Euskadi la vivienda hoy una prioridad?”, ha añadido Itxaso, dirigiéndose a los alcaldes de los 252 municipios vascos.

En todo caso, buscando complicidades, ha señalado que “este plan da cabida incluso a esas 30.000 viviendas que plantea [EH] Bildu”. La coalición abertzale, con un centenar de alcaldías, es la principal fuerza municipalista. “Esto nos va a poner a todos frente al espejo”, ha agregado.

Itxaso ha asegurado que Euskadi, a la que quiere convertir en la “Viena del sur”, no “parte de cero”. Se constata que desde 1983 se han promovido “más de 108.000 viviendas protegidas”. La clave es que ahora “dispone de suelo” para lanzar otras 160.000 en el futuro, 75.000 de ellas protegidas.

Otra idea fundamental del plan, que dirá dónde, cuánto y cómo se podrá construir, municipio a municipio, es que no podrá volver a dilapidarse dinero público. El Gobierno dice que tiene la “lección aprendida” porque hay una “distancia” entre las 108.000 viviendas promovidas en 43 años y las 68.500 que hoy integran el parque protegido vasco. ¿Por qué? “Merece una explicación. Cerca de 40.000 viviendas salieron del parque protegido por una razón concreta: durante mucho tiempo la vivienda protegida tuvo calificación temporal. Cumplido el plazo, podía descalificarse y pasar al mercado libre. El esfuerzo público que había hecho posible esa vivienda se transfería entonces a un patrimonio privado, y la sociedad perdía para siempre una infraestructura que había pagado”, se ha explicado.

En realidad, son muchas más. Se han perdido más de 50.000, según otros datos oficiales difundidos por este periódico en 2025. Y quedan pendientes otro millar de aquí a 2029, siempre según estas estadísticas. Un decreto de 2003 hizo que las nuevas promociones lanzadas desde entonces ya tuvieran la calificación de permanente, y la ley de vivienda autonómica de 2015 reforzó esa previsión. Ahora se ha anunciado otra reforma legislativa adicional, que previsiblemente se introducirá mediante una disposición en los presupuestos de 2027, para que los pisos previos a 2023 que estén en zonas tensionadas tampoco puedan privatizarse. Igualmente, se han lanzado algunas campañas para que los titulares de casas de precios controlados en derecho de superficie que adquieran la propiedad plena en la actualidad comprando el suelo asuman que solamente podrán venderla conforme a las tablas fijadas por la Administración y no buscando una plusvalía.

“No se trata de autoflagelarse. Lo vimos a tiempo en 2003 [con IU al frente de Vivienda en Euskadi, en una coalición con PNV y con EA]. Y lo corregimos. Toda política que se precie aprende también de sus errores”, ha dicho Itxaso. Ha apostillado que algunas comunidades autónomas de España mantienen y se jactan de esa política.

El diagnóstico inicial del PTS presentado en Viena constata que Euskadi está claramente peor que la capital de Austria, donde se estima que el 60% de la población reside en alquileres o públicos o protegidos con otras fórmulas. Pero el Gobierno insiste en que mejora claramente al resto de zonas de España. Desde 2016, el 26,9% de las casas “terminadas” han sido protegidas en Euskadi, por un 11,4% de media española o un 21,3% de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Hay 17,76 y 5,25 viviendas de titularidad pública por cada 1.000 habitantes, respectivamente, mientras que el alquiler social, aunque solamente supone un 3,40%, es tres veces más que en España. El objetivo del plan es subir el porcentaje al 5% de cara a 2036. Un 15,6% de la vivienda protegida en España está en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, donde reside menos del 5% de la población.

El Gobierno sostiene que hay que actuar y entiende que este PTS puede ser una más de las soluciones. La emergencia habitacional es la primera preocupación ciudadana en las encuestas, con un 57%, la lista de demandantes en Etxebide se ha duplicado, superando ya los 110.000 con holgura y, sobre todo, los precios del alquiler se han disparado con una subida de 24 puntos más que el IPC en una década, llegando a 42 en el caso concreto de Álava. Aunque sea “incómodo”, se asume que el alquiler social está en niveles de cobertura paupérrimos porque es un “rasgo estructural” que Euskadi es “un país de propietarios”. Es la comunidad autónoma con los números de tenedores más altos.

Vivienda defiende lanzar ahora el PTS sin que esté redactado para “recoger aportaciones” y “enriquecer” la aprobación inicial. Explica el Gobierno que será una guía para actuar “durante década y media”. “No corrige el rumbo de cuarenta años de política vasca de vivienda: le da la dimensión territorial que necesita para seguir creciendo. Es la herramienta que convierte 108.000 viviendas promovidas y 160.000 de capacidad calificada en un mapa con prioridades, plazos y responsabilidades. El objetivo último es sencillo de enunciar: que en Euskadi haya suelo suficiente, bien localizado y destinado de forma estable a que la gente pueda vivir donde vive su vida”, defiende el Ejecutivo.

El precedente del anterior PTS anunciado por el Gobierno, sin embargo, no es muy halagüeño. Los plazos, claramente, no se han cumplido. Se dio a conocer en 2019, se introdujo por ley en 2021 y es ya conocida la aprobación inicial, pero la definitiva continúa acumulando retrasos, hasta el punto de que algunos planes parciales de Vivienda están ya regulando las renovables con antelación. Las últimas estimaciones hablan de finales de 2026. Este documento depende actualmente del consejero Mikel Jauregi, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición.

Con este anuncio, Itxaso ha dado por cerrado el viaje institucional a Viena. Antes, este viernes, ha mantenido un encuentro de trabajo con la embajadora de España en Austria, María Aurora Mejía Errasquin, y con su equipo. La reunión se ha desarrollado en un palacio del centro de la capital, cerca de los jardines y del palacio de Belvedere. La posibilidad de un adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre ha sobrevolado la cita o, al menos, los comentarios previos. Se da la circunstancia de que en una pared exterior de la legación española hay un homenaje a un líder independentista, José de San Martín, libertador argentino y de otras antiguas colonias.

EH Bildu ha aprovechado el deseo del consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, de convertir a Euskadi en la “Viena del sur” por ser la capital de Austria una referencia internacional de políticas sociales, para proponerle que haga de toda la comunidad autónoma una zona tensionada, de modo que se puedan aplicar controles de precios en los alquileres, limitaciones a apartamentos turísticos y otras medidas. La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. Desde la propia Viena, donde esta semana el equipo de Vivienda está de visita oficial para tomar ideas y donde la propia EH Bildu estuvo hace solamente dos semanas, el Ejecutivo ha despachado por “completamente electoralista” e “inviable” la iniciativa.

“Necesitamos políticas de vivienda contundentes y coherentes”, ha demandado la 'número dos' de la coalición abertzale en el Parlamento, Nerea Kortajarena, que es ya también la candidata a la alcaldía de la ciudad con los precios más caros, Donostia. Según ha expuesto en Vitoria, se trata de que todo el territorio pueda disponer también de las coberturas de los decretos-ley del Gobierno de España, si es que los convalida el Congreso de este viernes.

Desde Viena, el consejero Itxaso no ha querido entrar al cuerpo al cuerpo con Kortajarena, al menos de momento. Ha delegado la respuesta, que ha sido contundente y negativa, en la directora de Planificación y Procesos Operativos, Saioa Beistegui, que participa también la delegación y que es la responsable de la aplicación de la ley estatal de 2023, la que creó las zonas tensionadas.

Según ha expuesto a preguntas de los periodistas en Seedstadt, un barrio en las afueras de Viena y uno de los mayores desarrollos urbanos en marcha en la Unión Europea, es “completamente electoralista” la petición de la también candidata en Donostia, a la par que “inviable”. Ha indicado que la normativa fija unos requisitos para acceder a ese régimen y que hay zonas que no las cumplen. “No se puede declarar así como así toda la comunidad autónoma”, ha subrayado Beistegui, que ha recordado que cerca del 80% de los municipios 'tensionables' ya están o con los controles de precios en marcha o tramitando su inclusión en la lista. En octubre, por ejemplo, se sumarán Sopela, Urduliz y Bergara, que aparecerán en el Boletín Oficial del Estado. Y en enero vendrá otra tanda, en la que podría entrar Erandio, que precisa de ese paraguas para evitar los desahucios en Los Ochos.

La portavoz ha reclamado “más trabajo mano a mano” con los municipios y menos “imposición”. EH Bildu es la principal fuerza municipalista. Hasta ahora, sí había colaborado en varias iniciativas, como Azpeitia siendo el primer municipio en implementar el canon de viviendas vacías o Errenteria siendo la primera zona tensionada. Ahora mismo, el 54% de la población ya está cubierta, al estar dentro del listado las tres capitales y los grandes municipios. De hecho, los grandes que quedan fuera están gobernados por el PNV, Getxo y Zarautz.

En la misma comparecencia en Seestadt, Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del equipo de Itxaso, ha defendido a la vez poder tomar ideas del modelo vienés pero poner en valor, igualmente, que el vasco tiene puntos fuertes. “Nosotros también tenemos muchas cosas envidiables”, ha manifestado. Kortajarena, en cambio, ha afeado que iniciativas recientes como el fondo social se hagan con ánimo de lucro para inversores privados, lo que no es “nada coherente” con repetir después que se quiere impulsar una “Viena del sur”.

El Gobierno vasco ha anunciado un nuevo posible desarrollo urbanístico en Donostia, esta vez en la zona de Antondegi, próxima al término municipal de Astigarraga. Son 3.000 viviendas las proyectadas, que se suman a los desarrollos en marcha en la antigua cárcel de Martutene, que tiene que ser derribada, en los cuarteles del Ejército español en Loiola, en Txomin-Enea, en Auditz Akular o en la denominada 'playa de vías', la brecha ferroviaria que desaparecerá en Amara y Easo.

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, ha realizado el anuncio en Viena, la capital de Austria, donde realiza un viaje oficial al consider la ciudad una de las referencias internacionales en la promoción pública de pisos. Textualmente, se ha referido a Euskadi como la “Viena del sur”. elDiario.es/Euskadi ha sido invitado a acompañar a la expedición autonómica.

Itxaso ha explicado que desea que la planificación de Antondegi participe en el concurso internacional Europan, un certamen bienal para arquitectos menores de 40 años. “El objetivo es contar, en el plazo aproximado de un año, con propuestas internacionales para diseñar un nuevo ecobarrio con capacidad para en torno a 3.000 personas”, ha indicado Vivienda, que ha visitado la zona de Wildgarten de Viena, precisamente surgida tras una edición anterior de Europan, aunque con 1.000 viviendas.

El proyecto está aún en fase muy incipiente. Europan ha de aceptar todavía el emplazamiento y sólo después se iniciaría el trabajo en Antondegi. Eso podría ser a partir de diciembre de 2027, es decir, ya al borde del final de la legislatura vasca, que como mucho se extenderá hasta la primavera de 2028.

El Ejecutivo autonómico indica que el plan general de ordenación urbana vigente en Donostia prevé desarrollos residenciales en estas lomas con algunos caseríos. Son 283.000 metros cuadrados de edificabilidad posible. El ámbito tiene una superficie total de 972.737 metros cuadrados y la agencia autonómia Visesa es titular de alrededor del 30%, 286.850. Dice el Gobierno que la Administración autonómica tiene una “posición relevante” para impulsar el plan, aunque técnicamente su participación sería de 1.110 viviendas protegidas, 789 de protección oficial y 321 tasadas. El resto dependerían de promotores privados.

Sin embargo, el equipo de Itxaso aboga por ir “de la mano del Ayuntamiento”, que supuestamente tiene “tentaciones” de “dejarlo como terreno rural” en la ciudad vasca con los precios más caros. Según ha indicado Itxaso, una propuesta de reforma del PGOU donostiarra, aunque no llevada a término, pretendía desclasificar la zona. Ha añadido que el Gobierno hizo una fuerte inversión hace tres décadas para adquirir las parcelas —se apunta a unos 400 millones de pesetas de la época— y que eso no puede quedar “enterrado”.

“No podemos permitirnos renunciar a un ámbito como éste”, ha insistido el consejero del PSE-EE. Niega también que Antondegi sea un núcleo “alejado”, ya que otros desarrollos en marcha servirán para unirlo al casco urbano. Ha añadido que el servicio de Lottu (como se conoce ahora las Cercanías de Renfe trasferidas) también pasa por la zona y podría dar servicio al entorno.

Hace unas horas, en Donostia, el alcalde del PNV, Jon Insausti, se refirió a otro proyecto, el de la 'playa de vías', y recalcó que es el Ayuntamiento y no “Lakua”, por la sede del Gobierno vasco en Vitoria, el que tiene la última palabra. Fuentes municipales señalan que “la relación es excelente” y que “no hay semana” en la que no haya reuniones, pero recalcan que no se pueden lanzar proyectos sin pulsar a la ciudad. Mencionan que, en el caso de Amara y Easo, igual es mejor un centro de día que un polideportivo con piscina, por ejemplo. Itxaso, preguntado por la relación con el alcalde, ha indicado que contactó con él este martes para presentarle las líneas maestras del plan de Antondegi y que lo vio con buenos ojos.

Preguntado por el posible rechazo social y el impacto ecológico del plan —se le ha recordado la controversia por una piscina de olas—, el consejero ha señalado que hacer casas en un contexto de “emergencia habitacional” es una “cosa muy seria” y que Viena, precisamente, ofrece ejemplos de barrios hechos con “rigor y criterios ambientales”. En las loma Antondegi hay algunos caseríos habitados, igualmente. Según Itxaso, es muy “donostiarra” —tirando del lema del alcalde Insausti— oponerse a todos los proyectos sin conocerlos.

A los pocos minutos del anuncio en Viena, desde Donostia Insausti ha señalado que “Antondegi ya forma parte de la reflexión municipal sobre el plan general”, que “las propuestas son bienvenidas” pero que “serán los donostiarras” los que tengan la última palabra, según explican fuentes municipales.

En Donostia, en la actualidad, hay 10.000 demandantes de Vivienda apuntados en Etxebide. Los desarrollos ya presentados sumarían del orden de 5.000 de casas y, con las nuevas, se podría llegar a cubrir el 80% de la demanda. La capital guipuzcoana es un “punto negro” inmobiliario —la expresión es de Itxaso—, con alquileres y ventas disparados. El consejero socialista ha negado que esta sucesión de planes en Donostia en comparación con los conocidos para Bilbao y Vitoria se deba algún objetivo electoral por su parte en las municipales de 2027.

En el barrio de Salburua de Vitoria, una de las penúltimas zonas de desarrollo de la capital vasca, hay una calle consagrada a Viena, la capital de Austria. No es por ningún vínculo o hermanamiento especial: todo el barrio lleva el nombre de las capitales de la Unión Europea, incluida la Londres previa al Brexit. Sin embargo, es un lugar donde cohabitan diferentes tipos de viviendas, las libres, las VPO perdidas por legislación antigua que no les daba calificación permanente, pisos para compra con precios controlados, alquileres sociales, apartamentos tutelados, chalés de cierto nivel, un establecimiento hotelero y hasta un templo católico que ha dado techo a malienses migrantes no atendidos por las instituciones y que lo tendrá que volver a hacer este invierno. Pero, ¿se parece realmente a Viena, considerada una referencia internacional en materia de vivienda social?

elDiario.es/Euskadi ha sido invitado a un viaje del Gobierno vasco a la capital de Austria para conocer el modelo vienés. La delegación, encabezada por el consejero Denis Itxaso, está manteniendo reuniones con diferentes expertos y autoridades locales, y visitando promociones y barrios. El vasco Pello Aspuru, un profesor en la Universidad local, dejó claro a los visitantes nada más aterrizar que no se puede hacer un “copia-pega” de Viena a Euskadi por varios motivos. Uno es competencial, con mucho poder concentrado en el Ayuntamiento, que es, a la vez, uno de los nueve estados federados de la república austríaca. Y otro es de insistencia: Viena lleva más de cien años con políticas sociales continuadas.

En la calle de Viena de Vitoria hay 65 pisos de alquiler social, según datos oficiales. No hay huecos libres: los 65 están adjudicados. A ellos se suman dos más del programa Bizigune, que es un sistema de intermediación que permite a los propietarios particulares ceder su casa vacía a la agencia autonómica Alokabide a cambio de una renta por debajo del precio de mercado, sí, pero estable, asegurada y con cobertura de incidencias como impagos o desperfectos. También están asignados.

En Euskadi, el porcentaje de inquilinos es del 16%, sumados titulares y sus familiares. La cultura de la propiedad es muy disímil en Viena, con un 76% de arrendatarios. Austria y Alemania son los dos únicos países europeos con menos de la mitad de sus residentes viviendo en su propia casa. Otro dato: Euskadi tiene 30.000 alquileres sociales en todas sus modalidades, y Viena 200.000. La población y el parque de viviendas no es tan diferente.

El derecho de superficie

En la calle de Viena, en Vitoria, existe una fórmula de propiedad de precio controlado. Si no se superan determinados niveles de renta, el solicitante puede acceder a una casa pagando una cuantía no sujeta a los vaivenes del mercado. Son pisos en derecho de superficie, es decir, la Administración mantiene la titularidad del suelo pero cede su uso al pagador por 75 años. Hasta ahora, los residentes podían comprarlo también y eliminar la cuenta atrás por una cantidad, de modo que se perdía el patrimonio público. La nueva legislación permite todavía esta opción, pero siempre que se mantenga la calificación de modo permanente, es decir, que luego no salgan al mercado como viviendas libres, sino con los precios tasados.

La diferencia es abismal. Una casa de unos 100 metros cuadrados puede rondar los 200.000 euros. Una similar, en el bloque privado de enfrente, puede ascender a 500.000 euros. El régimen controlado no pasa de los 2.600 euros el metro cuadrado, con opciones más económicas; en el mercado libre, la única oferta existente actualmente en la calle, recogida en un conocido portal inmobiliario, es de 4.600 euros. Hay cerca de dos centenares de pisos de precio tasado en la calle.

Viena sí tiene un modelo similar, aunque no idéntico. Además de los alquileres sociales puros y duros, los 200.000 gestionados por la sociedad pública Wiener Wohnen, existen cooperativas en derecho de superficie. En vez de los 75 años de la normativa vasca, son 83. Lo que hace el 'comprador' es pagar una entrada que pueden recuperar si se mudan y, después, abonan una renta mensual controlada durante su estancia. Hay tres tipos de rentas, la smart es la más baja, de 9 euros el metro cuadrado. Se puede acceder al programa con 54.000 euros de renta para una pareja. Viena insiste en “mezclar” en sus bloques sociales o subvencionados a diferentes estratos socioeconómicos.

¿Y en Euskadi? Hay posibilidad de entrar a las viviendas en propiedad hasta con 59.668,32 euros. El alquiler social se concede hasta los 29.784,16 euros y las casas de Bizigune y el régimen general en alquiler hasta los 46.463,29 euros. Pero uno de los últimos programas, consistente en ofrecer avales para comprar casas en el mercado libre, permite solicitantes que, si van en pareja, pueden cobrar hasta 89.164,80. Esta iniciativa, eso sí, se ha hecho al margen del área de Vivienda.

Además de Wiener Wohnen, la gestora de las viviendas sociales, Viena tiene la entidad Wohnfonds Wien, promotora de suelo y con un patrimonio equivalente a 420 campos de fútbol puestos uno junto al otro. Son tres millones de metros cuadrados, según indica Silvia Hofer, subdirectora de la entidad.

Euskadi acaba de lanzar un “fondo social” para hacer esas mismas funciones, captar suelo y construir viviendas protegidas. En ambos casos se habla de “colaboración público-privada”, pero las diferencias son grandes. Wohnfonds Wien no tiene ánimo de lucro, aunque sus parcelas pueden ir a cooperativas privadas o promotores; el nuevo instrumento vasco, que llama a que participen de la construcción entidades bancarias y otras inversiones privadas, ofrece rentabilidad como gancho, un 6,62%. Es algo “moderado”, en definición del consejero Itxaso, pero algo impensable en el modelo vienés. Es más, quienes compren una parcela y la vendan en menos de diez años se verán penalizados con un 33% de gravamen, “para evitar la especulación”, expone Hofer. El fondo vasco aspira a ofrecer 10.000 viviendas con 2.000 millones en ocho años, dos legislaturas.

Otra diferencia, ésta de tipo constructivo pero de fuerte calado social. En Euskadi se llegaron a planificar viviendas con dos plazas de garaje por cabeza; en Viena “hay una para cada cuatro apartamentos”, según el arquitecto Bernd Vlay, una de las mentes pensantes del barrio Nordbahnhofviertel, un moderno distrito surgido de las antiguas vías del ferrocarril y sus almacenes donde priman las bicicletas, los jardines y los tranvías y el tráfico rodado es mínimo. “Aquí los jóvenes ni se sacan el carné de conducir”, agrega.

¿Y los desahucios? Hofer asume que claro que hay desalojos en las viviendas públicas si no se cumplen las normas. Pero “es el último recurso”. Incide en que disponen de “muchas herramientas” y unos “servicios sociales” potentes para tejer una red de apoyo.

El Gobierno vasco ha iniciado este lunes un viaje oficial a Viena para conocer de primera mano el modelo de vivienda social de la capital de Austria, considerada una referencia internacional. La expedición está encabezada por el consejero Denis Itxaso, de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, y en ella están igualmente los altos cargos Pablo García Astrain, Patricia Val y Saioa Beistegi.

En puridad, los responsables de Vivienda del Gobierno vasco ya habían acudido a Viena en ocasiones anteriores, cuando el consejero era el también socialista Iñaki Arriola. A la inversa, emisarios de Wiener Wohnen, la sociedad pública municipal que gestiona las competencias de vivienda en Viena, han participado en foros organizados en Euskadi. Desde el final de la II Guerra Mundial, en 1945, la ciudad-estado —una de las nueve regiones o ‘land’ en que se divide esta república de habla alemana— ha tenido siempre burgomaestres del SPÖ, el equivalente austríaco al PSOE español.

Con la preocupación por la vivienda tan disparada en las encuestas como los precios y en un contexto de creciente indignación social, Viena se ha convertido en un imán de cargos que quieren conocer sus recetas. El modelo, la Rotes Wien o Viena roja, por venir inspirado por políticas marxistas, bebe de más de cien años de apuesta sostenida por la construcción de pisos protegidos para adjudicarlos a cambio de rentas asequibles de alquiler, con la importantísima excepción del período de ocupación nazi.

Esto ha permitido una financiación estable para estas políticas. Ahora mismo Viena dispone de unas 200.000 casas en alquiler asequible. Y otras 200.000 están también controladas en sus precios a través de cooperativas reguladas por normativa federal austríaca. El 60% de la población en la quinta urbe de la Unión Europea, unos dos millones de personas, disfruta de este paraguas. Y no son sólo para los estratos con niveles socioeconómicos más bajos.

Llama la atención que hace solamente un par de semanas también la oposición en Euskadi estuviera en Austria, que dice recibir cada año a centenares de delegaciones extranjeras que buscan comprobar si las bondades que se escriben en ‘The Economist’ o ‘The Guardian’ son correctas. Y es que el embrujo vienés atrajo igualmente al líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, que mantuvo varias reuniones de trabajo. Estuvo acompañado por su homóloga en Navarra, Laura Aznal. “En nuestro país también tenemos las condiciones institucionales y financieras suficientes para desarrollar una política de vivienda inspirada en el modelo vienés y traer esta experiencia a nuestro país. EH Bildu trabajará en esa dirección”, declaró en esta capital Otxandiano.

“Copiar y pegar el modelo sería un error”

Itxaso encarará, de aquí al viernes, una intensa agenda. En total, hay catorce actos programados. Están cerradas reuniones institucionales. El jueves, por ejemplo, Itxaso y su equipo se encontrarán con Waltraud Karner-Kremser, la ‘ministra’ de Vivienda de la ciudad-estado. Pero también se realizarán visitas a diferentes proyectos residenciales, como el Karl-Marx Hof —un bloque histórico y casi centenario que está incluido en las guías turísticas como si fuera un monumento más de esta antigua capital imperial y musical— o barrios más recientes como Seestadt, literalmente la ciudad junto al lago. elDiario.es/Euskadi ha sido invitado a este viaje oficial.

El primer encuentro ha sido con un vasco, Pello Aspuru, profesor asistente de Economía en la Universidad de Viena. El experto, de entrada, ha sido claro: “Copiar y pegar el modelo en Euskadi sería un error”. Toca hacer adaptaciones. La diferencia es que “llevan repitiendo una lógica durante más de ocho décadas” y eso les pone ahora en unas condiciones diferentes para responder a la actual emergencia habitacional.

“Nos dan mil vueltas en construcción de vivienda nueva, por ejemplo”, entiende Aspuru, que cita que los planes en marcha en la ciudad equivalente a “ocho Auditz Akular”, en referencia a la gran promoción de Donostia y la mayor en marcha en Euskadi ahora mismo. Como curiosidad, ha indicado que hasta la reciente reforma legislativa Euskadi disponía de una exigencia de proporción de viviendas protegidas en las nuevas promociones mayor que Viena. Por cierto, ha añadido que “no es un tema en la prensa o en la vida diaria” que haya desahucios en esta ciudad.

120 familias de Erandio están luchando por evitar que les expulsen de sus hogares, como le ocurrió este pasado miércoles a Maricarmen, desahuciada de su casa de Madrid por el fondo que adquirió su vivienda. Los inquilinos de Los Ochos de la localidad vizcaína de Erandio, pegada a Bilbao, están ya en la cuenta atrás y se han organizado, denunciado ante los juzgados y manifestado -este jueves lo volverán hacer- y anuncian que lucharán hasta al final para “defender su hogar”.

Sus viviendas era propiedad de InmoCaixa, empresa dedicada a gestionar la cartera inmobiliaria del banco La Caixa. Hace año y medio las vendió en lote al fondo buitre Mosaic, que se niega a renovar los contratos de alquiler porque lo que quiere es vender los pisos. Este fondo, por cierto, es habitual, en la compra de viviendas de InmoCaixa. Otros vecinos de Santander o de Vicálvaro han denunciado presiones de este fondo para que abandonen sus hogares.

El fondo quiere vender las viviendas a un precio que para los actuales inquilinos es inasumible. Además, han ejercido presiones y amenazas para lograr que las viviendas queden vacías cuanto antes, con visitas, llamadas y ofertas para que dejen los pisos antes de que finalicen los contratos de alquiler, por los que pagan una media de 800 euros. Para 14 de estos inquilinos el reloj corre más rápido que para el resto, porque estos contratos finalizan este mismo año. Uno de ellos, de hecho, acaba este mismo sábado 26 de septiembre. Otro el 2 de octubre y luego ya viene un goteo durante octubre, noviembre... y así hasta 2032. Pero no está todo perdido, dicen. “Nos quieren echar. Pero no nos vamos. Nos quedamos”, anuncian.

Los vecinos se han organizado en una plataforma y junto al sindicato LAB han presentado una demanda colectiva ante los juzgados contra InmoCaixa por considerar que en el momento de la venta no se respetó el derecho de tanteo y retracto que ampara a los inquilinos ante cualquier compraventa. La resolución de esta demanda es lo primero que consideran que puede darles tiempo para mantener sus viviendas. “Cuando se produzca el vencimiento de los contratos de alquiler, esto daría acción a los propietarios para iniciar un procedimiento de desahucio. Pero antes se tendrá que resolver la demanda colectiva y se tendrá que dilucidar si la prórroga del Real Decreto es válida o no. Además, si conseguimos que se acelere la declaración de zona tensionada en Erandio, tendríamos las prórrogas que nos permiten solicitar esta declaración”, señala Iñigo Alonso, representante de LAB que está asesorando a las familias. “Lo que queremos es negociar y resolver el tema, para que estas familias no estén en estado de incertidumbre y ansiedad los próximos diez años”, señala.

Precisamente, respecto a la declaración de zona tensionada de Erandio, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, ha señalado que se ha dado instrucción en el departamento para que se dé la “máxima prioridad” a Erandio dentro de las 14 que están tramitándose en estos momentos. No obstante, ha indicado que se presentó por parte del consistorio a finales de agosto. “Podía haberlo hecho antes”, ha señalado el consejero. “Pero respetamos los tiempos, los ritmos y la autonomía municipal”, ha matizado.

Por mucha celeridad que se dé al proceso, Itxaso ha indicado que no es previsible que pueda estar publicado en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, en vigor hasta el mes de enero, ya que el Gobierno central publica los listados cada tres meses y al de octubre ya no se llega. Esto supone que la declaración de zona tensionada no va a llegar para los 14 contratos de alquiler que vencen este año. “Vamos a darle la mayor velocidad para que al ser zona tensionada ese fondo no pueda plantear finalizaciones precipitadas de esos contratos de alquiler y que si lo hace será sancionado. En el momento en que el sea zona tensionada estaremos muy encima de todos y cada uno de esos contratos para que los inquilinos puedan pedir las prórrogas”, ha reiterado Itxaso.

Las viviendas de Los Ochos de Erandio son viviendas libres, no protegidas. Itxaso ha recordado que ya han comprado viviendas libres anteriormente, como han realizado a este año a Kutxabank, por 5,7 millones, “que era lo que en términos de presupuesto era sostenible”. En cuanto a las de Erandio ha señalado: “Si podemos, iremos a por esas viviendas, al menos esas que están amenazadas de extinción en 2026. Si podemos y conseguimos una negociación interesante, iremos a por esas viviendas para conseguir que las personas que están viviendo allí puedan continuar. Pero de entrada, nos vamos a centrar en darle la máxima prioridad y aprobar la declaración de zona tensionada en Erandio”. “Todo nuestro cuerpo de inspectores y todo el equipo de vivienda y agenda urbana estarán pendiente de cualquier incumplimiento para poder sancionar”, ha indicado en el Parlamento.

Además, ha señalado que habrá que mirar si hay situaciones vulnerables en algunos de estos 14 contratos. Ha recordado el consejero que ya están actuando “desde la discreción” en casos de desahucios que se están produciendo para dotar de soluciones a personas que se queden en situación de vulnerabilidad.

Itxaso, en este sentido, ha calificado de “desoladora” la imagen de Maricarmen, de 87 años, siendo desalojada de su domicilio en Madrid, y ha insistido en que el Gobierno vasco está dispuesto a multar a los grandes tenedores que no respeten las zonas tensionadas y las prórrogas extraordinarias de sus contratos de alquiler solicitadas por los inquilinos. Ha hecho una defensa cerrada de la aplicación de la ley de vivienda estatal.

Dos tercios de capital del futuro Fondo Social de Vivienda vasco será privado. El Gobierno vasco participará de él con una aportación minoritaria, un tercio, aunque será el que cederá el suelo en el que se levanten las viviendas en derecho de superficie durante 75 años, garantizará su inversión a largo plazo y un marco regulatorio favorable para que se desarrollen estas construcciones de forma rentable. A cambio de las inversiones en el Fondo, los socios recibirán una rentabilidad estimada del 6,62%. Es un interés “moderado, pero estable en el tiempo”, según han resaltado los representantes del Gobierno vasco. Entre los potenciales inversores estarán los promotores de las viviendas, que asumirán los riesgos que se deriven de la construcción, aunque tendrán el suelo cedido y sin cargas urbanísticas, así como financiación asegurada, y se espera contar en el organismo con presencia de los bancos, fundaciones bancarias, EPSV o 'family office'. Incluso en una segunda fase se plantea que el Fondo Social de Vivienda se abra a participaciones minoritarias de ciudadanos.

El nuevo recurso se licitará en el mes de diciembre, y será entonces cuando se conozca la estructura concreta que tendrá, pero este lunes ha iniciado su presentación oficial ante futuros inversores en un acto institucional con la más alta representación, encabezado por el lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, y el de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, escenificando la importancia que puede tener este instrumento para encarrilar el grave problema de la vivienda. PNV y PSE-EE juntos en un tema que, en otras ocasiones, les ha separado.

Tras licitarse a finales de este año, se espera que el fondo empiece a estar operativo el año que viene, en el que se iniciará la construcción de las primeras 2.065 viviendas en siete municipios vascos que supondrán una inversión de alrededor de 450 millones de euros, aunque el objetivo final es la promoción de 10.000 viviendas asequibles en dos legislaturas -ocho años- y movilizar hasta 2.000 millones de euros a través de la “colaboración público-privada”. En concreto, los municipios que acogerán esta primera fase de construcción serán Bilbao, Portugalete, Santurtzi, Azkoitia, Errenteria y Sestao y Vitoria. De hecho, la capital vasca será la que inaugurará las construcciones con dos promociones en Zabalgana de 276 y 377 viviendas, respectivamente, que estarán ultimadas en 2029. El resto de las viviendas de esta primera fase arrancarán de forma progresiva entre 2028 y 2034 y las últimas no estará finalizadas hasta 2036.

Las viviendas estarán destinadas a lo que el Gobierno vasco denomina “clases medias”, con rentas entre 27.000 y 65.000 euros, y que en principio estén inscritos en Etxebide, y en ningún caso el alquiler superará el 30% de los ingresos, con unas mensualidades estimadas entre los 466,99 euros y los 822 euros, según la renta y las dimensiones de la vivienda, que se actualizarán cada año en función del IPC. Es decir, por ejemplo, una unidad familiar con una renta de 27.000 euros anuales pagaría al mes 466,99 euros, 634,38 o 767,36 euros al mes en función de que la vivienda sea de 50, 70 o 90 metros cuadrados útiles. Eso sería el mínimo. La parte más alta de la tabla sería para las rentas de 65.000 euros anuales, que pagarían entre 500,34 euros si la vivienda tiene 50 metros cuadrados útiles, 679,70 en el caso de 70 metros cuadrados, o 822,17 euros si tiene 90 metros. Los inquilinos serán personas inscritas en Etxebide, lo que permitirá precomercializar las promociones, garantizando así a los constructores que se van a completar las viviendas antes de que estén terminadas.

La estructura prevista para el capital del fondo, que han presentado representantes de AFI, que han participado en su elaboración, será de un 30% de inversión y de un 70% de deuda, para lo que esperan contar con la financiación del BEI y del ICO, además de otras entidades financieras, y se constituirán vehículos individuales de gestión para cada una de las promociones.

“Un reto que nos afecta a todos”

En sus intervenciones en la presentación del fondo, tanto el lehendakari como los consejeros han realizado un llamamiento a los representantes de los posibles inversores presentes en el acto a sumarse a esta iniciativa para “aunar esfuerzos y recursos”. “Remar en la misma dirección, asumir que, de verdad, estamos ante un reto de país y mojarnos”, ha señalado el lehendakari Pradales dirigiéndose a las fundaciones bancarias, EPSV, entidades financieras, o instituciones europeas como el BEI. “Todas y todos debemos arrimar el hombro. Preguntarnos qué podemos hacer para ser parte de la solución”, ha agregado. Pradales ha recordado que “Euskadi se ha construido con implicación y entendiendo que, cuando hay un reto que afecta a todos, y el de la vivienda lo es, todos tienen la obligación de aportar”. “Formar parte de una comunidad exige precisamente eso. No preguntarnos únicamente qué podemos recibir de ella, sino también qué podemos hacer por ella”, ha manifestado parafraseando John F. Kennedy. En este sentido, ha señalado que la nueva herramienta que supone el Fondo Social de Vivienda marcará “un antes y un después”.

Por su parte, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, socialista, ha apelado directamente a las fundaciones bancarias, a las EPSV y a los capitales locales, y ha reconocido que les piden “que se comprometan con la principal causa de país”. “Euskadi les necesita. No hemos venido a pedirles un gesto. Hemos venido a proponerles una inversión”, ha señalado Itxaso, que ha subrayado que el problema de la vivienda ha dejado de afectar solo a los colectivos más vulnerables. “Hoy nuestras ciudades expulsan también a quienes tienen trabajo, formación y dos nóminas. Y cuando quienes sostienen nuestros servicios y nuestra industria no pueden vivir donde trabajan, ya no es solo un problema social. Es un problema de país”, ha afirmado.

Itxaso se ha dirigido directamente a las EPSV para decirles que “el ahorro de toda una vida de los trabajadores puede ayudar a que sus propios hijos empiecen a vivir”. Y a las fundaciones bancarias herederas de las cajas: “Les decimos que esto es exactamente aquello para lo que nacieron. Tienen la oportunidad de comprometerse con la primera causa de este país”.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha recordado que en el año 2024 el presupuesto del Departamento de Vivienda, financiado con recursos propios, ascendió a 250 millones de euros, mientras que en 2026 supera los 442 millones de euros, con un ascenso en este periodo de cerca del 80%. El aumento muestra que el Gobierno vasco “ha situado a la vivienda entre sus prioridades”. “Los desafíos de esta magnitud requieren sumar capacidades, movilizar todos los recursos que podamos tener disponibles en el país”, ha remarcado, para insistir en que “requiere, por tanto, de la colaboración entre las instituciones, administraciones, sector económico y los agentes financieros comprometidos con el desarrollo de este país”.

D'Anjou ha asegurado que este fondo va a permitir “dar respuesta a las necesidades de vivienda, al mismo tiempo que aporta rentabilidad a los inversores” que decidan entrar en este vehículo. También se ha dirigido directamente a los potenciales inversores para indicarles que “el éxito de esta iniciativa dependerá en buena parte de su implicación en este proyecto, de su capacidad de identificar oportunidades y de identificar este fondo como una oportunidad de inversión y de su compromiso con este país”.

La portavoz del Gobierno vasco, la 'jeltzale' María Ubarretxena, ha lamentado que suscite “morbo” el intentar buscar “brechas” entre los dos socios del Ejecutivo coalición, PNV y PSE-EE. Sin embargo, ha recalcado que son “un único equipo” con un mismo “capitán”, el lehendakari Imanol Pradales, y que todos los consejeros, los de ambos partidos, reman “en la misma dirección” y “sin despistarse”, aunque el líder de los socialistas, Eneko Andueza, periódicamente eleve la tensión.

Por el contrario, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, que también es María Ubarretxena y a cuyo cargo están los servicios jurídicos del Ejecutivo, ha asegurado que ese Gobierno “único” no ha hecho aún una “valoración” de la recentísima sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado el recurso contra la ley estatal de Vivienda de 2023. Sin embargo, ha orillado que al poco de conocerse la noticia ya hubo una comunicación oficial del consejero socialista, Denis Itxaso, que celebró la derrota de su propio Gobierno en un pleito muy singular.

Más allá del “morbo”, las discrepancias en materia de Vivienda se acumulan desde hace años, aunque en puridad en los últimos tiempos se han suavizado con algunos acuerdos. En el caso concreto del recurso al Constitucional, fue promovido exclusivamente por la parte del PNV de la coalición en 2023 y contra el criterio del PSE-EE, que dirige Vivienda. Entonces el “capitán” era Iñigo Urkullu y el consejero Iñaki Arriola.

“No disponemos lamentablemente de la sentencia”, ha insistido Ubarretxena sobre el fallo, publicitado en la web del Constitucional. Y ha agregado: “La tenemos que leer para hacer una valoración más completa”. Asimismo, ha remarcado que hay “cinco votos particulares” y que será oportuno igualmente analizarlos para extraer conclusiones. “No, no se ha realizado ninguna valoración”, ha insistido.

Otro foco de tensiones sobre las relaciones del Ejecutivo vasco con el de Pedro Sánchez. En julio se suspendió una 'cumbre' bilateral entre Pradales y Sánchez por los retrasos en acuerdos para completar el Estatuto de 1979. Ubarretxena ha asegurado que viajará este miércoles a Madrid para dialogar sobre los puertos de interés general, los de Bilbao y Pasaia. El PNV insiste en demandar más autonomía y los socialistas se niegan al traspaso, al ser una competencia exclusiva del Estado.

El jueves, en la sesión de política general que celebrará el Parlamento Vasco, se espera que Pradales denuncie que Sánchez está ya en los “minutos de descuento” por su falta de capacidad de para gobernar con estabilidad. “Tenemos muy buena relación. Hemos tomado café todos juntos [antes del Consejo de Gobierno]”, ha insistido, por el contrario, la portavoz Ubarretxena.

El Tribunal Constitucional, como antes había hecho con otros recursos de comunidades autónomas del PP, ha desestimado igualmente el recurso del Gobierno vasco contra la ley estatal de vivienda de 2023, promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Era un pleito judicial políticamente muy relevante, ya que fue promovido exclusivamente por la parte del PNV del Ejecutivo autonómico cuando el lehendakari era Iñigo Urkullu y contra el criterio del consejero del ramo, Iñaki Arriola, de la parte socialista de la coalición. Eneko Andueza, líder del PSE-EE, llegó a comparar a Urkullu con Isabel Díaz Ayuso en aquellos días.

Es tan extraña la situación que el actual titular de Vivienda, el también socialista Denis Itxaso, ha celebrado expresamente que su Gobierno haya perdido ante el Constitucional. La parte del PNV, de su lado, no ha realizado ninguna valoración.

No obstante, PNV y PSE-EE ya se han 'reconciliado' políticamente en materia de Vivienda tras años de discrepancias que se iniciaron con los socialistas imponiendo desde la oposición al Gobierno de Urkullu, en 2015, la normativa vasca que sigue en vigor fruto de un pacto con EH Bildu y UPyD. En los últimos años, han aprobado ya iniciativas conjuntas y, de hecho, el lehendakari Imanol Pradales puso en valor esta semana en la Cadena Ser que Euskadi aplica la principal palanca de esa ley estatal, las zonas tensionadas.

Itxaso ha anunciado la resolución constitucional con hasta tres fotografías suyas con la ministra, Isabel Rodríguez. “No debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi”, ha manifestado quien en aquella época, además, era el delegado del Gobierno de España en la comunidad autónoma, es decir, la parte recurrida. Itxaso entiende que es “la confirmación de que la legislación estatal y las competencias vascas en materia de vivienda pueden complementarse para ampliar la capacidad de las administraciones públicas frente a la emergencia habitacional”

“El Constitucional confirma algo que desde el Departamento de Vivienda defendimos desde el principio: la ley estatal de Vivienda no vacía nuestras competencias. Al contrario, nos proporciona nuevos instrumentos para ejercerlas y para intervenir allí donde el mercado por sí solo no está siendo capaz de garantizar el acceso a una vivienda asequible”, entiende Itxaso. Sobre la postura del PNV en 2023, abunda que “aquella interpretación” fue “excesivamente defensiva” y “no era necesaria”. De hecho, ha agregado que la aplicación de las zonas tensionadas empieza ya a ofrecer señales de contención de los precios del alquiler en zonas carísimas como Donostia.

En una nota, el Constitucional ha explicado la ponente de la sentencia ha sido Inmaculada Montalbán y que “aplica la doctrina establecida” en otros recursos, aunque como se formulaban “impugnaciones específicas novedosas” se han hecho nuevas revisiones y también han sido “desestimadas”. Por ejemplo, se dice que la ley estatal “no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias”. Como detalle, la corte de garantías informa de que la sentencia incorpora el voto particular de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.

El Gobierno vasco se lanza a la compra de pisos a la banca. El departamento de Vivienda comprará 57 viviendas al banco vasco Kutxabank para destinarlas a incrementar el parque de viviendas de alquiler. No es la primera vez que el departamento de Vivienda y Agenda Urbana compra viviendas para incrementar la reducida oferta de alquileres, con lo que incide en la estrategia de intentar intervenir en un mercado, que está muy tensionado, con precios cada vez más elevados y poca oferta. En concreto, es la tercera ocasión que compra viviendas esta legislatura con lo que se han añadido 223 viviendas para Alokabide, y la segunda vez que lo hace en una operación en la que está implicado un banco.

Vivienda destinará 5,7 millones de euros a la compra de estas 57 viviendas de Kutxabank , que se encuentran dispersas en 26 municipios de Euskadi: 10 en Bizkaia, 25 en Álava y 22 en Gipuzkoa. Lo que permitirá “ampliar la presencia del parque público también fuera de los principales núcleos urbanos”, según destacan fuentes del departamento. De hecho, en Álava estas viviendas están mayoritariamente en pequeños municipios, y en Bizkaia y Gipuzkoa las viviendas se encuentran en su mayoría en localidades situadas fuera de las áreas metropolitanas de las capitales. “La operación contribuye así a extender el parque público de vivienda más allá de los grandes núcleos urbanos y a reforzar su presencia en el conjunto del territorio”, destacan.

La estrategia de comprar viviendas para destinarlas al alquiler es una vía que el departamento está utilizando para ganar rapidez a la hora de ampliar la oferta. Una forma de complementar con la vivienda ya existente la construcción de vivienda nueva vivienda protegida, que el caso de Euskadi tiene que destinarse al alquiler. “Es una fórmula de acercarnos a la vivienda que ya está construida y adquirirla allí donde exista una oportunidad para incorporarla al parque público”.

En ese contexto, recuerdan que en esta legislatura se han comprado 148 viviendas en Arrasate-Mondragón, que se adquirieron por derecho de tanteo y retracto y que eran propiedad de la Obra Social La Caixa, por 5,7 millones de euros. La segunda operación fue la adquisición de 18 viviendas en Errenteria. En ese caso se compraron a un promotor privado, la empresa Jauregizar con una inversión de 2,9 millones de euros. A estas se añaden ahora las 57 de Kutxabank, con lo que se han sumado 223 viviendas para Alokabide.

Precisamente para en parte para financiar la operación de compra de estas 57 viviendas de Kutxabank el Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves, en su primera reunión tras el verano una ampliación de crédito de 51 millones de euros para el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, el grueso de este crédito se usará para garantizar la cobertura de la Prestación Económica de Vivienda (PEV), y para avanzar en la ampliación del parque público mediante la adquisición de vivienda a Visesa. En concreto a estas dos cuestiones se destinarán 20 y 26 millones, respectivamente.

Urduliz y Sopela, nuevas zonas tensionadas

La compra de vivienda se une a las declaraciones de zonas tensionadas, que van sumando municipios. n total suman ya 20 municipios, tras la aprobación por el departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco de las declaraciones de los municipios de Sopela y Urduliz. Ambos tendrá que esperar a aplicar los topes de alquileres a que se incluyan en el registro estatal de municipios tensionados y se publique esta inscripción en el BOE.

Ambos ayuntamientos solicitaron el 8 de enero y el 9 de febrero, respectivamente, que se emitiera orden del Ejecutivo de Euskadi en la que se declararan estos municipios como zona tensionada. La declaración supone la aplicación de las medidas previstas por la legislación vigente para favorecer un mercado del alquiler más accesible en los supuestos y condiciones establecidos por la normativa estatal. La vigencia inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga si persisten las circunstancias que la han motivado.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián-Zinemaldia, que celebra su 74 edición del 18 al 26 de septiembre, impulsan 'Cine y Vivienda', un ciclo de cuatro películas sobre el hogar, la desigualdad y los proyectos de vida. Además, el departamento de Vivienda colocará un punto Gaztelagun de la plaza Okendo permitirá a las personas de 18 a 35 años informarse, resolver dudas y presentar directamente la solicitud de la ayuda al alquiler, según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno asco, Denis Itxaso.

“Queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas”, ha explicado. El año pasado se colocó un punto de información sobre este programa de alquiler en el BBL Live.

Itxaso ha subrayado que esta iniciativa “traslada al lenguaje del cine una de las principales preocupaciones de la juventud vasca y convierte la presencia del departamento de Vivienda en el Festival en un recurso útil”. “Una invitación a contemplar la vivienda desde la cultura y, al mismo tiempo, un punto en el que conocer las ayudas disponibles y tramitar directamente una solicitud”, ha añadido.

El consejero vasco ha reflexionado sobre el hecho de que “la vivienda condiciona hoy demasiadas decisiones vitales de las personas jóvenes: cuándo emanciparse, dónde vivir, con quién compartir un proyecto o qué expectativas de futuro pueden construir”. “Por eso queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas”, ha señalado.

Denis Itxaso ha enmarcado esta colaboración en la línea iniciada el pasado año con la acción divulgativa de Gaztelagun, desarrollada en el entorno del BBK Live, con el objetivo de “sacar la información pública de los canales administrativos habituales y acercarla a espacios de encuentro, participación y socialización de la juventud vasca”.

El consejero ha recordado que Gaztelagun “reduce de forma directa el esfuerzo económico de miles de jóvenes, mientras el Gobierno vasco trabaja para aumentar la oferta de vivienda asequible”. “Gaztelagun no sustituye el reto estructural de ampliar esa oferta, pero sí reduce de forma directa el esfuerzo económico de muchas personas jóvenes y les ayuda a no aplazar indefinidamente su proyecto de vida”, ha incidido. El consejero ha defendido que el “deber” de las instituciones es “combinar soluciones estructurales con herramientas útiles en el corto plazo, y hacerlo además con un lenguaje y en unos espacios que conecten con la realidad de quienes más dificultades tienen para emanciparse”.

El ciclo 'Cine y Vivienda' del Zinemaldia proyectará 'El pisito/ The Little Apartment' de Marco Ferreri (1958), 'Cinco metros cuadrados/ Five Square Meters' de Max Lemcke (2011), 'Gisaengchung / Parasite/ Parásitos' de Bong Joon-ho (2019) y un último título que se confirmará próximamente. El programa comenzará el 22 de septiembre a las 09.00 horas en la sala 1 de los cines Trueba con la proyección de 'Cinco metros cuadrados' ante el Jurado de la Juventud y una presentación de Denis Itxaso.

Además, la colaboración entre el departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana y el Festival de Cine tendrá “una vertiente práctica dirigida a la juventud”, ya que, durante el certamen Gaztelagun contará con un punto informativo en la plaza Okendo en el que las personas de entre 18 y 35 años podrán conocer el programa, resolver sus dudas y recibir apoyo para presentar directamente la solicitud.

Bajo el lema 'Toda historia necesita un lugar', el espacio “acercará la política pública de vivienda a uno de los principales puntos de encuentro cultural y juvenil de Euskadi”, ha asegurado.

Itxaso ha recordado que Gaztelagun cubre hasta el 60% de la renta mensual, con un máximo de 300 euros por persona y mes. Los ingresos máximos para acceder al programa se sitúan en 30.000 euros para solicitudes individuales, 36.764 euros para unidades convivenciales de dos personas y 39.184 euros para familias numerosas. Desde este año también son subvencionables el alquiler de habitaciones y el subarriendo, y pueden concederse hasta dos ayudas por vivienda compartida cuando cada unidad convivencial dispone de su propio contrato.

El consejero ha destacado que desde la entrada en vigor de las “mejoras” del programa se han recibido 526 solicitudes en en las tres primeras semanas, frente a las 258 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 104%. La ayuda media asciende a 273 euros mensuales y cubre aproximadamente el 52,1 % del alquiler de las personas perceptoras.

El programa cuenta con 7.679 personas perceptoras activas y durante 2026 ha prestado apoyo económico a 9.106 jóvenes. Desde su puesta en marcha, 17.326 personas se han beneficiado de Gaztelagun, con una inversión acumulada superior a 96,2 millones de euros.

La reserva estratégica de suelo vasca para vivienda protegida que contempla la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo se estrena en Urnieta. La reparcelación de la zona conocida como Babilonia, en la que está prevista la construcción de 340 viviendas, reserva para el patrimonio público de suelo del Gobierno vasco la participación del 5% prevista en la ley aprobada en el mes de diciembre, lo que supone 3.487,5 metros cuadrados.

Esta reserva de suelo era una medida de la nueva normativa que se preveía polémica, porque supone la obligación de los ayuntamientos a ceder suelo urbanizable al Ejecutivo, y de hecho, esta primera cesión se ha conseguido después de que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana remitiera un requerimiento al Ayuntamiento de Urnieta, gobernado por el PNV, tras comprobar que la aprobación definitiva de la reparcelación no había contemplado inicialmente esta reserva, según han señalado desde la consejería que dirige Denis Itxaso.

En concreto, la nueva regulación establece que, en las unidades de ejecución promovidas por particulares, de uso predominantemente residencial, con más de 20.000 metros cuadrados de techo residencial y previsión de vivienda protegida, una tercera parte de la cesión urbanística pública corresponde al Gobierno vasco. Esa participación equivale al 5% del aprovechamiento total cuando la cesión pública es del 15%. Según ha cuantificado el Ejecutivo, en números, el proyecto de reparcelación cuantifica la edificabilidad residencial del ámbito en 34.741 metros cuadrados y la edificabilidad ponderada total en 69.750,36 metros cuadrados. De esos, el 5% recalará sobre el Ejecutivo autonómico, es decir, 3.487,5 metros cuadrados.

La ley permite materializar la cesión en parcelas edificables o en superficie de viviendas construidas, terminadas y equipadas, que quedarán adscritas al patrimonio público. Según ha señalado el departamento de Vivienda, en el caso de esta parcela de Urnieta, se está ultimando el encaje técnico para que el aprovechamiento correspondiente al Gobierno vasco -los 3.487,5 metros cuadrados- “se materialice con hasta 30 viviendas protegidas terminadas, que se inscribirán a su nombre y se incorporarán al parque público de alquiler. La cifra definitiva dependerá de los cálculos económicos y urbanísticos que aún deben cerrarse”, señalan. “La fórmula permitirá hacer efectivo el 5% sin poner en riesgo la continuidad del ámbito ni obligar a iniciar una nueva reparcelación. El objetivo técnico es completar el proceso antes de finales de septiembre, una vez formalizada la respuesta al requerimiento y resueltos los detalles registrales y económicos!.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha advertido de que “no estamos ante una concesión graciable ni ante una decisión voluntaria que pueda negociarse de forma distinta en cada municipio. Es el cumplimiento de un automatismo legal aprobado por el Parlamento Vasco. Babilonia será el primer caso, pero todas las reparcelaciones que reúnan los requisitos deberán incorporar desde el inicio la participación que corresponde al Gobierno vasco”.

La reserva estratégica permitirá acumular suelo y activos residenciales con destino permanente a la promoción de vivienda protegida en alquiler. Su finalidad es dotar al Gobierno vasco de una base patrimonial estable que permita programar nuevas promociones durante las próximas décadas y reducir la dependencia de cesiones puntuales o de la disponibilidad coyuntural de parcelas, defiende el consejero. Por eso, ha reiterado que se trata de una “cuestión de país y no caben atajos en la aplicación de la ley. Cada operación que cumpla los requisitos debe contribuir a ampliar el patrimonio público y cada metro cuadrado obtenido debe orientarse a vivienda protegida en alquiler”, ha advertido. El Departamento realizará un seguimiento de las nuevas reparcelaciones para garantizar que esta previsión se incorpora correctamente.

No obstante, recuerda que el mecanismo mantiene la posibilidad de colaboración municipal: “Cuando un ayuntamiento opte por promover directamente vivienda pública en alquiler, podrá solicitar al Gobierno vasco las parcelas resultantes de esta cesión mediante la presentación del correspondiente proyecto de edificación. La prioridad es garantizar que el aprovechamiento urbanístico público termine generando vivienda asequible y permanezca vinculado a esa finalidad”.

Itxaso ha destacado que medio año después de la aprobación de la Ley, las primeras herramientas creadas para movilizar suelo y acelerar la producción residencial “comienzan a trasladarse a operaciones concretas”. En este sentido, ha señalado que además de la primera reserva de suelo en Urnieta, Errenteria y Portugalete han activado la vía de la actuación prioritaria en los ámbitos de Gamongoa y Vicios. “Una ley adquiere todo su sentido cuando deja de ser una previsión en el boletín y empieza a resolver problemas reales. Gamongoa y Vicios muestran que la actuación prioritaria puede ayudar a desbloquear suelo y Babilonia inaugura un mecanismo que permitirá transformar una parte de las plusvalías urbanísticas en patrimonio público destinado al alquiler”, indica.

Portugalete y Errenteria se han acogido a la actuación prioritaria y el procedimiento abreviado para tramitarla para las actuaciones que prevean vivienda de protección pública. Esta calificación permite utilizar un procedimiento abreviado, tramitar de manera coordinada los informes y autorizaciones, flexibilizar determinadas previsiones del planeamiento y evitar instrumentos urbanísticos intermedios cuando se apruebe el proyecto ejecutivo. Los reajustes de la ordenación estructural no pueden superar el 10% de la superficie del ámbito, de la edificabilidad urbanística total o de los usos compatibles. El procedimiento mantiene los estudios de viabilidad y sostenibilidad económica, la evaluación ambiental que corresponda, los informes sectoriales y las garantías de ejecución. También exige acompasar la construcción de la vivienda protegida y la libre. “Agilizar no significa rebajar garantías. Significa ordenar trámites, eliminar duplicidades y exigir compromisos reales de ejecución. El tiempo del urbanismo tiene que acercarse al tiempo de las personas”, ha afirmado Itxaso.

En el caso de Errenteria, ha planteado el desarrollo de Gamongoa, situado entre el polígono de Txirrita Maleo y Pontika, mediante un anteproyecto de actuación prioritaria. La propuesta eleva la capacidad residencial desde las aproximadamente 680 viviendas previstas inicialmente hasta un máximo cercano a 755, con alrededor de 70 unidades adicionales. El ajuste se apoya en el incremento de hasta el 10% permitido para la edificabilidad urbanística. De acuerdo con los datos publicados sobre la operación, la superficie construible pasaría de 61.416 a 67.557 metros cuadrados. Más del 75% de las viviendas continuará sometido a algún régimen de protección pública, por encima del mínimo legal aplicable.

La combinación de vivienda social, tasada y libre pretende mejorar la viabilidad económica del ámbito sin renunciar al carácter mayoritariamente protegido de la actuación. Las viviendas tasadas mantienen un precio regulado y permiten ampliar la respuesta a hogares de rentas medias que tampoco pueden acceder al mercado libre en las condiciones actuales. Itxaso ha señalado que “la flexibilidad prevista por la ley está al servicio de la ejecución. No tendría sentido mantener durante años un planeamiento formalmente ambicioso si sus viviendas nunca llegan a construirse”. “La obligación pública consiste en preservar la protección y encontrar una combinación viable que permita pasar del plano a la obra”, indica.

El proyecto se encuentra todavía en fase de tramitación municipal. La presentación del anteproyecto inicia el procedimiento abreviado, pero no sustituye las aprobaciones, informes y garantías que deberán completarse antes de comenzar la urbanización y la edificación.

En Portugalete, la propiedad de los terrenos de Vicios ha registrado un anteproyecto de actuación prioritaria para promover hasta 650 viviendas en uno de los principales ámbitos de expansión del municipio. El desarrollo permanecía paralizado desde hacía más de veinte años, mientras la demanda de vivienda protegida en la localidad ha alcanzado las 3.665 solicitudes.

La propuesta inicial contempla 420 viviendas sometidas a protección pública y 230 viviendas libres. De las protegidas, 360 serían viviendas sociales —la mitad en alquiler y la mitad en compra— y 60 serían tasadas. En conjunto, la protección pública representaría el 64,5% de la actuación, por encima del mínimo del 60% que la ley permite aplicar en suelo urbanizable cuando se acredita la viabilidad económica y se asumen condiciones de ejecución inmediata.

El planteamiento mantiene el número de viviendas sociales dirigidas a las rentas más bajas y reajusta el peso de la vivienda tasada y libre para hacer posible la operación. Las cifras deberán concretarse durante la tramitación y ser aprobadas por el Ayuntamiento de Portugalete.

“Durante años advertimos de que había miles de viviendas protegidas pendientes de construirse en suelos ya calificados porque las operaciones no cerraban económicamente o quedaban atrapadas en procedimientos interminables. La ley se aprobó para intervenir sobre ese bloqueo y estos primeros anteproyectos empiezan a acreditar que la herramienta era necesaria y útil”, ha subrayado el consejero.

Los 300 euros al mes que cobran alrededor de 9.500 jóvenes vascos como ayuda para el pago de sus alquileres, el programa conocido como Gaztelagun, han estado a punto de quedar anulados de un plumazo en los últimos meses por un tecnicismo de una ley de 2023. De hecho, la Oficina de Control Económico, un organismo fiscalizador dependiente del Departamento de Hacienda, llegó a plantear que las prestaciones “debían entenderse” como “derogadas” ya el 1 de enero de 2026. El entuerto jurídico ha obligado al área de Vivienda, dirigida por el socialista Denis Itxaso, a aprobar una orden para garantizar los pagos en 2026 y a preparar la tramitación “urgente” de una nueva regulación para hacer indefinidas estas ayudas, precisamente recién reformadas en primavera después de un año de espera para dar cobijo a más beneficiarios potenciales en un contexto de emergencia habitacional.

¿Cuál el origen del problema? A finales de 2023, dentro del paquete legislativo del final del mandato de Iñigo Urkullu, el Parlamento Vasco promulgó una ley de subvenciones que pedía, en el punto primero de una disposición final, que había que adaptar las “bases reguladoras” de todas las prestaciones que se considerasen “indefinidas” a la nueva reglamentación. Se daba el plazo de un año, aunque luego fue estirado otro más, es decir, hasta finales de 2025. Eso sí, el resultado final no cambiaba: de no hacerlo, se daba por derogada la ayuda en cuestión.

Sostiene el área de Vivienda que, “tras el análisis de la norma”, no se consideró “necesaria” la “adaptación”, aunque se admite que Gaztelagun se puso en marcha en 2018 como “proyecto piloto” y que luego ya se perpetuó. “Pero esta decisión no fue compartida por la Oficina de Control Económico, que consideró que al no realizarse dicha adaptación debía entenderse la norma como derogada a partir del 1 de enero de 2026”, se admite en el expediente de la nueva regulación por parte del propio Itxaso.

Por ello, “para no interrumpir la concesión de esta ayuda” en 2026, se tuvo que aprobar en junio una nueva orden, aunque limitada a los pagos de este año. “No obstante, la vocación de la ayuda continúa siendo estructural e indefinida y, por lo tanto, es necesario que se regule con urgencia en una disposición de carácter general”, añade el consejero en los borradores de esa redacción que hará definitivas las ayudas de Gaztelagun a partir de 2027 y cuya tramitación fue iniciada ya este pasado jueves, antes del festivo de San Ignacio y de las vacaciones de agosto.

Según Vivienda, “el objetivo continúa siendo el aumento de la tasa de emancipación de este colectivo de personas jóvenes mediante la consolidación de un programa cuya eficiencia y utilidad ha quedado claramente demostrada”. Se anuncia incluso una inversión presupuestaria de 33 millones de euros para las solicitudes que lleguen a lo largo del ejercicio 2027 (por 28 de 2026) teniendo como previsión una nueva congelación de la cuantía mensual de cara al año próximo. En 2022 subieron de 250 a 275 euros y en 2023 de 275 a 300 euros; y ahí se han quedado.

La regulación de Gaztelagun confirma los cambios ya anunciados en primavera, es decir, que en las zonas tensionadas se puede optar a pisos de hasta el 95% del precio medio real para cobrar la ayuda. En los últimos años, se habían quedado fuera solicitudes por entenderse que alquileres de 900 euros, por ejemplo, eran suntuosos y, por lo tanto, no sujetos a ayuda pública.

Se indica también que los beneficiarios serán personas de 18 a 35 años, aunque con excepciones. Se podrá optar a la prestación desde los 36 hasta los 40 en caso de “personas con cualquier tipo de discapacidad” por encima del 33%. Para poder cobrar Gaztelagun, hay que tener unos ingresos mínimos de 3.000 euros y máximos de 30.000, salvo las parejas (36.764) o las familias numerosas (39.184). Se controlará también que el patrimonio o los ahorros no superen los 75.000 euros.

Fuentes del área de Vivienda indican que “está asegurado” que el programa Gaztelagun “no va a caer”. “En el momento en que hemos tenido conocimiento de la problemática, nos hemos puesto a trabajar. Lo primero es dotar de seguridad jurídica a la propia prestación”, añaden estas fuentes del equipo de Itxaso.

El mercado ha dado un respiro a Donostia, con un descenso de los precios de los nuevos alquileres del 3,7% en el último trimestre de 2025, de 1.175,6 a 1.131,9 euros, según la más reciente EMAL (Encuesta del Mercado del Alquiler). La ligera desinflamación se aprecia también en otras zonas del área metropolitana como Irún, Errenteria o Lasarte-Oria. El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cree que “las cifras invitan a la esperanza” porque, además, no ha descendido la oferta. Y lo atribuye a la plena aplicación de las previsiones para las zonas tensionadas previstas en la ley estatal de 2023, que solamente fue posible en esa época. Por el contrario, la misma estadística ofrece otra fotografía menos favorable en Bizkaia: en Bilbao las rentas ya pasan de los 1.000 euros por vez primera y Getxo se convierte en el municipio más caro, con 1.175,7 euros mensuales.

Itxaso ha presentado estos resultados precisamente en Donostia. Según ha dicho, sería “prematuro” ver esta mejora como una “tendencia consolidada”, pero al menos sí cree que hay que ponderar los elementos positivos en el “primer trimestre en el que confluyen todas las herramientas previstas para las zonas tensionadas en Gipuzkoa”. Son tres meses, octubre, noviembre y diciembre de 2025, en que “por primera vez” desde que se hace la EMAL, desde 2016, se reducen “al unísono” los precios en los principales núcleos urbanos. Es más, a la par se constata una “ligera” subida de precios en zonas no tensionadas de Gipuzkoa.

En cifras, Donostia baja de 1.175,6 a 1.131,9 euros mensuales de media, un 3,7%. Es el dato de los nuevos contratos firmados en el período analizado. Errenteria, la primera localidad vasca en agogerse a este sistema de control de precios, pasa de 834,9 a 800,4 euros, un 4,1%. Irún, el segundo municipio más poblado, ve un descenso de 878 a 851,8, del 3%. Lasarte-Oria tiene una pequeña bajada de precios, de apenas el 0,6%, ya que se queda en 893,2 frente a los 898,3.

Para Itxaso, lo relevante es que eso no venga acompañado de una “contracción” de la oferta, una de las críticas que hacen los detractores de la normativa estatal, desde el PP a nivel general hasta el PNV a nivel más local. “El dato importante es doble: bajan las rentas de entrada en varios de los municipios más tensionados y, al mismo tiempo, Gipuzkoa alcanza los 31.351 contratos activos. Es decir, no estamos viendo una contracción del parque registrado, sino una primera moderación de precios con más viviendas alquiladas”, se ha congratulado. Y ha añadido, insistiendo en lo simbólico del caso de Donostia, que “supone un primer alivio en uno de los mercados residenciales más tensionados de España”, aunque ha pedido cautela hasta ver la evolución de los siguientes trimestres.

Aunque con retraso, Gipuzkoa fue el primer territorio que logró de su Hacienda foral los datos para activar los denominados índices de precios de referencia. Sin ellos, se aplicaban las zonas tensionadas pero no en todos los supuestos. Estos índices permiten limitar precios en primeros alquileres, viviendas que llevan tiempo fuera del mercado y casas de grandes tenedores, los propietarios de muchos inmuebles.

Itxaso ha puesto también en valor la política fiscal de Gipuzkoa y su incidencia sobre la Vivienda. “25.000 propietarios se han beneficiado de la bonificación del 70% en el IRPF por alquilar sus viviendas a precios contenidos, con un impacto fiscal cercano a los 18 millones de euros. Además, otros 28.000 declarantes que alquilan a precios de mercado han recibido bonificaciones del 30%, por un importe aproximado de 4 millones”, ha indicado el Ejecutivo vasco.

Álava estable, Bizkaia a peor

En Álava y en Bizkaia, las respectivas Haciendas forales han llegado más tarde, ya este 2026. Así, si la media en Gipuzkoa es de descenso del 3,5%, en Bizkaia se produce una subida del 2,1%. Por vez primera en diez años, este territorio es más caro que Gipuzkoa y, además, Getxo es el municipio con los precios más elevados, por encima de Donostia. En esta localidad se han disparado un 5,5%, y llega a 1.175,7 desde los 1.114,3 anteriores. Además, los contratos activos han bajado igualmente, un 0,5%. En el caso de Bilbao, se supera el simbólico umbral de los 1.000 euros mensuales: de 989,8 a 1.011,1, un 2,2% de subida trimestral. Barakaldo tiene un repunte del 1,8% y se queda en 828,4 euros.

“Los datos de Bizkaia ofrecen una fotografía previa a la entrada en funcionamiento del índice de referencia en dicho territorio y permitirán comparar en los próximos meses cómo evoluciona el mercado una vez desplegadas todas las herramientas de las zonas tensionadas”, despeja Itxaso sobre estos malos resultados.

En el caso de Álava, sigue como la zona más “contenida” de Euskadi. En Vitoria, la única zona tensionada y nuevamente sin todas sus medidas aplicadas en el período medido, la situación es de “estabilidad”. De 851,6 euros de media se ha pasado a 851,2. Sí ha habido un incremento anual del 2,8% en los alquileres activos y declarados.

Entre los recientes anuncios del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, opacado por los cambios en Etxebide para garantizar que el 30% de las adjudicaciones de pisos protegidos lleguen a la “clase media”, se encuentra la “recuperación de un mecanismo que permita adjudicar vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando ésta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares”. “En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible”, se expone.

En puridad, un decreto de 2008 y la ley autonómica de 2015 ya regulan los “itinerarios” o cambios de viviendas protegidas que, por diferentes circunstancias, pueden quedarse inadecuadas. 912 personas se han beneficiado entre 2019 y 2024 cambios de alquileres asignados, según datos oficiales facilitados a este periódico por el área de Vivienda. En detalle, fueron 86 en 2019, 80 en 2020, 182 en 2021, 163 en 2022, 214 en 2023 y 187 en 2024, siempre según estas estadísticas.

En el decreto de 2008, cuando Javier Madrazo de IU-EB era el consejero, es el artículo 29 el que menciona los “itinerarios”. Se alude que “el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales”, el antiguo nombre de la cartera que ahora dirige Itxaso, “deberá garantizar la adecuación de la vivienda de protección oficial, en cuanto a su superficie útil, a las necesidades de las unidades convivenciales”. Por ejemplo, si alguien accede solo a una casa y luego amplía su familia, podría acogerse a esta posibilidad. En ese momento, se apuntaba a un mínimo de “15 metros cuadrados útiles” por persona. Vivienda añade que “además de por ratio, se realizan cambios de vivienda por motivos de salud, profesionales, familiares, de adecuación de la vivienda o de convivencia”.

En la ley de 2015, impulsada en el Parlamento Vasco por Bixen Itxaso, hermano del actual consejero, es el artículo 39 el que habla de los “itinerarios”. Esta ley fue la primera en España en desarrollar la previsión constitucional del derecho a la vivienda y, en este inciso, lo complementa aún más: “Las personas ocupantes legales de una vivienda de protección pública tienen derecho, en los términos que se establecen en este artículo, al acceso a la ocupación legal de una vivienda adecuada a sus necesidades a lo largo de las diferentes etapas de su vida”.

En suma, preveía que si la situación cambiaba, pudiera cambiar también el inmueble. Y aquí, además de tener hijos, se aludía a “traslados por motivos laborales o profesionales”. “Las personas o unidades de convivencia interesadas podrán presentar una solicitud ante la Administración pública que se la hubiere adjudicado o, subsidiariamente, ante el órgano competente en materia de Vivienda del Gobierno vasco, pidiendo que se reconozca la necesidad de cambio de vivienda, así como la posibilidad de su incorporación al cupo que se cree, a los efectos del pertinente procedimiento de permuta”, se puede leer. Ese “cupo” nunca ha sido desarrollado.

El Gobierno vasco modificará los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial para abrir el abanico a las “clases medias”, entendidas como las unidades convivenciales con rentas entre 20.000 y 46.000 euros. La reforma supondrá reservar un cupo de un 30% de las viviendas de VPO, de alquiler o de venta, ofertadas en Etxebide, para este tramo de rentas, lo que supone que se beneficiará alrededor de 34.148 personas de las 109.033 unidades convivenciales inscritas en Etxebide.

De ellas 12.930 están en Gipuzkoa, 16.564 en Bizkaia y 4.654 en Álava. “El problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema: afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que el mercado ha dejado fuera”, ha señalado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso.

El consejero ha presentado las modificaciones de la norma este jueves porque arranca el periodo de exposición pública, aunque en el Departamento no se prevé que su aprobación, que se realizará vía decreto, no se haga antes de un año. Es decir, a la modificación de la normativa le queda todavía un largo camino. Es la misma tardanza que tuvo el decreto de medidas urgentes con cambios para Gaztelagun o Bizigune.

Con esta nueva medida se pretende dar respuesta a una franja de población que se está quedando fuera del acceso a la VPO porque los puntos para poder optar a Etxebide otorgan ventaja a las rentas más bajas. El consejero ha indicado que las rentas más bajas y las más vulnerables seguirán siendo “las que más preocupen” al Gobierno, pero ha señalado que actualmente la media de ingresos de las unidades convivenciales que resultan adjudicatarias de una vivienda de Etxebide no superan los 11.000 euros al año, lo que quiere decir que se cobra de media unos 250 euros al mes buena parte de nuestros inquilinos“.

“Eso se parece poco a la radiografía real de los demandantes de vivienda tota que tenemos”, sobre todo “teniendo en cuenta que ”hoy por hoy el problema de la vivienda no afecta solamente a las clases más vulnerables, sino también a las clases medias“. Este cupo del 30% dará más facilidades aque las 34.148 unidades convivenciales con tramos de renta entre 20.000 y 46.000 euros para resultar adjudicatarios de VPO, ”con independencia de cuál sea el número de hijos a cargo y otras condiciones que puedan afectar a su capacidad adquisitiva“. De estos inscritos en las listas, 18.268 optan a viviendas de alquiler, y 15.879 a compra.

Los ingresos entre 20.000 y 46.000 son por unidad convivencial, y se mantienen así cuando se habla de unidades convivenciales formadas por una sola persona. Cuando son dos o más, esos ingresos se ponderan, es decir, se les aplica un coeficiente correctivo a la baja en función de las cargas familiares que tengan. Por ejemplo una pareja con dos hijos, en los que las dos personas que ingresan dinero cobran 30.000 euros cada uno, se pasarían del tope, pero al ser cuatro personas, es decir, tienen cargas, se ponderan y a efectos de Etxebide esos ingresos serían de 45.900 euros.

Itxaso ha defendido que la nueva norma de Etxebide “es coherente con el diagnóstico que se viene haciendo desde el Departamento: la vivienda se ha convertido en un reto social de primer orden, pero también urbano, económico, generacional y democrático”. En ese sentido, ha señalado que “cuando un sistema público no reconoce toda la complejidad de la demanda, corre el riesgo de llegar tarde o de llegar solo a una parte del problema”. “Y nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy. La nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema”, ha recalcado.

“Hay muchas personas que cumplen con sus obligaciones, tienen nóminas, pagan impuestos y, aun así, no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables. Si la política pública no ofrece una respuesta también a esa parte de la sociedad, estaremos dejando crecer una fractura que afecta a la confianza en las instituciones y a la igualdad de oportunidades”, ha advertido el consejero.

Los cambios en la normativa introduce el desarrollo y consolidación de un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales. Este modelo combinará apartamentos destinados a jóvenes menores de 36 años, vinculados a itinerarios de emancipación, con alojamientos para personas mayores autónomas que necesitan soluciones accesibles, adecuadas y acompañadas. “En el caso de los jóvenes, se prevé exigir unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional y unos ingresos máximos de 46.000 euros, de forma que la estancia temporal cumpla su función: facilitar la emancipación, permitir la generación de ahorro y favorecer una posterior transición hacia otra solución habitacional”, ha indicado.

Itxaso ha defendido los alojamientos intergeneracionales como “una respuesta inteligente a necesidades distintas que pueden complementarse”. “La emancipación juvenil y el envejecimiento autónomo son dos grandes desafíos de país. Vincularlos a través de soluciones habitacionales adecuadas, temporales, accesibles y acompañadas nos permite innovar en política pública y construir comunidades más mixtas, más solidarias y más vivas”, ha señalado.

En relación con las personas mayores, la nueva norma plantea rebajar de 70 a 65 años la edad mínima para acceder a determinados apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, cuando la persona disponga de vivienda en propiedad, el acceso podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, contribuyendo así a incrementar la oferta de alquiler protegido y a movilizar vivienda hacia una función social.

La nueva normativa recogerá también la posibilidad de que se adjudique vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible.

Abordará igualmente mejoras también en funcionamiento del propio registro de Etxebide, por ejemplo, dando mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción, de manera que la permanencia en el registro siga generando valoración más allá de los límites actualmente existentes. Asimismo, se plantea evitar que el cambio de preferencia entre las modalidades de alquiler y compra suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados por antigüedad, siempre que la persona o unidad convivencial mantenga la nueva modalidad durante un periodo mínimo de tres años. Itxaso ha destacado que el futuro decreto “forma parte de una nueva etapa en la política vasca de vivienda”. “Como Gobierno nos disponemos a dar un salto de escala en materia de vivienda pública en alquiler, y para eso necesitamos una herramienta nueva, más afinada, más ágil y más justa. No basta con construir más vivienda si los procedimientos de inscripción, baremación y adjudicación no están preparados para responder al volumen, la diversidad y la urgencia de la demanda actual”, ha explicado.

Los vecinos de la calle José María Lidón, en Bilbao, han iniciado una recogida de firmas para intentar poner veto a la proliferación de pisos turísticos que ocupan los bajos de sus viviendas, que por cierto son bloques de VPO. Los vecinos quieren llamar la atención del Ayuntamiento de Bilbao y del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco para que no se autorice la instalación de más pisos o apartamentos turísticos en su calle, “que ya está suficientemente saturada”, y que se estudien otros usos para estos locales “priorizando los que beneficien al barrio”, el de Santutxu, “como viviendas sociales o servicios útiles para los vecinos”.

En el escrito que están distribuyendo para recoger las firmas entre el vecindario critican, ademá,s que estos apartamentos estén situados en los bajos de viviendas de protección oficial: “En un contexto de crisis de vivienda, resulta difícil comprender que en los bajos de VPO se impulsen actividades que puedan agravar esta situación. ”Bilbao esta declarada zona tensionada y al mismo tiempo, el turismo sigue creciendo. Nuestro barrio es un claro ejemplo“, denuncian.

El Gobierno vasco realizó en al año 2000 una promoción de vivienda protegida a través de la sociedad Visesa en esta calle de Bilbao que incluía nueve locales comerciales, que, al igual que las viviendas, se pusieron a la venta en el año 2005. En el mes de septiembre del año pasado, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, interpeló a través de una pregunta escrita en el Parlamento Vasco al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, sobre estos pisos turísticos, en aquel entonces diez apartamentos en lo bajos de los números 2 al 10 de esta calle, casi todos con entrada independiente de los portales.

El consejero reconoció que una vez transmitida la propiedad de las viviendas y locales, “la normativa aplicable no atribuye a Visesa, como promotora, funciones específicas. Tampoco la sociedad pública Alokabide realiza funciones ni gestiones en esta promoción”. Es decir que desconocía el uso de los locales existentes en los bajos de las viviendas, más allá de que cinco de ellos, fueron transmitidos en derecho de superficie en 2020 a una única persona jurídica, ISII SL, otro a la persona jurídica Oyrz SL, dos a pesonas físicas, y sólo uno de ellos permanece en manos de Visesa, que ha suscrito un arrendamiento con opción de compra con una persona física. Ahora los apartamentos ubicados en estos bajos los gestionan las empresas Bilbao North Shore Apartment y Bilbao Rooms and Kitchens Lidón.

Los vecinos, que tienen el apoyo de Santutxuko Familia Elkartea-Asociación de Familias de Santutxu para canalizar su protesta, denuncian que “en los últimos meses ha habido un crecimiento importante de este tipo de alojamientos, muchos de ellos gestionados por una misma empresa”, señalan. En total, ahora hay 14 apartamentos turísticos en esa calle, aunque sólo nueve accesos anexos a cada portal. “Esta situación está generando malestar y molestias al vecindario”, dicen desde la asociación, que relatan ruidos, personas que llaman al timbre equivocado a cualquier hora del día o de la noche porque no tienen clara la entrada al apartamento, suciedad, desperfectos y una pérdida progresiva de la tranquilidad de la zona. “Este modelo de turismo entra en conflicto con la vida cotidiana de la gente que vivimos en el barrio”, aseguran.

Hay que recordar que esta calle no está en el centro de Bilbao, pero sí cerca, y esta zona se ha convertido en un foco de alojamientos turísticos por su cercanía, por ejemplo, al Casco Viejo de Bilbao. De hecho, tal y como denuncian, a pocos metros de esta calle se encuentra el Spirit Hotel Gran Bilbao, así como otro bloque de apartamentos turísticos (Spririt apartamentos). Consideramos que la zona ya soporta una presión turística más que suficiente“, aseguran, ya que calculan que ”hay unas 500 plazas en un espacio muy pequeño“, en una zona en la que además no hay otros servicios.

Aunque son conscientes de que cerrar los apartamentos que están en marca hoy en día es difícil, el objetivo que persiguen con las movilizaciones, en las que la recogida de firmas puede ser el primer paso, es que no se concedan licencias para más apartamentos turísticos en las lonjas que están libres por la zona y que se siga saturando todo el entorno. Además, quieren llamar la atención sobre el hecho de que los pisos turísticos de esta calle estén en los bajos de viviendas de VPO, que hoy en día, con la legislación actual, podrían utilizarse como viviendas.

Cuando se conoció la situación de esta calle, con apartamentos turísticos en los bajos de viviendas de VPO, el consejero Itxaso señaló que se trata de “una fotografía” que no le gusta al Gobierno. “No nos gusta ver edificios de protección oficial con viviendas turísticas”, indicó el consejero, insistiendo en que “los que ya se vendieron” es algo que “no se puede controlar” y recordaba que se pudieron vender para poner un comercio y que luego se hayan vendido como vivienda turística. “Estamos poniendo ahora toda la carne en el asador para que no ocurra esto. Pero, si se cumplía la ley en ese momento, no lo podemos controlar. Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el control”, manifestaba entonces, e insistía en que Visesa la orden de reducir al máximo el número de lonjas en sus nuevas promociones.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, en coordinación con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el también socialista Javier Hurtado, ha enviado una carta a Jesús Encinar, CEO y fundador de Idealista, para exigir la retirada de anuncios de ventas de viviendas de protección oficial con sobreprecios. Al no ser legal vender las viviendas tasadas por un precio superior al establecido por el Gobierno vasco, lo que hacen los propietarios es vender los muebles por un precio considerablemente más elevado y así llevarse una ganancia extra. De hecho, se ha anunciado ya una reforma legislativa en este sentido.

“En los últimos días, hemos podido constatar la existencia de ofertas en las que la transmisión de viviendas protegidas se condiciona, de forma indisociable, al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios. Esta práctica, presentada como una supuesta compraventa de muebles, encubre en realidad un sobreprecio que vulnera de manera clara el régimen jurídico de las VPO y desnaturaliza los objetivos de interés público que las sustentan”, alerta la carta.

En el escrito Itxaso recalca que “el parque de vivienda protegida en Euskadi es el resultado de un esfuerzo sostenido durante décadas por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto: un esfuerzo económico, normativo y humano orientado a garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las clases medias y trabajadoras”. “La VPO no es un producto especulativo, sino un instrumento clave de cohesión social, diseñado precisamente para amortiguar las tensiones de un mercado inmobiliario cuyos precios se han desacoplado de las capacidades adquisitivas de buena parte de la ciudadanía. No podemos, por tanto, admitir que este objetivo se vea pervertido mediante prácticas que, bajo apariencia de legalidad, introducen incrementos ilegítimos en el precio efectivo de las viviendas. Es evidente que el mobiliario tiene un valor en el mercado; pero resulta igualmente evidente que no puede imponerse su adquisición como condición necesaria para acceder a una vivienda protegida”, sostiene.

De esta manera, exige tres acciones a Idealista: que procedan a la “revisión inmediata” de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en su plataforma, con especial atención a aquellas ofertas que incluyan pagos adicionales encubiertos; que “retiren sin demora” todos aquellos anuncios en los que se condicione la compraventa de la VPO a la adquisición obligatoria de mobiliario u otros bienes accesorios y que “establezcan mecanismos de control y verificación más estrictos”, que impidan la publicación y difusión de este tipo de prácticas en el futuro.

Además, Itxaso ha informado de que desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco han iniciado ya “actuaciones de inspección y análisis en distintos expedientes”, y no descartan “emprender las acciones administrativas o legales que correspondan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”. Por último, la carta finaliza con un aviso para el propietario de Idealista. “Le informamos de que hemos puesto los hechos en conocimiento del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, por las responsabilidades que pudieran derivarse en lo que afecta a los ámbitos de su competencia. Estamos convencidos de que Idealista, como plataforma de referencia en el mercado inmobiliario, comparte la responsabilidad de contribuir a la transparencia, la legalidad y la equidad en el acceso a la vivienda. Le insto, por tanto, a actuar con diligencia y compromiso para erradicar estas prácticas”, concluye.