La Junta de Castilla y León valora presentar un recurso sobre la sentencia del 'Caso Perla Negra' si no se viera satisfecho el daño a las arcas públicas, como ha adelantado el portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP). El Ejecutivo autonómico se encuentra haciendo “lectura al detalle” del fallo judicial de más de 300 páginas para ver si las indemnizaciones alcanzan a cubrir las expectativas.

“Una gran parte de las pretensiones que como acusación particular tenía la Junta de Castilla y León han sido vistas favorablemente por el Tribunal de Justicia y, desde ese punto de vista, leeremos con más detalle la sentencia para determinar si aquella parte de las pretensiones que no hemos visto satisfechas suficientemente determina la presentación de un recurso”, ha valorado el portavoz.

Fernández Carriedo ha señalado que, a pesar de que tres altos cargos del Ejecutivo autonómico están condenados, “la posición de la Junta fue muy clara al personarse” como acusación particular.En una primera valoración, el Gobierno autonómico consideró estar “parcialmente resarcido”.

El portavoz ha señalado su “respeto” por la sentencia y ha evitado responder a cualquier responsabilidad política a pesar de que, tanto él, como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, formasen parte del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera durante los años que ocurrió la trama.

Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Valladolid condenó este miércoles a los dos exviceconsejeros de Economía en la Junta de Castilla y León (PP) —Rafael Delgado y Begoña Hernández— por prevaricación en el caso del sobrecoste del edificio Perla Negra, que costó 70 millones al erario público y la compra de los terrenos de Portillo por 34 millones de euros para un polígono industrial que nunca se construyó.

Además, Delgado —que ocupó cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía entre 2003 y 2011—, ha sido condenado a dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros 9 años y seis meses de inhabilitación para el empleo público por un delito de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

También han sido condenados seis de los empresarios encausados y Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal —empresa pública extinta que compraba suelo industrial—, por un delito continuado de prevaricación.

En cuanto a las indemnizaciones fijadas a la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado y los empresarios Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes tendrán que pagar entre los tres 4,5 millones de euros. Además, Rafael Delgado y cuatro empresarios condenados —Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro— deberán indemnizar a la Junta de Castilla y León otros dos millones de euros.

Doce años después de que una persona remitiera anónimamente a la Fiscalía unas hojas de denuncia con el título 'El hundimiento impune de una empresa pública', hay sentencia por el caso Perla Negra, uno de los mayores casos de corrupción de la Junta de Castilla y León y por el que tres ex altos cargos del gobierno autonómico del PP de Juan Vicente Herrera (dos exviceconsejeros de Economía —Rafael Delgado y Begoña Hernández— y un exconsejero de la empresa pública que compraba suelo industrial, Gesturcal) y seis empresarios han sido condenados.

El caso ha sido muy complejo, y tiene varias aristas, incluidas algunas que se han quedado por el camino, como el presunto testaferro de Rafael Delgado o la compra de un palacete en Bruselas. El juicio oral tuvo doce acusados y duró 26 días entre febrero y mayo de 2024. Por partes: Rafael Delgado ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación, otro delito continuado de malversación de fondos públicos y a indemnizar a la Junta de Castilla y León más de seis millones de euros entre él y otros empresarios condenados. Sin embargo, también ha sido absuelto de revelar secretos al filtrar información de un contrato público porque el delito ha prescrito. En total, Rafael Delgado ha sido condenado a dos años y seis meses de cárcel. Fiscalía pedía once años de prisión para él y otros once para la exviceconsejera Begoña Hernández, quien no ha sido condenada a una pena de privación de libertad.

La sentencia, de 309 páginas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica cómo el principal condenado,Rafael Delgado, facilitó información a una empresa sobre un contrato de arrendamiento del futuro edificio Perla Negra —que pretendía integrar varios servicios dentro de la Consejería de Economía—, autorizó el pago injustificado de 4,5 millones de euros en la compra de este inmueble, adjudicó sin contrato otros 4,4 millones de euros por la división y señalización de este edificio y permitió que la empresa pública Gesturcal pagara dos millones de euros de sobrecoste por unos terrenos del futuro —y fallido— polígono industrial de Portillo, en Valladolid.

Delgado filtró información sobre un contrato público

Rafael Delgado filtró información reservada a la empresa Urban Proyecta PM3 (en manos de Germán Martín Giraldo y Ángel Montes) sobre la intención que tenía la Junta de Castilla y León de alquilar un edificio para alojar varios servicios de la Consejería de Economía. De hecho, la empresa firmó en 2005 un contrato con el estudio de arquitectura Lamela, que remitió facturas con el concepto 'Proyecto ADE-Valladolid' casi tres meses antes de que el concurso se hiciera público y figurara en el Boletín Oficial de Castilla y León. De hecho, cuando no pasó los requisitos de los técnicos de la Junta de Castilla y León, Delgado llevó el contrato cuatro días después a Gesturcal, donde los controles fueron menores. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valladolid ha considerado que este delito ha prescrito.

Los contratos de arrendamiento con Urban Proyecta carecían “de objetividad y transparencia”. La compra del inmueble también fue problemática: un perito lo tasó en 66 millones, pero otras empresas lo valoraron en 64 millones, 52 o 42 millones de euros. Finalmente, se firmó el contrato de compra del edificio Perla Negra en marzo de 2009 por 60,5 millones de euros, IVA incluido, una cifra que estaba “dentro de los valores de mercado en esas fechas”.

Sobrecoste de 4,5 millones de euros sin justificar

Delgado fue viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general de la Consejería entre 2007 y 2011. Durante esa época ocupó diversos cargos en otras empresas públicas de la Junta de Castilla y León como Gesturcal, la que se encargaba de la compra de suelo industrial y que después tomó el nombre ADE Parques Tecnológicos y Empresariales. Esto le permitió autorizar los pagos millonarios que endeudaron injustificadamente a la Junta de Castilla y León.

Según la sentencia, Gesturcal-ADE pagó 4,5 millones de euros extra a Urban Proyecta con el concepto de 'carga financiera'. Sin embargo, no había ninguna justificación para hacer este pago e implica la desviación de fondos públicos para esta empresa. “Se trata de un abono injustificado y totalmente improcedente”, señala la sentencia, puesto que no estaba incluido en el contrato de compra-venta ni en los contratos de arrendamiento ni se había debatido en el Consejo de Administración de Gesturcal-ADE.

4,4 millones de euros adjudicados 'a dedo' sin contrato

Rafael Delgado también ha sido condenado por un delito de prevaricación después de haber autorizado facturas sin concurso público ni contrato alguno por valor de 4,4 millones de euros a un despacho de arquitectos, Unifica, el mismo que reformó la sede del PP en la calle Génova y cobró dinero en negro, tal y como publicó en exclusiva elDiario.es durante la instrucción del caso.

Los contratos no fueron publicados ni licitados, aunque sí se llegó a elaborar un borrador. De hecho, ni siquiera se suscribió un contrato como tal. “De forma incomprensible, ese proceso de contratación legal quedó abortado, prescindiéndose deliberadamente del mismo”, notifica la sentencia, que reconoce que Gesturcal-ADE aceptó “sin más” el presupuesto que pasó Unifica para las obras de división interior y señalética. Estos 4,4 millones de euros están ajustados al coste de las intervenciones, pero no fueron adjudicados legalmente.

De hecho, no había una norma legal que obligara a Gesturcal a pagar por estas obras, ni hubo una cláusula en el contrato que firmó con Urban Proyecta, ni un acuerdo en el Consejo de Administración de Gesturcal. Además, los contactos de Unifica con Gesturcal procedían de Urban proyecta.

Unifica pagó 1,9 millones de euros a empresas del entorno de Urban Proyecta, algunas administradas por Ángel Román Montes, que formaba parte de esta empresa y es uno de los seis empresarios condenados. Los jueces no descartan que algunos de esos pagos respondieran a la subcontratación de la obra o a pagar la intermediación de los acuerdos de colaboración para conseguir esos contratos con la Junta de Castilla y León.

Contrato con una empresa que aún no poseía los terrenos del polígono

Además, Rafael Delgado firmó contratos con la empresa Cementos La Bureba para comprar unos terrenos para el futuro polígono empresarial de Portillo —una iniciativa que impulsó en un primer momento el concejal, del PSOE—. ¿Uno de los problemas? Que Cementos La Bureba aún no poseía los terrenos del polígono, que estaban en manos de Parque Empresarial de Portillo, una empresa en la que habían participado Urban Proyecta —Germán Martín Giraldo y Ángel Román—, Francisco Esgueva, Luis Ángel Gutiérrez y su esposa y Ángel Román Montes a título personal.

La empresa pública ADE Parques pagó un “sobreprecio injustificado” de dos millones de euros sobre los valores máximos de mercado. “A ese sobreprecio contribuyó esa mecánica de las empresas vendedoras, que fue consentida por el señor Delgado, de elevar el precio artificiosamente”, zanja la sentencia. Parque Empresarial de Portillo compró unos terrenos por nueve millones de euros. Poco después, Cementos La Bureba se los compra por diez millones de euros, y se los vende cinco meses después a ADE por 11,9 millones.

Estas dos empresas estaban formadas “esencialmente” por las mismas personas y tenían una “vinculación directa”. “Se compran las fincas a sí mismos subiendo su precio para luego repercutirlo a la empresa pública ADE Parques”, concluye la sentencia. ADE asumió el compromiso de adquirir fincas por 33,7 millones de euros cuando Cementos La Bureba aún no era propietaria de los terrenos que compró por 26 millones de euros. Y cuando la exviceconsejera Begoña Hernández paralizó una de las facturas (por valor de 1,4 millones), esta se hizo efectiva “por decisión de Rafael Delgado” y se pagó antes de que la empresa hubiera cumplido o garantizado su obligación.

De hecho, en el proyecto de Presupuestos para 2010 ni siquiera figuraba la previsión de adquirir estos terrenos en Portillo. Toda esta operación supuso un endeudamiento de 20 millones de euros para la Administración pública. En los años de esta operación, el endeudamiento de ADE pasó de diez millones a 50 millones.

El piso de Rafael Delgado

La Audiencia de Valladolid también destaca los vínculos que tenía Rafael Delgado con algunos de estos empresarios. Delgado y Ángel Román Montes llevaban a sus hijos al mismo colegio, y este último cedió en alquiler un piso situado en el paseo de Zorrilla. Montes compró este piso en 2006 a través de su sociedad Tecnicyl y lo vendió a Nereo Inversiones y Proyectos, una sociedad administrada por Carlos González Maestro, que ya había sido nombrado administrados mancomunado de Cementos La Bureba, la empresa que infló los precios de los terrenos de Portillo.

Después, Rafael Delgado, que seguía alquilando esa vivienda, se la compró a través de su sociedad Samuño Activos, un contrato que está investigando el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, el mismo que investiga la Trama Eólica.

Delgado también tiene relación con Alberto Esgueva, un empresario que ha sido absuelto en este juicio —después de que se retiraran las acusaciones— pero que sigue investigado por la Trama Eólica, en la que también coincide con el propio Rafael Delgado o el empresario Germán Martín Giraldo, que ha sido condenado por revelación de secretos a once meses de prisión y a una indemnización millonaria.

Alberto Esgueva, que fue responsable de la oficina de internacionalización de la Junta y compartió una empresa de energía eólica con Germán Martín Giraldo es también hermano de Francisco Esgueva —condenado a siete meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros—.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a los dos exviceconsejeros de Economía en la Junta de Castilla y León (PP) —Rafael Delgado y Begoña Hernández— por prevaricación en el caso del sobrecoste del edificio Perla Negra, que costó 70 millones al erario público y la compra de los terrenos de Portillo por 34 millones de euros para un polígono industrial que nunca se construyó.

Uno de ellos, Rafael Delgado —que ocupó cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía entre 2003 y 2011—, ha sido condenado a dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, además de 9 años y seis meses de inhabilitación para el empleo público con un delito de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

También han sido condenados seis de los empresarios encausados y Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal —empresa pública extinta que compraba suelo industrial—, por un delito continuado de prevaricación. Uno de los principales acusados en el caso, Alberto Esgueva, ha sido absuelto después de que Fiscalía y PSOE retiraran la acusación durante el juicio oral por no poder acreditarse los hechos que se le imputaban.

La Audiencia ha condenado al empresario Germán Martín Giraldo por un delito de violación de secretos a 11 meses de prisión y le ha absuelto de los delitos de fraude, cohecho, organización criminal, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Entre los empresarios condenados se encuentran, además de Germán Martín Giraldo, Ángel Román Montes — 11 meses de prisión por un delito de violación de secretos—, Luis Antonio Recio —7 meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros—, Francisco Esgueva —7 meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros—, Luis Ángel Rodríguez —7 meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros—, Carlos González Maestro —7 meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros—. En todos los casos se ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Indemnizaciones a la Junta de Castilla y León

El escrito, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, condena a Rafael Delgado y los empresarios Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes a pagar entre los tres 4,5 millones de euros a la Junta de Castilla y León, de los que Urban Proyecta es la responsable civil subsidiaria. Además, Rafael Delgado y cuatro empresarios condenados —Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro— deberán indemnizar a la Junta de Castilla y León otros dos millones de euros. En esta ocasión, la empresa responsable civil subsidiaria es Parque Empresarial de Portillo SL y Cementos La Bureba.

Absueltos de otros delitos

A pesar de las condenas, la Audiencia de Valladolid también ha absuelto a Rafael Delgado de los delitos de revelación de secretos por prescripción del delito. También ha sido absuelto por el delito continuado de negociación prohibida y tráfico de influencias. Su sucesora en el cargo, Begoña Hernández, ha sido condenada por un delito continuado de prevaricación administrativa a dos años y dos meses de inhabilitación para el empleo público, pero ha sido absuelta de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación.

Dos altos cargos de la empresa pública Gesturcal han sido absueltos también: el exdirector gerente de Gesturcal Salvador Molina y el exdirector financiero de Gesturcal y ADE Parques Francisco Arnero—para los que Fiscalía pedía cuatro años de cárcel—.

La Justicia sí ha condenado a Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal, por un delito continuado de prevaricación a dos años y 14 días de inhabilitación para el empleo público. También ha sido absuelto de un delito continuado de revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Algunos de los empresarios condenados han sido absueltos por otros delitos: violación de secretos, fraude a la Administración (Germán Martín Giraldo), revelación de secretos y tráfico de influencias (Ángel Román Montes), revelación de secretos (Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro).

Diez años de instrucción y dilaciones indebidas

En todas las condenas se ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas. La instrucción, que arrancó en 2013 dejó por el camino lagunas como la compra de un palacete en Bruselas, concluyó con doce acusados: dos de los exviceconsejeros que trabajaron en Economía entre 2003 y 2015, siete empresarios y tres cargos directivos de Gesturcal, la empresa pública —ahora extinta— que se encargaba de la compra de suelo industrial.

Rafael Delgado (exviceconsejero de Economía y que también está encausado en la trama eólica) y Begoña Hernández (sucesora de Delgado en el cargo) eran los dos principales acusados en la trama. Alberto Esgueva, también acusado en la Trama Eólica y a quien el Tribunal Supremo ha eximido de pagar 20 millones de euros en impuestos por un error burocrático, ha salido absuelto del caso.

En el juicio han intervenido 90 testigos y peritos, entre los que se encuentra el expresidente autonómico Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo, que aseguró en el juicio que nunca fue informada de que se iba a comprar ese edificio en cuestión.

El caso 'Perla Negra' es una de las tramas de corrupción más importantes de las cuatro legislaturas y media en las que Juan Vicente Herrera dirigió la Junta de Castilla y León. La promotora pedía entre 60 y 72 millones, y supuestamente se cerró una compra por 52. Pero se pagaron 70. Un informe de la Intervención General del Estado señala, entre otras irregularidades, que se pagó dos veces por algunos conceptos.

El caso estuvo diez años en el Juzgado de Instrucción y en 2022 se suspendió en marzo de 2022 y devolvió el caso al juez instructor durante otros dos años porque las partes no tenían toda la documentación de la causa. La Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono.

Entre los investigados se encontraba el exconsejero de Economía Tomás Villanueva, uno de los hombre más poderosos de Castilla y León que trabajó en política durante más de 20 años y que falleció de manera repentina en 2017 un mes antes de declarar ante el juez instructor.

Queda pendiente iniciar el juicio de la Trama Eólica, que tiene algunos encausados en común con Perla Negra. Todavía no se ha señalado fecha para el juicio oral, que se ha dilatado porque dos de los tres magistrados de la Sala del TSJ participaron en la instrucción y, por lo tanto, deben ser sustituidos para el juicio oral.

En ampliación

La Audiencia de Valladolid ha anunciado que la sentencia sobre supuestas irregularidades en el proceso de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda y la adquisición de parcelas para la ejecución de un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse será notificada el próximo día 8 de enero de 2025.

Tras veinte sesiones de juicio entre los pasados días 26 de febrero y 8 de mayo y siete meses después de que quedara visto para sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha dado a conocer, a través de una providencia, que “visto el estado de las presentes actuaciones, estando la causa en la fase de redacción final de la sentencia, se pone en conocimiento de las partes que la fecha prevista para su notificación será el 8 de enero de 2025”.

Las acusaciones entendían probado que tanto la compra de 'La Perla Negra', a fin de concentrar en un único edificio administrativo todos los servicios de apoyo a las empresas, como la iniciativa para desarrollar un polígono industrial en Portillo fueron orquestadas por los entonces altos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán con la intención de “facilitar las ilícitas” pretensiones de los distintos empresarios que ocuparon el banquillo junto a ellos.

Las penas más duras las había pedido el PSCyL--de responsabilidad civil pedía 50 millones--centrada en Rafael Delgado y Begoña Hernández, con trece años de cárcel y treinta y cuatro de inhabilitación para el primero y once años e idéntica inhabilitación para la segunda, mientras que la Fiscalía solicitó once años de prisión para los dos anteriormente citados y Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal. Además, para Delgado interesó su inhabilitación durante 29 años y por espacio de 20 para los otros dos.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo director financiero de ADE Parques y Gesturcal, la acusación pública les había pedido cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de malversación.

Además, solicitó seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

Y en el capítulo de responsabilidad civil, interesaba que, de forma conjunta y solidaria, los acusados indemnizasen a la Administración Autonómica en la suma que, según entendía, fue desviada a favor de las mercantiles citadas y que fijaba en 16.138.911,47 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

La Junta, como acusación particular, solicitaba la condena de ocho de los encausados —no acusaba a Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina y Francisco Armero—, que en el caso de Rafael Delgado y Begoña Hernández se elevaba a once y cuatro años, respectivamente, junto con multas de 22.500.000 euros y el pago entre todos de indemnizaciones por importe de 16.300.000 euros.

Había despertado la lógica expectación la comparecencia en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid del expresidente de la Junta entre 2001 y 2018, Juan Vicente Herrera, citado a declarar en calidad de testigo por el abogado del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales encausados en el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa del erario autonómico.

Y era lógica la expectación porque el expresidente de la Junta, inexplicablemente no llamado a declarar durante la fase de instrucción, podía haber arrojado mucha luz sobre el entramado que se juzga. Pero para eso alguien tendría que haberle preguntado. Y solo lo hizo, y muy superficialmente, el defensor de Delgado. Ni la fiscal ni el resto de las acusaciones, entre ellas la del Partido Socialista, no consideraron de interés interrogar a tan relevante testigo. En lo referente a la fiscal y al PSOE dicha inhibición resulta ciertamente chocante, aunque puede que no lo sea tanto a la luz de determinados antecedentes.

Juan Vicente Herrera, hoy consejero del Consultivo, con 80.741 euros anuales de salario bruto y coche oficial a su disposición para trasladarse (raramente más de un día a la semana) desde su residencia en Burgos a la sede de la institución en Zamora, aseguró sin pestañear que no tuvo conocimiento de lo que se cocía en Gesturcal hasta que en fecha no determinada fue informado por Pablo Trillo Figueroa, consejero de Administración de dicha empresa pública adscrita a la consejería de Economía. A Herrera no le quedaba otro remedio que admitir dicho conocimiento después de que el 30 de mayo de 2016, Trillo, en ese momento delegado territorial de la Junta en Valladolid, declarara ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid que, siendo consejero de Gesturcal, había advertido al presidente de la Junta del desproporcionado coste que la Junta se disponía a pagar por la compra de la Perla Negra.

Lo que no explicó el declarante, porque nadie se lo preguntó, fueron qué gestiones realizó para verificar el “chivatazo” de Trillo y evitar, su caso, el “sablazo” a las arcas de la comunidad. Es más, a tenor de las vaguedades de su deposición oral, se diría que Gesturcal era una empresa privada sobre la que el máximo responsable de la Junta carecía de cualquier capacidad de control.

Lo cierto y verdad es que, que el entonces titular del Colegio de la Asunción permitió que la Junta abonara 52,15 millones de euros por la Perla Negra, cuantía incrementada con cerca de otros 8,8 millones facturados por la sociedad vendedora, Urban Proyecta, en concepto de gastos financieros, con lo que el coste final del edificio se elevó por encima de los 60 millones. Un coste que en 2016 el presidente Herrera consideró ajustado a mercado y que, tras años de instrucción, la Fiscalía ha estimado inflado en más de 20 millones de euros.

 ¿Como se explica que la Fiscalía -menos mal que no fue la actual fiscal-jefe la que tuvo a su cargo el grueso de la instrucción- y el PSOE, personado como acción popular, hayan renunciado a sus respectivos turnos de preguntas al testigo Juan Vicente Herrera? En lo que respecta a los socialistas, obviamente la explicación debería ofrecerla su máximo responsable en Castilla y León, el secretario autonómico del PSCyL, Luis Tudanca.

Ominoso pacto de silencio.- En sus primeros años de mandato, y a diferencia de sus antecesores, Tudanca se mostró dispuesto a aplicarse a fondo contra la corrupción que desde 1987, José María Aznar mediante, no había dejado de embadurnar al PP de Castilla y León por los cuatro costados. Tras ganar las primarias internas al palentino Julio Villarrubia, en octubre de 2014 el socialista burgalés accedió a la secretaria autonómica, desde la que fue proclamado sin rival candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2015.

Cuando estaba a punto de finalizar la campaña electoral de ese año, el candidato a la reelección en la presidencia de la Junta se desayunó con una indigesta noticia publicada por elDiario.es: Su hermano, Francisco Javier Herrera Campo, asesor financiero delegado de Renta 4 en Burgos, aparecía como cotitular de una sociedad de inversiones creada en 2008 en Panamá junto al constructor burgalés Jesús Arranz Monje (grupo Arranz Acinas) en comandita con dos testaferros nativos de aquel paraíso fiscal. Ninguno de los periodistas que seguía la campaña importunó con la noticia al candidato del PP, que ese día celebraba un acto electoral en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. Y únicamente el digital leonés ILEÓN se hizo eco de la noticia. El blindaje informativo engrasado con la chequera mediática manejada a su antojo por el vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se hizo notar del mismo modo que cuando el susodicho fue cazado utilizando su coche oficial en la Junta para un asunto estrictamente familiar.

Tras fracasar en su afán por mantenerlo oculto, años después el gobierno Herrera tuvo que reconocer que la Junta, a través de la empresa pública Excal, había firmado un convenio con el grupo Arranz Acinas para ubicar en un edificio de su propiedad una oficina supuestamente dedicada a apoyar la internalización de los empresarios de la comunidad, despacho atendido por una tal Ana Cecilia Alvarado, que trabajaba simultáneamente para las dos partes contratantes.

Conocedor de todo este percal, Tudanca amagó pero nunca dio. En mayo de 2017 había sido reelegido al frente del PSCyL en el congreso autonómico celebrado en Zamora bajo el elocuente lema “La alternativa decente”. Sin embargo, y como por ensalmo, el líder de la oposición dejó de interesarse por el lado oscuro de la gestión de su paisano Juan Vicente, al que aún le restaban más de dos años de mandato. Del mismo modo que en las primarias socialistas de 2014 Tudanca pidió explicaciones a Villarrubia sobre el llamado “pacto de la Coronita” perpetrado en 2012 por el palentino con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, el actual secretario autonómico debería de explicar el ominoso pacto de silencio concertado con su paisano el hoy consejero del Consultivo.

Me he quedado sin espacio para ocuparme de la preocupante “amnesia” de la exconsejera Pilar Del Olmo, quien ha actuado en la sala de vistas con la misma desfachatez que cuando declaró por videoconferencia durante la fase de instrucción. Ya dije en vísperas del juicio que en el banquillo probablemente sean todos los que están, pero no están todos los que fueron. Ya veremos como salen del trance los seis antiguos cargos públicos o altos ejecutivos de la Junta finalmente encausados. Desde luego, los dos viceconsejeros del malogrado Tomás Villanueva, el citado Rafael Delgado y su alma gemela Begoña Hernández, lo tienen en chino mandarín. Por el contrario, dicen que el yerno de “El Águila de Toledo” mantiene la esperanza de salvarse de la quema.

La exconsejera de Hacienda entre los años 2003-2015, Pilar del Olmo, ha testificado este martes en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Valladolid contra parte de la cúpula de la Consejería de Economía y empresarios por el sobrecoste del edificio Perla Negra y la compra de los terrenos en Portillo para un polígono industrial que nunca se desarrolló. Del Olmo ha asegurado que nunca fue informada de la compra del edificio que albergaría las empresas públicas y algunas direcciones generales de Economía, sólo del alquiler.

Según ha precisado ante el tribunal, entre “finales de octubre y primeros de noviembre del año 2007” - cuando la construcción del edificio ya era un hecho-, el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, fue a su despacho para informarla de que quería “agrupar en un solo edificio en alquiler algunas direcciones generales, empresas publicas y fundaciones de su Consejería”. Villanueva tenía competencias a través de ADE -Agencia de Desarrollo Económico- para alquilar edificios pero no para servicios centrales por lo que pidió a Del Olmo una delegación de la secretaria general de Hacienda, Teresa Mata, al secretario general de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales acusados en el juicio. Esa delegación se llevó a cabo pero a partir de ese momento la exconsejera no supo más del asunto. “No me dieron cuenta de nada”, ha declarado.

Tanto es así, que supo que desde su Consejería se habían encargado dos tasaciones del edificio a Tinsa y a Alia que establecieron el valor del Perla Negra en 39,1 y 41,7 millones de euros respectivamente. Esa tasación, aunque la pagó Hacienda, fue un encargo de Rafael Delgado. Del Olmo ha explicado que su firma aparece en los contratos menores porque siempre son necesarias tres firmas y firmaba pilas de documentos de contratos menores. Conoció la existencia de esas tasaciones cuando la causa se estaba instruyendo y la Consejería tuvo que aportarlas al juzgado. Ha explicado que en la Consejería de Hacienda no tenían personal especializado para hacer ese tipo de valoraciones, de ahí que se encargasen a empresas externas. “¿Llegó a cesar a su secretaria general, Teresa Mata, por este asunto?”, ha preguntado el abogado de Rafael Delgado. “No tuvo nada que ver, nada”, ha respondido Pilar del Olmo.

Respecto a la compra del edificio, ha precisado que ella hizo la delegación de competencias para alquilar, pero no para comprar, si bien ha matizado que Gesturcal como empresa pública se rige por derecho privado y no por la Ley de Patrimonio, por lo que no precisa autorización, de hecho en endeudamiento de esa sociedad no computa en las cuentas de la Comunidad, por lo que puede comprar como si fuese una empresa privada. También ha reconocido que, aunque en el consejo de Gesturcal siempre ha habido altos cargos de su Consejería “nunca” le mencionaron que se iba a comprar el edificio.

La entonces consejera no sólo no supo de las tasaciones del edificio ni del cambio de planes de alquiler a compra, tampoco conoció que se había adjudicado a dedo un contrato por 4,4 millones de euros a Unifica para la división interna y la señalética del edificio. “Supe que no había expediente de adjudicación cuando lo busqué para remitirlo al juzgado y no encontramos la publicidad de la concurrencia, sólo la oferta de Unifica, no vimos expediente de ningún tipo”, ha confirmado. Fue en ese momento, en el año 2016, cuando vio “algo raro” y decidió personarse en la causa, a pesar de que años antes los servicios jurídicos de la Junta consideraron que no había perjuicio para la administración. En ese momento, en declaraciones ante la prensa, la entonces consejera fue tajante: “Sólo hay una persona que firma la adjudicación, sólo hay una persona que firma los pagos. No voy a decir el nombre, pero ostentaba el cargo de secretario de Economía”, anunció.

El abogado de Delgado ha preguntado si un expediente durante la corta fase de alquiler del edificio, en manos de Gesturcal, requería un expediente, algo a lo que Del Olmo no ha sabido responder. También a preguntas del mismo letrado, la exconsejera ha afirmado que el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, nunca habló con ella de la operación de compra del Perla Negra después de que Pablo Trillo le alertase de que los precios que se manejaban eran “disparatados”.

Durante la jornada de juicio de este martes han declarado también varios propietarios de terrenos rústicos en Portillo que vendieron a uno de los acusados para hacer un polígono industrial, que han confirmado con quien trataron y que la zona “sigue siendo un prado” así como un policía que ha ratificado el volcado que se hizo de un disco duro de Gesturcal. El juicio reanudará este jueves y está prevista la declaración de Juan Vicente Herrera como testigo.

Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

La tercera jornada de juicio del caso Perla Negra por el sobrecoste de un edificio de la Consejería de Economía y la compra de terrenos para un polígono en Portillo (Valladolid) ha contado hoy con el testimonio de varios trabajadores de ADE Parques que han defendido que lo mejor que pudo hacer la Junta de Castilla y León fue comprar los terrenos del fallido polígono a un grupo de empresarios también relacionados con la promotora del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

La primera testifical ha sido la del actual viceconsejero de Economía y que en el momento de los hechos era vocal de Gesturcal y director general de Industria, Carlos Martín Tobalina. Según ha explicado, conoció a uno de los acusados, Francisco Esgueva, que presidía Industria San Cayetano, a principios de 2008. Como director de Industria, Martín Tobalina participaba en las negociaciones para que San Cayetano se quedase con los 40 trabajadores de Smurfit tras su cierre definitivo, y Esgueva aprovechó para pedirle ayuda en la venta de los terrenos que poseía junto a otro empresarios junto a los que intentaba impulsar un parque empresarial. Según el viceconsejero de Economía, en ese momento le dijo que no era un asunto de su competencia y le instó a contactar con la Consejería. Sin embargo, poco después, cuando ya era vocal de Gesturcal, Rafael Delgado le instó a unir en una reunión a los directivos de Gesturcal, que había asorbido a Ade Parques con los promotores de ese suelo industrial en Portillo, dado que ya los conocía. El la reunión participaron el director financiero, Francisco Armero, y el consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Esgueva acudió con otro socio que no recuerda.

El viceconsejero ha precisado que fue el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, quien había señalado la necesidad de aumentar la bolsa de suelos industriales y que era necesario hacer ese esfuerzo. Así, ha recordado existía un Acuerdo Marco de Competitividad Industrial desde diciembre de 2005 y que lo habían firmado UGT, CCOO y CEOE y la Junta. La idea del consejero era apostar por suelo en el sur de Castilla y León, en concreto Ávila, Segovia, sur de Valladolid y partes de Soria y Salamanca para atraer a empresas de Madrid, que suponían el 30% de las que se captaban para la Comunidad.

Que la compra para el polígono se había hecho efectiva se conoció en la rendición de cuentas de 2010, que se hizo en un Consejo el 31 de marzo de 2011. Fue ahí cuando algunos consejeros detectaron un “incremento de existencias” al que pusieron “objeciones”.

En este sentido se pronunció Andres Guijarro, funcionario de carrera que era vocal del Consejo de Gesturcal y secretario general de Hacienda cuando detectó la compra de los terrenos. “Se nos dijo que era legal porque el presidente de Gesturcal tenía poderes, y que era una buena fórmula - comprar suelo a empresarios promotores- porque un proceso mediante expropiación podía judicializarse”, ha comentado. Según Guijarro nunca se habló del precio de los terrenos.

El actual director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Jesús Jiménez Miguel, también ha declarado este miércoles como testigo para relatar su participación en la compra de los terrenos cuando era el director general de Gesturcal. Según ha recordado, se negociaron los precios, si bien no sabían por cuánto habían comprado los empresarios. A la entonces viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, “no le gustaba ni la operación ni los pagos que según ella no deberían haber hecho”. De hecho, ella llegó a paralizar un pago y Delgado ordenó que se hiciese efectivo.

Según Jiménez, la decisión de compra fue de Delgado como consejero delegado de Gesturcal y su intención al usar a esas “empresas interpuestas” era que no se encareciese el precio y ahorrar en trámites administrativos y expropiatorios. A la pregunta de si había empresas interesadas en instalarse en el futuro polígono, ha dicho que “los empresarios manifestaban que sí, pero no dijeron qué empresas”. También ha reconocido que la operación sólo se conoció en la presentación de cuentas. Aun así, ha insistido en que el precio de compra “fue muy bueno” porque los empresarios pedían 34 euros por metro cuadrado y se acabaron pagando 12, lo que marcó el TSJ cuando se les condenó en un proceso de expropiación. “Cuanto más suelo, mejor precio de servicios generales de agua, electricidad, por eso se pedían más metros. Si los propietarios de suelo saben que una administración está detrás, el precio se calienta”, ha justificado. Así, ha señalado que el precio de venta de suelo en el Polígono de San Cristóbal (un espacio que lleva décadas asentado en Valladolid capital) es de 240 euros por metro cuadrado. También ha reconocido que Gesturcal funcionaba como pagadora, pero que las decisiones se tomaban en la Consejería de Economía.

El resto de testigos han sido funcionarios y extrabajadores que tuvieron alguna participación en la compra de Perla Negra, pero que apenas recordaban algún detalle por haber sido circunstancial y por los tres lustros que han pasado desde entonces.

La tesis de la Fiscalía es que la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

El juicio se reanudará el próximo lunes.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ante el Pleno de las Cortes para que explique en sede parlamentaria los pormenores de la adjudicación de un contrato de 15 millones de euros de fondos europeos a la empresa Clave Mayor S.A, del empresario Francisco Armero, a quien Fiscalía pide cuatro años de cárcel en la causa de 'la Perla Negra'.

Ana Sánchez ha tirado de ironía para recordar que el propio consejero afirmó que estaba “deseoso” de comparecer en las Cortes para dar explicaciones sobre este contrato por lo que la secretaria de Organización del PSCL y vicepresidenta segunda de la Mesa ha expresado su deseo de que el órgano de dirección del Parlamento dé el visto bueno el próximo viernes a la comparecencia del consejero pedida por el PSOE. “Sus deseos --los del consejero-- son órdenes”, ha zanjado.

“No ha terminado la primera temporada de la corrupción del PP en Castilla y León y ya están rodando la segunda”, ha exclamado Ana Sánchez parafraseando el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario, Luis Tudanca, cuando acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haber adjudicado 15 millones de euros de fondos europeos el pasado 13 de julio a un imputado en el caso de 'la Perla Negra'.

Ana Sánchez ha recordado al respecto que este mismo lunes ha comenzado el juicio de este caso tras la desestimación de todas las peticiones de las defensas de los acusados entre los que se encuentran, ha rememorado, dos ex viceconsejeros de la Junta de Castilla y León presidida por Juan Vicente Herrera en un gobierno del que formaban parte tanto Fernández Mañueco como Fernández Carriedo y “a los que advirtieron y miraron para otro lado”.

“Mañueco ya estaba allí ¿y ahora hablan de responsabilidad 'in vigilando'?”, se ha preguntado de forma retórica la dirigente socialista que ha criticado expresamente la “laxitud” y la “levedad” de las penas que pide la Junta de Castilla y León, personada en este caso “porque se vio obligada” en su deber de velar por los intereses económicos de los castellanos y leoneses por el destino de un dinero que salía de las arcas públicas en plena crisis económica.

“No es una actualidad de hoy, es una actualidad de décadas de decadencia y de corrupción”, ha lamentado Ana Sánchez que ha situado la “corrupción” en la Junta de Castilla y León gobernada por el PP durante años como “un tema estructural de norte a sur y de este a oeste de la Comunidad Autónoma” en el que el juicio de la Perla Negra es un “símbolo” de un Gobierno que se creyó “impune e inmune”.

Sánchez ha aprovechado la ocasión también para destacar que el inicio del juicio sobre 'la Perla Negra' coincide en el tiempo con la víspera del 20 aniversario de los atentados del 11M sobre los que el PP “mintió y manipuló”. A esto ha añadido que el Partido Popular fue condenado como “una organización criminal para delinquir” por lo que ha rechazado “lecciones de nada” por parte los 'populares' que “no sólo no dan ejemplo si no que no tiene propósito de enmienda”.

“No sólo no tienen propósito de enmienda, es que siguen con sus sucias manos”, ha sentenciado la secretaria de Organización del PSCL tras conocerse la adjudicación de un contrato valorado en 15 millones de la empresa Clave Mayor S.A. dirigida por un imputado en el caso de 'la Perla Negra' al que se piden cuatro años de cárcel, entre otras penas.

“Ya están rodando la segunda temporada sin dar explicaciones”, ha concluido Sánchez que ha comparecido en rueda de prensa junto a la viceportavoz del Grupo Socialista y parlamentaria por Valladolid, Patricia Gómez, que ha recordado por su parte las “críticas e insultos” que recibieron sus compañeros de grupo Javier Izquierdo y José Francisco Martín a los que los 'populares' reprocharon que no tenían ni idea. “Ni estaban tan locos y sí sabían lo que estaba pasando”, ha ironizado.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha reafirmado en la “laxitud” de las penas de prisión y de las indemnizaciones que pide la Junta de Castilla y León como acusación, “las más bajas”, frente a las que solicita la fiscalía o el PSOE, y ha lamentado que el Gobierno autonómico no haya dirigido acusación a políticos como Juan Carlos Sacristán, Alberto Esgueva o Francisco Armero.

Patricia Gómez ha recordado también que la Junta de Castilla y León tenía un deber 'in vigilando' y, tras recordar que esas personas “siempre han estado ahí”, ha lamentado que “en el momento de la verdad, el de defender los derechos de los castellanos y leoneses”, el Gobierno autonómico lo haya “dejado pasar” mientras “mira para otro lado para hacer como si esto no ha pasado”.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha augurado “sentencias condenatorias hacia los miembros del PP” por “el mayor caso de corrupción hasta ahora” que, según ha reiterado, “salpica directamente” al Gobierno de Fernández Mañueco de quien ha recordado que compartía Consejo de Gobierno con el “todo poderoso” Tomás Villanueva que, según ha recordado la socialista, estaba imputado y hoy también se habría sentado en el banquillo de los acusados.

La primera sesión del juicio Perla Negra, por el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía y la compra de terrenos para un polígono en Portillo (Valladolid) ha transcurrido con relativa rapidez. La Audiencia Provincial había reservado tres jornadas para la fase de cuestiones previas para acusaciones y defensas de los 12 encausados, pero se ha resuelto en una mañana y será el lunes cuando el tribunal se pronuncie y, en el caso de proseguir el juicio, arranque la fase de interrogatorio a testigos y peritos.

Las defensas de los dos principales acusados, los exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, han alegado, entre otras cosas, la prescripción de los delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias en un intento para archivar la causa que la fiscal del caso ha desmontado con contundencia. En su calificación provisional considera que los hechos que van a juzgarse constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.

Los abogados se han a referido a delitos que presuntamente de habrían cometido en 2005 y que ya no podrían juzgarse, pero el Ministerio Público ha precisado que cuando se trata de delitos continuados, el plazo que se aplica no es desde que arranca la presunta comisión, sino desde que cesa, por lo tanto habría que contar el plazo de prescripción de 10 años desde 2015.

Además, al igual que ocurrió hace dos años, cuando se intentó celebrar por primera vez el juicio, las defensas han vuelto a asegurar que no se les ha trasladado la causa al completo, algo que motivó la suspensión en marzo de 2022. Ahora se basan en la falta de certificación de la documentación que se les ha trasladado en los últimos dos años, y que les hace dudar que tengan el sumario completo. De hecho, se han quejado del desorden en la documentación, de documentos no foliados y de cambios en la numeración de páginas según el formato en el que se acceda. “Es como si cogemos El Quijote, rompemos las hojas, la barajamos y decimos ahí tiene usted El Quijote”, ha recriminado una de las defensas.

Aunque la Fiscalía y la abogada que representa a la Junta de Castilla y León han considerado que es cierto que la Letrada de la Administración de Justicia no ha certificado qué se ha trasladado y a quién, no es más que un “defecto formal” puesto que las defensas han tenido acceso a la causa en su totalidad y de forma individualizada y no habría lugar a la suspensión esta vez.

Además, las defensas han pedido o se han adherido a las peticiones de nulidad de actuaciones por vulneración del derecho de defensa o por falta de imputación de hechos concretos y han hecho constar las dilaciones indebidas en una instrucción que se ha prolongado más de 10 años. “La denuncia de los hechos data de 2012, el primer auto es de 2015 y los imputados no declaran hasta 2017”, ha esgrimido el abogado de Begoña Hernández.

Por otro lado, el abogado de Rafael Delgado ha intentado que se expulsase de la causa a la abogada de la Junta de Castilla y León “por falta de legitimación activa” ya que la empresa pública Ade Parques Gesturcal entendió en 2015 que no había resultado perjudicada y se apartó del caso. Pero en 2016, la Junta, que había ido desechando cada ofrecimiento de acciones que le propuso la Fiscalía, decidió personarse como acusación particular, tras la orden dada por la que era consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al descubrirse el pago de 4,4 millones de euros si concurso previo a Unifica, el mismo estudio de arquitectos que reformó la sede del PP de la calle Génova y que cobró en dinero B. “Es el Ministerio Fiscal el que tiene que velar por los intereses de la sociedad, no la Junta haciendo gala de una hipertrofia procesal”, ha argumentado el abogado. el defensor de Delgado.

La única defensa que se ha mostrado contraria a una suspensión del juicio ha sido la de Francisco Armero, ex director financiero de ADE Parques y Gesturcal. Armero es ahora consejero de una empresa que va a gestionar 15 millones de euros de fondos europeos, tal y como denunció el PSOE el pasado miércoles. El abogado se ha referido a una “pena de desconsuelo insoportable”.

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La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde este lunes a los 12 encausados por el denominado caso de 'La Perla Negra', una de las tramas más importantes de corrupción en la etapa de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta de Castilla y León. Tras un periodo de diez años de instrucción y después de suspenderse hace dos años porque las partes no tenían la causa al completo, se han fijado 26 días repartidos entre febrero y mayo para dilucidar si se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración en la construcción y compra del edificio conocido como Perla Negra y que aloja actualmente varios departamentos de la Consejería de Economía.

Entre los acusados están quienes formaron parte de la cúpula de la Consejería de Economía cuando se empezó a tramitar el concurso para el edificio en 2005, así como empresarios beneficiados por la trama. El entonces consejero, Tomás Villanueva llegó a estar imputado, pero falleció repentinamente en 2017, poco antes de declarar ante el juez que instruía el caso. Además del edificio, por el que se pagó un sobrecoste de decenas de millones y que se adjudicó amañando un concurso, el caso abarca la compra de terrenos para un polígono, con precios hasta 9 veces superiores a los de mercado. No es la única causa pendiente de esa Consejería, está pendiente aún el caso de la Trama Eólica, que tiene encausados comunes con Perla Negra.

En el juicio, que se desarrollará a lo largo de los cuatro próximos meses, los primeros tres días están reservados a cuestiones previas, después desfilarán hasta 90 testigos y peritos, entre los que se encuentra el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y por último, declararán los acusados. No es lo común, pero la Sala ha accedido a dejarlos para el final para garantizar el derecho de defensa en un caso de especiales características y complejidad. En la causa, además del Ministerio Público, hay dos acusaciones particulares, el PSOE y el propio gobierno autonómico, que no se personó hasta 2016, momento en que la causa estaba muy avanzada, por considerar que no se había producido ningún perjuicio económico y todo ello a pesar de que la Fiscalía llegó a ofrecerle, al menos en dos ocasiones, la posibilidad de ejercer acciones penales. Pero ni siquiera una vez personado el Gobierno autonómico, tuvo claro los delitos que presuntamente se cometieron al inflar los precios del edificio y del suelo de un polígono industrial que no llegó a construirse. No sólo eso: llegó a pedir el archivo de la causa e incluso abroncó al juez porque algunos medios, como elDiario.es, publicaron datos y documentación sobre la instrucción del caso. De hecho, las peticiones de pena que propone la Junta de Castilla y León su escrito de acusación son notablemente inferiores a las de la Fiscalía y, en el caso de los responsables de empresas públicas que participaron en la trama, ni siquiera les acusa.

Estos son los acusados:

Rafael Delgado. Es el principal acusado del caso junto a Begoña Hernández. Fue viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería y autorizó facturas para pagar 4,4 millones de euros a Unifica, el mismo despacho de arquitectos que reformó la sede del PP en la calle Génova y cobró en dinero negro. En el caso Perla Negra, no se licitó ningún concurso, directamente se eligió a Unifica. Las investigaciones posteriores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional revelaron mucho más. Unifica no sólo recibió los 4,4 millones de manera irregular, sino que parte del dinero retornó a la constructora y a la promotora a través de sociedades administradas por los propietarios de las dos mercantiles. La Fiscalía pide para Delgado 11 años de prisión, el PSOE más del triple, 34 años, la Junta de Castilla y León, 11. Además el PSOE solicita multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial a la Junta.

Begoña Hernández. La sucesora de Delgado como viceconsejera de Economía se enfrenta a una petición de pena de prisión de 11 años por parte de la Fiscalía, de 34 años por el PSOE y de 4 por parte de la Junta de Castilla y León. Además el PSOE solicita igual que a Delgado el pago 50,7 millones a la Junta, en concepto de indemnización por el daño patrimonial creado por el alquiler y posterior compra del edificio por los terrenos del polígono de Portillo, que sigue sin desarrollar.

Los empresarios que presuntamente se beneficiaron de la trama son Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Carlos González Maestro, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Francisco Esgueva. Para todos ellos el Ministerio Público solicita 6 años de prisión y una indemnización solidaria de 16 millones de euros. Todos ellos ya tienen impuesta una fianza solidaria de 18 millones. El PSOE pide penas distintas para todos ellos:

Para Alberto Esgueva el PSOE pide 34 años de cárcel, 105 años de inhabilitación, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta no le acusa de nada.

Para Ángel Román Montes, el PSOE solicita18 años de cárcel, 42 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 56,3 millones y el pago de 56,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones de euros.

Para Francisco Esgueva,  el PSOE solicita 14 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración, 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones de euros.

Para Germán Martín Giraldo,  el PSOE solicita 22 años de cárcel, 42 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración, 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta solicita 11 meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias y multa de 10 millones.

Para Carlos González Maestro, el PSOE interesa una condena de 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide para él 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones.

Para Luis Antonio Recio, la condena que pide el PSOE asciende a 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide para él 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones.

Para Luis Ángel Rodríguez, 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta La Junta pide para él 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones.

Por otro lado están los acusados que tuvieron cargos en empresas públicas dependientes del gobierno autonómico.

Salvador Molina Martín, que fue director gerente de Gesturcal, se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El PSOE pide 11 años y seis meses de cárcel, 45 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta de Castilla y León no acusa.

Francisco Armero, que fue director financiero de la empresa Gesturcal, se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El PSOE solicita 11 años y seis meses de cárcel, 45 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta no acusa

Juan Carlos Sacristán, que fue consejero delegado de Gesturcal se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de 11 años por delito continuado de revelación de secretos en concurso con delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El PSOE solicita 11 años y seis meses de cárcel, 45 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta de Castilla y León no acusa.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha denunciado que la Junta de Castilla y León adjudicó 15 millones de euros de fondos europeos a una empresa de un imputado en el caso Perla Negra. El director de fondos y consejero de Clave Mayor y la persona para gestionar el fondo de capital riesgo ICE Eficiencia Energética (para poner placas solares en pymes) que adjudicó el gobierno autonómico en julio de 2023 es Francisco Armero, que se sentará en el banquillo a partir del próximo lunes por el caso de corrupción de Perla Negra.

Fiscalía pide cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación a Francisco Armero, que está acusado de malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos mientras fue el director financiero de ADE Gesturcal, la empresa pública de gestión de suelo de la Junta de Castilla y León. El PSOE pide 11,5 años de cárcel y una multa de 30 millones. La Junta de Castilla y León, que tardó años en personarse en la causa como perjudicada, no acusa a Armero, es decir, no pide ninguna pena para él.

Francisco Armero está acusado de haber firmado parte de las facturas del pago de 4,4 millones de euros por el amueblamiento del edificio Perla Negra, sin que mediase una licitación. La cantidad la cobró la empresa UNIFICA, la misma que reformó en B la sede del PP de Madrid.

Debía controlar a una empresa que le fichó cuando fue imputado en Perla Negra

En 2008, como director financiero de ADE Gesturcal, adjudicó un fondo de capital riesgo similar (Fondo Tecnológico Seguranza) a la empresa Clave Mayor, en la que después de ser cesado trabajaría hasta ahora. Francisco Armero debía controlar qué pasaba en el Fondo Seguranza que dirigía Clave Mayor. En 2012, el juez imputa a Francisco Armero por la Perla Negra y fue cesado de su cargo en la Junta de Castilla y León. Es entonces cuando se incorpora a la empresa Clave Mayor, donde ahora es director financiero.

“Clave Mayor gestionó 36 millones de euros de fondos europeos en el fondo de inversión Seguranza para once empresas. Solo dos obtuvieron beneficios, el resto han sido liquidadas con pérdidas, calculamos que hay 25 millones de euros de pérdida. La empresa cobró 3,6 millones de euros por una gestión desastrosa”, ha asegurado el portavoz socialista, Luis Tudanca, que ha comparecido ante los medios acompañado de la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario, Rosa Rubio.

En marzo de 2023, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León convoca un concurso público del fondo de capital riesgo al que solo se presenta esta misma empresa, Clave Mayor, a la que se le adjudica el contrato en julio. El objetivo es que la entidad gestora capte fondos privados de un mínimo de 50 millones de euros y un máximo de 100 millones de euros.

El PSOE: “Solo se presenta una empresa; lo de siempre”

Luis Tudanca ha informado que entre los requisitos no se exige una inversión privada asegurada para adjudicar el contrato y basta con haber participado en un solo fondo de capital riesgo similar. “Solo se presenta una empresa; lo de siempre”, ha ironizado el secretario general del PSOE autonómico, que ha recordado que se adjudica este contrato millonario “a una empresa que nos hizo perder mucho dinero público”. “Castilla y León perdió dinero pero los amiguitos del PP ganaron”, ha criticado. Entre los accionistas de Clave Mayor se encuentra Juan Carlos Franquet, exconsejero de Industria en Navarra con la Unión del Pueblo Navarro (UPN), según informan los socialistas. Según ha estimado Rosa Rubio, la empresa gestionará entre 15 y 30 millones de euros públicos —además de los fondos privados que se capten— y obtendrá un beneficio de entre 3,7 y 28 millones de euros.

Luis Tudanca ha pedido explicaciones al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Economía y Hacienda y máximo responsable del ICE, Carlos Fernández Carriedo, que preside la Comisión Ejecutiva del ICE, que aprobó esta adjudicación a Clave Mayor por unanimidad.

Francisco Armero está entre los 12 acusados de corrupción en el caso del sobrecoste del Edificio de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León —conocido como la Perla Negra— y que aloja varios departamentos de la Consejería de Economía. El Juzgado ha estado más de diez años investigando si se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, revelación y valoración de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración en la construcción y compra del edificio.

La Audiencia de Valladolid ha acordado devolver nuevamente al Juzgado de Instrucción número 2, y ya es la segunda vez, la causa del denominado caso de 'La Perla Negra' el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso han recibido la totalidad de la misma, tanto en soporte papel como en soporte digital, para evitar así incurrir en una posible nulidad por vulneración del derecho de defensa.

En virtud del presente auto, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, se acuerda extender “diligencia de constancia por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de manera individualizada para cada una de las defensas haciendo constar que se ha llevado a cabo esa entrega íntegra y, posteriormente, se conceda nuevo plazo a las defensas para presentar los correspondientes escritos de defensa, plazo que el juez instructor valorará si debe ser proporcional al concedido a las acusaciones”.

La decisión de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, órgano sentenciador de la presente causa, supone un nuevo retroceso en este procedimiento que podría ver demorada la celebración del correspondiente juicio hasta el segundo semestre de 2023.

La Audiencia de Valladolid, que por ello 'devuelve a toriles' el caso, ya acordó suspender la celebración del juicio el pasado día 14 de marzo al decretar la nulidad de actuaciones solicitada por las partes, ya que éstas sostenían que no habían tenido acceso a la totalidad de la causa, y al día siguiente dictó un auto en el que reclamaba al juez instructor cumplimentar los vacíos o lagunas en la entrega de la documentación, entre ellas un CD.

“Puede comprobarse que no se ha llevado a efecto lo acordado por esta Sala en el punto segundo, inciso final, en el Auto de 15 de marzo de 2022, ya que no existe constancia de que se haya dado traslado completo de las actuaciones a las defensas”, recoge el auto que obliga a devolver lo actuado a Instrucción 2 para que subsane el problema.

El juicio de 'La Perla' que fue ya suspendido por esta causa estaba previsto que se prolongara durante 23 días, entre el 13 de marzo y el 29 de abril pasados, proceso en el que estaban citados, entre testigos y peritos, hasta un total de 90. Entre los primeros figuraban el que fuera presidente de la Junta Juan Vicente Herrera -su declaración se había fijado para el día 30 de marzo- y la exconsejera de Economía y Hacienda y hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo.

La causa de 'La Perla Negra' guarda relación con la compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid) y también con la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

Beneficio a algunas mercantiles

Tales operaciones, a juicio de la Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha pedido formalmente a la Audiencia Provincial de Valladolid, encargada de celebrar el juicio del 'caso Perla Negra', que permita a los medios de comunicación acreditados tener acceso a la grabación íntegra y al sonido de dicho juicio, han informado en un comunicado. Rechaza así las limitaciones acordadas por este órgano ante el juicio que empieza el próximo lunes 14 de marzo y en el que están imputados exaltos cargos de la consejería de Economía por presuntas irregularidades en la construcción del edificio ubicado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Para el Colegio el acceso a todas las imágenes del juicio es lo que “garantizaría que puedan cubrir informativamente la vista con garantías de rigor y de calidad audiovisual tanto a nivel técnico como de contenido”. La solicitud la realizan en base “en el indudable interés público de este juicio, al tratarse de un delito que afecta a la gestión de la administración pública por parte de los responsables públicos”.

Recuerdan además que en Castilla y León otros juicios de gran relevancia social como el 'caso Carrasco', 'caso Peregrina» o 'caso Aticos' sí se permitió el acceso completo a la señal audiovisual, como sucede en los juicios importantes nacionales como las piezas del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional o el 'caso Procés' en el Tribunal Supremo.

La decisión de la Audiencia de Valladolid ha sido que los periodistas pueden grabar audio y vídeo y obtener imágenes fijas durante los primeros diez minutos de cada sesión, pero “el rostro de testigos y peritos no puede ser grabado ni emitido”, algo que solo se contempla habitualmente si los testigos son menores de edad o un testigo protegido. Esto evitaría que testigos de relevancia pública, como el expresidente de Castilla y León, evitarán una imagen que sí se ha visto de otros cargos como Mariano Rajoy o José María Aznar, en testificales en distintos juicios. Además la indicaciones señalan las imágenes obtenidas no podrán emitirse parcial o completamente, ni en directo ni en diferido y que solo se pueden usar las grabaciones “para elaborar piezas informativas”. Las declaraciones de los acusados sí podrán grabarse por completo.

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León pide al presidente del Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid que autorice la grabación íntegra de imagen y sonido del juicio del a través de la señal institucional, “garantizándose de esta manera el derecho a la información”.

La Audiencia de Valladolid impedirá difundir imágenes del expresidente de la Junta de Castilla y León como testigo en el caso Perla Negra, cuyo juicio empieza el próximo 14 de marzo. Juan Vicente Herrera será uno de los 90 testigos y peritos que están citados a declarar en el juicio por el presunto sobrecoste millonario del edificio Perla Negra para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid).

Según las indicaciones que ha remitido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los medios, los periodistas pueden grabar audio y vídeo y obtener imágenes fijas durante los primeros diez minutos de cada sesión, pero “el rostro de testigos y peritos no puede ser grabado ni emitido”, algo que solo se contempla habitualmente si los testigos son menores de edad o un testigo protegido. En otros procesos judiciales como el de la caja B del Partido Popular, la imagen de testigos como el expresidente Mariano Rajoy pudo ser grabada y difundida por los medios de comunicación. El audio de toda la vista sí podrá grabarse y emitirse.

Además, las imágenes no podrán emitirse parcial o completamente, ni en directo ni en diferido. Solo se pueden usar las grabaciones “para elaborar piezas informativas”. Las declaraciones de los acusados sí podrán grabarse por completo.

El TSJ ha remitido a primera hora de la tarde un comunicado en el que ha defendido que la no grabación de los rostros de testigos y de peritos es “habitual” en los juicios que celebra la Audiencia Provincial. El TSJ mantiene que la guía para medios donde se concreta la cobertura informativa de los juicios es “siempre” aprobada por el órgano judicial que celebra la vista. Es este caso, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha tomado la decisión final tras la propuesta del TSJ.

Doce personas, entre las que figuran exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, se sentarán en el banquillo de los acusados. El juicio empezará el 14 de marzo y se dilatará hasta el 29 de abril.

También forma parte del caso la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona y por los que la Junta de Castilla y León también pagó más de lo que costaban. Ambas operaciones tienen en común a empresarios que se beneficiaron y como presuntos responsables a personas que formaban parte de la cúpula de Economía.

La declaración de Herrera fue solicitada por la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, principal acusado de una causa en la que figura también como acusada su sucesora en el cargo, Begoña Hernández.

Las elecciones del próximo 13 de febrero en Castilla y León vienen marcadas por un complicado calendario judicial. El caso de corrupción que centró su celebración este mes es el conocido como 'Perla Negra', cuyo juicio arranca el próximo 14 de marzo y que tendrá la foto que el Partido Popular más teme: la del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, declarando como testigo en una causa que se empezó a instruir en 2013.

El 'Perla Negra' fue el sobrenombre que se le puso al edificio que la Consejería de Economía compró en Arroyo de la Encomienda, un municipio pegado a Valladolid y que alberga gran parte de las empresas públicas de la misma. Los presuntos delitos que se van a dirimir son cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros y de ellos tendrán que responder 12 personas entre las que se encuentran excargos de la cúpula de la Consejería y empresarios. El edificio no iba a costar más de 41 millones y se acabó pagando 70.

Entre los acusados están los que fueron, en distintos momentos, viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Delgado está también acusado en la Trama Eólica, junto a empresarios que también forman parte de esa causa. El exviceconsejero mantiene la misma versión en los dos casos: que cumplió órdenes del que en ese momento era consejero de Economía, Tomás Villanueva. Él ya no podrá responder porque en 2017, poco antes de que tuviese que declarar en calidad de imputado, falleció inesperadamente. Delgado y Hernández se enfrentan a peticiones de pena de prisión de 11 años de la Fiscalía y de la Junta de Castilla y León. La acusación popular, el PSOE, reclama 34.

Connivencia de la Consejería con los empresarios y un precio “disparatado”

El relato judicial establece para acusar que en la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó.

La Junta llegó a firmar hasta dos contratos de arrendamiento de la mano de la empresa pública Gesturcal, que se encarga de la compra de suelo para el Gobierno autonómico. Sin embargo, el alquiler no se materializó. Uno de los vocales de Gesturcal, Pablo Trillo-Figueroa, se reunió con el presidente, Juan Vicente Herrera, en septiembre de 2008, “después de las fiestas de Valladolid”, y le advirtió que tanto el precio de alquiler como de la opción de compra “eran disparatados”. Así lo relató ante el juez durante la fase de instrucción, cuando declaró el calidad de imputado. La Junta decidió comprar el edificio y no alquilarlo. La promotora pedía entre 60 y 72 millones, y supuestamente se cerró una compra por 52. Pero se pagaron 70. Un informe de la Intervención General del Estado señala, entre otras irregularidades, que se pagó dos veces por algunos conceptos.

Un encargo de 4,4 millones al estudio de arquitectos que reformó la sede del PP en Génova

En la oscura trama aparece además un estudio de arquitectos, Unifica Servicios Integrales, el mismo que eligió la dirección nacional del PP para reformar “en negro” su sede de Génova, la misma de la que ahora se quiere deshacer. Unifica recibió 'a dedo' un contrato de 4,4 millones de euros para realizar las divisiones internas y la señalización del Perla Negra y todo ello sin que durante la investigación haya aparecido un pliego de condiciones o un contrato, sólo las abultadas facturas. Sus propietarios declararon ante el juez que la Consejería de Economía contactó con ellos directamente. Nadie ha explicado por qué ese estudio madrileño o quién lo recomendó. Las investigaciones posteriores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sí tuvieron resultados interesantes: Unifica no sólo recibió los 4,4 millones de manera irregular, sino que parte del dinero retornó a la constructora y a la promotora a través de sociedades administradas por los propietarios de las dos mercantiles. Según los informes de la UDEF, el estudio de arquitectura cobró, entre el 2 de enero de 2009 y el 10 de febrero de 2010, 4.444.315,91 euros del Gobierno de Herrera a través de la empresa pública Gesturcal / Ade Parques Tecnológicos y Empresariales. La Junta de Castilla y León efectuó dichos pagos mediante cinco facturas. Una vez cobradas, Unifica desvió parte del dinero a empresas vinculadas a la promotora del inmueble. Los pagos de Unifica a esas empresas están justificados mediante facturas que la UDEF define como un “corta-pega”, no están justificados con contratos. Pese a las implicaciones del informe policial, el juez instructor sacó a los dos administradores de Unifica de la lista de imputados y no van a responder del cobro irregular de 4,4 millones.

Pero la trama entre los responsables de Economía y la promotora del edificio va más allá de Valladolid y Madrid y llega hasta Bruselas. Los dueños de Urban Proyecta PM3 compraron una sociedad belga con un palacete en propiedad en Bruselas. Ese edificio se alquiló en 2006 a la Junta de Castilla y León por una renta de 12.000 euros al mes que fue subiendo. Curiosamente, la compra de la sociedad belga y el alquiler posterior del palacete se formalizaron en un breve plazo de tiempo y cuesta creer que fuese casual que la Junta buscase unas oficinas para abrir una sede comercial y esos empresarios vallisoletanos acabasen de adquirir el inmueble. El contrato tenía una vigencia de 15 años y obligaba a la Junta a pagar 13.920 euros al mes (en 2012 el precio superaba los 15.000 euros), incluso si se rescindía antes de diciembre de 2021.El alquiler se habría mantenido hasta el pasado año si en 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores no hubiese indicado a las Comunidades Autónomas que dejasen de gastar dinero en alquileres de sedes fuera de España y se instalasen en dependencias de las embajadas o del ICEX. El contrato de alquiler se rompió y los empresarios reclamaron a la Junta 1,6 millones de euros de indemnización.

Se desconoce si se llegó a pagar esa cantidad, que reclamó la tercera propietaria del palacete también. Porque los vallisoletanos se deshicieron de la sociedad de belga y acabó en manos de una mercantil madrileña, Nioma Activos. A su propietario se le intentó citar en el juzgado una sola vez, no se consiguió y ahí quedó la investigación. De Bruselas no se va a juzgar nada porque según el juez, desde 2017 que se conocieron los hechos hasta finales de 2019 que se cerró la causa para llevarla a juicio oral, “no ha dado tiempo” a investigar más.

Por otro lado, sí se han descubierto operaciones inmobiliarias particulares entre Rafael Delgado y los promotores, entre ellas la compra de un piso en el que los empresarios debían abonar la mitad mediante facturas falsas.

Respecto al Polígono de Portillo, que sigue sin desarrollar, la Junta de Castilla y León pagó 34 millones de euros por los terrenos y una vez más, el juez considera que la promotora Urban Proyecta recibió información privilegiada, puesto que comenzó a adquirir suelo rústico que después vendió al Gobierno Autonómico. “Lo que es indudable es que se trata de otra operación preparada en connivencia con los altos cargos de la Junta, Alberto Esgueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández, en favorecimiento de Urban Proyecta”, precisaba el juez. La Junta de Castilla y León, que negó la trama durante años, e incluso el perjuicio económico, reclama 16 millones de euros y penas de prisión para los principales acusados. Herrera, obligado a decir verdad como testigo cuando declare, tendrá que explicar cómo durante años se favoreció a los mismos empresarios sin que él se diese cuenta a pesar de que Trillo, candidato a las Cortes de Castilla y León, le dio el aviso. Para cuando el expresidente esté ante el juez, la Junta estará afrontando el arranque de una nueva legislatura, pero el PP, esté o no al frente del Gobierno, no se librará de la cobertura mediática del caso.

Carisma, según la RAE, es la especial capacidad de algunas personas para atraer o seducir. Una especie de efecto imán que algunas personas desprenden con su mera presencia; otras, con su manera de comunicar y alguna que otra, con una simple mirada. De ahí lo de los ojos que atrapan cuando nos miran o lo de las miradas huidizas que tanto repelen. 

Alfonso Fernández Mañueco es de esos políticos que antes de alcanzar el poder, no atraía ni por su mirada ni por su elocuencia ni por su presencia. Tampoco, después. La presidencia de Castilla y León no le ha dado lo que no está en su ADN.  Ni pasión ni convicción. 

El sucesor del también popular Juan Vicente Herrera lleva ocho días por todas las televisiones y radios pidiendo la dimisión del ministro Garzón y seguramente desde ocho meses antes, tratando de huir del elefante que tiene en su salón. Disimula, miente, manipula, descontextualiza, trata de escaparse con un adelanto electoral… Y todo para ignorar la presencia del colosal mamífero que merodea por su habitación y que lleva el nombre de corrupción. 

No es  por tanto la calidad de la carne ni el futuro de la ganadería lo que ocupa o preocupa a Mañueco en estas semanas de precampaña electoral. Es el caso 'Perla Negra', es la trama eólica y es la presunta financiación ilegal de su partido. El PP se revuelve contra el adversario para tapar sus vergüenzas por unas palabras que el ministro no dijo. Le ha tocado a Garzón pero podía haber sido a Planas, a Robles, a Marlaska, a Belarra o a Montero. Y el PSOE ha sido incapaz de verlo porque le han temblado las piernas por lo que el debate pueda desgastarle en las urnas.

El ministro de Consumo no dijo que la carne española fuera de mala calidad ni atacó a los ganaderos, sino que criticó las industrias con miles de animales contra las que ya se están tomando medidas tanto el Gobierno de España como distintas Comunidades Autónomas. Lo que afirmó es que las macrogranjas “contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan carne de peor calidad de animales maltratados”. Nada que no esté en el debate desde hace años y que no hayan explicitado en alguna ocasión los dirigentes del PP de distintas regiones, los del PSOE y hasta sus homólogos europeos.

El Ministerio de Agricultura trabaja en un decreto que regulará el tamaño de las granjas de vacuno y que limita la capacidad máxima de la explotación a 850 unidades de ganado de gran tamaño para las granjas de bovinos. Castilla-La Mancha ha anunciado una moratoria que prohíbe la construcción de nuevas macrogranjas; Aragón ha presentado un proyecto de ley que limita el tamaño de “todas las explotaciones ganaderas intensivas”; Navarra prohíbe ya la construcción o ampliación de explotaciones con más de 1.250 unidades de vacuno y Cataluña ha tomado medidas para impedir el desarrollo de nuevos proyectos. El problema existe, por tanto, y también la voluntad política de atajarlo.

Esta es la realidad y estos son los datos. Luego ya, está lo que Mañueco ha querido tergiversar con un único objetivo, que es que no se hable de los casos que investiga la justicia y afectan de lleno al PP en Castilla y León. El elefante que hay en su salón tiene 12 cabezas -no de ganado- que la Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo el próximo marzo, entre ellas la de varios cargos del PP de la Junta durante el mandato de Juan Vicente Herrera, a quienes se les imputan delitos tan graves como el de prevaricación, malversación de caudales y revelación de secretos. El propio Herrera tendrá que declarar como testigo en el juicio por las actuaciones de un gobierno del que Mañueco formaba parte cuando se realizaron operaciones presuntamente corruptas y que responde al conocido como caso Perla Negra

En el cercano horizonte judicial también está presente la llamada trama eólica, un caso que se investiga desde hace cinco años, por las supuestas irregularidades en la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Y a todo ello se suma la reciente decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, de imputar al PP de Salamanca como persona jurídica; a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, en una causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del partido durante las primarias en 2017 que ganó Mañueco. 

Tanto el anticipo electoral como la campaña contra Garzón es tan sólo una finta para llegar a las urnas antes de que sean juzgados los asuntos judiciales que afectan a su partido y para apartar el foco de los escándalos propios. Más claro: Mañueco ha usado a las vacas de coartada para no enfrentarse al elefante. 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado responder este miércoles en el pleno de las Cortes ante los casos de corrupción que implican al Partido Popular -la presunta financiación ilegal del partido en las primarias que ganó Mañueco- y a la Junta de Castilla y León -trama eólica y perla negra-. “No vamos a bajar al barro”, ha respondido Mañueco al líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, a quien ha acusado de acudir al pleno “con una sobredosis de sanchismo”. Poco después, ha abandonado el hemiciclo, a pesar de que la número 2 del PSOE también le interpelaba para preguntar por el PP de Salamanca.

Tudanca ha asegurado que no se 'alegra' de los casos de corrupción que están investigando varios juzgados de la comunidad, que le “indignan y entristecen profundamente”. El portavoz del Grupo Socialista ha reclamado la dimisión de Mañueco, que ha culpado a Tudanca de “cubrir con sombras oscuras y tenebrosas toda Castilla y León” porque “no tiene un proyecto” para la comunidad.

Mañueco se ha comprometido este miércoles a “asumir” sus responsabilidades “para proteger la salud, ayudar a las personas del campo, proteger a las familias y ayudar a las empresas”. Luis Tudanca, por su parte, ha recordado la “ley del silencio” que había hace años sobre la corrupción. “Recibí no pocas llamadas que me decían: 'déjelo, que es mejor no hablar'. Lo que era de mal gusto era aquellos que lo denunciábamos y no la corrupción”, ha lamentado Tudanca.

Los casos de corrupción han ocupado cuatro preguntas orales de control al gobierno autonómico (tres del PSOE y una de Podemos-Equo), en las que han intervenido Mañueco; el vicepresidente, Francisco Igea; y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Ante las preguntas de Ana Sánchez, no ha respondido Mañueco, sino Francisco Igea, quien ha destacado la presunción de inocencia de “aquel” que está siendo investigado. La semana pasada, el juez de instrucción imputó al PP de Salamanca, a su presidente -Javier Iglesias- y a su gerente -Isabel Sánchez González- por presunta financiación ilegal del partido. “Si hay un imputado cuando terminen las diligencias previas, se tendrán que asumir las responsabilidades”, ha reiterado el portavoz del gobierno autonómico. “Esto no es y no va a ser Murcia”, ha zanjado Igea.

La vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes ha denominado a toda la investigación como el “caso Mañueco”, el de un presidente “que no querían ni quieren los castellanos y leoneses”, a los que “no deja de faltar al respeto cada día, no dando ninguna explicación a los ciudadanos”.

Igea ha pedido “abandonar esta locura” en la que los representantes políticos -de todos los partidos- están “instalados” desde hace años, “utilizando la justicia y el linchamiento” en casos que luego terminan archivados. “Creo que la corrupción es una cosa grave. Pero también creo que cuando uno acusa sin pruebas, mancha el honor de la gente”, ha reflexionado Igea, que ha reclamado a Tudanca, a Ana Sánchez y a la socialista Alicia Palomo una disculpa por haberle dicho que era “un vicepresidente manchado que tenía que sentarse ante la Justicia”. “Si le leyera la enorme lista de causas archivadas y personas a las que se ha mancillado el honor sin causa, nos pondríamos colorados”, ha rematado.

El procurador de Podemos Equo, Pablo Fernández, ha calificado a Igea de “portavoz del PP” y ha rechazado las “corruptelas” del gobierno autonómico que ha “expulsado a patadas pidiendo mordidas” en la trama eólica

Fernández también ha cargado contra Mañueco, que “se aferra a su cargo cual percebe a la roca” mientras “excusa responder” por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, en cuyas primarias resultó “el máximo beneficiario”. Eso sí, con la cooperación de medios locales como La Gaceta de Salamanca, que “ocultó” en su portada la investigación judicial de Javier Iglesias, el PP de Salamanca y su gerente.

Igea ha reclamado a Fernández que “presuma la inocencia de la gente” y ha reiterado que la investigación todavía está en fase de instrucción. “Cuando se les investiga [a Podemos] y los condena: los jueces son unos fachas, y cuando investigan a estos señores son el epítome de la independencia”, ha indicado Igea, quien ha acusado a Podemos de no querer “ni una Policía ni una Guardia Civil independiente”. “Han llegado a tal grado de degradación moral que han acusado de violación a un señor asesinado por una candidata de su partido que era inocente”, ha reprochado, en alusión a Pilar Baeza, quien fue candidata a las elecciones por Ávila.

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde el día 14 de marzo de 2022 a los 12 encausados por el denominado caso de 'La Perla Negra', en un proceso que se prolongará durante veintitrés días, hasta el 29 de abril del próximo año. Doce personas responderán ante un tribunal por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales, y malversación de caudales públicos, entre otros. 

Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el exviconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, figuran también inmersos en la denominada 'trama eólica', en la que, tal y como se pudo conocer la pasada semana, Fiscalía pide para los 17 presuntos implicados penas que suman 138 años de prisión.

En la 'Perla Negra' se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, a través de un auto al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas y contra el que no cabe recurso, ha fijado el proceso judicial a partir de marzo de 2022, “habida cuenta la especial complejidad del asunto, el volumen del mismo, el número de partes y la gran cantidad de pruebas a practicar, así como la disponibilidad de la sala y juicios ya señalados”.

Además, ha admitido una serie de pruebas propuestas por las partes, al tiempo que se pone a disposición de todas ellas las actuaciones de la causa en la Secretaría de la Audiencia vallisoletana a los efectos oportunos.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.

En su escrito, la acusación pública imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación. Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, interesa seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarían a la Junta en la suma que fue, presuntamente, desviada a favor de las mercantiles citadas que, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas a practicar en el plenario, se fija en 16.138.911,47 euros, que devengará el correspondiente interés legal.

Por su parte, el PSCyL solicita las más duras para los que fueran viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, que se enfrenta a 34 años de privación de libertad, junto con su inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por espacio de 105 años y multas de más de 56 millones de euros.

En cuanto al volumen de pena, les sigue los empresarios Alberto Esgueva, con una petición de 22,5 años de cárcel, inhabilitación y otros 56 millones en multas; Germán José Martín Giraldo, con 22 años, inhabilitación y 56 millones de multa; Ángel Román M, con 18 de cárcel e idéntica multa; Francisco Esgueva, con 14,5 años y 26 millones de multa; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el industrial Francisco Armero, los tres con 11,5 años, inhabilitación y 30 millones de multa.

La lista la completan los industriales Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez Herrero, quienes se exponen a condenas de 10,5 años y multas de 26 millones.

Indemnizaciones de más de 50 millones

Además, en concepto de responsabilidad civil el PSCyL fija las indemnizaciones en 25.480.699 euros por la pérdida patrimonial derivada de la operación del edificio adquirido en Arroyo de la Encomienda, así como en otros 25.366.043 por la pérdida patrimonial derivada de la adquisición de fincas para el fallido polígono de Portillo.

Del primer concepto responsabilizan, de forma conjunta y solidaria, a Rafael Delgado, Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán, Germán José Martín, Ángel Román, Salvador Molina, Francisco Armero y Alberto Esgueva, mientras que del segundo responsabiliza también a los cinco primeros y junto a ellos a Luis Antonio Recio, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Francisco Esgueva.

La Junta figura personada como acusación particular y pide casi 20 años de cárcel para ocho imputados, de entre los cuales también destacan, por la cuantía de las penas, Rafael Delgado y Begoña Hernández, para quienes pide 11 y 4 años, respectivamente, junto con multas por importe de 22.500.000 de euros y una responsabilidad civil en favor de la Administración Autonómica que suma 16.300.000 euros.

Los hechos vienen referidos al arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

Para beneficiar a algunas mercantiles

Tales operaciones, a juicio de Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.

La defensa del principal acusado del caso Perla Negra, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, propone que el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declare en el juicio oral. Además solicita la testifical de otras 21 personas, entre las que se encuentran los dueños de el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, el mismo que reformó la sede del PP en Génova con dinero negro y que recibió de la Junta de Castilla y León más de cuatro millones de euros por unas obras adjudicadas a dedo.

La causa abarca tanto el arrendamiento y posterior compra de un edificio para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid) que acabó en un sobrecoste millonario como la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona y por los que la Junta de Castilla y León también pagó un sobrecoste. Ambas operaciones tienen en común algunos empresarios que se beneficiaron y como presuntos responsables a personas que formaban parte de la cúpula de Economía.

Las dos operaciones se materializaron a través de Gesturcal, una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León. Según la Fiscalía, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

La Junta de Castilla y León pagó, a través de Gesturcal, por el edificio conocido como Perla Negra 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y abonó también 9.787.472,55 euros, por conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

En cuanto a los terrenos del polígono de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.

Un consejero advirtió al expresidente de que el precio era “disparatado”

A lo largo de 112 páginas, el abogado de Delgado, para quien la Fiscalía pide 11 años por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia, un delito continuado de malversación de caudales y cohecho, intenta desmontar los delitos de los que se acusa su cliente, pero además alega la prescripción de los mismos. Se basa en el artículo 131 del Código Penal, que establece que los delitos que se imputan a Delgado prescribirían a los cinco años o, en todo caso, a los diez, en aquellos casos en los que la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. Así “puesto que en el relato de los hechos realizado tanto por el Ministerio Fiscal como por las distintas acusaciones se establece el año 2005 como fecha fundamental de cara a datar los acontecimientos que han dado lugar a las presentes actuaciones, los delitos en los que se encuentran subsumidos tales hechos habrían prescrito por el transcurso del plazo establecido”.

En cuanto a la petición de que el expresidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, testifique, está basada en la testifical del exdelegado territorial de la Junta, Pablo Trillo Figueroa, quien declaró en fase de instrucción que advirtió a Herrera del precio “disparatado” que se estaba manejando en relación al Perla Negra. En ese momento, Trillo era consejero de Gesturcal y se negaba a avalar la operación.

Tal y como recuerda el abogado de Rafael Delgado, Trillo relató al juez cómo respondió Herrera. “La contestación que obtengo del presidente, cuando me despido de él, es gracias por la información, te agradezco la lealtad, no conozco la operación, me voy a informar de la misma.” Lo que ocurrió es que la Junta, que iba a alquilar por un precio muy alto, acabó por comprar el inmueble y pagó, siempre según el relato del instructor del caso y de la Fiscalía, un sobrecoste millonario.

En descargo de Delgado, su defensa asegura que “no consta” que se extralimitara en el ejercicio de las facultades de administración patrimonial vinculadas a su cargo como consejero delegado de Gesturcal. Respecto al coste del Perla Negra, precisa que fue determinado por los directivos de la sociedad sin intervención alguna de Delgado “que se limitó a formalizar los términos del acuerdo determinado por aquellos”

Argumenta además que antes de formalizar la compraventa del edificio “se solicitaron informes de sociedades independientes que verificaron la viabilidad del proyecto planteado y un valor ajustado a precios de mercado actuando, de este modo, con la diligencia que resulta exigible a los responsables de la gestión del patrimonio público”. Sin embargo, tal y como publicó elDiario.es , hubo tasaciones que no llegaron al consejo de administración de Gesturcal y que otorgaban un precio notablemente inferior al edificio. En este sentido, la defensa recuerda que “no sólo se tomó en cuenta el informe de Tinsa de 24 de octubre de 2010 sino precios que se estaban abonando en otros proyectos similares, especialmente los determinados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en procedimientos expropiatorios”.

Por otro lado, para la defensa no se ha acreditado “la relación causa-efecto entre la administración del patrimonio público· imputable Delgado y el quebranto económico de la sociedad ADE Parques en el caso del Polígono de Portillo y tampoco se ha acreditado que ”haya percibido privilegios o favores económicos de parte de los acusados en relación a las operaciones de alquiler y posterior compraventa de la vivienda sita en el Paseo de Zorrilla nº 64 de Valladolid“. Esta vivienda, en manos de uno de los empresarios beneficiados por las operaciones de la causa, acabó en manos de Delgado. El hombre al que la Fiscalía apunta como su testaferro y que tras permanecer imputado ha quedado fuera del procedimiento, envió mails a la empresa que tenía el piso y llegó a ofrecerse a hacer facturas falsas de reformas para justificar la rebaja en el precio.

La Audiencia Provincial tendrá que estudiar ahora el escrito de Defensa de Delgado y el del resto de los acusados. Todos ellos argumentan, entre otras cosas, que no han recibido el procedimiento completo, lo que vulnera su derecho de defensa.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no se enteró de que existía la Trama Eólica para adjudicar parques a empresarios de la Comunidad que se asociaban con eléctricas que repartieron más de 80 millones de euros en comisiones. No supo en ningún momento que el Gobierno autonómico del que formaba parte había adjudicado a unos constructores el proyecto del edificio de Economía conocido como el Perla Negra, con sobrecostes millonarios, y tampoco conoció que estos mismos constructores eran los propietarios de un palacete en Bruselas por el que la Junta pagó 15.000 euros mensuales durante años, mientras tuvo allí su sede. Fernández Mañueco ha comparecido este jueves en la comisión de investigación que quiere ahondar en estos presuntos casos de corrupción para contar que él no sabía absolutamente nada, pero que eso sí, está al frente de un Gobierno “honesto, transparente y austero”. Además, ha añadido que no puede hablar de los casos Perla Negra o Trama Eólica porque están “bajo secreto de sumario”, algo que no es cierto.

Imputados “a título particular”

El presidente ha reprochado al Grupo Parlamentario Socialista que pidiese su comparecencia ahora que está al frente de la Junta y no durante la pasada legislatura. “Superen ya que soy presidente porque lo quiere la cámara y los ciudadanos de Castilla y León”, ha indicado al procurador socialista José Francisco Martín, que ha hecho preguntas concretas sin una sola respuesta clara. “Usted siempre estuvo ahí”, insistió Martín. Fernández Mañueco fue el titular de dos consejerías consecutivamente, mientras las presuntas tramas estaban en marcha: fue consejero de Presidencia y de Justicia. Lejos de dar explicaciones, ha anunciado la creación de un control jurídico preventivo de los entes del sector público de la Comunidad que podría empezar a funcionar en el el primer semestre de 2021 y que evitaría, según él, casos como el de la Trama Eólica. Pero además, ha llegado a asegurar que los imputados de esa causa y del caso Perla Negra, altos cargos de la Consejería de Economía, lo son “a título particular”.

El procurador socialista ha criticado que se anuncien ahora mecanismos de control, que hayan tenido que pasar cinco años para que se produzca la primera comparecencia de la comisión y que el PSOE tuviese que recurrir al Tribunal Constitucional para que la comisión se reanudase tras dos años de paralización. “Nos ha convocado usted un 30 de julio a las seis de la tarde para que no se entere nadie, y no nos ha convocado el 31 porque tiene la conferencia de presidentes, de la que por cierto no ha informado al líder socialista para que conozca cuál es la postura de la Comunidad”, ha reprochado.

La extensa batería de preguntas que había preparado Martín no se ha hecho al completo por falta de tiempo, pero ha arrancado preguntando por la relación del Grupo Parlamentario Popular con Jaime Villanueva, hijo del fallecido exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, que llegó a estar imputado en la Trama Eólica y en Perla Negra. Además ha querido saber cuál es la relación del portavoz del PP en las Cortes, Rául de la Hoz, con Villanueva. Tal y como publicó este diario, Jaime Villanueva, un joven abogado, cobró por asesorar al Grupo Parlamentario Popular, recibió mensualmente más de 2.000 euros por servicios al despacho de abogados de De La Hoz e importantes sumas de empresarios de la Comunidad para los que facturó trabajos. En un año llegó a facturar más de 100.000 euros, y todo ello mientras su padre era consejero.

Fernández Mañueco ha asegurado que no le consta relación del Grupo Parlamentario Popular con “esa persona” y que en el caso de Raúl de la Hoz, “tendrá que preguntarle a él”.

Martín se ha quejado de que el presidente de la Junta usaba la “estrategia de perder el tiempo” para no contestar, ya que Fernández Mañueco le ha recordado que tuvo que desdecirse de unas afirmaciones contra la exsenadora Ana Torme por la causa contra Vicente Martínez Pujalte y las asesorías orales a empresarios de Castilla y León, que se sobreseyó. Aún así, ha preguntado por la estrategia supuestamente tejida por la Junta de Castilla y León para que las empresas eléctricas que querían construir parques eólicos en la Comunidad se asociasen con empresarios locales elegidos a los que se autorizaban los parques y que luego vendían sus acciones por cantidades que “multiplicaban por mil y hasta por diez mil” la inversión inicial “sin haber hecho nada”. También ha querido sabe si el presidente de la Junta era conocedor de que un empresario palentino que consiguió un parque era familiar del actual consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo.

Ante la falta de respuestas, José Francisco Martín, ha tildado a Fernández Mañueco de 'nini' “porque ni se entera ni le informan” y le ha pedido que contestase “rapidito”. El presidente ha pedido “respeto”, pero no ha respondido ni sobre el caso Perla Negra, ni tampoco sobre las sedes de la Junta en el exterior, sobre las que eldiario.es publicó una extensa investigación. Así, Martín se ha referido a las sedes de Miami y Panamá, cuya existencia la Junta negó a pesar de que finalmente se conoció que firmó contratos con empresarios de la Comunidad que recibieron importantes cantidades. “¿Qué pensó usted cuando leyó que la Junta había firmando un convenio con la constructora Arranz Acinas para montar una sede en Panamá?” ha preguntado Martín. “Seguí leyendo la siguiente noticia”, ha respondido el presidente. Respecto a su opinión sobre la sede en Miami, Fernández Mañueco ha comentado que no le consta “haber sido informado de que sea cierto”, y eso a pesar de la existencia de dos contratos distintos con la misma empresa.

“Esto responde a una estrategia política del grupo socialista y es para esclarecer hechos”, ha espetado el presidente en su exposición final“. Ha pedido al PSOE que deje de ”manchar la imagen de Castilla y León“ con ”cositas“ y ”batallitas sin sentido“.

También ha sido cortante con el procurador de Ciudadanos, Javier Panizo, que ha hecho muchas preguntas, sin respuesta, sobre los gatos de las sedes en el exterior y que fueron documentados por eldiario.es, desde limusinas a vinos. “Ha hablado de corruptelas y tramas, yo le recomendaría que usara la palabra presuntas”, ha espetado Mañueco después de decirle que le parecía “atrevido” que le preguntase por casos “sub iudice”.

La intervención del Grupo Parlamentario Popular, a cargo de Salvador Cruz, ha arrancado con la lectura de lo que el considera “destacados columnistas” de Castilla y León que han afirmado que Fernández Mañueco nada tuvo que ver con los casos de corrupción que se estudian en la comisión. Además ha pedido al presidente que diese más datos sobre el órgano que vigilaría a los entes públicos, pero con poco éxito, Fernández Mañueco apenas ha podido avanzar cuando podría ponerse en marcha. El Grupo Mixto no ha acudido a la comparecencia para mostrar su descontento con la fecha elegida y la escasa información que ha llegado a los grupos.