La clave no resuelta de la Trama Eólica: el destino final de 75 millones en mordidas que propició la Junta de Castilla y León

La Fiscalía Anticorrupción ha conseguido a medias el objetivo de su querella contra exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la Trama Eólica, en la que las eléctricas pagaron importantes mordidas a empresas locales para que el Gobierno autonómico autorizase parques eólicos. Desde el primer momento el fiscal Tomás Herranz situó en centro de la trama a Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011, y que desde 2006, mediante la fórmula administrativa de la avocación, se hizo con la potestad de adjudicar parques eólicos, que antes recaía en funcionarios de la Junta. Acabada la instrucción, en su escrito de acusación el fiscal da un paso más y concluye que, efectivamente, la Junta de Castilla y León “decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad Autónoma en las sociedades promotoras de parques eólicos” y que fue Delgado, “siguiendo instrucciones del consejero de Economía, Tomás Villanueva”, fallecido durante la investigación, el que “aprovechó la ocasión, en plan ideado junto con el acusado Ricardo Bravo Sayas”, directivo de Iberdrola.

La operativa pasaba por obligar a promotores privados y a compañías eléctricas a asociarse con empresarios de Castilla y León, sólo así se autorizaban los parques. Posteriormente, estos empresarios locales, sin haber movido un dedo para llevar a cabo esos parques, vendían sus participaciones a esos promotores o compañías. El modus operandi llevó a algunos empresarios foráneos a referirse a la Comunidad como “Sicilia y León”. Pese a todo, nadie del Gobierno autonómico se dio por enterado, y no por el silencio de los afectados. Tal y como publicó elDiario.es el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, fue alertado por un promotor de que se estaba produciendo un “abuso de poder”. “Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León”, avisó. “Por no aceptar dichos requerimientos, que, parece ser tienen su única motivación en la nacionalidad de los socios de Ibervento, nuestros proyectos no han llegado a fructificar”, relataba a Herrera. El presidente ni siquiera contestó-

Según el fiscal, el montante total de las mordidas que pagaron las eléctricas asciende a 75 millones. Lo que no se aclara es qué ganó la Junta favoreciendo a esos empresarios, entre los que cita a los hermanos Llorente, de la constructora Collosa, como los únicos interesados en el negocio eólico, o cuál era el objetivo final.

Delgado, un testaferro y operaciones internacionales enmarañadas

Sí aparece qué ganó Delgado, y no fue poco. Desde los años 2006 a 2011, dice el fiscal, dispuso de “bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior” y que se atribuyen a la “actividad ilícita”. Delgado dejó el Gobierno autonómico en 2011 y constituyó las sociedades Delgado Núñez Consulting SL y Samuño Activos SL. A su vez, el abogado Jesús Rodríguez Recio, amigo personal de la infancia, constituyó Tough Trade cuyo objeto social es la “Asesoría, ingeniería, instalación, producción y mantenimiento de proyectos del sector de energía renovable, estudios y proyectos medioambientales, contratación y realización”. Señala el discal que Rodríguez Recio no tenía conocimientos ni experiencia alguna en esa materia, y que tampoco consta que Tough Trade. desarrollara actividad mercantil alguna ya que no se dio de alta en ningún epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas hasta el año 2015, en el que lo hizo en el correspondiente a “otros servicios técnicos ncop”. El principal proveedor de fondos en las cuentas bancarias de Tough Trade ha sido la sociedad suiza Nehmo Holding SA. Según el fiscal, el abogado actuó como testaferro de Delegado entre 2006 y 2015 y las dos sociedades de Delgado y la de Rodríguez Recio fueron utilizadas por el primero para disponer de las cantidades que había recibido por intervenir en las autorizaciones de los parques en favor de empresarios locales.

Uno de esos empresarios fue Alberto Esgueva, que como Delgado, había sido alto cargo de la Consejería de Economía hasta que decidió hacer negocios por su cuenta. Esgueva es el mayor beneficiario de la trama y se hizo con 53 millones de euros. Entre las sociedades de Esgueva -que emprendió importantes proyectos de construcción en Polonia-, Delgado y Rodríguez Recio hay enmarañadas operaciones por cantidades de hasta un millón de euros y traspaso de pisos. Cómo se benefició Delgado, que compró coches de alta gama pagando hasta 55.000 euros al contado sin que se conozca la procedencia del dinero, o una tele de casi 20.000 euros, se entiende bien con el resumen que hace la Agencia Tributaria. En las declaraciones de Hacienda de los años 2011, 2012 y 2013 figuran como rendimientos de trabajo 53.954,54, 24.000,00 y 14.200 euros, respectivamente. Además declaró otros pequeños ingresos por rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario que suponían unas bases imponibles de 52.157,93 euros; 20.083,11 euros y 9.522,59 euros. De esa forma, el resultado de las declaraciones fue a devolver en 2011(2.963,91 euros) y en 2012 (357,40 euros)y a ingresar en 2013 (71,65 euros).

Sin embargo, la AEAT estima que las cuotas tributarias por su IRPF que correspondían a los verdaderos ingresos de Rafael Delgado en dicho periodo eran 104.332,76 euros, 128.647,45 euros y 206.700,38 6 respectivamente al entender que la suma de ingresos derivados de las sociedades de las que es socio y administrador Delgado, así como los gastos asumidos directamente por Tough Trade -que llegó a efectuar donaciones de hasta 20.000 euros para el colegio de los hijos de Delgado o a pagarle los suministros de una de sus viviendas- sin contraprestación alguna, supone importes por 113.000 euros en 2011, 256.000 euros en 2012 y 314.000 euros en 2013. Ganancias no justificadas de 205.803,45; 105.336,00 y 395.737,13 y rendimientos netos reducidos derivados de actividad económica por importe de 26.668,00 € en 2011 y 126.138,00 € en 2012. Al cálculo anterior debe añadirse el importe de 45.400 euros por ingresos en efectivo producidos en la cuenta bancaria de Tough Trade en el año 2011, de origen no justificado, que incorporados a la renta de Rafael Delgado supondría una cuota defraudada en ese ejercicio de 124.762,76.

Quién se repartió el botín

Así, parece obvio que Delgado ganó una cantidad muy escasa respecto a los beneficios que obtuvieron los empresarios encartados y que suman 75 millones. Sólo caben dos posibilidades y no son excluyentes. Una es que no se haya conseguido dar con todo el patrimonio del exviceconsejero, y otra que el botín se repartiese entre más personas. Es en este punto en el que el Ministerio Público y el juez instructor se han visto con las manos atadas, pues aunque apunta a que el cerebro del plan es Tomás Villanueva, no ha sido posible investigar su patrimonio, al fallecer este durante la instrucción y extinguirse así su responsabilidad penal.

Por otro lado, y aunque las causas se han instruido por separado pero compartiendo parte de la información, tanto la Trama Eólica como Perla Negra, el caso del edificio de la Consejería de Economía con un sobrecoste millonario, comparten protagonistas. En ambos procedimientos figuran como acusados Rafael Delgado, los hermanos Francisco y Alberto Esgueva, y Germán Martín Giraldo. Villanueva estuvo imputado hasta su muerte.