El caso 'Perla Negra': 70 millones por el edificio de la Consejería de Economía y el expresidente de Castilla y León, ante el juez

El edificio conocido como la 'Perla Negra' en Valladolid.

Laura Cornejo


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Las elecciones del próximo 13 de febrero en Castilla y León vienen marcadas por un complicado calendario judicial. El caso de corrupción que centró su celebración este mes es el conocido como 'Perla Negra', cuyo juicio arranca el próximo 14 de marzo y que tendrá la foto que el Partido Popular más teme: la del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, declarando como testigo en una causa que se empezó a instruir en 2013.

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El 'Perla Negra' fue el sobrenombre que se le puso al edificio que la Consejería de Economía compró en Arroyo de la Encomienda, un municipio pegado a Valladolid y que alberga gran parte de las empresas públicas de la misma. Los presuntos delitos que se van a dirimir son cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros y de ellos tendrán que responder 12 personas entre las que se encuentran excargos de la cúpula de la Consejería y empresarios. El edificio no iba a costar más de 41 millones y se acabó pagando 70.

Entre los acusados están los que fueron, en distintos momentos, viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Delgado está también acusado en la Trama Eólica, junto a empresarios que también forman parte de esa causa. El exviceconsejero mantiene la misma versión en los dos casos: que cumplió órdenes del que en ese momento era consejero de Economía, Tomás Villanueva. Él ya no podrá responder porque en 2017, poco antes de que tuviese que declarar en calidad de imputado, falleció inesperadamente. Delgado y Hernández se enfrentan a peticiones de pena de prisión de 11 años de la Fiscalía y de la Junta de Castilla y León. La acusación popular, el PSOE, reclama 34.

Connivencia de la Consejería con los empresarios y un precio “disparatado”

El relato judicial establece para acusar que en la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó.

La Junta llegó a firmar hasta dos contratos de arrendamiento de la mano de la empresa pública Gesturcal, que se encarga de la compra de suelo para el Gobierno autonómico. Sin embargo, el alquiler no se materializó. Uno de los vocales de Gesturcal, Pablo Trillo-Figueroa, se reunió con el presidente, Juan Vicente Herrera, en septiembre de 2008, “después de las fiestas de Valladolid”, y le advirtió que tanto el precio de alquiler como de la opción de compra “eran disparatados”. Así lo relató ante el juez durante la fase de instrucción, cuando declaró el calidad de imputado. La Junta decidió comprar el edificio y no alquilarlo. La promotora pedía entre 60 y 72 millones, y supuestamente se cerró una compra por 52. Pero se pagaron 70. Un informe de la Intervención General del Estado señala, entre otras irregularidades, que se pagó dos veces por algunos conceptos.

Un encargo de 4,4 millones al estudio de arquitectos que reformó la sede del PP en Génova

En la oscura trama aparece además un estudio de arquitectos, Unifica Servicios Integrales, el mismo que eligió la dirección nacional del PP para reformar “en negro” su sede de Génova, la misma de la que ahora se quiere deshacer. Unifica recibió 'a dedo' un contrato de 4,4 millones de euros para realizar las divisiones internas y la señalización del Perla Negra y todo ello sin que durante la investigación haya aparecido un pliego de condiciones o un contrato, sólo las abultadas facturas. Sus propietarios declararon ante el juez que la Consejería de Economía contactó con ellos directamente. Nadie ha explicado por qué ese estudio madrileño o quién lo recomendó. Las investigaciones posteriores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sí tuvieron resultados interesantes: Unifica no sólo recibió los 4,4 millones de manera irregular, sino que parte del dinero retornó a la constructora y a la promotora a través de sociedades administradas por los propietarios de las dos mercantiles. Según los informes de la UDEF, el estudio de arquitectura cobró, entre el 2 de enero de 2009 y el 10 de febrero de 2010, 4.444.315,91 euros del Gobierno de Herrera a través de la empresa pública Gesturcal / Ade Parques Tecnológicos y Empresariales. La Junta de Castilla y León efectuó dichos pagos mediante cinco facturas. Una vez cobradas, Unifica desvió parte del dinero a empresas vinculadas a la promotora del inmueble. Los pagos de Unifica a esas empresas están justificados mediante facturas que la UDEF define como un “corta-pega”, no están justificados con contratos. Pese a las implicaciones del informe policial, el juez instructor sacó a los dos administradores de Unifica de la lista de imputados y no van a responder del cobro irregular de 4,4 millones.

Pero la trama entre los responsables de Economía y la promotora del edificio va más allá de Valladolid y Madrid y llega hasta Bruselas. Los dueños de Urban Proyecta PM3 compraron una sociedad belga con un palacete en propiedad en Bruselas. Ese edificio se alquiló en 2006 a la Junta de Castilla y León por una renta de 12.000 euros al mes que fue subiendo. Curiosamente, la compra de la sociedad belga y el alquiler posterior del palacete se formalizaron en un breve plazo de tiempo y cuesta creer que fuese casual que la Junta buscase unas oficinas para abrir una sede comercial y esos empresarios vallisoletanos acabasen de adquirir el inmueble. El contrato tenía una vigencia de 15 años y obligaba a la Junta a pagar 13.920 euros al mes (en 2012 el precio superaba los 15.000 euros), incluso si se rescindía antes de diciembre de 2021.El alquiler se habría mantenido hasta el pasado año si en 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores no hubiese indicado a las Comunidades Autónomas que dejasen de gastar dinero en alquileres de sedes fuera de España y se instalasen en dependencias de las embajadas o del ICEX. El contrato de alquiler se rompió y los empresarios reclamaron a la Junta 1,6 millones de euros de indemnización.

Se desconoce si se llegó a pagar esa cantidad, que reclamó la tercera propietaria del palacete también. Porque los vallisoletanos se deshicieron de la sociedad de belga y acabó en manos de una mercantil madrileña, Nioma Activos. A su propietario se le intentó citar en el juzgado una sola vez, no se consiguió y ahí quedó la investigación. De Bruselas no se va a juzgar nada porque según el juez, desde 2017 que se conocieron los hechos hasta finales de 2019 que se cerró la causa para llevarla a juicio oral, “no ha dado tiempo” a investigar más.

Por otro lado, sí se han descubierto operaciones inmobiliarias particulares entre Rafael Delgado y los promotores, entre ellas la compra de un piso en el que los empresarios debían abonar la mitad mediante facturas falsas.

Respecto al Polígono de Portillo, que sigue sin desarrollar, la Junta de Castilla y León pagó 34 millones de euros por los terrenos y una vez más, el juez considera que la promotora Urban Proyecta recibió información privilegiada, puesto que comenzó a adquirir suelo rústico que después vendió al Gobierno Autonómico. “Lo que es indudable es que se trata de otra operación preparada en connivencia con los altos cargos de la Junta, Alberto Esgueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández, en favorecimiento de Urban Proyecta”, precisaba el juez. La Junta de Castilla y León, que negó la trama durante años, e incluso el perjuicio económico, reclama 16 millones de euros y penas de prisión para los principales acusados. Herrera, obligado a decir verdad como testigo cuando declare, tendrá que explicar cómo durante años se favoreció a los mismos empresarios sin que él se diese cuenta a pesar de que Trillo, candidato a las Cortes de Castilla y León, le dio el aviso. Para cuando el expresidente esté ante el juez, la Junta estará afrontando el arranque de una nueva legislatura, pero el PP, esté o no al frente del Gobierno, no se librará de la cobertura mediática del caso.

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