Cerrar los CIE y acabar con las deportaciones: una urgencia democrática

En España existen centros donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Su única “falta” es encontrarse en situación administrativa irregular. Estos espacios, conocidos como Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), forman parte de un sistema de control migratorio que prioriza el encierro y la expulsión por encima de los derechos humanos, por ello cada 15 de Junio conmemoramos el día Contra los CIE. En la ciudad de Murcia existe uno de los cinco CIE que hay repartidos en todo el territorio peninsular español.

Los CIE no son cárceles en términos legales, pero en la práctica funcionan como tales. En ellos, las personas son privadas de libertad durante semanas en condiciones marcadas por la falta de garantías, el acceso limitado a asistencia jurídica, atención sanitaria insuficiente y enormes dificultades para mantener contacto con sus familias y las organizaciones sociales de ayuda a migrantes. A esto se suma una preocupante falta de transparencia y control público, que dificulta conocer qué ocurre realmente en su interior.

El problema no es solo la existencia de estos centros. Los CIE son la expresión visible de un modelo migratorio más amplio, basado en la desconfianza, la criminalización de la migración y la lógica de la expulsión. Un modelo que transforma una situación administrativa en motivo de encierro y que legitima prácticas como las deportaciones, muchas veces ejecutadas sin suficientes garantías y con consecuencias graves para la vida de las personas afectadas.

Este enfoque no es neutral. Genera exclusión, refuerza desigualdades y sitúa a miles de personas en una posición de vulnerabilidad extrema. Además, se enmarca en una tendencia más amplia a nivel europeo, donde las políticas migratorias avanzan hacia un mayor control, externalización de fronteras y endurecimiento de las condiciones de acceso y permanencia.

Frente a esta realidad, la demanda es clara: cerrar los CIE. Pero no se trata solo de eliminar estos centros, sino de abordar un cambio de enfoque. Es necesario avanzar hacia políticas migratorias basadas en los derechos humanos, la dignidad, la justicia social y el reconocimiento de que migrar forma parte de la vida.

Esto implica dejar de tratar a las personas como cifras o expedientes y empezar a comprender las historias, los motivos y las circunstancias que hay detrás de cada proceso migratorio. Implica también asumir que una sociedad democrática no puede sostener espacios de encierro para quienes no han cometido delitos.

Cerrar los CIE no es una postura radical. Es una exigencia coherente con los principios básicos de derechos humanos. Es una cuestión de legalidad, de ética y de modelo de sociedad.

Porque ninguna persona debería ser encerrada por no tener papeles.

Porque ninguna vida es ilegal.

Y porque la forma en que tratamos a las personas migrantes define, en última instancia, qué tipo de sociedad queremos ser.