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Herrera no supo nada del edificio Perla Negra hasta 2008, cuando Trillo le transmitió sus “inquietudes” por un precio “excesivo”

Juan Vicente Herrera a su llegada a la Audiencia Provincial de Valladolid para declarar en el juicio de corrupción Perla Negra.

Laura Cornejo

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El que fuera presidente de la Junta de Castilla y León desde 2001 a 2019, Juan Vicente Herrera, no sabía nada de uno de los mayores casos de corrupción que se produjo durante su mandato, ni quiso saber demasiado más allá de preguntar cuando un alto cargo le dio la alerta. En su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el caso Perla Negra por el sobrecoste del edificio de Economía de Arroyo de la Encomienda y de unos terrenos para un polígono en Portillo, ambos en la provincia vallisoletana, Herrera ha sido impreciso al responder a las preguntas del abogado que defiende a uno de los principales acusados, el exsecretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado. Pero esas imprecisiones no han sido resueltas ni siquiera por las acusaciones (Ministerio Fiscal, Junta de Castilla y León y PSOE) que han renunciado a preguntar al expresidente.

Según ha relatado Herrera tuvo conocimiento de las “gestiones” del edificio Perla Negra y la intervención en las mismas de la empresa pública Gesturcal “con ocasión de un comentario, casi una confidencia que le hizo Pablo Trillo, quien entonces era consejero de Gesturcal. Tal y como declaró Trillo ante el tribunal, esa conversación se produjo en septiembre de 2008. El concurso para su construcción se publicó y adjudicó tres años antes, pero Herrera no se había enterado.

“Pablo Trillo, yo no recuerdo ni el lugar ni el contexto de esa charla, de esa confidencia, me traslada, me transmite su inquietud por un proyecto en el que está trabajando Gesturcal consistente en la dotación de un inmueble para los servicios de apoyo a las empresas”, ha recordado. En realidad, en el edificio se instalaron no sólo esos servicios, también algunas direcciones generales de la Consejería de Economía. Según Herrera, a Trillo le preocupaban dos aspectos, la decisión entre alquilar y comprar y los precios que se estaban barajando que a su juicio eran “muy altos”. Su respuesta, coincide con lo que ha declarado Trillo, fue no conocía el asunto y que se informaría. “Ese es el momento en el que yo tomo conciencia de la existencia de esa relación o gestión y también de la intervención de Gesturcal”, ha declarado.

El abogado de Delgado le ha recordado que Trillo habló de varias reuniones por la relación de amistad que tenían desde la infancia. La pregunta no ha sido del todo exacta, ya que lo que Trillo explicó es que acostumbraba a charlar con el entonces presidente de la Junta. Además ha añadido que este declaró que Herrera iba a intentar que las consejerías de Economía y Hacienda se pusieran de acuerdo, sin embargo Trillo no declaró tal cosa la semana pasada. “No puedo saber en virtud de qué se producen esas manifestaciones o declaraciones del señor Trillo. Lo que yo recuerdo es lo que yo le he apuntado, que yo no puedo contextualizar en una reunión en mi despacho. En algún momento he llegado a pensar que eso tuvo que ser, en la hipótesis de que el señor Trillo fuera en ese momento delegado territorial de la Junta, pues quizá en septiembre, a la salida de la Feria de Muestras de Valladolid, en la inauguración, pero no lo puedo contextualizar”, ha insistido.

A continuación, Juan Vicente Herrera ha querido restar importancia no sólo a la reunión con Trillo, sino a las que este dijo que tenían ambos con cierta habitualidad por su amistad. “Yo no tengo un especial recuerdo, evidentemente, los altos cargos aquí presentes podrán también acreditarlo, que yo tuviese despachos habituales con altos cargos. Yo me reunía con el gobierno en las reuniones ordinarias y en cualquiera de los casos, lo que yo le dije, eso sí que lo tengo claro, expresamente, e incluso yo di una comparecencia de prensa en 2016, es que le dije que me informaría”.

“¿Con quién me había de informar? pues lógicamente con quien tenía competencias en la materia”, ha precisado. Era el caso del consejero de Economía y presidente de la Agencia de Desarrollo Económico, Tomás Villanueva. Se ha referido a él como su “desgraciadamente fallecido amigo personal”. Villanueva, que estuvo imputado tanto en Perla Negra como en el caso Trama Eólica, falleció de manera repentina en 2017.

“El error fue prescindir del Consejo de Gesturcal”

“En ningún caso recuerdo haberle especificado a Pablo Trillo a quién me iba a dirigir”, ha dicho, si bien ante la insistencia del abogado defensor ha negado tajantemente haber hablado de ese tema con la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Ante la insistencia de este en que se había recogido en el Diario de Sesiones de las Cortes, Herrera ha matizado que el diario “recogerá lo que alguna persona haya manifestado” pero que negaba “rotundamente” haberse dirigido a la Consejería de Hacienda. “Lo que fue acertado y correcto fue confiar en el consejo de administración de Gesturcal. Yo pienso que los errores que se hayan podido cometer y que estamos conociendo o se van a conocer, la verdad material y la verdad judicial, se producen cuando se prescinde del consejo, eso es lo que yo puedo decir”, ha añadido.

Herrera ha considerado que la operación “tenía sentido” y era coherente con la agrupación que había hecho la Junta con sus sedes tras las trasferencias de competencias. También ha aprovechado para destacar que los consejeros de Gesturcal, que aprobaron por unanimidad la compra del Perla Negra sin ver un solo documento de tasación, “estaban cualificadísimos” y era un consejo “bandera” lo que era “una garantía” y una “seguridad” por ser personas “expertas” en sus áreas dentro de la función pública. “Había técnicos de Hacienda muy importantes y para mí era un elemento de seguridad y se lo transmití a don Tomás Villanueva: hay que confiar en que estas personas van a orientar el asunto. En los meses sucesivos el propio Villanueva me trasmitió que el consejo había considerado que la opción más interesante era la compra y se ha decidido encargar la tasación a una empresa profesional. Unos meses después, bien entrado el año 2009, me comunica que el consejo a la vista de esa tasación ha decidido por unanimidad comprar”, ha relatado. “No fue una decisión política”, ha señalado.

Sin embargo el consejo sólo tuvo acceso a esa tasación y no a dos previas que daban mucho menos valor al edificio, algo por lo que no se ha preguntado al expresidente.

Herrera también ha respondido a preguntas sobre la compra de terrenos para el fallido polígono industrial en Portillo, algo que distintos testigos enmarcaron en un plan de reactivar la economía en 2008 y que el exvicepresidente ha matizado: había “una crisis pavorosa” pero el plan de la Junta estaba más dirigido al sector de la construcción, y en el caso de suelo industrial a la urbanización de los terrenos existentes y no a la adquisición.

En la sesión de este martes también ha declarado Teresa Mata, que fue secretarial de la Consejería de Hacienda hasta 2009, y firmó una delegación en favor de Rafael Delgado tras un acuerdo previo de delegación de competencias con la Consejería de Economía.

El juicio se reanudará el próximo lunes, 18 de marzo.

Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

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