Desde este lunes, 5 de octubre, están en vigor las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno, que afectan a los nuevos contratos que se firmen en España desde hoy, pero también a la información que deben revelar las empresas a todos sus trabajadores con relaciones laborales vigentes. Entre las novedades, hay información relevante sobre salarios, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) que afectan a los trabajadores, entre otros datos.

La norma es fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, para que las relaciones laborales sean más “transparentes” y “previsibles”, que España transpone muy tarde, ya que debería estar en vigor desde agosto de 2022.

Así, los nuevos contratos que se firmen deben contar con más información que antes –por ejemplo sobre los periodos de prueba– y, de cara a las relaciones laborales ya en vigor, los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar estos nuevos datos obligatorios desde este lunes a sus empresas, que deben responder en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes en la página web del SEPE los modelos de contratos laborales que cumplen con estos nuevos mínimos exigidos por Bruselas.

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, un aspecto aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

Aquí, se puede consultar el decreto en el BOE con todos los detalles que exige esta nueva regulación sobre transparencia laboral.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a una empresa por negar sin negociar la adaptación de jornada solicitada por un trabajador de Asturias para cuidar a su hijo menor de 12 años y avala que omitir el trámite obligatorio de negociación implica estimar la medida en los términos pedidos.

En una sentencia fechada el pasado 9 de septiembre a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo de noviembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Jornada a turnos

El caso es el de un trabajador que solicitó adaptar la jornada de trabajo, que era partida a turno continuado de mañana, de 07:00 a 15:00, para atender a su hijo menor de 12 años, al amparo del Estatuto de los Trabajadores (ET).

El empleado solicitó el cambio de horario para poder hacerse cargo de su hijo tras la salida del colegio y reducir la estancia del menor con personas ajenas al núcleo familiar, ya que la madre del niño trabaja a turnos rotatorios en un hospital.

Rechazo por “razones organizativas”

La empresa denegó directamente la propuesta alegando razones organizativas de coordinación interna e incompatibilidad del horario solicitado, sin haber abierto previamente el proceso de negociación obligatorio de hasta 15 días prescrito por el ET.

El juzgado de lo social número 2 de Oviedo/Uviéu desestimó la demanda del trabajador, pero el TSJA estimó parcialmente su recurso y revocó la sentencia de instancia, condenando a la empresa al pago de 7.501 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales, al considerar que rechazar la medida sin previa negociación implica su aceptación implícita.

El recurso

La empresa interpuso un recurso de casación para la unificación de doctrina cuestionando si la falta de apertura del periodo negociador obligatorio conduce automáticamente a la aceptación de la adaptación de jornada pedida por la persona trabajadora.

El Supremo ratifica ahora la decisión del TSJ, ya que la apertura del periodo de negociación tras la solicitud del trabajador es un trámite imperativo u obligatorio para la empresa; la ley no permite rechazar la petición de forma directa sin antes intentar negociar o proponer alternativas razonables.

Cuando la empresa omite la negociación previa, procede estimar judicialmente la medida solicitada en sus propios términos, salvo que el órgano judicial determine que la solicitud resulta manifiestamente irrazonable o desproporcionada, señalan los magistrados.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han anunciado que se van a ampliar los paros convocados para reclamar reducciones de jornada en la planta de Saint-Gobain Isover de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, tras no obtener respuestas por parte de la empresa.

Se ampliarán a tres horas por turno en el mes de octubre, tras 22 días de paros de dos horas por turno. Y es que, según los sindicatos, la dirección ha rechazado las demandas de la plantilla sin “una argumentación convicente”, frente a su posición que los considera “imprescindibles”, según han trasladado en un comunicado conjunto.

Las organizaciones sindicales esgrimen también los buenos resultados económicos de la empresa para justificar su reivindicación, y que han calificado como “excepcionales”.

“La plantilla está cansada de venir a trabajar para retirar atascos, estar parados o tirando material. Reduciendo las ineficiencias un 50% daría para reducir jornada, subir salarios y mejorar aún más el resultado empresarial”, han afirmado desde los sindicatos.

CCOO, UGT y USO han reivindicado la legitimidad de su posición y han advertido que los paros se intensificarán incluso más, a cuatro horas por turno, en el mes de noviembre.

“Con la intensificación de los paros se espera que empiece a verse afectado significativamente el servicio al cliente y la dirección se tenga que ver abocada a negociar. Es lamentable tener que llegar a estas situaciones, pero no nos dejan opción”.

Por su parte, la dirección de Saint-Gobain Isover asegura que mantiene su “voluntad de acuerdo” y niega que no haya planteado alternativas. No obstante, no pueden asumir las condiciones de los sindicatos.

Mientras casi la mitad de las horas extraordinarias que se realizan en España son ilegales, con más de 2,5 millones de horas a la semana sin pagar ni compensar a los trabajadores, el gurú económico del PP, Alberto Nadal, defiende una reforma legal para dar “más libertad” a los pactos entre trabajadores y empresas ante las “muchas prohibiciones para poder trabajar” en España. En concreto, lamenta el actual límite de horas extraordinarias, que, subraya, es “de los más bajos de Europa”.

“Hay que dar más libertad tanto a la negociación colectiva como al pacto entre trabajadores y la empresa. Hay muchas prohibiciones para poder trabajar en España, o realizar acuerdos. Un ejemplo: España es de los países de Europa donde el límite de las horas es más bajo”, argumentó Nadal esta semana en una entrevista en el Forbes Economic Summit 2026, cuando fue preguntado por qué reforma laboral necesita el país.

“Pero [un límite] mucho más bajo que en Francia o Italia”, enfatizó el vicesecretario de Economía del PP. “Aunque se pusieran de acuerdo el empresario y el trabajador, no pueden hacerlo”, lamentó sobre la imposibilidad de superar el límite legal de 80 horas extra al año que contempla el Estatuto de los Trabajadores.

En realidad, se trata del máximo para las horas extraordinarias pagadas (salvo excepciones para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes). Porque aquellas horas extra que se compensan en descanso no tienen un límite.

Horas extra más limitadas, pero más precarias que en Europa

España es uno de los países europeos con la legislación más restrictiva respecto al número de horas extraordinarias que se pueden realizar al año, pero a la vez es de los menos generosos en su retribución para los empleados, destacó un informe de UGT y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de 2024.

Así, mientras que en España las horas extra pagadas no pueden exceder las 80 al año, hay numerosos países con límites más altos, como las 220 horas en Francia y 250 en Italia (ampliables mediante negociación colectiva), hasta la inexistencia de máximo alguno en Reino Unido, Dinamarca y Estonia, recoge el informe del sindicato.

Sobre la remuneración, la ley en España establece que las horas extra pueden pagarse por el valor de la hora ordinaria de trabajo. Pero, además, el Tribunal Supremo interpretó que a estos tiempos no hay que aplicarles los complementos extrasalariales lo que, en la práctica, hace que los trabajadores puedan cobrar menos.

“Retribuirla como una hora ordinaria es una anomalía”, denunció UGT, que presentó una denuncia contra España en Europa al considerar que incumple la Carta Social Europea. En el caso francés se reconoce al menos una prima de un 10% y la media europea “está entre el 30 y el 50%”, explicó el sindicato, con casos incluso donde se duplica el salario/hora.

Más de 2,5 millones de horas extra gratis a la semana

Más allá del salario, el responsable económico del PP ignoró en su entrevista el enorme abuso de las horas extra sin pagar en España, que denuncian a diario los sindicatos y para la que el Gobierno está a punto de legislar con un refuerzo del registro horario.

En España, casi la mitad de las horas extra que se realizan son ilegales: no se pagan ni se compensan en descanso por parte de las empresas. Un 43% del total, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Son más de 2,5 millones de horas extra gratis a la semana, por las que no se paga a los trabajadores, ni se cotiza a la Seguridad Social, ni se abonan impuestos. El sindicato CCOO calcula que supone el equivalente a unos 68.000 empleos a jornada completa.

En el anterior gráfico*, se ilustra la evolución de las horas extra desde 2011, con un fuerte aumento de las no pagadas durante la crisis financiera y su posterior descenso con la recuperación económica. No obstante, en la última década, esta reducción se ha frenado.

Y, aunque está aumentando la realización de horas extra pagadas, sobre todo en contratos indefinidos y en hombres más que en mujeres, en los sindicatos recuerdan que la hora extra debe ser –como su nombre indica– algo extraordinario.

En primer lugar, para proteger la salud y el descanso de los trabajadores, que se resienten con las largas jornadas laborales. También por una cuestión de desconexión y conciliación de la vida laboral y personal, que han ensalzado debates como el de la reducción de la jornada laboral. Pero, además, porque en muchos casos las horas extra son un parche para no contratar más personal cuando realmente se necesita.

En número de trabajadores, casi 420.000 personas afirmaron en la última EPA que realizaban estas horas extra no pagadas, una cifra bastante estable en las últimas dos décadas.

A nivel sectorial, sobresalen en este abuso actividades como la banca, la educación y las actividades científicas.

Ojo a una reforma del teletrabajo

Además del límite de las horas extra, la medida que más desarrolló Alberto Nadal en su entrevista, el vicesecretario de Economía del PP mencionó que a España le falta “una modernización” del mercado laboral “especialmente en lo que se refiere a nuevos sectores, nuevas tecnologías, nuevas cualificaciones”.

Nadal afirmó que el marco jurídico “es muy rígido” y señaló que “cuestiones como el teletrabajo están más resueltas”, con supuestos “obstáculos” al trabajo a distancia, regulado en plena pandemia para obligar a un mínimo de compensación de gastos.

El trabajo a distancia –que en España se extendió a raíz de la pandemia de covid– solo alcanza a una minoría de los trabajadores, pero en aumento. Según los últimos datos, de 2025, el teletrabajo está en máximos y lo disfrutan el 15,6% de trabajadores. Un 7,9% dice teletrabajar más de la mitad de la semana y un 7,7% lo hace “ocasionalmente”, según la EPA.

De manera más genérica, Alberto Nadal criticó un “exceso de burocracia” en la legislación laboral. “Todo eso hay que eliminarlo”, defendió el responsable económico del PP.

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*Nota metodológica: El gráfico ilustra con puntos los datos de la EPA de cada trimestre y además dibuja linealmente una media móvil de horas extra que tiene en cuenta los datos de los dos últimos años, para mostrar resultados más robustos y evitar los vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de cada trimestre.

Hay horas de trabajo que aparecen en la nómina, horas que figuran en el registro horario y horas que, sencillamente, parece que no existen. No porque no se hayan trabajado, sino porque nadie las apunta, no se consideran horas extraordinarias o resulta difícil demostrar que lo fueron.

En España se realizan cada semana 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones no se pagan ni se compensan con descanso, según un análisis del Gabinete Económico de CCOO elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el equivalente al empleo a jornada completa de unos 68.000 trabajadores.

El sindicato cifra en 436.000 las personas que realizan esas horas extraordinarias sin contraprestación, una media de 5,8 horas adicionales a la semana por trabajador afectado. Por lo que el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana, y de esas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada.

El problema tiene, además, una particularidad: no siempre se trata de empresas que carecen de registro horario. Desde 2019 todas las compañías están obligadas a registrar la jornada. La cuestión es si ese registro refleja realmente todo el tiempo trabajado y, sobre todo, si puede utilizarse después para demostrarlo.

Fichar no siempre significa demostrar cuánto se ha trabajado

La reforma de 2019 introdujo la obligación general de registrar la jornada, pero dejó sin determinar con suficiente precisión cómo debía hacerse ese registro para que resultara eficaz. Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que ese es uno de los problemas de fondo: “Muchas empresas no hacen un registro veraz ni tampoco lo hacen de tal manera en la que luego ese registro se pueda comprobar si es cierto”. A su juicio, la reforma “ayudó poco a reducir las horas extra” porque no fijó un sistema suficientemente eficaz para acreditar el tiempo efectivamente trabajado, y ni siquiera está resultando “una herramienta eficaz en materia probatoria”.

El problema, resume el profesor, es “¿cómo demuestras que has hecho esas horas extraordinarias?”. En trabajos con horario fijo, superar la jornada es relativamente fácil de identificar. Pero en empleos con horarios flexibles, jornadas distribuidas de forma irregular o trabajo realizado fuera del centro, delimitar qué es exactamente una hora extraordinaria se complica mucho más. Y después hay que demostrarlo.

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, introduce un matiz: el registro horario sí ha mejorado la posición de los trabajadores. “La existencia de registro horario es clave para que el trabajador pueda reclamar las horas extras no pagadas”, señala. Pero esa protección no es automática. Cuando existe un horario fijo y no hay registro, el Tribunal Supremo exige que el trabajador aporte indicios suficientes de un exceso de jornada; solo entonces la carga de la prueba pasa a la empresa, y aun así el trabajador debe concretar qué horas reclama.

En los horarios no fijos la situación cambia: una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026 establece que, cuando no existe registro, es el empleador quien debe acreditar cuál fue realmente la jornada realizada. Es precisamente la función que debería cumplir el registro. La consecuencia es paradójica: existe la obligación legal de registrar el tiempo de trabajo, pero el registro puede no bastar para acreditar todo lo que efectivamente se ha trabajado.

El propio Tribunal Supremo ha mostrado hasta qué punto puede pesar esa ausencia de registro. En una sentencia de abril de 2026 sobre el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora, la empresa no pudo aportar un registro horario detallado que probara a qué hora había terminado su jornada. Ante esa falta de prueba, el tribunal concluyó que el episodio se produjo mientras la afectada seguía trabajando y calificó la muerte como accidente laboral.

El coste económico del trabajo que 'no existe'

Más allá de las horas que no aparecen en los registros, importa lo que deja de percibir el trabajador y lo que pierden las arcas públicas. CCOO calcula que el coste de esas horas no reconocidas asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que dejan de ingresarse: una media de 7.696 euros anuales por persona afectada.

Por sectores, la educación concentra el mayor volumen de horas extra no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos (el porcentaje de trabajadores afectados dentro de cada sector) destacan las actividades financieras y de seguros, la propia educación, y la edición y producción de contenidos.

Para CCOO no es solo un problema de derechos laborales: la práctica “altera la competencia entre empresas”, porque quien no paga las horas trabajadas soporta costes inferiores a quien sí cumple la normativa. El sindicato reclama reforzar el control para acabar con lo que considera “una de las principales formas de abuso laboral”.

Educación, donde la hora extra ni siquiera se llama así

Educación es, según CCOO, el sector que concentra un mayor volumen de horas extraordinarias no remuneradas, y también está entre los que registran mayor porcentaje de trabajadores afectados. Pero en el profesorado no siempre existe conciencia de que ese tiempo adicional sean “horas extra”: preparar clases en casa, corregir exámenes por la noche, responder correos de familias o elaborar informes se vive, a menudo, como parte asumida del trabajo docente, aunque se haga fuera del horario formal.

Héctor Adsuar López, representante del profesorado de la enseñanza pública en el sindicato, describe una frontera especialmente difícil de trazar. El horario del profesorado se divide en horario lectivo directo con alumnado, horario complementario de permanencia (guardias, reuniones) y 7,5 horas semanales de horario no fijo o irregular para preparación, corrección y elaboración de informes.

Ese tiempo, sostiene, “no es suficiente para realizar todas las tareas necesarias con garantías” y obliga a trabajar más: calcula que el horario real del profesorado público se sitúa “como poco por encima de las 42 horas y llega a las 48”, frente a las 37,5 semanales que constituyen el máximo teórico en la función pública.

A los elevados ratios y el seguimiento individualizado de alumnos se suman tareas administrativas y funciones de coordinación que, según Adsuar, se han ido incorporando sin más recursos ni tiempo específico: “No existe un registro horario que cuantifique temporalmente todas esas tareas del profesorado fuera de su horario lectivo y complementario”.

Manuel Maldonado, profesor de Matemáticas en el colegio Sagrado Corazón, pone cifras a esa parte invisible: “Normalmente pueden ser de 10 a 15 horas semanales, pero en épocas de evaluaciones te puedes ir a 20 sin problemas”. Ahí se incluyen tareas como buscar y adaptar materiales, reprogramar clases según el ritmo de cada grupo, corregir exámenes o preparar contenidos para alumnos con adaptaciones curriculares; si además se ejerce de tutor, se suman las llamadas y correos con las familias.

“La accesibilidad que te da el correo electrónico ha multiplicado el número de contactos de las familias con el tutor”, apunta, y aplicado a una clase de 28 o 30 alumnos, el volumen se convierte en una carga considerable que en época de exámenes puede llevar a trabajar hasta altas horas de la noche o sacrificar el fin de semana. Aun así, Maldonado admite una cierta normalización de esa dedicación adicional en su profesión: “Uno ya ha de ser consciente de que una dedicación extra se ha de llevar a cabo”.

La percepción de Xavier Nalda, profesor de Física y Matemáticas de Bachillerato en el colegio Jesús María, es distinta, y por eso resulta reveladora. Nalda tiene un contrato de 30 horas semanales y no identifica como horas extraordinarias buena parte del trabajo que hace fuera de ese horario: “Yo tengo un contrato de 30 horas y cobro por estas 30 horas y ya está”.

Reconoce que prepara clases y corrige exámenes antes de entrar al colegio y algunos fines de semana, “por costumbre”, pero no cree que deba remunerarse: “No entiendo que eso sean horas extra”. A su juicio son tareas que históricamente han formado parte de la profesión docente y que cada profesor organiza como puede; sí coincide, eso sí, en señalar la burocracia (informes, adaptaciones, documentación) como uno de los grandes problemas del trabajo docente, por el tiempo que resta a la relación directa con los alumnos.

Entre ambas percepciones hay una frontera que explica buena parte de las llamadas horas extra invisibles: para unos, trabajar por la tarde o desde casa forma parte natural de la profesión; para otros, esas mismas tareas representan una sobrecarga de 10 a 15 horas semanales que debería contabilizarse.

La cuestión jurídica, sin embargo, no puede resolverse solo preguntando si el profesor cree que está haciendo horas extra: la pregunta relevante es si ese tiempo constituye trabajo efectivo, si forma parte de la jornada exigible, si supera los límites establecidos y si existe una manera objetiva de acreditarlo.

Un registro digital reforzado para intentar eliminar la zona gris

El Gobierno tiene previsto llevar en septiembre al Consejo de Ministros la reforma del registro horario, después del acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía para salvar las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. El organismo consultor había cuestionado que un real decreto pudiera imponer determinadas obligaciones, así como algunos aspectos del acceso a los datos.

La norma mantiene como líneas principales un registro completamente digital e interoperable y la posibilidad de facilitar el control del cumplimiento de la jornada a la Inspección de Trabajo, atacando así una de las debilidades del sistema actual: que el registro exista sobre el papel, pero no permita comprobar de forma fiable la jornada realmente realizada.

Ana Belén Muñoz Ruiz cree que una de las mejoras posibles pasa precisamente por que el registro digital gane protagonismo: “Ayudaría que se modificara la normativa del registro horario para que solo sea válido el registro digital”. Pero avisa de que registrar las horas puede no bastar para abordar todo el problema, porque hay sectores en los que la sobrecarga laboral no se traduce fácilmente en una sucesión de entradas y salidas.

Por eso plantea complementar el control horario con mecanismos que midan la carga de trabajo: en Educación, por ejemplo, no basta con contar cuánto tiempo permanece un docente en el centro si buena parte de sus tareas se hace en casa. “Esta perspectiva más amplia de la realidad lleva a que una sobrecarga laboral implique una mayor intensificación del trabajo”, explica.

La otra pieza: sanciones e Inspección de Trabajo

El profesor Todolí apunta a otro problema: los incentivos económicos para cumplir la norma. A su juicio, las sanciones actuales son insuficientes: “En muchos casos es más caro cumplir que incumplir y pagar la sanción”. Propone endurecerlas y, sobre todo, individualizarlas, siguiendo el modelo aplicado a los contratos temporales fraudulentos en la reforma laboral de 2021: que cada incumplimiento genere una sanción propia y no una única multa a la empresa por una práctica repetida.

Muñoz Ruiz coincide en la importancia de reforzar la actuación inspectora, aunque considera que las sanciones económicas actuales (el incumplimiento del registro se tipifica como infracción grave, según el artículo 7.5 de la LISOS) responden a una graduación razonable desde el principio de proporcionalidad.

Según la memoria anual de la Inspección de Trabajo de 2024, publicada en 2025, el tiempo de trabajo representa el 47,8% de las infracciones detectadas en materia de relaciones laborales. Las campañas específicas sobre horas extraordinarias han dado resultados importantes, señala la profesora, aunque sería útil dotar a la Inspección de más medios.

El problema de fondo no cabe entero en un reloj

Para un trabajador que quiera reclamar horas extraordinarias no abonadas, el tiempo también juega en contra: el plazo general para reclamar cantidades salariales es de un año. Ana Belén Muñoz Ruiz recomienda empezar, cuando sea posible, por las vías internas de la empresa y la representación de los trabajadores, acudir después a la Inspección de Trabajo y, si el problema persiste, plantear la reclamación judicial.

La cuestión es que muchos trabajadores no reclaman mientras la relación laboral es normal: “Con carácter general, el trabajador parece que decide reclamar las horas extras cuando la relación laboral ya está dañada y se va a producir una salida de la organización”. La existencia de representación sindical puede cambiar esa ecuación, especialmente en empresas con estructuras para vigilar el cumplimiento de la jornada.

Adsuar sostiene que, en el caso docente, la solución pasa por reducir ratios, aumentar plantillas, incorporar apoyos y especialistas y reducir la burocracia: una reducción formal de jornada, avisa, no resolverá nada si las tareas de cada docente siguen siendo las mismas. “Si no se incrementan las plantillas, cualquier reducción de jornada no será realmente efectiva y seguirán existiendo exceso horario y sobrecarga”, afirma.

Ese es el reto que la nueva regulación del registro horario tendrá que afrontar a partir de septiembre: conseguir que el tiempo de trabajo deje de depender de si alguien lo apunta, lo reconoce o considera que “forma parte de la profesión”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con CEOE y Adecco para recabar su valoración sobre los datos de CCOO y la situación del registro horario, sin obtener respuesta. Desde ambas organizaciones se ha indicado que los contactos habituales se encuentran de vacaciones.

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han cerrado el curso político con un acuerdo de calado: la reforma del registro horario para endurecerlo y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo se aprobará a la vuelta del verano, en septiembre, una vez el Ejecutivo cierre los últimos flecos para salvar las objeciones que puso el Consejo de Estado a su redacción.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo el acuerdo con el Ministerio de Economía pasa por que el real decreto (reglamento) con la reforma no se apruebe antes del 31 de julio, como reclamaban los sindicatos y se había comprometido la propia Yolanda Díaz, sino que se haga al arranque del curso. El concurso de Carlos Cuerpo era necesario ya que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el 'Consejillo' de ministros económicos que masca los grandes asuntos del área antes de cada reunión semanal del gabinete y la mesa donde estaba 'atascado' el proyecto.

A cambio, indican las mismas fuentes, el acuerdo desbloquea la norma clave para el departamento de Yolanda Díaz, que vino a sustituir el espíritu de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una vez esta decayó en el Congreso.

Un año de espera

El real decreto saldrá de la mesa del Consejo de Ministros prácticamente un año después de que pasara, en primera ronda, por dicha reunión. El reglamento se ha retrasado no solo por las reticencias expresadas por el Ministerio de Economía, sino también por los dos informes demoledores del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos durante la tramitación de la norma. Ambos informes preceptivos y no vinculantes, pero que servirían de base para cualquier recurso contra el nuevo registro horario. Algo que la patronal ya se plantea hacer en cuanto esté en vigor.

El Consejo de Estado puso en duda que el vehículo legal, un real decreto, fuera el adecuado para los cambios que plantea la cartera de Yolanda Díaz. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, dijo el órgano consultivo que ahora lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo. Un decreto que “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.

Además, el Consejo citaba en su informe una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se cuestionaba “que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

El propio Ministerio de Economía también planteó sus reservas sobre los plazos de su entrada en vigor, como adelantó este periódico. En un informe previo al dictamen del Consejo de Estado, reclamó un periodo transitorio de un año para su implementación en las pymes, en lugar de los 20 días que contempla la norma redactada por Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que ahora es el momento de cerrar los detalles técnicos que permitan salvar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado sin tocar las líneas principales del registro horario: es decir, que sea completamente digital, interoperable y permita acabar con el fraude de las horas extra sin pagar.

La vicepresidenta Díaz se confesó esta misma semana, tras el Consejo de Ministros del martes, “muy optimista” por el devenir del registro horario, asegurando que estaba “prácticamente listo” para sacarlo adelante. “Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar”, dijo la titular de Trabajo.

Precisamente la aprobación del registro horario fue una de las cuestiones que la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó al vicepresidente Cuerpo este jueves durante el Pleno extraordinario del Congreso en el que se aprobó la extensión de las medidas por la guerra en Irán. Preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente, Cuerpo, que siempre ha defendido la implantación “equilibrada” de esta norma, defendió que era un proyecto “importante”. “Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas”, dijo.

La decisión de llevar esta norma a septiembre coincidirá, también, con la campaña de Díaz para hacerse con la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una votación prevista para noviembre y cuyo mandato comenzaría en octubre del año próximo. Ya con la legislatura acabada.

El Tribunal Supremo ha rechazado el horario especial de verano del que ha disfrutado el personal de laRadio Pública de Canarias desde 2010, que consistía en la reducción diaria de una hora de junio a septiembre, al considerar que no se han tenido en cuenta los costes y efectos sobre la gestión del ente.

El recorte es declarado “nulo de pleno derecho” por el Supremo en cuanto puede dar lugar directa o indirectamente a incrementos de gasto de personal o de retribuciones y problemas para afrontar las jornadas ordinarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó en julio de 2025 la demanda presentada por el sindicato UGT (Unión General de Trabajadoras y Trabajadores) contra la supresión del tradicional horario especial de verano del ente público, al considerar que “constituye una condición más beneficiosa incorporada al contrato de trabajo de la plantilla de la emisora”, según informó en su momento el sindicato en un comunicado.

El sindicato pedía que se retomara la reducción desde el 16 de junio al 15 de septiembre y en el período de Navidad entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, además de librar en Navidad y fin de año.

No obstante como alternativa proponían que se le diera a cada trabajador una hora de descanso retribuido por cada hora de trabajo, al entender que la empresa había llevado a cabo una modificación sustancial de las condiciones laborales de forma unilateral.

Desde 2010 se había establecido un horario especial de verano que suponía la reducción de una hora cada día durante tres meses pero en 2025, la dirección la retiró y comunicó que se centraría entre el 15 de julio y 31 de agosto, un mes y medio.

El TSJC, sin embargo, ordenó reponer las anteriores condiciones de trabajo, lo que fue recurrido ante el TS por los nuevos responsables de la radio, a los que ahora se le da la razón.

El Supremo considera que el convenio colectivo no regula esta jornada especial, que de forma progresiva podría dar lugar a que el ente público no pudiera prestar su servicio en las condiciones deseables.

La actual dirección argumentó que la “condición más beneficiosa” la habían acordado de forma unilateral los anteriores responsables sin contar con el informe del Gobierno de Canarias para conocer las repercusiones económicas y en la gestión de personal que tiene esta medida.

La Inspección de Trabajo de Toledo ha emitido un informe reconociendo los riesgos que supone para la salud de los agentes medioambientales dedicados a la prevención y extinción de incendios las jornadas “extremas de trabajo y las deficiencias en la organización del mismo”, a raíz de una denuncia de CCOO.

“La Inspección de Trabajo ha constatado, y así lo hace constar, incumplimientos en horas de extinción y descansos entre jornadas, así como deficiencias en la gestión y control del tiempo de trabajo, lo que afecta a la conciliación de la vida personal y laboral por la incertidumbre de la duración de la prestación laboral o desplazamientos, especialmente cuando se activa un caso de gran incendio forestal”, argumento el sindicato.

Advierte igualmente sobre riesgos provocados por “la inseguridad y el miedo” en el trabajo a desarrollar, y de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones cuando asumen la dirección técnica de la extinción del incendio y de la “fatiga física acumulada”.

“Todos estos incumplimientos y deficiencias en la organización del trabajo por parte del Gobierno Regional suponen poner en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras en los incendios forestales, además de que comprometen la propia eficacia del dispositivo Infocam, y en consecuencia la seguridad de la población afectada”.

Jornadas de hasta 23 horas

Dicho esto, CCOO ha recordado que en 2018 la Administración regional fijó un máximo de 12 horas continuadas de presencia en extinción, incluyendo desplazamiento y un descanso mínimo entre jornadas que debía respetarse como regla general.

“Sin embargo, los nuevos procedimientos publicados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en los años 2025 y 2026 regulan jornadas de trabajo de hasta 23 horas continuadas sin descanso. Pero lo más grave, es que el sindicato ha recibido comunicaciones formales por parte de trabajadores y trabajadoras que alertan de casos concretos de más de 30 horas de trabajo sin descanso, y registros oficiales Fidias con jornadas de entre 18 y 22 horas, tras las cuales el agente medioambiental debe conducir su vehículo hasta la base o su domicilio”.

Según el sindicato, estas condiciones han causado accidentes 'in itinere' por falta de descanso y la necesidad de apartarse al arcén para descansar “por el riesgo percibido de accidente”.

“A todo ello se suma un problema que el personal viene trasladando desde hace tiempo, como es que durante las guardias de incendios no siempre se releva al agente de otras funciones ordinarias, lo que multiplica la carga mental, introduce conflictos de prioridades de emergencias y dificulta una dedicación verdaderamente centrada en los incendios forestales en la época de riesgo alto y extremo que nos encontramos”.

Dos cartas a Page, sin respuesta

Dicho esto, ha criticado que pese a sus intentos de llegar a acuerdos con la Administración, habiendo remitido incluso dos cartas dirigidas al presidente Emiliano García Page, hasta la fecha no ha habido respuesta. Por ello, hace hincapié en que los agentes medioambientales no están pidiendo privilegios, sino trabajar “con seguridad, con descansos suficientes, con medios adecuados y con una organización coherente y acorde a la responsabilidad que asumen en cada incendio forestal”.

Frente a esta situación, considera “inaceptable” que la respuesta de la Administración sigue siendo “publicar procedimientos con más exigencias y mantener inercias organizativas obsoletas y peligrosas, mientras los problemas de fondo continúan sobre el terreno”.

“Pedimos directamente al presidente, Emiliano García-Page, que interceda para que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible como la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda se pongan de acuerdo para la revisión inmediata del sistema de guardias, descansos y compensaciones recibidas en todas las funciones de emergencias”.

CCOO concluye que no va a tolerar que, tras las advertencias efectuadas a la Administración y la constatación inspectora de incumplimientos laborales, y que no se actúe y se siga “poniendo en riesgo” a los trabajadores. Advierte de que si esta situación da pie a un accidente laboral, actuará judicialmente contra los responsables por todas las vías legales, incluida la penal.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era la bandera del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. Tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz afirmó que no se rendiría y volvería a llevarla al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no planea que sea este año, según el Plan Normativo previsto para 2026. La hoja de ruta solo contempla el real decreto para endurecer el registro horario, que aún enfrenta a Trabajo con Economía. Otra de las grandes normas en el aire en materia económica, los Presupuestos Generales del Estado, sí se han incluido, aunque sin especificar si serán para 2026 o irán directamente a las cuentas de 2027.

La ley para reducir la jornada laboral es la ausencia más llamativa de las normas que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo este año, de acuerdo con el Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado este martes, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Prioridad absoluta durante la primera mitad de la legislatura, el fracaso para su tramitación en el Congreso el pasado septiembre supuso un duro golpe para la bandera electoral de Sumar y la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, Díaz ha insistido en que “no renuncia” a sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero optó por un ‘plan B’ en el corto plazo: endurecer el registro horario en las empresas a través de un real decreto, que no tiene que pasar por el Parlamento. Esta medida sí figura en la hoja de ruta del legislador para 2026, no así la reducción de la jornada. 

Preguntados por esta ausencia, fuentes de Trabajo apuntan que “no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse”, y ponen de ejemplo otros proyectos, como la Ley de condiciones laborales transparentes y previsibles o el reglamento que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que salieron adelante sin estar incluidos en esta hoja de ruta.

El refuerzo de la jornada laboral enfrenta no obstante sus propios problemas. Tras el varapalo del informe del Consejo de Estado se ha complicado su camino para salir adelante. El Ministerio de Economía, que dirige el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene varias diferencias con el actual texto, por ejemplo, sobre el periodo de aplicación para las pymes. Yolanda Díaz ha anunciado que la medida se aprobará antes de verano, y solo con ligeros cambios que no desvirtúen el texto pactado con los sindicatos, pero el vicepresidente económico ha recordado que el Consejo de Estado ha puesto objeciones no solo al contenido, sino también “al instrumento legal”. Así, Cuerpo ha afirmado que el Gobierno aún está analizando este dictamen para “ser capaces de llevarlo lo antes posible”, sin una fecha cerrada. 

De la reforma del despido a la democracia en las empresas

El resto de leyes laborales previstas en el plan normativo para este año no lo tienen más fácil para ser aprobadas, como ocurre con todas las regulaciones que tienen que lograr una mayoría parlamentaria. Entre otras, destacan la ley para modernizar la prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos; la reforma del despido improcedente –que también ha contado con resistencias internas en la parte socialista–, y la ley de democracia en la empresa, para “impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución Española”. Todas ellas con el rechazo de la patronal. 

Dada la dificultad del Gobierno para sumar mayorías parlamentarias, el Ejecutivo ha apostado por tramitar sus proyectos como real decreto, que no tienen que pasar por el Congreso. En temas laborales, es la vía por la que el departamento de Yolanda Díaz pretende aprobar varios cambios relevantes, como evitar la absorción de pluses salariales para amortiguar la subida del salario mínimo (que todo indica que la patronal llevará a los tribunales en caso de salir adelante), así como para transponer la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes, por la que España ya se enfrenta a posibles sanciones de Bruselas debido al retraso en su implantación.

Aunque incluye algunos decretos en materia de salud laboral, en el Plan Normativo no figuran dos de los comprometidos con los sindicatos mayoritarios, para hacer frente al cambio climático y los riesgos psicosociales, que hace poco enfrentaron a CCOO con la vicepresidenta segunda. Desde el departamento de Díaz insisten en que el desarrollo de la norma se hará una vez se haya aprobado la ley en la cual se sustentan.

En Seguridad Social destacan que solo se prevén reales decretos, ninguna ley, aunque el Ministerio de Elma Saiz ultima al menos un real decreto ley para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos. También se prevé que incluya más medidas, como una mejora del acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas. 

Tampoco hay rastro de normas sobre la incapacidad temporal, aunque el departamento de Saiz tiene una mesa de negociación abierta sobre este tema. Entre los reales decretos previstos destaca uno para reformar la jubilación flexible y otro para que cuenten como cotizados los años de actividad de deportistas profesionales (antes de que se integraran en la Seguridad Social).

Presupuesto sí, pero sin fecha

El Ejecutivo ha incluido en el plan normativo la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, por segundo año consecutivo, ha renunciado a concretar para qué año serán estas cuentas públicas, como sí se ha hecho en los programas de años anteriores, hasta el de 2025. O como se recoge en decretos específicos en el plan de este año, como el que elevará el salario mínimo para 2027.

Según detalla el documento, el objetivo de esta norma será “presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en que el Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar unos Presupuestos, pero que “ahora no es el momento”. 

Es un discurso que llevan repitiendo en el Ejecutivo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo. “Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra”, respondió el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista con elDiario.es.

Sin marcarse plazos, el Gobierno ya ha dado por hecho que la elaboración de unas cuentas públicas se retrasará “semanas” o “meses”, toda vez que la guerra en Irán ha desbaratado las previsiones económicas del proyecto que dejó preparado la exvicepresidenta María Jesús Montero antes de salir del Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, dijo el vicepresidente Carlos Cuerpo la pasada semana. La actualización del cuadro económico es el primer paso para la elaboración de unas cuentas. Y si las previsiones se retrasan, también se retrasa el Presupuesto. 

Lo que sí contempla Hacienda aprobar este año son los cambios en el sistema de financiación autonómica. Lo hará mediante dos normas: una ley orgánica “con el objetivo de acometer una actualización y reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo”, de acuerdo al modelo que Montero acordó con ERC. Y otra ley que “regula” el modelo de reparto.

Mayor control a las inversiones extranjeras

En el plan normativo, el vicepresidente Cuerpo ha incluido la aprobación de una ley para reforzar el control de las inversiones extranjeras e incluir en la normativa española los cambios aprobados a escala europea. Entre otros, una supervisión férrea en ámbitos como las tecnologías de doble uso (civil y militar), las materias primas fundamentales o aquellas entidades críticas en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales o algunas entidades financieras.

El Gobierno apunta en el plan normativo que reformará otros aspectos de la actual ley para “llevar a cabo un control más focalizado y efectivo, acorde a la coyuntura geopolítica actual”. En este sentido, también recoge el desarrollo, mediante real decreto, de un Comité de Inversiones Estratégicas, una promesa del presidente Pedro Sánchez del año pasado, para “facilitar y priorizar proyectos estratégicos” con capital nacional o foráneo y “agilizar” su puesta en marcha.

El programa incluye otras normativas que ya han comenzado su tramitación en el seno del Gobierno, como la de contratos de crédito al consumo, que ya pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o la transposición de numerosas directivas pendientes de incorporar. Según los datos del Ejecutivo, de las 179 normas (entre leyes orgánicas, leyes y reales decretos) que prevén aprobar este año, 61 (el 34%) derivan de regulaciones comunitarias.

La batalla de los empleados públicos por la jornada laboral de 35 horas a la semana ha saltado de pantalla. El acuerdo para la reducción horaria de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), que se prevé que se apruebe este mes de abril, ha desatado una campaña de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF para tratar de trasladar este horario también a todos los ayuntamientos del país. Aunque algunos ya tienen implantada las 35 horas semanales, como Madrid y Zaragoza, “otros muchos no”, precisan los representantes de los trabajadores.

La reclamación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración local no es nueva. Hay ayuntamientos que la tienen implantada desde hace muchos años, como la capital, y otros que la han ido pactando más recientemente, como hizo hace pocos meses Barcelona. Durante la pasada crisis financiera se interrumpieron muchas de estas reclamaciones e incluso se revirtió la medida en algunas administraciones, como ocurrió durante algunos años en Madrid.

Ahora, con su implantación para los funcionarios del Estado, los sindicatos han visto una nueva oportunidad para tratar de llevar las 35 horas a los empleados públicos municipales.

¿Una vía legal para la implantación?

CCOO, UGT y CSIF consideran que la aprobación de este horario en el Estado abre una vía legal para trasladarla a los ayuntamientos, algo que rechaza tajantemente el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, donde insisten en que las 35 horas afectan exclusivamente a los empleados públicos de la Administración General del Estado, sin ninguna traslación de lo pactado a las entidades locales.

Es cierto que el texto del acuerdo para reducir la jornada a un promedio de 35 horas a la semana (1.533 horas al año) suscrito el pasado marzo menciona exclusivamente a los empleados públicos de la Administración central. Sin embargo, CSIF, CCOO y UGT consideran que “hay base legal” para reclamarla en los ayuntamientos.

Los sindicatos señalan para ello a la Ley de Bases de Régimen Local, que en su artículo 94 establece que “la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”.

Sin embargo, en Función Pública indican que este artículo “no es de aplicación”, ya que por una disposición adicional en los Presupuestos de 2018 se estableció que la jornada en el sector público sería de 37 horas y media, con la posibilidad de que cada Administración pactara una jornada diferente, si así se negociaba en su mesa de negociación colectiva y se cumplía el objetivo del 8% de temporalidad.

La disposición incluyó expresamente para los ayuntamientos: “De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva”.

La interpretación de este párrafo enfrenta al Ministerio con los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF consideran que esa mención a “la normativa aplicable a entidades locales” mantiene la vigencia del artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local y que permite que los ayuntamientos insten a la traslación de las 35 horas de jornada.

Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, considera que esa mención al carácter “supletorio” de la regulación estatal implica que en los consistorios “donde haya negociación colectiva regulando jornada esto no es directamente aplicable. Ahora bien, en ayuntamientos sin acuerdo de negociación colectiva sí”, valora.

Otras fuentes jurídicas consultadas tienen más dudas. Coinciden en que esta interpretación puede ser válida, pero también la del Ministerio de Función Pública, que sostiene que prevalecen las 37 horas y media aprobadas en 2018, salvo pacto expreso de cada administración en su negociación colectiva.

“Medio millón” de trabajadores afectados

Con esta batalla interpretativa de leyes de fondo, los sindicatos están dando ya los primeros pasos para tratar de alcanzar las 35 horas de jornada en cada consistorio.

CSIF ha instado a todos los ayuntamientos a negociar la implantación de esta reducción de jornada (ya que hay que ajustar calendarios y en ocasiones plantillas) y CCOO también ha informado de que “está coordinando a todos sus delegados y delegadas sindicales” en cada consistorio del país para emplazar a la negociación de las 35 horas. En UGT también están apoyando esta medida, indican a elDiario.es en la organización sindical.

CCOO estima que la reducción horaria está por aplicar para la gran mayoría de los trabajadores públicos de entidades locales, que alcanzan a un total de 632.000 personas según el último Boletín estadístico de del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Más de 500.000 empleados y empleadas públicas se van a beneficiar por esta reducción de jornada, que de momento solo estaba implantada en algunas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras”, sostiene el sindicato. 

Este medio millón de trabajadores “incluye a personal funcionario y personal laboral”, precisa Juan José Regatos, secretario general del Sector de Administración Local de FSC-CCOO, que considera que “no hay ya ninguna duda legal” para volcar las 35 horas a los funcionarios locales y, de manera paralela, a los laborales de los consistorios.

Regatos explica que lo idóneo es que la reducción horaria sea dialogada y pactada en el seno de las mesas de negociación de cada ayuntamiento, pero no descarta que pueda haber algún conflicto que requiera de movilización y que, en algunos casos, acabe judicializado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acudido a Inspección de Trabajo ante la negativa del Ayuntamiento de Burujón, en la provincia de Toledo, a aplicar la subida salarial del 4% que todavía adeuda a sus trabajadores y la instauración de la jornada laboral de 35 horas para cumplir de una vez por todas con los diferentes acuerdos de mejora del empleo público a los que está obligado.

CSIF censura que este ayuntamiento sea “una de las pocas administraciones locales en la región” que todavía no haya hecho efectivo el Acuerdo Marco firmado por la Central Sindical con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública el pasado mes de noviembre y que contempla una subida del 2,5% en 2025 con carácter retroactivo y un 1,5% en este 2026, a lo que se sumaría un 0,5% adicional si el IPC es igual o superior al 0,5%.

El incremento salarial completo será del 11,4% hasta 2028 (4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% del incremento proporcional de las mejoras en los complementos y los salarios base).

“Un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores”

“Se está produciendo un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores de este ayuntamiento, una plantilla que ve cómo compañeros de otras administraciones y corporaciones locales sí disfrutan de esta subida salarial mientras ellos siguen a la espera”, apunta el sindicato.

Es más, abunda, porque “también se han incumplido acuerdos salariales anteriores y se está llegando a adeudar más de 1.400 euros anuales a cada empleado o incluso hay trabajadores que están por debajo del salario mínimo interprofesional. A ello se añade que tampoco se está cumpliendo algo tan básico como la jornada de 35 horas”, explica el presidente de CSIF Toledo, Raúl Turín.

Siguen con una jornada laboral de 40 horas semanales

Los trabajadores municipales de Burujón continúan con una jornada laboral de 40 horas a pesar de que la obligación legal es de 37,5 horas, además de que el II Acuerdo Nacional de Mejora del Empleo Público de 2018 ya una permitía una jornada de 35 horas en sectores transferidos y administraciones locales.

CSIF espera que el Ayuntamiento siga el ejemplo del acuerdo firmado el pasado viernes con el Ministerio de Función Pública que fija la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado. “No hay excusas, las 35 horas serán una realidad en todas las administraciones y los empleados de Burujón no pueden quedarse atrás, no pueden sufrir esta discriminación”, concluye Turín.

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser que la reforma del registro horario en las pymes podrá llegar en el plazo de un año. Se trata de una de las medidas estrella del ala de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca acelerar. Cuerpo ha insistido en que la reforma, que busca endurecer el control horario, necesita una “implementación equilibrada”. “Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación “cordial” con Díaz, muy crítica con la actitud de Cuerpo en esta reforma.

elDiario.es ya contó cómo el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable contra el real decreto del Ministerio de Trabajo destinado a endurecer el registro de jornada. Esta resolución se alinea con la postura previa del Ministerio de Economía, que remitió dos informes negativos cuestionando incluso la legalidad de la norma. A pesar de que el propio Consejo de Ministros aprobó su tramitación por la vía de urgencia, los organismos consultivos han frenado el avance del texto liderado por Yolanda Díaz.

Además, el vicepresidente ha asegurado que habrá Presupuestos, pero ha delegado en el sucesor de María Jesús Montero al frente de la cartera de Haciendo, Arcadi España, el cuándo se aprobarán las cuentas. Su antecesora, María Jesús Montero, se había comprometido ha que estuvieran en marzo, pero el guerra en Irán trastocó los planes.

Medidas contra los efectos de la guerra

Cuerpo ha destacado la efectividad de las medidas gubernamentales frente al precio de los carburantes, logrando rebajas de 23 céntimos en gasolina y 20 en gasoil. Según el ministro, el 90% de este ahorro ya llega al consumidor final.

Además ha subrayado la dificultad de realizar pronósticos fijos debido a la volatilidad del mercado —influenciado incluso por redes sociales— y la incertidumbre bélica. No obstante, ha adelantado que el Ejecutivo está dispuesto a ampliar los paquetes de ayuda si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, con el objetivo de evitar que los costes energéticos encarezcan la cesta de la compra. “Seguiremos apoyando a las familias”, ha concluido.

Preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está, el vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está “muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno”.

“Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que “por supuesto” es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta “qué significa tener perfil político”, dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, ha añadido que también tiene su forma de “afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos”, con diálogo y “tendiendo la mano”.

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que “bajan las probabilidades de que suceda finalmente”. Por lo tanto, ha precisado que se quedó “muy contento” cuando le llamó el presidente y se lo dijo.

Hay dictámenes que iluminan y otros que, con solemnidad, oscurecen lo evidente. El reciente del Consejo de Estado sobre el registro de jornada pertenece a esta segunda categoría: no por lo que dice, sino por lo que decide no ver.

El registro horario no es una ocurrencia ni una excentricidad. Nació en 2019 para responder a una realidad inquietante: millones de horas extraordinarias sin pagar ni cotizar. Su propia exposición de motivos lo advertía con claridad: sin registro, las personas trabajadoras quedan indefensas y se facilitan jornadas por encima de los límites legales, con impacto en el salario, la conciliación y las cotizaciones.

No es un problema técnico, sino de derechos. Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral. Resulta difícil no sorprenderse cuando, en nuestro ordenamiento jurídico, las jornadas especiales se regulan por real decreto desde 1995, pero el registro —ya establecido por ley— parece resistirse a ese mismo desarrollo. Como si ordenar el tiempo de trabajo fuera aceptable, pero controlarlo efectivamente resultara sospechoso.

La paradoja es evidente. El Consejo de Estado nació en 1526, bajo Carlos V. Cinco siglos después, en plena era de algoritmos e inteligencia artificial, parece que pasar del papel al registro digital exige poco menos que una reforma constitucional. Menos mal que su criterio no es vinculante, porque la recomendación, al mismo tiempo que pone barreras a los avances tecnológicos , nos devuelve al siglo XVI

Y ello pese a que el propio dictamen reconoce lo esencial: el descontrol de la jornada es un problema grave que afecta a la salud, la conciliación y la competencia leal. Es decir, admite el diagnóstico, pero rechaza el tratamiento. Además, desplaza el debate hacia lo caricaturesco: la protección de datos. De pronto, el problema no es trabajar gratis, sino registrar ese trabajo. No se protege a quien lo sufre, sino —parece— a quien lo impone.

El resultado es inquietante: la protección de datos como escudo de la opacidad. Llevado al extremo, obligaría a replantear incluso la actuación de Hacienda: ¿también las facturas o los registros contables deberían quedar fuera de control en nombre de la intimidad? El absurdo es evidente. Porque aquí no se trata de datos: se trata de derechos.

Los datos son tozudos. Cada semana se realizan millones de horas extraordinarias en España, muchas sin retribuir. Solo en 2025, 2,49 millones de horas semanales no se pagaron, afectando a 441.000 personas y generando más de 3.200 millones de euros anuales no abonados, según datos de la EPA. Traducido: A cientos de miles de personas trabajadores les roban más de cinco horas de su vida cada semana.

Quizá no sea urgente. Depende de dónde se mire. No lo es desde la cómoda distancia de un dictamen que pide “sosiego y reflexión”, pero sí para quien encadena jornadas ilegales, no puede conciliar o ve evaporarse su salario en horas invisibles.

Por eso se visualiza en este dictamen una cierta alineación con quienes llevan años resistiéndose a cumplir la ley. No se cuestiona un exceso regulatorio, sino que el control sea eficaz: que el registro sea, como exige el Derecho europeo, objetivo, fiable y accesible. Y eso, en la práctica, significa que no pueda manipularse.

Discutir si el registro debe ser digital, los plazos o las cargas para las pymes es legítimo. Pero no puede servir de coartada para sostener un sistema que aún permite prolongaciones de jornada no registradas ni pagadas. Entonces ya no hablamos de técnica jurídica, sino de normalizar una ilegalidad.

Además, el dictamen trata con ligereza una cuestión clave: la salud laboral. Controlar el tiempo de trabajo no es solo salario, es prevención. Jornadas excesivas y descansos insuficientes impactan directamente en la salud, algo que el propio Consejo de Estado reconoce.

Negar la urgencia es negar la evidencia. Puede no serlo desde un despacho que reclama “sosiego”, pero sí para quienes acumulan cada semana horas no pagadas. La pregunta es sencilla: ¿cuántas más hacen falta para que sea urgente?

El Gobierno debe decidir. Puede dejarse arrastrar por un dictamen no vinculante que debilita la reforma o garantizar que la ley se cumple y la competencia es leal.

Eso exige aprobar el real decreto, con los ajustes técnicos necesarios, pero sin tocar su esencia: un registro objetivo, fiable, accesible y no manipulable que proteja las horas trabajadas, la retribución y la salud.

Si al Consejo de Estado no le parece urgente, es legítimo. No responde ante los ciudadanos.

El Gobierno, sí.

He de reconocerles que no sigo de cerca la actividad del Consejo de Estado, pero su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto en materia de control de la jornada de trabajo ha llamado mi atención. Quizás porque se refiere a una materia que ha marcado toda mi vida profesional y sindical. 

Hacerme con él no ha sido fácil y, como no me gusta opinar de oídas o a partir de titulares “demoledores”, he tardado más de lo aconsejable en hacerlo en un mundo en el que las noticias pierden actualidad a las pocas horas de saltar a la palestra. 

Una aceleración que, por cierto, choca con el sosiego y la reflexión que el Consejo de Estado reclama para sus funciones consultivas. Si se contrasta la multitud de requerimientos procedimentales que se establecen en la elaboración de las normas con los ritmos de la vida cotidiana, emerge una de las grandes disrupciones de nuestro tiempo. Instituciones y procedimientos pre-analógicos sometidos a la vertiginosa velocidad del mundo digital. 

Casi tan interesante como el cuerpo del informe me ha resultado la lectura de las alegaciones formuladas por los llamados a emitir su opinión. Más que previsible la oposición de las organizaciones empresariales. Curiosas, por ser prudente, las emitidas por otros ministerios distintos al de Trabajo.  

Las alegaciones de Economía “valoran positivamente la iniciativa y desfavorablemente su puesta en marcha”. Suena a nadar y guardar la ropa, para que nadie sospeche que a los ministerios de economía -desde que se creó el primero- nunca les ha gustado eso de ponerle obligaciones a las empresas.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública alega el elevado coste que tendría para las administraciones públicas tener que aplicar la norma. Al leerlo me he preguntado qué sucedería con el propio ministerio si se aplicara este criterio a su propia existencia. 

Al final de la lectura del dictamen me he quedado con la impresión que en estas alegaciones hay más fuego aliado que observaciones tendentes a mejorar la elaboración de la norma. Más adelante lo explico con ejemplos, pero como espóiler ya les adelanto que, a la vista de las muchas cosquillas que se le busca al Decreto, parece que mucha gente le tenía ganas a esta norma y a sus impulsores.  

Sobre el fondo del asunto, parto de la idea pacíficamente aceptada de que las leyes para ser útiles requieren ser cumplidas y que al poder ejecutivo le corresponde poner los medios para garantizar y controlar su aplicación. Es evidente que en materia de jornada de trabajo eso no sucede, como demuestra la millonada de horas extras realizadas que detecta la EPA. Algunas más allá de los límites fijados en el estatuto de los trabajadores, una parte de las cuales ni tan siquiera se retribuyen. 

No hace falta ser un especialista, basta con tener la vista y los oídos atentos, para saber que el actual mecanismo de control de la jornada de trabajo no funciona adecuadamente. En román paladino, algunas, demasiadas, empresas aplican aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”

Entrando en materia. Me ha provocado verdadero pánico jurídico la contraposición que hace el dictamen entre la regulación normativa del control de la jornada y la que establecen algunos convenios colectivos -la minoría, por cierto-. ¿Son conscientes en el Consejo de Estado de que sus argumentos nos pueden conducir a la negación del papel de las normas legales en la regulación de las relaciones de trabajo? 

Entre las principales razones que utiliza el dictamen para rechazar la norma emerge el habitual argumento de su impacto en las pymes. Es evidente que la realidad de las pequeñas es muy distinta a la de las grandes empresas. Y que el legislador y el Ejecutivo deben tenerlo en cuenta. Aunque ese argumento serviría para desmontar todas las obligaciones fiscales, de seguridad social, de salud laboral. Y no por eso dejan de aprobarse, entre otras cosas porque sería discriminar a las personas que trabajan en las pymes.

Por cierto, quizás ha llegado el momento de entender que el apoyo a las pequeñas empresas no consiste en encerrarlas en una burbuja. Pasa por ayudarlas a crecer, a que dejen de ser pequeñas y adquieran musculatura económica. Lo necesitan las pymes para subsistir y también el país. Deberían entenderlo, especialmente, aquellos que dicen estar muy preocupados por nuestra productividad. 

Sinceramente, me parece que es buscar tres pies al gato que se utilice como argumento contra el control digital de la jornada que hay lugares a los que no llega la conexión de internet. ¿Eso no afecta al resto de operativas de estas empresas, las financieras, por ejemplo? ¿La solución es dejar de digitalizar la relación entre empresas y administración? o ¿mejorar la cobertura? Este es uno de los muchos argumentos peregrinos utilizados por el Consejo de Estado para negar su voto favorable al proyecto de Decreto.  

Los redactores del dictamen se lo podrían haber currado un poco más. Argumentar que los datos que aporta la memoria del Decreto sobre horas extras no pagadas -basados en las estimaciones de la EPA- deberían cuantificarse mejor es grotesco. ¿Se han parado a pensar que por definición las horas extras no pagadas son de muy difícil comprobación? Especialmente, si no se dispone de un control eficiente de la jornada en los centros de trabajo. 

Incluso se pone en duda de que la aplicación del control de la jornada pueda tener una incidencia positiva en la conciliación personal de vida y trabajo. Se califica este apartado de la memoria como un objetivo a alcanzar no avalado por datos contrastados. Con este rigor del Consejo de Estado, el que exigen, pero no practican, no hay norma que supere las exigencias de la ley sobre la evaluación de los impactos de género. 

Hay un hilo conductor que recorre todo el dictamen: los constantes argumentos o más bien excusas puestas por el Consejo de Estado para dudar de la posibilidad de que la digitalización pueda entrar en el terreno de las obligaciones empresariales. Digitalización sí, para todo y más, menos para el control de la jornada de trabajo.

He de decir, en cambio, que me parecen razonables algunas de las observaciones realizadas en el dictamen con relación a la necesidad de mejorar la protección de datos personales que debe garantizar cualquier mecanismo de control de jornada. 

Aunque incluso en este apartado algunos de sus razonamientos producen sonrojo. La memoria del Decreto justifica su necesidad en las dificultades que tiene la Inspección de Trabajo para controlar la jornada con el actual modelo. El Consejo de Estado para descalificar esta justificación aporta un argumento que más bien parece un chiste de Forges sobre funcionarios. Así afirman que “el hecho de que un determinado grupo de funcionarios pueda hacer su trabajo con mayor facilidad no supone justificación suficiente”. Por favor, tápense un poco, que no se trata de la comodidad de inspectores o inspectoras de trabajo. Es que, con el actual sistema, no pueden ejercer correctamente sus funciones de control de la aplicación de la ley. 

También merecen atención, a mi juicio, las observaciones hechas sobre los plazos en la entrada en vigor de la norma. Ello es importante porque no se pueden establecer obligaciones a las empresas, ni a ningún administrado, hasta tener la seguridad de que tienen a su disposición los mecanismos necesarios para su cumplimiento. 

El tronco del dictamen hace referencia a un tema de alta complejidad jurídica. La alegación, que asume el Consejo de Estado, de que el control digital debe regularse por una norma con rango de ley y no puede serlo por un Decreto es más que dudosa. Sobre todo, si se tiene presente que la regulación de la jornada de trabajo y el establecimiento de un registro diario, que incluye el horario, viene ya establecido en una norma con rango de ley, el estatuto de los trabajadores, en su artículo 34.

No quiero cansarles, concluyo que me he quedado con la impresión de que los redactores del informe llegaron primero a la conclusión de que debían cargarse el proyecto de Decreto y luego se pusieron a buscar argumentos bajo las piedras para justificar su negativa a la aprobación del Decreto proyectado. 

No se alarmen, aunque a los legos les cueste entenderlo, esta es una lógica muy habitual en el funcionamiento de los Tribunales, primero se decide el fallo de la sentencia y luego se arman los fundamentos jurídicos. Si eso se hace, a menudo, con resoluciones judiciales no es muy exagerado pensar que se haya hecho también con un dictamen del Consejo de Estado que en definitiva es un trámite preceptivo, pero no vinculante para el poder ejecutivo.   

Espero que en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno sepan encontrar la fórmula para mejorar el texto de la norma y así aprobar el control digitalizado de la jornada de trabajo. Por el bien de nuestro sistema democrático. No hay nada que erosione más la confianza de la ciudadanía en las instituciones que las personas tenga la convicción, fruto de sus traumáticas experiencias, que las leyes se aprueban, pero no se cumplen y no se hace nada para hacerlas cumplir. 

Un acuerdo “histórico” en el que los empleados y empleadas públicas del Estado conquistan por primera vez una reducción de su horario laboral a las 35 horas semanales. El Gobierno ha firmado este viernes con la mayoría sindical la medida, comprometida en 2022, y que por fin se llevará a la práctica a partir del mes de abril, como ha anunciado el ministro de Función Pública, Óscar López, en una entrevista en el VI Foro económico de elDiario.es.

Tras terminar de atar los últimos flecos durante varias reuniones esta semana, el acuerdo sobre la jornada de 35 horas semanales se ha suscrito este viernes por la mañana en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, entre el Ministerio de Función Pública y la mayoría de sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Por su parte, ELA y CIG no lo han firmado, por considerar que el texto no tiene “las garantías suficientes”, indica el sindicato gallego.

A continuación, recogemos algunas de las cuestiones clave del acuerdo, que los sindicatos mayoritarios han celebrado como un avance para mejorar la conciliación y la productividad de la plantilla de empleados públicos del Estado.

¿A quién afecta?

La jornada de las 35 horas semanales alcanza a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), celebran los sindicatos firmantes, que cifran alrededor de las 246.000 personas. Aunque se suele mencionar la afectación de los funcionarios, la medida también alcanza al personal estatutario y laboral de la Administración General del Estado.

El alcance de la medida ha sido precisamente uno de los escollos durante la negociación, porque en un principio se planteó que la medida excluyera a algunos colectivos con más dificultades para implantarla, como a Instituciones Penitenciarias, que trabaja a turnos, y al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, explican en CCOO.

Finalmente, el acuerdo incluye a “toda la Administración” General del Estado, celebran CCOO, UGT y CSIF, para los que este punto era clave para suscribir el pacto con el Gobierno.

¿Cuál es la jornada anual?

Aunque en los debates públicos sobre la jornada laboral se suelen abordar en términos semanales, la realidad es que la jornada tiene un enfoque anual.

Así, el acuerdo recoge el compromiso de implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”.

¿Qué pasa con las jornadas con “especial dedicación”?

El pacto para implantar las 35 horas semanales en promedio anual conllevará la adaptación de la jornada del personal con “régimen de especial dedicación”. Esta pasará de las 40 horas actuales a las 37 horas y media semanales de trabajo efectivo, “sin perjuicio de las prolongaciones de jornada que, con carácter excepcional, puedan resultar necesarias por razones del servicio, de conformidad con la normativa aplicable”, recoge el acuerdo.

“Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo serán objeto de adaptación, previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada general de 35 horas semanales y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”, recoge el texto.

¿Cuándo se aprobará la medida?

El compromiso del Gobierno con los sindicatos es aprobar formalmente una resolución con la reducción horaria en 15 días. El ministro Óscar López lo ha confirmado en el Foro económico de elDiario.es con un marco temporal concreto: “La primera quincena de abril”.

“La nueva regulación establecerá la duración de la jornada general, su distribución y las adaptaciones organizativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, recoge el pacto.

¿Y cuándo se aplicará?

A partir de su aprobación formal, cada Ministerio, organismo y entidad de la Administración General del Estado (AGE) deberá negociar la medida y adaptarla a los calendarios laborales de su servicio público específico.

En algunos casos, la medida podrá ser inmediata prácticamente, sostienen en los sindicatos mayoritarios, mientras que en otras plantillas requerirá de más negociación porque es más compleja su implantación. Es el caso de los trabajos a turnos, como en Instituciones Penitenciarias, entre otras.

El acuerdo recoge una condición para la implantación de la medida, que “se llevará a cabo garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”. Así, fuentes sindicales reconocen que en algunos casos, la reducción horaria puede requerir de refuerzos de personal o de reorganización de equipos, procesos que pueden llevar algo de tiempo, pero que son necesarios para garantizar también los servicios prestados.

El Gobierno está ultimando con los sindicatos de empleados públicos la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), que puede cerrarse el próximo viernes, según fuentes sindicales. Además, las organizaciones de trabajadores esperaban que el Ministerio de Función Pública presentara esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público del Estado correspondiente a 2026, pero finalmente lo hará más adelante, indican desde CCOO y UGT.

La jornada laboral de 35 horas semanales, pactada en el penúltimo Acuerdo Marco con los sindicatos, firmado en 2022, está pendiente de su aprobación, que se había anunciado para este mes de marzo.

El Ministerio de Función Pública, que lidera Óscar López, ha informado esta mañana que, “ante los avances producidos durante las reuniones técnicas celebradas con las organizaciones sindicales” el lunes y este miércoles, ha convocado “la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado para el viernes día 27, con la jornada de 35 horas como punto principal en el orden del día”.

El Gobierno ha presentado este miércoles un nuevo documento sobre la aprobación de las 35 horas semanales para los empleados públicos del Estado, que UGT considera que “contempla mejoras suficientes para que el sindicato lo avale” y que en CCOO van a someter a consulta interna mañana jueves.

Por su parte, CSIF ya había afirmado tras la reunión del lunes que “previsiblemente” firmaría el acuerdo este viernes para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas en la AGE.

A falta de los últimos detalles sobre las 35 horas

Lo que está pendiente es la aprobación de ese compromiso de la jornada de 35 horas pactada con los sindicatos en el acuerdo marco de 2022, para que por fin pueda hacerse efectivo en los horarios de los empleados públicos del Estado y con el detalle de a qué personal alcanzará finalmente la medida.

Uno de los debates principales con los sindicatos en estos días está siendo precisamente cómo incluir a ciertos trabajadores del Estado con mayor dificultad para cuadrar este nuevo horario, como el personal de Instituciones Penitenciarias, con turnos, así como los de jornadas de especial dedicación. Según UGT, estos últimos pasarán de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas a la semana.

Entre las mejoras alcanzadas este miércoles, UGT señala también que Función Pública se ha comprometido a “publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días”, donde se establecerá la entrada en vigor de la medida.

Se trata así de la aprobación formal de las 35 horas semanales, que permitirá por fin que los organismos públicos adapten sus horarios. La previsión es que en algunos organismos de la AGE esta reducción horaria sea muy rápida, casi inmediata, mientras que otros requieran de una negociación específica para poder adaptar sus cuadrantes y especificidades a este nuevo horario, indican los sindicatos.

“La implantación de esta jornada semanal de trabajo efectivo en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, era uno de los compromisos adquirido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y ha sido impulsada ahora para modernizar la organización del trabajo, reforzar las condiciones de trabajo del personal empleado público y contribuir a la mejora de la organización del trabajo en las administraciones públicas”, ha destacado tras la reunión el Ministerio de Función Pública.

Las plazas de 2026, más adelante

Por otro lado, los sindicatos estaban pendientes de que el Gobierno les presentara también esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público en la Administración General del Estado (AGE) de 2026, cuya negociación se inició el lunes.

CSIF anunció tras este encuentro que Función Pública había afirmado que la oferta sería “similar a la de 2025”, cuando ascendió a 26.889 plazas, aunque no aportó todavía los datos de plazas ofertadas.

Finalmente, Función Pública no ha detallado estos números en la reunión de este miércoles y tampoco abordará el tema el viernes, explican a elDiario.es en CCOO y UGT. La OEP (Oferta Pública de Empleo ) de 2026 en la AGE queda así pendiente de futuras reuniones, indican con los sindicatos. Por su parte, el Ministerio de Óscar López no se ha pronunciado en estos días sobre este segundo asunto.

UGT Servicios Públicos ha expresado “la necesidad de una negociación más amplia” en relación a la Oferta de Empleo Público, “que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas”. El sindicato ha insistido en que “solo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la nueva jornada y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía”, ha destacado en un comunicado.

En CSIF han reclamado “superar la OEP de 2025”, con el refuerzo especial de algunos organismos, como el SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, Extranjería e Interior, ante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo confía en aprobar su refuerzo del registro de la jornada laboral “a la mayor brevedad”, con pequeños cambios para sortear el rechazo de la norma por el Consejo de Estado, e ignorando las medidas que reclama el departamento de Economía. El departamento de Yolanda Díaz echa así un pulso al de Carlos Cuerpo y asegura en su confianza en que sacará adelante su texto legal, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo indican fuentes de Trabajo tras conocerse este lunes la decisión desfavorable al real decreto del Consejo de Estado, adelantada por elDiario.es, que se suma a otro negativo de la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre.

Tras ello, el Ministerio de Economía, que había emitido hasta dos informes desfavorables a la puesta en marcha del registro ante el Consejo de Estado, ha afirmado este martes que ahora se ha de asegurar una “implementación equilibrada” para las empresas de la norma, en palabras de Cuerpo.

Cuerpo se ha referido en concreto a facilitar la puesta en marcha de la medida a las pymes (pequeñas y medianas empresas), para las que su Ministerio demanda un mayor plazo para adaptarse a la norma, de hasta un año. Economía también reclama que haya algunos sectores excluidos de esta nueva legislación, con una normativa más relajada, como son la construcción, el transporte y el campo.

Confianza en ganar a Economía ante Sánchez

El Ministerio de Trabajo es sumamente crítico con los dos dictámenes de los órganos consultivos, desfavorables a su proyecto normativo y que consideran que han seguido la estela de las críticas de Economía y de las patronales.

Fuentes de Trabajo han rechazado además de manera tajante adaptar la norma a las peticiones del Ministerio de Economía. Han insistido en su confianza en tener el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante esta medida en el Consejo de Ministros, al margen de lo que opine el ministro Cuerpo.

Un ministro que cada vez gana más peso en el Ejecutivo y cuyo nombre suena como uno de los posibles candidatos a sustituir a Montero al frente de Hacienda.

Aunque en el Ministerio de Trabajo precisan que el equipo de Yolanda Díaz no ha hablado con el de Sánchez de este tema tras la censura del Consejo de Estado y las palabras de Carlos Cuerpo, insisten en que este tema ha sido muy hablado entre los dos responsables de PSOE y Sumar dentro del Gobierno.

Destacan además que es parte del acuerdo de Gobierno, que contempla: “Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas”.

“Pequeños cambios” para blindar el registro ante los tribunales

Pese a las críticas al Consejo de Estado, su dictamen desfavorable allana el camino de la denuncia ante los tribunales que ha anunciado la patronal si la norma sale adelante. Por ello, la intención de Yolanda Díaz es adaptar el texto con “pequeños cambios” para blindar el decreto ante esta denuncia de los empresarios, indican en el Ministerio.

Entre las modificaciones, en Trabajo destacan dos. Por un lado, introducir más énfasis en la garantía de la protección de datos del registro de jornada y, por otro, dejar claro que la negociación colectiva puede colaborar a la hora de adaptar las obligaciones de registro.

Ambos son dos de los elementos centrales por los que el Consejo de Estado rechaza el actual real decreto, que consideran que no respeta la legislación de protección de datos personales y que se excede en las competencias de los reales decretos, invadiendo las propias de la ley y los convenios colectivos.

Sin embargo, Trabajo ha subrayado otras dos líneas rojas del actual texto: que el registro sea digital y que sea accesible para la Inspección de Trabajo. Este primer elementos es otro de los que cita el Consejo de Estado para oponerse a la norma, ya que considera que requeriría de una ley.

En el Ministerio rechazan esta tesis y citan para ello el voto parcialmente discrepante de uno de los consejeros del órgano consultivo, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret, que no comparte este argumento.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deslizado este martes la necesidad de modificar el real decreto del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro de jornada. “Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es equilibrada” para las empresas, ha respondido Cuerpo, al ser preguntado por elDiario.es por sus dos informes contrarios a la norma ante el Consejo de Estado, que el pasado jueves se posicionó finalmente contra el decreto en un duro dictamen.

La respuesta de Cuerpo llega tras conocerse este lunes el rechazo del Consejo de Estado a la aprobación del refuerzo del registro de jornada de Trabajo, pactado con los sindicatos CCOO y UGT, que ha desvelado además el informe desfavorable también de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, un varapalo de los dos órganos consultivos que tenían que analizar la norma.

Tras este revés, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha asegurado que “lógicamente” va a tener en cuenta los informes “aunque solo sean consultivos”. Pero ha precisado que “siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que de cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

Una implementación “equilibrada” para las empresas

Carlos Cuerpo ha insistido en que su Ministerio comparte el “objetivo” de la norma. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada hacia delante”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Es importante mantener la ambición de estos derechos de los trabajadores”, ha apostillado Cuerpo, pero a la vez ha añadido que hay que “trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes”.

“Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es una implementación equilibrada para poder garantizar que los sujetos obligados, las empresas, pueden llevar a cabo esta importante medida, esta importante conquista de los trabajadores”, ha añadido el rsponsable de Economía a preguntas de este medio sobre si era necesario modificar el decreto antes de que pase por el Consejo de Ministros.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, ha intervenido con la intención de “confirmar el compromiso del Gobierno con la reducción de la jornada y también, por supuesto, con el control horario y el abono de las horas extraordinarias”.

Las propuestas de Economía al Consejo de Estado

El Ministerio de Economía propuso varios cambios en sus informes desfavorables al control horario del departamento de Yolanda Díaz. En el primero (de diciembre) puso en duda la legalidad del propio decreto, pero en el segundo (de febrero) este elemento se eliminó.

Entre las modificaciones propuestas más destacadas, Economía planteó ampliar el periodo transitorio de aplicación del nuevo registro horario para las pymes, hasta un año de plazo, y que se exceptúe de este nuevo sistema a ciertos sectores de jornadas especiales, como la construcción, el campo y los transportes.

Este martes, Sumar ha acusado a Carlos Cuerpo de “usar sus tentáculos” para boicotear el refuerzo del control horario a los trabajadores. La portavoz de los comunes y de Sumar, Aina Vidal, ha cuestionado “cuál es la posición de la ministra de Seguridad Social”, Elma Saiz, “y si le gusta cómo nos expolian cada semana 2,5 millones de horas extras”, ha afirmado Vidal en una rueda de prensa en el Congreso.

La diputada de Sumar ha lanzado un “llamamiento a la tranquilidad” y ha reiterado su crítica a los “ministros que tienen la tentación de usar sus tentáculos en el Consejo de Estado o en otros estudios que encargan de forma mamporrera”.

El refuerzo del registro de la jornada laboral propuesto por el Ministerio de Trabajo, pactado con los sindicatos mayoritarios, ha recibido dos importantes golpes. Los dos órganos consultivos que tenían que analizar el texto han resuelto desfavorablemente a la norma, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Consejo de Estado. Este último con un dictamen muy duro y unánime en contra, que complica el futuro del reglamento.

La decisión del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Carmen Calvo, se cerró el pasado jueves en su Comisión Permanente, como adelantó este medio. El órgano tuvo en cuenta el texto del real decreto, así como su memoria económica, y multitud de informes de distintos actores, tanto de los agentes sociales, como de distintas patronales y otros miembros del Gobierno.

Entre ellos, destacan los informes desfavorables del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, que llegó a emitir dos documentos contrarios a la norma. El primero, ponía en duda la validez legal del propio decreto, algo que después eliminó en su segundo informe. El Consejo de Estado concluye precisamente en este sentido.

También hay algunas reticencias de otros Ministerios, como el de Función Pública, que advierte de que el decreto afecta a su personal laboral y que requeriría de cambios en sus sistemas de control horario, para lo que pide un plazo “mínimo de un año” y denuncia que “existe un impacto presupuestario que no se ha valorado ni considerado en la memoria”.

El Consejo de Estado rechaza la legalidad del decreto

Entre las principales conclusiones del Consejo de Estado, se opone a la legalidad del real decreto. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, resume el órgano consultivo, que considera que el reglamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo excede las competencias del real decreto y desarrolla elementos que exigirían de una ley, que no existe.

El Consejo de Estado recuerda que el Ministerio intentó tramitar los cambios en la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero esta fracasó en el Congreso por el no de PP, Junts y Vox.

El órgano considera, por un lado, que el reglamento no puede imponer un registro digital si no tiene una ley previa que explicite esta característica del control horario, algo en lo que discrepa un consejero, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret (que no obstante, comparte el resto de reticencias y se posiciona en contra de la norma).

Pero no es el único elemento en el Consejo de Estado considera que se excede el decreto. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, recoge el dictamen.

La consecuencia sería “la nulidad por infracción del principio de legalidad” de gran parte del decreto, según el Consejo de Estado: “Afectaría a los artículos 1 a 7, al artículo 9 y a las disposiciones finales cuarta a sexta”.

Tampoco respeta la protección de datos

Entre el resto de reticencias del Consejo, destaca el rechazo de cumplimiento del nuevo registro horario de la legislación sobre protección de datos. El dictamen cita para ello la resolución desfavorable del otro órgano consultivo que tenía que examinar el decreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“El informe de la Agencia Española de Protección de Datos es desfavorable en relación con el cumplimiento del principio de reserva de ley al que se sujeta el tratamiento de datos personales”, indica. El informe negativo es del pasado mes de diciembre.

La Agencia advirtió de que el tratamiento de datos que se plantea precisa de un informe de los riesgos en materia de protección de datos, que no se había hecho, aunque fue incluido a posteriori por el Ministerio de Trabajo. Además, la AEPD expresó sus dudas “acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

Aunque Trabajo insistió en la proporcionalidad de los datos exigidos y en su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado estima que “los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.

Los sindicatos CCOO y UGT han lanzado un comunicado conjunto de rechazo al dictamen del Consejo de Estado, en el que entre otras cosas, carga contra su “llamativo” celo respecto a la protección de datos.

“La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, sostienen las organizaciones mayoritarias de trabajadores.

Se complica el futuro de la norma

Aunque el Consejo de Estado sea un órgano consultivo, su negativa es muy relevante y complica la viabilidad del decreto. De primeras, de cara a la propia aprobación del actual texto por el Consejo de Ministros, que todo apunta a que encontrará reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía.

“Es normal, dentro de los procesos habituales, que los textos legislativos se vayan adaptando”, indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo, que indican que Economía está “a favor del objetivo perseguido por esta medida”, pero indica “la necesidad de facilitar a las empresas su adopción”, sobre todo a las pymes, con “periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”.

En el Ministerio de Trabajo sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan: “Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

El cualquier caso, la negociación con sindicatos “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de dialogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Los sindicatos CCOO y UGT han insistido por su parte al Ejecutivo de coalición para que apruebe la medida pactada. “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”, sostienen.

Sin embargo, aunque saliera adelante el real decreto como está en el Consejo de Ministros, y se llegara a aplicar en la práctica, su futuro se complica ya que estos dictámenes contrarios allanan el camino a los recursos judiciales que pretende presentar la patronal contra esta medida.