La Inspección de Trabajo de Toledo ha emitido un informe reconociendo los riesgos que supone para la salud de los agentes medioambientales dedicados a la prevención y extinción de incendios las jornadas “extremas de trabajo y las deficiencias en la organización del mismo”, a raíz de una denuncia de CCOO.

“La Inspección de Trabajo ha constatado, y así lo hace constar, incumplimientos en horas de extinción y descansos entre jornadas, así como deficiencias en la gestión y control del tiempo de trabajo, lo que afecta a la conciliación de la vida personal y laboral por la incertidumbre de la duración de la prestación laboral o desplazamientos, especialmente cuando se activa un caso de gran incendio forestal”, argumento el sindicato.

Advierte igualmente sobre riesgos provocados por “la inseguridad y el miedo” en el trabajo a desarrollar, y de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones cuando asumen la dirección técnica de la extinción del incendio y de la “fatiga física acumulada”.

“Todos estos incumplimientos y deficiencias en la organización del trabajo por parte del Gobierno Regional suponen poner en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras en los incendios forestales, además de que comprometen la propia eficacia del dispositivo Infocam, y en consecuencia la seguridad de la población afectada”.

Jornadas de hasta 23 horas

Dicho esto, CCOO ha recordado que en 2018 la Administración regional fijó un máximo de 12 horas continuadas de presencia en extinción, incluyendo desplazamiento y un descanso mínimo entre jornadas que debía respetarse como regla general.

“Sin embargo, los nuevos procedimientos publicados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en los años 2025 y 2026 regulan jornadas de trabajo de hasta 23 horas continuadas sin descanso. Pero lo más grave, es que el sindicato ha recibido comunicaciones formales por parte de trabajadores y trabajadoras que alertan de casos concretos de más de 30 horas de trabajo sin descanso, y registros oficiales Fidias con jornadas de entre 18 y 22 horas, tras las cuales el agente medioambiental debe conducir su vehículo hasta la base o su domicilio”.

Según el sindicato, estas condiciones han causado accidentes 'in itinere' por falta de descanso y la necesidad de apartarse al arcén para descansar “por el riesgo percibido de accidente”.

“A todo ello se suma un problema que el personal viene trasladando desde hace tiempo, como es que durante las guardias de incendios no siempre se releva al agente de otras funciones ordinarias, lo que multiplica la carga mental, introduce conflictos de prioridades de emergencias y dificulta una dedicación verdaderamente centrada en los incendios forestales en la época de riesgo alto y extremo que nos encontramos”.

Dos cartas a Page, sin respuesta

Dicho esto, ha criticado que pese a sus intentos de llegar a acuerdos con la Administración, habiendo remitido incluso dos cartas dirigidas al presidente Emiliano García Page, hasta la fecha no ha habido respuesta. Por ello, hace hincapié en que los agentes medioambientales no están pidiendo privilegios, sino trabajar “con seguridad, con descansos suficientes, con medios adecuados y con una organización coherente y acorde a la responsabilidad que asumen en cada incendio forestal”.

Frente a esta situación, considera “inaceptable” que la respuesta de la Administración sigue siendo “publicar procedimientos con más exigencias y mantener inercias organizativas obsoletas y peligrosas, mientras los problemas de fondo continúan sobre el terreno”.

“Pedimos directamente al presidente, Emiliano García-Page, que interceda para que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible como la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda se pongan de acuerdo para la revisión inmediata del sistema de guardias, descansos y compensaciones recibidas en todas las funciones de emergencias”.

CCOO concluye que no va a tolerar que, tras las advertencias efectuadas a la Administración y la constatación inspectora de incumplimientos laborales, y que no se actúe y se siga “poniendo en riesgo” a los trabajadores. Advierte de que si esta situación da pie a un accidente laboral, actuará judicialmente contra los responsables por todas las vías legales, incluida la penal.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era la bandera del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. Tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz afirmó que no se rendiría y volvería a llevarla al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no planea que sea este año, según el Plan Normativo previsto para 2026. La hoja de ruta solo contempla el real decreto para endurecer el registro horario, que aún enfrenta a Trabajo con Economía. Otra de las grandes normas en el aire en materia económica, los Presupuestos Generales del Estado, sí se han incluido, aunque sin especificar si serán para 2026 o irán directamente a las cuentas de 2027.

La ley para reducir la jornada laboral es la ausencia más llamativa de las normas que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo este año, de acuerdo con el Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado este martes, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Prioridad absoluta durante la primera mitad de la legislatura, el fracaso para su tramitación en el Congreso el pasado septiembre supuso un duro golpe para la bandera electoral de Sumar y la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, Díaz ha insistido en que “no renuncia” a sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero optó por un ‘plan B’ en el corto plazo: endurecer el registro horario en las empresas a través de un real decreto, que no tiene que pasar por el Parlamento. Esta medida sí figura en la hoja de ruta del legislador para 2026, no así la reducción de la jornada. 

Preguntados por esta ausencia, fuentes de Trabajo apuntan que “no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse”, y ponen de ejemplo otros proyectos, como la Ley de condiciones laborales transparentes y previsibles o el reglamento que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que salieron adelante sin estar incluidos en esta hoja de ruta.

El refuerzo de la jornada laboral enfrenta no obstante sus propios problemas. Tras el varapalo del informe del Consejo de Estado se ha complicado su camino para salir adelante. El Ministerio de Economía, que dirige el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene varias diferencias con el actual texto, por ejemplo, sobre el periodo de aplicación para las pymes. Yolanda Díaz ha anunciado que la medida se aprobará antes de verano, y solo con ligeros cambios que no desvirtúen el texto pactado con los sindicatos, pero el vicepresidente económico ha recordado que el Consejo de Estado ha puesto objeciones no solo al contenido, sino también “al instrumento legal”. Así, Cuerpo ha afirmado que el Gobierno aún está analizando este dictamen para “ser capaces de llevarlo lo antes posible”, sin una fecha cerrada. 

De la reforma del despido a la democracia en las empresas

El resto de leyes laborales previstas en el plan normativo para este año no lo tienen más fácil para ser aprobadas, como ocurre con todas las regulaciones que tienen que lograr una mayoría parlamentaria. Entre otras, destacan la ley para modernizar la prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos; la reforma del despido improcedente –que también ha contado con resistencias internas en la parte socialista–, y la ley de democracia en la empresa, para “impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución Española”. Todas ellas con el rechazo de la patronal. 

Dada la dificultad del Gobierno para sumar mayorías parlamentarias, el Ejecutivo ha apostado por tramitar sus proyectos como real decreto, que no tienen que pasar por el Congreso. En temas laborales, es la vía por la que el departamento de Yolanda Díaz pretende aprobar varios cambios relevantes, como evitar la absorción de pluses salariales para amortiguar la subida del salario mínimo (que todo indica que la patronal llevará a los tribunales en caso de salir adelante), así como para transponer la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes, por la que España ya se enfrenta a posibles sanciones de Bruselas debido al retraso en su implantación.

Aunque incluye algunos decretos en materia de salud laboral, en el Plan Normativo no figuran dos de los comprometidos con los sindicatos mayoritarios, para hacer frente al cambio climático y los riesgos psicosociales, que hace poco enfrentaron a CCOO con la vicepresidenta segunda. Desde el departamento de Díaz insisten en que el desarrollo de la norma se hará una vez se haya aprobado la ley en la cual se sustentan.

En Seguridad Social destacan que solo se prevén reales decretos, ninguna ley, aunque el Ministerio de Elma Saiz ultima al menos un real decreto ley para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos. También se prevé que incluya más medidas, como una mejora del acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas. 

Tampoco hay rastro de normas sobre la incapacidad temporal, aunque el departamento de Saiz tiene una mesa de negociación abierta sobre este tema. Entre los reales decretos previstos destaca uno para reformar la jubilación flexible y otro para que cuenten como cotizados los años de actividad de deportistas profesionales (antes de que se integraran en la Seguridad Social).

Presupuesto sí, pero sin fecha

El Ejecutivo ha incluido en el plan normativo la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, por segundo año consecutivo, ha renunciado a concretar para qué año serán estas cuentas públicas, como sí se ha hecho en los programas de años anteriores, hasta el de 2025. O como se recoge en decretos específicos en el plan de este año, como el que elevará el salario mínimo para 2027.

Según detalla el documento, el objetivo de esta norma será “presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en que el Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar unos Presupuestos, pero que “ahora no es el momento”. 

Es un discurso que llevan repitiendo en el Ejecutivo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo. “Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra”, respondió el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista con elDiario.es.

Sin marcarse plazos, el Gobierno ya ha dado por hecho que la elaboración de unas cuentas públicas se retrasará “semanas” o “meses”, toda vez que la guerra en Irán ha desbaratado las previsiones económicas del proyecto que dejó preparado la exvicepresidenta María Jesús Montero antes de salir del Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, dijo el vicepresidente Carlos Cuerpo la pasada semana. La actualización del cuadro económico es el primer paso para la elaboración de unas cuentas. Y si las previsiones se retrasan, también se retrasa el Presupuesto. 

Lo que sí contempla Hacienda aprobar este año son los cambios en el sistema de financiación autonómica. Lo hará mediante dos normas: una ley orgánica “con el objetivo de acometer una actualización y reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo”, de acuerdo al modelo que Montero acordó con ERC. Y otra ley que “regula” el modelo de reparto.

Mayor control a las inversiones extranjeras

En el plan normativo, el vicepresidente Cuerpo ha incluido la aprobación de una ley para reforzar el control de las inversiones extranjeras e incluir en la normativa española los cambios aprobados a escala europea. Entre otros, una supervisión férrea en ámbitos como las tecnologías de doble uso (civil y militar), las materias primas fundamentales o aquellas entidades críticas en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales o algunas entidades financieras.

El Gobierno apunta en el plan normativo que reformará otros aspectos de la actual ley para “llevar a cabo un control más focalizado y efectivo, acorde a la coyuntura geopolítica actual”. En este sentido, también recoge el desarrollo, mediante real decreto, de un Comité de Inversiones Estratégicas, una promesa del presidente Pedro Sánchez del año pasado, para “facilitar y priorizar proyectos estratégicos” con capital nacional o foráneo y “agilizar” su puesta en marcha.

El programa incluye otras normativas que ya han comenzado su tramitación en el seno del Gobierno, como la de contratos de crédito al consumo, que ya pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o la transposición de numerosas directivas pendientes de incorporar. Según los datos del Ejecutivo, de las 179 normas (entre leyes orgánicas, leyes y reales decretos) que prevén aprobar este año, 61 (el 34%) derivan de regulaciones comunitarias.

La batalla de los empleados públicos por la jornada laboral de 35 horas a la semana ha saltado de pantalla. El acuerdo para la reducción horaria de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), que se prevé que se apruebe este mes de abril, ha desatado una campaña de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF para tratar de trasladar este horario también a todos los ayuntamientos del país. Aunque algunos ya tienen implantada las 35 horas semanales, como Madrid y Zaragoza, “otros muchos no”, precisan los representantes de los trabajadores.

La reclamación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración local no es nueva. Hay ayuntamientos que la tienen implantada desde hace muchos años, como la capital, y otros que la han ido pactando más recientemente, como hizo hace pocos meses Barcelona. Durante la pasada crisis financiera se interrumpieron muchas de estas reclamaciones e incluso se revirtió la medida en algunas administraciones, como ocurrió durante algunos años en Madrid.

Ahora, con su implantación para los funcionarios del Estado, los sindicatos han visto una nueva oportunidad para tratar de llevar las 35 horas a los empleados públicos municipales.

¿Una vía legal para la implantación?

CCOO, UGT y CSIF consideran que la aprobación de este horario en el Estado abre una vía legal para trasladarla a los ayuntamientos, algo que rechaza tajantemente el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, donde insisten en que las 35 horas afectan exclusivamente a los empleados públicos de la Administración General del Estado, sin ninguna traslación de lo pactado a las entidades locales.

Es cierto que el texto del acuerdo para reducir la jornada a un promedio de 35 horas a la semana (1.533 horas al año) suscrito el pasado marzo menciona exclusivamente a los empleados públicos de la Administración central. Sin embargo, CSIF, CCOO y UGT consideran que “hay base legal” para reclamarla en los ayuntamientos.

Los sindicatos señalan para ello a la Ley de Bases de Régimen Local, que en su artículo 94 establece que “la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”.

Sin embargo, en Función Pública indican que este artículo “no es de aplicación”, ya que por una disposición adicional en los Presupuestos de 2018 se estableció que la jornada en el sector público sería de 37 horas y media, con la posibilidad de que cada Administración pactara una jornada diferente, si así se negociaba en su mesa de negociación colectiva y se cumplía el objetivo del 8% de temporalidad.

La disposición incluyó expresamente para los ayuntamientos: “De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva”.

La interpretación de este párrafo enfrenta al Ministerio con los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF consideran que esa mención a “la normativa aplicable a entidades locales” mantiene la vigencia del artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local y que permite que los ayuntamientos insten a la traslación de las 35 horas de jornada.

Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, considera que esa mención al carácter “supletorio” de la regulación estatal implica que en los consistorios “donde haya negociación colectiva regulando jornada esto no es directamente aplicable. Ahora bien, en ayuntamientos sin acuerdo de negociación colectiva sí”, valora.

Otras fuentes jurídicas consultadas tienen más dudas. Coinciden en que esta interpretación puede ser válida, pero también la del Ministerio de Función Pública, que sostiene que prevalecen las 37 horas y media aprobadas en 2018, salvo pacto expreso de cada administración en su negociación colectiva.

“Medio millón” de trabajadores afectados

Con esta batalla interpretativa de leyes de fondo, los sindicatos están dando ya los primeros pasos para tratar de alcanzar las 35 horas de jornada en cada consistorio.

CSIF ha instado a todos los ayuntamientos a negociar la implantación de esta reducción de jornada (ya que hay que ajustar calendarios y en ocasiones plantillas) y CCOO también ha informado de que “está coordinando a todos sus delegados y delegadas sindicales” en cada consistorio del país para emplazar a la negociación de las 35 horas. En UGT también están apoyando esta medida, indican a elDiario.es en la organización sindical.

CCOO estima que la reducción horaria está por aplicar para la gran mayoría de los trabajadores públicos de entidades locales, que alcanzan a un total de 632.000 personas según el último Boletín estadístico de del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Más de 500.000 empleados y empleadas públicas se van a beneficiar por esta reducción de jornada, que de momento solo estaba implantada en algunas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras”, sostiene el sindicato. 

Este medio millón de trabajadores “incluye a personal funcionario y personal laboral”, precisa Juan José Regatos, secretario general del Sector de Administración Local de FSC-CCOO, que considera que “no hay ya ninguna duda legal” para volcar las 35 horas a los funcionarios locales y, de manera paralela, a los laborales de los consistorios.

Regatos explica que lo idóneo es que la reducción horaria sea dialogada y pactada en el seno de las mesas de negociación de cada ayuntamiento, pero no descarta que pueda haber algún conflicto que requiera de movilización y que, en algunos casos, acabe judicializado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acudido a Inspección de Trabajo ante la negativa del Ayuntamiento de Burujón, en la provincia de Toledo, a aplicar la subida salarial del 4% que todavía adeuda a sus trabajadores y la instauración de la jornada laboral de 35 horas para cumplir de una vez por todas con los diferentes acuerdos de mejora del empleo público a los que está obligado.

CSIF censura que este ayuntamiento sea “una de las pocas administraciones locales en la región” que todavía no haya hecho efectivo el Acuerdo Marco firmado por la Central Sindical con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública el pasado mes de noviembre y que contempla una subida del 2,5% en 2025 con carácter retroactivo y un 1,5% en este 2026, a lo que se sumaría un 0,5% adicional si el IPC es igual o superior al 0,5%.

El incremento salarial completo será del 11,4% hasta 2028 (4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% del incremento proporcional de las mejoras en los complementos y los salarios base).

“Un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores”

“Se está produciendo un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores de este ayuntamiento, una plantilla que ve cómo compañeros de otras administraciones y corporaciones locales sí disfrutan de esta subida salarial mientras ellos siguen a la espera”, apunta el sindicato.

Es más, abunda, porque “también se han incumplido acuerdos salariales anteriores y se está llegando a adeudar más de 1.400 euros anuales a cada empleado o incluso hay trabajadores que están por debajo del salario mínimo interprofesional. A ello se añade que tampoco se está cumpliendo algo tan básico como la jornada de 35 horas”, explica el presidente de CSIF Toledo, Raúl Turín.

Siguen con una jornada laboral de 40 horas semanales

Los trabajadores municipales de Burujón continúan con una jornada laboral de 40 horas a pesar de que la obligación legal es de 37,5 horas, además de que el II Acuerdo Nacional de Mejora del Empleo Público de 2018 ya una permitía una jornada de 35 horas en sectores transferidos y administraciones locales.

CSIF espera que el Ayuntamiento siga el ejemplo del acuerdo firmado el pasado viernes con el Ministerio de Función Pública que fija la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado. “No hay excusas, las 35 horas serán una realidad en todas las administraciones y los empleados de Burujón no pueden quedarse atrás, no pueden sufrir esta discriminación”, concluye Turín.

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser que la reforma del registro horario en las pymes podrá llegar en el plazo de un año. Se trata de una de las medidas estrella del ala de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca acelerar. Cuerpo ha insistido en que la reforma, que busca endurecer el control horario, necesita una “implementación equilibrada”. “Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación “cordial” con Díaz, muy crítica con la actitud de Cuerpo en esta reforma.

elDiario.es ya contó cómo el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable contra el real decreto del Ministerio de Trabajo destinado a endurecer el registro de jornada. Esta resolución se alinea con la postura previa del Ministerio de Economía, que remitió dos informes negativos cuestionando incluso la legalidad de la norma. A pesar de que el propio Consejo de Ministros aprobó su tramitación por la vía de urgencia, los organismos consultivos han frenado el avance del texto liderado por Yolanda Díaz.

Además, el vicepresidente ha asegurado que habrá Presupuestos, pero ha delegado en el sucesor de María Jesús Montero al frente de la cartera de Haciendo, Arcadi España, el cuándo se aprobarán las cuentas. Su antecesora, María Jesús Montero, se había comprometido ha que estuvieran en marzo, pero el guerra en Irán trastocó los planes.

Medidas contra los efectos de la guerra

Cuerpo ha destacado la efectividad de las medidas gubernamentales frente al precio de los carburantes, logrando rebajas de 23 céntimos en gasolina y 20 en gasoil. Según el ministro, el 90% de este ahorro ya llega al consumidor final.

Además ha subrayado la dificultad de realizar pronósticos fijos debido a la volatilidad del mercado —influenciado incluso por redes sociales— y la incertidumbre bélica. No obstante, ha adelantado que el Ejecutivo está dispuesto a ampliar los paquetes de ayuda si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, con el objetivo de evitar que los costes energéticos encarezcan la cesta de la compra. “Seguiremos apoyando a las familias”, ha concluido.

Preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está, el vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está “muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno”.

“Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que “por supuesto” es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta “qué significa tener perfil político”, dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, ha añadido que también tiene su forma de “afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos”, con diálogo y “tendiendo la mano”.

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que “bajan las probabilidades de que suceda finalmente”. Por lo tanto, ha precisado que se quedó “muy contento” cuando le llamó el presidente y se lo dijo.

Hay dictámenes que iluminan y otros que, con solemnidad, oscurecen lo evidente. El reciente del Consejo de Estado sobre el registro de jornada pertenece a esta segunda categoría: no por lo que dice, sino por lo que decide no ver.

El registro horario no es una ocurrencia ni una excentricidad. Nació en 2019 para responder a una realidad inquietante: millones de horas extraordinarias sin pagar ni cotizar. Su propia exposición de motivos lo advertía con claridad: sin registro, las personas trabajadoras quedan indefensas y se facilitan jornadas por encima de los límites legales, con impacto en el salario, la conciliación y las cotizaciones.

No es un problema técnico, sino de derechos. Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral. Resulta difícil no sorprenderse cuando, en nuestro ordenamiento jurídico, las jornadas especiales se regulan por real decreto desde 1995, pero el registro —ya establecido por ley— parece resistirse a ese mismo desarrollo. Como si ordenar el tiempo de trabajo fuera aceptable, pero controlarlo efectivamente resultara sospechoso.

La paradoja es evidente. El Consejo de Estado nació en 1526, bajo Carlos V. Cinco siglos después, en plena era de algoritmos e inteligencia artificial, parece que pasar del papel al registro digital exige poco menos que una reforma constitucional. Menos mal que su criterio no es vinculante, porque la recomendación, al mismo tiempo que pone barreras a los avances tecnológicos , nos devuelve al siglo XVI

Y ello pese a que el propio dictamen reconoce lo esencial: el descontrol de la jornada es un problema grave que afecta a la salud, la conciliación y la competencia leal. Es decir, admite el diagnóstico, pero rechaza el tratamiento. Además, desplaza el debate hacia lo caricaturesco: la protección de datos. De pronto, el problema no es trabajar gratis, sino registrar ese trabajo. No se protege a quien lo sufre, sino —parece— a quien lo impone.

El resultado es inquietante: la protección de datos como escudo de la opacidad. Llevado al extremo, obligaría a replantear incluso la actuación de Hacienda: ¿también las facturas o los registros contables deberían quedar fuera de control en nombre de la intimidad? El absurdo es evidente. Porque aquí no se trata de datos: se trata de derechos.

Los datos son tozudos. Cada semana se realizan millones de horas extraordinarias en España, muchas sin retribuir. Solo en 2025, 2,49 millones de horas semanales no se pagaron, afectando a 441.000 personas y generando más de 3.200 millones de euros anuales no abonados, según datos de la EPA. Traducido: A cientos de miles de personas trabajadores les roban más de cinco horas de su vida cada semana.

Quizá no sea urgente. Depende de dónde se mire. No lo es desde la cómoda distancia de un dictamen que pide “sosiego y reflexión”, pero sí para quien encadena jornadas ilegales, no puede conciliar o ve evaporarse su salario en horas invisibles.

Por eso se visualiza en este dictamen una cierta alineación con quienes llevan años resistiéndose a cumplir la ley. No se cuestiona un exceso regulatorio, sino que el control sea eficaz: que el registro sea, como exige el Derecho europeo, objetivo, fiable y accesible. Y eso, en la práctica, significa que no pueda manipularse.

Discutir si el registro debe ser digital, los plazos o las cargas para las pymes es legítimo. Pero no puede servir de coartada para sostener un sistema que aún permite prolongaciones de jornada no registradas ni pagadas. Entonces ya no hablamos de técnica jurídica, sino de normalizar una ilegalidad.

Además, el dictamen trata con ligereza una cuestión clave: la salud laboral. Controlar el tiempo de trabajo no es solo salario, es prevención. Jornadas excesivas y descansos insuficientes impactan directamente en la salud, algo que el propio Consejo de Estado reconoce.

Negar la urgencia es negar la evidencia. Puede no serlo desde un despacho que reclama “sosiego”, pero sí para quienes acumulan cada semana horas no pagadas. La pregunta es sencilla: ¿cuántas más hacen falta para que sea urgente?

El Gobierno debe decidir. Puede dejarse arrastrar por un dictamen no vinculante que debilita la reforma o garantizar que la ley se cumple y la competencia es leal.

Eso exige aprobar el real decreto, con los ajustes técnicos necesarios, pero sin tocar su esencia: un registro objetivo, fiable, accesible y no manipulable que proteja las horas trabajadas, la retribución y la salud.

Si al Consejo de Estado no le parece urgente, es legítimo. No responde ante los ciudadanos.

El Gobierno, sí.

He de reconocerles que no sigo de cerca la actividad del Consejo de Estado, pero su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto en materia de control de la jornada de trabajo ha llamado mi atención. Quizás porque se refiere a una materia que ha marcado toda mi vida profesional y sindical. 

Hacerme con él no ha sido fácil y, como no me gusta opinar de oídas o a partir de titulares “demoledores”, he tardado más de lo aconsejable en hacerlo en un mundo en el que las noticias pierden actualidad a las pocas horas de saltar a la palestra. 

Una aceleración que, por cierto, choca con el sosiego y la reflexión que el Consejo de Estado reclama para sus funciones consultivas. Si se contrasta la multitud de requerimientos procedimentales que se establecen en la elaboración de las normas con los ritmos de la vida cotidiana, emerge una de las grandes disrupciones de nuestro tiempo. Instituciones y procedimientos pre-analógicos sometidos a la vertiginosa velocidad del mundo digital. 

Casi tan interesante como el cuerpo del informe me ha resultado la lectura de las alegaciones formuladas por los llamados a emitir su opinión. Más que previsible la oposición de las organizaciones empresariales. Curiosas, por ser prudente, las emitidas por otros ministerios distintos al de Trabajo.  

Las alegaciones de Economía “valoran positivamente la iniciativa y desfavorablemente su puesta en marcha”. Suena a nadar y guardar la ropa, para que nadie sospeche que a los ministerios de economía -desde que se creó el primero- nunca les ha gustado eso de ponerle obligaciones a las empresas.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública alega el elevado coste que tendría para las administraciones públicas tener que aplicar la norma. Al leerlo me he preguntado qué sucedería con el propio ministerio si se aplicara este criterio a su propia existencia. 

Al final de la lectura del dictamen me he quedado con la impresión que en estas alegaciones hay más fuego aliado que observaciones tendentes a mejorar la elaboración de la norma. Más adelante lo explico con ejemplos, pero como espóiler ya les adelanto que, a la vista de las muchas cosquillas que se le busca al Decreto, parece que mucha gente le tenía ganas a esta norma y a sus impulsores.  

Sobre el fondo del asunto, parto de la idea pacíficamente aceptada de que las leyes para ser útiles requieren ser cumplidas y que al poder ejecutivo le corresponde poner los medios para garantizar y controlar su aplicación. Es evidente que en materia de jornada de trabajo eso no sucede, como demuestra la millonada de horas extras realizadas que detecta la EPA. Algunas más allá de los límites fijados en el estatuto de los trabajadores, una parte de las cuales ni tan siquiera se retribuyen. 

No hace falta ser un especialista, basta con tener la vista y los oídos atentos, para saber que el actual mecanismo de control de la jornada de trabajo no funciona adecuadamente. En román paladino, algunas, demasiadas, empresas aplican aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”

Entrando en materia. Me ha provocado verdadero pánico jurídico la contraposición que hace el dictamen entre la regulación normativa del control de la jornada y la que establecen algunos convenios colectivos -la minoría, por cierto-. ¿Son conscientes en el Consejo de Estado de que sus argumentos nos pueden conducir a la negación del papel de las normas legales en la regulación de las relaciones de trabajo? 

Entre las principales razones que utiliza el dictamen para rechazar la norma emerge el habitual argumento de su impacto en las pymes. Es evidente que la realidad de las pequeñas es muy distinta a la de las grandes empresas. Y que el legislador y el Ejecutivo deben tenerlo en cuenta. Aunque ese argumento serviría para desmontar todas las obligaciones fiscales, de seguridad social, de salud laboral. Y no por eso dejan de aprobarse, entre otras cosas porque sería discriminar a las personas que trabajan en las pymes.

Por cierto, quizás ha llegado el momento de entender que el apoyo a las pequeñas empresas no consiste en encerrarlas en una burbuja. Pasa por ayudarlas a crecer, a que dejen de ser pequeñas y adquieran musculatura económica. Lo necesitan las pymes para subsistir y también el país. Deberían entenderlo, especialmente, aquellos que dicen estar muy preocupados por nuestra productividad. 

Sinceramente, me parece que es buscar tres pies al gato que se utilice como argumento contra el control digital de la jornada que hay lugares a los que no llega la conexión de internet. ¿Eso no afecta al resto de operativas de estas empresas, las financieras, por ejemplo? ¿La solución es dejar de digitalizar la relación entre empresas y administración? o ¿mejorar la cobertura? Este es uno de los muchos argumentos peregrinos utilizados por el Consejo de Estado para negar su voto favorable al proyecto de Decreto.  

Los redactores del dictamen se lo podrían haber currado un poco más. Argumentar que los datos que aporta la memoria del Decreto sobre horas extras no pagadas -basados en las estimaciones de la EPA- deberían cuantificarse mejor es grotesco. ¿Se han parado a pensar que por definición las horas extras no pagadas son de muy difícil comprobación? Especialmente, si no se dispone de un control eficiente de la jornada en los centros de trabajo. 

Incluso se pone en duda de que la aplicación del control de la jornada pueda tener una incidencia positiva en la conciliación personal de vida y trabajo. Se califica este apartado de la memoria como un objetivo a alcanzar no avalado por datos contrastados. Con este rigor del Consejo de Estado, el que exigen, pero no practican, no hay norma que supere las exigencias de la ley sobre la evaluación de los impactos de género. 

Hay un hilo conductor que recorre todo el dictamen: los constantes argumentos o más bien excusas puestas por el Consejo de Estado para dudar de la posibilidad de que la digitalización pueda entrar en el terreno de las obligaciones empresariales. Digitalización sí, para todo y más, menos para el control de la jornada de trabajo.

He de decir, en cambio, que me parecen razonables algunas de las observaciones realizadas en el dictamen con relación a la necesidad de mejorar la protección de datos personales que debe garantizar cualquier mecanismo de control de jornada. 

Aunque incluso en este apartado algunos de sus razonamientos producen sonrojo. La memoria del Decreto justifica su necesidad en las dificultades que tiene la Inspección de Trabajo para controlar la jornada con el actual modelo. El Consejo de Estado para descalificar esta justificación aporta un argumento que más bien parece un chiste de Forges sobre funcionarios. Así afirman que “el hecho de que un determinado grupo de funcionarios pueda hacer su trabajo con mayor facilidad no supone justificación suficiente”. Por favor, tápense un poco, que no se trata de la comodidad de inspectores o inspectoras de trabajo. Es que, con el actual sistema, no pueden ejercer correctamente sus funciones de control de la aplicación de la ley. 

También merecen atención, a mi juicio, las observaciones hechas sobre los plazos en la entrada en vigor de la norma. Ello es importante porque no se pueden establecer obligaciones a las empresas, ni a ningún administrado, hasta tener la seguridad de que tienen a su disposición los mecanismos necesarios para su cumplimiento. 

El tronco del dictamen hace referencia a un tema de alta complejidad jurídica. La alegación, que asume el Consejo de Estado, de que el control digital debe regularse por una norma con rango de ley y no puede serlo por un Decreto es más que dudosa. Sobre todo, si se tiene presente que la regulación de la jornada de trabajo y el establecimiento de un registro diario, que incluye el horario, viene ya establecido en una norma con rango de ley, el estatuto de los trabajadores, en su artículo 34.

No quiero cansarles, concluyo que me he quedado con la impresión de que los redactores del informe llegaron primero a la conclusión de que debían cargarse el proyecto de Decreto y luego se pusieron a buscar argumentos bajo las piedras para justificar su negativa a la aprobación del Decreto proyectado. 

No se alarmen, aunque a los legos les cueste entenderlo, esta es una lógica muy habitual en el funcionamiento de los Tribunales, primero se decide el fallo de la sentencia y luego se arman los fundamentos jurídicos. Si eso se hace, a menudo, con resoluciones judiciales no es muy exagerado pensar que se haya hecho también con un dictamen del Consejo de Estado que en definitiva es un trámite preceptivo, pero no vinculante para el poder ejecutivo.   

Espero que en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno sepan encontrar la fórmula para mejorar el texto de la norma y así aprobar el control digitalizado de la jornada de trabajo. Por el bien de nuestro sistema democrático. No hay nada que erosione más la confianza de la ciudadanía en las instituciones que las personas tenga la convicción, fruto de sus traumáticas experiencias, que las leyes se aprueban, pero no se cumplen y no se hace nada para hacerlas cumplir. 

Un acuerdo “histórico” en el que los empleados y empleadas públicas del Estado conquistan por primera vez una reducción de su horario laboral a las 35 horas semanales. El Gobierno ha firmado este viernes con la mayoría sindical la medida, comprometida en 2022, y que por fin se llevará a la práctica a partir del mes de abril, como ha anunciado el ministro de Función Pública, Óscar López, en una entrevista en el VI Foro económico de elDiario.es.

Tras terminar de atar los últimos flecos durante varias reuniones esta semana, el acuerdo sobre la jornada de 35 horas semanales se ha suscrito este viernes por la mañana en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, entre el Ministerio de Función Pública y la mayoría de sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Por su parte, ELA y CIG no lo han firmado, por considerar que el texto no tiene “las garantías suficientes”, indica el sindicato gallego.

A continuación, recogemos algunas de las cuestiones clave del acuerdo, que los sindicatos mayoritarios han celebrado como un avance para mejorar la conciliación y la productividad de la plantilla de empleados públicos del Estado.

¿A quién afecta?

La jornada de las 35 horas semanales alcanza a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), celebran los sindicatos firmantes, que cifran alrededor de las 246.000 personas. Aunque se suele mencionar la afectación de los funcionarios, la medida también alcanza al personal estatutario y laboral de la Administración General del Estado.

El alcance de la medida ha sido precisamente uno de los escollos durante la negociación, porque en un principio se planteó que la medida excluyera a algunos colectivos con más dificultades para implantarla, como a Instituciones Penitenciarias, que trabaja a turnos, y al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, explican en CCOO.

Finalmente, el acuerdo incluye a “toda la Administración” General del Estado, celebran CCOO, UGT y CSIF, para los que este punto era clave para suscribir el pacto con el Gobierno.

¿Cuál es la jornada anual?

Aunque en los debates públicos sobre la jornada laboral se suelen abordar en términos semanales, la realidad es que la jornada tiene un enfoque anual.

Así, el acuerdo recoge el compromiso de implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”.

¿Qué pasa con las jornadas con “especial dedicación”?

El pacto para implantar las 35 horas semanales en promedio anual conllevará la adaptación de la jornada del personal con “régimen de especial dedicación”. Esta pasará de las 40 horas actuales a las 37 horas y media semanales de trabajo efectivo, “sin perjuicio de las prolongaciones de jornada que, con carácter excepcional, puedan resultar necesarias por razones del servicio, de conformidad con la normativa aplicable”, recoge el acuerdo.

“Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo serán objeto de adaptación, previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada general de 35 horas semanales y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”, recoge el texto.

¿Cuándo se aprobará la medida?

El compromiso del Gobierno con los sindicatos es aprobar formalmente una resolución con la reducción horaria en 15 días. El ministro Óscar López lo ha confirmado en el Foro económico de elDiario.es con un marco temporal concreto: “La primera quincena de abril”.

“La nueva regulación establecerá la duración de la jornada general, su distribución y las adaptaciones organizativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, recoge el pacto.

¿Y cuándo se aplicará?

A partir de su aprobación formal, cada Ministerio, organismo y entidad de la Administración General del Estado (AGE) deberá negociar la medida y adaptarla a los calendarios laborales de su servicio público específico.

En algunos casos, la medida podrá ser inmediata prácticamente, sostienen en los sindicatos mayoritarios, mientras que en otras plantillas requerirá de más negociación porque es más compleja su implantación. Es el caso de los trabajos a turnos, como en Instituciones Penitenciarias, entre otras.

El acuerdo recoge una condición para la implantación de la medida, que “se llevará a cabo garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”. Así, fuentes sindicales reconocen que en algunos casos, la reducción horaria puede requerir de refuerzos de personal o de reorganización de equipos, procesos que pueden llevar algo de tiempo, pero que son necesarios para garantizar también los servicios prestados.

El Gobierno está ultimando con los sindicatos de empleados públicos la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), que puede cerrarse el próximo viernes, según fuentes sindicales. Además, las organizaciones de trabajadores esperaban que el Ministerio de Función Pública presentara esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público del Estado correspondiente a 2026, pero finalmente lo hará más adelante, indican desde CCOO y UGT.

La jornada laboral de 35 horas semanales, pactada en el penúltimo Acuerdo Marco con los sindicatos, firmado en 2022, está pendiente de su aprobación, que se había anunciado para este mes de marzo.

El Ministerio de Función Pública, que lidera Óscar López, ha informado esta mañana que, “ante los avances producidos durante las reuniones técnicas celebradas con las organizaciones sindicales” el lunes y este miércoles, ha convocado “la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado para el viernes día 27, con la jornada de 35 horas como punto principal en el orden del día”.

El Gobierno ha presentado este miércoles un nuevo documento sobre la aprobación de las 35 horas semanales para los empleados públicos del Estado, que UGT considera que “contempla mejoras suficientes para que el sindicato lo avale” y que en CCOO van a someter a consulta interna mañana jueves.

Por su parte, CSIF ya había afirmado tras la reunión del lunes que “previsiblemente” firmaría el acuerdo este viernes para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas en la AGE.

A falta de los últimos detalles sobre las 35 horas

Lo que está pendiente es la aprobación de ese compromiso de la jornada de 35 horas pactada con los sindicatos en el acuerdo marco de 2022, para que por fin pueda hacerse efectivo en los horarios de los empleados públicos del Estado y con el detalle de a qué personal alcanzará finalmente la medida.

Uno de los debates principales con los sindicatos en estos días está siendo precisamente cómo incluir a ciertos trabajadores del Estado con mayor dificultad para cuadrar este nuevo horario, como el personal de Instituciones Penitenciarias, con turnos, así como los de jornadas de especial dedicación. Según UGT, estos últimos pasarán de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas a la semana.

Entre las mejoras alcanzadas este miércoles, UGT señala también que Función Pública se ha comprometido a “publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días”, donde se establecerá la entrada en vigor de la medida.

Se trata así de la aprobación formal de las 35 horas semanales, que permitirá por fin que los organismos públicos adapten sus horarios. La previsión es que en algunos organismos de la AGE esta reducción horaria sea muy rápida, casi inmediata, mientras que otros requieran de una negociación específica para poder adaptar sus cuadrantes y especificidades a este nuevo horario, indican los sindicatos.

“La implantación de esta jornada semanal de trabajo efectivo en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, era uno de los compromisos adquirido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y ha sido impulsada ahora para modernizar la organización del trabajo, reforzar las condiciones de trabajo del personal empleado público y contribuir a la mejora de la organización del trabajo en las administraciones públicas”, ha destacado tras la reunión el Ministerio de Función Pública.

Las plazas de 2026, más adelante

Por otro lado, los sindicatos estaban pendientes de que el Gobierno les presentara también esta semana las cifras de la Oferta de Empleo Público en la Administración General del Estado (AGE) de 2026, cuya negociación se inició el lunes.

CSIF anunció tras este encuentro que Función Pública había afirmado que la oferta sería “similar a la de 2025”, cuando ascendió a 26.889 plazas, aunque no aportó todavía los datos de plazas ofertadas.

Finalmente, Función Pública no ha detallado estos números en la reunión de este miércoles y tampoco abordará el tema el viernes, explican a elDiario.es en CCOO y UGT. La OEP (Oferta Pública de Empleo ) de 2026 en la AGE queda así pendiente de futuras reuniones, indican con los sindicatos. Por su parte, el Ministerio de Óscar López no se ha pronunciado en estos días sobre este segundo asunto.

UGT Servicios Públicos ha expresado “la necesidad de una negociación más amplia” en relación a la Oferta de Empleo Público, “que aborde las necesidades específicas de cada sector tras la entrada en vigor de la jornada de 35 horas”. El sindicato ha insistido en que “solo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la nueva jornada y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía”, ha destacado en un comunicado.

En CSIF han reclamado “superar la OEP de 2025”, con el refuerzo especial de algunos organismos, como el SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, Extranjería e Interior, ante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo confía en aprobar su refuerzo del registro de la jornada laboral “a la mayor brevedad”, con pequeños cambios para sortear el rechazo de la norma por el Consejo de Estado, e ignorando las medidas que reclama el departamento de Economía. El departamento de Yolanda Díaz echa así un pulso al de Carlos Cuerpo y asegura en su confianza en que sacará adelante su texto legal, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo indican fuentes de Trabajo tras conocerse este lunes la decisión desfavorable al real decreto del Consejo de Estado, adelantada por elDiario.es, que se suma a otro negativo de la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre.

Tras ello, el Ministerio de Economía, que había emitido hasta dos informes desfavorables a la puesta en marcha del registro ante el Consejo de Estado, ha afirmado este martes que ahora se ha de asegurar una “implementación equilibrada” para las empresas de la norma, en palabras de Cuerpo.

Cuerpo se ha referido en concreto a facilitar la puesta en marcha de la medida a las pymes (pequeñas y medianas empresas), para las que su Ministerio demanda un mayor plazo para adaptarse a la norma, de hasta un año. Economía también reclama que haya algunos sectores excluidos de esta nueva legislación, con una normativa más relajada, como son la construcción, el transporte y el campo.

Confianza en ganar a Economía ante Sánchez

El Ministerio de Trabajo es sumamente crítico con los dos dictámenes de los órganos consultivos, desfavorables a su proyecto normativo y que consideran que han seguido la estela de las críticas de Economía y de las patronales.

Fuentes de Trabajo han rechazado además de manera tajante adaptar la norma a las peticiones del Ministerio de Economía. Han insistido en su confianza en tener el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante esta medida en el Consejo de Ministros, al margen de lo que opine el ministro Cuerpo.

Un ministro que cada vez gana más peso en el Ejecutivo y cuyo nombre suena como uno de los posibles candidatos a sustituir a Montero al frente de Hacienda.

Aunque en el Ministerio de Trabajo precisan que el equipo de Yolanda Díaz no ha hablado con el de Sánchez de este tema tras la censura del Consejo de Estado y las palabras de Carlos Cuerpo, insisten en que este tema ha sido muy hablado entre los dos responsables de PSOE y Sumar dentro del Gobierno.

Destacan además que es parte del acuerdo de Gobierno, que contempla: “Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas”.

“Pequeños cambios” para blindar el registro ante los tribunales

Pese a las críticas al Consejo de Estado, su dictamen desfavorable allana el camino de la denuncia ante los tribunales que ha anunciado la patronal si la norma sale adelante. Por ello, la intención de Yolanda Díaz es adaptar el texto con “pequeños cambios” para blindar el decreto ante esta denuncia de los empresarios, indican en el Ministerio.

Entre las modificaciones, en Trabajo destacan dos. Por un lado, introducir más énfasis en la garantía de la protección de datos del registro de jornada y, por otro, dejar claro que la negociación colectiva puede colaborar a la hora de adaptar las obligaciones de registro.

Ambos son dos de los elementos centrales por los que el Consejo de Estado rechaza el actual real decreto, que consideran que no respeta la legislación de protección de datos personales y que se excede en las competencias de los reales decretos, invadiendo las propias de la ley y los convenios colectivos.

Sin embargo, Trabajo ha subrayado otras dos líneas rojas del actual texto: que el registro sea digital y que sea accesible para la Inspección de Trabajo. Este primer elementos es otro de los que cita el Consejo de Estado para oponerse a la norma, ya que considera que requeriría de una ley.

En el Ministerio rechazan esta tesis y citan para ello el voto parcialmente discrepante de uno de los consejeros del órgano consultivo, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret, que no comparte este argumento.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deslizado este martes la necesidad de modificar el real decreto del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro de jornada. “Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es equilibrada” para las empresas, ha respondido Cuerpo, al ser preguntado por elDiario.es por sus dos informes contrarios a la norma ante el Consejo de Estado, que el pasado jueves se posicionó finalmente contra el decreto en un duro dictamen.

La respuesta de Cuerpo llega tras conocerse este lunes el rechazo del Consejo de Estado a la aprobación del refuerzo del registro de jornada de Trabajo, pactado con los sindicatos CCOO y UGT, que ha desvelado además el informe desfavorable también de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, un varapalo de los dos órganos consultivos que tenían que analizar la norma.

Tras este revés, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha asegurado que “lógicamente” va a tener en cuenta los informes “aunque solo sean consultivos”. Pero ha precisado que “siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que de cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

Una implementación “equilibrada” para las empresas

Carlos Cuerpo ha insistido en que su Ministerio comparte el “objetivo” de la norma. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada hacia delante”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Es importante mantener la ambición de estos derechos de los trabajadores”, ha apostillado Cuerpo, pero a la vez ha añadido que hay que “trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes”.

“Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es una implementación equilibrada para poder garantizar que los sujetos obligados, las empresas, pueden llevar a cabo esta importante medida, esta importante conquista de los trabajadores”, ha añadido el rsponsable de Economía a preguntas de este medio sobre si era necesario modificar el decreto antes de que pase por el Consejo de Ministros.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, ha intervenido con la intención de “confirmar el compromiso del Gobierno con la reducción de la jornada y también, por supuesto, con el control horario y el abono de las horas extraordinarias”.

Las propuestas de Economía al Consejo de Estado

El Ministerio de Economía propuso varios cambios en sus informes desfavorables al control horario del departamento de Yolanda Díaz. En el primero (de diciembre) puso en duda la legalidad del propio decreto, pero en el segundo (de febrero) este elemento se eliminó.

Entre las modificaciones propuestas más destacadas, Economía planteó ampliar el periodo transitorio de aplicación del nuevo registro horario para las pymes, hasta un año de plazo, y que se exceptúe de este nuevo sistema a ciertos sectores de jornadas especiales, como la construcción, el campo y los transportes.

Este martes, Sumar ha acusado a Carlos Cuerpo de “usar sus tentáculos” para boicotear el refuerzo del control horario a los trabajadores. La portavoz de los comunes y de Sumar, Aina Vidal, ha cuestionado “cuál es la posición de la ministra de Seguridad Social”, Elma Saiz, “y si le gusta cómo nos expolian cada semana 2,5 millones de horas extras”, ha afirmado Vidal en una rueda de prensa en el Congreso.

La diputada de Sumar ha lanzado un “llamamiento a la tranquilidad” y ha reiterado su crítica a los “ministros que tienen la tentación de usar sus tentáculos en el Consejo de Estado o en otros estudios que encargan de forma mamporrera”.

El refuerzo del registro de la jornada laboral propuesto por el Ministerio de Trabajo, pactado con los sindicatos mayoritarios, ha recibido dos importantes golpes. Los dos órganos consultivos que tenían que analizar el texto han resuelto desfavorablemente a la norma, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Consejo de Estado. Este último con un dictamen muy duro y unánime en contra, que complica el futuro del reglamento.

La decisión del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Carmen Calvo, se cerró el pasado jueves en su Comisión Permanente, como adelantó este medio. El órgano tuvo en cuenta el texto del real decreto, así como su memoria económica, y multitud de informes de distintos actores, tanto de los agentes sociales, como de distintas patronales y otros miembros del Gobierno.

Entre ellos, destacan los informes desfavorables del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, que llegó a emitir dos documentos contrarios a la norma. El primero, ponía en duda la validez legal del propio decreto, algo que después eliminó en su segundo informe. El Consejo de Estado concluye precisamente en este sentido.

También hay algunas reticencias de otros Ministerios, como el de Función Pública, que advierte de que el decreto afecta a su personal laboral y que requeriría de cambios en sus sistemas de control horario, para lo que pide un plazo “mínimo de un año” y denuncia que “existe un impacto presupuestario que no se ha valorado ni considerado en la memoria”.

El Consejo de Estado rechaza la legalidad del decreto

Entre las principales conclusiones del Consejo de Estado, se opone a la legalidad del real decreto. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, resume el órgano consultivo, que considera que el reglamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo excede las competencias del real decreto y desarrolla elementos que exigirían de una ley, que no existe.

El Consejo de Estado recuerda que el Ministerio intentó tramitar los cambios en la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero esta fracasó en el Congreso por el no de PP, Junts y Vox.

El órgano considera, por un lado, que el reglamento no puede imponer un registro digital si no tiene una ley previa que explicite esta característica del control horario, algo en lo que discrepa un consejero, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret (que no obstante, comparte el resto de reticencias y se posiciona en contra de la norma).

Pero no es el único elemento en el Consejo de Estado considera que se excede el decreto. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, recoge el dictamen.

La consecuencia sería “la nulidad por infracción del principio de legalidad” de gran parte del decreto, según el Consejo de Estado: “Afectaría a los artículos 1 a 7, al artículo 9 y a las disposiciones finales cuarta a sexta”.

Tampoco respeta la protección de datos

Entre el resto de reticencias del Consejo, destaca el rechazo de cumplimiento del nuevo registro horario de la legislación sobre protección de datos. El dictamen cita para ello la resolución desfavorable del otro órgano consultivo que tenía que examinar el decreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“El informe de la Agencia Española de Protección de Datos es desfavorable en relación con el cumplimiento del principio de reserva de ley al que se sujeta el tratamiento de datos personales”, indica. El informe negativo es del pasado mes de diciembre.

La Agencia advirtió de que el tratamiento de datos que se plantea precisa de un informe de los riesgos en materia de protección de datos, que no se había hecho, aunque fue incluido a posteriori por el Ministerio de Trabajo. Además, la AEPD expresó sus dudas “acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

Aunque Trabajo insistió en la proporcionalidad de los datos exigidos y en su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado estima que “los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.

Los sindicatos CCOO y UGT han lanzado un comunicado conjunto de rechazo al dictamen del Consejo de Estado, en el que entre otras cosas, carga contra su “llamativo” celo respecto a la protección de datos.

“La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, sostienen las organizaciones mayoritarias de trabajadores.

Se complica el futuro de la norma

Aunque el Consejo de Estado sea un órgano consultivo, su negativa es muy relevante y complica la viabilidad del decreto. De primeras, de cara a la propia aprobación del actual texto por el Consejo de Ministros, que todo apunta a que encontrará reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía.

“Es normal, dentro de los procesos habituales, que los textos legislativos se vayan adaptando”, indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo, que indican que Economía está “a favor del objetivo perseguido por esta medida”, pero indica “la necesidad de facilitar a las empresas su adopción”, sobre todo a las pymes, con “periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”.

En el Ministerio de Trabajo sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan: “Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

El cualquier caso, la negociación con sindicatos “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de dialogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Los sindicatos CCOO y UGT han insistido por su parte al Ejecutivo de coalición para que apruebe la medida pactada. “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”, sostienen.

Sin embargo, aunque saliera adelante el real decreto como está en el Consejo de Ministros, y se llegara a aplicar en la práctica, su futuro se complica ya que estos dictámenes contrarios allanan el camino a los recursos judiciales que pretende presentar la patronal contra esta medida.

El Consejo de Estado ha resuelto un dictamen contrario al real decreto del Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, para reforzar el registro de la jornada laboral, según indican fuentes del organismo consultivo a elDiario.es. El dictamen contrario llega tras los informes desfavorables contra la “puesta en marcha” de la norma que firmó el departamento dirigido por Carlos Cuerpo. El Ministerio de Economía llegó a enviar dos informes negativos y, en el primero de ellos, cuestionó incluso la validez legal del real decreto, cuya tramitación urgente aprobó el propio Consejo de Ministros.

La decisión del Consejo de Estado se alcanzó el pasado jueves, cuando se reunió la Comisión Permanente, como figura en la información de su página web. Según fuentes del organismo consultivo y del Gobierno, el Consejo de Estado rechaza que los cambios legales puedan aprobarse mediante un real decreto, sin una ley.

Aunque se trata de un dictamen no vinculante, es muy importante la negativa del Consejo de Estado, que allana el camino al recurso ante los tribunales que han anunciado los empresarios en caso de que la norma sea aprobada. Los cambios del registro fueron pactados por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

En el Ministerio de Economía encuadran sus informes desfavorables como “parte del procedimiento legislativo habitual”.

“Es incomprensible que alguien, como hacen estos informes, pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la Ley en nuestro país, y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde”, sostienen en el Ministerio de Trabajo sobre la posición de Economía ante el Consejo de Estado.

Las tensiones entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo no son en absoluto nuevas. Los choques entre ambos departamentos han sido constantes, a veces más públicos y otras menos, pero con continuas diferencias entre ambas carteras.

Un refuerzo del registro horario pactado entre PSOE y Sumar

La norma en conflicto es el proyecto de real decreto para endurecer el registro diario de la jornada laboral y facilitar su control por parte de la Inspección de Trabajo. El Ministerio de Yolanda Díaz dio este paso tras caer la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados, por el voto en contra de PP, Junts y Vox.

Tras ello, Trabajo rescató de manera inmediata uno de sus elementos troncales: el refuerzo del registro horario, para combatir al menos las horas extra ilegales que hacen casi medio millón de trabajadores en España y tratar de garantizar el cumplimiento de los horarios. Este refuerzo del control horario además es un compromiso expreso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, además de la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media.

“Cuestionarlo [el registro de jornada] es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar”, denuncian en el departamento de Díaz sobre el posicionamiento de Carlos Cuerpo.

El Gobierno dio en septiembre el primer paso para aprobar esta medida, a través de un real decreto (que no tiene que pasar por el Parlamento), con la luz verde del Consejo de Ministros a su tramitación urgente. Esta vía recorta los plazos para su aprobación, para lo que se requiere de dos informes previos antes de volver al Consejo de Ministros, del Consejo de Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos.

Dos informes desfavorables: en diciembre y en febrero

Ha sido en el trámite previo del Consejo de Estado donde el Ministerio de Economía ha boicoteado la norma. En el informe preceptivo que tenía que emitir al órgano consultivo, el departamento de Carlos Cuerpo sostiene que valora “favorablemente el objetivo perseguido”, por “mejorar la transparencia y la trazabilidad del registro de jornada gracias a su carácter digital”, entre otros elementos, pero sin embargo “valora desfavorablemente su puesta en marcha”.

La particularidad es que el Ministerio de Economía emitió dos informes para el Consejo de Estado, uno en el mes de diciembre y otro a principios de febrero, ambos desfavorables.

En el primero, además de varias pegas sobre su contenido, el departamento de Carlos Cuerpo cuestionó la propia validez legal de la norma, argumento que ha adoptado el Consejo de Estado en su dictamen, según señalan fuentes de este organismo. “Asimismo, se cuestiona la adecuación del proyecto de Real Decreto al principio de jerarquía normativa”, recoge el informe de Economía del pasado mes de diciembre.

Es decir, que el Ministerio de Economía pone en duda que los cambios que quiere implementar Trabajo en el registro horario (como que sea interoperable en tiempo real por la Inspección de Trabajo) sea posible aprobarlos en un reglamento, por la vía del real decreto, en lugar de en una norma con rango de ley. Sin embargo, el Consejo de Ministros había dado luz verde en septiembre a la tramitación urgente de ese real decreto.

Unos meses más tarde, a principios de febrero, Economía emite un segundo informe desfavorable, igual al anterior en las objeciones sobre el contenido del decreto, pero ya sin cuestionar la forma, esa validez legal del real decreto.

“Es normal que dentro de este proceso se cambien o maticen algunos puntos de los informes, en este caso respecto a los primeros informes de diciembre”, responden sobre la emisión de este segundo informe en febrero.

Excluir al campo, el transporte y la construcción

El Ministerio de Economía rechaza la puesta en marcha del real decreto ya que “se considera necesario un periodo transitorio amplio y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes”, así como porque considera “necesario tener en cuenta que una imposición homogénea de estas obligaciones no tiene en cuenta la existencia de sectores cuyas especificidades hacen que estas medidas pueden resultar ser adaptadas a su realidad”, recogen los informes.

Así, el departamento de Carlos Cuerpo reclama un periodo transitorio de un año para los cambios planteados en el registro horario –como obligar a que sea digital– para las pymes, en lugar de los 20 días previstos en el real decreto de Trabajo.

Por otro, reclama que haya sectores excluidos de esta norma general, como los de jornadas especiales, entre los que menciona el campo, el transporte y la construcción. La patronal de la construcción ha sido de las más beligerantes contra el refuerzo del registro horario, que ha sostenido que hundirá los salarios que hoy perciben los trabajadores (por lo que parece en horas extra por encima de la legislación laboral).

Al igual que se han relajado las exigencias del registro horario para el empleo doméstico en los hogares, Economía pide este trato diferenciado para estas otras actividades económicas. “Se considera necesario extender este enfoque diferenciado a otros sectores y ocupaciones en los que la aplicación estricta del sistema general puede resultar de difícil implementación”, recoge el informe de Economía.

Fuentes del departamento de Carlos Cuerpo sostienen que “el Ministerio de Economía está a favor de la medida —como ya ha reconocido públicamente el ministro Carlos Cuerpo, en varias ocasiones—, facilitando que las empresas puedan adoptarla”. “Es decir, dotándolas, sobre todo a las pymes, de periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”, añaden.

“La reducción de la jornada no solo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de los y las trabajadoras de nuestro país y moderniza de verdad nuestro mercado laboral”, sostienen por su parte en el Ministerio de Trabajo.

La negociación del nuevo Convenio Colectivo Nacional de Farmacia se encasquilla. Después de que el pasado convenio caducara en 2024, los sindicatos reclaman una actualización de las tablas salariales acordes al incremento del coste de la vida. También batallan contra la pérdida de derechos adquiridos que, aseguran, plantea la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), y advierten del éxodo de profesionales a otros sectores tras la pauperización de sus condiciones en las oficinas de farmacia, centros de trabajo donde suele haber pocos empleados.

Numerosas reuniones infructuosas desde junio del año pasado han hecho que los farmacéuticos lleven su lucha a las calles. Han convocado concentraciones en cuatro ciudades para este domingo, 15 de marzo. Según sus cálculos, desde 2010 han perdido un 6% de poder adquisitivo. “Tienen un sector con producto protegido, cliente protegido y un pagador fijo. Deben mirarse si quieren trabajadores cualificados, solo se trata de ser consecuentes”, defiende Ricardo Blanco.

Él es integrante de la Agrupación de farmacéuticos regentes, adjuntos, sustitutos y sin ejercicio de Bizkaia (Afrassebi), también vicesecretario general en la Federación Española de Farmacéuticos No Empresarios (FEFANE), desde donde negocian con la patronal. “Los trabajadores a los que representamos nos decían que no podíamos firmar un convenio que empeorara las condiciones, y eso intentamos”, introduce el sindicalista, quien afirma que las posturas entre parte empresarial y social se mantienen “muy alejadas”.

Este farmacéutico vasco asegura que la patronal los quiere “pobres, sobrecargados y enfermos”, como crítica a la propuesta de FEFE de restringir la incapacidad temporal y eliminar parte de los complementos que ahora perciben por ella en las prestaciones de la Seguridad Social. Los empresarios no han respondido ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es. Su secretaria general, Elena Jiménez, ha señalado que lo hacen así “por respeto a todas las partes que participan en la negociación colectiva y muy especialmente a los farmacéuticos a quienes representamos”, es decir, los dueños de las oficinas.

Sin pluses por festivo y un horario liberalizado

Las reuniones que mantienen desde junio del año pasado, cuando el convenio anterior ya llevaba seis meses en ultraactividad, suelen tropezarse con las exigencias de los sindicatos del cobro de pluses por el trabajo de domingos y festivos, algo que en la actualidad no sucede. La patronal se agarra a un artículo del convenio que recoge que todos los días son laborables para el servicio farmacéutico. “Podemos entender que como entidad privada pero de servicio público esté sometida a guardias, pero bajo ningún concepto eso significa que los trabajadores no cobremos pluses de domingos y festivos”, reivindica Blanco, quien cifra en 22.200 las farmacias que existen en España.

Nuria Martínez, secretaria del Sindicato de farmacéuticos no empresarios de Madrid (Sifnema) e integrante de FEFANE, lo resume de esta forma: “Aquí da igual el día que trabajes y las consecuencias que tenga para la conciliación. Cada hora te la van a pagar igual. Nosotros defendemos lo contrario. Si quieren abrir en domingos y festivos, que lo paguen como tal”. Sin embargo, la parte patronal busca aumentar las horas anuales de trabajo, “cuando todos los sectores en Europa tienen la tendencia contraria”, se queja Blanco.

Subidas salariales no ligadas al IPC

Para salir de este bloqueo, Zigor Etxabe considera que los empresarios deben poner algo más de su parte. Este integrante de la Asociación sindical de farmacéuticos adjuntos de Sevilla (Asfas), entidad que ya representa a toda la región andaluza e integrada en FEFANE, critica que, si no fuera por mejoras en el convenio, el poder adquisitivo se reduciría todavía más. “Entramos como farmacéuticos rasos y salimos como farmacéuticos rasos, con el mismo sueldo y nivel. Da igual que seas nuevo o que lleves 13 años ejerciendo, como es mi caso”, ilustra.

Por el momento, FEFE parece aceptar algunas subidas salariales en el nuevo convenio, que tendrían vigor desde 2025 a 2028, uno de los pocos aspectos en que todos los presentes en la negociación están de acuerdo, incluidos UGT, CCOO y CIGA. “Pero esas subidas no son acordes al IPC ni recuperan todo lo que ya hemos perdido antes”, apuntilla Etxabe, quien considera que “es inaguantable vivir así”.

Según explica, FEFE se estaría fijando en el Estatuto de los Trabajadores para negociar mientras que los sindicatos parten del convenio ahora en ultraactividad. “Nos dicen que ya tenemos tres días de permiso por fallecimiento de familiar, cuando en el Estatuto se recogen dos, y ahora nos quieren quitar ese tercero para hacernos ver las mejoras que hay, pero eso son derechos adquiridos y en ningún caso vamos a empeorar lo que ya tenemos”, ejemplifica el sevillano. Algo similar intenta la patronal con un día de asuntos propios.

Contra la fuga de profesionales, preavisos de 90 días

Blanco explica desde Bizkaia que el preaviso que deben dar los farmacéuticos para dejar su puesto es de 90 días. Si no ocurre así, al trabajador se le descuenta un día de salario por cada dos de incumplimiento de preaviso. Según el vicesecretario de FEFANE, la patronal no permite reducir ese tiempo por el déficit de farmacéuticos para ejercer que existe en estos momentos. “Quieren garantizarse que no se queden sin trabajadores, pero esa no es la mejor alternativa”, añade.

Los sindicatos alertan de que cada vez más compañeros farmacéuticos dejan las oficinas a pie de calle para “huir de la precariedad a la que se ven abocados”. Blanco apunta que ellos son el “engranaje perfecto del mejor modelo de farmacia del mundo, pero hay una desbandada hacia investigación, docencia, la administración pública e, incluso, al extranjero”.

“A mí mi jefe me reclamó que el día del entierro de mi padre no había ido a trabajar”, cuenta Paloma Calvo, farmacéutica en Redueña, un pueblo madrileño que no llega a los 300 habitantes. Ella vive en Colmenar Viejo, tiene 59 años y más de 30 de experiencia, y ahora sí que se siente tranquila en su trabajo. “Soy una excepción a la regla porque mi jefa sí cumple el convenio”, exclama.

Consiguió dejar atrás la anterior farmacia incluso con el periodo tan largo de preaviso. “No hay empresas que esperen tres meses a que te incorpores, o si te mudas, y eso te deja en una situación muy incómoda teniendo que trabajar en un sitio donde no quieres estar y donde ya has dicho que te vas. Nos quieren tener agarrados porque no encuentran gente de la situación tan precaria que se vive en las farmacias”, se explaya.

La movilización llega a la calle

Calvo reconoce que el sector farmacéutico es parecido a un reino de taifas de empresas aisladas. “Como nos vemos tan solas en nuestro puesto de trabajo, porque a veces solo estamos con el jefe, pelear por nuestros derechos es muy difícil”, admite. Por eso crearon FEFANE, que ahora batalla contra la patronal por un convenio que les permita no perder todavía más poder adquisitivo.

Martínez, por su parte, reconoce cierta predisposición de la patronal a valorar las propuestas de la parte social tras el último encuentro, celebrado el 10 de marzo. Entre ellas está que los empresarios respeten el anterior convenio: “Aunque recoge que si el PIB subía un 1% la nómina tendría que subir un 2%, muchos propietarios no lo han hecho, así que a muchísimos de nuestros compañeros no les están pagando lo que les deben”.

Le sigue su compañera Rosa Tejerols, portavoz de la Associació de Farmacèutics, Tècnics, Auxiliars i altres treballadors d’oficina de farmàcia de Catalunya (Afascat). “Yo suelo ser bastante ingenua y pienso que la patronal nos puede sorprender, pero visto la experiencia en Barcelona soy muy escéptica con lo que pueda pasar”, admite en referencia a su convenio regional, que está en los tribunales. “Todo lo que sea bueno para el convenio estatal lo será para nosotros, que nos encontramos ahora mismo en tierra de nadie”, agrega.

Apretar en la calle es lo siguiente que hará FEFANE. Este domingo, 15 de marzo, han convocado movilizaciones para expresar sus reivindicaciones en Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y La Laguna, todas a las 12.00 horas, a las que invitan a acudir a todos los trabajadores de oficinas de farmacia, también técnicos y auxiliares. Etxabe, del sindicato andaluz, destaca que los trabajadores tienen una sensación de hartazgo con las negociaciones del convenio, pero que se trata de un gremio “muy parado” a la hora de exigir mejoras laborales. “El domingo es el principio de algo un poco más grande”, vaticina.

A. M. treballava com a recepcionista a l'empresa de lloguer de cotxes Click & Rent, a Mallorca. Quan va arribar fa dos anys, no hi havia comitè d'empresa, per la qual cosa els treballadors no tenien un òrgan sindical a través del qual fer arribar les seves reivindicacions als seus ocupadors. Reclamaven que es respectessin els descansos entre les jornades laborals, així com una millora salarial d'entre 2.000 i 3.000 euros bruts anuals per equiparar les seves nòmines a les dels seus companys de la península. Per a això, després de les eleccions sindicals de març de 2025, van formar un comitè d'empresa associat a UGT. Els mesos posteriors a la seva constitució van començar les “represàlies”, sempre segons el seu testimoni.

“A partir d’aquell moment van començar les represàlies i els acomiadaments”, explica l'afectat a aquest diari. La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT explica que l’empresa està duent a terme “pràctiques de persecució sindical” i acomiadant treballadors per exercir drets laborals, com la mobilització. Per aquests motius, assegura el sindicat, “prepara una demanda judicial per vulneració del dret a la llibertat sindical”. En el cas d’A. M., afirma que abans de la constitució del comitè d’empresa va demanar una reducció de jornada del 12,5% perquè té tres fills, un d’ells amb discapacitat, i necessita conciliar.

Els treballadors reclamen que es respectin els descansos entre les jornades laborals, així com una millora salarial d'entre 2.000 i 3.000 euros bruts anuals per equiparar les seves nòmines a les dels seus companys de la península

“El 8 de gener de 2025 em van respondre favorablement a la reducció d’adaptació de jornada, i menys de 24 hores després rebo una carta dient-me que els meus serveis aquest any ja no eren necessaris i que ja em trucarien per a la reincorporació”, assegura. Aquest treballador figurava com a fix discontinu. Altres treballadors, fixos discontinus com ell, van continuar treballant a l’empresa, tot i tenir menys antiguitat, segons el seu testimoni. “La meva advocada va veure que allà hi havia una vulneració clara de drets i que era una mena de represàlia pel fet d’haver sol·licitat la reducció”, lamenta.

El 8 de gener de 2025 em van respondre favorablement a la reducció d'adaptació de jornada i, menys de 24 hores després, rebo una carta en què em diuen que els meus serveis aquest any ja no són necessaris i que ja em cridarien per a la reincorporació

A. M. — Extreballador Click & Rent a Balears

Tot i això, més endavant es va reincorporar a l’empresa. Va treballar de l’1 d’abril de 2025 fins al 17 de setembre del mateix any. Dos dies després, va tornar a ser contractat fins al 12 de gener de 2026, quan va finalitzar la seva relació laboral amb Click & Rent, segons consta en la documentació aportada per A. M. Tant aquest treballador com UGT consideren que el motiu del seu acomiadament és una conseqüència de les “pràctiques de persecució sindical” de l’empresa.

Concentració per exigir millores salarials

El 24 de desembre de 2025 es va celebrar una concentració amb l’objectiu de “reclamar una equiparació salarial dels centres de treball de les Illes amb els de Madrid, on es cobra una mitjana d’entre 2.000 i 3.000 euros bruts més a l’any”, segons la versió dels treballadors avalada per UGT. A més, es va reivindicar l’abonament del salari real durant cada mes d’activitat i vacances, “i el compliment del compromís de l’empresa sobre el pagament a tota la plantilla dels respectius bonus de final de temporada dels anys 2024 i 2025”.

“Al cap de pocs dies van sancionar un company d’Eivissa que va assistir a la concentració i va atendre els mitjans”, explica A. M. Segons la seva versió, es tractava de sancions d’ocupació i sou, no d’un acomiadament. Segons UGT, després de la protesta davant les seus de l’empresa a Palma i Eivissa, es va acomiadar un dels representants sindicals, un altre va ser suspès d’ocupació i sou i dos més, amb contracte fix discontinu, van finalitzar l’activitat laboral abans del previst. “La situació de cada treballador represaliat és diferent”, matisa A. M.

Per aquest motiu, UGT parla d’una política d’“assetjament” per part de l’empresa que, segons la versió sindical, s’ha desenvolupat “contra els representants dels treballadors legalment elegits el passat març de 2025”. “S’ha agreujat des de la concentració convocada el dia de Nadal per reclamar millores retributives”, puntualitza el sindicat.

UGT apunta a una política d'“assetjament” per part de l'empresa que, segons la seva versió, s'ha desenvolupat “contra els representants dels treballadors legalment elegits" al març de 2025

A. M., delegat sindical de l’empresa abans del seu acomiadament, demanarà la nul·litat del mateix a través d’una demanda que interposarà UGT, segons afirma a aquest diari. El sindicat explica que demanarà la seva readmissió a l’empresa “per considerar que durant la protesta exercia ‘funcions representatives’, i que la seva actuació està emparada en la normativa que protegeix el dret fonamental a la defensa dels interessos de les persones treballadores”.

D’aquesta manera, l’organització sindical considera que l’empresa de lloguer de cotxes utilitza l’acomiadament com a “forma d’intimidació” per “silenciar les queixes i reivindicacions d’una plantilla de més de 140 treballadors a les Illes Balears”. Finalment, demana a Click & Rent que “cessi la seva ‘política d’assetjament sindical’ i que revoqui totes les sancions que són ‘desproporcionades’”, segons el sindicat.

La versió de la empresa

Després de la publicació de la notícia, Click & Rent ha explicat que “aplica de manera rigorosa i homogènia” el sistema salarial vigent en el conveni col·lectiu del sector de lloguer de vehicles sense conductor a les Balears, aplicant “les seves disposicions amb criteris objectius i d’acord amb la normativa laboral vigent”. A més, l’empresa de rent a car ha negat que s’hagin adoptat mesures disciplinàries o d’extinció contractual “com a instrument de represàlia, intimidació o vulneració dels drets de representació sindical”. “L’empresa rebutja de manera expressa haver actuat de forma arbitrària en l’adopció de qualsevol mesura disciplinària”, ha reiterat.

En aquest sentit, ha defensat que les mesures disciplinàries han estat tramitades “mitjançant els procediments legalment establerts, amb les garanties degudes i amb ple respecte als drets de les persones afectades”. Finalment, ha assegurat que la seva voluntat és “continuar treballant juntament amb la representació legal dels treballadors en un marc de diàleg constructiu, evitant la confrontació i apostant per solucions acordades que afavoreixin l’estabilitat laboral”, així com el “bon funcionament” de la mateixa.

A. M. trabajaba como recepcionista en la empresa de alquiler de coches Click & Rent, en Mallorca. Cuando llegó hace dos años, no había comité de empresa, por lo que los trabajadores no tenían un órgano sindical a través del cual hacer llegar sus reivindicaciones a sus empleadores. Reclamaban que se respetaran los descansos entre las jornadas laborales, así como una mejora salarial de entre 2.000 y 3.000 euros brutos anuales para equiparar sus nóminas a las de sus compañeros de la península. Para ello, tras las elecciones sindicales de marzo de 2025, formaron un comité de empresa asociado a UGT. Los meses posteriores a su constitución comenzaron las “represalias”, siempre según su testimonio.

“A partir de ahí empezaron las represalias y los despidos”, explica el afectado a este periódico. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT explica que la empresa está llevando a cabo “prácticas de persecución sindical” y despidiendo a trabajadores por ejercer derechos laborales como la movilización. Por estos motivos, asegura el sindicato, “prepara una demanda judicial por vulneración del derecho a la libertad sindical”. En el caso de A. M., afirma que, antes de la constitución del comité de empresa, pidió una reducción de jornada del 12,5% porque tiene tres hijos, uno de ellos con discapacidad, y necesita conciliar.

Los trabajadores reclaman que se respeten los descansos entre las jornadas laborales, así como una mejora salarial de entre 2.000 y 3.000 euros brutos anuales para equiparar sus nóminas a las de sus compañeros de la península

“El 8 de enero de 2025 me respondieron favorablemente a la reducción de adaptación de jornada y, menos de 24 horas después, recibo una carta en la que me dicen que mis servicios este año ya no son necesarios y que ya me llamarían para la reincorporación”, asevera. Este trabajador figuraba como fijo discontinuo. Otros empleados, fijos discontinuos como él, continuaron trabajando en la empresa, pese a que tenían menos antigüedad que él, según su testimonio. “Mi abogada vio que ahí había una vulneración clara de derechos y que era una especie de represalia por el hecho de haber solicitado la reducción”, lamenta.

El 8 de enero de 2025 me respondieron favorablemente a la reducción de adaptación de jornada y, menos de 24 horas después, recibo una carta en la que me dicen que mis servicios este año ya no son necesarios y que ya me llamarían para la reincorporación

A. M. — Extrabajador Click & Rent en Balears

Pese a ello, más adelante se reincorporó a la empresa. Trabajó del 1 de abril de 2025 hasta el 17 de septiembre del mismo año. Dos días después, volvió a ser contratado, hasta el 12 de enero de 2026, cuando finalizó su relación laboral con Click & Rent, según consta en la documentación aportada por A. M. Tanto este trabajador como UGT consideran que el motivo de su despido es una consecuencia de las “prácticas de persecución sindical” de la empresa.

Concentración para exigir mejoras salariales

El 24 de diciembre de 2025 tuvo lugar una concentración cuyo objetivo era reclamar una equiparación salarial de los centros de trabajo de las Islas con los de Madrid, donde se cobra “una media de entre 2.000 y 3.000 euros brutos más al año”, según la versión de los trabajadores respaldada por UGT. Además, se reivindicó el abono del salario real durante todos los meses de actividad y vacaciones, “y el cumplimiento del compromiso de la empresa del pago a toda la plantilla de sendos bonus por el fin de temporada de los años 2024 y 2025”.

“A los pocos días sancionan a un compañero de Eivissa que estuvo en la concentración y atendió a los medios”, explica A. M. Según su versión, fueron sanciones de empleo y sueldo, no un despido. Según UGT, tras la protesta frente a las sedes de la empresa en Palma y Eivissa se despidió a uno de los representantes sindicales; otro fue suspendido de empleo y sueldo y otros dos, con contrato fijo discontinuo, acabaron la actividad laboral antes de lo previsto. “La situación de cada trabajador represaliado es diferente”, matiza A. M.

Por este motivo, UGT habla de una política de “acoso y derribo” por parte de la empresa que, según la versión sindical, se ha desarrollado “contra los representantes de los trabajadores legalmente elegidos el pasado marzo” de 2025. “Se ha agravado desde la concentración convocada el día de Nochebuena para reclamar mejoras retributivas”, puntualiza el sindicato obrero.

UGT apunta a una política de “acoso y derribo” por parte de la empresa que, según su versión, se ha desarrollado “contra los representantes de los trabajadores legalmente elegidos" en marzo de 2025

A. M., delegado sindical de la empresa antes de su despido, va a pedir la nulidad del mismo a través de una demanda que interpondrá UGT, según afirma a este diario. El sindicato explica que pedirá su readmisión en la empresa “por considerar que durante la protesta ejercía ‘funciones representativas’, y que su actuación está amparada en la normativa que protege el derecho fundamental a la defensa de los intereses de las personas trabajadoras”.

Así, la organización sindical considera que la empresa de alquiler de coches utiliza el despido como “forma de intimidación” para “acallar las quejas y reivindicaciones de una plantilla de más de 140 trabajadores en Balears”. Finalmente, pide a Click & Rent que “cese su ‘política de hostigamiento sindical’ y revoque todas las sanciones que son ”desproporcionadas“, a juicio del sindicato.

La versión de la empresa

Tras la publicación de la noticia, Click & Rent ha explicado que “aplica de forma rigurosa y homogénea” el sistema salarial vigente en el convenio colectivo del sector de alquiler de vehículos sin conductor en Balears, aplicando “sus disposiciones con criterios objetivos y conforme a la normativa laboral vigente”. Además, la empresa de 'rent a car' ha negado que se hayan adoptado medidas disciplinarias o de extinción contractual “como instrumento de represalia intimidación o vulneración de derechos de representación sindical”. “La empresa rechaza de forma expresa haber actuado de forma arbitraria en la adopción de cualquier medida disciplinaria”, ha reiterado.

En este sentido, ha defendido que las medidas disciplinarias han sido tramitadas “mediante los procedimientos legalmente establecidos, con las debidas garantías y pleno respeto a los derechos de las personas afectadas”. Finalmente, ha asegurado que su voluntad es “continuar trabajando junto a la representación legal de los trabajadores en un marco de diálogo constructivo, evitando la confrontación y apostando por soluciones acordadas que favorezcan la estabilidad laboral”, así como al “buen funcionamiento” de la misma.

Oskar Martín (San Sebastián, 1973) encara 2026 con una hoja de ruta clara para UGT, pese a que el ciclo político juega en su contra por los tiempos y las esperas que conllevarán las elecciones autonómicas. Con el dato actualizado, el secretario general en Andalucía cifra en 116 las muertes en el ámbito laboral durante el año anterior en la comunidad, por lo que emprenderán una intensa campaña para frenar estas cifras. A este objetivo, se le suman otros, ya sea la reducción de la jornada laboral, la exigencia de que la región sea polo inversor pero también permanente en materia industrial o el freno a la privatización de la formación profesional. Aun con la turbulencia del calendario, permanece en calma y transmite sosiego en cada respuesta.

Casi 2 millones de personas están en situación de exclusión social y las dos principales trabas a las que alude el informe FOESSA son la vivienda y el empleo. Tildaron la ley de vivienda autonómica de insuficiente, así que, ¿cuáles son las soluciones?

Andalucía, históricamente, tiene unos índices altos de exclusión para los que, lógicamente, necesitamos políticas que palien esta situación: ante todo, la recualificación y la formación de las personas. Por otra parte, un puesto de trabajo ya no es suficiente para subsistir en términos de dignidad, porque está la carestía de la vida en la compra, los suministros energéticos o la vivienda, la principal clave. A los alquileres o a la compra se está dedicando el 60% del salario, así que reivindicamos un salario mínimo interprofesional (SMI) digno, que no absorba complementos, antigüedad, trienios y demás, ya que, si no, la subida sería neutra, sino tal y como marca la Carta Social Europea.

En cuanto a la vivienda, las administraciones tienen que trabajar en una solución en el medio-largo plazo, y eso tiene que ser a través de un pacto de Estado, que dé soluciones en términos de oferta y demanda, de ajuste o de regulación de precios y que cree un parque de vivienda público amplio. Como bien sabemos, había que producir en torno a 100.000 viviendas y se ha quedado en unas 12.000. Así que hay un déficit importante, lo que ha tensionado los precios y a lo que habría que añadir turistificación, otro elemento que castiga. El centro de las ciudades se está desdibujando, al igual que su mapa laboral, como en Málaga, donde enfermeros, doctores, bomberos, policías, se tienen que marchar a otra provincia porque les es imposible vivir. Eso son tres horas de viaje de ida y vuelta y de gasto, y eso no es posible en el siglo XXI.

Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo han acordado subir el SMI a 1.221 euros, sin la patronal.

Nosotros fuimos mucho más ambiciosos. La exigencia era estar en torno a una subida del 7,5% para acercarnos a ese objetivo del 60% del salario mínimo que marca la Carta Social Europea y, al final, el planteado es una subida del 3,1%, con lo que estaríamos de acuerdo siempre y cuando no tributara el líquido neto. El SMI, aparte de dignificar la vida de millones de personas, es un instrumento de aceleración del consumo interno, porque la gente lo gasta en su barrio, y es una manera de reactivar la economía. El Gobierno tiene ese compromiso y esa responsabilidad.

El Convenio Colectivo del Empleo Público ha recuperado el 11,5% del poder adquisitivo de sus empleados. ¿Se logrará lo mismo desde los convenios en los sectores privados?

Tenemos el instrumento para analizar y constatar que las empresas en este país reportan beneficios: el Observatorio de márgenes empresariales. No están en situación precaria ni deficitaria y queremos, como agente social, que la riqueza se reparta en los términos más justos posibles. La CEOE peca de irresponsabilidad: cuando los tiempos van bien, los beneficios los acaparan exclusivamente ellos, pero, ¿y cuando van mal, como en la pandemia, con pérdidas y deudas, se quiere socializar, no?

Los convenios colectivos son fundamentales para repartir la riqueza y en el VI Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva (VI AENC) priorizaremos que el poder adquisitivo de los trabajadores esté por encima de la inflación. En ese sentido, el acuerdo del sector público debe ser referente para las empresas privadas. Por ejemplo, el sector turístico andaluz marca beneficios récord, pero tiene los salarios más precarios de la historia. Hay ejemplos positivos, como el convenio del metal en Cádiz, donde se logró recuperar el plus de tóxico penoso y que hubiera un aumento salarial del 3%.

Andalucía reúne todos los requisitos para ser una gran potencia energética, pero no un nodo extractivo

Falta de mano de obra tanto en el sector agroalimentario como en el energético. ¿Cómo se revierte esta situación?

A pesar de lo que dicen los empresarios, esa mano de obra no se encuentra porque es un problema de condiciones y salarios. Cuando se habla del campo, no se encuentra gente porque se paga mal y se trabaja mucho tiempo, como en hostelería, donde se trabajan diez horas, se pagan siete y se aseguran cuatro. También, está la formación. La formación profesional (FP) es escasa, ya que solo este año se crearon 2.500 plazas públicas frente a las 9.400 del sector privado, por lo que se está convirtiendo en un negocio. En ese caso, la Administración tiene que diseñar planes enfocados a la demanda y necesidad de los sectores productivos de Andalucía.

¿Andalucía podría alcanzar la meta de ser cabeza industrial del país?

Soy muy optimista. Andalucía tiene potencial, capacidad, inteligencia, formación y situación, es decir, reunimos todos los elementos para que sea una gran potencia energética. Pero no para que sea un nodo extractivo y que se beneficien otros territorios. Para ello, las fábricas de placas solares se deben quedar, para que las plantas de hidrógeno verde se queden y sus empresas auxiliares, con tal de conformar ese gran nodo tecnológico y energético, con el fin de que todos los beneficios se maximicen y se aprovechen aquí.

Para que no se repita lo de Ayesa. ¿En qué punto se encuentra?

Estamos en contacto con la Consejería de Industria y la plantilla para conocer cuál es la situación.

¿Cómo avanza la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía?

Se ha hecho la petición al Gobierno de la Junta de Andalucía para que se logre la negociación colectiva y se reemplace el acuerdo de 2002. Después de tantos años, hay que actualizar la situación del personal laboral, tanto en materia de salud laboral como en prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones, y que sirva como resorte para la propia administración, en cuanto a que se logre su modernización. Al final, afecta en torno a 80.000 trabajadores.

Uno de los objetivos de UGT, como comentó en el balance anual, es lograr la jornada de 37,5 horas. Una propuesta que fracasó en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se logra convencer a la patronal?

Cuando hablábamos sobre el SMI, que en el último lustro se ha revalorizado un 60%, había gurús que decían que iba a ser un caos y ahora estamos en récord histórico de trabajadores ocupados en el país. A los empresarios hay que hacerles mucha pedagogía y, al igual que están creciendo sus compañías, su mentalidad ha de crecer en términos de comprensión y de entendimiento. Como sindicato, cuidamos a los trabajadores y, en consecuencia, también a ellas, así que el bloqueo de cualquier mejora está en su propio desarrollo.

La reducción de horas ha demostrado una mayor productividad en varios países, entre otras cosas, a partir de una mejor disposición y una menor siniestralidad. En todo caso, hay que invertir en recualificación, innovación, tecnología..., porque creemos en el hecho de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ocurre con los jóvenes, y es la filosofía a atender: mejorar el tiempo personal, el de familia, al igual que la conciliación, que es una gran demanda. Al mismo tiempo, se plantean nuevos retos, como la evaluación de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo u otros escenarios desconocidos, por lo que uno de los instrumentos clave es trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

El Gobierno de Andalucía no puede permitir que miles de jóvenes se marchen al no haber salida laboral aquí

Pese a que Andalucía bate récords en ocupación, la cifra de desempleo juvenil se sitúa en un 32%, nueve puntos por encima de la media nacional.

No solo nos preocupa el paro juvenil, sino también el paro femenino, ya que arrastran un desempleo estructural. Con respecto al juvenil, nos preocupaba sobremanera que seamos una de las comunidades con mayor índice de cualificación y de formación universitaria y, sin embargo, entre 2018 y 2020 se fueron en torno a 8.000 jóvenes. Entre los 12 años de formación reglada a un coste anual promedio de 5.000 euros, son cerca de 390 millones de euros: Andalucía pierde en términos económicos y de descapitalización, de inversión en educación y, sobre todo, en el desmantelamiento del tejido social y familiar. El Gobierno de Andalucía no puede permitir que miles de jóvenes se marchen porque aquí no tengan salida, por lo que hay que hacer un plan estratégico para el valor juvenil, como favorecer la formación en sectores claves, como en el aeronáutico, de hidrógeno verde o el agroindustrial.

En cuanto al desempleo femenino, sigue habiendo una brecha salarial en torno al 25%. Hablamos de que una mujer, desde noviembre y hasta final de año, trabaja gratis. Para hacer desaparecer la brecha de género necesitamos corresponsabilidad institucional mientras que, desde el sindicato, ponemos en valor los planes de igualdad, un instrumento que, precisamente, sirve para erradicar la discriminación en el seno de las empresas.

Elaboraron un informe sobre la siniestralidad laboral hasta noviembre de 2025, en el que se registraba 114 víctimas. ¿Hay datos actualizados?

Con fecha de diciembre, hay dos personas más fallecidas. Aquí hablamos de la vida de las personas. No hay nada más importante, y este año nos vamos a remangar y poner en marcha un calendario de actuaciones importantes. Pondremos en el centro del debate laboral la siniestralidad, ya que, no son solo muertes, sino que se produce un accidente cada cinco minutos en Andalucía. De ellos, mil son graves y un 40% están relacionados con la salud mental, ya sea estrés, ansiedad, depresión, que provocan ictus o infartos. Hay que incentivar la cultura preventiva a las empresas, es decir, cuidar a los trabajadores.

En tal marco, trabajamos con nuestros delegados de prevención de riesgos laborales y exigimos una figura clave: el delegado territorial o sectorial, una persona con una cualificación superior, sin capacidad sancionadora pero sí de asesoría y de redacción en caso de que haya algún tipo de incidencia para su posterior subsanación. Esto sería el resultado de un acuerdo entre administración, patronal y sindicatos, como ocurre en Navarra, Asturias o La Rioja, para lo que le trasladé al presidente de la Junta que hiciese una ampliación de la dotación presupuestaria en el marco de la prevención y de la salud laboral de Andalucía.

¿Sigue teniendo buena sintonía con el presidente Juanma Moreno?

La sintonía con el presidente es una sintonía sindical, laboral y, por su parte, política. No obedece más que a un sentido de la responsabilidad por resolver los problemas de los andaluces. En mi caso, de los trabajadores y trabajadoras y de nuestros afiliados. Así se lo transmito cada vez que coincidimos, dado que la Junta analiza nuestras propuestas y se intenta llegar a puntos de encuentro. Esa es la política sindical a la que nos debemos, independientemente del color político de San Telmo. El propósito es conseguir mejorar la vida de las personas trabajadoras, así que tenemos que trabajar las relaciones, porque al final las instituciones y los sindicatos no son una entelequia abstracta, no es un éter, sino personas. Es una cuestión de sentido común.

Mi sintonía con Juanma Moreno no obedece más que a un sentido de la responsabilidad por resolver los problemas de los andaluces

¿Cuál es la valoración que realizan sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes?

Estamos a favor. Hay cientos de miles de personas que por no tener regularizada su situación no se les puede hacer un contrato como es debido, no pueden tener una cuenta de banco, no pueden sacar su carnet de conducir y no pueden operar como un ciudadano al uso. ¿Qué sentido tiene cuando sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo y necesitamos incrementar la base en términos de mano de obra? Los inmigrantes están aportando en términos de producto interior bruto, a las arcas de la seguridad social y, por tanto, pagando las futuras pensiones, es decir, están trabajando por este país, lo cual hay que reconocer y valorar.

¿Cómo se recupera la confianza en el movimiento sindical ante la acusada polarización social?

Los sindicatos han sufrido, sufrimos y seguiremos sufriendo los ataques. Nuestra aspiración, aparte de defender los derechos y los intereses de la clase trabajadora, es transformar la sociedad en una más justa, libre e igualitaria. Ante esto, tienes el ataque y el desprestigio de la derecha, la ultraderecha, el capitalismo o el neoliberalismo. Pero, desde 1888, hemos estado en todos los procesos complicados de la historia de este país, y eso nadie lo puede negar, porque ya en 1921 la UGT tenía un millón de afiliados, contribuyendo a la construcción democrática desde el sindicalismo de base. Muestra de ello es que en 2025 fuimos el primer sindicato de Andalucía, con más de 15.000 delegados que trabajan por construir una sociedad más justa, de lo que nos sentimos orgullosos, porque lo hacen de manera desinteresada.

Nuestro propósito es recuperar el espíritu del 4 de diciembre de 1977, como fuerza impulsora y transformadora del cambio social, político y laboral. Ese combustible es la fuerza de las mujeres y de los hombres de esta comunidad, para seguir avanzando, tener una vivienda digna y asequible, trabajo de calidad, erradicar la siniestralidad y tener un futuro de derechos y libertades. Pese a que algunos lo quieran destruir, estaremos frente a todo eso, trabajando por una Andalucía próspera.

El mercado laboral está en máximos de empleo, el paro en mínimos de hace 18 años y el trabajo temporal se ha desplomado tras la reforma laboral. Pero todavía “hay mucho por hacer”, reivindican los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, que han presentado esta semana sus propuestas para renovar el gran pacto de negociación colectiva con la patronal, el AENC. La prioridad es dar un tirón al alza a los salarios, con subidas de entre el 4% y el 7% al año hasta 2028, pero además incluyen una larga lista de iniciativas, entre las que destacan una apuesta por reducir la jornada laboral, conciliar mejor y más control de la Inteligencia Artificial (IA).

La reducción de la jornada laboral fue una de las apuestas del Ministerio de Trabajo para la legislatura, que PP, Vox y Junts tumbaron sin dar siquiera oportunidad a tramitarse en el Congreso. “La frase más reiterada de la patronal era que la reducción del tiempo de trabajo la querían llevar a la negociación colectiva. Aquí estamos, es el AENC”, destacó hace unos días Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Avanzar a las 32 horas a la semana

CCOO y UGT plantean que los convenios colectivos contemplen que “de manera continuada y gradual la jornada laboral anual en los convenios colectivos se vaya consolidando inicialmente en las 37,5 horas semanales, posteriormente en las 35 horas semanales y finalmente en las 32 horas semanales”.

Las organizaciones sindicales apuntan que “la reducción de jornada es una medida de mejora de la calidad del empleo y que favorece el impulso de la creación de empleo”, por lo que instan al Gobierno a que se establezcan ayudas para los sectores de actividad y las empresas que reduzcan la jornada para alcanzar ese objetivo de las 37,5 horas semanales.

Evitar las horas extraordinarias

Las dos organizaciones de trabajadores comparten el objetivo de “evitar la realización de horas extraordinaria”, por una cuestión de salud de las plantillas, así como porque “el alargamiento sistemático de la jornada ordinaria resulta contrario a cualquier impulso en la corresponsabilidad en los cuidados y afecta negativamente al factor de la productividad”.

CCOO y UGT confían en que el refuerzo del registro horario aflore muchas horas extra, a la vez que ayude a eliminar gran parte de las que hoy se realizan de manera irregular, ya sea por su excesivo número o porque no se paguen ni se compensen.

Si tienen que realizarse, los sindicatos apuestan por regular en los convenios colectivos que las horas extra se paguen más caras que las ordinarias, “por su carácter excepcional, de mayor esfuerzo y de afectación a la conciliación, la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”.

Mejorar la conciliación y corresponsabilidad

Vinculado a la reducción de la jornada laboral, los sindicatos también plantean varias medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal. “Es un compromiso de las partes fomentar a través de la negociación colectiva medidas de regulación del tiempo de trabajo más adaptadas a las necesidades de la conciliación personal y laboral, que fomenten la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y garantizando una gestión colectiva de esas necesidades individuales”, recoge el documento de propuestas.

Entre ellas, CCOO y UGT plantean la flexibilidad en el horario de entrada y de salida siempre que sea posible, la jornada intensiva una parte del año o algún día a la semana, el teletrabajo, fomentar la adaptación de la jornada antes que la reducción horaria para cuidados de hijos (algo que merma mucho los ingresos de las mujeres) y la voluntariedad y la compensación del trabajo en domingos y festivos, entre otras.

Vigilancia de la IA por la parte trabajadora

Las centrales sindicales exigen “garantizar que la organización del trabajo, con medios que tienen que ver con la inteligencia artificial (IA), tiene las garantías y la certificación adecuada de seguridad”. Que tanto su diseño como implantación en la empresa respetan la dignidad y el resto de los derechos humanos fundamentales de las personas trabajadoras.

Para ello, CCOO y UGT reclaman establecer mecanismos de participación dentro de las empresas en las que tenga presencia la parte trabajadora (la representación legal de la plantilla) y que vigile el diseño, la implantación y la evaluación de los sistemas de IA que afecten a las relaciones laborales.

Más condiciones al trabajo a tiempo parcial

Los sindicatos recuerdan que el trabajo a tiempo parcial es involuntario en muchos casos y supone una merma de los ingresos de las personas trabajadoras. Y, en especial, de las mujeres, que son las que tienen el 72% de estos contratos en España.

Por ello, CCOO y UGT proponen que en la negociación de los convenios y acuerdos en empresas se tengan en cuenta varias medidas para limitar o condicionar estos contratos, de manera que se evite “la discriminación indirecta por razón de sexo”.

Así, se propone la regulación de una jornada mínima de trabajo diaria y semanal, más transparencia en el pacto de horas complementarias con la empresa, que estas se paguen como horas extraordinarias y consolidar las horas complementarias del año en una ampliación voluntaria del contrato de trabajo a tiempo parcial, entre otras.

Mejorar la salud de la plantilla y foco en el suicidio

Los sindicatos mayoritarios reclaman que la negociación colectiva priorice también mejorar la salud de las plantillas y la prevención de los riesgos a los que se enfrenta, en un contexto de gran aumento de las bajas médicas de los trabajadores. Los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) advirtieron de que no van a entrar en el marco del “absentismo” que denuncian las empresas, pero sí ponen el acento en varias medidas para mejorar la salud de las plantillas.

Por ejemplo, plantean crear la figura del Delegado Sectorial en Prevención de Riesgos Laborales en los convenios colectivos, una figura que consideran clave para evitar los accidentes en las empresas más pequeñas, donde se concentran la mayoría de siniestros y víctimas mortales.

También, un contexto de un gran aumento de las bajas por salud mental y con España como un país a la cabeza en la UE de trabajadores estresados o con depresión por el trabajo, los sindicatos reclaman que las empresas garanticen la prevención de los riesgos psicosociales, y que en esta también contemplen “protocolos contra el suicidio, con líneas de ayuda psicológica inmediata, campañas de sensibilización y procedimientos de seguridad en los casos en los que haya riesgo de suicidio que incluyan el seguimiento de la persona en riesgo”.

Catástrofes climáticas

Los sindicatos también señalan como prioridad que las empresas y los sectores acuerden medidas preventivas y protocolos de actuación ante posibles catástrofes climáticas, cada vez más frecuentes en nuestro país.

Entre ellas, se subrayan los episodios de calor extremo, que provocan cada verano cada vez más muertes y accidentes. “Se deberían establecer lista de tareas en riesgo y regular lugares de descanso como refugio”, proponen los sindicatos.

Delegados de igualdad en las empresas

CCOO y UGT proponen que, además de seguir avanzando en los planes de igualdad en las empresas (obligatorios a partir de 50 trabajadores), “la figura de la delegada o delegado de Igualdad se convierte en un pilar fundamental para garantizar que las políticas de igualdad no solo existan en el papel, sino que se apliquen de manera efectiva en la práctica diaria”.

Así, los sindicatos consideran necesario “crear la figura de la delegada o delegado de igualdad, así como el comité de igualdad en todos los centros de trabajo, que serán los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en materia de igualdad, contra la violencia de género y el acoso discriminatorio”.

El Ministerio de Función Pública ha trasladado este miércoles a los sindicatos CCOO y UGT que activará el procedimiento para implantar la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Tras tantear a las organizaciones sindicales la semana pasada sobre la posibilidad de vincular esta medida a la aprobación de los Presupuestos de 2026 y obtener el rechazo de estas, el departamento que dirige Óscar López mantiene el compromiso previo. Los sindicatos estiman que esta reducción de jornada podría ser efectiva para marzo.

Antes de que se implanten las 35 horas semanales, el Ministerio debe activar un procedimiento, que pasa, primero, por la propuesta de nuevas instrucciones sobre jornada y horario del personas al servicio de la AGE y sus organismos públicos. Después, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero, “para informar de dicha modificación a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos”, aclaran fuentes ministeriales.

Tras estos pasos, se elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. La jornada de 35 horas semanales era un compromiso del penúltimo acuerdo marco, para la Administración del Siglo XXI, que el Gobierno firmó con CCOO y UGT en 2022 con una vigencia hasta 2024. La medida, por tanto, quedó pendiente incluso tras la firma del nuevo acuerdo el pasado mes de noviembre, esta vez con CSIF, donde se volvió a comprometer su puesta en marcha, con carácter prioritario.

La reducción de la jornada, que afecta a más de 246.000 trabajadores públicos, según los datos del último Boletín Estadístico de Personal de las Administraciones Públicas, se producirá, según ha trasladado el Ministerio a los sindicatos, “en los plazos acordados”. “Ambas organizacones se congratulan de volver a lo pactado inicialmente”, señalan en un comunicado. Esto situaría esa implantación entre finales de febrero y marzo, según fuentes sindicales, aunque desde el Ministerio evitan por el momento dar una fecha concreta. No obstante, los sindicatos han insistido en que esta debe afectar también al personal de Instituciones Penitenciarias.

CCOO y UGT avanzan también que el Ejecutivo ha accedido a buscar el “instrumento normativo adecuado” que garantice la recuperación de la jubilación anticipada parcial del personal laboral, que quedó en el limbo tras la reforma de las pensiones, que obliga a que los contratos relevos sean indefinidos, lo que, en el sector público, requiere de un proceso de oposiciones.