Nuevo varapalo judicial a Ryanair por vulnerar el derecho a huelga y la libertad sindical en España. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de la Audiencia Nacional a la aerolínea irlandesa de bajo coste por la “gravedad” de sus conductas para tratar de minimizar las huelgas convocadas en verano de 2022 y enero de 2023 por los sindicatos USO y SITCPLA para el personal de tripulantes de cabina. Por ello, condena a la multinacional a indemnizar a ambas organizaciones de trabajadores con 187.515 euros por daños morales.

La sentencia, de este noviembre, constata cómo Ryanair grabó asambleas de sindicalistas para recabar pruebas contra ellos, que no ha admitido el tribunal, así como cambió los servicios mínimos y recurrió al esquirolaje –sustitución de trabajadores en huelga por otros– para limitar el impacto de los paros convocados, entre otras prácticas.

El Supremo recuerda que en 2023, el mismo tribunal condenó a Ryanair por conductas muy similares que vulneraron el derecho de huelga y la libertad sindical en los paros de 2019, por las que le impuso una compensación de 30.000 euros a los sindicatos. Por ello, la suma de la indemnización impuesta en este nuevo fallo es muy superior, ya que “esas indemnizaciones no cumplieron su función preventiva porque esta misma compañía continúa realizando conductas vulneradoras de los mismos derechos fundamentales”, recoge la sentencia.

Pese a las quejas de Ryanair, los magistrados del Supremo respaldan el criterio de la Audiencia Nacional y concluyen que “la cuantía de la indemnización por daños morales establecida por el órgano de instancia no puede considerarse desorbitada, injusta, desproporcionada, ni irrazonable”.

USO-Sector Aéreo, aunque “satisfecho” con la sentencia, considera “que el derecho a la huelga en este país está esencialmente limitado a unos servicios mínimos abusivos que, aunque, posteriormente sean revisados en el orden jurisdiccional, llegan tarde en su reparación puesto que las conductas observadas son cuestionadas muy tarde”. “Por tanto, la justicia tardía pierde su valor”, lamenta el sindicato, que en 2022 durante el desarrollo de la huelga ya denunció la vulneración de los servicios mínimos por parte de la aerolínea.

Ryanair grabó asambleas de trabajadores

La sentencia refleja que Ryanair accedió y grabó asambleas del sindicato USO con los trabajadores sobre el desarrollo de las jornadas de huelga. “Ryanair DAC tuvo acceso a ellas, las grabó y aportó al proceso las grabaciones de esas asambleas en las que, a su juicio, se vertieron expresiones que animaban a los asistentes a incumplir los servicios mínimos”.

La Audiencia Nacional no admitió esas grabaciones porque consideró que vulneraban la libertad sindical y, ante el recurso de Ryanair para que el Supremo utilizara estas grabaciones, los magistrados del alto tribunal respaldan el criterio de la Audiencia.

La sentencia argumenta que, si se admitiera como pruebas las grabaciones de las asambleas de trabajadores hechas por las empresas en el curso de una huelga, “con la finalidad de probar afirmaciones hechas por los sindicalistas en ellas en perjuicio de sus sindicatos, se estaría cercenando la libertad sindical, en la medida en que, en futuras asambleas de trabajadores en el seno de huelgas, las intervenciones de los sindicalistas y de los demás trabajadores estarían condicionadas por la eventual virtualidad probatoria de dichas grabaciones en perjuicio suyo”.

“Las mentadas asambleas, aunque se celebraron telemáticamente de forma abierta, estaban dirigidas a los trabajadores de Ryanair DAC, no a la empresa Ryanair DAC, que se conectó a ellas sin estar invitada”, subrayan los jueces.

Cambios en los servicios mínimos y esquirolaje

El Supremo ratifica además que los vuelos protegidos fueron objeto de cambios indiscriminados por la empresa, quien informó a los trabajadores de que podían adoptar medidas disciplinarias, como despidos. En este marco de huelgas, Ryanair despidió a varios trabajadores, entre los que se encontraban destacados sindicalistas que había convocado los paros. El Supremo advierte de que algunos de estos ceses, como el de una azafata en Galicia, han sido considerados nulos.

A través de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en varias ciudades afectadas por las huelgas, los tribunales constatan prácticas vulneradoras de los servicios mínimos decretados por Transportes, con continuos cambios en los vuelos protegidos, que se comunicaron a la plantilla incluso en días de descanso y vacaciones. También, el llamado “esquirolaje interno”, cuando el empresario utiliza a trabajadores de su empresa para sustituir a los huelguistas, vulnerando su derecho de huelga. En este caso, la Inspección constató en varias bases que Ryanair recurrió “a tripulaciones basadas en terceros Estados” para operar vuelos durante los paros en España.

“Revelan un patrón de conducta empresarial durante las jornadas de huelga consistente en cambiar los servicios mínimos con poca antelación, asignando vuelos diferentes a los indicados inicialmente mediante el envío masivo de comunicaciones, sin respetar un mínimo de antelación y sin que conste que los nuevos vuelos asignados formen parte de los servicios mínimos. Estos cambios se hicieron también en vacaciones y en periodos de descanso de la tripulación. Los cambios se reiteraron hasta en seis ocasiones al día”, subrayan los jueces.

El Supremo concluye que Ryanair “no se limitó a llevar a cabo unas actuaciones similares al funcionamiento ordinario de la compañía” sino que “intentó minimizar” las consecuencias de la huelga realizando una pluralidad de cambios en los servicios mínimos, por lo que “vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical”.

Este miércoles 15 de octubre hay convocados paros sindicales en todo el país y en todos los centros de trabajo por parte de distintos sindicatos: Comisiones Obreras y UGT han registrado una convocatoria de paros parciales de dos horas en cada turno de trabajo y CGT, a su vez, ha convocado una huelga general de 24 horas a nivel nacional.

Esta protesta llega después de meses de continuas denuncias por parte de los sindicatos y de protestas multitudinarias en toda la geografía española. Para dar un blindaje legal a la participación, sin posibles represalias o impedimentos en algún centro de trabajo, las centrales de trabajadores han convocado estos paros.

Oficialmente hay dos convocatorias de huelga registradas ante el Ministerio de Trabajo. Por un lado, el 29 de septiembre los sindicatos mayoritarios registraron la convocatoria de paros parciales y, por otro lado, el sindicato CGT registró el 3 de octubre una convocatoria de huelga de 24 horas.

Las movilizaciones se mantienen pese al alto el fuego iniciado la semana pasada en Gaza y al plan de paz firmado en Egipto por Estados Unidos, el país anfitrión, Qatar y Turquía. Los sindicatos convocantes han emitido comunicados justificando la decisión. En el caso de Comisiones Obreras y UGT, el pasado viernes señalaron que “ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”. Por su parte, el sindicato CGT emitió este lunes un comunicado en el que reafirmaba su convocatoria por la violación por parte de Israel de anteriores acuerdos así como por desconocer si este es un acuerdo de alto el fuego o un acuerdo de paz: “Se trata de un 'acuerdo por fases' y en cualquier momento las tensiones pueden provocar más ataques”.

¿Cuál es el objetivo de esta huelga?

El objetivo, explican los sindicatos, es mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino. Los sindicatos mantienen las movilizaciones para que no se pierda la perspectiva sobre lo que está sucediendo en Palestina. Especialmente tras un acuerdo de alto el fuego que, indican, reproduce un sistema colonial y de apartheid en Palestina y en la Franja de Gaza pero sin contar con los palestinos. Y, en definitiva, para que esta movilización sirva para empujar a las distintas potencias a asegurar una paz duradera.

¿Quién puede hacer huelga?

En esta ocasión, los trabajadores de todo el territorio nacional y de todos los sectores están convocados a la huelga. Alcanza al conjunto de las personas asalariadas, de cualquier sector o actividad, sea esta tanto pública como privada.

¿Es necesario estar afiliado a un sindicato para hacer huelga?

No es necesario. El derecho de huelga es un derecho personal y reconocido por la Constitución Española, esté el trabajador afiliado a un sindicato o no. Las convocatorias oficiales de los sindicatos permiten a todos los trabajadores ejercerlo, ya sea en los paros parciales o en la huelga general de 24 horas.

¿Cuánto dura esta huelga?

En este caso hay dos posibilidades. Por un lado, los sindicatos UGT y CCOO han convocado paros de dos horas por cada turno de trabajo. Si tu intención es participar en estos paros parciales, la huelga se producirá entre las 2.00 y las 4.00 horas de la madrugada, para el turno nocturno, entre las 10.00 y las 12.00 para el turno de mañana y de 17.00 a 19.00 en la jornada de tarde. Por otro lado, el sindicato CGT ha convocado una jornada de huelga de 24 horas, lo que supone que también puedes ejercer tu derecho a partir de las 00.00 horas y hasta las 23.59 del día 15 de octubre.

¿Tengo que avisar a mi empresa si voy a participar en la huelga?

No, no es obligatorio. Al ser el derecho de huelga un derecho personal y de ejercicio voluntario, este se da a conocer al iniciarse los paros en el momento en que se deja de trabajar. Si la empresa te pregunta, no tienes ninguna obligación de contestar.

¿Qué supone dejar de trabajar durante dos horas o durante toda la jornada laboral durante esta huelga?

Participar en una huelga deja en suspenso el contrato de trabajo. La consecuencia es que se te descontará de la nómina el sueldo correspondiente a las horas o días que faltes a tu puesto de trabajo. En ese sueldo pueden incluirse tanto el salario base como los complementos correspondientes e incluso la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

¿Puedo recibir represalias?

La empresa no puede despedirte ni imponerte sanciones por hacer huelga.

¿Puedo hacer publicidad de la huelga?

Sí, forma parte de tu derecho a hacer huelga. Puedes tanto hacer publicidad como recaudar fondos para su organización.

¿Qué supuestos no están amparados en el derecho de huelga?

El ejercicio del derecho de huelga está enmarcado en la legislación y como tal tiene una serie de límites. No está permitido llevar a cabo actos violentos o que atenten contra la integridad física o moral de las personas.

¿Se puede limitar mi derecho a huelga?

Sí. La empresa puede designarte para asumir servicios mínimos durante la jornada de huelga y tiene que notificarte personalmente. Esto se producirá siempre y cuando se hayan establecido estos servicios mínimos por parte de la autoridad laboral correspondiente en los sectores considerados esenciales.

¿Qué es un piquete?

Un piquete es un grupo de huelguistas, generalmente sindicalizados, que intentan animar a la plantilla de una empresa o a la población en general a que secunde la huelga y los paros, siempre que esto se haga sin coacciones. El piquete debe tener un objetivo informativo y además se encarga de llevar a cabo las tareas necesarias para el mantenimiento y la efectividad de la jornada de huelga.

¿Qué pasa si tu empresa no te permite participar en el paro?

En caso de que consideres que tu derecho a huelga se está vulnerando, o que la empresa amenace o tome represalias contra uno o varios trabajadores, lo ideal es dejar constancia de ello por todos los medios posibles y comunicárselo a tus representantes sindicales. Una forma habitual es pedir que la empresa o tu responsable te lo comunique por escrito, lo que permite después acudir a la Inspección de Trabajo o, en su caso, ante los tribunales.

Un 83% de los trabajadores de la empresa Enviser, la contrata de jardinería del Ayuntamiento de Vitoria, han secundado el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y la empresa para mejorar la condiciones laborales. Este visto bueno pone fin a una huelga de 197 días, es decir, casi siete meses sin mantenimiento o riego en las zonas verdes de la que una vez fue 'green capital' de Europa. El resultado ha sido de 46 'síes', ocho 'noes' y una abstención.

El pacto, según indica el sindicato ESK, comporta una subida “inmediata” de 200 euros y un “incremento total de 5.000 euros lineales al año durante la vigencia” del acuerdo, es decir, hasta 2028. La jornada laboral se reduce a 1.592 horas, las mismas que el personal municipal, frente a las 1.700 actuales. “La lucha ha merecido la pena”, estima la central ESK.

“Desde ESK valoramos este acuerdo como una victoria rotunda. La plantilla ha demostrado que con organización y movilización se consiguen resultados. Esta plantilla ha logrado salir del pozo de la precariedad más absoluta, provocada por las políticas de privatización y subcontratación salvaje de servicios públicos impulsadas por el Ayuntamiento que dirigen PNV y PSE[-EE]. El convenio estatal anterior (2021-2024) había acumulado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 13%. Hoy, la plantilla recupera ese poder adquisitivo y mejora sustancialmente sus condiciones laborales. Felicitamos a toda la plantilla por este logro histórico. Sin su implicación constante y su valentía durante la movilización, nada de esto habría sido posible”, indica la central, que critica la “represión” de la edil responsable, Beatriz Artolazabal, del PNV.

Agregan que “no era un conflicto entre empresa y trabajadores” sino del modelo de “políticas públicas del Ayuntamiento, que enriquecen a una minoría multimillonaria a costa de la precariedad laboral”. “Esta lucha deja claro el agotamiento de lo que llaman 'colaboración público-privada'. No es otra cosa que desviar dinero público a manos privadas que se encargan de disciplinar a la clase trabajadora. Continuaremos en la batalla contra este modelo”, indican. Por otro lado, critican que ELA rompiera en verano la unidad de acción y negociara por su cuenta. En el comité, ELA tiene tres delegados de cinco, por uno de LAB y ESK.

En otra nota, LAB considera que “el gran titular de esta hazaña es que la plantilla de Enviser ha logrado traer a Euskal Herria la negociación colectiva”. Lo hace “por encima de la precariedad que supone estar bajo el yugo de un convenio estatal”. “Tras más de seis meses de intensísima e inconmensurable pelea, hemos logrado alcanzar un valioso acuerdo que contiene las reivindicaciones de la plantilla y pone fin a la huelga indefinida. [...] Hemos logrado unas subidas salariales lineales de 5.000 euros para la vigencia del convenio, lo que supone un incremento de alrededor de un 25%, una reducción de 108 horas en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, mejoras en licencia y permisos y aumento del tiempo de bocadillo”, explican.

“Con este acuerdo se pone fin a una huelga que tenía como objetivo mejorar las condiciones laborales que hasta ahora se regían por el convenio estatal de jardinería, con unas condiciones precarias”, ha añadido ELA en otro comunicado muy breve. Para ratificar el acuerdo se han celebrado dos asambleas, una de ELA y otra conjunta de ESK y LAB.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó al Sindicato Nacional de Comisiones Obreras en Galicia a indemnizar a quince abogados y trabajadores sociales del departamento jurídico de la central por vulneración de su derecho a la huelga. La Sala estimó en parte el recurso de casación y rebajó de de 25.000 a 7.501 euros la indemnización para cada uno de los demandantes que había fijado el alto tribunal gallego.

En una sentencia firmada el pasado 18 de julio y que ha sido difundida este jueves por el TSXG, el Pleno de la Sala ratifica los hechos que se consideraban probados. Los demandantes recibieron al día siguiente de declararse en huelga un requerimiento del sindicato que contenía, según la propia central, el establecimiento de los servicios de seguridad y mantenimiento, lo que los obligó a reintegrarse al trabajo. Sin embargo, el TS —como antes el TSXG— no aprecia justificación “objetiva y razonable” para implantarlos.

En los días previos al paro, iniciado el 23 de enero de 2023, los trabajadores informaron al sindicato de los procesos judiciales que tenían vista coincidiendo con los días de la huelga. Después de que los juzgados se negasen a aplazarlos, fue cuando envió el requerimiento a los demandantes.

En él, los advertía de que incurrirían en “responsabilidad profesional, laboral y civil” si desatendían las “actuaciones profesionales inaplazables e indispensables para la defensa del asunto en el que intervienen”, con el objetivo de “evitar perjuicios irreparables” para los titulares de los procedimientos que tenían asignados. Por ello, al día siguiente de recibirlo, todos regresaron a su puesto, algo que no tuvieron que hacer, entre otros, sus compañeros de administración.

CCOO-Galicia justificó dichos requerimientos en el “establecimiento de los servicios de seguridad y mantenimiento” que permitiría, tal y como recoge la legislación, reanudar la actividad empresarial una vez finalizada la huelga. En ellos se demandaba a los trabajadores que solicitasen la suspensión de los señalamientos, vistas o comparecencias y se lo comunicasen a los afectados o que compareciesen personalmente para realizar las actuaciones profesionales “inaplazables e indispensables”.

Para la Sala de lo Social, esas actuaciones “no tenían como cometido garantizar la reanudación de la actividad del departamento jurídico del sindicato demandado cuando finalizase la huelga”, sino que “perseguían no alterar, en la medida de lo posible, el funcionamiento normal de tal departamento”. De hecho, el TS encuentra una “coincidencia sustancial” entre lo que solicitan los requerimientos y los servicios mínimos que la empresa demandó, sin éxito, ante la Xunta de Galicia.

La única rebaja en la sentencia del Supremo a la condena de CCOO-Galicia es la económica, ya que los magistrados consideraron “desproporcionado” el importe de 25.000 euros de indemanización a cada trabajador y por eso lo redujeron a 7.501.

La huelga se prolongó hasta el mes de marzo de 2023. Tras 9 años de congelación salarial, los empleados reclamaban una subida de sueldo de entre el 2% y el 3,5% anual hasta 2024 y criticaban que la oferta del sindicato estaba por debajo de lo que la propia central reclamaba para el conjunto del Estado. Finalmente, se alcanzó un acuerdo que recogía un incremento escalonado del 12% hasta 2025.

El comité de empresa reclama “medidas internas”

El comité de empresa de CCOO Galicia celebró una sentencia que “reconoce que se intentó impedir la huelga mediante amenazas” y en la que “más allá del dinero”, lo que consideran realmente “importante” es “que se reconoce que defendimos un derecho fundamental y que nuestra huelga fue justa y legítima”.

“Esta victoria no sólo es para nosotros, sino para toda la clase obrera, porque confirma que ejercer el derecho a la huelga no puede ser penalizado y que cada lucha cuenta”, aseguraron en un comunicado.

Por eso, exige que se adopten “medidas internas para depurar responsabilidades y garantizar que nunca más se repitan hechos semejantes” y recuerda cómo “cobran más fuerza que nunca” las palabras de Marcelino Camacho —uno de los fundadores y primer secretario general de CCOO—: “Los trabajadores tenemos tres cosas que vamos a defender con uñas y dientes: el derecho de asociación, el derecho de reunión y el derecho a la huelga.”

La teniente de alcaldesa de Vitoria, Beatriz Artolazabal, ha denunciado este jueves un episodio de acoso por parte de los trabajadores de Enviser, la contrata de jardinería de la ciudad, que suman ya más de cinco meses en huelga. “Han acudido a la puerta de mi domicilio a primera hora para lanzar panfletos en los que me insultan, me tachan de fascista, me caricaturizan con un bigote de Hitler y vuelven a difundir la imagen de un muñeco con mi rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi”, ha denunciado a través de un mensaje difundido en redes sociales Artolazabal, que es también la edil responsable de la contrata. Del PNV, fue también consejera del Gobierno vasco.

Este episodio se suma a otros anteriores. En el mensaje, por ejemplo, se refiere a unos hechos acaecidos durante las celebraciones por San Juan. En una hoguera de Judimendi, uno de los barrios con mayor afluencia durante esa festividad, se quemó un muñeco con el uniforme de la empresa, Enviser, acompañado de un cartel en el que se podía leer “Beatriz Artolazabal” y ver una fotografía con su cara.

Artolazabal ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía. “Este tipo de actuaciones son absolutamente intolerables y sobrepasan cualquier límite democrático o de protesta legítima. No se puede permitir que un conflicto laboral se convierta en una campaña de odio personal”, ha lamentado. Y ha añadido: “Confío en que se actúe con firmeza frente a este hostigamiento y reitero que defenderé siempre el derecho a la huelga, pero nunca aceptaré que se utilice la intimidación y el acoso como forma de presión. Así no”.

Los jardineros de Vitoria subcontratados por la empresa Enviser suman ya más de cinco meses en huelga. Denuncian desde hace tiempo que sus condiciones laborales son “vergonzosas” y reclaman un convenio digno, que mejore los preceptos de uno estatal que los aboca, según dicen, a cobrar “salarios muy bajos”. Se quejan, además, de que el personal de jardinería propio del Ayuntamiento, al que no está bajo el paraguas de Enviser, cobran hasta 11.000 euros más al cabo del año por desempeñar “la misma labor”. Aunque el enfrentamiento es con la empresa, tachan al Ayuntamiento de responsable, por permitir que la contrata mantenga “unas condiciones laborales vergonzosas” en unos servicios públicos que son responsabilidad de la ciudad.

En medio del barullo y la algarabía de los Sanfermines siempre hay un momento que exige paciencia en las personas, la espera de la villavesa, como se conoce en Pamplona al autobús urbano. Y este año, esa paciencia se prevé que sea mayor, puesto que las paradas y los buses se llenarán más, los retrasos serán más largos y la cantidad de recorridos menguará comparado con años anteriores. Una convocatoria huelga indefinida convocada por los trabajadores de la empresa que gestiona el transporte urbano de Pamplona ha puesto en jaque al servicio de transporte público en la ciudad en plenas fiestas de San Fermín, cuando la población de la capital navarra se multiplica por cuatro por la ola de turistas.

La empresa ha establecido unos servicios mínimos del 70% desde el 6 al 14 de julio, tanto en los periodos nocturnos como diurnos, entre las críticas de sus empleados, que los consideran “abusivos”. Se prevé que la huelga, que empezó el 2 de julio, afecte a más de 200.000 viajes diarios de media durante las fiestas. Y las consecuencias ya se han notado en el primer día de Sanfermines en puntos de alto flujo de personas como la Plaza de Merindades, donde confluyen varias líneas de autobús.

En esta plaza, a las 9:00 de la mañana, pocos minutos después de que finalizase el primer encierro de las fiestas, una gran multitud de personas esperaba en la marquesina la llegada de la línea 4, la que conecta los municipios de la comarca de Pamplona Huarte y Barañáin, y que atraviesa la capital navarra. Tras más de 20 minutos de espera -en horario habitual, sin huelga, la frecuencia de autobuses es de seis minutos-, por fin una villavesa hizo acto de presencia. Pero al acercarse a la parada, en lugar de frenar, pasó de largo para disgusto de quienes esperaban, porque ya iba llena. “Pero por qué no para”, “ahora qué, a esperar otra”, en quejas y reclamos como estos la frustración de muchos se hacía evidente. Algunos desistieron y comenzaron a sacar sus móviles para buscar una villavesa alternativa. Otros, en especial quienes no conocen o no han estado en Pamplona, les pudo parecer más conveniente buscar un taxi, a pesar de costar más que un pasaje de villavesa.

“El año pasado estuve en Sanfermines y no tuve que esperar nunca, ahora no sé, ya veremos cómo nos va”, comenta Marta, que ha venido por segundo año consecutivo con su grupo desde Santander. Muchos de los visitantes no están al tanto de la huelga y se quejan por la falta de puntualidad. “Menos mal en Maps te dice si el bus va tarde y pudimos ir a otro bus, porque si no hubiéramos llegado a la reserva que tenemos”, menciona Carolina, quien ha venido desde Colombia con su familia para las fiestas patronales. Dentro de los vehículos los usuarios se amontonan, llegando hasta la propia entrada del vehículo, teniendo que moverse cada vez que se abre o se cierra la puerta para evitar ser golpeados.

“Llevamos cuatro meses pidiendo la negociación de un convenio digno”, se lamenta uno de los conductores. La razón principal por la que se ha convocado la huelga han sido las condiciones, las cláusulas, el salario y los horarios de los trabajadores. “Lleva un tiempo que no nos suben el salario como sube el costo de vida”. Es de esperar que reciban quejas por parte de los usuarios, pues la huelga ha tenido lugar en medio de los Sanfermines, justo cuando más se necesita de un servicio completo. Sin embargo, asegura que la gente, en general, los ha apoyado “bastante”.

Una de las partes centrales de los reclamos de la huelga son el estado de los vehículos. “En principio, la empresa, para ahorrarse y ganar dinero, no hace el mantenimiento adecuado de los autobuses o hacen justo lo necesario”. “La responsabilidad es de la empresa de manera directa, pero la Mancomunidad tiene una responsabilidad indirecta, pues son los que les permiten que sigan gestionando el servicio”. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es quien pone a concurso la gestión del transporte, y las últimas dos veces se las ha otorgado a la misma empresa, TCC.

“Este autobús es de los más viejitos de la flota. Si estuviese bien cuidado no iría dando los trompicones que da o no estaría echando el humo que echa. Todo eso es problema de mantenimiento”, menciona el conductor. La villvavesa que conduce, por ejemplo, cuenta con una pantalla conectada a una cámara con la que ve a las personas que se bajan en las puertas de atrás, y así evitar cerrarla y que alguien se lastime. Está ubicada justo encima de donde se cobra el billete, así que está a simple vista para cualquiera que se monte en el vehículo. El soporte que la sostiene está desgastado y roto hasta tal punto que fue necesario cubrirla con cinta aislante para evitar que se caiga. Y aun así, ha quedado tan endeble que con el más mínimo freno o arrancón se cae, obligando al conductor a colocarla en su sitio de nuevo.

“Al final es algo que nos perjudica a todos”, comenta el conductor. “No hay ninguna pinta de que esto vaya a mejorar y que se llegue a un acuerdo pronto”. Según informa la agencia Europa Press, el comité de la empresa Transports Ciutat Comtal (TCC) incluso ha denunciado la aplicación de las modificaciones de la frecuencia de los autobuses como una “grave vulneración del derecho fundamental a la huelga”. De acuerdo a la representación sindical de la empresa, “se están aplicando unos servicios mínimos que implican jornadas de hasta 11 horas, cargando las consecuencias del conflicto sobre la plantilla”.

Hasta que no se llegue a un acuerdo entre la directiva y la representación sindical de la empresa se mantendrá la limitación al 70% de servicios. Se puede consultar cualquier incidencia o retraso en la página del Transporte Urbano Comarcal, además de las rutas de las líneas y sus horarios correspondientes.

El Juzgado de lo Social número 2 de Santiago de Compostela ha condenado a la CRTVG a devolver de forma “inmediata” a su horario de trabajo a un productor al que envió al turno de tarde para impedirle participar en la huelga del pasado otoño, que se desarrollaba a través de paros parciales durante la mañana. La sentencia considera “lesionado el derecho fundamental del actor al libre ejercicio de su derecho de huelga” y condena a la corporación a pagarle una indemnización de 7.501 euros.

Los hechos sucedieron el pasado mes de octubre, cuando el comité de empresa de la CRTVG convocó paros parciales en días alternos, de 11:30 a 13:00h, coincidiendo con la emisión del programa O Termómetro, un magazine coproducido que venía a sustituir al histórico espacio matinal A Revista. Los sindicatos consideraban esta medida una “externalización”, ya que el control de los contenidos pasaba a manos de una productora mientras la parte técnica se dejaba en manos del personal de la corporación.

El 7 de octubre, el día que comienzan los paros, el afectado —un productor que había comparecido en las listas del sindicato CUT, mayoritario en el comité, y abiertamente favorable a la movilización— recibió una notificación en la que se le comunicaba el cambio de turno, alegando “razones estructurales”, a partir del día 21. Su horario de trabajo pasaría así de empezar a las 7:30 y finalizar a las 15:00 a transcurrir de 14:30 a 22:00. Para sustituirlo se elige a un trabajador que no secundó la convocatoria.

Durante esas dos semanas, el trabajador participa en los paros, lo que contribuye a impedir en cada convocatoria la emisión de O Termómetro. Posteriormente, cuando la huelga se convierte en indefinida, obtiene unas medidas cautelares que le permiten conservar el turno mientras dure el conflicto. Una vez finalizado, en diciembre, vuelve a ser enviado al horario vespertino.

Sin embargo, el juzgado entiende que la CRTVG no ha demostrado la necesidad estructural de ese cambio, que justificaba por la existencia de varias jubilaciones en el llamado pool de tarde. Según la sentencia, ante la que cabe recurso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, podría haberlo hecho si aportase los correos electrónicos en los que el jefe de producción alega esa necesidad y los contratos de los miembros del turno en los que figurase “el tipo de contrato, relevo, jornada y porcentaje de la misma y/o baja por jubilación”. Sin embargo, no presentó ninguna de las dos cosas. Desde la CUT, celebran que esta sentencia les permite “estar un poco más protegidas para ejercer el derecho a la huelga sin ser represaliadas”:

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador desde 1889, cuando la Segunda Internacional Socialista lo estableció como una fecha de conmemoración del movimiento obrero, sobre todo centrado en conseguir la jornada de ocho horas en sus inicios, y que se ha extendido a una defensa de los derechos laborales alrededor de todo el mundo.

Una celebración del Día Internacional del Trabajador que tiene su origen en la huelga obrera que tuvo lugar en Chicago en 1886, que tenía como objetivo reivindicar la jornada laboral de ocho horas, teniendo en cuenta el contexto en el que se enmarca.

La Huelga de Chicago, el origen del 1 de mayo

Y es que, a finales del siglo XIX, los trabajadores del sector industrial hacían entre 12 a 18 horas, y en ese contexto se promulgó en Estados Unidos la llamada Ley Ingersoll, en la que se aprobó la jornada de 8 horas, que se extendió tan solo a empleados de obras públicas y oficinas, quedando fuera los de las grandes fábricas.

Esta ley se intentó extender al sector industrial y en este sentido se llevaron a cabo varias huelgas y otro tipo de reivindicaciones, entre las que destacó la de 1886 en Chicago, que entonces era uno de los principales focos de grandes fábricas y del crecimiento en Estados Unidos. Fue el 1 de mayo de ese año en el que se convocaron un total de 307 manifestaciones a las que se llegaron a unir más de 80.000 trabajadores de la ciudad.

Las manifestaciones y altercados se extendieron en el tiempo, lo que se conoció como Revuelta de Haymarket, y así es como se llegó al 4 de mayo en el que la policía detuvo a 8 personas por haber acabado con la vida de miembros de las fuerzas de seguridad, y por ello fueron condenadas a muerte.

Fueron 5 al final los fallecidos, a los que se conoció como ‘mártires de Chicago’, grupo del que formaron parte Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spies, periodistas, George Engel, tipógrafo y Louis Lingg, carpintero y que se suicidó en su celda antes. Para homenajear estos incidentes de Chicago, tres años después, la Segunda Internacional Socialista establecería el 1 de mayo como el Día Mundial del Trabajador.

El Día del trabajo en Estados Unidos que conmemora otra fecha

A pesar de que los hechos en los que se basa la celebración del 1 de mayo como Día del Trabajador tuvieron lugar en Estados Unidos, en el país y en Canadá, es el 1 de septiembre cuando tiene lugar el conocido como Día del Trabajo (Labor Day).

Esto se debe a que no conmemora el mismo hecho, sino el desfile por la ciudad de Nueva York que llevó a cabo Caballeros del Trabajo, un sindicato moderado en defensa de los derechos laborales que no sentía la huelga como un método de presión, y es esta no identificación con los disturbios de Chicago lo que hizo que el presidente Grover Cleveland establecería el primer lunes de septiembre como la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos.

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) ha convocado huelga general para este sábado, 8 de marzo. La decisión busca “visibilizar las demandas feministas y denunciar la falta de avances reales en materia de igualdad”.

Respecto a ello, según ha consultado Europa Press en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Administración andaluza ha definido con detalle los servicios mínimos que se ofreceran desde los servicios públicos con el objetivo de “garantizar la cobertura de necesidades esenciales sin menoscabar el derecho a la protesta”.

La huelga, impulsada por CGT-A, afectará a sectores clave tanto públicos como privados, desde emergencias hasta transporte y educación. La convocatoria se sustenta en doce objetivos claros que abarcan desde “la erradicación de la brecha salarial hasta la lucha contra las violencias machistas”.

Asimismo, el sindicato ha exigido la adopción de medidas concretas para “garantizar la igualdad real en el ámbito laboral, incluyendo políticas efectivas de conciliación y corresponsabilidad, la equiparación de las empleadas del hogar al régimen general y el reconocimiento de las tareas de cuidados como trabajo remunerado con derechos contributivos.

Otros puntos clave incluyen la retirada de leyes que perpetúan la discriminación en el acceso al empleo, la adopción de medidas contra el acoso sexual en los centros de trabajo, y la exigencia de igualdad de acceso a bienes básicos y sostenibilidad. Además, la organización sindical ha denunciado “el abuso del teletrabajo como herramienta que aísla a las mujeres en sus hogares, forzándolas a compatibilizar cuidados y trabajo sin apoyo institucional”.

La organización sindical, por tanto, ha planteado esta huelga como “un grito colectivo contra las múltiples violencias que sufren las mujeres, como un instrumento de presión para que las Administraciones y la patronal actúen con determinación en la eliminación de las desigualdades estructurales”.

Servicios mínimos en sectores esenciales

En paralelo, la Junta de Andalucía ha establecido servicios mínimos en sectores esenciales, como emergencias, transporte o atención a personas vulnerables, para equilibrar el derecho a la huelga con la protección de la ciudadanía.

En el ámbito de las emergencias, el servicio 112 mantendrá el 80% del personal por turno en la sala de operaciones regional, mientras que en las salas provinciales se contará con el 50 %. El personal técnico y administrativo también trabajará al 50 % de su capacidad habitual para asegurar la gestión de situaciones críticas.

Las empresas de abastecimiento y saneamiento de agua operarán con el personal imprescindible para garantizar la continuidad del servicio, sin superar la dotación habitual de un sábado. De igual manera, los servicios de recogida y tratamiento de residuos funcionarán con la plantilla mínima necesaria para preservar la salubridad pública y la protección del medio ambiente.

En cuanto a la atención a colectivos vulnerables, los centros de protección de menores trabajarán con el 30% del personal educador y una persona en cocina. Las residencias de mayores mantendrán el 30% del personal de cocina y enfermería, mientras que el 20% del personal de limpieza garantizará la higiene en las instalaciones. Los centros de atención a personas con discapacidad asegurarán el 50% del personal cuidador de educación especial, el 33% del personal de limpieza y lavandería, y dos personas en cocina.

De igual forma, el servicio de teleasistencia también tendrá servicios mínimos específicos. En Sevilla, habrá 29 teleasistentes y dos supervisores en el turno de mañana, 28 teleasistentes en la tarde y 18 durante la noche. En Málaga, las cifras serán de 26 teleasistentes en la mañana, 23 en la tarde y catorce en la noche.

También, el transporte público interurbano y ferroviario garantizará el 50% de los servicios, salvo si existen medios alternativos, en cuyo caso se reducirá al 10%. El transporte urbano mantendrá la mitad de los servicios durante las horas punta (de 06,00 a 09,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas) y un vehículo por línea durante el resto de la jornada.

En el sector educativo, las escuelas infantiles contarán con la presencia del director o directora del centro y un auxiliar de cocina. Las residencias escolares tendrán un monitor en el turno de noche y los servicios de cocina y comedor se prestarán con un tercio del personal habitual. Los centros de educación especial dispondrán de un educador para cubrir necesidades vitales como alimentación, medicación o aseo del alumnado.

De igual forma, los medios de comunicación de ámbito andaluz producirán y emitirán boletines y avances informativos esenciales con el personal estrictamente necesario para garantizar la difusión de información relevante. Por otro lado, los servicios judiciales asegurarán la presencia de un profesional por juzgado de menores y del personal imprescindible para autopsias urgentes en casos de muertes violentas o sospechosas.

Condenas recurrentes

En ese sentido, han sido muchas las resoluciones judiciales contrarias a los servicios mínimos establecidos por la Junta. La Justicia, por ejemplo, falló contra la Junta en 2018 por “cercenar el derecho de huelga” el 8M de aquel año en el sector sanitario, que se sumaba a otras sentencias dictadas por el TSJA desde 2016 en similar sentido. CGT trató de que los máximos responsables de la Junta, entonces del PSOE, tuvieran alguna responsabilidad penal por ello pero finalmente los tribunales concluyeron dicen que la conducta de los consejeros no era delictiva por prevaricadora ni atentatoria al derecho de los trabajadores. Eso sí, los jueces, sucesivamente, han ido considerando que establecer el 100% de los servicios que se prestan en situación de normalidad en días de huelga convocada formalmente es contrario al ordenamiento jurídico.

Las consejerías 'condenadas', cuyas resoluciones se vienen anulando, suelen acatar las sentencias puesto que un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo no encajaría en ninguno de los supuestos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa al versar la sentencia de la Sala únicamente sobre la proporcionalidad de los servicios mínimos. “Para no cercenar el derecho a la huelga, y en una adecuada ponderación de los derechos en conflicto, entendemos que el 100% estimado es objetivamente excesivo”, argumenta en casi todas las sentencias las salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que asume este tipo de procedimientos y cuyo posicionamiento coincide con el de la Fiscalía en casi la totalidad de los procesos emprendidos por CGT.

La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A (Canal Sur) tienen a la vista otro juicio por otra posible vulneración del derecho fundamental de huelga durante el Día Internacional de la Mujer. La vista oral se iba a celebrar este pasado miércoles en la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA, precisamente a las puertas del 8M, pero finalmente se ha aplazado.

El ente público ya ha sido condenada por hechos análogos relacionados a las convocatorias de huelga de CGT con motivo del 8 de marzo, concretamente en los años 2021 y 2022, de las que ha venido informando este periódico. Ambas se referían al mismo centro territorial de Córdoba, y el nuevo caso no es una excepción. El pasado 10 de enero, Canal Sur admitió en directo que vulneró el derecho fundamental de huelga de una empleada el Día Internacional de la Mujer.

Los nuevos hechos denunciados se refieren al año pasado, 2024. CGT había llamado a una huelga “con un contenido reivindicativo marcadamente feminista” en una convocatoria que se viene repitiendo en la misma fecha en años anteriores. Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a este nuevo procedimiento judicial en curso.

Una huelga para “evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras”

Explica la demanda que en el centro de trabajo territorial de Córdoba se realiza una previsión de turnos con carácter mensual que atiende a las diferentes categorías y operarios que deberán laborar a fin de atender los servicios. Así las cosas, en el turno de tarde del 8 de marzo de 2024 estaba prevista únicamente la asistencia de un redactor, de conformidad con los servicios mínimos. Ese día, el informativo de la tarde (El mirador de Andalucía, las Noticias de Córdoba) fue realizado por otra redactora, que trabajó “en virtud de horas extraordinarias, por cuanto que su turno ordinario asignado para esa jornada fue de 8.00 a 15.00 horas”.

La realización de esas horas extraordinarias durante la jornada de huelga “fue una decisión adoptada por la dirección de la empresa”, argumenta CGT, que considera que con esa “medida patronal” y “con el ejercicio de poder organizativo encaminado a suplir a los trabajadores huelguistas e incumplir con los servicios mínimos se merma el derecho de huelga de una convocatoria que pretende precisamente evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras y la transcendencia de su ausencia en la realización de sus actividades profesionales habituales”.

Se trata, según CGT, de un supuesto de lo que se ha dado en denominar esquirolaje interno, en este caso “haciendo uso de horas extraordinarias sin causa ni motivo que habilite a ello”. El esquirolaje interno se produce cuando, en el periodo de huelga en una empresa, el empresario utiliza a trabajadores no huelguistas de la propia empresa, modificando sus condiciones de lugar, tiempo y modo de trabajo para que realicen los trabajos que se han quedado paralizados durante la huelga, con el fin de reducir los efectos de la huelga. Hay casos que ya ha visto el Tribunal Supremo, cuyos jueces declararon que los trabajadores de una empresa asentada en Navarra vieron vulnerado su derecho a huelga en una protesta de 2017 porque varios jefes de departamento se pusieron a trabajar sustituyendo a los huelguistas.

Un derecho fundamental “lesionado”

Añade la demanda que “el esquirolaje interno está declarado ilegal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, máxime cuando –como ocurre en el presente caso- la intención empresarial que tienen esos cambios es eliminar las consecuencias de la huelga”.

Por todo ello CGT solicita mediante “que se declare lesionado el derecho fundamental a la huelga”, reclamando una indemnización de 60.000 euros en concepto de reparación de los daños morales y materiales, pérdida de imagen, afiliación y perspectivas de afiliación del sindicato así como los costes del procedimiento judicial.

También pide CGT que se le indemnice en 18.000 euros, que se declare la nulidad de las decisiones y actuaciones, “ordenándose el cese inmediato de la conducta lesiva de los derechos fundamentales”, y “que se reparen los daños y perjuicios causados, procediendo a realizar una emisión televisiva en idéntica franja horaria preferente centrada exclusivamente en la sentencia que se dicte”, de forma similar a la que se vio obligada a emitir de acuerdo a una de las referidas sentencias ya emitidas y ratificadas por el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha requerido a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur), para que dé cumplimiento al fallo de la sentencia del pasado mes de julio, ratificada en octubre por el Tribunal Supremo, “procediendo a la lectura” de la sentencia “en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión que se emite para toda Andalucía” y en la que se condenaba a la cadena pública por la vulneración de un derecho fundamental como el del derecho a huelga.

“Canal Sur ha recibido esta mañana de 10 de enero la providencia a la que se refiere y, en el CSN2 de esta noche, en cadena, se dará lectura al fallo”, aseguran a elDiario.es Andalucía fuentes del ente público.

La emisora, según los tribunales, había vulnerado el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer de 2022, en el que CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico. La organización de trabajadores había advertido en diciembre al TSJA que no se había cumplido el fallo puesto que Canal Sur había dado lectura al fallo en un informativo de Canal Sur TV Córdoba, como así fue el pasado 19 de diciembre (a partir del minuto 6.00).

Era, según la cadena pública, “el informativo afectado por la Huelga del día 8 de marzo de 2022 y en cuyo turno se encontraba asignada” la delegada de CGT que ejerció su derecho de huelga y cuya sustitución motivó la demanda“, argumentó la RTVA. Pero, según las alegaciones de CGT, el ámbito de la huelga convocada el 8 de marzo de 2022 correspondía a la comunidad autónoma andaluza y, además, es coincidente con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, la trabajadora afectada es representante de CGT en la empresa forma parte del Comité Intercentros, por lo que ”su ámbito de representación alcanza a todos los centros de trabajo“.

Recordaba CGT que “la emisión exclusiva en la desconexión provincial de Córdoba supone una limitación que establece de manera interesada y unilateral la parte condenada” tras haber sido, además, desestimado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “No se establece en la sentencia ninguna limitación ni invitación alguna a limitar el efecto de la sentencia”, argumento CGT, que añadía que debía tenerse en consideración que “estamos ante un supuesto de reincidencia por cuanto que la empresa también ha resultado condenada por un asunto análogo relativo a la convocatoria de huelga de 8 de marzo de 2021”, como también informó elDiario.es Andalucía.

La demandante, como acoge ahora el TSJA, interesaba “que se prosiga con la ejecución interesada en sus justos términos y se requiera a la parte condenada a que realice la emisión en el informativo de la tarde autonómico”. La providencia del alto tribunal andaluz, fechada este 9 de enero y contra la que cabe recurso de reposición, obliga a que se lea la sentencia por vulneración del derecho a huelga en un informativo de tarde a nivel autonómico.

La sentencia del Supremo

La sentencia del Supremo, de 30 de octubre, desestimó el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Relataba el Supremo que Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

La jornada número 20 de movilización en la CRTVG se preveía especialmente caliente. Tras la apertura de expedientes por falta muy grave a dos iluminadores, el comité de huelga había llamado este miércoles a todo el personal de la corporación, y especialmente a los técnicos, a “reaccionar a esta intolerable amenaza con una demostración de fuerza y solidaridad”. Sin embargo, minutos antes de la hora de inicio del paro que impide la emisión del programa O Termómetro, los sindicatos comunicaban una “magnífica noticia”: la titular del Juzgado de lo Social número 2 de Santiago acababa de ordenar a la corporación devolver a su turno al productor de la mañana, enviado a las tardes por “necesidades organizativas”, algo que él consideraba una represalia por su apoyo a la convocatoria.

El afectado, un trabajador implicado en la promoción de la huelga y que había tomado parte en los programas piloto de O Termómetro, recibió -al igual que el realizador del programa, recién reincorporado de sus vacaciones- la notificación de su cambio de turno el primer día de huelga. La empresa se amparaba en lo que el comité define como “supuestas necesidades organizativas”. Sustituido por otro productor que no secundaba el paro, su “expulsión” a las tardes le “imposibilitaba” el ejercicio de la huelga.

Como consideraba ese cambio una “represalia” por su apoyo a los paros, el empleado -que se encuentra en una baja médica “de corta duracion”- presentó una demanda por vulneración del derecho fundamental a la huelga en la que se pedía de forma expresa la adopción de medidas cautelares. Eso fue lo que tuvo en cuenta la jueza en la vista de este miércoles al dictar una sentencia in voce, plasmada posteriormente en un auto entregado a las partes este jueves, en el que ordenaba “reintegrar provisionalmente al trabajador demandante en sus anteriores condiciones de trabajo (turno, programa y puesto de origen), una vez sea dado de alta médica y entre tanto se mantenga la convocatoria de huelga”. 

En comunicación con este diario, la CRTVG ha manifestado su intención de interponer recurso ante la decisión judicial mientras destaca que las medidas cautelares “no prejuzgan el fondo del asunto, que se resolverá cuando sea dictada la oportuna sentencia”.

La Corporación explica que, con la entrada de la nueva programación, hubo cambios de turno y departamento que afectaron a varios trabajadores, “no sólo al denunciante” y que fueron notificados “en tiempo y forma”. De hecho, resaltan que el auto recoge que la notificación al productor está registrada tres días antes del 7 de octubre, día del comienzo de la huelga. “La notificación del día 7, que también refleja el auto, fue la comunicación de la modificación que ya estaba previamente acordada”.

Añade además que las cuatro últimas denuncias por “presuntos traslados forzosos dentro del marco de la reorganización de departamentos” fueron desestimadas íntegramente en primeira instancia y que una de ellas “ya cuenta con sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

Paro total de los técnicos

Para el comité de huelga, sin embargo, esta decisión judicial “evidencia la existencia de prácticas ilícitas para reprimir a los huelguistas” por parte de la CRTVG, unos movimientos que tratarían de conseguir la emisión de O Termómetro -la coproducción que detonó la huelga contra la externalización-, que se suspendió de forma parcial o total en cada día de paro.

Es, precisamente, en este tipo de prácticas donde los sindicatos encuadran los expedientes disciplinarios por faltas muy graves abiertos a dos iluminadores del programa. Este miércoles, tras el llamamiento lanzado, la respuesta de sus compañeros fue unánime. Según el comité, “todo el equipo técnico de TVG que participa en la coproducción de O Termómetro paró para manifestar su rechazo a las medidas represivas de la dirección y demostrar su solidaridad con los expedientados”.

La huelga inicia así su recta final, con un colofón previsto para el viernes 13 de diciembre, que será cuando se emita el último de los 65 programas de O Termómetro que han sido contratados hasta ahora. Ese día se celebrará un paro de 24 horas. Antes, el sábado 30 de noviembre, tendrá lugar la “gran manifestación” a la que han convocado a toda la ciudadanía gallega, y que inicialmente estaba prevista para el día siguiente. Será durante un fin de semana con paros de siete horas y media, tanto el sábado como el domingo.

La recta final de la huelga en la CRTVG sigue elevando la tensión del conflicto. Horas después de que, este lunes, los sindicatos anunciasen que aumentarán la duración de los paros hasta culminar en uno de 24 horas el próximo 13 de diciembre, la corporación de medios públicos respondió con la apertura de expedientes disciplinarios por supuestas faltas muy graves a dos trabajadores tras “incidentes con afectación a la emisión”. El comité defiende que aquel día no se tomó ninguna medida diferente para evitar que saliese al aire el programa O Termómetro -como ha pasado 19 veces desde el 7 de octubre- y por eso cree que se utiliza a esas personas como “cabezas de turco” dentro de una “escalada” que busca “amedrentar y reprimir” a la plantilla.

Los hechos, según el relato del comité, afectan a dos personas que trabajan en la rama de iluminación y sucedieron el viernes 15 de noviembre, en la que era la jornada de movilización número 18. Unos paros en días alternativos que han conseguido en todas las ocasiones detener la emisión del magazine matinal O Termómetro, la coproducción que ha detonado esta huelga contra la externalización al sustituir en la parrilla al histórico programa A Revista.

Ese día, tal y como figura en el parte emitido por el subdirector xeral de Medios, se produjo un “incidente” a las 11:30 de la mañana, la hora de inicio del paro parcial, que afectó “a la producción del citado programa, que no se pudo emitir y obligó a realizar unos ajustes de emisión desde el control de continuidad con programación alternativa”. Es decir, según los huelguistas, lo mismo que había pasado en 17 ocasiones anteriores.

“El incidente fue el ejercicio del derecho a la huelga, en las mismas condiciones en que siempre se practicó en la CRTVG y de manera análoga a cómo lo ejercieron otros compañeros huelguistas en los numerosos paros que precedieron al de este viernes”, asegura el comité.

Por eso, “pese a toda la experiencia previa y el habitual modus operandi”, denuncian que la CRTVG “pretende hacer creer que ese hecho podría tipificarse como una falta moi grave”. En concreto, según recoge el convenio colectivo, un posible “fraude, deslealtad o abuso de confianza en la gestión y el desempeño de funciones encomendadas” o bien, “de abuso de autoridad”. Para los convocantes, tras este movimiento sólo hay un “único” objetivo: “reprimir y amedrentar al personal para hacer decaer, por la vía del terror empresarial, el libre ejercicio del derecho a la huelga en las mismas condiciones en las que nunca fueron cuestionadas en la historia de la CRTVG”.

Los sindicatos consideran “gravísimo” este nuevo “escalón represivo” tanto por “basarse en una farsa técnicamente insostenible que decaerá en la vía de instrucción”, como, “muy especialmente”, porque una de las trabajadoras afectadas “reúne dos características”, las de ser mujer y tener un contrato muy precario.

Para los sindicatos, no es fruto del “azar” que sea ella la expedientada cuando, hasta ese momento, “la empresa no se atrevió a incoar” procedimientos de este tipo “ante incidencias análogas plenamente normalizadas en las huelgas de la CRTVG”.

Tras conocer esta decisión de la dirección de Recursos Humanos, el comité de huelga ha llamado a todo el personal de la corporación, “especialmente a las categorías de iluminación, control de cámara, sonido y operadores de cámara o cámaras de primera” a “reaccionar a esta intolerable amenaza” y hacerlo “con una demostración de fuerza y de solidaridad con los compañeros afectados, secundando masivamente el próximo paro de este miércoles 20 de noviembre”. “Si tocan a una, reaccionamos todas”, concluye el comunicado.

Respuesta de la CRTVG

Por su parte, la dirección de la CRTVG insiste en que “respetando el derecho de huelga”, tiene la “obligación” de “velar para que se respete el derecho al trabajo que quiere ejercer el personal de la CRTVG” de una forma que consideran “masiva” ya que “cerca del 90%” de los trabajadores “rechazan” el paro.

La corporación recuerda que, desde el inicio de la huelga, en dos ocasiones Recursos Humanos se vio en la “obligación” de hacer llegar al comité dos comunicaciones por escrito advirtiendo de “conductas impropias” de los piquetes contra los trabajadores que no secundaban el conflicto. Lo hizo tras recibir “quejas verbales y por escrito” de la presión que recibía el personal de turno que no se sumaba al paro.

La tercera comunicación llegó este lunes tras lo sucedido el día 15, un “incidente con afectación a la emisión, después de que varios miembros del comité irrumpiesen en un área de trabajo”. La corporación considera que Recursos Humanos “”no puede hacer dejación de funciones“ y por eso ”abrió el perceptivo expediente“. Recuerda que, durante la instrucción, ”el personal afectado podrá explicar todo lo ocurrido y con todas las garantías de protección que les otorgan los procesos administrativos“.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la segunda sentencia en menos de dos semanas contra la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur) por vulnerar el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer, en este caso de 2022, en el que la organización CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico.

La sentencia, de 30 de octubre, desestima el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Es la segunda sentencia, en menos de dos semanas, en la que el Alto Tribunal falla contra la RTVA en los mismos términos después de la que avanzó este periódico, en la que la sustitución de la habitual conductora de un programa de la radio pública en Córdoba obedeció a “una decisión empresarial claramente dirigida a menoscabar el legítimo ejercicio del derecho de huelga para visualizar ante terceros y el público en general la menor incidencia de la protesta laboral manteniendo en antena la emisión del programa”. Precisamente este pasado lunes la emisora tuvo que dar lectura el fallo en directo, como así le obligaba la sentencia:

La sentencia ratificada por el Supremo en este segundo caso ya condenó a las demandadas a abonar a CGT, asesorada jurídicamente por la cooperativa andaluza Autonomía Sur, una indemnización por daño moral de 7.500 euros a la propia CGT y también a proceder a la lectura del fallo en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión, algo que se producirá previsiblemente en próximas fechas. Ahora, se condena además a RTVA y Canal Sur al pago de las costas de su recurso por la cantidad de 1.500 euros.

Su huelga “no tuvo incidencia alguna en el montaje”

Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado y declarado la firmeza de una sentencia que condena a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur) por vulnerar el derecho de huelga de la presentadora de un programa de radio el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, al ser sustituida por un compañero que estaba en servicios mínimos y mantener la emisión del programa de radio que habitualmente conducía.

El fallo de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al ente público a abonar una indemnización de daño moral por importe de 7.500 euros a la Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, que interpuso la demanda. El Supremo, como pedían la CGT y el Ministerio Fiscal, desestima ahora el recurso de casación interpuesto por la RTVA y por Canal Sur, que deberá dar lectura del fallo de esta sentencia, como noticia, en el programa Canal Sur Mediodía Córdoba que habitualmente presentaba la trabajadora huelguista, que aquel día vio conculcado uno de sus derechos fundamentales, según acaba de ratificar el Supremo en una sentencia contra la que no cabe recurso y que impone además unas costas de 1.800 euros a las demandadas recurrentes.

RTVA y Canal Sur habían sostenido en su recurso que no se había vulnerado el derecho de huelga porque el programa de radio en cuestión carecía en realidad de un presentador habitual, en tanto que tales funciones podían ser realizadas por cualquiera de los diferentes redactores del mismo, de tal manera que la decisión de la empresa de encomendar la presentación del programa a otro de los redactores que no estaba en huelga se enmarcaba dentro del ejercicio ordinario de su poder de organización.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que CGT había convocado huelga general de 24 horas para la jornada del 8 de marzo de 2021 mediante escrito registrado en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La trabajadora, que prestaba servicios en el centro de trabajo de RTVA en Córdoba, era la presentadora habitual del programa informativo de radio Canal Sur Mediodía Córdoba, que se emite de 11.55 a 13.00 horas de lunes a viernes, y en aquella fecha “ejerció su derecho de huelga, secundando la convocatoria de CGT-A”. “Muy ocasionalmente, el programa lo pueden presentar otros redactores del mismo que la sustituyen, cuando ella no trabaja por encontrarse de vacaciones u otra circunstancia análoga”, detallaba la sentencia de primera instancia entre los hechos probados tras el juicio celebrado el 7 de marzo de 2022.

“Una decisión absolutamente extraordinaria”

Pese a los argumentos de las demandadas, el Supremo ahora es tajante: “No se trataba de un supuesto de sustitución ordinaria en el que pudiere concurrir cualquier circunstancia excepcional que justificase el cambio de presentador, por razones incluso ajenas a la voluntad de la presentadora habitual, sino de una decisión empresarial claramente dirigida a menoscabar el legítimo ejercicio del derecho de huelga para visualizar ante terceros y el público en general la menor incidencia de la protesta laboral manteniendo en antena la emisión del programa”.

“Una decisión absolutamente extraordinaria, con una concreta y determinada finalidad claramente dirigida a perjudicar el ejercicio del derecho de huelga”, zanja el Supremo a raíz de la actuación de la RTVA y Canal Sur en aquella fecha. Fuentes de la cadena pública consultadas por este periódico no han querido hacer comentario alguno respecto a la sentencia del alto tribunal.

Según la sentencia del TSJA, confirmada ahora, la dirección de la empresa, a través del director territorial del centro de Córdoba, “cinco minutos antes de empezar la emisión” del programa de aquel 8M “le fue dada la orden” a un redactor del programa, que se encontraba de servicios mínimos, de presentar el informativo, lo que normalmente no hacía. No consta que ese año dicho trabajador lo hubiera hecho en alguna ocasión, aunque sí lo hizo en 2020, en un momento temporal coincidente con una baja médica precisamente de la trabajadora afectada que, según insiste la sentencia, es “la presentadora habitual” del programa.

Los jueces del TSJA no accedieron ya en su momento a la petición de que se emitiera un programa de la misma duración que el informativo Canal Sur Mediodía Córdoba. “Es compresible” el interés de la trabajadora en que se conozca el contenido de la sentencia que declara vulnerado su derecho de huelga, pero “es suficiente con que se divulgue la noticia”. “No es necesario un programa de radio de más de una hora de duración”, de manera que “se concreta la condena en que se dé cuenta de la noticia en el programa, en día de la semana lunes, dado que el día 8 de marzo de 2021 era lunes, con lectura del fallo de esta sentencia”.

7.500 euros de indemnización

En cuanto a la indemnización, CGT solicitaba 18.000 euros “pero no se cuantifica, por separado perjuicio material y daño moral, y dado que no se han acreditado perjuicios materiales, ha de entenderse que se reclama solo el daño moral”. Explicó la primera sentencia que “la indemnización no solo cumple una función resarcitoria o reparadora del daño causado, sino también la de prevención y disuasoria de comportamientos vulneradores”, por lo que se fija la indemnización, de acuerdo a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) “para las faltas muy graves” en 7.500 euros.

Relacionado con esta materia, cabe recordar que la Junta de Andalucía ha sido condenada en numerosas ocasiones por vulnerar el derecho a huelga durante diferentes 8M. Ya van una veintena de resoluciones judiciales en las que los jueces, sucesivamente, siguen considerando que establecer el 100% de los servicios que se prestan en situación de normalidad es contrario al ordenamiento jurídico, si bien los tribunales dejan penalmente impunes las condenas alcanzadas por CGT en el orden social y contencioso-administrativo.

En el verano de 1931, la crisis económica y la desestabilización política atizaban las grandes ciudades de España, que en una década vieron cómo su población se dobló para dar cabida a aquellos que iban a las capitales en busca de una vida mejor. Ese gran flujo de migraciones trajo mano de obra, pero también muchas personas que necesitaban un techo. Y no había para todos. Así que los propietarios subieron precios descontroladamente, mientras los salarios cada vez eran más precarios.

Tras meses de revueltas sociales y de miles de desahucios, los trabajadores de Barcelona dijeron basta y, organizados desde sus fábricas y amparados por la CNT, organizaron una huelga de alquileres que fue secundada por más de 90.000 familias. Las fuerzas policiales de la República reprimieron con fuerza ese movimiento, llegando a prohibir la propaganda de la huelga y enviando a centenares de obreros a la cárcel. Pero los inquilinos no desistieron y, después de seis meses, consiguieron pactar con los pequeños propietarios rebajas que llegaron hasta el 40%.

La situación que se vivió en Barcelona hace 93 años tiene similitudes con la actual. Y el camino podría volver a llevar a una huelga de alquileres. Esa es la intención del Sindicato de Inquilinas, que está organizando asambleas y encuentros preparatorios que culminarán en manifestaciones por toda España el próximo 23 de noviembre. “En aquella época los alquileres suponían un 25% de los sueldos. Hoy ya llegan hasta el 40%”, explica Enric Aragonès, portavoz del Sindicato en Catalunya.

“Es triste que hayamos llegado al punto en que hoy nos conformaríamos con lo que en 1931 consideraban un escándalo”, añade Aragonès, que apuesta por la huelga como única opción viable ante la negativa de gobiernos y propietarios de atajar una situación que, asegura, está al “límite”. Dejar de pagar fue una solución hace ya 93, por eso los organizadores tienen bien presente lo que pasó entonces, en parte para mantener la esperanza, pero también para tener claros los riesgos.

¿Es legal hacer una huelga de alquileres?

Hoy, como entonces -al menos hasta que fue prohibida por el franquismo-, la huelga solo aplica al ámbito laboral. Así que no hay ninguna ley que ampare a los inquilinos que dejen de pagar el alquiler. Así pues, quien se sume a esta iniciativa puede llegar a enfrentarse a un desahucio.

“Una vez iniciado el proceso judicial, el propietario, sea pequeño o gran tenedor, debe avisar al inquilino de que todavía puede pagar para evitar el desahucio. Si sigue sin hacerlo, ya no hay marcha atrás y ya solo podrá pararlo el propietario”, explica Miguel Ruiz, abogado de la PAH de Barcelona.

Es por eso que las entidades que apoyan la huelga recomiendan que sea una acción masiva. “Solo tiene sentido si es colectiva y bien organizada”, asegura Aragonès. El objetivo es que haya tantos impagos que los juzgados se colapsen y los propietarios se vean forzados a la negociación. “Un procedimiento de desahucio puede tardar entre 7 meses y un año y medio. Y pueden ser más, teniendo los juzgados colapsados como los tenemos. Si la huelga es multitudinaria, los tiempos se ampliarán”, opina Ruiz.

El colapso del sistema judicial es una herramienta que ya ha dado resultado en otros casos, como el de la huelga de Glasgow de 1915. En plena Guerra Mundial, los propietarios aprovecharon la ausencia de los hombres que fueron al frente para subir las rentas a las mujeres, pero se organizaron y montaron una huelga que acabó extendiéndose a otros municipios británicos.

Más de 20.000 hogares dejaron de pagar el alquiler, a pesar de la fuerte represión. El éxito de aquella acción vino de la unión con los sindicatos de trabajadores, que amenazaron con hacer paros en los muelles e industrias si no cesaba la persecución a los inquilinos. Aquello dio lugar a centenares de encarcelamientos, ya que la normativa de guerra británica impedía cualquier conato de huelga.

Pero lo que podía parecer una derrota fue clave, puesto que los juzgados se colapsaron tanto que el Gobierno se abrió a mediar y no solo se retiraron todas las acciones legales contra los huelguistas, sino que se consiguió que el parlamento iniciara un proyecto de ley que restringía el interés a rentas e hipotecas.

Retorno a la huelga, cuatro años después

El ejemplo de Glasgow muestra cómo la acción colectiva puede llegar a cambiar leyes. Pero desde el Sindicato de Inquilinas consideran que las acciones a más pequeña escala también son efectivas. Destacan el caso de las 900 familias madrileñas que desde el 7 de junio dejaron de pagar facturas del seguro, los gastos de comunidad o las reparaciones que, por ley, deben correr a cargo de la propiedad, pero que el fondo buitre Nestar-Azora carga a sus inquilinos.

El objetivo, en su caso, no es tanto rebajar los precios del alquiler, sino eliminar cláusulas abusivas de sus contratos. “La huelga es colectiva, pero los objetivos los puede negociar cada quien para que se ajusten a su circunstancia”, recuerda Aragonès.

El resultado de la huelga de estas familias madrileñas está por resolverse, pero también cuentan con un precedente de éxito. En su caso se remonta a Toronto en 2017. Vecinos de diversos edificios del mismo vecindario y del mismo propietario se organizaron contra la subida de alquileres y la falta de reparaciones en las fincas. Más de 300 familias dejaron de pagar la renta, consiguiendo arreglar los problemas de mantenimiento y frenar el incremento de precios.

“Tenemos muchos precedentes de éxito”, resume Aragonès. Pero, a su vez, reconoce que esta acción “es contra gente muy poderosa”. No niega que hay riesgos y asegura que solo se convocará la huelga si se cuenta con “la fuerza suficiente para que nadie esté en peligro”. Asegura que se habilitará una caja de resistencia para sufragar los costes legales de los inquilinos que puedan llegar a necesitarlo y que los Sindicatos de Inquilinas estarán disponibles para asistir a quien lo requiera.

Así se hizo ya en la huelga que hubo en 2020 cuando, en medio de la pandemia más de 16.000 personas se organizaron para dejar de pagar el alquiler en un momento en que miles de trabajadores habían perdido sus empleos. Se organizó una caja de resistencia lo suficientemente fuerte como para cubrir los gastos de todos los huelguistas que lo solicitaron. “Aquello permitió resistir”, recuerda Aragonès. La acción consiguió rebajar centenares de rentas.

“Tiene que ser lo suficientemente masivo como para hacerles daño y como para que no nos lo hagan a nosotros. Si somos muchas, no habrá suficientes jueces ni policías”, insisten desde el Sindicato de Inquilinas. Aragonès recuerda que las huelgas no han sido siempre un derecho reconocido para los trabajadores. “Los derechos se ganan exigiéndolos”, apunta.  

Más de 70 expertos y expertas en diferentes áreas del derecho, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han firmado un manifiesto en el que piden que se redefina el delito de terrorismo para evitar que se aplique a movilizaciones sociales “a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”, como es la libertad de expresión y de protesta.

Catedráticos y abogados, como Joan Coscubiela o Manuel de la Rocha Rubí, han pedido a los grupos parlamentarios “proceder a una reforma que vuelva a definir el delito de terrorismo” en el mismo marco que lo hace la Unión Europea, especialmente después del auto del Tribunal Supremo de febrero de este año, por el que abrió la causa contra el expresident Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami.

En su escrito, recuerdan lo que ha vivido España con el terrorismo real, especialmente con los atentados de ETA o GRAPO, para “alcanzar objetivos políticos mediante la siembra del terror en la población”. O, más recientemente, con el terrorismo yihadista. Estos nuevos grupos han hecho que la UE adapte sus criterios, aunque no han servido para “modificar lo que es esencial del terrorismo”, especifican.

El grupo de firmantes manifiestan su preocupación por ciertas interpretaciones judiciales de lo que es este delito, de una forma más “expansiva”, y algo que podría llevar a aplicar este delito a “tractoradas de los agricultores” o a “trabajadores en sus acciones de huelga”. Que, aunque sí pueden producirse altercados, estos desórdenes públicos más o menos graves, se deben distinguir “con total precisión” del terrorismo.

En febrero, el Tribunal Supremo decidió abrir la causa contra Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco del caso Tsunami Democràtic, como pidió el juez Manuel García Castellón. Entendía que el procés era un movimiento que puede ser considerado como delito de terrorismo. El expresident catalán, dicen, tenía un “liderazgo absoluto” y una “autoría intelectual” de todo lo que hizo la plataforma Tsunami Democràtic, como protestas o disturbios en las calles de la capital catalana.

El Gobierno de Finlandia, formado por una coalición de partidos conservadores encabezada por el primer ministro Petteri Orpo y la formación de ultraderecha Partido de los Finlandeses, está en guerra abierta contra los sindicatos del país nórdico. La agenda económica del Gobierno de derechas ha desencadenado una oleada de huelgas sin precedentes que lleva paralizando de manera intermitente el país desde el pasado mes de noviembre.

Orpo salió elegido en las últimas elecciones generales de 2023 con la promesa de “flexibilizar el mercado laboral”, para, según argumenta, hacerlo más competitivo y así hacer frente a la recesión y al incremento de la deuda pública que arrastra la economía finlandesa desde antes de la pandemia. Sin embargo, los sindicatos entienden la reforma como un ataque directo a los derechos de los trabajadores y al modelo laboral del país nórdico, basado en los convenios de negociación colectiva.

El primer ministro del país ha declarado que la serie inaudita de huelgas que se están produciendo desde hace cinco meses “está produciendo un daño enorme” en la sociedad finlandesa. Desde el inicio del conflicto, la ministra de Economía del país y líder de la formación de ultraderecha, Riikka Purra, también se ha mostrado tajante con la voluntad del Ejecutivo: “El Gobierno no tiene ninguna intención de anular la reforma, ya que es esencial, y hemos recibido el mandato de las urnas para hacerla”. 

Oleada de huelgas desde noviembre

Las posiciones entre la Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK) y el Gobierno de Orpo llevan meses enrocadas, por lo que, en las últimas semanas el conflicto, ha derivado en una nueva huelga que empezó el 11 de marzo y se alargará hasta finales de este mes. En estos 15 días, el transporte de mercancías en los puertos finlandeses ha quedado prácticamente saturado, amenazando el suministro de combustibles para los coches privados y para el transporte público en la capital, además de provocar interrupciones en la distribución de productos de consumo que no sean comida. Los bienes importados desde el extranjero podrían quedarse atascados en los puertos durante meses. Esta nueva huelga también está afectando duramente a los sectores industriales exportadores del país, como son la metalurgia, las empresas tecnológicas y las forestales. 

A pesar de que el Gobierno cuenta con el apoyo parlamentario suficiente para aprobar la reforma, el malestar es muy transversal entre los sindicatos, como lo demuestra el gran número de sectores que se han sumado a las protestas en los últimos meses. A finales de noviembre fueron los sindicatos de la construcción y del sector servicios quienes empezaron con las huelgas, que paralizaron todas instalaciones deportivas del país y los servicios de comedores en empresas y colegios.

El 14 de diciembre se convocó un nuevo paro al que se sumó el sindicato que representa a los trabajadores de la industria del automóvil y de los transportes, lo que provocó el paro total del transporte público en todas las regiones, y el cierre de los comedores escolares durante un día. A finales del mes de enero, fue el turno de los trabajadores de la educación infantil, cuyas protestas provocaron el cierre durante dos días de todos los parvularios en el área de Helsinki. Una semana más tarde, la huelga se amplió a los sindicatos del servicio postal, la aviación y el sector alimentario, provocando el colapso del sistema de trenes, metro y tranvías en todo el territorio, y la cancelación de centenares de vuelos en el aeropuerto de Helsinki, que quedó prácticamente paralizado. 

Los medios de comunicación del país explican que este panorama es excepcional en Finlandia, ya que desde el año 2000 se había registrado un número muy bajo de huelgas y protestas sindicales. Como resultado, los expertos aseguran que las protestas están empezando a tener efectos notables en la economía. Según la organización patronal en Finlandia (EK), es imposible dar una estimación exacta del coste de los paros sobre el PIB del país, aunque la cifra podría ascender hasta los 1.000 millones de euros, sumando toda la cadena de paros desde otoño. En una entrevista para la cadena pública YLE, el economista Reijo Heiskanen también se manifestó preocupado por el escenario turbulento e incierto que, dice, “sin duda hace prolongar la recesión y reduce la confianza de los ciudadanos en la economía”. 

La propuesta de reforma laboral 

El Ejecutivo de Petteri Orpo defiende que este panorama de huelgas consecutivas “son la prueba factible de que la reforma laboral es necesaria”, entre otras cosas, para limitar el derecho a huelga. De hecho, uno de los puntos en la reforma que ha provocado más críticas es la propuesta de limitar las huelgas a 24 horas. Otro de los puntos polémicos es la reducción de las prestaciones por paro o enfermedad, que prevé que el primer día de baja laboral sea de “autorresponsabilidad”, es decir, que no sea remunerado para el trabajador.

El plan del Gobierno también tiene la intención de facilitar los despidos y permitir que todas las empresas puedan negociar con los trabajadores de forma individual, fuera de los convenios colectivos. La patronal EK apoya la reforma del Gobierno alegando que, desde 2008, la economía finlandesa no crece, a diferencia de la de sus vecinos como Suecia, Dinamarca o Alemania. Un análisis publicado en el Helsinguin Sanomat, el mayor periódico en el país, recoge que, frente al bloqueo en las negociaciones con el Gobierno, el verdadero objetivo de los sindicatos ahora es negociar con la patronal, con la esperanza que pueda hacer cambiar de opinión al Ejecutivo conservador. 

“Será una primavera muy desafiante”

A pesar de la presión de los sindicatos, el plan de ajuste económico va más allá de la polémica reforma laboral. La ministra de Economía y Finanzas, Riikka Purra, anunció en enero que el Gobierno tiene previsto recortar 2.000 millones de euros adicionales de las finanzas públicas en este año. El recorte de presupuesto probablemente se hará con ajustes en la Seguridad Social, aunque la ministra aclaró que no se tocarían los presupuestos ni de educación ni de defensa, después de que el país entrara recientemente en la OTAN. “Pero puedo garantizar que será una primavera muy desafiante”, dijo Purra.

De hecho, reducir el déficit y el gasto público ha sido la obsesión del Gobierno conservador desde que fue nombrado. El Ejecutivo de Petteri Orpo asegura que no tiene otra opción, ya que “Finlandia es un país con un nivel de deuda muy peligroso, donde uno de cada ocho euros gastados en el presupuesto público se financia con nueva deuda”. Según datos del Gobierno, el país nórdico terminó el 2023 con una deuda del 59% del PIB, pero en los últimos años continuamente ha excedido el límite del 60% del PIB impuesto por la Unión Europea. El crecimiento de la economía tampoco ha sido bueno para el país nórdico, que terminó el último trimestre del 2023 con una contracción del 0,4% y las instituciones financieras prevén una lenta recuperación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha vuelto a fallar contra el Gobierno autonómico en su forma de afrontar una huelga general con motivo del 8M mediante el establecimiento de unos servicios mínimos “desproporcionados” en algunos casos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como ya ha ocurrido en varias ocasiones precedentes, aludiendo a uno en concreto dictado por la misma sala en 2021.

“Resulta desproporcionado fijar unos servicios mínimos del 100% o equivalentes a ese 100%”, dicen ahora los jueces en ese mismo sentido y en otros en los que la Junta ha sacrificado el derecho a la huelga de los trabajadores a la hora de hacer uso de ese “instrumento de presión” para defender y promover sus intereses.

La sentencia estima en parte el recurso interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), tras convocar una huelga de 24 horas el pasado 8 de marzo de 2023, contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía de 2 de marzo de 2023 por ser “contraria al ordenamiento jurídico” si bien “no se aprecia falta de motivación ni de proporcionalidad en varios de los servicios mínimos fijados”.

Sin daños físicos o morales

La sentencia ratifica, en alusión al anterior fallo en el mismo sentido, “la desproporción y falta de justificación de los servicios mínimos fijados” ya que “el juicio de proporcionalidad realizado por la Administración carece de los criterios de ponderación necesarios para su establecimiento y vulneran claramente el derecho de huelga al hacerlo respecto a toda la plantilla”.

La proporcionalidad de los servicios “no se ha justificado pues, como bien destaca la demanda y el Ministerio Fiscal, no se hace referencia a la razón por la que se dispone que sean necesarias como servicios mínimos en algunos supuestos hasta el 100% de los recursos personales existentes cualquier día análogo a aquellos para los que se hace la convocatoria”.

Así, explican los jueces, “para ciertos servicios se fija el 100%”, y “es en este punto en el que entendemos que existe un conflicto con el derecho de huelga, que no puede resolverse con el completo sacrificio del mismo”. “Para no cercenar el derecho a la huelga, y en una adecuada ponderación de los derechos en conflicto, entendemos que el 100% estimado es objetivamente excesivo”, insiste el TSJA.

La sentencia no estima procedente la indemnización solicitada por CGT “al no acreditarse la realidad de los daños, físicos o morales, sufridos por consecuencia del acto impugnado”, concluyendo que “la reparación que comporta la sentencia estimatoria, aun parcial, entendemos que resarce, en este caso al menos, de forma adecuada a la parte”. Recordemos que vulnerar 17 veces el derecho a la huelga solo le ha costado 14.000 euros a la Junta de Andalucía, según informó este periódico.

Puede que 14.000 euros parezca una cifra ridícula por vulnerar un derecho fundamental consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución Española. Pero es que no ha sido una vez sino 17 durante los últimos cinco años. Son las sentencias que han condenado a la Junta de Andalucía en costas (el 'gasto' del procedimiento judicial, en el argot jurídico) por sacrificar “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” como reza la Carta Magna de 1978. En cada una de esas ocasiones, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha invocado ese derecho fundamental y se le ha estimado total o parcialmente su recurso en 17 de 18 veces. ¿El resultado? Ninguno a efecto práctico pero aproximadamente, como se ha dicho, un total de 14.000 euros en costas para la Junta por vulnerar el derecho de huelga en otras tantas ocasiones.

Los tribunales le han dado continuamente la razón al sindicato, anulando siempre la resolución de la consejería de turno (mayoritariamente, Empleo, y también la Consejería de Salud) que dejaba establecidos unos servicios mínimos que, casi en su totalidad, han sido declarados abusivos. Así, se ha ido “cercenando” o “sacrificando” el derecho fundamental de huelga de los trabajadores, cuyos representantes han ido reclamando a la administración mejorar sus condiciones laborales en circunstancias concretas, participar de una huelga general (como ha pasado en los últimos 8M) o secundar una serie de paros, como ocurrió hace poco con las trabajadoras de la limpieza del Hospital Universitario de Puerto Real.

Desde 2018

Todas esas resoluciones se han dictado entre 2019 y 2023, si bien aún quedan pendientes las sentencias por el último 8M. En todo caso, el asunto viene de atrás, por lo que ningún partido político (PSOE, Ciudadanos o PP han ostentado las competencias en Empleo, por ejemplo) queda exento de esta culpa. En ese sentido, la Justicia ya falló contra la Junta en 2018 por “cercenar el derecho de huelga” el 8M de aquel año en el sector sanitario, que se sumaba a otras sentencias dictadas por el TSJA desde 2016 en similar sentido. CGT trató de que los máximos responsables de la Junta, entonces del PSOE, tuvieran alguna responsabilidad penal por ello pero finalmente los tribunales concluyeron dicen que la conducta de los consejeros no era delictiva por prevaricadora ni atentatoria al derecho de los trabajadores. Eso sí,  los jueces, sucesivamente, han ido considerando que establecer el 100% de los servicios que se prestan en situación de normalidad en días de huelga convocada formalmente es contrario al ordenamiento jurídico.

Las consejerías 'condenadas', cuyas resoluciones se vienen anulando, suelen acatar las sentencias puesto que un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo no encajaría en ninguno de los supuestos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa al versar la sentencia de la Sala únicamente sobre la proporcionalidad de los servicios mínimos.  “Para no cercenar el derecho a la huelga, y en una adecuada ponderación de los derechos en conflicto, entendemos que el 100% estimado es objetivamente excesivo”, argumenta en casi todas las sentencias las salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que asume este tipo de procedimientos y cuyo posicionamiento coincide con el de la Fiscalía en casi la totalidad de los procesos emprendidos por CGT.

¿Nueva denuncia por prevaricación?

Para Luis de los Santos, abogado de la cooperativa Derechos Al Sur y que ha llevado en los últimos años todos los litigios citados, “cuando los servicios mínimos son anulados por el TSJA, huelga tras huelga, el daño, no solamente a CGT-A, sino al derecho a la libertad sindical, ya está hecho”. A su juicio, “la impunidad es total y absoluta, ya que la convocatoria de huelga no tienen consecuencias prácticas ni para los trabajadores, ni para la Consejería de Empleo”.

“Aunque hace unos años no fue estimada la petición de indemnización por daños morales, no descartamos volver a solicitarla” porque considera “evidente los daños y perjuicios sufridos por la CGT-A, como consecuencia de la frustración de su derecho a convocar huelga en defensa de los trabajadores”. Según explica De los Santos, la fijación de unos servicios mínimos que las distintas sentencias consideran nulos “se traduce en su descrédito al hacer inútil su actividad pues, aunque es cierto que el principio de autotutela ejecutiva exige que la tutela judicial se dé a posteriori, esta tutela no es efectiva si no alcanza a reparar el daño causado por el acto que se anula”.

De cualquier forma, opina, “el daño está hecho y es posible acreditarlo”, por lo que no descarta “volver a interponer una nueva denuncia por prevaricación contra los responsables políticos de la Consejería de Empleo, ya que dichas personas conocen la doctrina y jurisprudencia de los tribunales y, a pesar de ello, vuelven a plantear unos servicios mínimos ilegales, con el único fin de obstaculizar el derecho a huelga”.

La Junta “se emperra una vez tras otra en conculcar el derecho constitucional”

CGT Andalucía manifiesta encontrarse “en absoluta indefensión ante los continuos atropellos al derecho de huelga por parte de la Junta de Andalucía que, pese a ser condenada reiteradamente por los tribunales de justicia por violar este derecho fundamental, se emperra una vez tras otra en conculcar el derecho constitucional sabedores de la impunidad en la que se han situado al imponer arbitrariamente servicios mínimos que contravienen la Constitución Española y afectando gravemente a los derechos básicos de la clase trabajadora”, declara a este periódico su secretario general, Miguel Montenegro.

“Desde CGT, como organización sindical de clase, continuamos a la búsqueda de formulas jurídicas o administrativas que nos permitan poner fin a esta situación de abuso de la administración andaluza y al desamparo en el que nos encontramos por no aplicarse medidas contundentes contra quienes firman esos decretos de servicios mínimos en nombre de la administración andaluza a sabiendas de que meses después serán declarados ilegales y violadores del derecho fundamental a la huelga por los tribunales de justicia”.