La torre campanario de Sant Mateu, un municipio de casi 2.000 habitantes de la comarca castellonense del Baix Maestrat, seguirá inscrita en el Catastro a nombre del ayuntamiento a pesar de la resistencia del Obispado de Tortosa, de quien dependen 13 parroquias de las comarcas valencianas de Els Ports y del Baix Maestrat. El vestigio, incluyendo la campana de los cuartos del reloj, ha sido restaurado hasta en siete ocasiones por el consistorio, gobernado por el PSPV-PSOE, y figura en su inventario de bienes. El Obispado de Tortosa considera que es suyo. Sin embargo, una sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha frenado el intento de apropiación por parte de la diócesis en una batalla jurídica que ha durado seis años.

En 2015 el Ayuntamiento de Sant Mateu solicitó a la gerencia regional del Catastro de Castelló la titularidad catastral y segregación de la torre campanario del municipio. Dos años después, durante el trámite de audiencia, el Obispado de Tortosa presentó dos notas simples de dos fincas registrales relativas a la casa abadía y al calvario colindantes con la torre campanario. Finalmente, el Catastro acordó segregar el monumento e inscribir como titular al Ayuntamiento de Sant Mateu.

El obispado formuló un recurso de reposición ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunitat Valenciana en el que alegaba la supuesta nulidad del procedimiento al considerarse propietario de la finca urbana de la Iglesia arciprestal, un monumento representativo de la arquitectura del gótico valenciano y reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC), así como de la anexa torre campanario.

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda, argumentando que el obispado carece de título dominical sobre la torre campanario y la iglesia arciprestal. La Iglesia solo tiene inscrita la casa abadía y el calvario anexo mientras que el Ayuntamiento de Sant Mateu tiene inventariada la torre campanario, también inmatriculada en el Registro de la Propiedad a su nombre.

La representación jurídica del consistorio recuerda que el bien inmueble figura en el Inventario de Bienes municipales desde el 31 de diciembre de 1970. Además, Sant Mateu también ha realizado “numerosas obras de conservación y mantenimiento”. Por el contrario, el Obispado de Tortosa “carece de título alguno”.

El consistorio cuenta con un informe del arquitecto municipal y con la certificación del secretario que acredita los “usos religiosos y profanos, con reloj público” de la torre campanario, de 97,77 metros cuadrados. La campana fue restaurada en 1990 y 1998 y la torre campanario, en 1994, 1999, 2000, 2001 y 2014, “actuando en todo momento como titular dominical y promotor el Ayuntamiento de Sant Mateu”. 

El Obispado no aporta pruebas

Así, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV ha desestimado las pretensiones del Obispado de Tortosa, que “se limita a manifestar su disconformidad con la alteración catastral del inmueble”, sin aportar acreditación documental que “desvirtúe las pretensiones de certeza, legalidad y validez” ni “pueda corroborarse a través de los propios documentos y antecedentes sobrantes en el expediente”.

“Más bien al contrario”, abunda el fallo, “tan solo consta que el Obispado de Tortosa tiene inscritos en el Registro de la Propiedad una casa abadía próxima y el lugar donde se realiza el via crucis o Calvario, sin haber aportado prueba de respaldo de sus alegaciones”. La actuación del Catastro fue “procedente” y “acorde a la realidad catastral y a su normativa”, concluye la sentencia, que no es firme y que impone las costas procesales al obispado.

La jueza ha suspendido de forma cautelar la retirada del monumento franquista de Tortosa (Tarragona) porque autorizarla supondría la “imposible restitución del monumento” si finalmente hay sentencia favorable al Colectivo para la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro (Corembe), que pide mantenerlo.

En el auto, la titular del Juzgado Contencioso 2 de Tarragona remarca que la estructura del monumento es metálica y para quitarla hay que cortarla en diferentes piezas. Esto supondría, según la magistrada, “daños que harían imposible o muy difícil se restitución al estado anterior”, informa Europa Press. La jueza remarca que la Generalitat no ha aportado ningún informe para comprobar que se podría volver a montar.

La Generalitat, que ya anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pidió a la jueza desestimar la medida cautelar que reclamó el Corembe para cumplir con la Ley de memoria histórica, aunque la magistrada considera que esto no “justifica la urgencia” para retirar el monumento.

También alegó que suspender las obras supondría un perjuicio económico por retirar la maquinaria y por posibles indemnizaciones a empresas ya contratadas, y la jueza contesta que estos perjuicios serían “más fácilmente resarcibles” que volver a colocar el monumento.

El monumento franquista de Tortosa, de 45 metros de altura, se instaló en 1966. El plan de retirada prevé instalar un andamio de 36 metros de altura alrededor del monumento, que se levantará desde la base del pedestal. Los operarios luego segmentarán la obra a trozos, de arriba a abajo. Lo harán con el método del oxicorte, que consiste en seccionar el hierro a una temperatura de 800 grados, con una mezcla de oxígeno y gas propano aplicada a alta presión. El andamio se irá desmontando a medida que las dos pirámides de hierro pierdan altura. Si la Justicia termina dando su visto bueno.

La Generalitat ha licitado el estudio geotécnico para iniciar las obras para retirar el monumento franquista del río Ebre a su paso por Tortosa (Tarragona), y calcula que los trabajos puedan empezar en junio de 2021. Lo ha explicado la consellera de Justicia, Ester Capella, en rueda de prensa en la ribera del río junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé. La retirada del monumento no ha estado exenta de polémica política en los últimos años por el rechazo inicial de JxCat.

Capella ha explicado que este viernes se ha licitado el estudio para asegurar el lecho del río, donde trabajará una grúa de gran tonelaje, y ha detallado que en enero se licitarán las obras de retirada del monumento, y calculan que podrá empezarse en junio, cuando el caudal del río será menor e implicará menos riesgo en los trabajos. Ha añadido que ya cuentan con un estudio que avala la viabilidad de retirar el monumento, “un proyecto ejecutivo que detalla paso a paso el proceso de deconstrucción”, para el que ya han solicitado licencias al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Ebre.

El monumento franquista, de 45 metros de altura, se instaló en 1966. Su retirada se realizará mediante un andamio de 36 metros de altura alrededor del monumento, que se levantará desde la base del pedestal. Los operarios segmentarán la obra a trozos, de arriba a abajo. Lo harán con el método del oxicorte, que consiste en seccionar el hierro a una temperatura de 800 grados, con una mezcla de oxígeno y gas propano aplicada a alta presión. El andamio se irá desmontando a medida que las dos pirámides de hierro pierdan altura. El pedestal, que es una pila del antiguo Puente de la Cinta, se mantendrá, pero sin la inscripción que hay actualmente: “A los combatientes que hallaron gloria en la Batalla del Ebro”.

La consellera ha reprochado que el Gobierno no haya retirado el monumento desde la aprobación de la Ley de memoria histórica, y ha criticado que su permanencia “demuestra la debilidad de la democracia española y la profundidad de la huella del franquismo”. Capella ha también ha criticado que el Estado haya negado ser propietario del monumento: “No lo quiere nadie porque nadie quería asumir la responsabilidad de retirarlo”, y ha pedido que no haya trabas ni atrasos al conceder las licencias de obras.

En la misma línea, Aragonès ha reclamado que no haya impedimentos: “Esperamos que el Estado no tenga la tentación de hacer un trabajo que deberían hacer ellos. Estamos dispuestos a borrar todo lo que enaltezca una dictadura que queremos bien lejos”. Ha reprochado que “este monumento se mantiene en pie porque durante demasiado tiempo el Estado español ha aplicado la política de la desmemoria, este Estado que no ha pedido perdón por el presidente Companys es el mismo que no ha hecho limpieza de la guerra”.

Aragonès ha pedido no dar ninguna legitimación al fascismo ni a “esta extrema derecha que en el Estado español representa Vox y que algunas fuerzas como PP y Cs con sus pactos han contribuido a blanquear”.

La alcaldesa de Tortosa ha afirmado que si el consistorio no había retirado el monumento hasta ahora era por falta de competencias, y ha pedido que la decisión no comporte enfrentamientos: “Para mucha gente, este monumento, más allá de su origen, ha formado parte de la ciudad. Nos guste o no, diferentes generaciones han crecido en Tortosa sin verlo como un símbolo del franquismo sino que lo han tratado como parte del paisaje”.

Roigé también ha pedido al Govern que, una vez retirado el monumento, utilicen la pilastra que lo sustente para construir un pasadero que conecte ambos lados de la ciudad, para recuperar “el paso histórico del puente destruido durante los enfrentamientos en Tortosa durante la guerra”, y que se sustentaba sobre la misma pilastra que el monumento.

Todos los grupos políticos municipales se financian con cargo a los ayuntamientos. El grupo de CiU-PDeCAT de Tortosa recibió durante la legislatura pasada algo más de 45.000 euros para cubrir los diferentes gastos generados por su actividad. Pero donde el resto de grupos presentó facturas de imprenta, electricidad, alquiler de locales o cáterin, el grupo que gobernaba justificó la mayoría de sus gastos con facturas de un estudio de interiorismo que, además, pertenece al cuñado de la entonces portavoz del grupo y hoy alcaldesa de la localidad, Meritxell Roigé.

Según los informes de la intervención municipal a los que ha tenido acceso este diario, en total el grupo de la actual alcaldesa de JxCat cobró 39.436 euros, entre los ejercicios de 2015, 2016, 2017 y 2018, gracias a los justificantes elaborados por la empresa en la que Jordi Simó es administrador único y en la que su hermano, el marido de Roigé, había sido apoderado en el pasado. En concreto, la empresa facturó al grupo de CiU y PDeCAT trabajos siempre relacionados con la gestión de las redes sociales, pese a que la sociedad se dedica a la venta de muebles y al diseño de interiores, con un conocido establecimiento en la localidad.

Esto y el hecho de que la subvención que se llevó suponga más del 85% del total otorgado es lo que levantó las suspicacias de la oposición. Son pagos que ya habían sido publicados en medios locales como Tarragona Digital y que vuelven a cobrar protagonismo ahora, cuando la Comisión de Transparencia catalana (GAIP) ha acordado reclamar la incoación de un expediente sancionador contra el ayuntamiento de Tortosa por haber ocultado los documentos justificativos de las subvenciones cobradas por los grupos. Esta resolución establece que el consistorio ha vulnerado la ley de transparencia mediante una infracción considerada como “muy grave”.

El organismo de transparencia resalta que el ayuntamiento ha mantenido una actitud de obstruccionismo para ocultar las justificaciones económicas de las subvenciones recibidas por los grupos. Entre los documentos que el consistorio se niega a facilitar se encontrarían precisamente las facturas emitidas a L'Espai arquitectura i interiorisme 21 SL, la empresa del cuñado de Roigé, como también el informe de la intervención municipal que avaló estos justificantes.

El ayuntamiento por su parte asegura que su silencio administrativo se debió a un “error” al confundir dos peticiones de información, hecho que achacan a que en uno de los documentos enviados por la Comisión de Transparencia aparecían los mismos números de reclamación para dos casos diferentes.

Pagos mensuales de 544 euros

La contabilidad a la que ha tenido acceso este diario muestra que el ayuntamiento gobernado por Ferran Bel, hoy diputado de JxCat en el Congreso, hizo a través de su grupo pagos periódicos a la empresa vinculada familiarmente a Roigé, que entonces era portavoz de la formación y después se convirtió en alcaldesa, cargo en el que continúa. En concreto, durante los años 2016, 2017 y 2018, se aprecian unas facturas mensuales de entorno a 500 euros, a los que se suman otros conceptos variables.

En 2015 los trabajos habían sido mucho más modestos, pues L'Espai arquitectura i interiorisme 21 SL había facturado únicamente 2.994 euros, de una sola vez. Pero a partir de 2016 la empresa comienza a facturar de forma continuada, y ya se aprecian los pagos mensuales, que se combinan con otras cantidades mayores, de 1.800 euros en algunas ocasiones, de 726 en otras y, finalmente, un último gran ingreso de 2.350 euros.

De nuevo, en 2017, hay un gran ingreso por valor de 5.929 euros con el concepto “trabajos anuales GM Partit Demòcrata”, y otros de menor cantidad, como dos facturas de 1.452 euros cada una por “posicionamiento SEO primer semestre 2017”. Finalmente, en 2018 vuelve a efectuarse un cobro trimestral de 1.452 euros, a los que se suman otros pagos variables hasta sumar 11.773 euros.

Infracción “muy grave” de transparencia

Este diario reclamó en abril de 2019 al ayuntamiento de la capital del Ebro las facturas, justificaciones y el informe de la intervención municipal de todas las subvenciones otorgadas a los grupos municipales en la última legislatura, sin obtener respuesta. Tras ello, la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en Catalunya, elaboró una resolución en la que requería al consistorio para que entregase esta documentación y le recordaba que los documentos eran información pública.

Pese a esto, el Gobierno municipal de Tortosa siguió haciendo oídos sordos a esta resolución vinculante, y se mantuvieron en el silencio administrativo durante meses. La presidenta de la Comisión llegó a enviar una carta a la propia alcaldesa a principios de este mes en la que le advertía que, de no cumplir con su mandato, la GAIP consideraría que había infringido la ley de transparencia.

Así ha acabado ocurriendo esta semana, cuando el pleno de la comisión ha puesto en marcha la vía sancionadora, reclamando al ayuntamiento de Tortosa que incoe un expediente por una sanción “muy grave”. Es todo lo lejos que puede llegar la Comisión, que no tiene capacidad sancionadora por sí misma, pero que apunta en su escrito a la infracción más grave posible, y que lleva aparejada sanciones que incluso pueden llegar al cese del responsable público.

Un portavoz del gabinete de la alcaldía de Tortosa afirmó que la razón por la que el Ayuntamiento no respondió a la petición de información realizada por este diario hace 10 meses fue un “error administrativo”, pues el consistorio vinculó esta solicitud a otra, que también reclamaba cuestiones sobre las subvenciones a los grupos. Así pues, según la versión del ayuntamiento, la administración municipal entendió por error que había resuelto la petición de eldiario.es cuando dio acceso a la información al otro reclamante.

Pero esta versión choca con el hecho de que la Comisión de Transparencia ha realizado varios avisos en diferentes momentos, la última el 12 de febrero de este año, reclamando al ayuntamiento que diera acceso a la información reclamada.

La alcaldesa subraya que todo es legal

En conversación con este diario, la alcaldesa de la localidad aseguró este jueves que toda la contabilidad del grupo de CiU-PDeCAT, incluyendo las facturas a nombre de la empresa de su cuñado, habían sido avaladas por el interventor municipal, lo que acreditaba que todo se había hecho dentro de la legalidad. “No tengo nada que esconder”, aseguró Roigé, que resaltó el hecho de que un grupo municipal puede contratar a la empresa que desee para realizar trabajos, al tiempo que consideró que un estudio de interiorismo está facultado para realizar tareas de comunicación.

La alcaldesa de Tortosa señaló además que otros grupos municipales como el de ERC habían tenido que devolver parte de las subvenciones cobradas, al no haber podido justificar que hubieran gastado la cantidad total recibida, mientras que su grupo había podido acreditar, gracias a las facturas emitidas por su cuñado, que había gastado todo el dinero que el ayuntamiento le había aportado.

Desde el principal grupo de la oposición, Movem Tortosa, denuncian que no es la primera vez que el gobierno de coalición entre JxCat y el PSC incurre en prácticas “contrarias a la transparencia” y “oculta información a los grupos”. La formación denuncia además que, pese que la Comisión de Transparencia reclamó al equipo de la alcaldesa remitir la petición a los grupos, Roigé no lo habría hecho. Movem asegura que no tienen inconveniente en que se conozcan sus justificantes que, de hecho, tienen publicados en su web.

Después de que este diario se pusiera en contacto con la alcaldía de Tortosa para recabar su versión sobre los hechos, el ayuntamiento notificó que Roigé había firmado un decreto de alcaldía en el que autorizaba a trasladar los informes de la intervención y el resto de documentos reclamados. Por el momento sin embargo la administración municipal sigue sin facilitar las facturas justificativas de los gastos del grupo municipal de CiU-PDeCAT.

Junts per Tortosa, la formación local de JxCat que gobierna en minoría el municipio catalán de Tortosa, ha votado este martes junto al PSC y Ciudadanos en contra de una moción de la CUP que reclamaba la retirada de diferentes vestigios franquistas que quedan en la localidad. El grupo municipal ha argumentado que el ayuntamiento no es competente para retirar algunos de los elementos señalados por la moción.

Los anticapitalistas reclamaban, en concreto, que se retirasen diversas placas del Instituto Nacional de Vivienda con el escudo de la Falange, además de la inscripción “caídos de Dios y por España” en un mausoleo del cementerio municipal. Además de esto, la moción pedía que el Ayuntamiento instara al Obispado de Tortosa retirar dos elementos religiosos con parafernalia franquista, situados en la catedral y en la propia calle.

La formación impulsora sin embargo no había incluido entre los elementos a eliminar la polémica escultura situada en el centro del río Ebro, que ha sido objeto de controversia entre los grupos municipales y que incluso llegó a ser objeto de una consulta popular. La CUP explicó que no incluyendo este monolito buscaba obtener apoyos suficientes para que la moción se aprobase, algo que finalmente no ha conseguido. ERC y Movem Tortosa sí han apoyado la iniciativa de los anticapitalistas.

El Gobierno municipal, por su parte, argumenta que han cumplido con la elaboración del catálogo de vestigios franquistas, tal como obliga la ley de Memoria Histórica. Además, desde JxCat consideran que el ayuntamiento no puede retirar simbología franquista que no se encuentre en dependencias municipales.

El reciente episodio sobre el monumento franquista de Tortosa vuelve a poner de manifiesto cómo el nacionalismo franquista más banal sigue muy presente en nuestra cultura política y jurídica.

Llueve sobre mojado. En Tortosa el gobierno municipal organiza una consulta sobre el futuro de un monumento que debería haber sido retirado hace años. En buscadores de internet se ofrece a los turistas una habitación en la hospedería de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El ministro del Interior utiliza ese mismo lugar para meditar. El Ministerio de Defensa homenajea a un aviador franquista.

Son noticias recientes que indignan a unos y que pasan desapercibidas para muchos. El denominador común es sin duda la naturalización del franquismo: la aceptación de la dictadura de cuarenta años y sus símbolos como natural y normal, junto con la percepción de la guerra civil como un “conflicto entre iguales” en el que “todos cometieron errores”. Se trata de un proceso que afecta a la sociedad y que se tolera, cuando no se impulsa, desde las instituciones públicas.

Este proceso no nos debe extrañar como tampoco el resultado de la consulta en Tortosa: la administración, española y catalana, no se pronuncia, no elabora mediante políticas de memoria o leyes un relato antifranquista. Ese vacío lo ocupa de manera natural el viejo discurso franquista, el que asume la dictadura y sus símbolos como parte del paisaje que no conviene modificar.

El problema viene de lejos. El legislador evitó, durante la transición, condenar la dictadura o restituir plenamente en sus derechos a las víctimas. Se impuso el silencio y lo que Bartolomé Clavero llamó “amnesia constituyente”. El Tribunal Constitucional en 1982 sancionó esta interpretación del pasado dando plena validez a todo el derecho franquista. Este silencio continuó durante la democracia. El Partido Socialista no aprobó ninguna norma reparadora a las víctimas, tampoco ninguna ley condenando el franquismo. En cambio, confirmó a destacados militares y policías del régimen anterior. Durante los años de Rodríguez Zapatero poco cambió esta situación: las sentencias del franquismo no se anularon y siguieron formando parte del ordenamiento, con lo que eso significa. No se llevó a cabo un programa de exhumación de fosas por parte del Estado, no se vigiló el cumplimiento de la ley y tampoco se impulsaron políticas públicas de memoria, más allá de la creación de un centro documental en Salamanca.

El resultado ha sido un silencio jurídico y político sobre el franquismo y la guerra civil creado desde 1977 hasta hoy. Y con el derecho y con la cultura sucede como con la física de fluidos: un espacio vacío tiende a ser ocupado por la materia en cualquier forma. En el caso del derecho español, el legislador dejó un vacío: prefirió no pronunciarse sobre el franquismo. Pero viniendo de donde veníamos -una larga dictadura con un eficiente sistema de propaganda y un potente proyecto nacionalizador- ese vacío, ese silencio, fue ocupándose por el relato franquista ya existente: el que se inició con el mito de la Cruzada en 1936 y reformado en 1966 con el de la falsa paz y la falsa reconciliación. Ahora, cuarenta años después, ese discurso está aceptado, normalizado y naturalizado gracias a la inacción del Estado democrático.

Al no haber ni condenas del franquismo ni persecución de su apología, ni principios antifascistas que informen el derecho, es fácil que el nacionalismo franquista en su manifestación más banal se vaya colando en la cultura jurídica y política. Así, el monumento de Tortosa fue protegido como elemento del patrimonio cultural de Cataluña y después su mantenimiento se somete a consulta sabiendo que está asumido como natural. Cuarenta años de silencio y la inactividad de la administración catalana, incluido el Memorial Democràtic, permiten que el viejo discurso se desarrolle.

¿Son las instituciones españolas por completo desmemoriadas? En absoluto. El Estado también intenta moldear la identidad colectiva y la imagen de España en el extranjero mirando al pasado. Paralelamente a la naturalización del franquismo el Estado intenta participar de lo que algunos llaman “la memoria cosmopolita”: la de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

La LOMCE, la reforma del Código penal que castiga la negación del Holocausto o la reciente ley que otorga la nacionalidad española a los sefarditas son ejemplos de ello. Pero son normas que presentan un relato incompleto y parcial: se recuerda el Holocausto y se incluye en los curricula, pero se calla sobre la complicidad de Franco y Hitler, sobre los deportados republicanos a los campos nazis o sobre la desnacionalización por parte del Gobierno de judíos españoles. Se habla de nazismo, silenciando que este fue fundamental para la victoria franquista.

De nuevo, el legislador español crea normas y transmite principios y valores mediante las palabras que dice, pero también mediante los silencios.

En definitiva, el episodio de Tortosa es consecuencia de años de silencios y de tolerancia con el discurso de los vencedores de la guerra civil: cuando el Estado no crea un relato sobre el pasado franquista está permitiendo que su espacio lo aproveche el viejo relato franquista. Los otros creadores de la campaña XXV Años de Paz sabían lo que hacían: adaptar el discurso franquista para hacerlo más duradero.

El Ayuntamiento de la ciudad del Ebro tiene ahora el encargo de “reinterpretar y recontextualizar” el monumento. Que no nos extrañe a los ciudadanos y a las instituciones catalanas el resultado que ese proyecto pueda tener. Porque en el derecho, como en toda comunicación, quien calla otorga.

La historia del monumento franquista más grande de Catalunya, situado en el municipio de Tortosa, podría no tener su punto final en la consulta celebrada el pasado fin de semana, donde los tortosinos votaron por mantenerlo. El abogado madrileño Eduardo Ranz ha interpuesto una denuncia contra el ayuntamiento de la localidad del Baix Ebre por no retirar la escultura de exaltación fascista.

El denunciante, que ha presentado otras denuncias contra alcaldes y municipios que no cumplen la ley de memoria histórica, considera en un escrito enviado a los juzgados de Tarragona que mantener el monumento en su actual emplazamiento es un “incumplimiento manifiesto” de la ley, que obliga a retirar cualquier objeto que conmemore y exalte la sublevación militar, la guerra y la dictadura. Además, señala que el ayuntamiento tampoco ha elaborado el catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura preceptivo en la ley, por lo que reclama que se lleve a cabo.

Ranz reclama al juzgado tarragonense que cite a testificar al alcalde de Tortosa, Ferran Bel, a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y al secretario general técnico del Ayuntamiento de Tortosa. El abogado recuerda que ya envió una petición el pasado 20 de febrero tanto al consistorio de la localidad como a la Generalitat reclamando el cumplimiento de la Ley de memoria histórica en lo relativo al monumento de Tortosa, a la que se le respondió asegurando que se solucionaría a lo largo de 2016. Considera que no ha ocurrido como se le indicó.

El municipio del Baix Ebre decidió mantener la escultura el pasado domingo por en una consulta en la que participaron 8.464 personas, el 68% en contra de la retirada. Ranz considera que, en virtud del artículo 15.1 de la ley de memoria histórica, según el cual las “administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, el municipio no puede mantener el monumento, independientemente del resultado de la consulta.

En el caso de la estatua de Tortosa, situada en medio del río Ebro a su paso por la localidad, se trata de un monumento conmemorativo de la batalla del Ebro y sus combatientes del bando sublevado, con una inscripción que hace referencia explícita a su exaltación.

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel (Convergència), ha anunciat aquest dimecres que votarà a favor de “mantenir, reinterpretar i contextualitzar” el monument franquista de la localitat en la consulta que se celebrarà aquest dissabte. Els veïns de Tortosa podran triar entre dues opcions, la A, que consisteix a retirar el monument per al seu posterior museïtzació, i la B, que consisteix a mantenir el monument i reinterpretar-lo.

El citat monument, en memòria de la Batalla de l'Ebre, és un gran monòlit que es troba enmig del riu al seu pas per aquesta localitat. L'alcalde ha explicat que “mantenir i contextualitzar” el monument franquista significa “explicar com es va fer, que va ser inaugurat fa 50 anys pel dictador i incloure una explicació del moment que es va viure a Tortosa”. “No és retre un homenatge sinó un reconeixement a la memòria històrica i dedicar-lo a la pau”, ha reblat en declaracions a TV3.

Mentre l'alcalde i cinc regidors de CiU –la federació encara conserva les sigles als municipis– votaran per mantenir el monument, dos representants d'aquest grup són partidaris de la seva retirada. Bel ha subratllat que, més enllà del seu posicionament, el govern municipal treballarà per materialitzar “com més aviat possible” el resultat de la consulta. Junts pel Sí ja es va dividir al Parlament en una votació sobre aquest monument. ERC es va abstenir i diversos independents van votar a favor d'una moció de la CUP que instava a retirar el monument de forma immediata, mentre que CDC hi va votar en contra.

La consulta se celebrarà el proper dissabte entre les nou del matí i les vuit del vespre i estan cridats a les urnes, d'acord amb la Llei de Consultes no referendàries, tots els ciutadans majors de 16 anys empadronats al municipi.

El alcalde de Tortosa, Ferran Bel (Convergència), ha anunciado este miércoles que votará a favor de “mantener, reinterpretar y contextualizar” el monumento franquista de la localidad en la consulta que se celebrará este sábado. Los vecinos de Tortosa podrán elegir entre dos opciones, la A, que consiste en retirar el monumento para su posterior musealización, y la B, que consiste en mantener el monumento y reinterpretarlo.

El citado monumento, en memoria de la Batalla del Ebro, es un gran monolito que se encuentra en medio del río a su paso por esta localidad. El alcalde ha explicado que “mantener y contextualizar” el monumento franquista significa “explicar cómo se hizo, que fue inaugurado hace 50 años por el dictador e incluir una explicación del momento que se vivió en Tortosa”. “No es rendir un homenaje sino un reconocimiento a la memoria histórica y dedicarlo a la paz”, ha remachado en declaraciones en TV3.

Mientras el alcalde y otros cinco concejales de CiU –la federación todavía conserva las siglas en los municipios– votarán por mantener el monumentos, otros dos representantes de este grupo son partidarios de su retirada. Bel ha subrayado que, más allá de su posicionamiento, el gobierno municipal trabajará para materializar “lo antes posible” el resultado de la consulta. Junts pel Sí ya se dividió en el Parlament en una votación sobre este monumento. ERC se abstuvo y varios independientes votaron a favor de una moción de la CUP que instaba a retirar el monumento de forma inmediata, mientras que CDC votó en contra.

La consulta se celebrará el próximo sábado entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde y están llamados a las urnas, de acuerdo con la Ley de Consultas no referendarias, todos los ciudadanos mayores de 16 años empadronados en el municipio.

Algunes àrees de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa estan inoperatives i nombroses habitacions estan tancades. Aquest fet es produeix mentre es mantenen les llargues llistes d’espera a l’hospital i amb un servei d’urgències sovint proper al col·lapse, que, durant els propers mesos, es veurà agreujat per la incidència de la grip. El tancament de plantes per mitjà d'uns aparatosos cadenats que n’impedeixen l’accés deixa, a més, inoperatives les sortides, en cas d’emergència o evacuació.

El director territorial del Servei Català de la Salut, Albert Gómez, justifica que no estiguin operatius tots els llits amb l’argument que “no es tanquen, es gestionen”. Alhora assegura que els llits poden ser operatius en qualsevol moment, ja que les tomes d’oxigen, per exemple, poden ser activades si és necessari. La realitat és, però, que les habitacions tancades estan desproveïdes d’equipaments o no compten amb llits i d’altres materials.

La direcció del centre insisteix que a l’hospital “no s'hi tanca cap planta”, i que part dels llits no es poden fer servir perquè s’estan fent o es faran obres al recinte, un argument que, ha servit, en ocasions, per exemple a l'Hospital de Bellvitge, per no reobrir tots els que es van tancar durant l'estiu en anys anteriors.

A l’Hospital Verge de la Cinta hi va haver crítiques, com a molts altres hospitals catalans, pel tancament de llits l’estiu passat. Sindicats, treballadors i usuaris van denunciar que dels 237 llits de l’hospital se’n van tancar 76, un 32%, i que dels set quiròfans habituals només en van estar funcionant dos durant el mes d’agost. Això va provocar que alguns dels pacients que arribaven a urgències i havien de ser intervinguts de manera urgent, haguessin de romandre en lliteres als passadissos.

D’altra banda, la tendència a incrementar l’activitat de la cirurgia menor ambulatòria (intervencions que cursen alta sense ingrés hospitalari) fa que el retorn d’aquests pacients al seu domicili permeti estalviar diners a l’hospital, però incrementa les despeses i la càrrega sobre ells i els seus familiars. Aquest fet és especialment greu en els casos de persones d’edat avançada o amb mobilitat reduïda, on l’entorn domiciliari no és precisament el més idoni per tenir-ne cura.

Nombrosos pacients han denunciat que les hospitalitzacions domiciliàries són precipitades i que sovint han hagut de reingressar al centre sanitari a través del servei d’urgències per recuperar-se adequadament.

Obrir llits suposaria contractar més personal sanitari i l’administració de la Generalitat no aposta, precisament, per augmentar la despesa en aquest capítol, ni tan sols mantenir-la. De fet, la direcció de l’hospital presenta el tancament de llits com un èxit davant els nivells superiors d’administració de la Generalitat.

Les Terres de l’Ebre presenten, a més, una distribució territorial que agreuja les conseqüències del tancament de llits i la reducció de serveis. Es tracta d’un territori gran i dispers, amb moltes petites poblacions allunyades de les capitals comarcals on es troben els centres hospitalaris. La població de referència és d’unes 200.000 persones distribuïdes en un territori de 3.300 quilòmetres quadrats, que representa el deu per cent de Catalunya. A més, com recollia un article publicat per aquest diari, el nou model de gestió del transport sanitari a les terres de l'Ebre ha aixecat crítiques entre usuaris i treballadors ja que segons diuen el model ara vigent compta amb menys ambulàncies. 

Als usuaris de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa els costa d’entendre que hi hagi pacients en lliteres als passadissos del servei d’urgències, que no se’ls ingressi en una habitació del centre o se’ls derivi a un altre centre hospitalari quan hi ha equipaments i habitacions tancades al propi centre. Entre 2011 i 2014, l’Hospital Verge de la Cinta va rebre 1.142 reclamacions per part dels usuaris, només superat per l’Hospital de Bellvitge (2.693), Vall d’Hebron (2.514) i Joan XXIII (2.488). Una reclamació per cada 175 habitants, molt per sobre de la proporció corresponent a la resta dels grans hospitals més grans de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Una sanitaria del Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa tuvo que luchar, el pasado mes de marzo, para que su contagio de gripe fuera reconocido como enfermedad profesional. Aunque era evidente que lo había sufrido en el ejercicio de su función laboral, tuvo que vencer la resistencia de MC Mutual que le negaba ese reconocimiento.

La profesional contagiada lo notificó a la unidad de salud laboral correspondiente y el médico de vigilancia de la salud le informó de que la mutua sólo aceptaba casos en los que quedara demostrado el contagio paciente / trabajador y únicamente en el caso de gripe A - H1N1. Y así lo hizo constar en el acta que firmó, en la que descartaba que se tratara de una enfermedad profesional.

La realidad es, sin embargo, que la legislación vigente determina que todas las variantes de la gripe A, B y C pueden ser enfermedad profesional en razón del trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se haya probado un riesgo de infección. En este caso era evidente que el contagio estaba vinculado al trabajo de la sanitaria con personas infectadas por el virus de la gripe.

La existencia del riesgo biológico en el lugar de trabajo viene determinada por la propia actividad del personal que trabaja en centros sanitarios en contacto con los pacientes, tanto en la atención directa como en el acompañamiento. Este riesgo también se da por la proximidad a materiales y superficies que han estado en contacto con los enfermos y a las maniobras sanitarias invasivas o no invasivas realizadas con ellos. Este riesgo está asociado también a la concentración de personas en un centro de trabajo sanitario con gran incidencia de pacientes contagiados.

Sin embargo, el médico de MCMutual no quiso reconocer el contagio de la sanitaria como enfermedad profesional y le recomendó que pidiera la incapacidad temporal a través de su médico de cabecera. La sanitaria, sin embargo, recopiló toda la información legal que justificaba su reclamación y la hizo llegar a la Dirección General de la Mutua que finalmente, aceptó la contingencia como “accidente de trabajo con baja”.

La sanitaria cree que hay que ir más allá y reconocer abiertamente que se trata de una enfermedad profesional y no buscar el subterfugio de “accidente de trabajo con baja” y se pregunta porque tuvo que ser ella y no el médico de empresa, quien defendiera un hecho tan incontestable como que el contagio de gripe de un sanitario se incluye en los casos que la ley determina como enfermedad profesional.

Ahora anima a todos los profesionales del sector sanitario que se hayan encontrado en una situación similar a que presenten la reclamación correspondiente ya que intuye que se puede estar ante una estrategia de empresa para ahorrar gastos de forma irregular, con la excusa injustificable de desconocimiento del ordenamiento legal que considera la gripe como causa de enfermedad profesional.

Una sanitària de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va haver de lluitar, el passat mes de març, perquè el seu contagi de grip fos reconegut com a malaltia professional. Tot i que era evident que l’havia sofert en l’exercici de la seva funció laboral, va haver de vèncer la resistència de MC Mutual que li negava aquest reconeixement.

La professional contagiada va notificar-ho a la unitat de salut laboral corresponent i el metge de vigilància de la salut li va informar que la mútua només acceptava casos en els que quedés demostrat el contagi pacient/treballador i únicament en el cas de grip A - H1N1.  I així ho va fer constar en l’acta que va firmar, on descartava que es tractés d’una malaltia professional.

La realitat és, però, que la legislació vigent determina que totes les variants de la grip A, B i C poden ser malaltia professional en raó del treball de les persones que s’ocupen de la prevenció, assistència mèdica i activitats en les que s’hagi provat un risc d’infecció. En aquest cas era evident que el contagi estava vinculat al treball de la sanitària amb persones infectades pel virus de la grip.

L’existència del risc biològic en el lloc de treball ve determinada per la pròpia activitat del personal que treballa en centres sanitaris en contacte amb els pacients, tant en l’atenció directa com en l’acompanyament. Aquest risc també es dóna per la proximitat a materials i superfícies que han estat en contacte amb els malalts i a les maniobres sanitàries invasives o no invasives realitzades amb ells. Aquest risc està associat també a la concentració de persones en un centre de treball sanitari amb gran incidència de pacients contagiats.

Tot i això, el metge de MCMutual no va voler reconèixer el contagi de la sanitària com a malaltia professional i li va recomanar que demanés la incapacitat temporal a través del seu metge de capçalera. La sanitària, però, va recopilar tota la informació legal que justificava la seva reclamació i la va fer arribar a la Direcció General de la Mútua que finalment, va acceptar la contingència com a “accident de treball amb baixa”.

La sanitària creu que cal anar més enllà i reconèixer obertament que es tracta d’una malaltia professional i no buscar el subterfugi de “accident de treball amb baixa” i es pregunta perquè va haver de ser ella i no el metge d’empresa, qui defensés un fet tant incontestable com que el contagi de grip d’un sanitari s’inclou en els cassos que la llei determina com a malaltia professional. 

Ara anima a tots els professionals del sector sanitari que s’hagin trobat en una situació similar que presentin la reclamació corresponent ja que intueix que es pot tractar d’una estratègia d’empresa per estalviar despeses de forma irregular, amb l’excusa injustificable de desconeixement de l’ordenament legal que considera la grip com a causa de malaltia professional.

La segunda parada de la Copa de España de Escalada de Dificultad se celebro este pasado fin de semana en Tortosa, Tarragona. Un evento organizado de nuevo por la Unió Excursionista de Tortosa, tal como hizo con la Copa de España de Bloque en el mes de marzo. Se trata de un Club activo, motivado y, que además, disfruta y utiliza una instalación deportiva municipal que tiene un interesante rocódromo para la celebración de estas pruebas.

Las clasificatorias resultaron complicadas y difíciles para todos los participantes en donde tuvieron que apretar al máximo para superar los pasos largos y difíciles propuestos por los equipadores de las vías. Prueba de ello es que Ramon Julián no llegó a hacer top en ninguna de las dos vías propuestas, pasando a la final en séptima posición.

Sin embargo, en la final todo marchó de una forma un poco distinta, ya que la vía fue muy difícil y compleja y tan solo Ramon Julián consiguió llegar al top de la vía. Javi Cano y Dani Moreno demostraron igualmente un gran nivel de acierto y buena forma física y lograban la segunda y tercera posición respectivamente.

También en la categoría femenina hubo mucha rivalidad e igualdad, aunque al final una motivada y experimentada Irati Anda se alzó con el triunfo final por delante de Helena Alemán y Eilleen Jubes.

Terminadas las vacaciones de pascua, vuelve la escalada con la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad, dos semanas después del inicio de la misma, con la celebración de la segunda etapa en Tortosa (Tarragona) y más concretamente en el pabellón municipal del municipio.

Mañana 11 de abril tendrá lugar el inicio de la competición con las dos vías de semifinales a las que se enfrentarán los competidores. Serán dos rutas propuestas por los equipadores de la prueba, que en este caso tendrán a Edu Marín y Felix Obrador como responsables. Este año, y siguiendo la tendencia de las competiciones internacionales, los atletas escalan dos vías, que serán las que determinarán los ocho elegidos y elegidas para pasar a la final.

A las 19h de la tarde tendrán lugar las finales en categoría masculina y femenina, que determinaran los puestos de la clasificación, tanto de la prueba como la acumulada de la Copa de España de Dificultad. A día de hoy hay tres hombres que parecen estar un peldaño por encima de los demás a nivel de forma: Javi Cano, Dani Moreno y, cómo no, Ramon Julián. Los tres escaladores dominaron la pasada competición en Dock39 Puerto Venecia (Zaragoza) y deben ser los nombres a tener en cuenta de cara a la clasificación general. Aún así, también hay que contar con otros posibles protagonistas como Marco Jubes, que no compitió en la prueba de debut debido a que fue uno de los equipadores. En categoría femenina el triunfo parece aún más abierto, todo depende de la presencia o no de Maud Ansade, en un gran estado de forma, y en como llegue a Tortosa la aragonesa Eileen Jubes, dominadora del circuito nacional en los últimos años. Las vascas Irati Anda y Zuriñe Arrue, así como la catalana Helena Alemán también están en las quinielas.

Como viene siendo habitual en estas competiciones, domingo se celebrará la competición en edad juvenil. Hasta seis categorías competirán en lo que supone ver a las mejores promesas nacionales escalando juntos para poder demostrar quien realmente tiene futuro en esto de la escalada de competición.

Este fin de semana se celebró en Tortosa, Tarragona, la segunda prueba de la Copa de España de Escalada en Bloque organizada por la Unió Excursionista de Tortosa con muy buenas propuestas de bloques gracias a la infraestructura de la Federació d’Entitats Excursionistas de Catalunya (FEEC) y a la mano de los equipadores responsables en esta ocasión, Marco Jubes, Helena Alemán y Félix Obradó, que supieron encontrar la fórmula de la dificultad, el disfrute, el espectáculo y la pluralidad de movimientos, combinando fuerza, destreza, equilibrio, inteligencia, presas variadas y muchos volúmenes. La prueba tuvo casi 60 participantes en la Copa de España (18 en la categoría femenina y 39 participantes en la masculina) y el organizador dispuso como servicio a los competidores un espacio gratuito de fisioterapia para ellos.

Las semifinales ya fueron muy exigentes para todos y a nivel físico se hizo notar el ingente esfuerzo de los competidores. En categoría femenina destacó la francesa Maud Ansade, que sin duda está un paso por delante de las demás competidoras. En categoría masculina estuvo todo más igualado, Jonathan Flor, Samuel Calvente, Cristian Gutiérrez, Javier Cano, Eric López, Simón Baltes, Sergio Verdasco y Carlos Catarí estuvieron luchando por las posiciones de medalla desde el comienzo. También destacó la presencia de Ramon Julián, que empezó a rodar en esta nueva temporada de competiciones 2015 y que ha introducido en sus entrenamientos las competiciones de bloque para mejorar en su “performance” en dificultad. Ramon se quedó muy cerca de pasar a finales, pero sus compañeros de competición y en algunos casos de Selección Española, son más especialistas en esta materia y por tanto superiores a él.

La final masculina estuvo muy igualada con solo 3 participantes resolviendo uno de los bloques, aunque curiosamente nunca el mismo. El número de intentos fue lo que finalmente ordenó la tabla y el podio final en Tortosa. El extremeño Javier Cano estuvo muy inspirado, concentrado, acertado y fuerte y ello le valió la primera posición, seguido del valenciano Jonatan Flor y el madrileño Eric López; nadie más pudo resolver ni un solo bloque.

En lcategoría femenina, Maud Ansade, siempre muy superior al resto, cumplió con las expectativas y se hizo con el primer lugar al hacer top en tres bloques. Por detrás quedaron Itziar Zabala con dos bloques resueltos y María Alarcón con un solo bloque.