La situación de crisis en Cuba ha llevado a la acción a los gobiernos de España, Brasil y México durante el encuentro de los jefes de gobierno de los tres países en Barcelona este sábado con la emisión de un comunicado conjunto a última hora del día en defensa del derecho internacional.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación”, arranca el comunicado conjunto de los tres países, que solicitan que se eviten las acciones que “agravan las condiciones de vida de la población” o aquellas que son contrarias al Derecho Internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se compromete, junto a Brasil y a México, a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”. El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por ser el que más apoyo humanitario ha ofrecido a la isla, ya fuera en forma de alimentos, medicamentos, bienes de primera necesidad o incluso petróleo.

Los gobiernos de Sánchez, Sheinbaum y Lula reiteran además la necesidad de mantener el respeto al Derecho Internacional así como los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Los tres países reafirman así mismo en el comunicado conjunto el compromiso “irrenunciable” con los derechos humanos, los valores democráticos o el multilateralismo. Para ello, hacen un llamamiento a un diálogo “sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional” y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El objetivo de este diálogo, aseguran los gobiernos de los tres países, debe ser “encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”.

Durante el foro de líderes progresistas de este fin de semana en Barcelona, la mayoría de líderes han advertido ante el incremento de los conflictos a nivel mundial, especialmente tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus amenazas tanto comerciales como militares o territoriales.

Lula da Silva ha alertado de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, pero también Claudia Sheinbaum, que ha impulsado esta declaración para evitar una incursión militar en Cuba. El sudafricano Ramaphosa, por su parte, ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas.

Cuba agradece la solidaridad

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció esta madrugada el “digno y solidario” comunicado de Brasil, España y México ante el “recrudecimiento” del bloqueo de Estados Unidos a lo que describe como “niveles extremos” y al actual “cerco energético” y las “constantes” amenazas de la Administración Trump.

Rodríguez incidió en la necesidad de respetar la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, así como los principios de la libre determinación de los pueblos, el respeto a la independencia y la soberanía y pidió abstenerse en las amenazas y el uso de la fuerza.

En el último año se ha registrado un número récord de iniciativas legislativas destinadas a bloquear acciones militares, ya sea amenazas o ejecutadas por el gobierno de Trump, consideradas ilegales o inconstitucionales. La lista incluye la decisión del presidente Trump de emprender una guerra contra Irán. Algunas de estas iniciativas en el Congreso dieron lugar a votaciones muy ajustadas en la Cámara Baja y en el Senado.

Ahora contamos con una iniciativa legislativa presentada en el Senado para “ordenar el retiro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades dentro o contra la República de Cuba que no hayan sido autorizadas por el Congreso”. Fue presentada el 12 de marzo por tres senadores demócratas, y la misma legislación fue presentada en la Cámara de Representantes el 24 de marzo por la representante Nydia Velázquez (D-NY).

Las hostilidades se refieren al bloqueo estadounidense que actualmente impide que casi todo el petróleo llegue a Cuba, tal como explica la legislación. El principal argumento es que la participación militar estadounidense en este bloqueo es inconstitucional a menos que sea autorizada por el Congreso. Es similar al argumento constitucional planteado sobre la autoridad presidencial para declarar otras guerras. Sin embargo, el bloqueo estadounidense a Cuba, combinado con las sanciones que lo sostienen, plantea aspectos adicionales que pueden ser aún más condenatorios.

El Gobierno de Estados Unidos está directamente involucrado en un castigo colectivo contra la población de Cuba, algo ampliamente documentado. El castigo colectivo de civiles, cuando ocurre durante un conflicto armado, es una violación de la Cuarta Convención de Ginebra y puede ser sancionado como un crimen de guerra.

Las Convenciones de Ginebra están entre los instrumentos legales más aceptados dentro del derecho internacional, y han sido adoptadas por todos los países.

Es fácil ver, a partir de los acontecimientos recientes, que las actuales sanciones económicas contra Cuba constituyen un castigo colectivo. 

El corte por parte de Estados Unidos de los cargamentos de petróleo dirigidos a Cuba ha tenido consecuencias mortales. Más del 90 por ciento de la electricidad en Cuba depende normalmente de combustibles derivados del petróleo, y los hospitales han sido golpeados de manera especial a medida que los apagones se agravan. La semana pasada, el diario The New York Times reportó, tras hablar con doctores, que “el rápido deterioro de condiciones en los hospitales y clínicas a lo largo de Cuba estaba causando muertes que de otra manera serían prevenibles”. La escasez de combustible impide a médicos y enfermeras llegar a sus sitios de trabajo y los hospitales cancelan cirugías y posponen vacunaciones para niños y tratamientos que salvan vidas, tales como diálisis renales y terapias con radiación.

Con el paso del tiempo, estos daños se reflejan en las estadísticas nacionales. Un artículo publicado en una revista pediátrica británica a comienzos de año describe cómo el recrudecimiento de sanciones sobre Cuba desde 2017 provocó más del doble de la mortalidad infantil durante la última década. Las sanciones han causado escasez de medicinas, equipos, combustible, alimentos y electricidad, así como brotes de enfermedades que habían sido erradicadas.

El Gobierno de Estados Unidos castiga colectivamente a civiles en docenas de países al imponer sanciones económicas unilaterales y amplias. Un estudio publicado por The Lancet Global Health en agosto, de mi autoría, estimó que 564.000 personas mueren anualmente como resultado de esas sanciones. La mayoría son impuestas por Estados Unidos. Es una cifra comparable a las muertes anuales en el planeta provocadas por conflictos armados.

Pero estas acciones de castigo colectivo comúnmente no pueden ser llevadas a juicio como crímenes de guerra según las Convenciones de Ginebra, ya que las convenciones solamente cobran vigencia cuando existe un conflicto armado. Expertos de Naciones Unidas han alegado durante muchos años que aquello que se considera como un crimen cuando hay soldados y disparan y bombardean, también debería ser un crimen cuando los soldados no disparan ni bombardean. 

Aquí viene a colación el bloqueo a Cuba. Es un conflicto armado, porque Estados Unidos ha estado utilizando la fuerza militar para mantener el bloqueo. Ello significa que el actual castigo colectivo de los civiles cubanos legalmente constituye un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra.

El domingo, The New York Times reportó que Estados Unidos permitirá a un tanquero ruso entregar petróleo a Cuba esta semana, el primer envío a esa nación desde el 9 de enero. Su refinación y distribución tardará varias semanas y el combustible podría durar escasas semanas una vez empiece a consumirse.

Pero no parece ser un paso hacia el fin de las sanciones o el bloqueo estadounidense contra Cuba. Y Trump continúa amenazando con una intervención militar por etapas para implementar el “cambio de régimen” que el Gobierno estadounidense ha procurado durante más de 60 años. Trump dijo el viernes refiriéndose al Ejército: “A veces tienes que usarlo. Y Cuba es el próximo, por cierto”.

Entretanto, el Gobierno de Trump está infligiendo un castigo colectivo a algunas de las docenas de naciones que dependen de las misiones médicas internacionales de Cuba. Durante décadas, a Habana ha enviado doctores y otros profesionales de la salud a otros países para ofrecer atención médica y entrenamiento. En 2016, hubo más de 50.000 profesionales cubanos de la salud en 67 países. Hay muchos artículos en publicaciones académicas y médicas que han elogiado el éxito del programa, por ejemplo, al llevar atención médica a “comunidades vulnerables y desatendidas” y a lugares “donde los médicos locales no trabajan”, incluyendo áreas rurales remotas.  

Ahora Trump ha estado amenazando a esos países para obligarlos a abandonar los programas cubanos, dejando así a miles de personas, o más, sin atención médica. Es una indiferencia cruel y asombrosa por esas vidas, y todo para castigar a Cuba, una nación que no representa amenaza alguna a la seguridad de Estados Unidos.

Las sanciones económicas amplias son salvajes, como los asedios medievales que provocaban hambre en una población para obligarla a rendirse. En lugar de acero y fuego, las armas mortíferas de la actualidad son computadoras desplegadas a lo largo del sistema financiero internacional, el cual está dominado por Estados Unidos y su divisa.

Estas sanciones se cobran las vidas de bebés y niños de manera desproporcionada. Se estima que un 51 por ciento de las muertes provocadas por sanciones en el estudio ya mencionado de Lancet Global Health eran niños menores de cinco años.

Las sanciones se han convertido en lo que el Departamento estadounidense del Tesoro llama “la herramienta de primera instancia” para temas de “seguridad nacional”. Esto puede deberse a que la violencia económica dirigida a civiles es menos obvia que la violencia del conflicto armado.

Muy pocos estadounidenses saben que las sanciones económicas unilaterales, la mayoría de las cuales son impuestas por Estados Unidos, se cobran cientos de miles de vidas inocentes cada año. No saben que estas sanciones están dirigidas a la población civil; su Gobierno les dice que las sanciones golpean a los “hombres malos”. Aunque los funcionarios estadounidenses también han repetido públicamente lo que suele quedar en silencio sobre cómo las sanciones pueden causar sufrimiento y malestar que lleven a la gente a las calles para provocar el cambio de régimen que Washington busca.

Invocar las Convenciones de Ginebra y enjuiciar a funcionarios estadounidenses por el uso de sanciones es una posibilidad en el futuro, ya sea ante una corte nacional, un foro internacional o alguna otra instancia con jurisdicción. Pero en lo inmediato, a medida que más personas en Estados Unidos, incluyendo a miembros del Congreso, y en otros países, conciben esta violencia económica letal y castigo colectivo como un crimen de guerra, será más difícil para el Gobierno estadounidense cometer estos crímenes. Un proceso similar ya ha avanzado en torno a las resoluciones de poderes de guerra del pasado año y desde 2018.

Trump ha actuado, en términos generales, como si él pudiera ignorar la ley y la Constitución, pero eso no es sostenible. La decisión que la Corte Suprema emitió el 20 de febrero removió una gran parte de su poder para usar aranceles como sanciones y castigo. Entre otros actos de extorsión, esa era un arma importante que él usaba para imponer el bloqueo contra Cuba. Incorporar las Convenciones de Ginebra y la prohibición que ellas establecen a los crímenes de guerra en la lucha contra las sanciones económicas letales puede elevar los costos legales y políticos de aplicarlas. Asimismo, envía una advertencia a los responsables de que ellos también podrían ser llamados a rendir cuentas.

Hay un consejo que siempre recibía todo el que preguntaba por los trámites que podría ir avanzando de cara a la regularización extraordinaria: “Ve pidiendo los antecedentes [en referencia al certificado de carencia de estos]”. Se lo dijeron a Luisa, colombiana que celebró la medida desde el primer día. A Jhon, quien contaba sentado en un banco de Plaza Elíptica, esperando conseguir algún trabajo temporal para sacarse el jornal, que ya había conseguido el documento tras solicitarlo semanas atrás para “ya tenerlos listos y apostillados”. También Oussama, un marroquí que había preparado la documentación cuando fue encerrado en un CIE. Había solicitado el certificado que prueba la carencia de antecedentes en su país, Marruecos, pero aún no le había llegado. 

Carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria, pese a los muchos bulos extendidos por la extrema derecha. Probar dicha inexistencia de delitos, sin ambargo, no siempre es fácil.

Dependiendo de la nacionalidad de los migrantes, los plazos pueden alargarse durante meses o incluso años, según distintos testimonios de migrantes recogidos durante años por elDiario.es y los abogados que los acompañan. A sabiendas de esta situación, y para evitar quedarse sin optar a la medida por un retraso burocrático que no depende de ellos, muchos extranjeros solicitaron ya hace semanas sus certificados, aunque otros no lo han hecho por miedo a la caducidad de estos (en ocasiones tienen que hacer encajes de bolillos para cuadrar los plazos) antes de la aprobación del real decreto o, directamente, no tenían aun la manera para hacerlo, porque sus autoridades no lo ponen fácil.

Por ejemplo, si bien las embajadas de Colombia o Perú suelen funcionar de forma ágil y sencilla y, en poco tiempo, emiten estos documentos; las autoridades de otros países como Cuba, Nigeria o Mali no lo facilitan, en algunos casos motivadas también por su propio contexto social. Por eso, la norma ha abierto una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, a sabiendas de que es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos o nunca lleguen.

En estos casos, el solicitante podrá pedir (a través de un certificado de haber pedido el documento y una declaración responsable) al Gobierno su intervención a través de la vía diplomática. Es decir, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, podrá mover sus hilos y contactos para hacer presión a las administraciones extranjeras de turno con le objetivo de lograr una respuesta durante un plazo extra de tres meses más, en los que las solicitudes afectadas quedarán paralizadas.

“Algunos de ellos mucha dificultad. Sobre todo aquellos que necesitan que luego sean legalizados los certificados, suele ser complicado. Además de Nigeria, otros como Mali o Burkina Faso tienen muchos problemas y retrasan mucho el proceso”, indica el abogado experto en inmigración Felipe Garoña, presidente de la Asociación Extranjeristas en Red. Los solicitantes de asilo que sufren persecución en sus países de origen (pero no han recibido protección en España y buscan vías alternativas de regularización) se pueden encontrar con que sus autoridades rechazan la emisión de estos documentos. “Tengo algún cliente en esa situación, que directamente los autoridades de sus países no se lo pueden emitir porque esas peticiones están bloqueadas”, añade el letrado que considera una buena solución la vía extraordinaria abierta por el Gobierno para ayudar a los migrantes que encuentren problemas en la justificación de la falta de antecedentes por parte de terceros países.

“Ese apoyo por vía diplomática, en el caso de que no se pueda obtener por su cuenta es bastante oportuna para no dejar a estas personas en una situación de estancamiento”, analiza Garoña.

Las misiones policiales de Nigeria

Entre los ciudadanos que tienen más papeletas para acabar solicitando el apoyo del Gobierno se encuentran aquellos que proceden de algunos países subsaharianos- En concreto, todos los abogados citan Nigeria como uno de los Estados que más complica dicho trámite. La razón: el país africano no permite cumplir con este trámite en sus propias embajadas, sino que obliga a sus ciudadanos emigrados a viajar a Nigeria para ello, dado que exige que las huellas dactilares se tengan que tomar en el propio país.

Y, como hay gente que no puede viajar a Nigeria, menos aún si no tienen papeles, sus autoridades organizan cada cierto tiempo una misión diplomática por la que vienen agentes policiales nigerianos a diversos puntos de España para que sus ciudadanos puedan realizar diversos trámites en suelo español, entre ellos, la solicitud de antecedentes. Sus nacionales, por tanto, se deben organizar también para liberar ese día y organizar en ocasiones un traslado a las ciudades donde se celebrarán dichos encuentros.

Este tipo de trabas desencadenan casos tan delirantes como el de Lola: una mujer que nació en España, donde vivió toda su vida. De padre nigerianos, heredó la nacionalidad de su progenitor pero, cuando era adulta y empezó a intentar pedir la nacionalidad, se encontró con un impedimento: debía demostrar la carencia de antecedentes en un país que ni había pisado. Pensó que era un trámite automático, pero pronto se encontró una odisea de años para lograr ese papel.

Durante meses, ella y su padre tuvieron que estar pendiente de Facebook para saber cuándo iba a viajar a España la misión de los policías nigerianos. “Básicamente, tú te presentas en el sitio que determinan ellos, que en Barcelona suele ser en un polígono industrial. Llegas, te apuntas en un papel. Llegas y preguntas quién es el último y te dan una hoja, una hoja de libreta normal y tú te vas apuntando por orden de llegada. Las dos veces que tuve que ir pasé allí nueve o diez horas”, recordaba en una entrevista con el podcast de elDiario.es Un Tema Al Día.

En ocasiones las dificultades no solo pasan por el sistema para conseguir ese certificado, sino que también depende de la fecha de caducidad de este documento, que en general depende de cada país. Nigeria establece solo tres meses de caducidad. Como cualquier trámite de extranjería requiere más documentos a presentar, esto obliga a mucha gente a coordinar todos esos trámites para, en el momento de tener los antecedentes, que es lo que más difícil, presentarlo. Un error de cálculo puede provocar que, en el momento de presentar el expediente, ese certificado de antecedentes penales haya expirado, por lo que hay que empezar de cero.  De hecho, Lola cuenta que tuvo que repetir este proceso en dos ocasiones.

Mandar mensajeros a Cuba

Los cubanos tampoco lo tienen nada fácil y menos ahora, ante la crisis de electricidad del país. Alfonso se agobia solo de recordar el tiempo en que esperó ansioso la llegada de su certificado de antecedentes desde su país, Cuba. “Si se hace a través del consulado, puede demorarse mínimo siete meses y luego te lo tienen que traer a España”, dice el hombre, quien se regularizó hace unos meses por la vía habitual. Para tratar de acelerar el proceso por la puerta de atrás, él tiró de “contactos”.

“Las personas tienen contactos y, cuando Cuba no estaba en esta situación tan mala con el tema del petróleo, ellos conocían personas que por dinero te agilizan el proceso”, recuerda el cubano. “Para poder sobrevivir los trabajadores cobran por detrás para agilizar los trámites, porque si lo haces a través del consulado el trámite es igual de costoso y demora mucho más”, contextualiza el hombre. “Yo solicité uno en septiembre del año pasado y aun no me ha llegado”, ejemplifica. El hombre reconoce haber sido afortunado pues presentó un documento caducado que finalmente la Administración aceptó: “Gracias a dios que tenia uno antecedentes que estaban caducados, me los habían entregado en diciembre del 2024 y solo tienen una validez de 6 meses, pero me los aceptaron y me aprobaron la residencia por arraigo hace unos 10 días”.

En el caso de regularización, tanto los solicitantes de asilo como los migrantes en situación irregular tendrán que que acreditar que no han cometido delitos también en suelo español. En este caso, sin embargo, no es difícil: los solicitantes no necesitan presentar ningún documento físico, sino que Administración recabará de oficio su historial directamente del Registro Central de Penados asegurarán que no suponen un riesgo para “el orden público o la seguridad nacional” -un supuesto a menudo abstracto y que en ocasiones empuja decisiones arbitrarias- a través de los “informes policiales pertinentes”. 

La intervención diplomática del Gobierno, sin embargo, no es una garantía para recibir la acreditación de la falta de delitos en sus países: ¿qué pasa si superado el plazo extraordinario no llega la acreditación de carencia de antecedentes penales? Después de la ampliación de tres meses , el Gobierno español notificará al solicitante la situación y, como última oportunidad, se dará 15 días para que aporte el certificado oficial. Si no se entrega entonces, algo poco probable llegado a ese punto, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. “No se podrá hacer nada más”, asumían fuentes del Ministerio de Migraciones este martes.

El Gobierno de Cuba anunció este jueves que aprobó el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de “gesto solidario humanitario y soberano” y enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. “Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”, refirió el comunicado del Gobierno insular divulgado por medios oficiales.

Indicó que entre los más de 2.000 presos incluidos en esta excarcelación “aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

También señaló que en la lista de indultados se descartaron a personas que “cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos”.

Asimismo, subraya que este “es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas”. “Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”, añadió. No obstante, esta es la mayor liberación de presos en al menos una década.

El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo de La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido “una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión” y encuadró esa decisión en “el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.

Desde entonces, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders.

La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones. Hace apenas una semana, Donald Trump dio una primera señal de flexibilización de la asfixia, aceptando que un buque petrolero ruso llegara a los puertos cubanos con 100.000 toneladas de crudo.

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

La Secretaría de Marina (Semar) de México ha informado de que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su llegada a Cuba.

De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones “tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo”, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, “en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”, ha indicado la Semar en un comunicado emitido la madrugada del viernes (en España).

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Las embarcaciones ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla al sábado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La Semar, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, ha explicado que, de manera paralela, mantiene coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos –países de los que son ciudadanos los tripulantes– “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”. Como parte del Plan Marina se ha alertado a los mandos navales con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar).

En el comunicado, la Semar ha añadido que desplegó unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo 'Persuader', que ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

La Marina mexicana ha hecho un llamamiento a la comunidad marítima internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y golfo de México, para que, “en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas”.

Estos dos veleros se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, en Yucatán (sureste), y que arribó sin contratiempos el martes a La Habana, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles. En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

Hay pocos lugares en el mundo donde la historia, la geopolítica y la contradicción convivan con tanta intensidad como en la base naval de Guantánamo. Situada en territorio cubano, pero bajo control estadounidense, vuelve hoy a adquirir un significado estratégico distinto. Ya no es solo el símbolo de una política antiterrorista cuestionada por las organizaciones de derechos humanos, sino una pieza clave en un tablero más amplio en el que Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente y una crisis humanitaria que la ha situado al límite.

En este contexto, la base —convertida en emblema de la “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001— adquiere una nueva dimensión. Durante años fue un problema político para Washington; hoy es, de nuevo, un activo estratégico que podría jugar un papel importante en cualquier escenario de inestabilidad en la región o incluso injerencia de EEUU contra el Gobierno de la isla.

Guantánamo es, en sí misma, una anomalía. Una verja separa la base militar del resto de Cuba y, una vez dentro, el ambiente remite más a un pequeño pueblo estadounidense que a territorio cubano: tiendas con productos americanos, restaurantes de comida rápida, un club social, actividades de buceo, campo de golf, gimnasio y una comunidad de residentes con su propio colegio. En ese mismo espacio convive también una cárcel de máxima seguridad que se abrió tras los atentados del 11 de septiembre y que, aunque ha ido reduciendo el número de detenidos con los años, nunca ha llegado a cerrarse.

La base, establecida en 1903, ha sobrevivido a cambios de administración, crisis diplomáticas y debates legales. Su permanencia es una anomalía persistente en una relación bilateral marcada por la desconfianza y por una historia compartida que sigue condicionando el presente. Es uno de los enclaves más antiguos que EEUU mantiene en el extranjero y el único en el que país anfitrión reclama formalmente su devolución.

Creo que hay algunas declaraciones recientes, tanto del embajador Hammer como del propio Rubio, que apuntan a una transición gestionada, paso a paso, en la que parte del régimen podría mantenerse

Theodore Piccone — Brookings Institution

Theodore Piccone, investigador en Brookings Institution y experto en asuntos internacionales, gobernanza democrática, derechos humanos y relaciones con América Latina y la Unión Europea, subraya que, a pesar de su carga simbólica, el Gobierno cubano ha evitado convertir Guantánamo en un eje central de confrontación, incluso tras el 11S.

Para Piccone, esa aparente pasividad responde a una lógica pragmática: la asimetría de poder y el peso de la historia convierten la base en un terreno difícilmente recuperable. “Guantánamo tiene una enorme carga simbólica”, dice el experto a elDiario.es en referencia a décadas de conflicto, desde Bahía de Cochinos hasta los intentos de asesinato de Fidel Castro. En ese contexto, Guantánamo se consolida como un hecho consumado: un espacio que Cuba sigue reclamando formalmente, pero cuya recuperación, en la práctica, se percibe como un objetivo lejano, si no imposible.

Y, sin embargo, en un escenario de creciente inestabilidad en el Caribe, su función puede volver a ampliarse. Por un lado, como punto de contención migratoria. En momentos de crisis, la base ha sido utilizada como centro para migrantes interceptados en el mar. Por otro, como enclave de seguridad regional. En un contexto de competencia geopolítica creciente —con la presencia de China y Rusia en América Latina—, la base ofrece a Estados Unidos una posición estratégica en el Caribe que difícilmente abandonará.

Pero Guantánamo no puede entenderse sin el contexto más amplio: el de una Cuba que vuelve a situarse al borde ante las amenazas de EEUU. Piccone evita predicciones cerradas, pero su análisis dibuja un escenario de presión sostenida, sin ruptura inmediata.

“La presión sobre el régimen ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad… y es acumulativa. Se construye con el tiempo”, explica. Esa presión —económica, política y social— no responde a un solo factor, sino a capas que se han ido superponiendo durante años.

Hubo, sin embargo, un momento distinto. Durante la apertura impulsada por la administración de Barack Obama, Piccone participó en iniciativas de cooperación con economistas de la Universidad de La Habana y viajó en múltiples ocasiones a la isla. “Hubo un momento de optimismo y de posibilidad”, recuerda. “La normalización con Estados Unidos fue muy importante y hubo una serie de reformas económicas en Cuba, junto con una relajación de restricciones por parte de Estados Unidos, que realmente dieron a la economía y al pueblo cubano cierta esperanza”.

Ese ciclo se cerró sin consolidarse. Y, como subraya el experto, tampoco se reactivó bajo la presidencia de Joe Biden. “No se produjo un impulso hacia una nueva normalización”, señala, en referencia a una política marcada más por la prudencia que por la ambición. El contexto interno en Estados Unidos —con el peso del voto cubanoamericano y la polarización política— limitó el margen de maniobra de la Casa Blanca.

“Con Trump, sería imprudente descartar ninguna opción”, señalaba a EFE el experto en política exterior del think tank Defense Priorities Daniel DePetris en referencia a un posible uso militar de la base contra el Gobierno, lo cual considera poco probable. El experto califica la base como “un nodo central en cualquier escenario militar estadounidense” y un “punto logístico fundamental para la Armada de EEUU”.

Cuba no es hoy Venezuela, pero tampoco es ya la Cuba que buscaba tímidamente reformarse hace una década. Décadas de bloqueo, la crisis energética, la escasez de alimentos y medicinas y el deterioro de los servicios básicos han llevado a la población al límite. Sin embargo, el escenario migratorio también ha cambiado de forma sustancial.

“Estados Unidos no quiere tener una emergencia migratoria entre manos”, apunta Piccone. “Así que podrían ser más cautos”. Y añade, desde la experiencia: “Es posible vislumbrar ciertos patrones”. La cautela apunta a una estrategia de equilibrio: suficiente presión para debilitar al régimen, pero sin provocar un colapso desordenado.

Cuando se le pregunta con qué país podría compararse Cuba hoy, Piccone es claro: “Es una gran pregunta… pero creo que es un caso único”. La singularidad no responde solo a su sistema político, sino a su peso en la política doméstica estadounidense.

Aun así, hay advertencias. “Hay un par de casos que vienen a la mente… pero son diferentes”. El primero es Haití. “Haití es un caso extremo de colapso. Cuba va en esa dirección, pero todavía no está ahí”. Y hay también matices que explican por qué aún no lo está. “En el caso de Cuba, el régimen mantiene un control muy fuerte sobre la ley y el orden, incluido el narcotráfico”. Ese control, incluso en un escenario de deterioro, actúa como barrera frente al caos. “En cualquier transición futura, quieres preservar cierta capacidad del Estado para controlar el crimen y las bandas”, indica el experto.

Nicaragua aparece como referencia secundaria. “Nicaragua ha estado en un segundo plano”, explica. Pero la diferencia es clara: “Cuba sigue siendo prioritaria por el peso que tiene la comunidad cubana de Florida, algo que en el caso de Nicaragua no se da”.

Miami: poder político y fractura interna

El peso de la comunidad cubana en Florida sigue siendo determinante en la política estadounidense hacia la isla. “Es un factor político doméstico de enorme peso”, señala Piccone. Durante décadas, este electorado ha presionado para endurecer la política hacia el régimen cubano y ha penalizado cualquier intento de acercamiento.

“La situación de los migrantes cubanos que llegan a Cuba ya no es como antes, cuando si eras migrante cubano tenías ciertos privilegios, estabas en los primeros puestos de la lista, tenías beneficios especiales... Todo eso ha desaparecido”, explica Piccone. El cambio en la política migratoria ha transformado la experiencia de los nuevos llegados y ha introducido nuevas desigualdades dentro del exilio. Piccone lo resume con crudeza: “Los cubanos más mayores no se perciben como las nuevas olas de migrantes cubanos. Están dispuestos a dejarlos caer”.

“Creo que hay algunas declaraciones recientes, tanto del embajador Hammer como del propio Rubio, que apuntan a una transición gestionada, paso a paso, en la que parte del régimen podría mantenerse”, indica Piccone. Pero cuestiona su viabilidad: “No creo que sea una estrategia aceptable para el electorado cubanoamericano en Florida, que lleva décadas presionando para desmantelar toda la estructura del régimen”. En ese contexto, las posiciones podrían endurecerse aún más en función de lo que ocurra en otros escenarios como Irán o Venezuela. “Ya están señalando que Díaz-Canel y los Castro tienen que irse”, añade.

En ese equilibrio inestable, Guantánamo vuelve a emerger como algo más que un vestigio del pasado. Es un recordatorio de que la relación entre Cuba y Estados Unidos nunca ha sido únicamente bilateral. Es histórica, simbólica y profundamente estratégica.

Silvio Rodríguez, uno de los cantautores cubanos más respetados en Latinoamérica, ha advertido que está dispuesto a tomar las armas si EEUU, que sigue amenazando a la isla, la invadiera finalmente. “Exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, ha escrito Rodríguez en uno de los comentarios de Segunda Cita, su blog personal. El artista hace referencia al fusil de asalto soviético Avtomat Kalashnikova Modernizirovanny (AKM), una versión moderna del icónico Kalashnikov o AK-47.

La reacción de Silvio Rodríguez vino después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señalara en redes sociales que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable” ante las amenazas vertidas desde la Casa Blanca.

El cantautor cubano ha hecho este comentario bajo otra publicación del mismo blog titulada Cuba en la encrucijada de un multilateralimo hipócrita. “La actual crisis energética que atraviesa Cuba no es un accidente de la naturaleza ni una mera falla de infraestructura. Es el punto álgido de un asedio geopolítico diseñado con precisión quirúrgica a lo largo de seis décadas”, comienza esta publicación atribuida a Josué Veloz Cerrade en la página web del cantante.

Donald Trump ha ampliado las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes desde hace unas semanas, en tanto que afirma que la isla desea “concluir un acuerdo” con EEUU tras sus conversaciones con Washington. Por su parte, Miguel Díaz-Canel ha denunciado en X la situación: “Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”.

Según publicó este lunes The New York Times, la Administración Trump busca desplazar del poder al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y derrocar a una figura clave, pero sin derrocar al modelo de Gobierno nacido de la revolución de 1959, en una operación similar a la realizada con Nicolás Maduro en Venezuela, buscando unos dirigentes tutelados desde Washington.

Una flotilla zarpará previsiblemente en mayo de Barcelona rumbo a Cuba para burlar el bloqueo estadounidense y suministrar paneles fotovoltaicos al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, según han anunciado hoy los promotores en una rueda de prensa a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid.

El director de la ONG Open Arms, Óscar Camps, ha señalado que la organización participará en la misión, bautizada precisamente como Rumbo a Cuba y que prevé zarpar en mayo, con escala en varias ciudades del Mediterráneo y Canarias antes de cruzar el Atlántico. “Es una travesía marítima que tendría un carácter testimonial, como una forma de visibilizar la situación límite que la política de Donald Trump está llevando a Cuba”, ha dicho.

La fecha concreta de partida aún está por determinar, en función de las condiciones del mar, el éxito de la campaña para recabar el material y la situación política, y debería tardar entre 28 y 30 días en llegar a destino una vez zarpe, según detalló Camps.

“Las organizaciones políticas y sociales que impulsan esta iniciativa instan al Gobierno de España y a las instituciones europeas a expresar su rechazo a la guerra económica que lleva practicando EEUU por más de seis décadas contra Cuba, exigiendo el fin del bloqueo de acuerdo con los principios fundamentales del derecho internacional”, ha dicho, por su parte, la periodista Teresa Aranguren en el acto de presentación de la misión, al que han acudido diputados de Sumar, como Enrique Santiago, y de Podemos, como Martina Velarde.

Entre las organizaciones implicadas está la cooperativa fotovoltaica Ecooo. Uno de sus miembros, José Vicente Barcia, ha justificado su participación por el cansancio “de ver como la energía se utiliza como herramienta de destrucción de los pueblos, como herramienta bélica”. “No podemos seguir haciendo que el contexto internacional pivote en torno al control geoestratégico de la energía y que eso justifique la violación de derechos humanos y el comienzo de las guerras”, ha indicado.

Camps ha dudado de que EEUU vaya a impedir el acceso físico de la misión a la isla. “Dijeron lo mismo en Ucrania e hicimos cuatro viajes con el Open Arms subiendo el Danubio. También dijeron lo mismo en Gaza e hicimos dos desembarcos con comida, así que no partimos con un no”, ha considerado, para añadir que el éxito de la misión puede depender de factores políticos. “Si no lo conseguimos no será por nuestro interés y determinación”, ha planteado.

La misión que se anuncia hoy no es la misma que la que ya va camino de la isla y en la que participan el exlíder de Podemos Pablo Iglesias o el diputado británico Jeremy Corbyn, y que tiene previsto llegar este fin de semana a Cuba con 20 toneladas de ayuda. Ante la situación de colapso energético en el país, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció esta semana conversaciones con el Gobierno de Donald Trump. “Hace tres meses que no entra un barco”, justificó, después de que el mandatario estadounidense asegurase que Cuba iba a “caer muy pronto” y amenazase con una “toma de control” que podría ser o no ser “amistosa”.

Los líderes de izquierda Jeremy Corbyn, Clara López y Pablo Iglesias están entre las decenas de legisladores, sindicalistas y políticos que participarán en un convoy de ayuda humanitaria a Cuba que tiene previsto llegar a la isla este fin de semana en medio de las amenazas lanzadas por Donald Trump contra la isla.

La iniciativa, llamada flotilla 'Nuestra América', contará también con la participación de Cuban Americans for Cuba, una red de activistas cubano-estadounidenses que se sumará a la entrega de suministros y a las actividades previstas en la capital cubana, de acuerdo con un comunicado.

Entre los participantes figuran el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el español Pablo Iglesias, el estadounidense Hasan Piker, el grupo irlandés Kneecap y el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls.

También participarán Gerardo Pisarello Prados, parlamentario español, y David Adler, coordinador general de la Internacional Progresista.

Según los organizadores, una primera delegación partió desde Italia con más de cuatro toneladas de medicamentos, que forman parte de un total superior a 20 toneladas de ayuda que el convoy prevé distribuir por vía aérea, terrestre y marítima en distintas zonas de Cuba.

La misión se desarrolla en un contexto de dificultades económicas en Cuba y de prolongadas tensiones en las relaciones entre el país y Estados Unidos.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el bloqueo petrolero de EEUU, que ha provocado un parón casi total de la economía.

Washington y La Habana han confirmado recientemente acercamientos diplomáticos entre ambos Gobiernos, y Cuba anunció esta semana cambios económicos que relajan las restricciones a la inversión privada en la isla, sujeta desde los años 60 a un embargo por parte de EEUU.

Mi abuelo emigró a Cuba en 1952 huyendo de la posguerra en España, años después de que los aviones de la Legión Cóndor asesinaran a su padre en Gernika. Desde entonces vive en la isla como un cubano más. Como uno que vivió el golpe de Estado de Batista y el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Hace tres años mi abuelo me visitó en Madrid y me dijo que nunca había visto tanta miseria en Cuba. Me contó que vecinos de toda la vida deambulaban por las calles de nuestro barrio, Marianao, pidiendo un vaso de agua con azúcar, un pedazo de pan o alguna fruta. Me dijo que era muy duro ver a tantas personas con las que había convivido por más de 50 años rebuscando qué comer en las montañas de basura que se acumulan en las esquinas y que, en los días de mucho viento, se esparce por todas partes debido a la ausencia de recogida de desperdicios por la escasez de combustible.

Esto fue en 2023, cuando Nicolás Maduro presidía el palacio de Miraflores y todavía enviaba combustible regularmente a La Habana, México realizaba acuerdos económicos a cambio de médicos y la sala oval de la Casa Blanca la habitaba Joe Biden, quien no hizo reformas significativas en la política estadounidense respecto a la isla.

Cuba está sumida en una crisis que no ha dejado de profundizarse desde 2019. El secuestro de Nicolás Maduro y el recrudecimiento de las sanciones por parte de Donald Trump todavía no han provocado un cambio brusco en la calidad de vida de los cubanos, aunque sí en sus perspectivas futuras.

Colapso administrado y supervivencia individual

Hablar de la situación actual de Cuba obliga a comenzar por quienes la padecen: los cubanos. Desde 2019, y con especial crudeza tras las protestas de julio de 2021, la vida cotidiana en la isla se ha convertido en un ejercicio permanente de supervivencia.

Cocinar con carbón ante la falta de electricidad, dormir entre apagones prolongados, comprar “por la izquierda” (de manera clandestina) una jeringuilla para una simple inyección, pagar por un análisis clínico en un laboratorio estatal que aún tenga reactivos, depender de una planta eléctrica privada para garantizar luz o recurrir a familiares en el exterior para obtener divisas, alimentos o medicinas han sido prácticas que resumen el día a día en un país donde la precariedad es estructural, no circunstancial.

El salario medio mensual actualmente ronda los 15 dólares y la pensión mínima no supera los siete, todo agravado por un contexto de inflación sostenida y dolarización parcial de la economía. UNICEF señaló que en 2024 una décima parte de los niños en la isla vivía en condiciones de pobreza alimentaria severa, mismo año en que el desabastecimiento de medicamentos se aproximó al 70%, según el propio Gobierno.

Las cifras macroeconómicas oficiales no dejan lugar a dudas: entre 2020 y 2024, el PIB cayó alrededor de un 11%, con un desplome adicional del 5% solo en 2025. La industria azucarera, emblema histórico del país, fue desmantelada a principios de los 2000; la capacidad productiva interna es residual; y el turismo, uno de los pilares fundamentales del modelo económico, atraviesa su peor crisis: solo 1,8 millones de turistas internacionales visitaron la isla en 2025, la cifra más baja desde 2002 sin contar los años de la pandemia.

Pero el colapso económico, como era de esperar, no ha venido acompañado de apertura política. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, con un saldo de más de 500 manifestantes condenados a prisión, la represión gubernamental solo ha ido en aumento: arrestos extrajudiciales, exilio forzoso a activistas y periodistas, represión de cualquier manifestación colectiva. Incluso gestos simbólicos como portar un cartel en blanco en un parque se convirtieron en motivo de intervención policial.

Mientras tanto, la inseguridad urbana no ha dejado de aumentar, los robos y asaltos se han multiplicado, situación que la ironía popular resumió de forma magistral: “Si te asaltan, grita ‘abajo la dictadura” (solo así la policía aparece).

Trump, EEUU y la encrucijada cubana

El operativo del 3 de enero en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, reconfiguró la posición de Cuba en un escenario regional cada vez más volátil. La consecuencia más evidente para la isla es la eliminación del subsidio petrolero, que ha tenido como primera consecuencia el anuncio de la supresión del suministro de combustible a la aviación comercial, pero que también ha supuesto limitaciones al transporte interno, cierre de hoteles e incluso reducción en los servicios educativos.

La crisis energética, que ya formaba parte antes de la operación en Venezuela del día a día de los cubanos no es, sin embargo, la única consecuencia directa. La influencia de Estados Unidos en la región se ha fortalecido y los objetivos de la Administración Trump se han esclarecido: recuperar el control sobre recursos clave para la economía estadounidense.

En medio de este contexto, emerge lo que puede ser una de esas casualidades que en algunos casos definen el curso de la historia, y es el rol del responsable de la política exterior estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y figura clave del Partido Republicano en Florida, para quien la cuestión cubana tiene una dimensión personal y electoral.

Para Rubio, quien ha demostrado sus ambiciones políticas al postularse a la presidencia de EEUU en comicios anteriores, estar vinculado directamente a la caída del castrismo representaría un símbolo político de enorme peso dentro de la comunidad cubanoamericana, cuyos votos son determinantes en un estado pendular como lo es Florida.

Aquí se entrelazan intereses diversos: los de una élite política mayoritariamente orientada por el cálculo económico, encabezada por Donald Trump, y los de Rubio, quien podría buscar un rédito político adicional de cara a aspiraciones futuras. No es casual que los políticos cubanoamericanos hayan convertido la cuestión cubana en un eje constante de su identidad. Sin embargo, muchos de ellos, nacidos en Estados Unidos y distantes de la cotidianidad insular, no proponen nada más que el endurecimiento de sanciones bajo la premisa de que el hambre precipitará la rebelión.

¿Qué puede hacer entonces Trump?

Una primera posibilidad, y la más probable en el corto plazo, es la intensificación de sanciones. Pero esta vía reproduce el círculo vicioso: castigo económico que no debilita decisivamente al poder, pero sí empobrece a la población y fortalece la narrativa oficial que culpa a las sanciones de todos los males del país.

Otra posibilidad sería un cambio abrupto de régimen. Sin embargo, lejos de garantizar estabilidad, un colapso repentino podría sumergir al país en una crisis humanitaria aún más severa. La ausencia de estructuras estatales sólidas e independientes tras décadas de concentración vertical del poder abrirían la puerta a un escenario de caos, dependencia externa y fragmentación social. Al propio Trump, como argumentó tras la operación en Venezuela, no parece convencerle del todo esta vía tras la experiencia en Irak.

Existe también una tercera opción: un acuerdo con sectores del poder económico-militar cubano, que garantice la preservación de intereses estratégicos y facilite una apertura controlada bajo tutela estadounidense.

Ello implicaría el sometimiento parcial de las fuerzas represivas a una nueva arquitectura de poder seguida por la entrada masiva de capital extranjero. No sería una democratización profunda, sino una reconfiguración del control: el tránsito de un monopolio político cerrado a un capitalismo administrado desde las mismas cúpulas.

En ese contexto resulta significativo que el medio estadounidense Axios haya publicado que el interlocutor de Marco Rubio en eventuales negociaciones estaría siendo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto predilecto y jefe de Seguridad de Raúl Castro.

Hijo de Débora Castro Espín y del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien fue considerado hasta su muerte como el verdadero “zar” de la economía cubana por su papel al frente de GAESA, conglomerado de las Fuerzas Armadas que controla alrededor del 40% de la economía del país, “El Cangrejo” encarna la continuidad dinástica del poder y el control económico-militar que caracteriza al sistema.

Sin entrevistas ni alocuciones públicas, las imágenes más conocidas del nieto de Castro no provienen de discursos políticos, sino de escenas sociales: bailando sobre la tarima de un concierto del grupo Gente de Zona, vistiendo una camiseta personalizada de los Yankees de Nueva York con el número 24 y su apodo, o fotografías de vacaciones en yates junto a populares beisbolistas cubanos.

Visto así, parecería el personaje adecuado para una eventual convergencia de intereses: joven, vinculado al aparato de seguridad y, al mismo tiempo, habituado a los códigos de la economía informal y del capital emergente. Es aquí donde se abre una posibilidad inquietante de entendimiento entre sectores de la administración estadounidense y los herederos del poder dinástico cubano.

No en vano, en los últimos años las autoridades de la isla han permitido la creación de mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), formalmente presentadas como apertura económica. Sin embargo, estos negocios quedan fuera del alcance del cubano promedio y se distribuyen principalmente entre familiares o testaferros de generales y ministros, así como entre familiares o socios de emigrados con capacidad financiera suficiente para invertir donde los ahorros locales no llegan.

La irrupción de las mipymes y su aceptación dentro de la propia cúpula apuntan no a una transición a la democracia, sino al capitalismo. Y no a cualquier capitalismo, sino a uno con rasgos oligárquicos, semejante al modelo ruso: concentración extrema de recursos en manos de quienes ya controlan el poder político.

El doble rasero y la intemperie

En medio de este panorama, la reacción del Gobierno cubano ante la nueva presión estadounidense ha tenido ecos inquietantemente conocidos. Miguel Díaz-Canel ha evocado públicamente la “Opción Cero”, el mismo término que Fidel Castro utilizó tras la desaparición del campo socialista.

Durante décadas, aquella expresión pareció más un gesto retórico, una disposición casi sacrificial a resistir cualquier adversidad, que un programa aplicado en su versión más extrema. De hecho, en los 90, Castro optó por introducir reformas pragmáticas: legalizó la circulación de divisas, apostó decididamente por el turismo internacional y permitió tímidas aperturas al trabajo por cuenta propia. Pero hoy el término reaparece en un contexto donde el margen para reformas es mucho más estrecho que entonces.

La alianza con Venezuela bajo el marco del proyecto ALBA-TCP consolidó una forma específica de dependencia que, al desplomarse el sostén petrolero, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad máxima del sistema. Reconocer esa evolución histórica no equivale a justificar el cerco externo, pero sí obliga a abandonar relatos unidimensionales.

Y aquí surge una pregunta incómoda: si no existiera el dramatismo geopolítico de las sanciones estadounidenses, ¿cuánta atención internacional recibiría la precariedad estructural en que ya vivía la población cubana? El foco sobre el embargo, legítimo en muchos aspectos, tiende a eclipsar la discusión sobre la responsabilidad interna en la configuración de ese régimen.

Entre la negociación desigual y la resistencia represiva, el país encara una encrucijada que no admite soluciones simples

Hay algo irritante en la manera en que el mundo habla de Cuba. Un doble rasero que atraviesa a políticos latinoamericanos y europeos, pero también universidades, movimientos sociales, activistas y una parte de la opinión pública occidental.

En buena parte del imaginario global, Cuba aparece más como metáfora que como país: la isla que desafía a una superpotencia, un estandarte de soberanía y dignidad, pasando por alto que la crisis es profundamente real y nada heroica, y que ha dejado huellas hondas en el plano interno, entre ellas el avance de posturas cada vez más reaccionarias.

Décadas de sacrificio en nombre de causas históricas han generado, en sectores amplios de la sociedad, una fatiga que no se expresa necesariamente en términos ideológicos sofisticados, sino en una aspiración básica: estabilidad, previsibilidad, normalidad. En un contexto donde la épica ha sustituido indefinidamente al bienestar, gran parte de la ciudadanía termina mirando con simpatía cualquier promesa de orden, aunque esa promesa venga envuelta en nuevas formas de dependencia o incluso en fórmulas autoritarias de signo opuesto.

Pero el dilema también interpela a quienes, dentro y fuera de la isla, se identifican con la causa democrática. La desesperación puede convertir cualquier gesto de presión externa en una tabla de salvación imaginaria. Sin embargo, un bloqueo total de petróleo u otras formas de asfixia indiscriminada, como proponen congresistas cubanoamericanos de Florida, no distinguen con precisión entre Estado y sociedad. Castigan al conjunto. Rechazarlas no significa alinearse con la dictadura cubana, sino afirmar un principio: la democratización no puede edificarse sobre el hambre programada ni sobre la tutela extranjera.

Cuba se encuentra hoy en la intemperie de su propia historia. Su vulnerabilidad no responde al escenario actual de sanciones agravadas, sino a una estructura económica ineficiente y altamente dependiente que ha quedado expuesta por el bloqueo energético. Entre la negociación desigual y la resistencia represiva, el país encara una encrucijada que no admite soluciones simples.

Tal vez la única postura intelectualmente honesta consista en desmontar el doble rasero: exigir transformaciones democráticas profundas sin celebrar estrategias que empobrecen a la población; criticar la asfixia externa sin convertir al régimen en víctima intocable. Solo desde esa incomodidad, podrá imaginarse un futuro donde los cubanos dejen de ser símbolo, pieza de ajedrez o rehén de narrativas ajenas, y comiencen a ser, por fin, sujetos plenos de su propia historia.

Cuba es la siguiente en la lista de Donald Trump. No deja de repetirlo mientras asfixia al país hasta el punto de sufrir este lunes un apagón total en la isla en pleno bloqueo energético estadounidense. Pero, ¿cómo lo piensa hacer? ¿Como Irán o a Venezuela?, ha preguntado la Fox en el Despacho Oval este lunes al presidente de Estados Unidos.

“No puedo decírtelo”, ha contestado Trump: “Lo que sí puedo decirte es que están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero. No tienen petróleo. No tienen absolutamente nada. Tienen buenas tierras. Tienen hermosos paisajes, es una isla preciosa. Creo que tienen gente fantástica”.

Según ha publicado este lunes The New York Times, la Administración Trump busca desplazar del poder al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y derrocar a una figura clave, pero sin derrocar al modelo de Gobierno nacido de la revolución de 1959, en una operación similar a la realizada con Nicolás Maduro en Venezuela, buscando unos dirigentes tutelados desde Washington.

“Conozco a muchísima gente de Cuba que ahora están aquí y se hicieron ricos”, ha afirmado Trump este lunes en la Casa Blanca: “Son gente muy emprendedora, muy inteligente. Hay muchísimos en Florida. Creo que Cuba, a su manera, por el turismo y todo lo demás, es una isla hermosa. Tiene un clima estupendo. No se encuentra en una zona de huracanes, lo cual es agradable. Toda mi vida he oído hablar sobre EEUU y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Realmente creo que tendré el honor, sí, el honor, de tomar Cuba. Eso sería algo bueno. Sería un gran honor”.

¿Y qué quiere decir “tomar Cuba” para Trump? “Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberándola o tomándola bajo mi control. Creo que podría hacer lo que quisiera. ¿Quieres saber la verdad? Son una nación muy debilitada en este momento. Durante mucho tiempo tuvieron líderes muy violentos. [Fidel] Castro fue un líder muy violento, su hermano [Raúl] es un líder muy violento, extremadamente violento. Así es como gobernaban. Pero a mucha gente le gustaría regresar”.

Según publica NYT, las conversaciones entre Washington y La Habana se centran en lograr que Cuba abra gradualmente su economía a las empresas de Estados Unidos, sentando las bases para un Estado sumiso, al tiempo que se consiguen victorias políticas simbólicas que Trump pueda anunciar.

Miguel Díaz-Canel, de 65 años, es presidente de Cuba desde 2018 y ejerce también como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Le quedan dos años de su mandato presidencial. Es el primer mandatario de la isla que nació después de la revolución.

Según unas declaraciones de Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro de Cuba, en la NBC, a los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero, en lugares como Miami, se les permitirá invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en su país natal.

El máximo responsable económico del país asegura en la entrevista que el bloqueo por parte de Estados Unidos está obstaculizando estos esfuerzos, mientras la isla lidia con una crisis energética y la presión de la Administración Trump.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses y con los cubanos que residen en EEUU y sus descendientes”, ha dicho Fraga durante la conversación en La Habana.

Esta entrevista se produce en un momento en que el Gobierno cubano intenta revitalizar la maltrecha economía cubana mediante una serie de reformas destinadas a crear un “entorno empresarial dinámico” para reactivar una variedad de sectores, desde el turismo y la minería, hasta la reparación y modernización de la red eléctrica.

Cuba ha sufrido este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, según ha informado el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, ha informado en redes sociales el Minem sin apuntar aún la causa del nuevo apagón masivo.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

En base a experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede tardar días. Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estar puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

El problema esencial que diferencia esta ocasión de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense.

Energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente energética de rápido encendido puede ser un reto, como explicó hace una semana el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, tras un apagón masivo que afectó a unos seis millones de cubanos.

Cuba preveía ya para esta jornada, antes de la desconexión del SEN, que se registrasen prolongados apagones durante todo el día y que, en el momento de mayor demanda, un 62 % del país quedase de forma simultánea sin corriente.

Nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban hoy operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EE.UU. (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las registradas en los últimos días en La Habana y Morón (centro).

Ante una situación “insostenible” y que está causando un “inconmensurable” impacto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado hoy “conversaciones” con el Gobierno estadounidense de Donald Trump tras la asfixia a la que este viene sometiendo a la isla para forzar un cambio de régimen. En la isla “hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, ha argumentado el dirigente cubano en una intervención televisiva en directo.

Los contactos venían produciéndose desde hace semanas, según venía insistiendo Trump, pero Cuba no los había confirmado hasta ahora. El estrangulamiento económico de la isla, que EEUU ha redoblado tras la operación de enero para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, la ha llevado a una realidad de apagones eléctricos constantes y apretado su resistencia económica al límite, tras varios años de crisis.

El mandatario estadounidense aseguraba esta semana que Cuba iba a “caer muy pronto” y especulaba con que la “toma de control” podría ser o no ser “amistosa”.

Antes de la intervención en directo, el presidente cubano remitió un mensaje grabado en el que ya avanzaba que el Gobierno isleño había “sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”

El objetivo era, “en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están “alejados”.

Se pretende “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones” y también “de la región de América Latina y el Caribe”.

“Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”, afirmó.

Díaz-Canel agregó que en estos “intercambios”, la parte cubana ha expresado “la voluntad” de que se realicen “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”.

Liberación de presos

El Gobierno cubano ya había anunciado el jueves la liberación de 51 presos tras la mediación del Vaticano, si bien no había anunciado la lista de los beneficiarios. “El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”, explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos —entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG—, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Cuba no renunciará a recibir petróleo

Díaz Canel ha asegurado, por otro lado, que la isla “no ha renunciado al derecho soberano de recibir suministros de petróleo”, en mitad del estrangulamiento de crudo impuesto por EEUU, que ha provocado una grave crisis energética y un incremento de cortes eléctricos.

“Estamos en medio de toda esta madeja de adversidad”, ha dicho, y ha puntualizado que se trabaja en la explotación de nuevos pozos para “incrementar la producción de petróleo nacional y gas acompañante”. “Con el incremento del crudo nacional tendremos más capacidad de explotación de nuestras termoeléctricas”, ha añadido.

Pero Cuba apenas produce un tercio de los alrededor de 110.000 barriles de petróleo diarios que precisa. Y se puso en marcha desde 2025 un gran proyecto para levantar en toda la isla un centenar de parques solares con una capacidad instalada total de 2.000 MW, de los cuales ya han iniciado operaciones la mitad.

“Cuba va a caer muy pronto”. La isla se ha convertido en el nuevo objetivo del presidente de EEUU. “Cuba también va a caer. Están deseando llegar a un acuerdo”, ha declarado este viernes a Dana Bash, de CNN, en una entrevista telefónica en la que presume de sus éxitos militares.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a enviar a Marco [Rubio, secretario de Estado de EEUU] y veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto, pero Cuba está preparada”, ha añadido: “Llevo 50 años observándolo y está cayendo en mis manos gracias a mí, lo estamos haciendo muy bien”.

Este jueves, Trump dijo en la Casa Blanca, en un acto con el Inter de Miami, propiedad de los descendientes del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, que es solo “cuestión de tiempo” que los cubanos estadounidenses puedan regresar a su país natal, señalando que ese es el siguiente punto en la agenda de la Administración después de la guerra en Irán.

“Está haciendo un buen trabajo, y lo siguiente será ese Cuba especial que queremos hacer”, dijo Trump refiriéndose a su secretario de Estado: “Me dice: 'Terminemos primero esto [en alusión a Irán]. Podríamos hacer todo al mismo tiempo, pero pueden pasar cosas malas. Si observas a los países a lo largo de los años, si haces todo demasiado rápido, pasan cosas malas. No vamos a permitir que le pase nada malo a este país”.

“Lo que está pasando en Cuba es increíble”, dijo este jueves Trump: “Es solo cuestión de tiempo. Y mucha gente increíble va a volver a Cuba, esperemos que no para quedarse. Pero es probable que algunas personas sí quieran quedarse”.

“Quieren llegar a un acuerdo con tantas ganas que no te imaginas”, ha afirmado el presidente de EEUU.

La suerte de Donald Trump está cambiando. Bastante rápidamente, además. Sigue dominando la escena, sin duda, mientras su gran rival potencial, China, el único país que podría frenar en seco a Estados Unidos, se mantiene en un segundo plano, no sin renunciar a sus objetivos y estrategias. Trump marca la pauta. Pero a base de incertidumbre e inestabilidad y, lo que es peor para su país, cada vez más a sus expensas, con costes crecientes para EEUU.

Esta semana el Financial Times lo advertía sin ambages: “Trump se ha divertido jugando con los aranceles. Ahora ha llegado la hora de pagar”. Y ese diario añadía que, al menos en una primera fase, la deuda que comporta la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, el más duro varapalo recibido hasta ahora por el presidente, asciende nada menos que a 160.000 millones de dólares. Y aunque con miles de impugnaciones y de litigios en los tribunales, esa cantidad se terminará pagando, en opinión de los expertos. Con las consecuencias, graves, que ello supondrá para las cuentas públicas norteamericanas.

Es difícil saber el coste económico, que lo tiene, de otro de los grandes fracasos de Trump: el de su política de represión masiva y cruel de la inmigración. Tras una resistencia activa y militante de una buena parte de la población de Minneapolis —en donde esa represión se había mostrado particularmente cruel y asesina— Trump tuvo retirar de la ciudad a buena parte del tristemente famoso cuerpo de ICE y reconocer, sin decirlo, claro está, que su política ha fracasado.

Ahora solo falta ver si ese error clamoroso, que toda la población estadounidense ha seguido al detalle, tendrá consecuencias en noviembre, en las cruciales elecciones de medio mandato. En estos momentos los sondeos no le son favorables, pero las diferencias a favor de su rival, el Partido Demócrata, son demasiado pequeñas como para que nadie se atreva a hacer pronósticos.

El único capítulo de su nutrido repertorio de grandes iniciativas, sobre todo en el ámbito internacional, en el que no le ha ido mal ha sido el del ataque contra Nicolás Maduro. En una acción de la que Trump está muy orgulloso, y que ha sido valorada muy positivamente por su brillantez por expertos militares, los norteamericanos secuestraron al presidente venezolano y lo mandaron a Estados Unidos. Y allí espera una fuerte condena o un indulto. Pero su régimen, todos sus subordinados, empezando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, siguen siendo los que mandan en Venezuela, a cambio de entregar la llave del petróleo a las empresas norteamericanas, coordinadas por Trump. En definitiva, nada de política internacional y todo de negocio puro y duro.

Cuba no tiene petróleo. Es más, lleva mendigándolo por todo el mundo desde que hace mes y medio dejó de llegarle el venezolano. Pero tiene una capacidad de resistencia histórica a que EEUU colonice de una u otra manera la isla. Marco Rubio, ministro de Exteriores de Trump e hijo de cubanos, lo ha debido comprender y ha conseguido alejar de la Casa Blanca la tentación de hacerse con el poder en Cuba aprovechando la extrema debilidad en que las dificultades económicas lo han colocado.

“Cuba necesita cambiar, pero no tiene que cambiar de golpe”, ha dicho, en efecto Marco Rubio, según recoge el New York Times. “No tiene que cambiar de la noche a la mañana. Aquí todos son maduros y realistas”. Esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero esas palabras son alentadoras. Sin embargo, hay que añadir que las soluciones que sean tendrán que llegar pronto. Porque en la isla empieza a haber hambre.

El otro asunto de esta semana —así como de la anterior, y de la anterior— es la posibilidad de un ataque norteamericano a Irán. Los especialistas dicen y se contradicen sobre la posibilidad, o no, de que este se produzca finalmente. La cosa va por días y humores. Hay quien subraya que el despliegue militar estadounidense en la región es el mayor desde el de la primera guerra de Irak. Por el contrario, otros ponen el acento en que las delegaciones de ambos países siguen negociando la reducción del programa nuclear iraní y subrayan que esas conversaciones van bastante bien. De momento, EEUU ha recomendado a sus ciudadanos en Israel que salgan del país y China ha hecho lo mismo con los que están en Irán.

Al tiempo se consolida la impresión de que el régimen de los ayatolás prefiere soportar los costes de una invasión, que ellos creen que no conseguiría echarlos del poder, por brutal que fuera, que hacer concesiones humillantes a Estados Unidos e Israel. Y esta es la opinión de una articulista del Financial Times: “La incógnita de todo esto sigue siendo la propia mente de Trump. A menos que se le asegure un éxito rápido que no ponga en riesgo vidas estadounidenses ni aumente los precios de la gasolina, aún podría conformarse con mucho menos que el acuerdo nuclear de 2015. Con una redacción creativa, podría declarar triunfalmente que Teherán capituló bajo la presión de la armada que envió a Oriente Medio”.

Está claro que a Trump se le empieza a perder hasta el respeto. Y si se habla de Ucrania, aún más. Porque allí la guerra que Trump dijo que arreglaría en dos días sigue enquistada y sus derivadas amenazan no solo la estabilidad de toda la zona, sino hasta los equilibrios europeos. “Putin quiere la guerra. Trump no se sabe lo que quiere”, dicen esta semana varios periódicos de nuestro continente.

Escúchalo en Spotify, YouTube o tu app de podcast favorita

Sometida al bloqueo implacable de Estados Unidos, Cuba vive su peor crisis en 25 años. La entrada de petróleo se cortó de golpe el 3 de enero tras el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela y Trump sigue imponiendo severas sanciones contra la isla.Pero antes de eso, la economía cubana ya vivía sus horas más bajas: con el covid, el turismo -su principal fuente de divisas- se desplomó, lo que sumado a las sanciones, ha hecho caer su PBI un 11 % en 5 años.Los efectos son visibles: falta de combustible y productos básicos, apagones, cortes de agua, inflación desatada y pobreza en aumento, sumado a un régimen que, a 67 años de la revolución castrista, reniega de cualquier transición democrática.

Puedes ver el programa aquí:

Abordamos las causas de la actual situación de colapso económico de la isla con Susanne Gratius, investigadora del CIDOB experta en América Latina y Cuba, y Christophe Ventura, director de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS). El periodista Aurelio Pedroso nos explica la coyuntura política y social que vive el pueblo cubano. Y junto a los periodistas cubanos exiliados Abraham Jiménez Enoa, autor de La Isla Oculta, y Diana Ferreiro, hablamos de represión y exilio, y del futuro que le espera a su país.

Este martes ha fallecido el reverendo Jesse Jackson, histórico activista por los derechos civiles. Y al pensar en las luchas y movilizaciones en momentos difíciles de la historia reciente de EEUU, he recordado un titular de hace unos días que me llamó la atención en The New York Post. La noticia ilustraba, precisamente, la persecución del activismo por los derechos humanos en el país y apuntaba contra varias organizaciones, entre ellas CodePink, una de las agrupaciones pacifistas y antiimperialistas más veteranas y activas de Estados Unidos. The New York Post es un tabloide MAGA, aprendiz de los británicos, pero con buenas fuentes en la Administración Trump. La noticia era que “el Departamento de Estado identifica a CodePink y a otros grupos de extrema izquierda como vectores de operaciones de influencia china”. Y el periódico citaba una fuente del departamento de Marco Rubio.

Bajo la persecución política alentada por Trump, ya desde su primera presidencia, las luchas y los activismos se entrelazan, como muestra un hecho de 2019 que conecta directamente a Jackson con CodePink.

Hace seis años, en mayo de 2019, el reverendo Jesse Jackson acudió a la embajada de Venezuela en Washington DC para llevar alimentos a un grupo de activistas que había ocupado el edificio durante semanas con el fin de impedir que Estados Unidos entregara la legación diplomática al equipo del autoproclamado Juan Guaidó. La ocupación —autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro tras la ruptura de relaciones con EEUU— buscaba preservar la sede como propiedad del Estado venezolano frente al reconocimiento de Guaidó por parte de Washington, una situación sin precedentes en la práctica diplomática moderna.

Fueras de la embajada, Jackson fue recibido y agradecido por activistas de CodePink, que habían apoyado la ocupación desde el inicio y defendían que la sede seguía perteneciendo al gobierno venezolano; también se concentraban allí simpatizantes de la oposición antichavista, en un clima de confrontación permanente.

Pero para la Administración Trump poco importa que se trate de organizaciones con décadas de trayectoria en la defensa del pacifismo y la oposición al intervencionismo estadounidense, incluso de la mano de referentes históricos del país como el reverendo Jesse Jackson. La justificación que a la que ha recurrido la Administración para perseguirlas es la acusación —sin pruebas— de recibir financiación desde China. En esa línea, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de EEUU, Sarah Rogers, declaraba en The New York Post: “Organizaciones como CodePink y The People’s Forum denigran a Estados Unidos, encubren la violencia de los regímenes marxistas y protegen a China, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con conexiones con el Partido Comunista Chino. El Departamento de Estado buscará la total transparencia de las redes de donantes y ONG que presionan a favor de nuestros adversarios y tratan de debilitar la determinación de Estados Unidos”.

En todo caso, lo que no aportaban la fuente ni el periódico era ninguna prueba de que estas entidades defensoras de los derechos humanos tuvieran ninguna obediencia al Partido Comunista Chino. Y lo que ni el periódico ni el Departamento de Estado recogen son los múltiples piropos de Donald Trump al presidente chino, Xi Jinping, ni el hecho de que pospusiera el cierre de TikTok meses y meses hasta que llegó a un acuerdo con Pekín para crear una filial en EEUU con accionariado estadounidense.

La supuesta prueba de cargo definitiva de la obediencia al PCCh de estas entidades es que el esposo de una fundadora de CodePink y mecenas de ambas organizaciones, natural de Sri Lanka, vive en Shanghai. Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie al medio y al Departamento de Estado para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh.

Unos días después de la noticia de The New York Post, es el propio Departamento de Estado, a través de su cuenta de X, el que carga abiertamente contra CodePink y The People's Forum: “Denigran a Estados Unidos, lavan la violencia de los regímenes marxistas y encubren a narcoterroristas como Maduro, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con vínculos con el Partido Comunista Chino”.

De nuevo, el Departamento de Estado no acompaña su publicación con un informe de esos supuestos vínculos con el PCCh. Le basta con un pantallazo del titular fabricado por ellos mismos en The New York Post.

Pero a esta Administración nunca le ha supuesto un problema no aportar pruebas de acusaciones gravísimas o incluso la comisión de asesinatos por sus agentes o soldados.

Por ejemplo, cuando llamaron a Alex Pretti y Renee Good “terroristas internos”. Nunca hubo una prueba de eso, pero lo hicieron para justificar sus asesinatos en operaciones de represión migratoria. Y no han pedido perdón por ello.

Tampoco han aportado nunca una sola prueba de los supuestos vínculos narcoterroristas de los 136 asesinados extrajudicialmente en 40 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. Como tampoco nunca se aportaron pruebas de que las organizaciones de izquierdas estuvieran detrás del asesinato del comentarista ultra Charlie Kirk. Del mismo modo que jamás han explicado a qué se referían cuando designaban organización terrorista a Antifa, y en qué se ha traducido eso.

Entre otras cosas, porque Antifa no existe como organización. Pero eso a la Administración Trump no le importa, en realidad, le sirve para crear enemigos externos con los que mantener la tensión de su base, alimentada por los abundantes comentaristas MAGA.

Medea Benjamin, cofundadora de CodePink en 2002 y activista pacifista y contra el imperialismo estadounidense, ha sido nominada en varias ocasiones para el premio Nobel de la Paz. Y explica a elDiario.es: “No tiene ningún fundamento la acusación de que CodePink esté financiada, o incluso influenciada, por el Partido Comunista Chino. Y la acusación de que 'encubrimos a narcoterroristas' es igualmente absurda. Lo cierto es que nos persiguen porque nos oponemos al apoyo estadounidense a Israel, no creemos en el secuestro de líderes extranjeros y no queremos que la gente en Cuba muera de hambre como quiere Marco Rubio”.

En efecto, es muy habitual ver a Medea y sus compañeras de CodePink habitualmente en el Capitolio protestando contra altos dirigentes de la Administración Trump por la represión migratoria, el ataque a Venezuela, el bloqueo a Cuba o el genocidio israelí. Lleva décadas haciéndolo.

La persecución de la crítica y la disidencia es un hecho diario en los Estados Unidos de Trump. Hemos hablado a menudo de los ataques a los periodistas. Pero va mucho más allá.

Al calor del asesinato de Charlie Kirk, cuando Trump aprovechó para apretar las tuercas a los medios de comunicación, a donantes demócratas como George Soros y para acelerar en la criminalización hasta del humor, como la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, el presidente de EEUU aprobó un llamado Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) en el que el presidente de EEUU establecía “una estrategia integral para investigar, desarticular y desmantelar todas las etapas de la violencia política organizada y el terrorismo interno. [...] Para investigar, enjuiciar y desarticular las entidades y personas que participan en actos de violencia política e intimidación destinados a impedir actividades legales u obstruir el estado de derecho. Este enfoque se centrará en todos los aspectos de la estrategia organizada que da lugar a la violencia política y la intimidación, incluyendo la radicalización, el reclutamiento, los mecanismos de financiación, la participación de organizaciones no gubernamentales, los delitos financieros relacionados y los actos definitivos de violencia política e intimidación en sí mismos, utilizando las autoridades de todo el Gobierno federal y un enfoque de investigación más amplio”.

El memorándum terminaba recordando que “el presidente Trump designó a Antifa como organización terrorista interna, ordenando al Gobierno federal que investigue, desarticule y desmantele todas las operaciones ilegales llevadas a cabo por Antifa o cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa”.

A día de hoy, cinco meses después, no hay noticias de grandes redadas llevadas a cabo contra Antifa en EEUU.

El New York Post cita –sin enlace– un informe –que no pone a disposición del lector– del Departamento de Estado llamado Contrarrestar la manipulación y la interferencia de la información extranjera, en el que se alega que China “difunde propaganda a través de campañas llevadas a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro como CodePink, People's Forum y grupos vinculados a la famosa red Singham”.

The People's Forum, organización con sede en Nueva York, también ha difundido un comunicado en respuesta a las acusaciones del Departamento de Estado: “Como parte de la guerra contra la libertad de expresión, el Departamento de Estado de EEUU ha publicado una declaración que ataca abiertamente a The People's Forum y otras organizaciones. Esta declaración, compartida por la Casa Blanca de Trump, está diseñada para silenciar las voces de quienes se atreven a criticar las políticas del gobierno estadounidense. Las acusaciones contra nosotros, que nos acusan de ser 'vectores de influencia extranjera', son tácticas recicladas de un capítulo no muy lejano del macartismo en la historia estadounidense. Al etiquetar a nuestras organizaciones como 'agentes' de 'manipulación extranjera', el gobierno estadounidense busca demonizar y reprimir las legítimas quejas de quienes están indignados por las violentas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la deportación de migrantes, el despliegue de fuerzas militares y agentes federales en ciudades y pueblos de Estados Unidos, la persecución de estudiantes que protestan contra el genocidio en Gaza y las interminables intervenciones militares y el uso de bloqueos y sanciones para generar hambrunas en el extranjero”.

El comunicado prosigue: “Las acusaciones infundadas de que 'encubrimos a narcoterroristas' y otras acusaciones igualmente absurdas son un esfuerzo descarado y transparente para intimidar a quienes nos apoyan y deslegitimar los movimientos de base. [...] Seguiremos defendiendo a los inmigrantes en nuestro país y dialogando con otros movimientos en el mundo, desafiando las políticas de guerra y agresión, y defendiendo el derecho a organizarse y expresar su disidencia. [Esto es] Un intento desesperado de generar consenso para una nueva ronda de represión. No nos silenciarán”.

Una de las últimas campañas de The People's Forum tiene que ver con la denuncia de la asfixia a la que está sometiendo la Administración Trump al pueblo cubano.

La práctica no es nueva: se usa una parte real –el esposo de una activista que reside en China por sus negocios y es donante de las organizaciones– para, de ahí, realizar sucesivas yuxtaposiciones ilegítimas hasta concluir, sin prueba alguna, que los comunistas chinos teledirigen los movimientos sociales contra las políticas de Trump. A partir de ahí, se busca deslegitimar esas causas, ensuciar los nombres de las organizaciones y sus integrantes y apretar las filas de la tropa en año de elecciones legislativas.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha declarado la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de Martiño Ramos Soto, el docente ourensano condenado en firme a 13 años de cárcel por la violación de una alumna.

La resolución se ha dictado a propuesta de la Consellería de Educación y a tenor de la sentencia judicial, declarada firme el 3 de julio de 2025, que instaba a su inhabilitación absoluta para ejercer la docencia durante un periodo de 12 años.

Martiño Ramos fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16, después de haber contactado con ella por redes sociales y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar.

El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a “prácticas sádicas” y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque en ese periodo huyó de España.

El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura y en noviembre el diario El Español adelantó que Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el mes de julio. En Cuba fue detenido en noviembre y, desde entonces, se está a la espera de su extradición. Fuentes próximas han confirmado a Europa Press que este proceso sigue todavía en tramitación.