La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional tener cualquier tipo de bien o dinero en el extranjero, oculto o a su nombre, y además ha autorizado por escrito al juez José Luis Calama a comprobarlo si lo considera necesario. Un “consentimiento expreso” para que el juzgado pueda dirigirse a países o bancos “fuera de España, en cualquier territorio y jurisdicción” y acreditar, según su versión, que es titular “directo o indirecto” de nada. Las comisiones rogatorias internacionales destinadas, habitualmente, a examinar este tipo de ocultaciones no necesitan del permiso del investigado.

El expresidente socialista del Gobierno ha comparecido este miércoles durante casi tres horas ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Una investigación con varias ramificaciones en la que se analiza si pudo cobrar a cambio de favorecer el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra por parte del ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, pero también si tenía en la caja fuerte de su despacho en Ferraz joyas por valor de 1,3 millones de euros sin haber tribudado correctamente.

Una de las sospechas que ha expresado el juez instructor en sus autos es que la trama tenía intención de crear una sociedad en Dubái para canalizar el dinero, una modalidad “típica” del blanqueo de capitales con “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia (...) la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”, dijo entonces Calama. “No tengo absolutamente nada fuera de España”, ha contestado este miércoles el expresidente en un comunicado al salir de la Audiencia Nacional. Una declaración que, según el juez, no ha servido para disipar las sospechas que pesan sobre él, aunque no haya visto necesaria la imposición de las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa del expresidente ha entregado un documento escrito al juzgado para reforzar la negación de los hechos y facilitar, explica, que el juez pueda obtener cualquier información sobre él en otros países o en entidades extranjeras. Un “consentimiento expreso” para que la Audiencia Nacional “pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza, fuera de España, en cualquier territorio o jurisdicción” para recopilar información “relevante para esta causa”.

Entre esa información sobre cosas que, según Zapatero, no tiene ni a su nombre ni a nombre de terceros en el extranjero, cita: “Activos mobiliarios o inmobiliarios, o de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato”. También anuncia su “expresa voluntad” para entregar al juzgado “cuantos documentos fueran necesarios” para la investigación.

Las cuentas del expresidente y de su entorno en España ya habían sido intervenidas por el juez, que hace casi un mes bloqueó saldos hasta 490.780 en las cuentas bancarias de Zapatero. Es el dinero que le abonó la empresa Análisis Relevante, uno de los pagos bajo sospecha en esta causa. El ofrecimiento del expresidente socialista a facilitar el acceso a una información que, afirma, no existe en realidad, estaría destinado a una hipotética comisión rogatoria que el juez Calama enviase a terceros países para rastrear el dinero de la trama.

Las comisiones rogatorias internacionales se tramitan a través de los departamentos de Justicia tanto del país reclamante como del país que recibe la solicitud de información, y por norma general no se suele dar traslado o pedir permiso a las personas investigadas, suponiendo que no se haga bajo secreto de sumario. La información bancaria, de titularidad de números de teléfono o de actividad laboral de un investigado en un tercer país son datos que se entregan o se deniegan en base a los tratados de colaboración que España tiene firmados con esos estados. Según los datos oficiales, España tiene firmados estos convenios con en torno a medio centenar de países, también con Emiratos Árabes Unidos, con el que hay hasta convenio de extradición.

Diversas fuentes consultadas rebajan, por tanto, la relevancia que una autorización del expresidente del Gobierno pueda tener en una solicitud internacional de información sobre productos bancarios o posesiones inmobiliarias, aunque sí pueda llegar a acelerar alguna gestión concreta.

La UCO ha estado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. No solo ha buscado información en la sede del PSOE, también la Dirección General de la Guardia Civil. Y aquí llega el gran titular: La Audiencia Nacional apunta a que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra fiscales y policías. El juez atribuye a Santos Cerdán un “papel superior” en el plan para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” las causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno y Leire Díez era su brazo ejecutor. También sabemos que el juez Pedraz de la Audiencia Nacional imputa a Santos Cerdán, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. 

¿Cómo afecta esto al PSOE en unas semanas en las que, además, se añade la imputación de Zapatero, el juicio del hermano de Pedro Sánchez y la inminente sentencia del caso Ábalos? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.  

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Estos últimos días seguimos buceando en las carpetas y archivos del sumario del caso Zapatero… Cada día, probablemente durante muchos días, irán aflorando detalles, algunos sospechosos, otros completamente irrelevantes aunque llamativos a los que tendremos que dar el orden que merecen. Muchos de ellos giran en torno a la aerolínea que da nombre al caso: Plus Ultra. 

¿Es una compañía española o venezolana? ¿Cumplía o no los requisitos para el rescate en la pandemia? ¿Qué papel desempeña Zapatero o cuál le atribuye la UDEF en toda esta operación? Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.    

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El empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea Plus Ultra, se revela en el sumario como una suerte de alfa y omega del caso Zapatero. Reyes constituye la pista que originó el caso y a él atribuye la Fiscalía Anticorrupción el destino final de una parte del rescate a la compañía aérea. La fiscal Elena Lorente y el juez José Luis Calama sospechan que el empresario venezolano tiene escondido en paraísos fiscales de medio mundo parte de los 53 millones de dinero público. Reyes se encuentra fugado desde 2024.

“Según los indicios del procedimiento, Rodolfo José Reyes y otros gestores de Plus Ultra idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio' [la ayuda de 53 millones], que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente forma parte el antedicho”. Así consta en la Orden Internacional de Detención librada en marzo por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Una comisión rogatoria procedente de Suiza solicitó a la Fiscalía Anticorrupción española en el verano de 2024 información sobre una lista de individuos que estaban siendo investigados por una red internacional de blanqueo de capitales y que tenían parte de su residencia en España. El origen del caso era el desvío de fondos para un plan de ayuda alimentaria a sectores desfavorecidos en Venezuela, así como de un gran negocio de oro. Resultó que Rodolfo Reyes aparecía como “cliente” de esa red de blanqueo de capitales y que había transferido “grandes cantidades de dinero a Panamá Puerto Rico y la República Dominicana”.

La Audiencia Nacional cree que Reyes aprovechó sus “vínculos con la organización” para ordenar presuntamente que “algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente tras haber sido recibidas en cuentas bancarias de Plus Ultra en España”. El destino de esos fondos serían tres sociedades instrumentales de Simon Leendert Verhoeven, miembro de la red de blanqueo que también está en busca y captura.

Las tres sociedades de Verhoeven (Valerian Corporation Sa. Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd) tenían abiertas, a su vez, “cuentas bancarias opacas” en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. La Audiencia Nacional reúne indicios de que una de las tres sociedades ha participado en la venta de oro “de origen desconocido a una sociedad en Dubái” y también de que Rodolfo Reyes ha participado en negocios con el metal precioso.

“Al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de las sociedades instrumentales de la organización criminal se trató de lograr perder el rastro del origen ilícito del dinero”, argumenta la Fiscalía Anticorrupción.

La Administración estadounidense interceptó a Rodolfo Reyes años antes, en 2021, en el aeropuerto de Miami. Le retuvo y clonó su teléfono móvil en el que aparecieron referencias a Plus Ultra y al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En 2026, y en el intento de intercambiar información, la Homeland Security Investigation, agencia de inteligencia estadounidense, entregó a la Fiscalía Anticorrupción española las referencias halladas en el teléfono de Reyes.

El 22 de julio de 2020, Reyes reenvía un mensaje de directivos de la compañía en el que cuentan el resultado de la reunión mantenida con los altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura [secretario de Estado] y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ”altas“ recomendaciones (...)”. A ese mensaje que él mismo reenvía, Reyes añade de su parte: “Sí, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detrás”.

Reyes salió del consejo de administración de Plus Ultra en octubre de 2025 en representación de Snip Nation, que tiene el 52,8% de la compañía. Plus Ultra informó de los cambios en su consejo con normalidad, ajena a la investigación secreta que llevaba la Audiencia Nacional contra Rodolfo Reyes y otros empresarios vinculados a la compañía.

Sospechas de dinero negro para sobornos

Hace dos meses, la Fiscalía Anticorrupción reiteró esos indicios e insistió en la solicitud de que Reyes y los otros tres investigados en la causa de Plus Ultra sean objeto de una orden internacional de detención cursada por Interpol. La organización policial había exigido más precisión en los hechos que se atribuyen a los imputados y Anticorrupción contestó que la causa estaba todavía secreta.

Aún así, la fiscal Lorente se extendió algo en las alegaciones presentadas dos años antes y deslizó que uno de los requeridos, Luis Felipe Baca Arbulu, pudo entregar dinero en efectivo a Rodolfo Reyes para sobornos relacionados con el rescate de Plus Ultra. En concreto, Lorente escribe 12 de marzo pasado: “Hay indicios de que Baca facilitó a Rodolfo Reyes cantidades en efectivo de las que éste pudo haber dispuesto con espurios fines en fechas coincidentes con los trámites para obtener la ayuda pública solicitada”.

El peruano Luis Felipe Baca Arbulu, el holandés Simon Leendert Verhoeven y el venezolano Rodolfo Reyes son investigados por la Audiencia Nacional junto a la esposa de este último, María Aurora López. Todos ellos están en paradero desconocido. A los cuatro, el juez Calama les atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

El Gobierno de España ha iniciado los trámites para retirar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales “al considerar que cumple ya con los criterios de transparencia fiscal y equidad tributaria exigidos por la legislación española”.

Gibraltar figuraba en la lista española de paraísos fiscales desde la primera versión de esa lista, en un real decreto publicado en 1991 y se mantuvo así a lo largo de sucesivas reformas durante 35 años. Sin embargo, el territorio británico está incluido en la lista blanca de la OCDE desde 2009 y nunca ha aparecido en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas.

En marzo de 2021, cuando entró en vigor el Acuerdo Internacional en materia de Fiscalidad y Protección de los Intereses Financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, España “se comprometió expresamente a retirar a Gibraltar de su lista en un plazo de dos años”.

Ese compromiso no se cumplió en el plazo previsto, de hecho, ha tenido que esperar tres años más de lo establecido. El Ministerio de Hacienda lo hará por una orden ministerial cuyo borrador será sometid a una consulta pública de siete días hábiles que se cerrará el 1 de junio de 2026 y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado

El Gobierno de Gibraltar ha celebrado la medida en un comunicado de prensa en el que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado que esta medida es “un paso largamente esperado y muy bienvenido”.

“Durante 35 años, Gibraltar ha cargado con la etiqueta de paraíso fiscal. Esa etiqueta era injusta. Lo era cuando se aplicó por primera vez en 1991 y se hizo cada vez más difícil de justificar a medida que desarrollábamos uno de los centros financieros más transparentes y mejor regulados del mundo. España ha iniciado ahora el proceso para corregir el relato”, ha agregado.

Sobre el retraso en la retirada de Gibraltar de la lista, Picardo ha asegurado que “ha tardado más de lo que debería y ese retraso ha tenido consecuencias reales para nuestra economía y nuestra reputación”. Pese a eso, el ministro principal gibraltareño ha reiterado que “lo importante ahora es que España está cumpliendo con su palabra. Es una buena noticia para Gibraltar, para nuestro sector de servicios financieros y para las numerosas empresas y particulares de ambos lados de la frontera cuya vida laboral se ha visto afectada por esta calificación desfasada”.

La Audiencia Nacional enmienda la plana a Hacienda y al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y obliga a la Agencia Tributaria devolver a Shakira 55 millones de euros más intereses y costas (la defensa cifra la devolución en más de 60 millones) por el ejercicio fiscal de 2011. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la representación legal de la cantante en el litigio por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de ese concreto año fiscal y ha acordado por sentencia anular las liquidaciones y sanciones impuestas. 

En la sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso considera que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera ese año en España más de 183 días, tal y como exige el artículo 9.1 de la Ley del IRPF en relación el domicilio fiscal que se determina a la hora de tributar dicho impuesto. Al contrario, los magistrados entienden que la estancia de Shakira en España fue de 163 días y que la Administración no ha probado, por tanto, que la cantante tuviera el núcleo de intereses económicos y las relaciones familiares en nuestro país, en los términos establecidos en el mencionado artículo.

La Sala recuerda que la inspección de Hacienda arrancó en 2016 y para el periodo comprendido de 2011 a 2014. Y detalla que, únicamente respecto al ejercicio 2011 y para el IRPF, se dictó una liquidación para regularizar la situación tributaria de la cantante que ascendía a 24,7 millones de euros (19 ,9 de cuota y 4,7 de intereses de demora). El fisco señaló entonces que esa regularización venía motivada porque Shakira tenía la consideración de residente fiscal en España y, por tanto, debía tributar aquí “por la renta mundial obtenida” con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Pero iba más allá, y acusaba a la cantante de controlar “un entramado de sociedades” que le permitía obtener rentas en jurisdicciones con una baja tributación. Hacienda consideraba que esa maraña de sociedades le sirvió para “distraer las rentas” y ocultarlas de manera que fuera “imposible conectarlas con su verdadera generadora y preceptora última”. Una vez concluido el procedimiento abierto en el seno de la Agencia Tributaria se le impuso una sanción respecto a ese 2011 por infracción muy grave que ascendía al 125% del dinero reclamado. “Al concurrir ocultación y medios fraudulentos por la utilización de persona interpuesta, alcanzando un importe total de 24,9 millones euros.

En cuanto al impuesto de patrimonio de ese año, la Agencia Tributaria de Cataluña acordó que la cantante debía 2,6 millones de euros. Consideraba acreditada la existencia de simulación en contratos celebrados entre las sociedades Ace Entertainment, Tournesol, Geneurope, Light Tours, Light Production y Carpe Diem, y apuntaba que las mismas fueron usadas para “ocultar la obtención de rentas manteniendo su patrimonio en territorios de baja o nula tributación”. Sobre este punto, se le notificó a la cantante en junio de 2018 que se le imponía una sanción por infracción muy grave y se le informaba de que el montante era de 2,7 millones. Así, las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF y el impuesto de patrimonio sumadas a las dos sanciones muy graves elevaron la cantidad que tuvo que abonar a Hacienda a los 55 millones de euros.

La residencia de Bahamas

 En la sentencia se recoge que la Administración Pública había analizado extensamente si la recurrente residía en efecto en Bahamas en 2011 y determinó que debía negar la validez de ese documento, algo con lo que no está de acuerdo la Sala: “Lo cierto es que constituye un indicio probatorio”.

El tribunal, en su sentencia, señala que Hacienda lo que debía probar era si la recurrente era residente fiscal en España. “Por tanto, que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 fuera de España (lo cual no es discutido)”, añade. Así, los magistrados concluyen que no cabe reputar ocasional o esporádica una ausencia prolongada por periodo superior a 183 días, “ya que de aceptar que ello fuera así el concepto de residencia habitual, sustentado a su vez en el de permanencia en España, quedaría completamente privado de sentido y razón”.

El tribunal niega también que tenga valor alguno que Hacienda sostenga que ya en 2011 se había producido el inicio de su residencia en España debido a la relación sentimental de la cantante con el ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, residente en España. “En 2011 no existía vínculo conyugal con un residente en España (la afirmación de la Administración es que existía una relación sentimental con un residente español, que no puede equipararse legalmente a un vínculo conyugal), ni existían en ese año hijos menores de la recurrente, residentes en España”, apunta.

Y concluye que al no tener domicilio fiscal en España “es obvio que las liquidaciones y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho, porque parten de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011 su domicilio fiscal en España y ello no ha quedado acreditado”.

Cabe recordar que Shakira alcanzó en noviembre de 2023 un acuerdo con la Fiscalía en su causa por fraude fiscal. La cantante admitió entonces que no pagó cerca de 14,5 millones de euros en impuestos en España entre 2012 y 2014 pese a que estaba obligada al pasar más de la mitad del año en nuestro país. La artista se comprometió a abonar una multa millonaria a cambio de evitar los tres años de cárcel a los que había sido condenada.

Fuentes de Hacienda, consultadas por elDiario.es, señalan en este sentido que lo que se dilucidaba en la Audiencia Nacional era exclusivamente el ejercicio 2011 por la vía administrativa. Y adelantan que el fisco instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, en un comunicado, el equipo legal de la cantante celebra la sentencia “tras ocho años de disputa y una persecución encarnizada contra Shakira”. Y recuerda que ese 2011 ella estaba de gira por todo el mundo y que llegó a ofrecer 120 conciertos en 37 países distintos: “No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país”.

Además, denuncia la “presión” ejercida por Hacienda, y recuerda que “una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene”.

“La base de operaciones se encuentra en España y, siendo residente fiscal español, deberá tributar a la Hacienda española por la totalidad de sus rentas”. Se trata de una de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en relación a un piloto de Ryanair que reclamaba quedar exento del pago del IRPF al alegar que trabaja para una empresa con sede en Irlanda y realiza su actividad, en gran medida, en vuelos internacionales. La Justicia, sin embargo, desestima su petición y avala el criterio defendido por la Agencia Tributaria, cada vez más extendido en este tipo de resoluciones: aunque la actividad se proyecte fuera de España, su centro de trabajo sigue estando en el aeropuerto de Palma y, en consecuencia, dentro del territorio nacional.

Lejos de ser un litigio aislado, el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se inserta en una línea cada vez más asentada que busca garantizar que los contribuyentes con arraigo laboral en España tributen por el conjunto de sus rentas, incluso cuando su actividad tenga una dimensión claramente internacional. El conflicto, además, no solo afecta a los trabajadores que operan fuera de España, pero cuya estructura laboral o retributiva permanece anclada al país. Tal como se desprende de las distintas resoluciones dictadas en esta materia, consultadas por este medio, en los últimos años -especialmente entre 2024 y 2025-, el Tribunal Supremo (TS) ha estudiado casos relativos a tripulantes de buques de la Armada desplegados en misiones en el extranjero -como operaciones de la OTAN- en los que la Justicia ha rechazado la aplicación de la exención pese a que el trabajo se desarrollaba en aguas internacionales.

La razón es similar a la que se aplica en el caso de los pilotos: Hacienda sostiene que el buque no supone un verdadero desplazamiento fiscal al extranjero, al considerarse bajo jurisdicción española, y que no existe un beneficiario real no residente de los servicios. En la práctica, el tribunal traslada la misma lógica: no basta con trabajar fuera de España si la estructura en la que se integra esa actividad sigue radicada en el país.

La controversia pivota en torno al artículo 7.p de la Ley del IRPF, que permite dejar exentos de impuestos hasta 60.100 euros anuales cuando el trabajo se realiza efectivamente en el extranjero. Pero la norma no es automática: exige que concurran tres requisitos fundamentales –que la actividad se desarrolle fuera de España, que el destinatario de los servicios sea una entidad no residente y que el país de destino cumpla determinadas condiciones fiscales–. La clave, en la práctica, está en acreditarlos.

En el caso del piloto de Ryanair, la disputa giraba precisamente en torno a esa interpretación. El trabajador defendía que debía aplicarse la exención por los servicios prestados en el extranjero en 2018, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales. Pero tanto la Agencia Tributaria como el tribunal rechazan esta lectura y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada con España.

El piloto de Ryanair reclamaba que se le aplicara la exención por los servicios prestados en el extranjero, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales fuera de España. La Agencia Tributaria y el tribunal rechazan y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada a territorio nacional

El elemento decisivo fue la base de operaciones, el lugar desde donde empieza y termina la jornada, se organizan los turnos y se asignan los vuelos. El piloto la tenía fijada en el aeropuerto de Palma, lo que lleva al tribunal a considerar que su centro de trabajo se encontraba en España, aunque parte de su actividad se desarrollara en vuelos internacionales. A falta de pruebas que acreditaran un traslado efectivo de esa base o que los servicios se prestaban directamente para la matriz extranjera –y no para su estructura en España–, la Justicia concluye que debe tributar íntegramente en el país.

No en vano, durante años, Ryanair defendió que los conflictos laborales debían resolverse en Irlanda, donde cuenta con su sede formal. Sin embargo, esta estrategia quedó en gran parte desactivada tras varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente las dictadas en 2017, en las que el alto tribunal estableció que el elemento determinante no es la ubicación jurídica de la empresa, sino el lugar desde el que el trabajador desempeña habitualmente su actividad. En el caso de los tripulantes aéreos, ese criterio se identifica con la base de operaciones. Esta doctrina permitió a pilotos y personal de cabina reclamar sus derechos ante los tribunales de los países en los que están destinados, consolidando un enfoque que pone el acento en la realidad laboral por encima de las estructuras societarias.

Yates de lujo y paraísos fiscales

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles, desde tripulaciones aéreas hasta trabajadores del sector náutico. Palma es, además, una de las principales bases operativas de varias aerolíneas europeas, entre ellas Ryanair, lo que implica la presencia de numerosas tripulaciones residentes fiscales en España pero con actividad internacional. En este contexto, la jurisprudencia insiste en la necesidad de acreditar de forma rigurosa tanto dónde se realiza efectivamente el trabajo como quién es el beneficiario de los servicios.

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles

No en vano, en una sentencia de 2022, el TSJIB analizó la situación de un capitán de yate que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: la embarcación se dedicaba al chárter para clientes privados en destinos como Francia, Italia o Grecia, una operativa habitual en un segmento, el de los yates de lujo, ampliamente presente en el archipiélago y dirigido a clientes de alto poder adquisitivo. De hecho, el barco estaba vinculado a sociedades domiciliadas en territorios considerados paraísos fiscales, lo que refuerza el carácter globalizado -y fiscalmente complejo- de este tipo de actividad.

En su sentencia, el tribunal concluía que, pese a esa aparente proyección exterior, el capitán, que contaba con unos ingresos mensuales de 7.000 euros, debía tributar en España la totalidad de sus ingresos al considerar acreditada su residencia fiscal en las islas. El criterio determinante, por tanto, no residía tanto en dónde navegaba el barco como en los vínculos del contribuyente con España: el propio interesado reconoció que, cuando no estaba embarcado, vivía en España, donde además tenía una vivienda en propiedad y su puerto base se encontraba en Palma.

Con estos mimbres, la Sala entiende que concurrían los criterios del artículo 9 de la Ley del IRPF, que establece que una persona es residente fiscal en España en función de dos ejes principales. El primero es la permanencia, que se considera acreditada si el contribuyente permanece más de 183 días durante el año natural en territorio español, computándose también las ausencias esporádicas salvo que se demuestre la residencia fiscal en otro país. El segundo es el del centro de intereses económicos, que atiende a dónde se concentra la base principal o el núcleo de las actividades económicas o profesionales del contribuyente, directa o indirectamente. En la práctica, basta con que se cumpla uno de estos dos elementos para que Hacienda entienda que existe residencia fiscal en España y, por tanto, la obligación de tributar por la totalidad de las rentas obtenidas en todo el mundo.

La Justicia balear rechazó aplicar la exención en el caso de un capitán de yate residente en Palma que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: alquilaba el barco a clientes con elevado poder adquisitivo para desplazarse por Francia, Italia y Grecia

Militares desplegados en Líbano

La evolución de la jurisprudencia del TS en este sentido apunta a una aplicación algo más flexible de la exención con la finalidad de favorecer la movilidad internacional de los trabajadores, aunque sigue manteniendo límites bastante claros. En febrero de 2021, el Alto Tribunal estableció que el artículo 7.p puede aplicarse incluso cuando los desplazamientos al extranjero sean breves o no continuados, descartando la necesidad de una estancia prolongada fuera de España. Un criterio que los magistrados han reforzado en resoluciones posteriores, en las que el Supremo ha extendido la exención a perfiles como directivos o empleados desplazados a organismos internacionales e incluso a trabajos de coordinación o supervisión.

Mientras tanto, en dos sentencias de febrero de 2026, el TS analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa y no por una entidad no residente.

En dos recientes sentencias, el Supremo analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa

No solo eso. En sendas resoluciones, los magistrados de la Sala de lo Contencioso–Administrativo recuerdan que la República Libanesa se encontraba, en los ejercicios analizados, dentro de la relación de países y territorios calificados como paraísos fiscales, lo que excluye automáticamente la aplicación de la exención. Se trata de una lista determinada por el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, que identifica aquellas jurisdicciones que, a efectos fiscales, presentan una baja o nula tributación, falta de transparencia o ausencia de mecanismos efectivos de intercambio de información con la Administración española. La inclusión en este listado -que históricamente ha incorporado territorios como Gibraltar, Islas Caimán o Guernsey- conlleva un tratamiento fiscal más restrictivo y limita el acceso a beneficios como la exención por trabajos realizados en el extranjero prevista en el IRPF.

En paralelo, los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos están aplicando estos criterios con matices en distintos sectores. En otra reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia analiza el caso de un trabajador embarcado en un buque de la Armada en misiones internacionales y rechaza la exención al no acreditarse que los servicios generasen una utilidad real para una entidad extranjera distinta de la mera participación en una organización internacional. El tribunal insiste en que no basta con trabajar fuera de España: es necesario probar que el trabajo se realiza para un destinatario extranjero concreto y que produce una ventaja efectiva para este.

Empleados del Banco de España

En cambio, otras resoluciones muestran una aplicación más flexible cuando se cumplen esos requisitos. En una sentencia dictada el pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia la pretensión de varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo en el marco de diversos proyectos y tareas de coordinación técnica. En este supuesto, los trabajadores mantenían su vínculo laboral con la institución española, pero desarrollaban parte de su actividad en el extranjero, participando en funciones que beneficiaban directamente a un organismo internacional.

Otras resoluciones muestran una aplicación más flexible. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid otorgó la exención a varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo al considerar que sus proyectos generan una utilidad real para una entidad no residente

La Sala recoge la doctrina del Tribunal Supremo y concluye que la exención prevista en el artículo 7.p del IRPF puede aplicarse en estos casos, incluso aunque los desplazamientos no sean permanentes o se combinen con trabajo en España. El elemento clave, según el tribunal, es que los servicios se presten materialmente fuera del país y generen una utilidad real para una entidad no residente, en este caso el Banco Central Europeo, con independencia de que también exista un beneficio indirecto para el empleador español. La resolución refuerza así la idea de que la exención no queda descartada por la mera existencia de vínculos con España, siempre que se acredite de forma suficiente la dimensión internacional efectiva del trabajo.

El mismo tribunal aplicó en otro procedimiento judicial un matiz relevante: incluso cuando se cumplen los requisitos para aplicar la exención, ésta no opera de forma automática ni total, sino que debe calcularse de manera proporcional en función del tiempo real de trabajo en el extranjero. Lo hizo constar en una sentencia del pasado mes de diciembre, relativa a un tripulante que trabajaba como capitán y primer oficial en un yate con base en el extranjero y que reclamó la aplicación de la exención del artículo 7.p del IRPF por trabajos realizados fuera de España.

Según consta en la resolución, el trabajador prestó servicios durante 152 días en aguas internacionales y en distintos países europeos, percibiendo unos ingresos anuales superiores a 82.000 euros. En este caso, el tribunal no cuestiona que el trabajo se realizara efectivamente en el extranjero ni que la empresa empleadora fuera no residente, sino que centra el debate en el alcance de la exención: por ello, rechaza que pueda aplicarse a la totalidad de los ingresos y confirma el criterio de la Agencia Tributaria, que limitó su aplicación únicamente a los días efectivamente trabajados fuera de España y determinó que solo quedaban exentos unos 34.168 euros de los más de 82.000 percibidos. El resto debía tributar en España.

El Tribunal Supremo ha condenado al periodista Eduardo Inda y su medio OkDiario a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por publicar en 2016 el bulo de que tenía una cuenta oculta en el paraíso fiscal de Granadinas. Los jueces de la Sala de lo Civil consideran que fue el propio Inda el que modificó las informaciones de un redactor para dar por buena la existencia de esa cuenta con cientos de miles de euros pero, en realidad, “la información no fue veraz” porque “no se basaba en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”. Tanto Inda como su periódico deben publicar su condena en sus redes sociales.

El bulo sobre el dinero que el exlíder de Podemos atesoraba en una cuenta en Granadinas fue uno de los que se lanzaron contra Iglesias y su entorno un mes antes de las elecciones generales de 2016, cuando las encuestas acercaban al partido a los resultados del PSOE. Bajo el titular “El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”, el digital de Inda exponía un supuesto documento bancario y afirmaba que el dinero llegó desde Venezuela a la cuenta de Iglesias en Granadinas dos meses después de la fundación del partido.

El digital, un día después, reforzó su información con otra pieza que aseguraba: “Las autoridades españolas acreditan que los documentos del pago a Pablo Iglesias son auténticos”. La realidad es que esa cuenta bancaria no existía y ese documento, con un supuesto origen policial, nunca fue verificado y ni siquiera fue judicializado por la propia Policía.

El pleito ha tardado casi una década en quedar resuelto en firme por el Supremo con una condena económica de 18.000 euros para Eduardo Inda y su digital, quedando exonerado el redactor de la noticia. Su tramitación se solapó con las causas penales impulsadas por Pablo Iglesias contra el periodista y esta causa civil quedó paralizada hasta que las deliberaciones volvieron a arrancar hace pocas semanas.

El Supremo concluye que hay una prueba principal para condenar a Inda y OkDiario: la declaración de Francisco Mercado, el periodista que firmó esa información y cuyo testimonio ha sido clave para llegar a una sentencia condenatoria. Él relató a los tribunales cómo su información original se limitaba a firmar que la Policía investigaba si esa cuenta en Granadinas existía, y que fue Inda el que manipuló el texto para acabar afirmando que la cuenta era real y que la Policía confirmaba la veracidad de las pruebas.

La realidad, además de que la cuenta no existía, es que la Policía no tenía ni la más mínima prueba de la veracidad de esos documentos, tal y como reconoció el propio Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y ya condenado por maniobrar ilegalmente desde el cuerpo en la causa contra los Pujol, además de a la espera de juicio en el caso Kitchen e imputado en la causa por la guerra sucia policial contra Podemos.

“La información no fue veraz porque, tal como fue publicada definitivamente, no se basó en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”, dice el Supremo a pocos meses de cumplirse la publicación del bulo. Eduardo Inda, declara probado el tribunal, fue quien manipuló esa información y tanto él como el periódico deben responder económicamente por el bulo: una indemnización de 18.000 euros para Iglesias además de la obligación de borrar la información falsa y de difundir su condena tanto en el medio como en sus redes sociales.

“Sabíamos que era mentira”

El Supremo constata que el bulo llegó en un momento político delicado para Podemos y la candidatura que entonces encabezaba Iglesias a la Moncloa, con las encuestas dándole su mejor resultado histórico: “Se publicaron apenas unas semanas antes de las elecciones generales en las que el demandante encabezaba la candidatura de su partido político. Los hechos que se le imputaban afectaban considerablemente a su reputación y se realizaron en un medio de comunicación con importante presencia en Internet, no solo mediante la web del diario sino también por las redes sociales”.

La creación de este falso documento bancario y su difusión en OkDiario es considerada por Iglesias y Podemos como una de las primeras operaciones coordinadas de la cloaca policial para perjudicar el ascenso del partido en sus primeros años de vida. “Sabíamos que era mentira”, dijo por ejemplo Francisco Martínez, número dos de Interior con Mariano Rajoy, en una conversación con el empresario Javier Pérez Dolset. Un recorrido por la cronología del bulo detalla cómo el bulo nació en el seno de la Policía y llegó a las portadas a menos de dos meses de las elecciones generales.

elDiario.es fue el primer medio en desmentir la existencia de esta falsa cuenta en Granadinas: antes de salir en OkDiario había sido difundido, con ligeros cambios, por una periodista venezolana desde Miami. La exclusiva, por tanto, había sido copiada de YouTube. En una conversación grabada por el comisario José Manuel Villarejo, el policía llegó a confesar al periodista Antonio García Ferreras que el documento era una “bacalada”.

La creación del bulo sobre la cuenta en Granadinas es uno de los objetos de la investigación que lleva desde hace meses el juez Santiago Pedraz en torno a la guerra sucia policial contra Podemos. Una investigación en la que, tal y como ha revelado elDiario.es, el magistrado ha obtenido la prueba de que la brigada política del PP orquestó el bulo a través de una nota informativa. Lo que, semanas después, terminó publicando OkDiario a un mes de las elecciones en las que Podemos buscaba el 'sorpasso' al PSOE.

El caso Nummaria cuenta la historia de un hombre presentado durante décadas como un mago de los impuestos y la asesoría fiscal que, al final, resultó ser un artista del fraude. Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel pero en libertad a la espera de que su condena sea firme, compaginó su carrera pública de gran gestor de fortunas e inversiones con una 'cara B' de juicios e investigaciones por engañar a clientes en los barrios ricos de Madrid. Las caras visibles de 'Cuéntame' son algunos de los que, según la Audiencia Nacional, acudieron a su despacho para pagar los menos impuestos posibles a Hacienda.

Pocos hablan de Fernando Peña sin destacar que fue el primero de su promoción de inspectores de Hacienda y una mente privilegiada para la fiscalidad antes de coger la puerta giratoria y pasarse a la empresa privada. Fue el primer presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano del Consejo General de Economistas que hoy en día aglutina a 6.000 profesionales del sector. Desde 1988 hasta 1997 estuvo al frente de la organización mientras sentaba cátedra sobre el pago de impuestos en televisión y algunos de los principales periódicos nacionales, entrando también en la directiva de la Academia de Televisión.

Ana Duato lo resumió en su primera comparecencia en la Audiencia Nacional, allá por mayo de 2016. “Es una persona en la que confías plenamente, secretario de la Academia de Televisión e inspector de Hacienda. Me siento muy traicionada”. Pero lo cierto es que, para entonces, Peña no tenía solamente un brillante historial de experto en impuestos. También tenía un historial delictivo muy similar al que ahora le ha costado 80 años de prisión.

A finales de la década de los 80, ya fuera de Hacienda y encumbrado como faro y guía de los asesores fiscales en España, Peña y uno de sus socios empezaron a crear empresas de asesoría y gestión de patrimonios e inversiones. Sociedades en Núñez de Balboa, la calle Serrano y Velázquez, puntos neurálgicos del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, al que acudía gente con dinero para invertir con quienes Peña y su socio mantenían “una fluida relación de confianza”. Muchos terminaron perdiendo su dinero pero no reclamaron.

Los clientes que pedían ilegalidades

Los tribunales reconocieron entonces que este primer engaño atribuido a Peña no fue fácil de desentrañar porque muchas víctimas no denunciaron. Las operaciones en las que perdieron el dinero eran “opacas” por su propio interés. La gente que perdió su dinero buscaba, precisamente, la opacidad “con finalidades de, al menos, dudosa ilicitud desde el punto de vista fiscal”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

En esos primeros años de la década de los 90, algunos de sus clientes tenían la vista puesta en los conocidos como pagarés del Tesoro. Los precursores de las actuales letras del Tesoro que en ese momento eran una herramienta muy útil para manejar dinero negro y fondos opacos: no era obligatorio decir quién era el comprador. El problema de “aflorar” este dinero llegó a finales de 1992 con el vencimiento y desaparición de estos pagarés. Entre él y su socio habían invertido cerca de 200 millones de pesetas.

El dinero de varios inversores desapareció en un entramado societario portugués montado por Peña, que en 2004 fue condenado en firme a tres años de cárcel por apropiación indebida en el Supremo y a devolver 483.220 euros a cuatro clientes. Cinco años después fue indultado en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no tuvo que pisar la cárcel. El indulto le instaba a no volver a delinquir en cuatro años si no quería ir a prisión. Para entonces, según la Audiencia Nacional, Peña llevaba tiempo montando estructuras empresariales para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes” ante Hacienda.

De Portugal al caso Nummaria

Su fama como asesor fiscal no hacía sino crecer mientras los tribunales certificaban que su especialidad era, realmente, buscar negocios opacos para sus clientes. La condena del Supremo llegó en el año 2004. Lo que implica que, al menos según la Audiencia Nacional, su debut delictivo se solapó con el segundo: “Desde antes del año 2000”, dicen ahora los jueces, el despacho de Peña en la exclusiva calle Juan Bravo ofrecía ovillos societarios en el extranjero a sus clientes. Sobre todo con el objetivo de pagar menos impuestos.

En el primer caso el dinero acabó en Portugal. Con Nummaria, las estructuras se expandieron a Luxemburgo, Costa Rica, Inglaterra, Canadá y Uruguay. Y no solo sus clientes ahorraban en impuestos. El propio Peña usó 22 sociedades, seis comunidades de bienes, una fundación y una SICAV para optimizar sus declaraciones de la Renta. Anualmente declaraba ingresos derivados de su despacho que rara vez superaban los 30.000 euros cuando, por ejemplo, recibía más de un millón en Suiza.

En esos años, recién condenado por el Supremo y también recién indultado por el Gobierno bajo la condición de no volver a delinquir, dejó de pagar 9,8 millones por el IRPF y otros 5,8 millones más por el IVA. La estructura de fraude se empezó a derrumbar cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude(ONIF) tiró del hilo y llevó sus sospechas a la Fiscalía en 2016. Casi una década de causa que ha terminado en una condena, pendiente de recursos, de 80 años de prisión para el mago de los impuestos Fernando Peña.

El desglose deja 32 años de cárcel por el fraude fiscal que cometió él mismo, mientras que los 48 años restantes de presidio son como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que cometían sus clientes. Entre ellos, el actor Imanol Arias, que se sentó en el banquillo junto con Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau. Los cimientos de 'Cuéntame cómo pasó' que usaron los servicios de Nummaria para canalizar y optimizar sus ganancias pero con resultados muy distintos al final del juicio.

De 'Nummaria' a Construcciones Nueva York

La sentencia explica que tanto Duato como Arias acudieron a Peña para que fuera su asesor fiscal. Por aquel entonces, el economista ya condenado e indultado llevaba años ejerciendo como secretario de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y, según declararon todos durante el proceso, les ofrecía la máxima confianza para gestionar sus derechos de imagen. Algo similar a lo que ha llevado a muchos futbolistas de élite a ser condenados por fraude fiscal.

Los derechos de imagen de Imanol Arias terminaron en sociedades inglesas o de Costa Rica, que eran las que firmaban los contratos con la productora de la serie, mientras otras sociedades firmaban contratos con el propio Arias. Contratos que según los jueces “no tienen ningún sentido” y cuyo único objetivo es que sus ingresos tributaran como una renta vitalicia, con una bonificación del 60%. Lo mismo que sucedió con Ana Duato.

El primero decidió pactar y la segunda peleó su inocencia, dando lugar a una sentencia de elegir tu propia aventura: Arias ha sido condenado a dos años de cárcel, que seguramente no tendrá que cumplir tras pagar sus deudas, y Duato ha sido absuelta. El primero, cuyo personaje Antonio Alcántara se libró de la cárcel por los pelos en la serie después de la traición de 'Don Pablo' en la quiebra de Construcciones Nueva York, reconoció que contrató a Peña para esquivar al fisco. Duato y su marido Bernardeau consiguieron demostrar que ellos no sabían que “estaban incumpliendo su deber de constribuir”.

“Plena confianza” es el término que repite una y otra vez la sentencia para hablar de por qué los clientes ponían su dinero y sus finanzas en manos de Fernando Peña, por aquel entonces ya condenado por estafar cientos de miles de euros a varios clientes. “Yo solo me relacionaba con Fernando Peña, tenía una relación de muchísimos años, no solamente en el despacho sino en la propiedad intelectual”, dijo Imanol Arias en el juicio.

En televisión era presentado incluso como asesor de Adolfo Suárez en materia económica. Dio clase a José María Aznar en su paso por la universidad. Y allí donde los asesores fiscales de prácticas dudosas prefieren la oscuridad y el anonimato, Fernando Peña se paseó por platós de televisión, páginas de periódico y por el mundo de la pequeña pantalla mientras creaba complejas estructuras societarias para defraudar, según la Audiencia Nacional, a la Hacienda Pública a la que sirvió durante años.

Apple es la empresa del mundo que más beneficios ha escondido en guaridas fiscales como Islas Caimán o Emiratos Árabes Unidos, según un informe del Banco Central Europeo (BCE) publicado recientemente por este organismo.

El documento de trabajo, que no representa “necesariamente” los puntos de vista de la institución, señala que la multinacional tecnológica estadounidense desvió hasta la mitad de las ganancias que obtuvo entre 2009 y 2020 a filiales con residencia en territorios con impuestos bajos o directamente donde las empresas no tributan: unos 326.000 millones de dólares (más de 281.500 millones de euros, al cambio actual) de un total de 628.000 millones en beneficios.

Saudi Aramco, Microsoft, ExxonMobil, Samsung, Walmart, Chevron, Verizon, AT&T y Alphabet (matriz de Google) siguen al fabricante del iPhone en la lista de multinacionales que más beneficios han desplazado en el periodo estudiado por los economistas Fotis Delis, Manthos D. Delis, Luc Laeven y Steven Ongena, con porcentajes similares o incluso superiores respecto a sus ganancias totales.

La investigación se basa en una metodología novedosa que los expertos del BCE explican con detalle en el documento 'Datos globales sobre la transferencia de beneficios dentro de las empresas y a lo largo del tiempo'.

Un informe que unas semanas antes se dio a conocer como un 'paper' académico, y que en los datos que se presentan en el primer gráfico de esta información tiene en cuenta el desvío de beneficios de las matrices y de las filiales de las multinacionales con resultados positivos y también con pérdidas. Este es un cálculo pionero que apenas se había explorado hasta este momento.

En el segundo gráfico, se expone la lista de grandes empresas que más beneficios han desviado a guaridas fiscales, como las Islas Caimán, Emiratos, Bermudas, Baréin, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Bahamas o Gibraltar, sin incluir las filiales en pérdidas, respecto a las que es más complicado identificar el traslado de ganancias.

Estas cifras se basan en la metodología más consolidada en la literatura económica, y rebajan el volumen de ganancias escondidas, aunque las multinacionales son las mismas, con una mayoría de gigantes empresariales radicados en Estados Unidos, que al fin y al cabo son las firmas que más beneficios obtienen en el mundo, y con predominancia de los sectores relacionados con la tecnología, la energía y el farmacéutico.

El BCE publicó este 'paper' en su página web apenas unos días después de que el G7 anunciara, a finales de junio, un pacto que exime a las multinacionales de Estados Unidos de pagar el impuesto mínimo global del 15% sobre sus beneficios.

Este tributo, diseñado y acordado en el marco de la OCDE [conocido como 'pilar dos'] y del G20, lo han asumido cerca de 140 países y precisamente intenta reducir el 'agujero' de recaudación por el traslado de ganancias a guaridas fiscales. Su enfoque es que los impuestos son la base sobre la que se construye el estado de bienestar (la sanidad pública, la educación...) y permiten combatir la desigualdad.

“En un día, en una hora, el G7 destruyó 14 años de gobernanza global y se burló del marco Inclusivo del G20/OCDE al destruir el impuesto mínimo global a las multinacionales”, lamentó el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, ante la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, en la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, organizada por la ONU en Sevilla del 30 de junio al pasado 3 de julio.

“¿Por qué no querríamos que las multinacionales paguen su parte de impuestos? Es increíble”, lamentó este prestigioso economista en el post (en inglés) de la red social Bluesky.

En noviembre del año pasado, la Tax Justice Network publicó un informe que señala que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones, por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que los contribuyentes más ricos de España desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Los cálculos de la Tax Justice Network ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE) por la falta de cooperación internacional en la recaudación tributaria.

En los últimos años, en el marco de la OCDE (uno de los principales foros de las economías desarrolladas), se han producido importantes avances para mejorar la coordinación fiscal mundial. El mayor hito es el acuerdo para un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) para las multinacionales con más ingresos.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una patada a estos pactos, sacando a su país del acuerdo, poco después de tomar posesión por segunda vez. Este giro pone en cuestión este suelo para la tributación de las empresas, que España aprobó a finales de 2024 y que pretende reducir la pérdida de recaudación.

En España, el impuesto de Sociedades recaudó casi 40.000 millones en 2024, un récord desde 2007. La cifra es relevante, pero también lo es que los beneficios de las empresas han crecido mucho más que los ingresos por este tributo en los últimos años. Además, es el único impuesto entre los que más recaudan (junto a IRPF y el IVA) que no está en máximos históricos.

Eficacia en cuestión

Las razones tienen que ver con deducciones y compensaciones legales y diseñadas para apoyar la actividad del sector privado, pero también con la fuga de parte de las ganancias a guaridas fiscales. El tipo mínimo del 15% tiene ese objetivo, aunque su eficacia está puesta en cuestión al dar la espalda Estados Unidos y el G7 al acuerdo.

A finales de enero, la Comisión Europea presentó un informe en el que señala que la recaudación del impuesto sobre Sociedades en UE “aumentaría de media un 7,1% o 26.000 millones de euros anuales gracias a la aplicación de las reglas globales de impuesto mínimo [del 15%] por parte de todos los países de la UE a corto plazo”. Según prosigue el mismo documento, “estos cálculos tienen en cuenta la reciente evolución política en Estados Unidos en relación con la exclusión voluntaria del acuerdo del 'pilar dos' de la OCDE”.

Este aumento de la recaudación pese a que la primera potencia mundial se ha borrado del acuerdo se explica por el propio diseño del impuesto mínimo del 15% en tres fases. La primera es un suelo en el impuesto de Sociedades que las multinacionales pagan en el territorio donde han conseguido los beneficios. La segunda fase contempla que si una multinacional no paga ese mínimo del 15% por sus ganancias en cualquier territorio, el país en el que está la matriz puede reclamarle un recargo hasta que pague al menos ese suelo por los beneficios que no han sido tasados.

Por ejemplo, si una multinacional española traslada parte de sus ganancias a Bermudas, y allí el impuesto efectivo de Sociedades es del 0%, el fisco español tiene derecho a poner un recargo porque aquí está la matriz de la multinacional, para que esa gran empresa acabe pagando como mínimo el 15% en todas las jurisdicciones. Hasta aquí, el 'pilar dos' de la OCDE se mantiene, porque ambas fases corresponden a la soberanía fiscal de la UE y del resto de estados que se han adherido.

La tercera fase de este tributo mínimo global y coordinado es la que ha dinamitado Estados Unidos. Esta tercera fase implica que si la multinacional no paga en Bermudas, y el país donde reside su matriz no le aplica el recargo al que tiene derecho, cualquier tercer país en el que la empresa tenga actividad puede reclamar la parte proporcional del beneficio que pueda demostrar que se genera en su territorio. Esta es la parte del 'pilar dos' de la OCDE que la Administración de Trump considera inaceptable.

Sin embargo, distintos expertos y expertas consultados por elDiario.es explican que Estados Unidos tiene establecido desde hace años un impuesto mínimo de Sociedades cercano al 15% para las matrices de sus multinacionales que abarca los beneficios que desplazan a guaridas fiscales. Esto hace que la oposición de la potencia norteamericana a la tercera fase del acuerdo global de la OCDE sean más fuegos artificiales que recaudación real.

El imperio de Pere Mir nació en las faldas del Montseny, pero se mudó a Panamá, uno de los destinos preferidos de la evasión fiscal. La investigación sobre el presunto desfalco de su herencia multimillonaria ha puesto al descubierto el “opaco entramado societario”, en palabras de los Mossos d'Esquadra, del que ha sido considerado como el gran mecenas de la ciencia y la investigación en Catalunya.

El extenso informe de la policía autonómica en la causa que investiga a los albaceas de Mir, los abogados Jorge S. y Juan Francisco C. y el oncólogo Josep Tabernero, por su supuesta apropiación del legado del empresario químico supone el reverso de los elogios que, en vida y tras su muerte, recibió Mir por sus grandes donaciones a los centros de investigación catalanes.

Un viaje a la hemeroteca permite constatar la unanimidad de las alabanzas. Artur Mas condecoró a Mir con el premio nacional de investigación científica en 2011, en plena etapa de recortes. “Desde la discreción y la no injerencia, Pere Mir contribuyó a hacer grande este país”, subrayó el entonces president Carles Puigdemont tras la muerte del empresario en 2017. Tabernero, su albacea y médico personal, tituló su obituario en recuerdo de Mir “El discreto encanto de la filantropía”.

La fortuna de Mir (cifrada en hasta 400 millones de euros) se empieza a fraguar en 1942, cuando funda Derivados Forestales. Lo que empezó siendo una empresa pequeña en Sant Celoni (Barcelona), se convirtió en un coloso millonario gracias a su invención de productos destilados de madera líderes en venta en todo el mundo. Ya en los años 90, según los Mossos d'Esquadra, Mir creó una “estructura societaria” en Luxemburgo donde aportó sus acciones en las empresas, con tres testaferros mediante.

La venta de las acciones del grupo que fundó le reportó a Mir, entre los años 2002 y 2006, un total de 146 millones de euros. Antes de que el dinero llegara a las fundaciones panameñas viajó por un “entramado de sociedades interpuestas” a través de distintas cuentas bancarias de Hong Kong y Londres, señalan los Mossos, que aseguran “desconocer” el estado actual de la cuenta de una de estas empresas. En su último extracto, de 2018, su saldo era de dos millones de euros.

El dinero de la venta de Derivados Forestales, indican los Mossos, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar). A su vez, esas entidades panameñas, Elyane y Tama, eran accionistas de otras sociedades en Luxemburgo y España.

En ese mismo periodo la policía autonómica sitúa la llegada de Jorge S., el abogado del matrimonio Mir-Pàmias y principal investigado del caso. Ante notario, en sendos protocolos suscritos en 2005 y 2010, el matrimonio confirió al letrado “amplios poderes por un periodo indefinido”, incluidos los de representación.

Elyane y Tama, claves en el caso

A diferencia de lo que ocurre en España, las fundaciones en Panamá sí tienen ánimo de lucro y son instrumentos que suelen usar las grandes fortunas para evadir impuestos de forma legal. Así lo describen los Mossos en el caso de Mir, de quien dicen que empleó las dos entidades para “la optimización fiscal”.

Tanto las dos fundaciones científicas con sede en Barcelona (Cellex y Mir-Puig) como las cuatro sociedades españolas (pero participadas mayoritariamente por las dos fundaciones panameñas) que tenía el empresario permanecen intervenidas judicialmente desde mediados del mes de abril por orden de la magistrada Myriam Linage, que investiga el presunto desfalco de la herencia a cargo de los tres albaceas.

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

El análisis de los Mossos sobre el destino del patrimonio internacional (hay fincas en Argentina y España, como los terrenos de la fábrica Sant Celoni, y la casa del matrimonio Mir-Puig en Suiza) pero propiedad de las fundaciones de Panamá es rotundo: tras la muerte de Mir, Cellex solo recibió 26,8 millones de la panameña Elyane que estaban en su cuenta corriente, pero no los activos (en su mayoría pisos) de diferentes sociedades españolas propiedad de la fundación en ese país. Esos millones son los que estaban en la cuenta corriente londinense de Elyane en el momento de la muerte del empresario.

Algo similar ocurrió con la otra pata panameña del imperio Mir, la fundación panameña Tama, el testamento de Mir especificó que debía ser liquidada previa entrega de una renta vitalicia a las sobrinas del matrimonio, que murió sin descendencia (siempre y cuando ambas hermanas no impugnaran la herencia). Cumplida esta condición, los bienes debían ser entregados a Cellex, algo que los albaceas, siempre según las hipótesis acusatorias, no cumplieron.

En su informe entregado a la jueza, al que ha tenido acceso elDiario.es, los Mossos d'Esquadra señalaron que, tras la muerte del filántropo, se traspasaron los 18 millones de euros de la cuenta de la fundación Tama en Londres a la fundación Mir-Puig, pero los bienes en España propiedad de esa entidad panameña no se han vendido.

La “única” operación, concretan los Mossos, que ocho años después de la muerte de Mir y siete de la de Pàmias supone un traspaso efectivo de fondos de Elyane a Cellex es una transferencia, producida en el año 2024, de un millón de euros. En el concepto de la misma se indicó “traspaso”, y los Mossos creen que con ella Jorge S. simplemente buscó hacer frente al pago de impuestos por valor de 3 millones de euros que debía afrontar Cellex.

“Transcurridos ocho años desde el fallecimiento del señor Mir —concluyen los Mossos—, buena parte del patrimonio que el matrimonio aportó a las fundaciones Elyane y Tama sigue sin entregarse en favor de las fundaciones españolas Cellex y Mir-Puig”.

Hacienda investigó las fundaciones panameñas

El documento de los Mossos fue decisivo para la intervención judicial de todo el imperio Mir en España y ha puesto al descubierto donaciones sospechosas a un catedrático y la gestión de las empresas tras la muerte de Mir a cargo de Jorge S., que incluyó una condena por fraude fiscal. Además, el oficio policial desvela que Hacienda y la Agència Tributària Catalana ya habían puesto el foco en las fundaciones panameñas de Mir con inspecciones sobre el IRPF y el Impuesto de Patrimonio del matrimonio entre 2014 y 2017.

Las consideraciones fiscales de la inspección se sitúan en la línea de la tesis de los investigadores y no en la de la defensa, que insiste en que hay un “patrimonio separado” en Panamá que no forma parte de la herencia.

Tras cifrar la “ganancia patrimonial no justificada” del matrimonio en 2014 de 86,1 millones de euros gracias al entramado societario en el país centroamericano, Hacienda indicó que el “caudal hereditario” de los Mir-Puig debía incluir las participaciones de las fundaciones panameñas en sus empresas en España y los fondos en cuentas corrientes en el extranjero a nombre tanto de Elyane como de Tama.

En este sentido, los Mossos resaltan que sí llegaron a España los millones que estaban en las cuentas corrientes de las fundaciones (y cuyos responsables fueron los albaceas), pero no el resto del dinero que debían entregar los albaceas tras liquidar todo el patrimonio inmobiliario.

En contraste con la entrega del patrimonio a la investigación científica, que ocho años después de la muerte de Mir sigue sin concretarse, los Mossos destacan que las operaciones de préstamo que Jorge S. se hizo a sí mismo, así como donaciones a miembros de su familia, se produjeron un año después del fallecimiento del filántropo. Esta disonancia “muestra la diferente diligencia aplicada en pos del cumplimiento de las voluntades del señor Mir según quién se beneficie de las mismas”, concluye la policía catalana.

¡Buenos días! 

¿Cómo llevas la semana? Nosotros seguimos inmersos en el caos que supone seguir las decisiones erráticas de Donald Trump. Cada día en la redacción de elDiario.es vivimos los cambios de dirección constante del presidente de Estados Unidos con su política arancelaria.

Este miércoles, alrededor de las ocho de la tarde, Trump ha anunciado una nueva marcha atrás con una pausa de 90 días en su guerra comercial con la mayoría de países. Esta tregua, que no ha terminado de explicar claramente, no afecta a China, a la que ha incrementado hasta el 125% los aranceles como respuesta al movimiento chino de imponer tasas del 84% a los productos de Estados Unidos. 

¿Dónde nos lleva este continuo clima de confusión? Nadie lo sabe, menos aún en los Estados Unidos, pero ya hay anuncios serios de que esta incertidumbre y el golpe al comercio internacional puede llevar a la economía del planeta al desastre. Ni siquiera los millonarios que respaldaron a Trump tienen claro que la política económica del líder conservador sirva de algo a sus intereses. La élite empresarial estadounidense, con múltiples inversiones en los mercados de su país, se revuelve contra Trump. En esta fiesta del desconcierto hasta Elon Musk, uno de los principales valedores de Trump, se ha enfrentado a Peter Navarro, el ideólogo de los aranceles que se inventó a un economista para respaldar sus incongruentes tesis económicas.

Seguramente Trump ha sucumbido a las presiones internas de millonarios y empresarios que veían cómo el valor de sus acciones se iba despeñando día a día. Probablemente esta política de aranceles solo haga que Estados Unidos quede excluida del comercio internacional. ¿Qué van a hacer si la Unión Europea, China y el resto de los países amplían sus relaciones comerciales y dejan fuera a EEUU? De momento, amenazan a países como España solo por tratar de abrir mercados con China. 

Nadie se cree los argumentos de los asesores económicos de Trump para justificar los aranceles: una amalgama de teorías donde confluye el victimismo con el argumento idílico que la potencia norteamericana provee “bienes públicos globales” al resto del mundo, como la seguridad y la paz o como activos refugios como el dólar y los bonos de su deuda por lo que sus trabajadores no deberían pagar tantos impuestos para reducir el déficit. Realmente estamos ante el burdo postulado neoliberal de buscar pésimas fórmulas económicas que permitan rebajar impuestos a los de siempre.

El discurso trumpista, como no podía ser de otra manera, solo cala en Europa en las mentes necias de la ultraderecha. En España, el Gobierno ha defendido que los aranceles de Trump “ni son recíprocos, ni están justificados económicamente”. La Unión Europea ya ha respondido con la aprobación del primer paquete de 1.600 productos de EEUU que tendrán una tasa del 25% por un valor de 21.000 millones de euros en contestación al golpe de Trump al sector del acero y el aluminio. Aquí tienes el listado de productos made in usa afectados por los aranceles europeos.

Trump asegura que los países le están “besando el culo” para negociar los aranceles. No es creíble, su pausa arancelaria explica más bien lo contrario. La UE está adoptando una postura prudente en busca de un acuerdo que no perjudique a ninguna de las partes, antes de entrar en una guerra comercial que puede llevar al mundo a una recesión económica, pero es necesario seguir apretando. Más aún.

No se le puede dar ni un respiro a Trump. Nos jugamos mucho. Una crisis económica está en ciernes. Incluso en nuestro país, que ahora es la locomotora de Europa, el Banco de España ya ha avisado de que recortará la previsión de crecimiento por los aranceles. Ya hay compañías españolas, en sectores tan importantes como el vino, el aceite o el calzado, que están avisando de que “se han paralizado pedidos y proyectos” y ven en peligro contratos por los aranceles. Por eso es necesario el plan del Gobierno para ayudar a las empresas y los trabajadores de nuestro país.

Hay que seguir golpeando a Trump donde más le duele: ampliando y abriendo nuevos mercados, que ya hemos visto que molesta, y aumentando la lista de productos norteamericanos a los que se les aplican aranceles. Trump no entiende otro lenguaje, solo se puede responder con mano dura. No se puede ceder con los tiranos. 

El gráfico

Otro fin de semana con miles de personas en toda España que se lanzan a la calle para protestar por los precios de la vivienda. El pasado sábado se vivieron más de 40 manifestaciones en ciudades de nuestro país para exigir que bajen los alquileres y que la vivienda deje de ser un negocio. Nada parece parar el problema de los precios de los pisos, las Administraciones públicas no terminan de encontrar la solución. Hay ya un millón y medio de hogares ahogados por el alquiler. No es una cuestión generacional, afecta a un amplio espectro de la sociedad: familias con hijos, personas solteras, jóvenes y mayores, aunque este problema se ceba con los más débiles y los más desprotegidos. Aquí tienes un vídeo sobre tres generaciones afectadas por la crisis de la vivienda: una joven que no puede independizarse, un trabajador de mediana edad que ha tenido que volver a casa de sus padres y una mujer de 87 años bajo amenaza de desahucio.  

El dato

35%

de los accidentes mortales de trabajo durante el año pasado en el que las empresas no habían cumplido con su obligación de evaluar los riesgos laborales a los que se enfrentaba la persona en ese puesto, según ha explicado el sindicato CCOO a partir de datos del Ministerio de Trabajo. Están siendo unas semanas complicadas por los numerosos accidentes mortales en el tajo, con cinco muertos y cuatro heridos graves en la explosión de una mina en Asturias. El año pasado aumentaron las muertes laborales, con 796 personas fallecidas en accidentes de trabajo, 75 más que el año anterior. Una lacra que hay que frenar ya. En este enlace te explicamos que las empresas no habían evaluado los riesgos laborales en más de un tercio de las muertes laborales de 2024.

Otro aspecto de los accidentes laborales es cómo sigue la vida el día después. Cuando a las personas se les para el tiempo porque ellos o sus familiares tuvieron un accidente en el tajo que les dejó sin vida o con secuelas para siempre. Todavía es una historia invisible pero común para muchas familias en España. Hay que tener en cuenta que en nuestro país cada día mueren dos personas en el trabajo. Para ayudar, recuperarse y colaborar para salir adelante, un grupo de víctimas se ha unido en un taller de duelo, organizado por la asociación AVAELA, donde están empezando a sanar el trauma. Aquí te contamos cómo las víctimas y sus familiares afrontan el duelo en grupo tras un accidente laboral.  

Letras que son un Tesoro

 “El siglo XX fue el siglo de la socialdemocracia. El siglo XXI será el siglo del socialismo ecológico, democrático y participativo”. Así empieza el último libro publicado en España por el economista francés Thomas Piketty, con el título de Hacia un socialismo ecológico (Editorial Deusto), un compendio de sus artículos publicados en Le Monde entre 2020 y 2024. Nos gustaría que la propuesta de Piketty se convirtiera en realidad, pero desde luego este siglo no está siguiendo el mejor camino para cualquier demócrata. Piketty propone seguir con la desmercantilización de sectores que se puso en marcha en el pasado siglo, ampliar el proceso de progresividad fiscal sobre en un nuevo ciclo de socialización de la riqueza y la redefinición de estrategias sociales y coaliciones políticas para seguir en el siglo XXI con la revolución socialdemócrata. Merece la pena leer este libro desde la esperanza.  

Entrepreneur

Sentencias judiciales que sacan a la luz actuaciones oscuras del pasado. Fueron todas buenas palabras sobre la gestión del ya fallecido Víctor Grifols i Lucas como cofundador y expresidente de la multinacional de los hemoderivados. Una derrota judicial de la familia Grifols frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Audiencia Nacional ha revelado que Grifols i Lucas mantuvo una participación en la compañía mediante la fórmula de evasión fiscal conocida como ‘sándwich holandés’: instrumentales de Países Bajos controladas desde territorios de baja tributación que permiten destinar dividendos allí sin pagar apenas impuestos. Aquí tienes más información sobre cómo el fundador de Grifols utilizó el ‘sandwich holandés’ con acciones en la farmacéutica mediante una empresa en las Antillas para pagar menos impuestos.

Siguiendo con decisiones judiciales alrededor de los defraudadores fiscales, la Audiencia Nacional ha confirmado una reclamación de Hacienda de más de 111 millones de euros a la empresa de fabricación de bebidas alcohólicas de origen italiano Vittone 1482 SL, una habitual en las primeras posiciones de varios listados anuales de morosos de la AEAT.  La sentencia subraya los “innumerables incumplimientos” y el “elevadísimo riesgo fiscal” del almacén en Girona de la compañía. Aquí te explicamos que los tribunales confirman una reclamación de 111 millones en impuestos a uno de los mayores morosos de Hacienda. 

Bien Público

Pasos decisivos y justos para avanzar en la transición ecológica. Las zonas afectadas por los cierres de las antiguas centrales eléctricas de carbón suman compromisos de inversión de 6.185 millones de euros. El objetivo es mantener el empleo y dinamizar la economía e industria de las zonas afectadas por el cierre de 15 centrales en las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. Con este plan de inversiones se prevé la creación de 2.276 puestos de trabajo, frente a los 1.557 empleos que se vieron afectados por el cierre de las centrales. Esta es la vía para que las políticas de transición ecológica triunfen, sin que los trabajadores tengan que ser los que paguen por el proceso de tener una economía más limpia y sostenible. En esta información de Antonio M. Vélez tienes más datos sobre el compromiso de inversión de 6.185 millones en  las zonas afectadas por el cierre de las centrales de carbón.  

 Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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Una reciente derrota judicial de la familia Grifols frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha revelado que el fallecido cofundador y expresidente de la multinacional de los hemoderivados, Víctor Grifols i Lucas, participó en ella mediante el conocido como ‘sándwich holandés’: instrumentales de Países Bajos controladas desde territorios de baja tributación que permiten destinar dividendos allí sin pagar apenas impuestos.

El empresario tuvo hasta 2009, ya casi nonagenario, cerca de un millón de acciones de su empresa, entonces cotizada en el Ibex, a través de una sociedad controlada desde las antiguas Antillas Neerlandesas, según una reciente sentencia de la Audiencia Nacional.

Otras familias de multimillonarios catalanes que han tenido pleitos con Hacienda, como los Carulla (Agrolimen) o los Carceller (Disa, Damm), han usado estos vehículos.

Su funcionamiento lo explicaba así hace años en El Confidencial José Luis Groba, entonces presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda: “Se llama sándwich holandés porque Holanda queda en medio como el queso del sándwich. Los dividendos salen de España a una sociedad holandesa legalmente, donde no tributan. Y de ahí pagando solo un 2% ya los puedes llevar a un paraíso fiscal como las Antillas Holandesas. Ahí le pierdes el rastro”.

La existencia de esa sociedad antillana de Grifols i Lucas consta en una reciente sentencia de la sala de lo Contencioso de la Audiencia que ha confirmado una liquidación de 1.242.762,2 euros al empresario por el IRPF de 2009. El procedimiento se ha alargado hasta ahora, casi diez años después de su fallecimiento en 2015 a los 95 años, porque sus catorce nietos recurrieron dos resoluciones de los tribunales económico-administrativos de Catalunya y Central que confirmaron en 2017 y 2019 el criterio adoptado por la Inspección de la AEAT en 2013.

Según la sentencia, Rodellar Amsterdam Holdings BV, la sociedad holandesa con la que el patriarca controlaba un 6,15% de Grifols, tuvo hasta julio de 2009 como máximo accionista (399 de las 400 acciones) a la antillana Rodellar NV, “correspondiendo la restante acción a la fundación De Oude Waag”. En la base de datos de Paradise Papers, el nombre de esta última entidad remite a una fundación en Países Bajos propietaria de una extinta sociedad en Malta, KB Holding Limited, creada en 2007. La familia Grifols ha declinado comentar este asunto.

Antillas, territorio caribeño disuelto como entidad administrativa en 2010, figuró hasta enero de ese año en la lista negra de paraísos fiscales de la AEAT, tras firmar España y Países Bajos en 2008 un convenio de doble imposición para compartir información fiscal que entró en vigor a principios de 2010.  

Según la sentencia, el fundador de Grifols “era el beneficiario último de Rodellar NV, siendo sus accionistas formales fiduciarios del señor Grifols”. Desde 2007 (Grifols salió a Bolsa en 2006) el empresario era titular directo de 11.834.686 títulos de Grifols (un 5,5671% del capital) y “titular indirecto, a través de las entidades Rodellar NV (Antillas) y Rodellar Ámsterdam Holding BV (Holanda), de 940.151 acciones” de la farmacéutica, otro 0,4412% de su capital.

En julio de 2009, a punto de cumplir 90 años, Víctor Grifols Lucas donó a sus nietos ante un notario de Andorra su patrimonial holandesa. Días antes compró a Rodellar NV y a esa fundación por su valor en libros (2,7 millones) esa sociedad, entonces dueña de más de 900.000 acciones de Grifols valoradas en más de 11 millones.

En octubre de 2009, semanas antes de que el Gobierno de entonces le concediera la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entregó a sus nietos mediante otra escritura formalizada ante un notario andorrano los otros 11,8 millones de títulos de Grifols que controlaba de manera directa, valorados entonces en el mercado en más de 150 millones.

Un 30% menos

El litigio ahora resuelto arranca tras una inspección de Hacienda que en julio de 2023 regulariza la situación tributaria de Grifols i Lucas “a partir de la determinación de su residencia habitual en territorio español”. El patriarca no declaró inicialmente ninguna ganancia patrimonial a efectos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), pero sí lo hizo en una declaración extemporánea posterior. Y el litigio surge por el precio de las acciones de la multinacional con el que Hacienda calcula la ganancia patrimonial obtenida con esa donación. De ahí esa liquidación por más de 1,2 millones que recurrió.

La AEAT se basó en la cotización media de Grifols en 2009 (11,005 euros por acción), pero el empresario (y luego sus 14 nietos) defendía que ese valor debía “verse minorado en un 30% al haberse reservado el derecho de voto de las acciones donadas”.

Su argumento era que “la separación del derecho de voto asociada a unas acciones afecta negativamente al valor real de lo donado”. Para ello, los Grifols esgrimieron un documento privado que decía que, para “mantener la unidad y evitar disputas entre socios”, el abuelo mantendría el 60% de los derechos de voto de las acciones donadas y debía dar permiso a sus nietos para venderlas. 

Pero la Audiencia comparte la tesis de la Abogacía del Estado, que sostenía que ese pacto privado “afecta a los que lo firmaron” y no a la Administración. La Sala subraya que cuando el patriarca dona a Rodellar Ámsterdam Holding sus acciones de Grifols, la escritura pública no menciona “ninguna reserva de derechos a favor del donante”; solo “hace donación pura, simple, denominada entre vivos”, de esas acciones, “francas y libres de cargas y gravamen, con todos sus derechos y obligaciones correspondientes”. Y “no consta aportado documento alguno” sobre eos derechos a favor del abuelo.

Para la Audiencia, “carece de lógica” que “el único socio de Rodellar realice una donación a esta sociedad de unas acciones con cotización en bolsa, y hayan de ser valoradas a un precio inferior al de su cotización por el hecho de que el control de dichas acciones se mantenga indirectamente en el donante”. Los jueces recuerdan que Grifols solo tiene acciones tipo B (sin derechos políticos) desde junio de 2011. 

Tras la donación a los nietos, el fundador de Grifols apareció como titular de ese 6,154% de la compañía en los informes que esta remitía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta que falleció. Luego figuraba su viuda, Nuria Roura i Carreras, que murió en octubre a los 99 años.

El fallecido patriarca fundó Grifols en 1941 junto a su padre, José Antonio Grifols i Roig, y su hermano, José Antonio. Fue consejero delegado (1976-1985), presidente (1985-2001) y principal artífice de su expansión internacional, clave para que obtuviera la homologación de la Food & Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos para vender su producción allí. Por eso Grifols es hoy una de las siete compañías del Ibex que han llegado a la guerra arancelaria de Donald Trump con EEUU como su principal mercado.

El patriarca, impulsor de la Fundación Víctor Grífols i Lucas, creada en 1998 para promover la Bioética, era el padre del actual presidente de honor, Víctor Grifols Roura, y del anterior consejero ejecutivo Raimon Grifols; y abuelo de Víctor Grifols Deu, uno de los nietos que recurrió la liquidación de la AEAT, y que también dejó el año pasado sus funciones ejecutivas en la multinacional tras el informe de la polémica firma Gotham sobre supuestas irregularidades contables.

Ese informe, que propició un desplome de la cotización de la compañía, derivó en una denuncia penal de la CNMV contra ese fondo especulativo estadounidense y en un expediente sancionador a la compañía española por incluir información inexacta en sus cuentas.

La holandesa Rodellar se constituyó en 1997. En 2021 se trasladó a España bajo la denominación de Ralledor Holding Spain, actual dueña de un 6,154% de Grifols, según los registros de la CNMV. A cierre de 2023 tenía 25.603.674 acciones Clase A de Grifols (6,01% del capital de la multinacional) y otros 3.968.568 títulos de clase B (1,52%), según sus últimas cuentas.

Administrada desde este año por Enrique Grifols Roura, nieto del cofundador, Radellor es una de las empresas de la familia que en los últimos meses han mantenido contactos con el fondo canadiense Brookfield para que lance una oferta pública de adquisición (opa) y que la compañía deje de cotizar en Bolsa.

Ralledor comparte domicilio en la Diagonal de Barcelona con otras empresas de los Grifols implicadas en esas conversaciones con Brookfield, Deria SA y Ponder Trade SL; y con Osborne Clarke, despacho del abogado Tomás Dagá, muy vinculado a la familia y ex de KPMG, auditor de Grifols durante tres décadas y con una singular relación con la empresa: Grifols contrató como directivo a un ex socio de esa firma que auditó las cuentas de la farmacéutica durante seis años. 

Dagá es también socio de Scranton, opaco holding holandés en el que participa junto a directivos de Grifols y miembros de la familia, y cuestionado por Gotham en su informe. La AEAT sancionó a un socio de Scranton en 2018 por negarle datos de esta empresa y de otra firma creada en el paraíso de Islas Vírgenes.

El Tribunal Supremo ha enterrado un bulo que el Partido Popular promocionó desde el Senado: que la mayor parte de los miembros del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE blanquean dinero en República Dominicana. Los jueces inadmiten la denuncia de un abogado, vinculado en el pasado al exjuez Fernando Presencia, que llegó al Supremo después de fracasar en la Fiscalía Anticorrupción y después de que la presidencia del Senado, controlada por el PP, la remitiera también al Consejo del Poder Judicial. La “única fuente” de la denuncia, reprochan los jueces, son declaraciones de Víctor de Aldama sin más apoyo que una lista falsa de cuentas bancarias.

La denuncia fue presentada por el abogado Eduardo Martín-Duarte, que en el pasado ejerció la defensa de Alberto Royuela, ultraderechista que desde hace años difunde el bulo del 'expediente Royuela' y que pasó un tiempo en prisión provisional por colaborar con la asociación del exjuez Fernando Presencia, expulsado de la judicatura por prevaricador. Martín-Duarte explicó hace semanas que esos documentos llegaron a sus manos de “terceros desconocidos”.

La denuncia era muy similar a las que Alberto Royuela y Fernando Presencia presentan y promocionan desde hace años en tribunles de todo el país: listados de decenas de cuentas bancarias en paraísos fiscales atribuidas en falso a políticos, periodistas y todo tipo de figuras públicas, generalmente del espectro progresista. Esta denuncia usaba un formato similar para atribuir cuentas, entre otros, a María Jesús Montero, Teresa Ribera, Ángel Víctor Torres, Óscar López, Cristina Narbona o Santos Cerdán.

La denuncia mezclaba informaciones periodísticas de distintos medios próximos a la derecha, relacionaba esas noticias con algunas declaraciones judiciales del empresario Víctor de Aldama para después aportar esa lista de cuentas bancarias. Su denuncia, dicen los magistrados, “ni siquiera concreta conductas de corrupción o blanqueo”, más allá de algunas afirmaciones y de aportar el listado de cuentas “sin señal ni marca que explique su elaboración y origen” sin añadir ningún indicio “que avale razonablemente su realidad”.

Esta denuncia, a la que el PP llegó a dar trámite en el Senado, es para el Tribunal Supremo “un conjunto de afirmaciones, que pretenden sustentarse en la mera referencia a titulares de noticias difundidas en medios de comunicación, difusas y carentes de apoyo y base objetiva”. Noticias que ha mezclado con “valoraciones” y sin ofrecer ningún dato creíble.

“Se limita a consignar en una tabla de elaboración casera un conjunto de datos sobre los que no existe la más mínima base indiciaria que conforme su coincidencia con la realidad salvo su plasmación en unas hojas igualmente de elaboración propia, sin formato reconocible, carentes de valor acreditativo alguno”, reprocha el tribunal.

Este jueves es el día mundial para la abolición de los “mal llamados” paraísos fiscales. Mal llamados porque esa denominación tiene una connotación positiva a la que las organizaciones que luchan por la justicia tributaria global consideran que hay que darle la vuelta. “Paraísos” son solo para los evasores, las grandes empresas y los más ricos. Para el resto son guaridas fiscales, agujeros por donde se escapan miles y miles de millones de recaudación de impuestos, que al fin y al cabo son la base sobre la que se construye el estado de bienestar (la sanidad pública, la educación...) y permiten combatir la desigualdad.

Aprovechando la fecha, la Plataforma por la Justicia Fiscal recuerda el informe que publicó la Tax Justice Network en noviembre, el cual señala que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Esta cifra es equivalente al 9% del gasto sanitario de nuestro país. O visto de otra manera, con ese dinero “se podría contratar a 350.000 profesionales” del sistema de salud público. Los cálculos de la Tax Justice Network ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE) por la falta de cooperación internacional en la recaudación tributaria.

En los últimos años, en el marco de la OCDE (uno de los principales foros de las economías desarrolladas), se han producido importantes avances para mejorar la coordinación fiscal mundial, incluso se ha llegado a un acuerdo para un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) para las multinacionales con más ingresos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una patada a estos pactos, sacando a su país del acuerdo, poco después de tomar posesión por segunda vez. Este giro puso en cuestión este suelo para la tributación de las empresas, que España aprobó a finales de 2024 y que pretende reducir la pérdida de recaudación.

En España, el impuesto de Sociedades recaudó casi 40.000 millones en 2024, un récord desde 2007. La cifra es relevante, pero también lo es que los beneficios de las empresas han crecido mucho más que los ingresos por este tributo en los últimos años y que es el único impuesto entre los que más recaudan (junto a IRPF y el IVA) que no está en máximos históricos. Las razones tienen que ver con deducciones y compensaciones legales y diseñadas para apoyar la actividad del sector privado, pero también con la fuga de parte de las ganancias a guaridas fiscales.

El tipo mínimo del 15% tiene ese objetivo, aunque su eficacia está puesta en cuestión al dar la espalda Estados Unidos al acuerdo. El pacto “de la OCDE es importante y la UE seguirá con este trabajo diligentemente junto con los Estados miembros y todos nuestros socios internacionales”, señaló el comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recientemente.

El exministro de Finanzas neerlandés defendió que este acuerdo de la OCDE “garantiza que cada contribuyente pague una parte justa de impuestos” y “disuade a las multinacionales de mover sus beneficios por todo el mundo para explotar las lagunas” fiscales. “No es un tema europeo, es internacional y debería preocuparnos a todos”, subrayó Hoekstra, para después añadir que este acuerdo “también establece un nivel mínimo” en el impuesto de sociedades con el objetivo de “evitar que los países se embarquen en carreras a la baja” en la tributación corporativa.

“Trump no solo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, lamentó la Tax Justice Network, en un contundente comunicado tras la investidura de Donald Trump.

El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley del suelo del 15% en Sociedades en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante. El problema es que Estados Unidos es un actor crucial, y muchas multinacionales son estadounidenses.

¿Dónde están las guaridas fiscales?

Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bermudas... son las guaridas fiscales más presentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, en la lista de principales países cómplices de que las multinacionales consigan no contribuir todo lo que deberían en el impuesto de Sociedades están casi todas las principales potencias. Entre ellas, Irlanda, que “por primera vez ha entrado en el top 10”.

La Tax Justice Network elabora un índice que evalúa el margen de maniobra que ofrecen las leyes y normativas de un país para el abuso de dicho tributo, y el resultado muestra que el Reino Unido y sus territorios dependientes (también conocidos como el 'segundo imperio' británico) son responsables del 23% de las pérdidas fiscales globales de las empresas. “El 'eje de la evasión fiscal' (el Reino Unido y su 'segundo imperio', más los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza) son responsables conjuntamente del 33%. En total, los países miembros de la OCDE y sus dependencias representan más del 6 de cada 10 dólares perdidos”, lamenta el informe.

La fiscalidad es un arma contra los aranceles

Un arma contra la guerra comercial y los aranceles de Donald Trump es precisamente diseñar impuestos a las multinacionales y ricos estadounidenses. Una respuesta que viene siendo liderada por economistas y organizaciones que defienden una mayor justicia fiscal global, y que están a favor de fijar unos mínimos obligatorios de impuestos coordinados a nivel mundial a las grandes empresas y a los multimillonarios.

El economista Gabriel Zucman ha planteado este contraataque a los aranceles de Estados Unidos. Según argumenta, la primera potencia mundial “tiene una debilidad: su oligarquía servil y altamente internacionalizada”. ¿Por qué es una debilidad? “Porque es un número minúsculo de personas, que dependen, para su riqueza, del acceso a los mercados internacionales, lo que da a los países extranjeros un poder considerable sobre ellos. Ahora es el momento de usar ese poder”, arguye.

El planteamiento procede del informe sobre 'Evasión fiscal global' de 2024, que coordinó Gabriel Zucman juntos a otros expertos para el EU Tax Observatory, y en el que participó Quentin Parrinello, quien explicó a elDiario.es que “la idea es que los países podrían condicionar el acceso al mercado a las multinacionales extranjeras y a los multimillonarios”, obligándoles a pagar lo que es justo.

Por ejemplo, Canadá y México “deberían imponer aranceles a los oligarcas estadounidenses”. Es decir, si Tesla quiere vender coches en Canadá y México, entonces el propio Elon Musk, como principal accionista de Tesla, debería tener que pagar impuestos en Canadá y México. “Imponerle un impuesto a la riqueza y condicionar el acceso de Tesla al mercado a que pague el impuesto”, remata Gabriel Zucman.

“Lo que es importante entender es que son medidas que tienen propiedades mucho mejores que los aranceles. Son más específicas: los costes se centran en los oligarcas estadounidenses y los consumidores de sus bienes. Este enfoque cambia la naturaleza del conflicto: ya no se trata de país contra país, una receta segura para inflamar las tensiones nacionalistas, con todos los riesgos involucrados, sino de consumidores contra oligarcas”, concluye.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros volvemos a estar horrorizados con los ataques de Israel a los palestinos de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, con el respaldo de Donald Trump, ha vuelto a poner en marcha el genocidio de los palestinos. Los últimos bombardeos israelíes han asesinado a más de 400 personas. El horror del genocidio continúa. Netanyahu trata de volver a ocultar sus problemas internos de corrupción con la sangre de los gazatíes.  

Pero entremos en el tema del dinero, que por algo este es un boletín de economía. Hay un debate muy interesante, pese a que algunas elites lo quieren evitar, sobre la democratización de la economía, especialmente en el mundo de la empresa. España está todavía muy lejos de Alemania, donde en muchas empresas hay una representación de los trabajadores en los consejos de administración, lo que aporta más transparencia, participación y un mejor funcionamiento de las compañías. 

Ya se ha creado una comisión de expertos que asesorará al Ministerio de Trabajo en una futura “Ley de democracia en las empresas”, que tendrá que tener preparado un informe para el próximo septiembre. No es el único sitio donde hay que mejorar la representatividad y la democracia en el mundo económico. 

Otro ámbito de decisión relevante son las relaciones entre los agentes sociales. Entre empresarios y sindicatos se negocian los convenios colectivos y, a veces, con la participación del Gobierno se diseñan leyes que luego se aprobarán en el Congreso. Sin embargo, aunque los sindicatos siguen un proceso claro de elecciones en las empresas, en el universo empresarial no es tan claro el entorno democrático. 

Es cierto que en el ámbito de las empresas hay elecciones tanto para la presidencia de la patronal CEOE como en el caso de las pequeñas compañías, aglutinadas en Cepyme. De hecho, hay una pugna de poder entre el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, ante los comicios para elegir al presidente de las pymes.  

Sin embargo, en el caso de las asociaciones de autónomos, la representatividad está más en duda que nunca. Los trabajadores autónomos suman casi 3,4 millones de personas en España, casi el 16% del total. En la actualidad, se sientan a negociar con el Gobierno en nombre de los autónomos tres colectivos, ATA, UPTA y UATAE, pero lo hacen sin que se haya llegado a regular este sistema, atascado desde hace más de diez años por gobiernos de distinto signo. Aquí tienes un reportaje sobre quién negocia leyes en nombre de los autónomos, cuando su representatividad lleva atascada más de diez años.

El problema se ha acentuado ante las dudas en el proceso electoral para la reelección de Lorenzo Amor en la presidencia de ATA, que publicó la periodista Laura Olías en elDiario.es. Es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas también en el ámbito de las asociaciones de los autónomos, que se sientan con el Gobierno a discutir leyes que afectan a millones de personas. Es necesario que la democracia también llegue a todos los ámbitos económicos.

El gráfico

Desde la pandemia la oferta turística en España no ha parado de cambiar. Plataformas como Airbnb han logrado establecerse con una propuesta sólida que solo una fuerte y restrictiva regulación puede cambiar. La percepción del turismo en determinadas ciudades ha cambiado. La turismofobia ya es una realidad ante una propuesta turística que llena el centro de las urbes de aglomeraciones de viajeros que no dejan vivir a los locales y el incremento del precio de la vivienda, ya que se dedican los inmuebles al alquiler turístico, reduciendo el residencial. La oferta de las plataformas ha hecho que las cadenas hoteleras rediseñen su propuesta hacia el lujo y abandonen formatos baratos. Aquí te contamos cómo la oferta hotelera se vuelve de lujo.  

El dato

12.165 millones de euros

Es el montante de las sentencias favorables que han ganado las grandes empresas energéticas españolas contra el Estado, es decir, que las pagamos todos los contribuyentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década. Los casos judiciales que ha perdido la Administración Pública contra las empresas de todos los sectores se han traducido en indemnizaciones por 21.530 millones. En el caso energético, el “canon hidráulico”, la financiación del bono social eléctrico o el impuesto especial a los hidrocarburos son algunos de los litigios que han ganado las energéticas poniendo sobre la mesa su capacidad para contratar a potentísimos bufetes de abogados capaces de doblarle el brazo al Estado. Aquí te contamos que el sector energético gana más de la mitad de las indemnizaciones por las sentencias en contra del Estado.  

Entrepreneur

Hay que tirar de refranero español para intentar comprender cómo actúan algunas fortunas en España: no es tarde cuando la dicha es buena. Chantal Gut Revoredo, una de las herederas de Prosegur, ha informado por fin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una sociedad que creó en Luxemburgo en 2012, que maneja 27 millones de euros en fondos en Islas Caimán. La compañía multinacional de seguridad privada nunca había comunicado su existencia. La CNMV pide esta información a las empresas cotizadas. Aquí te explicamos la mala memoria de la heredera de Prosegur o cómo olvidarse de informar a la CNMV que tienes una sociedad con 27 millones en Islas Caimán creada en 2012.  

Verde que te quiero verde

En nuestro apartado de la enésima patada al medio ambiente por parte de algunas empresas vuelve a tomar protagonismo el fallido almacén submarino de gas Castor. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que en su desmantelamiento se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas”. La infraestructura fue clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón tras las inyecciones de gas que se hicieron en 2013. Aunque es un proyecto fracasado de la constructora ACS, el Tribunal Supremo obligó al Estado a devolver 1.350 millones a Santander, CaixaBank y Bankia por el Castor. Destinado a convertirse en chatarra, te contamos cómo el Gobierno venderá lo que pueda recuperarse del almacén Castor “para optimizar y reducir las pérdidas”.

Cada vez que habla sube el pan

El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble

Anuncio del fondo Hipoges

El mercado de la vivienda en España es lo más parecido al salvaje Oeste. Frente a los precios desbocados, las aplicaciones de anuncios de compraventa o alquiler de inmuebles se han llenado de ofertas, normalmente por debajo de los precios de mercado, de viviendas con advertencias de que están ocupadas. En la mayoría de los casos se trata de inquilinos que tienen un título válido, ya sea un alquiler social o están acogidos a la moratoria hipotecaria. Por ejemplo, una mujer se encontró con que su vivienda estaba en portal de compraventa a un precio de 40.000 euros cuando ella se hipotecó por más de 100.000 euros.  “No dice que somos inquilinos, nos tratan como ocupas. Y yo tengo un contrato, estoy al día de pago y hay leyes que me avalan. Es terrible ver la imagen de tu hogar en venta”, señala. Aquí puedes leer un reportaje sobre cómo los fondos se deshacen de pisos con familias dentro.

No es el único ejemplo de abusos del que hemos informado esta semana alrededor de la vivienda. Tratar de negociar el precio a la hora de comprar un piso se ha convertido en misión imposible. Las tensiones de precios, las compras con fines especulativos y la bonanza económica reducen la capacidad de negociación de las familias. En esta información te explicamos la misión imposible de negociar el precio con la vivienda disparada.

Bien Público

Esta semana el diario ABC ha destapado un escándalo que vuelve a poner el ojo sobre los servicios que presta la sanidad privada. En la investigación del periódico conservador se señalaba, con decenas de informes aportados por oncólogos, que la empresa Atrys les presionaba para que no prescriban tratamientos caros contra el cáncer. Tremendo. La cuestión es que Atrys es una compañía tras la que están algunas de las mayores fortunas de España. Estamos hablando del empresario José Elías, conocido por ir al límite y repartir eslóganes para emprendedores; Carmen Ybarra Careaga, con un patrimonio estimado en 760 millones y participaciones en numerosas cotizadas a través de su holding Onchena; Los Domínguez de Gor, dueños de Mayoral; o Jon Riberas, con participaciones en empresas como el fabricante de componentes de automoción Gestamp, la acerera Gonvarri, CIE Automotive, GAM y alguna que otra inmobiliaria cotizada; entre otros inversores de Atrys. En esta información de Antonio M. Vélez te desvelamos quién está detrás de la empresa a los que los oncólogos acusan de recibir presiones para que no prescriban terapias caras contra el cáncer.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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A principios de 1964, Jean Ziegler, un joven político suizo, recibió una llamada telefónica de un hombre que decía hablar en nombre del revolucionario Ernesto “Che” Guevara, entonces ministro de Industria cubano. Le dijo que el Che tenía previsto viajar a Ginebra para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), y algunos camaradas le habían sugerido que Jean podría ser su conductor durante la visita. Le preguntó a Ziegler si estaba disponible. 

Ziegler tiene hoy 90 años y es el intelectual público más famoso de Suiza. Ha publicado una treintena de libros, ha sido miembro del Parlamento durante casi tres décadas y, en su tiempo libre, ha defendido incansablemente las causas de la izquierda. Sus críticas a su país natal y a la enorme influencia de Suiza sobre el resto del mundo son implacables. En la década de los 60, sin embargo, no era más que otro joven izquierdista impaciente, que esperaba una oportunidad para transformar el mundo.

Ziegler, como el Che, nació en una familia de profesionales de clase media-alta. Y, al igual que el Che, sus viajes por el mundo le habían hecho desarrollar una postura radical contra un sistema que percibía como capitalista, imperialista, colonialista y racista. Allá donde iba, veía el impacto negativo de este sistema: en el Congo Belga, con el recuerdo de los niños hambrientos, que le ha perseguido el resto de su vida; en las sangrientas guerras de independencia de Argelia contra los franceses coloniales; y en Chipre, donde los británicos habían privado durante décadas a los ciudadanos del derecho a la autodeterminación. 

Ziegler también escuchó los ecos de la opresión cerca de su casa, en las bolsas de materias primas en las que los especuladores especulaban con el precio de los alimentos y el combustible que se extraía a miles de kilómetros, y en las cajas fuertes de los bancos, a pocos pasos de su casa, donde los cleptócratas desviaban los recursos naturales de los países productores. 

Los suizos llevaban siglos jactándose de haber conseguido separar la sangre y el dinero. Presumían de haber logrado mantener las bóvedas de sus bancos aisladas de las convulsiones del mundo exterior. Con Ziegler, surgió una figura iconoclasta que les obligó a considerar el coste moral de sus acciones. 

“Puede que por los pasillos de la sede de UBS no corra la sangre”, me dijo una tarde de junio de 2021: “Pero es como si lo hiciera, el relativo bienestar de los suizos se financia con la muerte, el miedo y el hambre. Esto es la cueva de Alí Babá: el refugio del mundo. Eso solo pasa en Suiza”. 

Siempre he tenido la corazonada de que había algo extraño en el lugar donde crecí, la ciudad de Ginebra, aunque su ubicación no cuenta toda la historia. Ginebra alberga la segunda oficina más grande de las Naciones Unidas, la sede de la Organización Mundial de la Salud y cientos de organizaciones internacionales y ONG, que emplean a miles de diplomáticos, cónsules, trabajadores expatriados y sus familias. Hay innumerables empresas multinacionales. Casi la mitad de la población de Ginebra no tiene la nacionalidad suiza. Sin todos estos extranjeros, la ciudad no tendría el peso que tiene. 

Soy, y siempre seré, miembro de este mundo aparte, un lugar definido por una cierta ausencia de raigambre. Fui a colegios internacionales, donde la historia que nos enseñaban tenía poco que ver con las batallas que se habían librado a pocos pasos del patio de recreo. Mis padres trabajaban en la ONU; mi padre como economista en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, y mi madre, como intérprete de conferencias para el Secretariado. Sus profesiones reforzaron mi sensación de estar un poco en otro lugar. Mis compañeros de clase parecían mudarse cada pocos años, lo que me hacía sentir que yo también me estuviera marchando siempre, sin haberme ido nunca. 

Pero otra razón menos obvia explica mi malestar con Ginebra. Tenía que ver con las reglas: quién las hacía, quién las seguía y los lugares y personas a los que no se aplicaban. Gran parte de la riqueza de Ginebra procede de esa economía espectral de la que es fantasmal anfitriona, envuelta en leyes de seguridad, neutralidad, secretismo y exenciones fiscales. 

El cantón de Ginebra sólo cuenta con medio millón de habitantes, de los que apenas 200.000 viven en la ciudad propiamente dicha, pero más de un tercio del comercio de cereales mundial se produce aquí. Más de la mitad de los sacos de café del mundo pasan “a través” de Suiza, la mayoría de ellos mediante empresas de Ginebra y sus alrededores. El país no tuvo su primer Starbucks hasta 2001; unos meses más tarde, la compañía empezó a comprar su café a través de una filial suiza. 

Ginebra ha sido durante mucho tiempo un centro neurálgico del petróleo, si es que se le puede llamar centro neurálgico a un lugar que nunca ha servido como almacén de barriles. Hasta hace unos años, entre el 50% y el 60% del crudo ruso se comercializaba desde Suiza, principalmente desde Ginebra, según la organización de investigación sin ánimo de lucro Public Eye. Cuando el Parlamento suizo votó a regañadientes unirse al régimen de sanciones de la UE contra Rusia tras la invasión de Ucrania por Vladímir Putin, parte de ese negocio se trasladó a Dubai. 

Suiza no tiene salida al mar. Ello no es óbice para que albergue algunas de las mayores compañías navieras del mundo, que fletan y gestionan buques desde Ginebra mientras ocultan a sus propietarios reales entre capas de secreto empresarial. Esta forma de posicionarse en el mundo es la mayor contribución de Ginebra a la forma en que todos vivimos ahora: en la era de las excepciones, en la que el dónde y el cuándo no importan tanto como el quién, el cuánto y el porqué. Es un mundo en el que la riqueza viaja de forma abstracta como números en una pantalla, operaciones en un terminal. Un mundo en el que las fronteras se trazan no sólo en torno a los lugares, sino también en torno a las personas y las cosas.

Ziegler se percató de ello enseguida y lo sacó a la luz en repetidas ocasiones, arriesgando su sustento (y sin duda su popularidad entre sus compatriotas) una y otra vez.

De las veladas con Sartre a la experiencia en el Congo

Conocí a Ziegler en su casa del pequeño pueblo de Russin, a pocos kilómetros de Ginebra. Me recibió en la puerta, con unos pantalones de chándal grises y una camisa blanca manchada. Me ofreció whisky, más whisky y vino antes de aceptar que me sirviera un vaso de agua mientras esperaba en un sofá amarillo tapizado junto a la puerta de la terraza. Construida sobre un empinado viñedo con vistas al lago, su casa era espaciosa, pero sin pretensiones. Todas las superficies del salón estaban repletas de libros, macetas con flores o fotografías de su familia. “Espero que no le importe que esté descalzo”, dijo. “Hace poco volé por los aires”, añadió señalándose la frente vendada, “y estoy más cómodo así”.

Ziegler comenzó su carrera política como conservador. Fue miembro activo de un grupo estudiantil formado en 1819 para promover la unidad nacional suiza. Se trasladó a Berna para estudiar Derecho, y luego estudió sociología en París, en la Sorbona, a mediados de la década de los 50. Entre clase y clase, entabló amistad con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y en el transcurso de veladas llenas de humo y vino en el piso de la madre de Sartre, la pareja le inició en el marxismo y le animó a hacer un reportaje sobre la guerra de Argelia para la revista que habían fundado, Les Temps Modernes. 

De Beauvoir se encargó de convertir el suizo-alemán-francés de Ziegler en una prosa más pulida y literaria. También le instó a que abandonara su nombre de pila, Hans, y se convirtiera en Jean, que consideraba más digno. Ziegler se hizo llamar Jean cuando se afilió al partido comunista francés, y fue expulsado como Jean por su apoyo a la independencia de Argelia. Sin embargo, prestó apoyo material a las causas que defendía con el nombre de Hans: transportando maletas con dinero en efectivo a través de la frontera franco-suiza para que el Frente de Liberación Nacional las depositara en Ginebra, y “perdiendo” el pasaporte (con el objetivo de prestárselo a un camarada) demasiadas veces como para que pareciera un despiste inocente. 

En 1961, Ziegler respondió a un anuncio del periódico en el que se buscaban francófonos para acompañar a un funcionario británico en una misión en lo que hoy es la República Democrática del Congo. El país acababa de independizarse, pero un golpe de Estado apoyado por Bélgica (que quería conservar las concesiones mineras) y Estados Unidos (que quería aplastar el comunismo) depuso al presidente electo, Patrice Lumumba, e instaló en su lugar a Mobutu Sese Seko. Mobutu era el arquetipo de cleptócrata: un megalómano despiadado, ferozmente anticomunista, empeñado en enriquecerse él y sus compinches mientras el pueblo congoleño sufría. Nacionalizó la industria, pero puso los recursos del país en manos de amigos y familiares, privando a los ciudadanos de a pie de los frutos de la vasta riqueza mineral del país. 

Ziegler se alojaba en un hotel-fortaleza de la actual Kinshasa, protegido por altos muros rodeados de alambre de espino, donde todos los días se reunían niños hambrientos para mendigar las sobras de comida. Un día, vio cómo los guardias del complejo dispersaban violentamente a los niños, que se iban heridos y sangrando. Le rompió el corazón ver cómo los trataban. Cuando me contó el incidente, se le quebró la voz como si hubiera ocurrido ayer mismo. 

Cuando se enteró de que Mobutu había desviado sumas impensables de dinero de su país y las había depositado en bancos suizos, lo político empezó a ser personal, intensamente personal. “Durante mi estancia vi niños en condiciones terribles”, me dijo: “Lo que me motivó fue saber que Mobutu, que vino a Ginebra con ese dinero manchado de sangre que causó tanta muerte en su país, pudo actuar así porque lo permitió la oligarquía suiza”.

Cuando Ziegler se reunió con el Che y sus camaradas en Ginebra, con sus boinas y uniformes verde oliva, ya compartía posturas con ellos. Durante las dos semanas siguientes, se congració con los cubanos, los llevó en coche al Mont Blanc, tradujo el poco español que sabía y se puso a su disposición a cualquier hora del día. Los revolucionarios trajeron la jungla a la ciudad, durmiendo en hamacas en habitaciones compartidas, bebiendo, fumando y discutiendo toda la noche. Ziegler se unió al grupo, y en su última noche se armó de valor para pedirle al Che que se lo llevara a Cuba con él para poder unirse a la revolución. Era una noche clara, y desde su habitación, en la octava planta del Hotel InterContinental, podían ver el lago Lemán, iluminado entonces como ahora con carteles fluorescentes de relojes de lujo.

El Che señaló el lago. “Aquí es donde naciste y aquí vive el cerebro del monstruo”, recuerda Ziegler que le dijo: “Es aquí donde debes librar tu lucha”. Probablemente, no era más que un pretexto para disuadir a un escuálido diletante de dejarse matar. Pero Ziegler se la tomó en serio. Sabía que Suiza albergaba un engranaje sistémico que la hacía especialmente útil para las fuerzas del capitalismo: no como actor principal, sino como facilitador, entre bastidores.

Un país escudero del imperialismo

Algunos años más tarde, Ziegler utilizaría el término “imperialismo secundario” para definir el modus operandi de su país. No se trataba del imperialismo de primer orden francés, británico o, más tarde, estadounidense; imperialismos con presencia militar en el terreno. La de Suiza era un tipo de influencia más discreta: una cábala de empresas multinacionales y financieros que mantenían a los países pobres dependientes de los bienes, las armas y el dinero occidentales (sobre todo estadounidenses). 

Los suizos permitían estas prácticas ofreciendo acceso a una normativa y financiación favorables, así como un entorno empresarial reputado, ordenado y neutral: buenas normas, buenas leyes. Era, en cierto sentido, una variante del negocio mercenario. Los suizos no enviaban tropas al extranjero para luchar en una guerra de conquista ajena, como habían hecho en siglos anteriores. Pero, en opinión de Ziegler, estaban proporcionando una plataforma de lanzamiento de una versión moderna de aquello. “Una vez que vi lo que estaba pasando”, me dijo, “no pude no denunciarlo”.

Su libro Una Suiza por encima de toda sospecha, se publicó en 1976. La tesis de Ziegler, que mantiene hasta hoy, es que el papel de Suiza en el mundo es el de cómplice —una especie de sierva— del capitalismo. “En Suiza, la gestión del dinero tiene un carácter casi sacramental”, escribió Ziegler: “Poseer dinero, aceptarlo, contarlo, atesorarlo, especular y recibir, son todas actividades que, desde la primera afluencia de refugiados protestantes a Ginebra en el siglo XVI, han sido investidas de una majestad casi metafísica”. 

A continuación, Ziegler arremetió contra los bancos suizos y las empresas farmacéuticas, los grupos comerciales y las multinacionales, vinculando a las empresas y a las personas que están detrás de ellas con todo tipo de delitos, desde el tráfico de drogas hasta las violaciones de los derechos humanos en el extranjero. “Es difícil imaginar una actividad humana que no esté financiada por una institución financiera de Ginebra, Zúrich, Basilea o Lugano”, escribió. 

Entre los transgresores figuran los bancos que recibieron maletas de dinero en efectivo de las dictaduras de Portugal y la República Dominicana; las agencias inmobiliarias que ayudaron a los jeques del Golfo y a los coroneles guatemaltecos a comprar apartamentos junto al lago para esconderse; y las filiales de las empresas estadounidenses Dow Chemical y Honeywell, que supervisaron las ventas internacionales de napalm y minas terrestres.  

Las afirmaciones que Ziegler hizo en este libro y en otros posteriores (como Suiza lava más blanco y El oro nazi) le valieron nueve demandas por difamación en cinco jurisdicciones a lo largo de las décadas siguientes (la legislación suiza sobre difamación es más liberal, para los demandantes, que la estadounidense). En total, se le han impuesto indemnizaciones por daños y perjuicios por valor de 6,6 millones de francos suizos (CHF), equivalentes a casi siete millones de euros, sanciones que le han llevado prácticamente a la bancarrota, al menos sobre el papel.

La neutralidad suiza: un activo comercial

Ziegler ha hecho algo más que señalar con el dedo a industrias sin escrúpulos morales. Identifica la famosa neutralidad política de su país como un enorme activo para hacer dinero en sí mismo, una ventaja comercial y diplomática estructural que permite a la élite suiza crear espacios seguros para que prosperen el capital y los capitalistas, sin importar de dónde vengan o en qué crean. A partir de ahí, los suizos mejoran la oferta con concesiones especiales que van más allá de lo que podrían ofrecer sus vecinos europeos. Hoy en día, esas ventajas pueden incluir una deducción fiscal por los costes de investigación y desarrollo en la industria farmacéutica; almacenes especiales sin costes aduaneros donde la gente adinerada puede guardar objetos de gran valor como arte y vino; una tendencia a no responsabilizar a las empresas con sede en Suiza de la contaminación y los abusos laborales en el extranjero; y, por supuesto, las estrictas leyes del país contra la divulgación de información bancaria. 

Muchos países movilizan sus capacidades como Estados-nación reconocidos —la capacidad de hacer la guerra (o no), recaudar impuestos (o no), aprobar leyes (o no) y vigilar sus fronteras (selectivamente)— como medio para ingresar dinero. Pero el argumento de Ziegler siempre ha sido que su país se mueve muy por encima de sus posibilidades, en detrimento de todos. Eso, escribe, lo convierte en “una asociación defensiva, no en un Estado nación en el sentido habitual”. 

El resultado es que, aunque superficialmente opera como una democracia directa, ultrapopulista e impulsada por referendos, el Gobierno suizo está totalmente en manos del capital internacional. También es notablemente ágil. Cuando los votantes decidieron en un referéndum nacional en 2019 revisar el sistema fiscal de su país y eliminar los tipos impositivos preferenciales para las multinacionales, los cantones individuales tomaron cartas en el asunto y recortaron los impuestos a nivel local: en Basilea, los tipos del impuesto de sociedades cayeron del 20% al 13%, mientras que los aumentos de impuestos de Ginebra fueron esencialmente simbólicos, pasando de una base del 11,6% al 13,9%. 

Como le gusta decir a Ziegler: los suizos tienen “vallas” para que la riqueza sea intocable. La palabra que emplea es reveladora. En francés, como en inglés, receleur y fence son palabras de doble sentido que pueden referirse tanto a una barrera física como a un receptor de bienes robados. La valla es a la vez la frontera y el banquero, el foso y el intermediario. 

La valla —no el reloj de cuco, ni la fondue, ni mucho menos el amor fraternal— es la contribución de la nación al mundo en que vivimos. Si sabes dónde mirar, verás pequeñas Suizas dondequiera que vayas.

El verdadero origen del secreto bancario

Una suposición muy extendida sobre los impuestos en Suiza (y en otros paraísos fiscales) es que el país bajó los tipos para atraer a las empresas. A principios del siglo XX, Francia y Alemania empezaron a imponer por primera vez a sus ciudadanos impuestos progresivos sobre la renta y las sucesiones, gravando la riqueza con tipos más altos, mientras que Suiza no lo hizo. La noticia se difundió a través de una deliberada campaña publicitaria dirigida a los ricos: el historiador de la Universidad de Lausana Sébastien Guex escribe que los bancos imprimieron “folletos, circulares, cartas personalizadas y publicidad en los periódicos, y enviaron representantes que se acercaron personalmente a su clientela”. Guex afirma que funcionó. La mitad del producto interior bruto de Suiza llegó a los bancos suizos gracias a estos esfuerzos. 

Suiza adoptó una estrategia de obstrucción activa, ya fuera adoptando políticas federales que impedían las negociaciones con otros gobiernos que pudiesen responsabilizar a los defraudadores fiscales, dejando que los bancos suizos se “autorregularan”, o simplemente negándose a tomar medidas enérgicas contra esta práctica. Los suizos también se beneficiaron de un sistema federal que animaba a los cantones a competir no sólo con entidades extranjeras, sino también entre sí, y a ofrecer a los clientes una gran variedad de opciones. 

En 1934, Suiza adoptó su ahora infame legislación sobre el secreto bancario. Lo más probable es que escuche acerca de sus orígenes —que incluso Ziegler suele repetir— que fue concebida para proteger a los extranjeros de la persecución por sacar dinero de sus países de origen. Algunos judíos alemanes, presintiendo que se avecinaban problemas, lo hicieron, y Alemania había empezado a castigar esa fuga de capitales con la pena de muerte. Pero el historiador Peter Hug descubrió que esta explicación no era más que propaganda revisionista ideada en los años sesenta por Credit Suisse. De hecho, la ley del secreto fue el resultado de un enorme escándalo.  

La policía francesa recibió en 1932 el soplo de una reunión secreta en un apartamento de los Campos Elíseos en la que el director del banco comercial de Basilea daba consejos fiscales, sin duda turbios, a miembros de la alta sociedad francesa. Entre los cerca de 2.000 clientes franceses del banco de Basilea, reacios a pagar impuestos, había obispos, generales, editores de periódicos, una docena de senadores, un ministro, la esposa de un famoso perfumista y el industrial Armand Peugeot. Su riqueza, toda ella sin declarar, ascendía a no menos de una quinta parte del PIB suizo. 

Los banqueros devolvieron cientos de millones de francos a los franceses, conscientes de que tales incidentes harían que los clientes perdieran la confianza y se llevaran sus negocios a otra parte. Menos de dos años después, el Parlamento suizo tipificó como delito federal la revelación del titular de una cuenta numerada, con lo que su naciente industria bancaria quedó oculta durante la mayor parte del siglo siguiente. En virtud de la nueva ley, no era necesario que hubiese una víctima para presentar una denuncia penal; a falta de demandante, los cargos podían ser presentados por el propio Estado. 

En 2014, 47 gobiernos de todo el mundo firmaron un acuerdo que exigía el intercambio automático de información sobre las cuentas de los clientes. Bajo presión internacional, Suiza se sumó finalmente, pero ya había ganado. A lo largo del siglo XX, el país se anticipó y se acomodó a la naturaleza cada vez más deslocalizada de la riqueza transformándose de un no-Estado a una especie de agujero negro a caballo entre la globalización y la regulación. El dinero en efectivo, el oro, los bonos y otros valores que llegaban a Berna o Ginebra disfrutaban de las ventajas de estar en un lugar seguro y, al mismo tiempo, en ningún lugar visible. El hecho de que la evasión fiscal —es decir, presentar deliberadamente declaraciones falsas sobre el patrimonio o los ingresos— se persiga en Suiza como un delito civil, no penal, tampoco les venía mal. Y mientras el malestar se extendía por Europa, los banqueros suizos siempre podían contar con su mayor activo comercial: su neutralidad política. 

Las artimañas de Suiza y su condición de país neutral le permitieron sobrellevar la Segunda Guerra Mundial con relativamente pocos sobresaltos. Pero esa calma tuvo un alto coste moral que Ziegler recuerda de primera mano y al que ha dedicado gran parte de su carrera. Su libro El oro nazi ofrece un retrato condenatorio de la complicidad de la banca suiza con el nazismo.

Romper con el carácter nacional siempre tiene un precio. Ziegler tiene 90 años y sigue pagándolo. En 1990, fue demandado por seis partes diferentes por supuestas declaraciones difamatorias en su libro Suiza lava más blanco, en el que acusaba a los bancos suizos de recibir dinero de traficantes de drogas y otros delincuentes.

Ziegler, que fue miembro del parlamento federal suizo desde 1981 a 1999, acabó perdiendo su inmunidad parlamentaria —que protege a los cargos electos de ciertos tipos de enjuiciamiento— y fue condenado a pagar cientos de miles de francos en multas. Durante años, necesitó guardias de seguridad para proteger su casa. “Las amenazas son muy precisas”, declaró a Los Angeles Times: “Siempre me dicen cosas como: 'Ayer tu hijo estuvo aquí, tú estuviste allí'. Es una especie de desestabilización psicológica”. Su casa está a nombre de su mujer, Erica, una historiadora del arte, para que no se la puedan quitar, y los derechos de autor de sus libros siguen embargados.

El peaje de ir a contracorriente 

En 1998, Ziegler fue llamado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos sobre el papel que habían desempeñado los bancos suizos durante la Segunda Guerra Mundial. “Los suizos de a pie sentían una profunda antipatía por los asesinos de masas de Berlín. Odiaban a Adolf Hitler y rechazaban cualquier trato con él y sus compinches”, declaró. “Desgraciadamente, esta hostilidad no era compartida por algunos miembros de la clase dirigente, a saber, los directores del Banco Nacional Suizo, los miembros de los consejos de administración de los bancos comerciales y algunos miembros del Gobierno suizo”, añadió. 

Por sus declaraciones, un grupo de conservadores suizos le acusó de traición criminal, argumentando que sus “mentiras malintencionadas, falsedades, calumnias y exageraciones sin límites” amenazaban la seguridad del Estado. La acusación afirmaba que estaba “provocando o colaborando en actividades contra la seguridad del Estado por parte de organizaciones extranjeras o sus agentes”.

Me sorprendió que, tras toda una vida observando los mecanismos del capitalismo, Ziegler siguiera fascinado por el ingenio, el cinismo y la malevolencia de sus promotores. “El hecho de que este minúsculo país de sólo 42.000 kilómetros cuadrados, de los cuales sólo el 60% es habitable, con una población de menos de 10 millones de habitantes, sea un centro extraterritorial tan poderoso, de que el 27% de las fortunas extraterritoriales del mundo se gestionen en o desde Suiza, es simplemente asombroso”, me dijo. Su indignación moral parecía ir acompañada de asombro. Yo podía entenderlo. 

Le pregunté a Ziegler si su lucha había merecido la pena y si sentía que había hecho mella en el sistema contra el que llevaba tanto tiempo batallando. Al fin y al cabo, el secreto bancario ya no era lo que era; el blanqueo de dinero, aunque ni mucho menos erradicado, ahora es al menos un delito penal; y los bancos suizos están a la defensiva.

La relevancia de este tipo de historias es una prueba de que los activistas de izquierdas como Ziegler han influido en los debates públicos sobre justicia, equidad y desigualdad, y de que la conciencia sobre los paraísos ocultos del planeta es cada vez mayor. Pero aún no está claro qué impacto tendrán estas campañas en la desigualdad real de la riqueza y en las personas más pobres del mundo.

Ziegler cree que su país cumplirá la ley al pie de la letra, pero no su espíritu. 

Este es un extracto editado de The Hidden Globe: How Wealth Hacks the World (El globo oculto: Cómo la riqueza hackea el mundo), de Atossa Araxia Abrahamian.

Traducido por Emma Reverter.

Los Veintisiete han acordado este martes mantener a Rusia, Panamá y otros nueve territorios en su lista 'negra' de paraísos fiscales, una decisión que mantiene la lista a once jurisdicciones que la UE considera no cooperativas a efectos fiscales, según informa Europa Press.

El listado de la UE incluye países que no han entablado un diálogo constructivo sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias y que deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza tributaria, como transparencia, tributación justa o la implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de ganancias.

Con la decisión de este martes, la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales se mantiene en once integrantes: Anguila, Fiyi, Guam, Palaos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa, Samoa Americana, Panamá, Rusia, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Si bien esta ronda de actualización presenta avances positivos, el Consejo lamenta que estas jurisdicciones aún no cooperen plenamente en materia fiscal y las invita a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas identificados.

La lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales se estableció en diciembre de 2017 y forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia fiscal con el objetivo de contribuir a los esfuerzos en curso para promover la buena gobernanza fiscal en todo el mundo.

Las empresas temen un 'peaje' del 5% a sus ingresos en Estados Unidos si la Unión Europea (UE) no retira el impuesto mínimo a las multinacionales. Automovilísticas, bancos, farmacéuticas y el agroalimentario son los sectores de España más expuestos a estas represalias del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, que irían agravándose cada año, con el objetivo de tumbar la directiva comunitaria de un tributo coordinado globalmente del 15% a las grandes compañías internacionales, que el Gobierno traspuso a nuestra legislación hace apenas un mes.

Este 'suelo' en el impuesto de Sociedades para evitar el traslado de beneficios a guaridas fiscales surge de los acuerdos en el marco de la OCDE, a los que Donald Trump renunció en su primer día de mandato, con una orden en la que pidió al secretario del Tesoro y al representante Comercial de Estados Unidos “elaborar en 60 días una lista de medidas de represalia contra los países que apliquen impuestos extraterritoriales a las multinacionales estadounidenses”.

El equipo de expertos de la consultora E&Y considera que estas represalias pasarían por “un incremento del 5% anual [de una retención o gravamen a modo de represalia] sobre los ingresos norteamericanos de cualquier entidad residente en un país con UTPR [las siglas en inglés del sistema de tributación mínima sobre rentas pagadas]”.

Este aumento anual de este gravamen, que ya fue propuesta por senadores del Partido Republicano de Estados Unidos en 2024, podría alcanzar hasta el 20% “en tanto no se retire” el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las multinacionales estadounidenses. Fuentes del mundo empresarial a las que ha tenido acceso elDiario.es consideran que es una represalia desproporcionada porque afecta a sociedades de cualquier tamaño, mientras que el tributo mínimo del 15% está diseñado para compañías con ingresos de más de 750 millones de euros.

Esta directiva europea, que traslada el acuerdo de la OCDE sobre fiscalidad global conocido como Pilar 2, significa que cualquier defecto de tributación de una filial y del resto de entidades de un grupo multinacional (en este caso estadounidense) puede ser capturado por otros países que no son Estados Unidos, como por ejemplo España.

Estados Unidos firmó este acuerdo en 2021, junto a cerca de 140 países y jurisdicciones en total, pero ahora la Administración de Donald Trump considera que es un impuesto “discriminatorio”.

La intención de este mínimo global es evitar la pérdida de ingresos públicos de los países por el traslado de los beneficios de las grandes empresas a guaridas fiscales donde o no tributan o pagan muy poco. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante.

El impuesto a las multinacionales está en el aire

Las amenazas de Estados Unidos ya hacen pensar al mundo empresarial que la Comisión Europea “dulcificará” tanto el tributo mínimo del 15% a las multinacionales que “dejará de tener sentido”.

De hecho, los expertos de E&Y consideran que la Administración de Donald Trump podría utilizar otras medidas de represalia, como los aranceles, para amedrentar a los socios europeos. El Ejecutivo comunitario, de momento, contiene la respiración.

“Esta decisión supone un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal, que es un problema mundial, pero impulsado en gran parte por las grandes empresas estadounidenses, altamente digitalizadas, que trasladan sus beneficios a través de las fronteras mediante sistemas fiscales muy agresivos”, advierten desde Oxfam Intermón, una de las organizaciones más implicadas en el debate sobre la justicia en la recaudación y la redistribución.

Esta misma semana, Estados Unidos ejecutó otro movimiento en la misma línea al retirarse de las negociaciones en la ONU sobre un nuevo tratado fiscal global, advirtiendo de que se opondrá a cualquier resultado de estas conversaciones.

“Se ha puesto en cuestión al principio de la multilateralidad. Si yo me pongo en el lugar de las empresas españolas, por ejemplo, que siempre dicen que lo que buscan es la certeza tributaria, esto les lleva a una incerteza total”, lamenta Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam. “Todos los argumentos de que no se podían cambiar las cosas si no era de forma colectiva, Trump lo ha hecho saltar por los aires”, dice esta experta.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal señaló en noviembre que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Apenas cuatro párrafos anti OCDE han sido suficientes para amenazar el histórico consenso internacional sobre fiscalidad que se ha alcanzado durante la última década. Horas después de su investidura, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó en seco los avances hacia una mayor justicia global en la recaudación de impuestos. Entre otros decretos urgentes en la misma línea, Trump firmó una orden que deja en el aire el impuesto mínimo del 15% a los beneficios de las multinacionales acordado en el marco de la OCDE para evitar la pérdida de ingresos públicos por la fuga a guaridas fiscales.

“Con el regreso de Donald Trump y su movimiento MAGA [siglas de 'Haz a Estados Unidos grande otra vez', en inglés], tal vez deberíamos llamar a la era actual el fin del progreso”, lamenta el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en un artículo publicado este martes. “Trump no sólo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, incide la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), en un contundente comunicado publicado también este martes.

Ese pesimista “fin del progreso” golpea directamente a la directiva de la Unión Europea (UE) que España ha traspuesto recientemente a nuestra legislación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a las multinacionales con unos “ingresos consolidados” de más de 750 millones de euros. El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total.

La intención de este mínimo global es evitar la pérdida de ingresos públicos de los países por el traslado de los beneficios de las grandes empresas a guaridas fiscales donde o no tributan o pagan muy poco. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante.

“Trump [rodeado de los dueños de grandes empresas como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) o Mark Zuckerberg (Meta)] retiró definitivamente el ya inestable apoyo de Estados Unidos al compromiso global sobre la imposición a las ganancias de las corporaciones multinacionales, una reforma elaborada con mucho esmero durante la última década. También amenazó con represalias punitivas [sanciones] contra cualquier país que aplicara impuestos 'extraterritoriales' o 'discriminatorios' a las multinacionales estadounidenses”, recoge un editorial de Financial Times (el periódico económico más influyente del mundo), en su editorial del miércoles.

“Es un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal”

Exactamente, la orden de Trump pide al secretario del Tesoro y al representante Comercial de Estados Unidos “elaborar en 60 días una lista de medidas de represalia contra los países que apliquen impuestos extraterritoriales a las multinacionales estadounidenses”, según resume Oxfam Intermón. “Esta decisión supone un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal, que es un problema mundial, pero impulsado en gran parte por las grandes empresas estadounidenses, altamente digitalizadas, que trasladan sus beneficios a través de las fronteras mediante sistemas fiscales muy agresivos”, advierte esta ONG, muy implicada en el debate sobre la justicia en la recaudación y la redistribución.

El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ha explicado que todavía “es pronto” para extraer conclusiones. “Vamos a analizar exactamente la orden ejecutiva en torno a esta decisión de Estados Unidos. Recordemos además que aquí el marco no es individualizado, es un marco a nivel OCDE donde España además está representada junto con el resto de países de la UE en el marco tanto del Pilar 1 como del Pilar 2 del acuerdo en materia tributaria”, continúa.

“Ese es el marco en el cual nos moveremos y las actuaciones de España por supuesto irán ligadas a las actuaciones de sus socios comunitarios. Vamos a hacer una valoración primero de cuál es exactamente la decisión tomada, cuáles son las implicaciones y cómo habría que reaccionar en este marco multilateral. Porque estamos hablando de un acuerdo genuinamente multilateral que se ha puesto en marcha en los últimos años”, concluye Carlos Cuerpo.

“Se ha puesto en cuestión al principio de la multilateralidad. Si yo me pongo en el lugar de las empresas españolas, por ejemplo, que siempre dicen que lo que buscan es la certeza tributaria, esto les lleva a una incerteza total”, advierte Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam. “Todos los argumentos de que no se podían cambiar las cosas si no era de forma colectiva, Trump lo ha hecho saltar por los aires”, dice esta experta.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal señaló en noviembre que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

“Es la muerte de cualquier posibilidad de llegar a una solución sobre el pilar 1 del acuerdo de la OCDE [que contempla nuevos derechos fiscales sobre los beneficios globales de las empresas reasignados a los mercados donde tienen operaciones reales y se crea valor]. Pero también pone en peligro parte de los principios de la aplicación del impuesto mínimo global (15%) [el Pilar 2]”, detalla el comunicado de reacción oficial de Oxfam Intermón. Además, queda muy dañado de la misma manera el último consenso sobre un tributo mínimo del 2% para los milmillonarios.

“Esto podría crear una confrontación fiscal mundial, e incluso podrían aplicarse medidas de represalia. Existe un precedente similar de la anterior presidencia de Trump” —prosiguen en la ONG—, cuando mientras algunos países de la UE aplicaron impuestos a los servicios digitales, Estados Unidos elevó los aranceles a las exportaciones europeas.

“Trump está dando prioridad a los multimillonarios a expensas de la gente común”

“Al rechazar la cooperación fiscal mundial, el presidente Trump está dando prioridad a los multimillonarios a expensas de la gente común en Estados Unidos y en todo el mundo. Esta medida es un intento desesperado de preservar un sistema amañado de paraísos fiscales y planificación fiscal agresiva que funciona muy bien para los multimillonarios, a pesar del consenso mundial en torno a las reformas. Lo que necesitamos para asegurarnos de que las empresas y los más ricos pagan lo que les corresponde es exactamente lo contrario: Necesitamos un multilateralismo verdaderamente integrador y normas comunes para poner fin a la competencia a la baja”, finalizan en Oxfam.

En octubre, justo después de recibir el premio Nobel de Economía de este año, Daron Acemoglu publicó un texto en España que tituló: “Los ricos no deben ser los héroes de la sociedad”. En él, el economista afirma que “los analistas se preguntan muchas veces por qué alguien con cientos de millones de dólares puede anhelar tener cientos de millones de dólares más. Hay pocas cosas que uno no pueda comprar si ya tiene 500 millones de dólares. ¿Para qué marcarse como objetivo amasar 1.000 millones de dólares? Porque 'multimillonario' es un rango de estatus. Lo que importa no es el poder adquisitivo, sino el prestigio y el poder que esto confiere en relación con los pares. En un equilibrio ”riqueza es estatus“, es inevitable que los ultrarricos se vuelvan locos por amasar una fortuna cada vez mayor”.