La justicia francesa va a investigar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en 2018 a partir de unas denuncias contra el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán.

Fuentes de La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) indicaron a EFE que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha aceptado la tramitación de las denuncias de Trial International y de Reporteros sin Fronteras (RSF) por los cargos de torturas y desaparición forzada.

Las fuentes puntualizaron que, por el contrario se ha rechazado el procedimiento de Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN), la asociación que había creado el propio Khashoggi pocos meses antes de su muerte. Señalaron además que la investigación correrá a cargo de un juez de la unidad de crímenes contra la humanidad.

En julio de 2022, coincidiendo con una visita de Bin Salman a Francia, Trial International, DAWN y Open Society Justice Initiative habían presentado una denuncia en Francia amparándose en el hecho de que el derecho francés reconoce el principio de la justicia universal para casos de tortura y desapariciones forzadas.

Más adelante se unió RSF a esa iniciativa, pero hasta ahora la Fiscalía francesa se había negado a dar el visto bueno a la investigación.

Un miembro de Reporteros sin Fronteras, en respuesta a preguntas de EFE, comentó que una vez que el Tribunal de Apelación de París ha aceptado su denuncia, la investigación judicial va a poder seguir su curso.

El periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, columnista del diario estadounidense Washington Post, fue descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, donde había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida.

La CIA determinó que el príncipe heredero Bin Salmán tuvo que haber aprobado el asesinato dada su poder sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe ha negado desde el principio su implicación.

Durante una visita a Estados Unidos el pasado mes de noviembre, Bin Salmán consideró que ese asesinato fue un “gran error”, pero hizo hincapié en que su país lo investigó adecuadamente y que algo así no volverá a ocurrir.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional delitos contra la comunidad internacional, crímenes de lesa humanidad, torturas y detención ilegal durante su arresto en una prisión israelí el pasado octubre tras el abordaje por parte del ejército del país del barco de la Flotilla humanitaria.

Colau ha acudido este martes a la Audiencia Nacional a ratificar su denuncia, interpuesta mediante su abogado, Jaume Asens, el pasado 28 de octubre. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la exalcaldesa denuncia que su embarcación fue abordada “violentamente” por fuerzas militares israelíes el 1 de octubre de 2025, “sin orden judicial y en ausencia absoluta de hostilidad o amenaza militar alguna por parte de la tripulación”, todos ellos civiles no armados.

Tras el asalto de su embarcación, Colau expone que fue trasladada al puerto israelí de Ashdod, donde permaneció varias horas incomunicada y estuvo “obligada a estar de rodillas en el suelo recibiendo insultos y algunos golpes, sin agua ni comida” y sin asistencia letrada ni consular.

La “detención arbitraria” de la tripulación del barco de la Flotilla en el que estaba enrolada, indica Colau, no terminó con la interceptación de la nave por parte del ejército israelí. Tras lo ocurrido en el puerto de Ashod, continúa Colau, fue trasladada a la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev, donde permaneció encerrada cuatro días sin orden judicial ni información sobre por qué estaba privada de libertad.

Durante el traslado y la reclusión, la exalcaldesa denuncia que sufrió “tratos humillantes, intimidatorios y degradantes”, como la obligación de permanecer de rodillas, con la cabeza agachada contra el suelo o hacinamiento en las celdas.

“Por la noche, los guardias encendían y apagaban las luces a propósito para impedirnos dormir más de dos horas seguidas, o irrumpían dentro de la celda gritando y amenazando, siempre armados com armas de fuego grandes tipo metralleta y a veces con perros”, resalta Colau.

El ataque a la Global Summud Flotilla, argumenta la denuncia de Colau, “reproduce el mismo patrón que el ataque de otras misiones humanitarias”. Cabe recordar que el último abordaje de los barcos de la segunda misión de la Flotilla por parte de las tropas israelís ocurrió la pasada semana.

Colau considera que el uso de fuerza militar “desproporcionada” contra una misión civil pacífica en aguas internacionales desbordó tanto la legalidad internacional como el Código Penal español, que protege a las víctimas españolas de delitos ocurridos en el extranjero.

Ambas operaciones, incide la exalcaldesa, fueron ejecutadas por la misma unidad militar “en el marco de una política institucionalizada de represión violenta contra la ayuda humanitaria”, lo que, a su juicio, “revela una conducta sistemática y planificada, que encaja en la definición jurídica de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en tanto forman parte de un ataque generalizado contra la población civil y quienes tratan de asistirla”.

En declaraciones a la prensa, Colau ha aseverado que el objetivo es llevar a los “responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional”, así como la suspensión “completa” del acuerdo comercial entre Israel y la Unión Europea, organismo al cual también culpa de tener “complicidad” con el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, y que la causa se “replique en otros países”.

El abogado y eurodiputado de los Comunes, Jaume Asens, ha asegurado tener identificado tanto a “los directores de las cárceles donde estaban” los miembros de la flotilla que denuncian haber sido torturados, como a algunos soldados de la unidad de elite que “asaltó los barcos”.

A Philippe Sands le gusta descubrir historias y contarlas. Lo ha hecho durante décadas ante tribunales en Londres, Estrasburgo y La Haya, en sus libros sobre la guerra de Irak, el Holocausto, Pinochet y el colonialismo británico en el Índico, y en los cientos de clases y conferencias con las que ha conseguido explicar como nadie el origen legal y emocional del debate entre genocidio y crímenes contra la humanidad. La lucha por la justicia internacional, de Serbia a Liberia, de Chile a Chagos, de Irak a Ucrania, no se entiende sin Sands.

El abogado y escritor dice que su vida cambió cuando aceptó dar unas charlas en Lviv, en Ucrania, en 2010, y se puso a investigar la vida de sus abuelos maternos, Leon y Rita, judíos y originarios de lo que entonces era Polonia y que huyeron a París por la persecución nazi. En paralelo, Sands investigó la historia de otros dos supervivientes del Holocausto, que estudiaron en Lviv y revolucionaron como juristas el derecho internacional: Raphael Lemkin, que acuñó el término “genocidio” como el crimen contra una persona por ser miembro de un grupo definido por un rasgo común de nacionalidad, religión o etnia; y Herst Lauterpacht, que articuló el concepto de “crímenes contra la humanidad” que busca proteger al individuo y su valor intrínseco. “El ser humano… es la unidad última de la ley”, escribió Lauterpacht en 1943.

A partir de esta investigación, Sands publicó hace ahora diez años Calle Este-Oeste, que es parte de un cuarteto que culminará al final de esta década con un libro sobre Victoria Amelina, la novelista de Lviv asesinada en 2023 por un ataque ruso mientras cenaba en una pizzería en Kramatorsk, en el este de Ucrania. Amelina había empezado a documentar crímenes de guerra en su país inspirada por Sands. El libro también contará los esfuerzos, en los que él mismo participa, para crear un nuevo tribunal para perseguir el crimen de agresión contra Ucrania.

La aventura personal y profesional de esta investigación de Sands también ha pasado por la Patagonia. Su último libro es Calle Londres 38, sobre la detención de Augusto Pinochet tras la orden del juez Baltasar Garzón en 1998 –Sands también estuvo involucrado en el caso–, y la relación del dictador chileno con nazis huidos de Europa.

Sands cree que la justicia internacional es una carrera de fondo que no se ha parado y sigue ayudando a las personas. Sus batallas en los tribunales denotan afecto por algunas de las personas que representa, como Liseby Elysé, nacida en las islas Chagos, en el Índico, deportada a la fuerza por el Gobierno colonial británico en 1973 para establecer la base militar de Diego Garcia con Estados Unidos, y que sigue luchando por volver a su lugar de origen. Sands me enseña la que dice es su “foto favorita de 2025”, con el papa León XIV, a quien visitó con “Madame Elysé” y un grupo de nativos de Chagos para contarle su causa. También le regaló al papa sus libros, incluido Ruta de escape, que revela la complicidad de un obispo católico con los nazis que huían y el silencio del Vaticano.

Las batallas legales de Sands ya han tenido consecuencias, como el actual proceso de devolución de Chagos a Mauricio que el Reino Unido ha aceptado y está pendiente de firmar. También sigue viendo los efectos de sus libros publicados, y no sólo por los cientos de testimonios que suele recibir después. El descubrimiento del acuerdo entre el Reino Unido y Chile para devolver a casa a Pinochet y la documentación sobre la Caravana de la Muerte están ahora en los tribunales chilenos, donde han vuelto a acudir los descendientes de las víctimas por el pacto revelado por el libro de Sands.

Esta es parte de nuestra conversación, editada por claridad y extensión, en Perugia, durante el festival de periodismo anual en esta ciudad del centro de Italia.

Mientras hablamos una tarde calurosa de abril en el patio de un restaurante en el centro, Sands toma un capuchino acompañado de unas aceitunas y unas cebollitas. “Es muy inglés”, explica ante el camarero italiano y la entrevistadora española, muy escépticos sobre su elección aunque la cocina esté cerrada. En realidad, Sands es también francés –su madre creció en París–, está casado con una estadounidense hija de una exiliada española de familia republicana, y sus raíces están por toda Europa.

¿Los casos que siguen abiertos en Chile son una señal de que el de Pinochet no fue del todo un caso de impunidad?

No es un caso de total impunidad. Pinochet se fue a casa por el acuerdo entre los británicos y los chilenos. La confirmación de que hubo un acuerdo es bastante significativa. Según el acuerdo, él regresa, se le quita la inmunidad y hay casos en su contra. Y es exactamente lo que pasó. Eso abrió la puerta a la justicia. Él regresa, pierde su inmunidad. Los tribunales chilenos deciden que puede ser juzgado y se presentan muchos casos en su contra. Es puesto bajo arresto domiciliario. Eso no es impunidad total.

¿Qué consecuencias quedan?

Algunas personas de la derecha están muy descontentas con esto, entre ellas Kast, ahora presidente de Chile. Él ha empezado el proceso de liberar de la cárcel a todas las personas mayores que cometieron estos crímenes. Me interesa mucho el caso de Miguel Krassnoff. Está cumpliendo una condena de mil años de prisión, tiene unos 90 años. Kast quiere liberarlo. Estoy muy atento a qué sucede con Krassnoff porque interrogó a mucha gente en Colombia. Era un torturador prominente. Creo que también estuvo involucrado en el asesinato de Carmelo Soria [diplomático español secuestrado y asesinado por la policía secreta chilena en 1976]. 

Una cosa sorprendente es que el caso Pinochet fue posible por un error intencionado o no del régimen franquista al adoptar la convención contra el genocidio y adaptar la definición del delito en el Código Penal de 1971 de manera más amplia, sin que incluyera tener que probar la intención.

Esto lo documentó uno de mis alumnos en Harvard, Aleix Pérez i Pitarch, que contraté como asistente de investigación y revisó toda la historia legal. El asunto sin aclarar es si alguien lo hizo a propósito o fue un accidente. Pero si esto no hubiera sucedido, todo habría sido completamente diferente.

¿Otros errores de regímenes actuales pueden abrir puertas a la justicia?

Una de las conclusiones, de hecho, de todos mis libros, es la importancia de los accidentes de la historia, de las coincidencias. Mi gran conclusión de los tres libros, y de este en particular, también es que los individuos marcan la diferencia. La vida no es mecánica. Los Estados no son todopoderosos. Siempre hay alguien como Carlos Castresana [el fiscal español y autor de la denuncia que dio lugar a la detención de Pinochet] o el diplomático británico que llamó por teléfono a Garzón. Si no le hubiera llamado para advertirle de que Pinochet se iba a marchar, Garzón solo habría enviado unas preguntas, Pinochet se habría marchado al día siguiente, y nada de esto habría ocurrido. Me encantan los accidentes de la historia. Y siempre es porque hay una persona que hace algo.

Los individuos marcan la diferencia. La vida no es mecánica. Los Estados no son todopoderosos. Siempre hay alguien como Carlos Castresana

Sin duda, ahora se repetirá. A su debido tiempo, conoceremos las historias sobre cómo Donald Trump decidió lanzar su guerra contra Irán. Alguien nos dirá qué conversación lo llevó a hacer esta cosa terrible y loca. 

¿Y la presión del otro lado? ¿Quiénes son los castresana ahora, luchando en los tribunales o de otra manera?

Lleva tiempo saberlo. Pero Pinochet pensó que no tendría problemas. Milosevic lo pensó. Duterte lo pensó. Pero George W. Bush dejó de viajar al extranjero. Rumsfeld dejó de viajar al extranjero. No estoy diciendo que las cosas vayan a suceder. Pero existe la posibilidad de que sucedan y eso tiene efectos. 

Por supuesto, hay personas que ahora intentan cerrar la puerta y deshacerse de las reglas sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio... Pero fracasarán. Estoy convencido de que el derecho internacional seguirá adelante, con su rumbo un tanto caótico. 

Hay personas que ahora intentan cerrar la puerta y deshacerse de las reglas sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio... Pero fracasarán. Estoy convencido de que el derecho internacional seguirá adelante, con su rumbo un tanto caótico

¿De qué manera estos años tan difíciles han cambiado o pueden cambiar las reglas del derecho internacional y sus instituciones?

Son años difíciles. Ni por un momento creo que no lo sean. Pero decir, como hacen muchos, que este es el fin del derecho internacional en el mundo es un disparate total.

Hemos estado en circunstancias mucho peores. Si nos remontamos a la década de 1930, hubo destrucción y luego hubo un renacimiento. Tal vez haya destrucción de nuevo. Pero si hay destrucción, habrá un renacimiento porque estamos en este pequeño espacio y tenemos que encontrar formas de vivir juntos. 

Suelo citar un discurso pronunciado por Aung San Suu Kyi en la Corte Internacional de Justicia en el caso del genocidio rohinyá que se está juzgando ahora mismo. Ella y yo dijimos que el derecho internacional es el único lenguaje que todos tenemos en común. El derecho internacional seguirá adelante. El hecho de que usted y yo hayamos podido viajar hasta aquí o que usted use su teléfono para enviar un artículo se basa en tratados internacionales.

Pero…

Decir que la legislación internacional está desapareciendo es una locura. Pero hay tres ámbitos en particular donde las reglas están siendo cuestionadas. En primer lugar, la protección de individuos y de grupos en tiempos de guerra y, relacionado con esto, la norma que dice debes distinguir entre objetivos militares y objetivos no militares, no puedes atacar actividades no militares. En segundo lugar, la adquisición de territorio. Y en tercer lugar, el sistema global de comercio y aranceles. Trump quiere desmantelar el sistema de normas multilaterales y sustituirlo por normas bilaterales, pero fracasará.

Decir, como hacen muchos, que éste es el fin del derecho internacional en el mundo es un disparate total. Hemos estado en circunstancias mucho peores. Si nos remontamos a la década de 1930, hubo destrucción y luego hubo un renacimiento. Tal vez haya destrucción de nuevo. Pero si hay destrucción, habrá un renacimiento porque tenemos que encontrar formas de vivir juntos

Vemos una fuerte reacción en contra de lo que está sucediendo en Irán. Y la reacción suele estar motivada, explicada o justificada con referencias al derecho internacional. El presidente español o el primer ministro británico dicen que Estados Unidos no puede usar sus bases porque tienen soberanía. Hay reglas que rigen el uso de sus bases. Y puede que a Estados Unidos no le guste, pero lo ha respetado, y eso es derecho internacional en acción. Cuando Pedro Sánchez dice que los aviones de Estados Unidos no pueden sobrevolar España, eso es derecho internacional, y los aviones no sobrevuelan España.

Por eso, la idea de que el derecho internacional está muerto es simplemente absurda. Está atravesando dificultades. Hay un ataque contra el orden establecido de 1945, pero hay muchas iniciativas en marcha sobre nuevas normas internacionales, por ejemplo, en materia de ecocidio o una nueva convención que se está negociando ahora sobre crímenes de lesa humanidad. Estaré en Nueva York la próxima semana [esta pasada] hablando con asesores jurídicos que, en esencia, están tomando el mensaje del primer ministro canadiense, Mark Carney: hay una ruptura, Estados Unidos no quiere participar, pero hay otros 180 países que van a seguir. Y ahí es donde estará la acción durante los próximos años.

Hay un ataque contra el orden establecido de 1945, pero hay muchas iniciativas en marcha sobre nuevas normas internacionales, por ejemplo, en materia de ecocidio o una nueva convención que se está negociando ahora sobre crímenes de lesa humanidad

¿No sigue haciendo falta la participación en Estados Unidos? En todos los vaivenes de la cooperación internacional del último medio siglo usted describe en sus libros que ha sido una fuerza positiva en ocasiones clave… 

Está por ver. Carney tiene razón en que hay una ruptura. Lo que se ha roto es el vínculo de confianza. Y, como en las relaciones personales o las relaciones comerciales, una vez que la confianza se pierde, es muy difícil reconstruirla. Se puede, pero lleva tiempo. Incluso si Trump se va y llega un nuevo presidente, sea republicano o demócrata, todos saben que no se puede confiar en Estados Unidos, y eso significa que Europa tiene que seguir adelante sola. 

En mi opinión, esto es algo positivo de Trump. Y en esto España se equivoca: tenemos que reconstruir nuestras fuerzas armadas porque hay una amenaza muy real por parte de Rusia. Esto es existencial para Europa. En este sentido, Trump ha sido positivo porque ha hecho que los europeos se den cuenta de que están solos. Están atrapados entre los chinos y los estadounidenses mientras los rusos crean problemas. El sur global está decidiendo quiénes son sus socios. Esta es una oportunidad para que Europa defienda sus valores y se reconstruya a sí misma. Hemos empezado a ver otros aspectos positivos. Esto ha hecho que los británicos se acerquen de nuevo a la Unión Europea. La mayoría de la gente en el Reino Unido quiere que eso suceda porque ha visto que Estados Unidos no es de fiar. No pierdo la fe en Estados Unidos, pero están pasando por un mal momento.

Incluso si Trump se va, e incluso si llega un nuevo presidente, sea republicano o demócrata, todos saben que no se puede confiar en Estados Unidos, y eso significa que Europa tiene que seguir adelante sola

Los más críticos con Estados Unidos aseguran que no hay tanta diferencia entre Trump o Biden o que EEUU tiene un largo historial de injerencia en Oriente Próximo, Latinoamérica o Vietnam. ¿Ve usted una diferencia sustancial?

Algunas personas verán lo que está sucediendo ahora como una continuación de lo que realmente es Estados Unidos. Pero es un país muy complicado. Tenemos que agradecer a Estados Unidos el acuerdo de 1945. Estoy eternamente agradecido a Estados Unidos por la Carta del Atlántico, la Carta de Naciones Unidas y el Tribunal de Núremberg. El problema para Estados Unidos es que a veces no les gusta que las normas se les apliquen a ellos.

Pero, ¿sería el mundo un lugar mejor sin estos avances? ¿Sin derechos para individuos, derechos colectivos, de autodeterminación o un sistema de comercio global? Algunas personas dirán que sí, pero no estoy de acuerdo. Ha traído algunas cosas negativas para otras partes del mundo, pero en general estos son valores decentes y deberíamos honrarlos y construir sobre ellos. No son perfectos. 

Tenemos que agradecer a Estados Unidos el acuerdo de 1945. Estoy eternamente agradecido a Estados Unidos por la Carta del Atlántico, la Carta de Naciones Unidas y el Tribunal de Núremberg. El problema para Estados Unidos es que a veces no les gusta que las normas se les apliquen a ellos.

No soy un idealista del derecho internacional, pero, en general, Estados Unidos ha sido más una fuerza para el bien que para el mal... Esperemos que no lo hayamos perdido para siempre. Una cosa que está sucediendo y que es desastrosa para Estados Unidos y para Europa es el fortalecimiento de China, que parece mucho más razonable en comparación con Estados Unidos ahora mismo: apoya un sistema multilateral, no secuestra presidentes, no invade países. Curiosamente, los chinos incluso se han puesto en contacto conmigo.

¿Para qué?

Soy persona non grata en China porque fui abogado de Filipinas en el caso del Mar de China Meridional hace unas semanas. Pero se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que habían leído mis libros, habían seguido mi trabajo, y les gustaría tener una conversación sobre el multilateralismo y el estado del derecho internacional.

Netanyahu también leyó Calle Este-Oeste, pero tal vez no lo entendió…

Es un momento complejo. Lo que diría es que, a corto plazo, soy bastante pesimista sobre la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Pero a largo plazo, soy bastante optimista respecto a un sistema basado en reglas para valores decentes y seres humanos decentes. 

Para cambiar, más allá de la política, ¿hace falta una victoria en los tribunales en uno de los grandes casos, por ejemplo contra Putin o Netanyahu? 

El primer caso del que tendremos un fallo, que será este otoño, será Gambia contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) [se acusa a Myanmar de haber cometido un genocidio contra la minoría rohinyá]. Eso va a ser muy interesante.

El caso en el que usted está trabajando como abogado de Gambia…

Argumentamos el caso en enero. Y la corte se enfrenta a la posibilidad, por primera vez en su historia, de declarar que un Estado es responsable de genocidio. Nunca se ha declarado a un Estado responsable de genocidio. El tribunal no consideró a Serbia responsable de genocidio: dijo que hubo un genocidio en Srebrenica, pero que fue cometido por grupos paramilitares. Así que la responsabilidad de Serbia no fue haber cometido un genocidio, sino no haberlo prevenido. Y esa es una distinción importante. 

Ahora, el elefante en la habitación durante las audiencias era el caso que se avecina, Sudáfrica contra Israel. Tendremos que leer muy cuidadosamente la sentencia en Gambia contra Myanmar para hacernos una idea de que hará el tribunal en el caso de Sudáfrica contra Israel. 

Y mientras tanto, hay otros casos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha acusado ni a Hamás ni a Netanyahu de genocidio. El caso es por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Presumiblemente, los jueces lo tendrán en cuenta y podrían preguntarse por qué no ha sido por genocidio. ¿Ha sido por motivos políticos? ¿O legales?

Tendremos que leer muy cuidadosamente la sentencia en Gambia contra Myanmar para hacernos una idea de que hará el tribunal en el caso de Sudáfrica contra Israel

Fue surrealista estar en La Haya en enero mientras la gente decía que era el fin del derecho internacional. Allí estábamos en la Corte Internacional de Justicia, en el Gran Salón del tribunal. Myanmar compareció y argumentó el caso ante 16 jueces. Gambia presentó sus argumentos. Myanmar presentó su defensa. Habrá una sentencia y se basará en el derecho internacional. No es un juego. No es una ilusión.

En un proceso a puerta cerrada, hubo testimonios de lo ocurrido en el norte del estado de Rakhine. Esos tres días de audiencias fueron extenuantes, muy dolorosos. Pero las personas tuvieron la oportunidad de contar sus historias ante un tribunal. Eso no es poca cosa.

A principios de mayo, tengo otra audiencia en el caso de Guyana contra Venezuela. Y en unos días tengo la reunión preparatoria para las negociaciones de una nueva convención sobre crímenes contra la humanidad.

Ahora hay incluso más foco en la palabra “genocidio” que cuando usted escribió Calle Este-Oeste. ¿Por qué cree que es así y por qué en particular con Gaza? El delito de genocidio es más difícil de aplicar porque hay que probar la intención, a diferencia de lo que ocurre con el delito de crímenes contra la humanidad...

Es una pregunta compleja. Hay que volver a Lemkin y examinar sus escritos. Para Lemkin, el genocidio no era algo excepcional. En sus papeles, recogía miles de genocidios, números pequeños de personas asesinadas en pogromos. Y eso era genocidio. No se trataba de grandes cifras. Él tenía su definición, con un umbral bajo.

En Núremberg, la sentencia no hizo ninguna referencia al genocidio. Después los países adoptaron la convención sobre el genocidio en 1948, y el umbral subió. Empiezo a pensar que eso fue un error. Subieron el listón porque no querían exponerse a acusaciones de genocidio y crearon la exigencia especial de probar la intención de destruir a un grupo.

Durante 50 años, no ocurrió nada. Y entonces llegó Ruanda. Llegaron también el tribunal para la ex Yugoslavia, el tribunal para Ruanda, la Corte Penal Internacional, y se elevó aún más el umbral. Así que ahora el listón está tan alto, es tan raro y tan excepcional, que en la opinión pública se percibe como el “crimen de los crímenes”. Pero no lo es. Para mí, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra están al mismo nivel. Matar a 10.000 personas es igual de grave ya sea un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un genocidio. Pero en la conciencia popular ha subido de categoría.

Puede que se deba, en un sentido más literario, el poder de la palabra: “crímenes de lesa humanidad” o “crímenes de guerra” suenan a expresiones más técnicas. Lo que hizo Lemkin fue inventar una palabra que describe para la gente común lo que significa el horror. Y, como está asociado al Holocausto, tiene una carga de horror muy fuerte.

¿Y ahora?

En el caso de Gaza, muchas personas bien intencionadas creen genuinamente que es un genocidio, y muchas personas bien intencionadas creen que no lo es. También hay otras personas que no tendrían reparo en etiquetar como genocidas al Estado de Israel y a los judíos por razones evidentes que no están motivadas por buenas intenciones. 

Pero el término está ahí. Sudáfrica tiene derecho a presentar un caso. Israel tiene derecho a defenderse y decir que no es genocidio, sino legítima defensa. Es el mismo argumento de Myanmar y tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero hay una brecha entre la definición legal de genocidio y lo que la gente común entiende por genocidio.

En el caso de Gaza, muchas personas bien intencionadas creen genuinamente que es un genocidio, y muchas personas bien intencionadas creen que no lo es. También hay otras personas que no tendrían reparo en etiquetar como genocidas al Estado de Israel y a los judíos por razones evidentes que no están motivadas por buenas intenciones

Hay un problema cuando existe una desconexión tan grande entre la definición legal de genocidio y lo que la gente normal e inteligente entiende por genocidio. Mi propia solución a ese problema sería volver a la definición de Lemkin y bajar el listón, de modo que haya cientos de casos que se puedan considerar genocidios y no sea algo tan excepcional.

Después de los debates sobre su uso estos años, ¿sigue sin elegir entre Lemkin y Lauterpacht?

Intelectualmente, me inclino más por Lauterpacht, pero emocional e instintivamente, entiendo totalmente a Lemkin. Es decir, en un mundo ideal, habría un solo delito en el que se mezclaran ambos.

Quizá tenga usted que inventar una palabra nueva...

No creo que pase. Tenemos los dos crímenes. Entiendo los dos. La mayoría de la gente tendría un instinto visceral si uno de los grupos a los que pertenece es atacado por cuestiones de nacionalidad, etnia, religión. Esto es comprensible. Y Lemkin tenía razón al reconocerlo. Por otro lado, Lauterpacht tenía razón en que realmente no importa. Se trata de la humanidad. Soy intelectualmente más de Lauterpacht, pero los entiendo a los dos.

Lo milagroso para mí es cómo se entiende la distinción en todo el mundo. He hecho cientos de eventos en muchos países, y cualquiera entiende que la relación entre el individuo y el grupo afecta a cada persona. Cada persona ahora mismo en este patio en Perugia lo entenderá: soy un individuo, pero también soy miembro de un grupo. ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo quiero que la ley me proteja? Dondequiera que vayas, en Bangladés, México, Sudáfrica, Mauricio, España, Inglaterra, Estados Unidos, todos lo entienden.

La ONU se ha dirigido este lunes directamente hacia “todos los tribunales nacionales e internacionales competentes” que estén llevando a cabo investigaciones relacionadas con los archivos de Epstein. “La escala, la naturaleza y el carácter sistemático de estas atrocidades contra las mujeres y las niñas, así como su alcance transnacional, son tales que podrían alcanzar la consideración legal de crímenes contra la humanidad”, ha advertido un grupo de expertos de la organización a través de un comunicado.

En el marco del derecho internacional sobre los derechos humanos, recalcan que “los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los actos cometidos por actores privados”. “Nadie es tan rico ni tan poderoso como para estar por encima de la ley”, apostillan.

Según los expertos, las actuaciones que evidencian los papeles de Epstein, así como los vínculos del empresario con las altas esferas del poder, pudieron ir acompañadas de esclavitud sexual, violencia reproductiva, secuestros, torturas, trato degradante y feminicidios. Además, “sugieren la existencia de una red criminal a nivel global” e las “terribles implicaciones de la impunidad que han tenido estos crímenes”.

Entre los firmantes de este comunicado figura Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

A su vez, el escrito critica los “graves incumplimientos” y “censuras mal hechas” de información sensible sobre las víctimas en los documentos revelados el pasado 30 de enero por parte del Departamento de Justicia de EEUU. Este compendio incluye más de 3 millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes relacionadas con las actividades delictivas de Epstein.

Sugieren que la rendición de cuentas ha sido “limitada”, ya que solo se está investigando a un colaborador cercano. “Las dimisiones de las personas implicadas no son por sí solas un sustituto adecuado de la responsabilidad penal”, añaden.

El asedio a las políticas de memoria, verdad y justicia ha sido una constante en dos años de Gobierno de Javier Milei, denuncian los organismos defensores de los derechos humanos. Mientras tanto, sin embargo, los tribunales de toda Argentina mantienen las causas de lesa humanidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1976-1983).

Desde 2006, cuando se reiniciaron los juicios de lesa humanidad hasta este 1 de diciembre, 1.208 personas fueron condenadas, 316 procesadas y 247 resultaron absueltas. Esas cifras son el resultado de las 357 sentencias dictadas desde entonces, de las cuales 19 correspondieron a 2025. Este año han sido condenadas nueve personas y 51 han sido absueltas, según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Aumentan las absoluciones

Las sentencias más llamativas se dictaron en los últimos meses del año. En octubre, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a ocho represores y absolvió a 27 acusados por delitos contra casi 200 personas en el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires. Al mes siguiente, el Tribunal Federal 1 de Rosario (provincia de Santa Fe) absolvió a los 17 acusados en la causa por ocho homicidios y 27 secuestros de trabajadores y delegados de la empresa Acindar.

María Ángeles Ramos, fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dice a elDiario.es que el balance es positivo sobre el proceso judicial en un contexto difícil. “Si bien hubo políticas de Estado reduccionistas montadas en cuestiones presupuestarias e ideológicas, la realidad es que no notamos en el análisis estadístico de seguimiento de casos que haya repercutido directamente. Si bien hubo picos de más logros y obtención de sentencias, en líneas generales no se detuvo. El volumen de sentencias se mantuvo estable”.

El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo cerró equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia

Sol Hourcade — Abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Una cuestión a tener en cuenta es que 2025 fue el año con la mayor cantidad de absoluciones desde la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Siempre ha habido más condenados que absueltos. El año pasado, por ejemplo, hubo 20 condenados y 12 absueltos. Al respecto, Ramos afirma: “Todavía no tenemos un diagnóstico de la causa de esas absoluciones porque fueron bastante recientes y los tribunales todavía no nos dieron los fundamentos de esas decisiones, que estarán en febrero o marzo. Esto es algo que vamos a evaluar y a considerar para ver si tiene alguna reminiscencia, digamos, que una pueda sospechar que hay un cambio de interpretación de los estándares jurídicos con los que se venían juzgando los casos. Puede ocurrir que haya un cambio de paradigma”.

Retroceso: recortes y cierre de equipos

En mayo pasado, el Gobierno de Milei decidió degradar la política de derechos humanos: la secretaría especializada en la materia se convirtió en subsecretaría. Se redujo el personal de trabajadores en un 40% y se recortó el presupuesto. Además, se retiraron capacidades estatales en el impulso de los juicios de lesa humanidad y se despidió a los abogados que intervenían como querellantes, lo que dejó a las víctimas prácticamente sin representación en todas las provincias de Argentina.

Asimismo, el Gobierno ultraderechista desmanteló el programa Verdad y Justicia y eliminó los equipos de “relevamiento y análisis” que funcionaban en el Ministerio de Defensa desde 2010 para aportar documentación a las causas. Es el mismo Ejecutivo que presenta una “memoria completa”, concepto que salió del sector militar para contestar a las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos y busca incluir las acciones de las organizaciones armadas, además de las del terrorismo de Estado.

“El programa político que subyace no apunta a 'completar' la memoria existente, sino a cancelarla para imponer una memoria antagónica” advierten en un informe las agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta.

Sol Hourcade, abogada del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, indica a elDiario.es que el Ejecutivo ha dejado de buscar pruebas. “El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo que antes se encargaba de buscar pruebas en archivos administrativos estatales, de las fuerzas armadas, de la Secretaría de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad, cerró esos equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia”.

La experta agrega: “Dependemos exclusivamente de las pocas personas que sobrevivieron al genocidio y que en las condiciones en las que fueron secuestradas tuvieron conocimiento limitado de otras víctimas y victimarios. Y aun así han logrado identificar a los responsables. Los aportes de los archivos estatales eran importantes para reconstruir la estructura represiva”.

La mitad de las condenas no son firmes: están pendientes de ser revisadas por instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. De media, la demora es de cuatro años, según la estadística oficial. “No es algo nuevo, se viene reclamando a la Corte Suprema y a Casación, les hemos pedido que tomen medidas para priorizar estas causas y se convoque a la comisión interpoderes para que busquen la forma de agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad”, señala Hourcade.

El 83% de los condenados y 90 % de los procesados permanece en arresto domiciliario. Desde 2016, y sobre todo el último tiempo, la prisión domiciliaria es casi la norma para detener a las personas investigadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Solo 19 represores purgan sus condenas en cárceles comunes y 62 en la unidad 34 de Campo de Mayo, dentro de la jurisdicción militar, que cuenta con medidas más flexibles.

De acuerdo con las voces expertas consultadas, los juicios avanzan, aunque a un ritmo lento y pese a la falta de apoyo desde el Poder Ejecutivo. Hay 276 causas en instrucción, 12 juicios en desarrollo y 61 casos con elaboración a juicio, en una etapa intermedia. Eso significa que se anticipa un 2026 con una actividad judicial importante.

En tres meses se cumplirán 50 años del último golpe de Estado en Argentina, un aniversario de fuerte peso simbólico en un país con un Gobierno negacionista que ha buscado socavar el trabajo de décadas de políticas de Estado que buscan arrojar luz sobre los delitos cometidos durante la dictadura militar.

Steve McQueen, el director de 12 años de esclavitud, afrontaba el año pasado su primera película con la II Guerra Mundial de fondo. Lo hacía en Blitz, donde abordaba los bombardeos que sufrió su ciudad, Londres, y cómo hasta en una guerra hay una cuestión de clase y raza que hace que los negros, los pobres y los que viven en los márgenes sufran incluso más que el resto. Al preguntarle que por qué volver a la Guerra Mundial no dudaba. Decía que toda generación tiene la responsabilidad de volver al conflicto para aprender de lo que ocurrió y no volver a repetir aquellos errores.

El director James Vanderbilt parece haber escuchado aquellas declaraciones, aunque niegue haberlo hecho y lleve 13 años escribiendo el guion de Nuremberg, adaptación de El nazi y el psiquiatra, de Jack El-Hai, que ya se puede ver en cines. Un libro que buceaba en la enfermiza relación que se forja entre el psicólogo Douglas Kelly, al que interpreta Rami Malek, y el nazi Hermann Göring, al que da vida de forma portentosa Russell Crowe. Lo leyó cuando no era ni siquiera un libro, apenas tenía seis páginas y lo tuvo claro: “Fue la vez que más rápido dije que sí a algo en mi vida”. Le fascinaba ese hombre que intentaba entender, e incluso diagnosticar, qué les pasaba a los nazis para que cometieran semejantes atrocidades.

Lo que ha logrado es un thriller clásico, un duelo interpretativo que converge en aquel juicio que cambió la historia. Por primera vez se juzgó a personas concretas por crímenes de guerra y contra la humanidad, sentando las bases del derecho penal internacional, creando el concepto de crímenes de “lesa humanidad” y sentando un precedente fundamental: a partir de ese momento nadie podía escudarse en que “seguía órdenes” para cometer crímenes. 

A Vanderbilt, que es el responsable del guion de uno de los mejores thrillers del siglo XXI, Zodiac, la historia también le tocaba de forma directa. “Mis dos abuelos lucharon en la Segunda Guerra Mundial y, por suerte, ambos regresaron. Por tanto, siempre ha sido un tema importante para mí. Tengo amigos que perdieron a sus familiares en los campos de concentración. Y, sin embargo, cuando hablo con mis hijos sobre ello, es como hablarles de la Revolución Americana. Lo sienten como algo muy lejano. Así que creo que revivir el pasado y contarlo de una manera emotiva que conmueva me interesó. Era oportuno hace 13 años, pero lamentablemente es un tema actual ahora y lo será en el futuro. Nuestro objetivo como cineastas siempre es intentar hacer algo que perdure, y eso es lo que queríamos con esta película”, explica el director.

Vanderbilt explicita la pertinencia de su película en un epílogo que advierte de que los dictadores del futuro pueden ser elegidos democráticamente y vestir de traje, en una referencia clara a Donald Trump, nombre que evita citar en las entrevistas. “La mejor manera de responder a esto creo que lo maravilloso de las películas es que podemos involucrarnos en cosas que creemos que son importantes. David Fincher me dijo una vez que las buenas películas te hacen preguntas. Las malas películas te dan todas las respuestas. Y me encanta esa idea. Y también me encanta que cuando lanzamos la película al mundo, les pertenece a ellos. Así que, lo que la gente entienda de ella ya no depende de nosotros. La conversación sobre el arte siempre es algo bueno”, zanja.

Como muestra el filme, el ejército de EEUU no estaba, a priori, a favor de involucrarse en lo que posteriormente terminaron siendo los juicios de Nuremberg. “En el ejército pensaban que juzgar a hombres por seguir órdenes era la peor idea que habían oído nunca. Si sentaba ese precedente podía ser usado contra ellos en el futuro. Fue algo sin precedentes, y fue importantísimo que se hiciera”, explica Vanderbilt sobre la importancia histórica y como pendió de un hilo el que se llevara a cabo.

David Fincher me dijo una vez que las buenas películas te hacen preguntas. Las malas películas te dan todas las respuestas

James Vanderbilt — Cineasta

A su juicio, fue el triunfo de la justicia. “Si se les hubiera matado hubiera sido un acto de venganza, pero al ser juzgados fue un acto de justicia. Pero también era un riesgo porque, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado el juicio, si no se los hubiera podido condenar? Además, fue importante porque hubo una cooperación bastante activa entre diferentes países que no colaboraban en otros aspectos. Por ejemplo, EEUU y Rusia ya estaban espiándose entre ellos, centrados en sus luchas. Empezaba la Guerra Fría”, añade.

De alguna forma Nuremberg y Zodiac tienen algo en común, y es que ambas terminan convirtiéndose en relatos sobre la obsesión. James Vanderbilt se ríe cuando se lo mencionan y reconoce que está “obsesionado con la obsesión y con la naturaleza del mal”. “Zodiac también trataba sobre un hombre que se obsesiona intentando responder a una pregunta que quizá no pueda. Y, consiga o no salir de ahí, pierde a su familia y casi se pierde a sí mismo. En esta película, no quiero hacer espóileres, esta obsesión tiene un gran efecto en el Doctor Kelly. Me atraen las películas con temas como ese. Probablemente, más de lo que debería, pero no siempre podemos elegir lo que nos fascina”, subraya.

Todo con forma de thriller, porque lo que sí tenía claro es que no ve muchas películas que “parece que te sermonean durante dos horas o te señalan algo con el dedo”. Por ello intentó remitir a los referentes del cine que le influyó de joven, como JFK o Apolo 13, “películas que eran muy serias, pero también emocionantes y entretenidas para asimilar toda la información sobre lo que pasó realmente, pero también emocionarte con esos personajes”. 

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh (ICT, por sus siglas en inglés) ha condenado este lunes a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina tras considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, que culminaron con su dimisión e huida a India. 

“La acusada Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad”, ha dicho el juez Golam Mortuza Mozumder, según la retransmisión en directo de la cadena de televisión de Bangladesh BTV.

Hasina, condenada in absentia, permanece exiliada en India desde su dimisión tras las protestas, en las que murieron unas 1.500 personas, según un informe publicado por las Naciones Unidas.

El ICT se encuentra rodeado de fuertes controles de seguridad, entre ellos de efectivos del Ejército bangladesí, después de que ayer el Tribunal Supremo de Bangladesh pidiese su despliegue en torno a la corte que juzga a la exmandataria.

El ICT de Bangladesh es una corte doméstica establecida en 2009 para investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional. En junio, presentó cargos contra Hasina a través de su fiscalía.

Según la fiscalía bangladesí, más de 1.500 personas murieron en las protestas multitudinarias de 2024, más de 25.000 resultaron heridas y un número indeterminado fueron sometidas a tortura y vejaciones durante el levantamiento por parte de las autoridades comandadas por Hasina.

Las protestas, inicialmente lideradas por un grupo de estudiantes contra un polémico sistema de cuotas de empleo destinado a descendientes de excombatientes durante la guerra de independencia de 1971, fueron en un principio pacíficas, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas comandadas por Hasina.

La entonces primera ministra dimitió el 5 de agosto y huyó a la India, donde permanece desde entonces, aunque su paradero exacto en este país se desconoce.

Un tribunal de Alemania ha condenado este lunes a cadena perpetua a un médico sirio, Alaa M. por crímenes contra la humanidad al torturar a detenidos en hospitales militares bajo el régimen del depuesto presidente Bashar al Asad

Los crímenes incluyeron dos muertes y ocho casos de graves torturas. Después de un proceso penal que se prolongó durante algo más de tres años, los magistrados han condenado a Alaa M., que permanecía en prisión preventiva desde 2020, año en que fue detenido en Alemania tras haber sido reconocido por una de sus víctimas tras su aparición en un programa de televisión, según recoge la edición digital de la revista 'Focus'.

En sus labores represivas para el régimen sirio, Alaa M., de 40 años y que llevaba una década viviendo en Alemania, había trabajado para varias clínicas como ortopeda y ejerció como “médico torturador”.

Las torturas por las que fue condenado tuvieron lugar entre los años 2011 y 2012 en la ciudad siria de Homs.

Los hechos fueron juzgados Alemania en aplicación del principio de jurisdicción universal del derecho penal internacional, que permite perseguir crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una nueva orden ejecutiva con el objetivo de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por “sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados”, en referencia a Israel. El mandatario dice en ese documento que la Corte Penal Internacional ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “aliado estrecho”, y ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras o dificultar la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal que afecten a ciudadanos estadounidenses o a aliados de Washington. El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

La orden ejecutiva habla de una “conducta maligna” de la Corte Penal Internacional que, en su opinión, “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.

La CPI condena la orden de Trump

En respuesta, el tribunal internacional ha condenado la orden ejecutiva que pretende “imponer sanciones a sus trabajadores y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”. “La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dice en un comunicado. “Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.

“Trump está descontento porque la CPI está investigando crímenes cometidos por Netanyahu, amigo de EEUU. ¿Debe la Corte Penal Internacional investigar solo al enemigo de EEUU, Vladímir Putin, o puede tambien investigar imparcialmente a gente como Netanyahu? Esa es la cuestión”, ha dicho Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe del tribunal.

Para Amnistía Internacional, las sanciones contra la CPI “traicionan” el sistema de justicia internacional. “Esta acción temeraria envía el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del Gobierno israelí y está abrazando la impunidad”, dice Agnès Callamard, secretaria general de la organización de derechos humanos. “La orden ejecutiva de hoy es vengativa. Es agresiva. Es un paso brutal que busca socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas, si no siglos: reglas globales que son aplicables a todos y tienen como objetivo impartir justicia para todos. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común”.

Casi 80 estados defienden la CPI

Casi 80 estados miembros de la Corte Penal Internacional, entre ellos España, han declarado este viernes su respaldo a la labor de la corte tras la amenaza de sanciones efectuada por el presidente de EEUU. La iniciativa ha sido impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu.

A estos cinco países se han sumado otros 74 firmantes del Estatuto de Roma, base legal sobre la que se funda la Corte Penal Internacional, en un texto en el que reafirman el “continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”, a la que consideran “un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas”.

La orden ejecutiva estadounidense representa un “desafío sin precedentes” para el funcionamiento del tribunal, de acuerdo con los firmantes, que recuerdan que incrementará “el riesgo de impunidad” entre los criminales que atentan contra el Derecho Internacional, un instrumento “crucial para promover el orden y la seguridad mundiales”.

Asimismo, los casi 80 países advierten de que “las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de información sensible y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la CPI”. Alertan también contra cualquier cierre de las oficinas del tribunal, que “socavarían gravemente la investigación de los procesos en curso”.

Este comunicado, que ha sido refrendado por países como Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Jordania, Nigeria, Portugal, Palestina, Reino Unido o España, compromete a los firmantes a “garantizar la continuidad de las actividades de la CPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente”.

Visita de Netanyahu

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre señaló la Corte Penal con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Su ministro de Defensa, Yoav Galant, también está incluido en esa orden vigente de detención. Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Este mismo jueves, el primer ministro israelí mantuvo encuentros con los senadores Lindsey Graham, del Partido Republicano, y Richard Blumenthal, del Partido Demócrata. También mantuvo una reunión con el senador Tom Cotton, que lidera el comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Además, la oficina de Netanyahu ha confirmado que regaló un busca de oro como los que hizo estallar en Líbano dejando 37 muertos y miles de heridos.

En 2020, durante su primer mandato, Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. 

Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

El Ayuntamiento de Astigarraga, un municipio de unos 6.000 habitantes pegado a Donostia y gobernado por EH Bildu, y la Fiscalía de Gipuzkoa están peleando en los tribunales para que al menos se investiguen cuatro crímenes ocurridos en la localidad durante la Guerra Civil y la dictadura, a los que se suman dos casos de violencia parapolicial de la Transición. Según fuentes judiciales, está previsto que en las próximas semanas la Audiencia Provincial analice los dos recursos y decida si enmienda la decisión inicial de un juzgado de Donostia, que archivó la querella automáticamente a comienzos de 2024 y sin realizar ninguna actuación ni entrar al fondo por considerar que son hechos prescritos y que no hay responsables directos vivos que puedan ser investigados y, en su caso, condenados. Los hechos denunciados fueron tipificados inicialmente como “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” ya que implican “detención ilegal, asesinato, lesiones, torturas, violación o apropiación indebida” y, de abrirse una causa, sentaría un precedente para depurar en los tribunales la represión franquista. La denuncia original de EH Bildu en Astigarraga -citando un artículo de lo que califica como “nuestra Constitución”- recuerda que España está sometida a normas internacionales que obligan a “perseguir” este tipo de graves vulneraciones de derechos humanos.

Los casos que se pretenden investigar son media docena. Se menciona a Segundo Mendiguren, “desaparecido” en agosto de 1936, cuando los sublevados estaban procediendo “a sangre y fuego” a la toma de posiciones en Donostia y en el resto de Gipuzkoa. Natural de Ezkio/Itsaso, Mendiguren era vecino de Astigarraga. Salió hacia Donostia para visitar a una hermana y no regresó. Hay sospechas de que fuera fusilado en Oiartzun pero “hasta el día de hoy no ha aparecido ningún resto mortal” que coincida con las muestras de ADN que los familiares han entregado.

Leando Lujambio ingresó en las milicias republicanas el 20 de julio de 1936, es decir, justo tras el golpe de Estado. Fue detenido y enviado a un calabozo. Al cuarto día ya no estaba preso. Un alguacil, en euskera, le dijo a la familia “bereak egin du”, lo que interpretaron como que lo habían matado. “A los días siguientes había cuerpos en las cunetas de la carretera de Oiartzun. Mi padre, que era el más joven de sus hermanos y tenía 14 años, fue con su madre a ver si lo encontraban. La abuela daba vuelta a los cuerpos, que estaban la mayoría boca abajo. Pasaron horas buscándolo. Pero no lo encontraron. Todavía no ha desaparecido”, narra una sobrina viva. En 2011 localizaron al alguacil franquista vascoparlante, que se echó a llorar sin darles datos. Falleció al poco tiempo.

Rafael Boulandier era también combatiente del bando republicano. En su caso, fue fusilado unos meses después del final de la Guerra Civil, en agosto de 1939. La familia sospecha que las ejecuciones se realizaron en Galarreta y los entierros en Hernani. Por último, Sabino Barandiaran también fue combatiente y sus descendientes abogan por un esclarecimiento de lo que le sucedió.

Asimismo, a la querella se incorporan dos casos de la Transición. Se menciona a Tomás Alba, asesinado por la organización de extrema derecha Batallón Vasco Español (BVE) en 1979, es decir, ya con la Constitución aprobada y después de la amnistía general. Fue tiroteado a la salida de un restaurante en Astigarraga. Meses antes, en julio de 1978 -antes de la Constitución- hubo protestas en Donostia al calor del tiroteo de la Policía Armada franquista, aún operativa, en los Sanfermines de Pamplona, del que resultó fallecido el joven Germán Rodríguez. En una manifestación, un agente de paisano con un arma de fuego disparaba a los presentes. Otro agente también lo hacía, pero con ráfagas de metralleta. “La trágica consecuencia es que nuestro hermano resultó gravemente herido de bala”, lamenta la familia.

El relato de hechos del Ayuntamiento de Astigarraga, apoyado por historiadores, sostiene que el franquismo supuso un “abuso” generalizado para la población en forma de vulneración “sistemática” de sus libertades. Y añaden que la dictadura incluso hizo desaparecer el municipio como tal al anexionarlo en 1941 a Donostia. No se volvió a constituir como entidad independiente hasta bien entrada la democracia, en 1987. “El hecho de retirarle la identidad a Astigarraga, dejando de ser un municipio independiente, puede considerarse una muestra más de los excesos del régimen franquista”, sostienen. Como notas históricas, se reseña que la toma de Gipuzkoa fue comandada por tropas dirigidas por Emilio Mola, luego fallecido en un accidente de aviación durante la contienda, y no se oculta que PCE, UGT, CNT y otras fuerzas republicanas capturaron en un primer momento a 68 insurrectos y que “ejecutaron” a 53 en la cárcel de Ondarreta el 30 de julio de 1936. Astigarraga fue controlada por las autoridades ilegítimas el 13 de septiembre de ese año.

El asunto llegó a finales de 2023 a manos de la juez de Donostia María José Rua Portu. El 10 de enero de este año, sin embargo, ya decidió archivarlo. No hay menciones a la amnistía general acordada en la Transición pero sí a la imposibilidad de acometer siquiera una investigación. En un auto de siete folios, indicó que no se puede pretender aplicar las normativas internacionales que obligan a España a perseguir los crímenes de lesa humanidad porque esos preceptos tienen que estar asumidos y regulados internamente por el Estado y, desde luego, por un “principio de legalidad” y de garantías procesales no se pueden retrotraer a 1936 ó 1939. La “irretroactividad” es un pilar esencial del Estado de Derecho, argumenta la magistrada. Sobre los “desaparecidos”, indica que no se pueden presumir tampoco que sean hechos que se mantengan hasta la actualidad, por lo que no podrían ser investigados. Respecto de los casos de la Transición, apunta que ya fueron investigados y “sobreseídos” en su momento, por lo que no caben más indagaciones aunque en años recientes el Gobierno vasco sí ha aprobado una ley específica para indemnizar a este tipo de víctimas que no encajan ni en la ley del terrorismo ni en las de memoria histórica.

Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Astigarraga como la Fiscalía presentaron largos recursos y confían en que la Audiencia de Gipuzkoa no sólo reabra el caso y ordene una investigación sino en que se siente un precedente que sea válido para otros casos en Euskadi y en España. El ministerio fiscal, según explican fuentes conocedoras del caso, ha acordado el criterio de pelear al menos por abrir este tipo de procesos como un gesto de resarcimiento hacia las víctimas y sus familias. Entiende que no se puede desconocer que en 2022 se aprobó en España una nueva normativa de memoria que precisamente sitúa la sola apertura de las causas como un guiño y sostiene que el juzgado despachó este caso sin tener en cuenta ese cambio legislativo.

“Se observará que se trata de hechos especialmente graves, tales como asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y similares, hechos ejecutados siempre desde estructuras de poder organizadas dentro del Estado o desde una organización afín, estructuras que son aprovechadas por los autores tanto para facilitar la ejecución de los hechos como para procurar su intimidad y, específicamente dirigidos a una persecución y/o represión efectiva de determinados colectivos sociales [...]. La ley de memoria democrática impone una expresa obligación legal de investigar. [...] La jurisprudencia anterior a esa ley menciona en la resolución [inicial de la magistrada de Donostia] corresponde a un marco jurídico bien distinto del actual. [...] También se encuentra implicado el derecho a la verdad”, argumenta la fiscal María Inmaculada Garate.

De su lado, las alegaciones de Astigarraga mencionan que los hechos denunciados “nunca” han sido investigados en España, lo que es “absolutamente impropio” de una democracia. Apuntan también que hay que valorar la “inaplicabilidad” de la amnistía de 1977 porque ponerla encima de la mesa sería tanto como anular las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. “Equivaldría a sostener que toda medida legislativa aprobada con un apoyo más o menos amplio por un Parlamento democrático automáticamente sería internacionalmente 'lícita', aunque su contenido incurriera en contradicción flagrante con las obligaciones internacionales del Estado”, sostienen los letrados municipales, encabezados por Aratz Estomba.

Astigarraga, en todo caso, también interpuso la querella en Argentina, donde en los últimos años se han revisado allí algunos casos como el tiroteo del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde la Policía Armada irrumpió en una asamblea de trabajadores en huelga y dejó cinco asesinados. En 2021, por unanimidad, el pleno -con presencia también de PNV y PSE-EE- acordó adoptar medidas para resarcir a las víctimas locales del franquismo y abrió una oficina para recoger testimonios, que es de donde salieron precisamente los casos ahora denunciados.

Se de la circunstancia de que en Euskadi hubo otro intento reciente -aunque previo a los cambios legislativos- en el que se quiso investigar crímenes de la Guerra Civil. En concreto, en el marco del octogésimo aniversario, se denunció el bombardeo de Durango, cometido en la primavera de 1937 por la aviación de la Italia fascista, que operaba al servicio de los sublevados franquistas al igual que la Alemania nazi. Dejó 336 víctimas. Inicialmente, se abrieron diligencias por tipos penales como “genocidio” o “crímenes de lesa humanidad” pero un magistrado, Javier García, la cerró poco después a pesar de tener una lista con nombres y apellidos de pilotos italianos participantes. Despachó el asunto asegurando que eran “indicios o datos difusos”.

Zamzam es uno de los mayores campos de desplazados de Sudán: situado a unos 12 kilómetros al sur de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, cuenta con una población de casi medio millón de personas. Tras más de 15 meses de guerra y la dificultad para la distribución de ayuda humanitaria, los niveles de inseguridad alimentaria han alcanzado la hambruna en ese campamento, según el último informe del Comité de Revisión de la Hambruna (FRC, por sus siglas en inglés).

El comité forma parte de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, una herramienta en la que participan agencias de la ONU y que, desde que se empezó a aplicar hace 20 años, sólo ha identificado tres hambrunas en todo el mundo: en Somalia (2011), en Sudán del Sur (2017) y en Sudán ahora. Esta es la primera vez que el organismo declara la hambruna en más de siete años.

La agencia de la ONU para la infancia (UNICEF) ha alertado de esta grave situación. “La determinación de hambruna significa que las personas, incluidos los niños y niñas, ya han empezado a morir de hambre y de otras afecciones relacionadas, como la desnutrición y las infecciones”, ha explicado UNICEF. Esta agencia y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas han advertido del riesgo cada vez mayor que corre la población de Sudán, especialmente los niños y niñas, si no se presta ayuda urgente a las comunidades atrapadas en zonas de conflicto, como Darfur.

Según esas dos organizaciones, se calcula que 730.000 niños y niñas sufrirán desnutrición aguda grave este año, la forma de desnutrición que más vidas pone en peligro. Además, han alertado de que –a diferencia de la crisis de Darfur hace veinte años– el hambre por el actual conflicto se extiende en otras zonas especialmente golpeadas por la violencia, como Jartum, la capital del país, y el estado de Jazirah, anteriormente el granero de Sudán. “La declaración de hambruna confirma los temores de la comunidad humanitaria y sigue a un análisis de junio que mostraba un dramático declive en la seguridad alimentaria y nutricional; con 755.000 personas enfrentándose a condiciones catastróficas”, han lamentado en un comunicado conjunto.

UNICEF ha informado de que el mes pasado pudo entregar en El Fasher suficientes alimentos terapéuticos listos para el consumo para tratar a unos 4.000 niños y niñas con desnutrición aguda grave, incluida una asignación para el campamento de Zamzam, pero “la continua falta de acceso seguro y sostenido significa que las necesidades siguen siendo enormes y que la capacidad para seguir entregando suministros humanitarios es impredecible”.

“Necesitamos urgentemente una ampliación masiva del acceso humanitario para poder detener la hambruna que se ha apoderado del norte de Darfur y evitar que se extienda por todo Sudán”, ha solicitado Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA, en ese comunicado. “Las partes beligerantes deben levantar todas las restricciones y abrir nuevas rutas de suministro a través de las fronteras, y a través de las líneas de conflicto, para poder llegar a las comunidades aisladas con los alimentos y otra ayuda humanitaria que necesitan desesperadamente”.

Por su parte, la ONG Save the Children también ha alertado del aumento sin precedentes de “desnutrición aguda severa” en Sudán. Según la organización, tres de cada cuatro niños sudaneses (16,4 millones de menores) se enfrentan a niveles de hambre catalogados como de crisis, emergencia o catástrofe; una cifra que se duplica en comparación con el pasado mes de diciembre, cuando eran 8,3 millones. Una de las consecuencias de la desnutrición aguda severa es la desactivación del sistema inmunológico de los niños, lo cual produce otras afecciones que, de otro modo no supondrían una amenaza a la vida –como por ejemplo la diarrea–. Sin embargo, sin un sistema inmunológico sano, pueden ser potencialmente letales, ha señalado Save the Children en un comunicado..

Violencia sexual y matrimonios forzados

La guerra en Sudán ha dejado entre 30.000 y 150.000 muertos, según diferentes estimaciones, y ha obligado a más de diez millones de personas a abandonar sus hogares, siendo la peor crisis de desplazamiento del mundo. Según Save The Children, también es el escenario de la peor crisis de desplazamiento infantil, ya que 6,7 millones de niños se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Según el informe “Khartoum is Not Safe for Women”: Sexual Violence against Women and Girls in Sudan's Capital“ (Jartum no es segura para las mujeres”: Violencia sexual contra mujeres y niñas en la capital de Sudán), los menores de edad también están siendo víctimas de la violencia sexual generalizada perpetrada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia paramilitar sudanesa establecida en 2013 para combatir a los rebeldes en la región de Darfur, al oeste de Sudán. El informe publicado por Human Rights Watch también denuncia el matrimonio forzado e infantil durante el conflicto en Jartum y sus ciudades hermanas “en condiciones que podrían equivaler a esclavitud sexual”.

La investigación destaca las devastadoras consecuencias para la salud física mental de las sobrevivientes y el impacto destructivo de los ataques de las partes en conflicto a la atención médica. Además, denuncian el bloqueo deliberado de la ayuda humanitaria por parte de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), como es el suministro médico y el acceso de los trabajadores humanitarios en las zonas controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Sudán en Jartum desde al menos octubre de 2023.

Human Rights Watch recuerda que esta obstrucción “deliberada o de la ayuda humanitaria también viola la Ley humanitaria internacional” y que “los saqueos, así como los ataques dirigidos contra civiles, incluidos los trabajadores de la salud y los equipos de respuesta inmediata, constituyen crímenes de guerra”.

El Ejército de Israel “es uno de los más criminales del mundo”, ha afirmado este miércoles Chris Sidoti, uno de los juristas que integran la Comisión Internacional e Independiente de Investigación para Palestina, formada para investigar los crímenes que se están produciendo en Gaza, en otros territorios palestinos y en Israel desde el pasado 7 de octubre. “No tengo la autoridad para hacer juicios sobre moralidad, pero tengo autoridad para hacer valoraciones sobre conductas criminales (...) y la única conclusión a la que se puede llegar es que el Ejército de Israel es uno de los más criminales en el mundo”, ha declarado en Ginebra Sidoti.

Esa comisión ha concluido en su primer informe que la enorme pérdida de vidas civiles en Gaza (unas 37.400) y la masiva destrucción de infraestructuras no militares en la Franja forman parte de “una estrategia consistente en causar el máximo daño” por parte de las tropas israelíes, que atacan intencionadamente a la población palestina. Por ello, el grupo de expertos considera que “las autoridades israelíes son responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad”, tal y como adelantaron la semana pasada, antes de la presentación del informe este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Sidoti ha asegurado que, aunque la guerra comenzara a raíz de los atentados de Hamás contra poblaciones israelíes el pasado 7 de octubre, “esto no justifica que se estén cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad” en Gaza, según declaraciones recogidas por la Agencia EFE. “El hecho es que esto sucede una y otra vez, y cada vez es peor. Estamos ante el mayor número de muertos que nunca hemos visto en este prolongado conflicto y debe haber justicia por cada acto criminal”, ha agregado.

Por su parte, la presidenta de la comisión de la ONU, la prestigiosa jurista sudafricana Navy Pillay, ha destacado ante la prensa en Ginebra que de toda la información reunida por el equipo investigador sale a relucir la intención de forzar a los civiles a desplazarse una y otra vez. Por orden del Ejército israelí, “la gente del norte de Gaza se traslada al sur y de repente son atacados en el sur, luego leemos instrucciones contrarias, todo lo cual apunta a una actitud en la que no se tienen en cuenta las vidas, la destrucción y el desplazamiento”, ha lamentado, según EFE.

Pillay ha explicado que la investigación que la comisión está realizando es el más extenso y profundo que la ONU ha efectuado hasta el momento sobre la guerra en Gaza. El informe de más de 200 páginas recoge testimonios de víctimas, análisis forenses, imágenes por satélite y otros datos para concluir que Israel, así como el movimiento palestino Hamás y sus grupos armados afiliados han cometido graves violaciones del derecho internacional. En el caso de Israel, los crímenes de guerra de los que le acusa la comisión son: “uso del hambre como arma, asesinato, ataques intencionados contra civiles, transferencia forzada, violencia sexual, tortura y detención arbitraria”. Mientras que los crímenes contra la humanidad incluyen “exterminio, persecución por motivos de género contra hombres y niños” y otros también considerados en la anterior tipología, como las deportaciones forzosas o los tratos crueles e inhumanos contra detenidos.

Pillay ha denunciado este miércoles que el Gobierno de Israel “ha obstruido” el trabajo de la comisión, a cuyos miembros ha impedido la entrada al país y a los territorios palestinos que ocupa, y les ha prohibido hablar con testigos, víctimas y familiares de las víctimas de los ataques del 7 de octubre. La comisión ha investigado los atentados que perpetraron cientos de combatientes de Hamás y de otros grupos armados palestinos ese día en suelo israelí, con abusos que también pueden ser considerados crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional. Según el informe, durante el brutal ataque fueron asesinadas más de 1.200 personas, de las que al menos 809 eran civiles, 280 mujeres, 40 niños y 25 ancianos de más de 80 años.

La enorme pérdida de vidas civiles en Gaza (más de 37.000 por el momento) y la masiva destrucción de infraestructuras no militares en la Franja forman parte de “una estrategia consistente en causar el máximo daño” atacando intencionadamente a la población, según ha concluido este martes el primer informe de investigadores de la ONU sobre el conflicto.

Elaborado por la Comisión Internacional e Independiente de Investigación para Palestina, que analiza por mandato de Naciones Unidas todos los hechos ocurridos desde los ataques del 7 de octubre, concluye que Israel como Hamás y otros grupos armados palestinos han cometido crímenes de guerra, asegurando que las acciones israelíes también constituyen crímenes contra la humanidad.

En el caso de Israel, la comisión presidida por la veterana jurista sudafricana Navi Pillay destaca que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu “ha dado a sus fuerzas de seguridad carta blanca para atacar objetivos civiles de forma amplia e indiscriminada en Gaza”.

Doctrina Dahiya: no distinción

Ello parece responder a la aplicación de la llamada “doctrina Dahiya”, que recibe su nombre de un barrio de Beirut controlado en su día por la milicia Hizbulá arrasado en 2006 por la fuerza aérea israelí, y que consiste en dar una respuesta desproporcionada, sin distinción entre civiles y militares, a ataques de grupos armados, algo que parece haberse reproducido a gran escala en Gaza.

Así, indica el informe de Naciones Unidas, en muchas acciones militares de Israel tras los atentados terroristas de octubre “no se han identificado objetivos militares que sirvieran de argumento para el lanzamiento de un ataque”.

También se dispara a matar con frecuencia, sin distinguir cuáles son los objetivos o si éstos realmente suponen una amenaza, según el documento de más de 200 páginas, con pormenores tanto sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre como de la respuesta militar israelí posterior.

El informe denuncia un “asedio total” de Israel contra Gaza, que según el mismo texto fue identificado por el mismo ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, como una medida de represalia en la que “se lucha contra animales y hay que actuar en consecuencia”.

En el conflicto hay “una clara intención de instrumentalizar la necesidad y usarla como arma, manteniendo a la población de Gaza como rehén para lograr objetivos políticos y militares”.

El informe, que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 19 de junio, recoge testimonios de víctimas, análisis forenses, imágenes por satélite y otros datos para concluir que Israel, Hamás y sus grupos armados afiliados han cometido graves violaciones del derecho internacional y “deben rendir cuentas”, en palabras de Pillay, antigua jueza de la Corte Penal Internacional.

Acusa a Israel de los crímenes de guerra de “uso del hambre como arma, asesinato, ataques intencionados contra civiles, transferencia forzada, violencia sexual, tortura y detención arbitraria”.

Como “crímenes contra la humanidad” israelíes cita “exterminio, persecución por motivos de género contra hombres y niños” y otros también considerados en la anterior tipología, como las deportaciones forzosas o los tratos crueles e inhumanos contra detenidos.

Hamás, también investigada

El informe también estudia con detalle los ataques del 7 de octubre perpetrados por grupos armados palestinos, con abusos que también podrían constituir según la comisión crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional, perpetrados de forma coordinada por más de mil miembros del ala militar de Hamás y milicias afines.

En ellos, detalla el informe, fueron asesinadas más de 1.200 personas, de las que al menos 809 eran civiles, 280 mujeres, 40 niños y 25 ancianos de más de 80 años.

El documento relata casos como el de una niña de nueve meses asesinada cuando intentaba esconderse junto a su madre en el kibutz de Beeri, o el de una mujer de 79 años y su nieta autista a las que los milicianos mataron porque caminaban demasiado despacio y dificultaban su repliegue.

En el Festival Nova de música, indica el informe, murieron 364 asistentes a manos de los grupos armados palestinos, algunos de ellos cuando intentaban escapar u ocultarse en baños públicos, vehículos o contenedores de basura.

En estos ataques se perpetraron, no de forma aislada sino repetidamente en distintos lugares, actos de violencia sexual, como la humillación a mujeres “mostradas como trofeos”, aunque no se ha conseguido confirmar si se cometieron violaciones, como se denunció en su momento.

La respuesta israelí a los atentados

La comisión también asegura que el ejército israelí aplicó la “directiva Aníbal”, que defiende el uso de toda la fuerza posible para evitar que soldados del país caigan en manos del enemigo incluso a costa de la vida de éstos, durante los ataques del 7 de octubre. En al menos dos casos las fuerzas israelíes aplicaron esta directiva, “lo que causó la muerte de 14 civiles israelíes”.

En uno de esos casos un tanque israelí disparó contra 13 personas retenidas en una casa en el kibutz de Beeri, uno de los atacados por Hamás y otros grupos armados, mientras que en el otro una mujer murió por los disparos de un helicóptero del ejército de Israel cuando estaba siendo secuestrada.

Se comprobó también la presencia de ocho helicópteros en el Festival Nova, uno de los principales objetivos de los atentados de octubre, aunque en este caso el informe subraya que no pudo confirmar si desde ellos se disparó a los civiles.

En el informe, la comisión afirma que la respuesta de las fuerzas israelíes a los atentados “fue significativamente postergada en sus momentos iniciales, y en muchos casos fue totalmente inadecuada”. “Algunos pequeños grupos de fuerzas de seguridad israelíes llegaron con lentitud, insuficientes en número, y mostraron descoordinación”, concluye el documento.

También denuncia que las autoridades israelíes dieron prioridad a la identificación de víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias para ser enterrados antes que a las pruebas forenses, lo que impidió recolectar evidencias de los abusos cometidos en los ataques, especialmente en materia de crímenes sexuales.

El informe concluye que ni los ataques del 7 de octubre ni las consecuentes acciones militares de Israel en Gaza “deben verse de forma aislada” sino como parte de un ciclo de violencia y agresión contra el que la única forma de actuar es “garantizando un total respeto de la ley internacional”.

Ello incluye, subraya la comisión, poner fin a la ocupación israelí de los territorios de Palestina, así como a la discriminación, opresión y la denegación del derecho a la autodeterminación de su pueblo.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado este lunes órdenes de detención contra los máximos responsables políticos y militares del Gobierno israelí y del grupo islamista Hamás, por crímenes cometidos en Israel y los territorios palestinos a partir del 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos palestinos perpetraron un ataque sorpresa contra comunidades judías en las que dejaron más de un millar de fallecidos, al que Israel respondió con una ofensiva de castigo a gran escala contra la Franja de Gaza, que continúa a día de hoy y ha causado más de 35.000 víctimas mortales.

Los líderes de Hamás contra los que Khan ha pedido órdenes de detención son Yahya Sinwar, jefe del movimiento islamista en Gaza; Ismail Haniye, su líder político en el exilio; y Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, conocido como Mohammed Deif, jefe del brazo armado de Hamás, las Brigadas de Al Qassam. En cuanto a los israelíes, Khan ha pedido que la corte actúe contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, “en base a las evidencias recogidas y examinadas por su oficina”. 

Khan ha explicado este lunes en un extenso comunicado los crímenes de los que cree que son culpables los tres palestinos y los dos israelíes, en base a esas evidencias recogidas por la Fiscalía en el marco del caso abierto en 2021 para investigar la situación en Israel y los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza.

¿Qué razones alega el fiscal para pedir el arresto de los principales líderes de Hamás?

El fiscal jefe considera que Sinwar, Haniye y Deif son responsables de los siguientes crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 7 de octubre de 2023, algunos de los cuales continúan hasta día de hoy:

“Hay motivos razonables para creer que Sinwar, Haniye y Deif son penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás (en particular su ala militar, las Brigadas de Al Qassam) y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023 y la toma de al menos 245 rehenes”, ha afirmado el fiscal jefe. “Estos individuos planearon e instigaron los crímenes del 7 de octubre de 2023 y, a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, reconocieron su responsabilidad por esos crímenes”, ha agregado Khan.

Respecto a la violencia sexual, la oficina del fiscal también considera que “hay motivos razonables para creer que los rehenes tomados en Israel han sido mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación, mientras permanecían en cautiverio”. En el comunicado explica que la oficina ha llegado a esa conclusión basándose en “registros médicos, vídeos y pruebas documentales, y entrevistas con víctimas y supervivientes”.

¿Qué motivos alega el fiscal para la detención de Netanyahu y de su ministro de Defensa?

El fiscal ha asegurado en su comunicado que tiene “motivos razonables” para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de los siguientes crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos a partir del día 8 de octubre:

La oficina de Khan sostiene que, como se explica en el comunicado, “las pruebas recopiladas, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotografías y audio, imágenes de satélite y declaraciones del presunto perpetrador, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

“Los efectos del uso del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza, son agudos, visibles y ampliamente conocidos, y han sido confirmados por múltiples testigos entrevistados por mi oficina, incluidos médicos locales e internacionales”, ha argumentado Khan. Entre esos efectos se encuentra “la desnutrición, la deshidratación, el sufrimiento profundo y un número cada vez mayor de muertes entre la población palestina, incluidos bebés”.

Khan ha explicado que “Israel tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario”. Según Khan, los medios que eligió para lograr sus “objetivos militares” en Gaza son “criminales”.

¿Cuáles son las pruebas más evidentes de la matanza en Gaza?

En un análisis publicado recientemente por The Guardian, el exdirector de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, predecía que Khan podía empezar su actuación contra los dirigentes israelíes acusándoles de haber “matado deliberadamente de hambre a los palestinos de Gaza”, porque esa era la “acusación más fácil” ya que existen más evidencias. “A Khan le llevará un tiempo completar la investigación detallada necesaria para demostrar otros posibles crímenes de guerra de Israel, como los bombardeos indiscriminados de zonas civiles y como los ataques a objetivos militares con daños a civiles previsiblemente desproporcionados. Pero los hechos en torno a la obstrucción israelí de la ayuda humanitaria son fácilmente accesibles”, escribía Roth. 

Además, el veterano defensor de los derechos humanos recordaba que la primera acusación de Khan contra Vladímir Putin y contra su comisaria de los derechos de la infancia fue por secuestrar a niños ucranianos; después llegó la preparación del caso por los bombardeos contra los civiles, más complicada desde el punto de vista factual, que Khan comenzó con la persecución de los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana. 

“El Gobierno de Netanyahu podría argumentar que Israel tiene un sistema legal bien desarrollado y es capaz de procesar a sus propios criminales de guerra. El principio de complementariedad prevé que la Corte Penal Internacional no intervenga si el sistema jurídico del país hace un esfuerzo concienzudo para que se haga justicia. Pero Israel no tiene antecedentes de enjuiciamiento a altos cargos por crímenes de guerra. Y en el país no se ha presentado ninguna acusación contra Netanyahu por la estrategia del hambre en Gaza”, explicaba Roth a principios de mayo. También aseguraba que Khan presentaría acusaciones contra los líderes de Hamás por “la matanza y el secuestro de civiles israelíes del 7 de octubre” que, según Roth, “son claros crímenes de guerra”. Y subrayaba en su análisis: “Una premisa básica del derecho internacional humanitario es que los crímenes de guerra de un bando nunca justifican los crímenes de guerra del otro. La obligación de cumplir es absoluta, no recíproca”.

Para Sonia Boulos, profesora en la Universidad Antonio de Nebrija y experta en derecho internacional, la decisión del fiscal de la CPI de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad “sin duda es un paso histórico”. “Es la primera vez que líderes occidentales pueden enfrentarse a la justicia internacional desde los Tribunales de Nuremberg, incluso sin ser derrotados. Pero lo más importante es que esto podría simbolizar el fin de la impunidad de que Israel ha gozado durante décadas”, dice a elDiario.es. Informa Icíar Gutiérrez.

A su juicio, esto explica por qué el fiscal convocó a un panel de expertos en derecho internacional “para apoyar la revisión de pruebas y el análisis legal en relación con estas solicitudes de órdenes de arresto”. “Aunque el fiscal solicitará también órdenes de arresto para tres líderes de Hamás, las consecuencias son más significativas para Israel”.

La abogada de reconocido prestigio internacional Amal Clooney ha informado de que ella y otros expertos en derecho internacional han elaborado un informe a petición del fiscal de la CPI sobre los posibles crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Israel y Gaza, después de cuatro meses de “un extensivo proceso de revisión de evidencias y análisis legal”. Clooney ha explicado que el grupo de expertos ha llegado a unas “conclusiones legales unánimes”.

“Hemos concluido que hay motivos razonables para creer que los líderes de Hamás han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos la toma de rehenes, el asesinato y crímenes de violencia sexual”, ha dicho a través de la red social X. De la misma forma, el equipo legal ha concluido exactamente lo mismo respecto al primer ministro israelí y el ministro de Defensa, entre cuyos crímenes destaca “el hambre como método de guerra, el asesinato, la persecución y el exterminio”. Clooney ha asegurado que apoya el “paso histórico” que ha dado este lunes el fiscal jefe de la CPI “para que se haga justicia para las víctimas de atrocidades en Israel y Palestina”.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

La solicitud de orden de detención pasa ahora a una de las salas de cuestiones preliminares de la CPI, y sobre ella decidirá un grupo de tres jueces. De momento, la sala está formada por magistrados de Rumanía, Benín y México.

Los jueces del tribunal con sede en La Haya tendrán que decidir si aprueban o no la solicitud de Khan, quien ha afirmado que “los jueces independientes de la Corte Penal Internacional son los únicos árbitros que determinan si se ha cumplido el estándar necesario para la emisión de órdenes de arresto”.

“Si aceptan mis solicitudes y emiten las órdenes solicitadas, trabajaré para detener a las personas nombradas. Cuento con que todos los Estados miembros del Estatuto de Roma tomen estas solicitudes y la posterior decisión judicial con la misma seriedad que han demostrado en otras situaciones, cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto. También estoy dispuesto a trabajar con los Estados que no son miembros en nuestra búsqueda común de rendición de cuentas”, ha prometido el fiscal jefe.

El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la CPI, que ha sido suscrito por 124 países, pero Israel no está entre ellos, así como tampoco lo está su principal aliado, Estados Unidos. Sin embargo, algunos de sus socios más destacados, como Reino Unido y Alemania, y todos los países de la Unión Europea han ratificado ese tratado, por lo que técnicamente tendrían que arrestar y entregar al mandatario israelí al tribunal si pisa su territorio en algún momento.

Por otro lado, Boulos señala que, sin restar importancia a la decisión de Khan, “las órdenes no abordan acusaciones de genocidio, al menos por el momento”. “Además, las órdenes se centran únicamente en el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y sus consecuencias, y no cubren eventos o situaciones más antiguas, como la política de asentamientos de Israel y rondas anteriores de violencia en Gaza”, dice la profesora, que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia. Y agrega: “El lenguaje utilizado por el fiscal también intenta crear una simetría entre Israel y los palestinos, cuando tal simetría no existe. Por ejemplo, el fiscal se refiere al derecho de Israel a la autodefensa, pero no hace ninguna referencia a la ocupación a pesar de que el panel de expertos se refiere a la ocupación, aunque sea marginalmente”.

El abogado Guillermo Torremare (Tres Arroyos, Argentina, 1963), presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conoce al dedillo los procesos judiciales contra los represores de la dictadura militar. El letrado, querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, ha visitado España para exponer la trayectoria de los juicios contra los genocidas argentinos, invitado por el Institut d'Estudis Polítics y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

En esta entrevista con elDiario.es, Torremare destaca el consenso en materia de memoria histórica en la sociedad argentina y la búsqueda de los bebés robados (el último, recuperado este año, ha sido el 'nieto 133'). El abogado alerta: “Hay más de 350 personas que en la sociedad argentina viven con una identidad falsa”.

En la ultima campaña electoral, con la candidatura de Javier Milei, ha renacido cierto negacionismo de los crímenes de la dictadura militar. ¿Cómo lo ha vivido?

Una pequeña porción de negacionismo hubo siempre en la Argentina. Lo novedoso es que ahora se han expresado con una fórmula electoral competitiva en la cual tanto el candidato a presidente como la candidata a vicepresidenta lo han manifestado públicamente. Eso es lo único realmente nuevo. Las manifestaciones que tienen ellos contrarían todas las políticas públicas que han sido consenso argentino desde 1983 en adelante. Todo el avance en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y dar garantía de no repetición, de todo eso, hay un amplísimo consenso en la Argentina. La circunstancia de que esta fórmula electoral negacionista haya tenido un gran apoyo electoral no es por ser negacionista. Es porque expresa una disconformidad de la ciudadanía con la situación económica básicamente, pero el apoyo que tuvieron no significa que la sociedad argentina haya dejado de lado este amplio consenso que ha transitado durante los últimos 40 años. 

¿En qué consistía la teoría de los dos demonios?

Durante la dictadura militar se habló de que en la Argentina existía un demonio que eran las organizaciones revolucionarias armadas y guerrilleras. Cuando recuperamos la democracia y se empieza a juzgar a la dictadura, ahí se advierte que había existido otro demonio, que habían sido precisamente las fuerzas estatales. Y, a medida que eso se empieza a profundizar, lo que se advierte precisamente es que no había dos demonios sino uno, que era el demonio de la represión en manos del Estado, que es lo que llamamos terrorismo de Estado.

¿Cómo ha evolucionado esta concepción?

Hoy ya también hay un amplísimo consenso en que lo que existió durante la dictadura fue un demonio y que la víctima fue la sociedad en su conjunto. Estas expresiones negacionistas no reivindican expresamente la dictadura, no hacen apología de la dictadura ni de sus crímenes, pero lo que sí hacen es retomar esta teoría de los dos demonios, que en su momento significó un avance frente a la sociedad a la que se le vendía que había habido un solo demonio. Se advirtió que el Estado había tenido conductas absolutamente inapropiadas, al punto de configurar crímenes de lesa humanidad.

Volver a esos dos demonios es lo que pretendería hoy el negacionismo y también, efectivamente, saltan a la luz sus contactos con los represores, muchos de ellos cumpliendo penas de prisión. Incluso se ha advertido que la candidata a vicepresidenta había visitado en algunas ocasiones a Jorge Rafael Videla, que es el símbolo más importante del terrorismo de Estado en la Argentina. Pero no se animan a reivindicar esto públicamente, lo cual demuestra la vigencia de este consenso acerca de la memoria, la verdad y la justicia. 

 ¿Qué supuso para la sociedad argentina el primer juicio a las juntas militares?

En el juicio inicial de las juntas, que transcurre todo en el año 1985, se dicta una sentencia que fue la gran bisagra, porque permitió que la sociedad argentina tomara conocimiento real de lo que había pasado en boca de los 850 testigos que declararon en ese juicio. Esto fue absolutamente novedoso y, si bien hoy lo miramos como que fue muy poco, se enjuiciaron a las tres primeras juntas militares, o sea, a nueve personas, de las cuales a dos solamente [Videla y Emilio Eduardo Massera] condenaron a prisión perpetua, a tres [Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti] condenaron a penas menores y absolvieron a cuatro [Omar Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya]. A nuestros ojos, hoy eso es absolutamente inadmisible, pero en ese momento histórico significó precisamente dejar de lado la teoría de que había existido un demonio que eran las organizaciones guerrilleras y significó el asomarse a lo que habían sido graves violaciones a los Derechos Humanos, siempre negadas por los jerarcas de la dictadura militar.

Hoy llevamos 17 años ininterrumpidos de juicios en los cuales hay 1.100 represores que han recibido alguna sentencia concreta

¿Qué supuso la sentencia?

Esa sentencia tuvo algo extraordinario que fue ordenar el enjuiciamiento de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en la represión. Uno de los puntos resolutivos de la sentencia decía eso, que es lo que arma la catarata de juicios por los cuales se empieza a enjuiciar a todos los responsables. Después hubo un parón con leyes de impunidad, por la presión militar que amenazaba la democracia, y en 2003, con el gobierno de Nestor Kirchner y toda la fuerza del movimiento de Derechos Humanos en la Argentina, que es muy poderoso y tiene un amplio consenso social, mucho prestigio y mucho respeto. Con todo eso se logra la nulidad de esas leyes de impunidad y siguen los juicios. Hoy llevamos 17 años ininterrumpidos de juicios en los cuales hay 1.100 represores que han recibido alguna sentencia concreta. 

La película Argentina, 1985 y, más recientemente, el documental El juicio, retratan el primer proceso a la dictadura. Algunos espectadores españoles vieron ambas producciones con cierta envidia. ¿Qué le parecen?

Hoy en la Argentina tenemos 750 represores que están privados de libertad. La mayoría de ellos en prisión domiciliaria porque son todas personas adultas mayores, muchas con algún problema de salud, pero todo ese proceso no hubiera sido posible sin ese juicio inicial de 1985, que retrataba bastante bien la película Argentina, 1985 y muy bien el documental El juicio, de Ulises de la Orden (que nos acabamos de enterar que está empezando el camino al Óscar por películas documentales). Realmente exhibe ese juicio en toda su magnitud porque le da voz, no solamente a los testigos que fueron los grandes protagonistas, sino que también pone en boca de los fiscales, de las defensas, todo lo que se estaba discutiendo en ese momento. Temas que, la verdad, hoy los hemos superado, porque las más de 300 sentencias que se han dictado hasta ahora han escarbado de una manera extraordinaria lo que fue esa realidad y todos los días descubrimos cosas nuevas.

¿Qué se ha descubierto?

Todos los días hay un paso más. Por ejemplo, los últimos años se ha comenzado a advertir la violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos de detención, cosa que estuvo ausente en los primeros años de juicio. Vamos avanzando también en la recuperación de datos para identificar a los niños y niñas nacidos en cautiverio que fueron apropiados (hoy ya todos personas de más de 40 años). Hay más de 350 personas, en este sentido, que en la sociedad argentina viven con una identidad falsa; es un proceso que no termina. Va a terminar seguramente cuando ya se extingan las acciones penales por muerte de todas las personas que están siendo enjuiciadas. Pero todavía pensamos que hay 10 años más para seguir en este camino. 

Hay más de 350 personas que en la sociedad argentina viven con una identidad falsa

Los trabajos de localización e identificación de los niños robados han dado pie a una nueva generación de luchadores por los Derechos Humanos...

Absolutamente. En 1995 se creó la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y ellos han planteado una mirada nueva en el movimiento de Derechos Humanos, que tiene que ver con la reivindicación de la conducta de sus padres desaparecidos. Esto fue algo absolutamente novedoso y creo que ha sido aceptado en la sociedad argentina. Y, por otro lado, ellos también toman el testigo de esta lucha de Abuelas, ya son pocas las quedan, y de Madres de la Plaza de Mayo, ya también son pocas las que quedan.

¿Qué supuso el nacimiento de H.I.J.O.S.?

H.I.J.O.S. vino a redinamizar de alguna manera el movimiento que está compuesto de dos grandes líneas: la línea de los afectados directos (los familiares de los detenidos y los desaparecidos,  las madres, las abuelas, los hijos) y una porción muy importante de organizaciones que no son de familiares directos, entre ellos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos o el Centro de Estudios Legales y Sociales. Todas estas organizaciones trabajamos en conjunto y tenemos opinión política: para nosotros no son neutrales los gobiernos. Si bien siempre cuestionamos a los Estados, lo cierto es que no es lo mismo que el Estado lo administre la derecha o que lo administre el centro izquierda.

¿Cómo ha sido esa relación ambivalente con los distintos gobiernos?

Tuvimos una muy mala experiencia de retrocesos grandes durante el gobierno del ingeniero [Mauricio] Macri. Los juicios trataron de pararse pero no se pudo parar porque era materialmente imposible, tanto desde lo legislativo como desde el consenso social que los juicios tenían. Pero se desfinanciaron los planes de investigación o la protección de testigos. Eso lo recuperamos con el Gobierno de Alberto Fernández. Y, si bien no todo es como nos gustaría, nosotros pedimos que los juicios se aceleren porque si no, se llega a lo que llamamos impunidad biológica: muchos represores que deberían ser condenados por graves violaciones a los Derechos Humanos terminan siendo apartados del juicio por alguna incapacidad que presenten que no les permita seguir las alternativas de un proceso penal o fallecen por una cuestión de edad.

¿Qué supone la impunidad biológica en términos jurídicos?

La impunidad biológica no nos importa tanto en el sentido de la punición del represor sino por la falta de reparación a las víctimas y, en general, a la sociedad. Cuando una sentencia condena, vemos que ese es un acto reparatorio. Para nosotros los juicios son actos reparatorios, tienen mucho más ese sentido que el de la punición a un represor que termina sus días, en la mayoría de los casos, en su casa y, a veces, por la gravedad y la magnitud de lo que hicieron, en la cárcel. 

Para nosotros los juicios son actos reparatorios

El trabajo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también ha supuesto importantes avances científicos en materia de identificación genética. ¿Por qué?

Eso es un logro científico extraordinario de todo el trabajo de Abuelas. Una parte es haber logrado el 'Índice de Abuelidad'. Lo que ocurre es que se necesita de la inquietud de la persona de 40 a 45 años que tenga algún indicio para poder sospechar que puede ser hijo de desparecidos. Sin esa inquietud es muy difícil llegar a localizar a alguien y eso, lo que demuestra, es el pacto de silencio que se mantiene hoy entre todos aquellos que ejercieron la represión. Porque es imposible esconder que un niño fue robado de una madre en cautiverio y entregado a alguien. Es decir, hay toda una trama de relaciones y mucha gente debe conocer eso. Ese pacto de silencio entre los represores se mantiene de una manera feroz, en ese tema y también en la información sobre el destino de los desaparecidos. Por más que lo hemos pedido y hemos buscado, no encontramos registros ni archivos.

¿Dónde sospecha que se puedan hallar?

El ultimo dictador, Reinaldo Bignone, dijo que los habían destruido. Nosotros tenemos dudas sobre si los destruyeron o no, pero lo cierto es que hasta ahora no ha aparecido y en eso también se mantiene el pacto de silencio. Hace menos de un mes, recuperamos al nieto 133 (sobre un total aproximado de 400, 450 o 500), lo cual demuestra que se puede avanzar pero que también es muy difícil.

Recientemente, la editorial española Libros del KO ha editado Tu nombre no es tu nombre. Historia de una identidad robada en la dictadura argentina del periodista Federico Bianchini. Impacta mucho la relación de la protagonista apropiada con sus apropiadores una vez descubierto el crimen.

Cuando se recupera un nieto siempre hay una acción penal contra el apropiador. Hay hijos que tienen una excelente relación con el apropiador y, en general, hasta que el apropiador no muere, los hijos no presentan ni siquiera una sospecha o, por lo menos, no la expresan. Hay una inhibición en el orden de lo psicológico, entiendo yo, por la cual un hijo apropiado, mientras el apropiador está presente, no hace nada. En la mayoría de los casos de los últimos años, los hijos han empezado a mostrar inquietud y a buscar algún tipo de dato una vez que fallecieron sus padres adoptivos. Porque, a parte, en la mayoría de los casos, la apropiación se manejó con hacer pasar al hijo como hijo legítimo, natural de la pareja. Son pocos los casos en los que se han tramitado adopciones. Pero todavía seguimos en la búsqueda de los que faltan, hay una gran campaña mediática, cosa que hace muchos años atrás era más difícil. Hoy la relación de la sociedad argentina con las abuelas y con este tema es una relación afectuosa. También las abuelas se han manejado muy bien con todos los gobiernos: su objetivo principal siempre ha sido la búsqueda de los nietos. 

El libro Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos, de la periodista Miriam Lewin, actualmente al frente de la Defensoría al Público argentina, narra la investigación sobre el destino de los aviones que ejecutaron los vuelos de la muerte. Es una investigación muy interesante porque se acerca a un fenómeno que ha dejado poco rastro documental de manera colateral, localizando dónde fueron a parar las propias aeronaves. ¿Qué supone la falta de documentación sobre el terrorismo de Estado, ya esté destruida o escondida, de cara a los juicios?

Los juicios se llevan a cabo gracias a lograr los testimonios. Sin los testigos, los juicios no serían posibles y con cada testimonio se abren nuevas líneas de investigación en otros casos. Por eso, a día de hoy llevamos 300 sentencias y hay otras 300 causas que están abiertas y que se están investigando en distintas etapas: algunas recién se están instruyendo, otras están en debate oral. Incluso estamos trabajando en un proyecto que tiende a que, aunque fallezcan las personas que están imputadas (lo cual hace que se extinga la acción penal y, por lo tanto, el juicio quedaría archivado) planteamos que el juicio continúe igual, como un juicio por la verdad que no va a tener una sentencia condenatoria de una persona, porque esa persona que podría ser condenada ya está muerta, pero sí va a tener una sentencia de certeza acerca de lo que efectivamente pasó en todo el proceso de secuestro, de privación de libertad y de desaparición de las víctimas. Esto para nosotros es muy importante porque lo relacionamos con el negacionismo.

Sin los testigos los juicios no serían posibles y con cada testimonio se abren nuevas líneas de investigación en otros casos

Nosotros conceptualizamos el negacionismo como oposición a una verdad histórica que está judicialmente comprobada. No es una versión que nosotros podemos dar de nuestra mirada histórica. Se está oponiendo a hechos que fueron judicialmente comprobados y, cuando decimos judicialmente, es con todas las garantías de contradicción que se plantea en todo proceso donde no se cree a nada ni a nadie de entrada, sino que todo se pone en debate y se demuestra. Para nosotros poder cerrar el círculo de los juicios y que terminen como juicios para la verdad si no hay nadie para condenar sería muy importante y también muy reparador para las víctimas. 

¿Qué suponen los espacios de la memoria en Argentina?

En esto también los Estados no son neutrales. Algunos lo han apoyado abiertamente, tenemos la ventaja que, como está todo muy judicializado, estos espacios se pide que sean intocables porque pueden ser materia de prueba judicial. En principio es intocable por el concepto de memoria histórica, al punto que en Argentina, el presidente Carlos Menem dictó un decreto por el cual mandaba a demoler el edificio de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que es el centro clandestino de detención más grande que existió en Argentina, por allí pasaron más de 5.000 personas. Y desde el movimiento de Derechos Humanos, a través de acciones de amparo judiciales, logramos la nulidad de ese decreto. A partir de ahí quedó establecido que eso no se podía destruir, que ningún espacio de memoria se pudiera destruir. Trabajamos para identificar todos los espacios de memoria posibles, señalizarlos y utilizarlos como herramientas pedagógicas, porque una de las llaves para luchar contra el negacionismo es la educación. Yo, personalmente, pienso que estaría bien penalizar el negacionismo, pero eso no es lo importante. Lo importante es la concienciación social acerca de lo que ocurrió y los espacios de memoria tienen un rol extraordinario y son visitados permanentemente, además de resguardar pruebas.

Cuando empezaron los juicios, pensamos que podría haber 50 o 60 centros clandestinos de detención. Hoy sabemos que han existido más de 700

Recientemente, la UNESCO declaró el Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio Mundial. ¿Qué supone esta decisión?

La verdad que con esta declaración de la UNESCO hemos tenido un espaldarazo muy importante. Creo que estas son las cosas sobre las que ya no se vuelve. Cualquier Gobierno que pretenda sembrar dudas sobre esto tiene un camino intransitable. La experiencia es extraordinaria: cuando empezaron los juicios, pensamos que podría haber 50 o 60 centros clandestinos de detención. Hoy sabemos que han existido más de 700. Y la denominación es distinta: ya no hablamos de centros clandestinos de detención sino de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, lo cual también habla a las claras de que en la conceptualización del lugar se da a entender lo que allí ocurrió. Y no nos extrañe que todos los días se esté descubriendo un lugar nuevo, porque como todo ocurrió en la clandestinidad, se echa mano precisamente de los testimonios y las investigaciones, en general, parten de las víctimas. El movimiento de Derechos Humanos las apoya y las acompaña, pero sin el rol de las víctimas prestando voz a esto, sería imposible. 

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha denunciado este sábado los “horribles” crímenes contra la humanidad que, según ha dicho, se está demostrando que Rusia ha cometido en Ucrania y ha advertido que los perpetradores habrán de “rendir cuentas” ante la justicia.

“En nombre de las víctimas, conocidas y desconocidas, ha de impartirse justicia, este es nuestro interés moral”, ha aseverado Harris en Múnich (sur de Alemania) durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de alto nivel.

La vicepresidenta estadounidense ha afirmado que las fuerzas rusas han atacado “de forma sistemática” a la población civil ucraniana y han cometido, entre otros, “horribles actos de asesinato, tortura, violación y deportación”.

Harris enumeró una serie de actos que calificó de “bárbaros e inhumanos” y que, según ha afirmado, constituyen crímenes contra la humanidad, según Estados Unidos ha podido determinar formalmente.

Por ello, Washington seguirá apoyando los procesos judiciales que se han abierto en Ucrania, así como las investigaciones internacionales al respecto para que los perpetradores directos y sus superiores deban responsabilizarse ante la justicia.

Defender el orden internacional

Sin embargo, Harris ha destacado que junto a este “interés moral”, Occidente también tiene un “interés estratégico” en defender el orden internacional basado en normas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial y que establece que las fronteras no deben ser alteradas por la fuerza.

“No hay ninguna nación que esté segura en un mundo en el que un país puede violar la soberanía e integridad territorial de otro, donde los crímenes contra la humanidad permanecen impunes, donde un país con ambiciones imperialistas puede hacer lo que quiera”, ha sentenciado.

Si Moscú se sale con la suya, otros países se verán alentados a seguir con su “ejemplo violento”, ha aseverado la vicepresidenta, recurriendo a la coerción, a la desinformación e incluso a la “fuerza bruta”.

En este sentido, Harris ha subrayado su “desazón” ante el hecho de que China haya “profundizado” su relación con Rusia desde que comenzó la guerra y avanzó que si Pekín suministra a Moscú apoyo militar esto sólo “recompensará la agresión” y socavará todavía más el orden internacional basado en normas.

A la luz de todo ello, Washington seguirá apoyando a Ucrania “el tiempo que haga falta”, ha indicado la vicepresidenta, que ha profetizado que en el conflicto “habrá más días oscuros” y la “agonía diaria de la guerra continuará”.

No obstante, ha recalcado, el tiempo “no juega a favor” de Moscú, mientras que por el contrario Kiev, Washington y Bruselas conseguirán estar “a la altura de la ocasión” y seguirán defendiendo la dignidad humana, el orden internacional y la libertad.

Rusia ataca el oeste de Ucrania

Este sábado Rusia ha atacado con misiles el oeste de Ucrania, cuyas autoridades han pedido en la conferencia de Múnich de nuevo cazas a sus socios para proteger mejor sus cielos, justo cuando medios occidentales y rusos advierten de que Moscú podría empezar a utilizar la aviación para apoyar a sus tropas en el terreno.

“El Estado terrorista no deja de intentar intimidar a la población civil. Solo en las últimas 24 horas, diez regiones de Ucrania fueron bombardeadas”, ha escrito en Telegram el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia ha disparado cuatro misiles de crucero Kalibr desde el mar Negro, de los que dos fueron destruidos por la defensa antiaérea.

Poco después, su homólogo en la región de Jmelnitski, Serhii Gamalii, ha confirmado dos explosiones en la provincia occidental: “Desafortunadamente, hubo un impacto en una instalación militar y otro cerca de una parada de transporte público”. Dos civiles resultaron heridos, ha afirmado.

En el ataque contra la ciudad, donde viven más de 274.000 personas, han resultado dañados por la onda expansiva diez edificios de apartamentos y tres instituciones educativas. Medio millar de ventanas y balcones han quedado destruidos, según el alcalde, Oleksandr Symchyshyn.

La empresa estatal de energía nuclear, Energoatom, ha denunciado que el ataque de misiles ha puesto en peligro la Central Nuclear del Sur, en la región de Mykolaiv. “Rusia ha vuelto a cometer un acto de terrorismo nuclear”, ha recalcado, al explicar que dos misiles de crucero rusos “volaron peligrosamente cerca de la planta”. “La amenaza de que fuera golpeado un reactor con posibles consecuencias —un desastre nuclear— ha vuelto a ser alta”, ha asegurado.

Mientras en Ucrania se registraba el enésimo ataque ruso, el ministro de Exteriores, Dmytró Kuleba, se reunía en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich con sus homólogos de los países del G7 (Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Canadá) y el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

“Hice hincapié en que dos de las principales prioridades son el suministro rápido y sostenible de municiones y el refuerzo de nuestro alcance a terceros Estados”, ha tuiteado Borrell.

A lo largo de esta semana está teniendo lugar en Donostia dentro de los Cursos de Verano (UPV/EHU) el Simposio Internacional de la Sociedad Mundial de Victimología, que congrega a investigadores de todo el mundo con el objetivo de identificar, prevenir, investigar y dar respuestas psicológicas y socio-jurídicas a los procesos de victimización. Su directora es la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona, y ha organizado un encuentro en el que además de los expertos, han participado en conferencias víctimas de violencia terrorista, violencia política, violencia de género, medioambiental en el ámbito empresarial y víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, ámbito en el que se centran gran parte de las investigaciones de Varona.

Entre las conferencias que ha protagonizado se encuentra 'Testimonios de víctimas y testigos del encuentro internacional de encuentros restaurativos en casos de terrorismo y violencia política', que ha compartido con la víctima de ETA Maixabel Lasa y Pili Zabala, víctima de los GAL, además de otras víctimas de violencia terrorista y política, o la conferencia 'Víctimas y victimarios en el terrorismo yihadista: entre el medio penitenciario y la justicia restaurativa'. En ambas, sus participantes han hablado sobre los beneficios de la justicia restaurativa y de los encuentros restaurativos entre las víctimas y las personas que cometen los delitos, siempre y cuando haya voluntad de esas personas y no haya manipulación política o ideológica de por medio.

El simposio que está teniendo lugar en Donostia reúne estos días a más de 400 expertos mundiales en victimología. ¿Por qué es importante la perspectiva de la víctima en la Justicia o en la investigación de los delitos?

Porque es evidente que la persona más afectada por un delito es la víctima. Es cierto que hay delitos interpersonales, delitos contra bienes jurídicos, que son más difusos, o delitos ecológicos, pero que también terminan impactando en la sociedad. Si no conocemos la experiencia de ese daño, no podemos ser conscientes de cómo podemos repararlo. Lo que no tiene sentido es haber diseñado un Derecho Penal que no tenga en cuenta cuáles son las necesidades de las víctimas. El concepto de víctima no puede ser paternalista, de pensar 'qué pobrecito', sino que tiene que incluir que la víctima tiene una serie de derechos, tiene que recuperar su vida y, para eso, o tiene la solidaridad de la sociedad o no podrá hacerlo.

Ha participado en varias conferencias, como la que tuvo lugar el martes sobre víctimas del terrorismo y violencia política junto a Maixabel Lasa y Pili Zabala. Sus victimarios eran de signo opuesto pero, ¿son iguales como víctimas? 

No, cada víctima es un mundo. Las víctimas son como cualquier ser humano, al igual que los victimarios también han surgido en sociedad. Las víctimas tienen en común el haber sufrido un mal que no merecían, sufren una injusticia en ese sentido, un mal impuesto por alguien. Yo creo que ahí lo importante es saber que en el caso del terrorismo las víctimas son tratadas como cosas, da igual qué tipo de terrorismo sea, siempre las víctimas son utilizadas para un fin político. El fin justifica los medios, la idea vale más que la vida de la persona. Hay una cosificación y, al mismo tiempo, una violencia política de esas características trata de infundir miedo a toda la sociedad o a un colectivo.

No tiene sentido es haber diseñado un Derecho Penal que no tiene en cuenta cuáles son las necesidades de las víctimas

¿Cuáles son los beneficios de los encuentros restaurativos? 

Los beneficios son múltiples. En el caso de las personas que son víctimas, les permiten tener una participación que no tienen de otra manera, les permiten hablar en su propia voz, que nadie hable por ellas, tener un tiempo y un espacio en el que se sientan cómodas, poder preguntar y poder ganar, de alguna manera, el control de una situación que lo que ha hecho ha sido arrebatarle su vida. A las personas que han cometido el delito les da la posibilidad de recuperar su vida a través de un cambio y de demostrar a la otra persona que no son las personas que eran. En los encuentros pueden dar una serie de explicaciones de que lo que hicieron no fue justificable, pero que es algo que no se va a volver a repetir. En cuanto a los beneficios para la sociedad, este tipo de encuentros dan la posibilidad de acompañar a las personas más afectadas en el camino de recuperar su vida y de ver cómo si respondemos a la violencia desde las instituciones, a veces creamos o perpetuamos más daños.

¿Ha impulsado estos encuentros la película ‘Maixabel’?

La película 'Maixabel' recoge lo que fueron unos encuentros reales, pero la justicia restaurativa se viene haciendo desde los años 70. Empezó en Canadá y ha tenido un desarrollo en el resto de países. En nuestra legislación se desarrolla con todo tipo de delitos, exceptuando la mediación en delitos de violencia de género, tal y como se define en el ordenamiento jurídico español.

¿Cómo se prepara a una víctima para que se reúna con el asesino de su marido, como es el caso de Lasa?

Lo primero que debería preguntarse en estas cuestiones es si hay un interés en que se reúnan y quién tiene ese interés. En el caso de los encuentros restaurativos en los que participó Maixabel, fue una iniciativa de personas de ETA que rectificaron y quisieron dar ese paso. Cuando se lo plantearon a Maixabel, ella tuvo una reflexión. La justicia restaurativa no es un camino sencillo ni el más rápido, es complejo y no es para todas las personas. Ella misma ha dicho en el simposio, que las víctimas que quieren acceder a los encuentros restaurativos no son ni mejores ni peores que otras, simplemente les mueve un interés, una curiosidad o el querer contribuir en la sociedad como un ejemplo de lo que puede ser no devolver mal con mal.

Las víctimas que quieren acceder a los encuentros restaurativos no son ni mejores ni peores que otras, simplemente les mueve un interés, una curiosidad o el querer contribuir en la sociedad como un ejemplo de lo que puede ser no devolver mal con mal

En su trabajo 'La red de encuentros restaurativos en casos de terrorismo. Eco social de un proyecto internacional' habla sobre que es “preciso evitar el partidismo y la manipulación política de la justicia restaurativa en casos de terrorismo”. ¿Fue eso lo que acabó con la vía Nanclares en la etapa de Rajoy? 

No, bueno, cuando esos encuentros se realizaron en los años 2011 y 2012, cesaron también por críticas de algunas víctimas. Creo que no supimos explicar bien qué es la justicia restaurativa. Se puede hacer mal, pero si se siguen los estándares internacionales de Naciones Unidas o del Consejo de Europa, se entiende que la justicia restaurativa no es banalización de los hechos ni justicia punitiva.

También ha participado en una mesa redonda sobre víctimas del terrorismo yihadista. ¿Qué diferencia hay entre el terrorismo yihadista y el de ETA? 

Muchas diferencias. No tiene nada que ver un terrorismo que surge en una etapa concreta en Europa con otro que además tiene connotaciones religiosas. Vemos, por los datos que se han dado en el simposio, que en el terrorismo yihadista muchos son lobos solitarios, no pertenecen a una estructura piramidal como era ETA, sino mucho más difusa. Tienen muchas diferencias, pero como todo tipo de terrorismo tienen en común la cosificación de las víctimas o la idea por encima de la vida. Otra diferencia es que con el terrorismo yihadista se ha trabajado la desvinculación y la desradicalización, cosa que con el terrorismo de ETA no se ha trabajado tanto. La justicia restaurativa permite ser aplicada a cada caso, viendo las necesidades de las personas que quieren participar en ella, se diseña un proceso concreto para ellas, para reparar tanto a las víctimas como a la sociedad en general.

Usted ha criticado que la fórmula de una comisión parlamentaria para investigar los abusos sexuales en la Iglesia Católica no es la adecuada. ¿Por qué? ¿Qué sería lo adecuado? 

Supongo que lo adecuado es lo que está haciendo ahora el Defensor del Pueblo, que es crear una comisión específica alejada de los focos. Una comisión parlamentaria no tendría un personal que se dedicara exclusivamente a ello, no tiene esas herramientas, citan a personas para hablar, pero no hay nadie que vaya a escuchar a las víctimas. Además, no creo que tuvieran la tranquilidad que pueden tener para hablar fuera de focos. Es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión de ningún tipo de ideología, hay que garantizar la independencia, la profesionalidad y el tiempo para hacerlo.

Como investigadora, ¿qué barreras se ha encontrado por parte de la Iglesia española para llevar a cabo sus investigaciones sobre abusos sexuales? 

Nosotros investigamos con rigor científico y, para ello, necesitamos ayuda. Cuando solicitamos esa ayuda en el año 2013 y en los años 2018 y 2019 para un proyecto con compañeros de la Universidad de Barcelona y de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) a veces no tuvimos respuesta o la respuesta era que no había ningún caso. Hay que entenderlo en un contexto de cambio, las cosas están cambiando y, por lo tanto, igual no fuimos merecedores como Universidad de la confianza para colaborar con los datos.

Una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia puede dejar de ser víctima, tenemos ejemplos claros de ello, al igual que tenemos ejemplos de personas que se han terminado suicidando por esas situaciones

Usted ha estado durante años investigando secuelas en víctimas de abusos sexuales en la iglesia. ¿Deja de ser víctima alguna vez una persona que ha sufrido este trauma en la infancia?

Hay que volver al concepto de víctima. Víctima es una condición, una víctima es muchas más cosas, es hijo, es padre, es ciudadano...Lo que ocurre es que el dolor que se ha producido en la infancia o en la adolescencia es una ruptura de su 'yo', de su confianza en los demás y de su confianza en el futuro y eso deja unas secuelas que afectan a su desarrollo. Ahora bien, depende de cada persona. Las personas son muy resilientes, lo que pasa es que la resiliencia no está igualmente distribuida e igualmente necesitan solidaridad, prevención, intervención y reparación. Claro que puede dejar de ser víctima, tenemos ejemplos claros de ello, al igual que tenemos ejemplos de personas que se han terminado suicidando por esas situaciones. Hay casos muy graves, pero también tenemos otros con una capacidad de resiliencia a pesar de no haber tenido ningún tipo de ayuda ya no por la Iglesia, sino por instituciones estatales o por la sociedad.

¿En qué difieren esas secuelas de las que se encuentran en otros tipos de abuso sexual, como dentro de la familia o la pareja? 

Cuando los casos de abuso sexual ocurren en la Iglesia Católica, hay una traición de la confianza institucional y espiritual. Lo hemos analizado en varios estudios, porque en estos casos, el que abusa es la persona que representa a Dios, que te tiene que proteger y eso crea muchísima confusión porque además estamos hablando de niños y adolescentes. En estos casos ha habido una victimización secundaria al haber procesos documentados, silenciamiento y de encubrimiento general. No se ha respondido bien a los casos de abusos sexuales en la Iglesia porque hay un temor institucional a perder la reputación. Se ha visto antes a la institución que al menor que sufría.

¿Es posible una justicia restaurativa que siente a curas pederastas con sus víctimas?

Ha pasado en algunas ocasiones, son procesos confidenciales que han ocurrido y existen en nuestro país para las personas que lo desean, pero algo así solo puede pasar cuando se reconozcan los casos y, de momento, no hay reconocimientos. Ocurrirá dentro de mucho tiempo porque nadie tiene interés en sentarse con alguien que no reconoce lo que hizo y que no tiene garantías de que ese encuentro le vaya a reparar.

Si nos ponemos en la piel de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en España podemos entender perfectamente por qué no denuncian ni quieren dar la cara a diferencia de en otros países donde han tenido más apoyo

¿Cuánto tardará ese cambio en llegar?

No lo sé. En ningún país ha ocurrido de motu proprio, el cambio ha sido porque se ha visto obligado, porque los medios han puesto el foco en los casos. Tenemos casos documentados de los años 80 que salieron en la prensa y no tuvo ninguna repercusión o que los medios no hicieron ningún caso. No es solo problema de la Iglesia, tampoco los medios pusieron el interés que se pone ahora. También ha ocurrido con otro tipo de victimizaciones, como la violencia de género. Yo creo que ya no hay un camino de vuelta atrás, ya no estamos en la posición que estábamos y no hay esa negación de que nuestro país es diferente. Al principio se escuchaba que España era un país distinto en el que no se habían producido este tipo de abusos.

¿Por qué en España se producía esa diferencia con respecto a otros países?

Porque es un país en el que el peso de la Iglesia es mayor que el de algunas instituciones y donde el movimiento asociativo de las víctimas es muy costoso que actúe porque no ha habido un respaldo social y menos en determinados territorios. Las primeras víctimas son las que han tenido un mayor coraje y han estado solas muchísimas veces, han sufrido lo que se llama la soledad ética, se les ha cuestionado su credibilidad y lo han hecho a un coste personal muy grande, porque nadie les ha apoyado. Si nos ponemos en la piel de las víctimas podemos entender perfectamente por qué no denuncian ni quieren dar la cara a diferencia de en otros países donde han tenido más apoyo.

La Justicia alemana ha abierto este miércoles otro proceso por delitos de guerra cometidos por el régimen sirio, esta vez contra un médico acusado de crímenes contra la humanidad cuando trabajaba en un hospital de Homs vinculado a los servicios secretos del Ejército de Siria.

Un tribunal de Fráncfort toma el relevo así del de Coblenza, que la semana pasada dictó pena de cadena perpetua contra un exresponsable de los servicios secretos del régimen sirio por crímenes contra la humanidad en el primer juicio internacional a un alto cargo del gobierno sirio de Bashar al Asad.

El nuevo proceso sienta en el banquillo a un ciudadano sirio que ejercía la medicina en Alemania y que fue detenido en 2020 en la región de Hessen (centro del país). Al individuo, identificado como Alaa M., se le imputa haber cometido crímenes contra la humanidad, así como de haber causado lesiones físicas graves en 2011, cuando trabajaba en un hospital adscrito al Servicio de Inteligencia Militar en la ciudad siria de Homs.

La Fiscalía ha informado de que, cuando un preso detenido por participar en una manifestación contra el régimen sufrió un ataque epiléptico al cabo de una sesión de tortura, Alaa M. fue llamado para prestarle auxilio, pero en lugar de ello le golpeó y pateó en al menos dos ocasiones.

El preso murió al poco tiempo sin que se determinase la causa exacta de la defunción; el acusado abandonó Siria en 2015 y residía desde entonces en Alemania, donde trabajaba en un hospital en el estado federado de Hessen.

Según informaciones del semanario alemán Der Spiegel, que sacó a la luz la identidad de Alaa M. en una investigación conjunta con la cadena catarí Al-Jazeera, la fiscalía basa el caso en las declaraciones de dos testigos, que se encontraban detenidos en la misma prisión en la que trabajaba el acusado.

Según lo que se deduce del reportaje, estos podrían ser el hermano y el primo del preso que murió, testigos de los hechos y ahora refugiados en Alemania, aunque el semanario también corroboró los hechos con otros dos médicos que trabajaban en el mismo hospital.

De acuerdo con estos facultativos, Alaa M. alardeaba de haber operado a un prisionero sin anestesia, entre otros muchos actos constitutivos de tortura. Ambos han ratificado además que entre algunos médicos del hospital existía una verdadera competición por ser los primeros en maltratar a nuevos detenidos.

No obstante, el abogado del acusado ha manifestado en declaraciones a Der Spiegel que, durante su estancia en el hospital militar, Alaa M. no tuvo constancia en ningún momento de torturas o ejecuciones y que solo había tenido conocimiento de estas alegaciones más tarde y por la prensa. 

Una investigación de la ONU ha concluido que hay motivos razonables para creer que todas las partes involucradas en el conflicto que empezó hace un año en Etiopía han cometido, en diversos grados, violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad.

Las atrocidades tuvieron como víctimas principales a civiles que no tenían nada que ver con las hostilidades, entre ellos mujeres que sufrieron violencia sexual en una dimensión que los investigadores reconocen que todavía está por determinar.

La investigación que ha llevado a estas conclusiones ha sido conducida por una comisión conjunta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, y la Comisión Etíope de Derechos Humanos. Cubre el periodo que va del 3 de noviembre de 2020, cuando estalló el conflicto en la región de Tigray (norte del país), hasta finales del pasado junio, coincidiendo con la declaración de alto al fuego unilateral por parte del Gobierno central.

“Hay detalles de violaciones y abusos, que incluyen asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y basada en el género, violaciones contra los refugiados y desplazamiento forzado de civiles”, ha dicho Bachelet al presentar el informe a la prensa. “Nadie está ganando esta guerra temeraria que cada vez está engullendo a más zonas del país. Cada día hay más gente que sufre y muere”.

De acuerdo al relato de la situación en el terreno, la declaración unilateral de cese de las hostilidades ha tenido un impacto relativo en los niveles de violencia, puesto que desde entonces “todas las partes siguen violando los derechos humanos hasta el día de hoy” y las informaciones que llegan de abusos cometidos por las fuerzas tigrinas “se han multiplicado”, ha dicho la alta comisionada.

“El conflicto de Tigray se ha caracterizado por su extrema brutalidad”, ha declarado Bachelet, que ha añadido la necesidad de que los autores de ambos bandos “rindan cuentas” por la “gravedad y seriedad de las violaciones y abusos” documentados.

La ONU ha pedido que se garantice ya que habrá justicia para las víctimas de crímenes y, aunque esta responsabilidad recae inicialmente en las autoridades nacionales, ha dicho que debe mantenerse abierta la posibilidad de que un mecanismo internacional de investigación asuma esta tarea si es necesario para prevenir la impunidad que se ha visto en guerras recientes en distintas partes del mundo.

La guerra entre Tigray y el Ejecutivo central de Etiopía estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope ordenó una ofensiva contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (FPLT) en represalia por un ataque contra una base militar federal y después de una escalada de tensiones políticas.

El informe no solo responsabiliza de graves crímenes a las fuerzas de los gobiernos central y regional (de Tigray) y a sus múltiples milicias y fuerzas aliadas, sino también al Gobierno de Eritrea, que tiene fuerzas desplegadas en la región del norte de Etiopía en apoyo al Gobierno de Adis Abbeba y que han cometido igualmente numerosas exacciones, según los hechos documentados en la investigación.

Torturas, violaciones y desplazamientos forzados

El informe relata varios episodios de actos brutales por razones étnicas, en particular masacres de miembros de la etnia amhara o de tigrinos, sobre los cuales se menciona que son actos que podrían corresponder a “ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil específica y por lo tanto serían crímenes contra la humanidad”.

Asimismo, se retrata una situación en la que la tortura se ha vuelto común, así como las detenciones en lugares secretos o bases militares y el saqueo y ataques contra viviendas, iglesias y hospitales, que en algunos casos estaban siendo utilizados como instalaciones militares, ha señalado la jefa de la sección de África Oriental y del Sur de la Oficina de Bachelet, Françoise Mianda. Una de las consecuencias de esta situación es que solo la mitad de los centros médicos y de atención sanitaria básica en Tigray están funcionando.

El informe también denuncia que todas las partes del conflicto han perpetrado violencia sexual y que sus miembros han estado implicados en actos criminales, incluyendo violaciones en grupo, con el fin de “degradar y deshumanizar a las víctimas”. De 30 entrevistas con mujeres supervivientes, los investigadores descubrieron que la mitad habían sido víctimas de violaciones en grupos y que entre ellas algunas habían quedado embazadas o adquirieron enfermedades sexualmente transmisibles. Sin embargo, “dado el estigma y el trauma relacionado con la violencia sexual, la comisión investigadora cree que la prevalencia de la violación es seguramente mucho más elevada que lo que podemos documentar”, reconoce el informe. 

Miles de civiles se han visto obligados a huir como consecuencia de los asesinatos, las violaciones, la destrucción y el saqueo de propiedades, el miedo a los ataques de represalia y como resultado de los ataques étnicos y de identidad, según la ONU. El informe señala que hay “motivos razonables” para creer que los desplazamientos forzados se cometieron a gran escala y sin justificación legal, pudiendo constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La organización también denuncia que Fuerzas Especiales de Tigre (FET) y las Fuerzas de Defensa de Eritrea (FDE) pusieron en peligro la seguridad y la vida de miles de refugiados al combatir en los alrededores del campo de refugiados de Shimelba, lo que provocó “el desplazamiento de miles de refugiados, la desaparición de cientos de ellos y la destrucción del campo”.

Estado de emergencia

El Gobierno de Etiopía ha declarado este martes el estado de emergencia en todo el territorio nacional para tratar de frenar la ofensiva de los rebeldes de Tigray, después de que estos lograran estratégicos avances sobre la vecina región de Amhara en los últimos días.

El estado de emergencia, que ha entrado en vigor este miércoles y se mantendrá por un plazo de seis meses (prorrogable, si es necesario). La medida, según el ministro de Justicia, Gedion Timothewos, se ha adoptado para frenar a las fuerzas tigrinas y evitar la desintegración del país.

“El Gobierno tiene la obligación moral y legal de proteger de sus enemigos internos y externos la existencia del país, la soberanía y la integridad territorial”, ha afirmado el ministro.

El estado de emergencia restringe el derecho de manifestación y, en general, de cualquier acto que interrumpa la producción o sabotee los servicios económicos esenciales. Todo aquel que pueda ser sospechoso de colaborar con fuerzas enemigas podría ser arrestado sin necesidad de una orden judicial y permanecer detenido mientras dure el estado de emergencia.

Además, se prohíbe diseminar información o propaganda en apoyo de los grupos considerados terroristas –como los rebeldes de Tigray– y portar armas de fuego, excepto para las personas autorizadas por las fuerzas de seguridad.

El decreto también permitirá que el centro de mando del estado de emergencia focalice las decisiones y que incluso, si lo considera necesario, movilice a los ciudadanos mayores de edad que tengan armas para recibir entrenamiento militar y poder combatir. En las partes del país más vulnerables también podrá suspender el liderazgo político local total o parcialmente para sustituirlo por otros dirigentes civiles o militares.

La alta comisionada de la ONU ha advertido este miércoles sobre las “medidas extremadamente amplias” del estado de emergencia. “Hay graves riesgos de que, en vez de estabilizar la situación,… profundicen las divisiones, pongan en peligro a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, provoquen un mayor conflicto y no hagan sino aumentar el sufrimiento humano que ya alcanza niveles inaceptables”, ha dicho Bachelet.

Inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y prisioneros han sido víctimas de crímenes contra la humanidad al menos durante los últimos cinco años en Libia, según las conclusiones de una misión investigadora creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha presentado este lunes el resultado de su trabajo.

“Nuestras investigaciones han establecido que todas las partes del conflicto (libio), incluidos terceros Estados, combatientes extranjeros y mercenarios, han violado el derecho internacional humanitario, en particular los principios de proporcionalidad y de distinción entre civiles y beligerantes”, ha revelado el presidente del grupo, el marroquí Mohamed Aujar, en una conferencia de prensa.

Los migrantes han sido un grupo particularmente expuesto a ataques generalizados y organizados, no solo por grupos armados, sino por el propio Estado, que alienta tales abusos, según muestra la investigación.

La misión ha trabajado en el último año recopilando evidencias sobre los abusos cometidos en Libia a partir de 2016, conforme al mandato que recibió de la ONU, aunque el conflicto de Libia, su fragmentación territorial entre distintos grupos armados y la pugna de distintas facciones por el poder se remontan a la caída y muerte del dictador Muamar Gadafi en 2011.

El periodo sobre el que ha investigado la misión corresponde al aumento de la presencia e influencia de grupos yihadistas en Libia, incluido el ISIS.

Condiciones “insoportables”

Según el informe, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilos han sido víctimas de “una letanía de abusos” ya sea durante su travesía por mar y su devolución forzada a Libia, o durante su encierro en prisiones o cuando han estado en manos de traficantes de personas.

Cuando están en prisión, los inmigrantes y otros civiles son víctimas de torturas frecuentes y no se les permiten las visitas de familiares, subraya.

“La detención arbitraria en prisiones secretas y en condiciones insoportables es utilizada de forma habitual por el Estado y las milicias contra todo aquel que es visto como una amenaza a sus intereses”, ha indicado la fiscal y académica jamaiquina, Tracy Robinson, miembro de la misión.

“La violencia en las prisiones libias es cometida a una escala tan grande y con tal nivel de organización que también pueden considerarse potencialmente como crímenes contra la humanidad”, recoge el informe. Asimismo, da cuenta del sufrimiento de los civiles como consecuencia de los combates en el país desde 2016 y, más recientemente, durante las hostilidades en la capital, Trípoli, entre 2019 y 2020.

En esos episodios armados docenas de familias perecieron en ataques aéreos contra zonas residenciales, hubo destrucción de infraestructuras medicas y las minas antipersonas que dejaron los mercenarios causaron herida y amputaciones a numerosos civiles, detalla.

Según la misión investigadora otras violaciones de los derechos humanos fueron el reclutamiento de niños para participar en el conflicto, así como la desaparición forzada y el asesinato de prominentes mujeres activistas.

La misión ha indicado que ha identificado a personas y grupos (tanto de Libia como de otros países) que pueden tener responsabilidad en los crímenes ocurridos desde 2016, pero que esta lista se mantendrá confidencial hasta que considere necesario publicarla o compartirla con otros mecanismos que puedan hacer justicia.

Está previsto que los integrantes de la misión presenten el próximo día 7 su informe al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra y que tendrá que decidir si prolonga o no el mandato del grupo un año más para que continúe documentando las violaciones que ocurren en el inacabado conflicto de Libia.