El barrio de El Cerezo, ubicado en el Distrito Macarena de Sevilla, ha amanecido este miércoles con pintadas en rechazo al nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local, más conocido como GAR. “Mejor gorrillas que boinas rojas”, “Más vecinos solidarios y menos policías” o “Mejor gorrillas que racistas” son algunos de los mensajes que pueden leerse en estos emplazamientos, entre los que también se encuentran algunos pasos de cebra.

Así lo ha manifestado el sindicato de la Policía Local de Sevilla a través de su cuenta oficial en X, al tiempo que ha asegurado que, a su juicio, el acto no se corresponde con una exaltación de la “libertad de expresión”, sino con un “blanqueamiento de la delincuencia”. “Todo esto ocurre en un barrio en el que el déficit de policías es brutal y la dejadez institucional es evidente”, han asegurado.

Entre las vías afectadas se encuentran la calle León XIII, Granate y Diamante, entre otras, todas ellas en el referido barrio. No obstante, tal y como ha podido conocer esta agencia, en la mediodía de la presente jornada se están llevando a cabo labores de limpieza por parte del servicio municipal.

36 agentes

Las pintadas suceden en el marco de una jornada marcada por la convocatoria de una manifestación por parte de la asociación vecinal 'SOS Barrio El Cerezo de Sevilla', con salida en la avenida Sánchez Pizjuán y término en el Parlamento andaluz. En un comunicado a través de las redes sociales, han trasladado que es una marcha “pacífica, reivindicativa, constructiva, respetuosa y buscando soluciones”. Por ello, han añadido que “no hay cabida al rédito partidista, ni para los grupos violentos extremistas”, sino que se trata de un movimiento vecinal de afectados “por la inseguridad, la insalubridad y la dejadez institucional de un barrio obrero”.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, el Ayuntamiento presentaba este nuevo grupo antidisturbios, un conjunto “de élite” que cuenta con 36 agentes, entre los que se encuentran 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un Intendente Principal. Así, nace con el objetivo de llevar a cabo un servicio “versátil y especializado” y responder a una “demanda histórica”, así como “servicios especializados”, para lo que contarán con una dotación diferente a la del resto de la plantilla, por ejemplo, a través del uso de escudos o casos.

El detonante técnico, según denuncian más de 50 entidades sociales de Sevilla y reflejan los presupuestos de 2025, ha sido el recorte de plazas en los albergues municipales. Esta decisión ha provocado un aumento crítico de personas pernoctando en las aceras de El Cerezo y Doctor Fedriani. Para muchos vecinos, la acción ciudadana es la única salida ante lo que consideran un vacío de poder.

El 7 de diciembre de 2025 las cámaras de seguridad de un locutorio en Torremolinos registraron la muerte violenta de un hombre tras ser reducido por varios agentes de la Policía Nacional. El hombre se llamaba Haitam Mejri, tenía 35 años, y recibió al menos ocho descargas eléctricas disparadas desde una táser, un tipo de arma categorizada como no letal o menos letal, y cuyo uso está cada vez más generalizado entre los diferentes cuerpos policiales que existen en España. Sin embargo, no existe un protocolo unificado ni transparente para su utilización de forma segura y, en ocasiones, algunos cuerpos contravienen las recomendaciones del fabricante para evitar daños irreversibles.

Hablamos con Néstor Cenizo, periodista de elDiario.es en Andalucía que ha desvelado la historia de la muerte de Haitam, sobre cómo sucedieron los hechos recogidos por las cámaras de seguridad del establecimiento donde falleció este hombre. Con Ter García, periodista de Civio, organización que promueve la transparencia pública, analizamos qué dicen los protocolos policiales sobre el uso de las táser y cómo se adaptan a lo que recomiendan los fabricantes de un arma que puede llegar a ser mortal. 

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“Nosotros somos una especie de guerreros que vamos a llegar los primeros a todos sitios”. Así describe el intendente principal de la Policía Local de Sevilla, Manuel Corregidor, la nueva unidad de la que es jefe directo, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), una especie de cuerpo antidisturbios con uniforme negro, boina roja (o más bien carmesí, “el color de la bandera de Sevilla”) y que luce como emblema al Cid Campeador, en la versión local de la escultura que modeló en bronce Anna Hyatt Huntington en 1927 y que se alza en el Prado de San Sebastián.

El nuevo cuerpo se presentó el martes y este mismo miércoles ha empezado a estar operativo dejándose ver por la barriada de El Cerezo, donde el ambiente se ha caldeado en las últimas semanas y ha propiciado hasta la aparición de patrullas vecinales en respuesta –en teoría– a la abundancia de gorrillas en la zona. El Ayuntamiento hispalense define con toda pomposidad al GAR como “un grupo táctico” y “equipo de élite” formado por 36 agentes (30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un intendente principal) al que le han dado como sede las hasta ahora abandonadas Naves de la calle Calatrava.

Corregidor resalta que estamos ante una unidad de intervención “con vocación de cambiar mucho la dinámica operativa en los barrios”. El objetivo es dar respuesta rápida a situaciones más delicadas, tradicionalmente más asociadas a la Policía Nacional. El intendente, por cierto, ha subrayado el hecho de que “vestimos de manera distinta como todas las unidades especiales de todos los cuerpos policiales”, y ha defendido que “una imagen tan sevillana como la estatua del Cid Campeador, que representa un luchador y un guerrero como vamos a ser los miembros del GAR, está claro que tenía que ir en nuestra uniformidad”.

“Petición histórica de la Policía Local”

El alcalde, José Luis Sanz (PP), asistió a la puesta de largo del nuevo grupo, lo que aprovechó para recordar que es un “compromiso cumplido” por su parte en sólo tres años. Además, subrayaba que el GAR va a suponer “un apoyo inestimable para el resto de la plantilla”, además de que así se da respuesta a una “petición histórica” de la propia Policía Local sevillana. De paso, también lo ponía como ejemplo “una apuesta por las cosas bien hechas”.

El Consistorio detalla que el GAR nace para dar respuesta a aquellas situaciones que deben ser “abordadas por un equipo con cualificación específica”. “El ciudadano va a notar la llegada de esta nueva unidad, es una herramienta que necesitaba la Policía Local para seguir creciendo, no sólo en su plantilla y su dotación sino también en su versatilidad y cualificación para poder resolver problemas”, esgrime el regidor.

“La forma de trabajar del GAR será su seña de identidad y se notará no solo por su uniformidad sino por su forma de desplegarse y de estar en cualquier dispositivo”, incide Sanz. Esto lo ha acompañado con la reflexión de que “Sevilla es una gran ciudad que sin perder su esencia no deja de crecer y de modernizarse para afrontar nuevos retos por eso necesitamos que la Policía Local, nuestra policía, siga creciendo al igual que la ciudad a la que sirve y protege cada día”.

Equipo para asaltar inmuebles

Por su parte, el intendente principal, Manuel Corregidor, ha explicado que el grupo se ha formado tras una convocatoria interna en el cuerpo a la que siguió un proceso de selección en el que “fuimos muy exigentes” con la certeza de que es la única garantía de que el GAR “acabaría teniendo éxitos muy rotundos”. A esto siguió una fase de formación con expertos de Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía.

Los integrantes del equipo han sido así instruidos en técnicas y tácticas de intervención policial, pero también en auxilios policiales, policía científica, armamento, defensa personal policial, formaciones y despliegues. “Una formación muy específica para el tipo de trabajo que van a desarrollar en la vía pública”, y que además se va a mantener de manera continuada.

Otra de las señas de identidad del GAR son los vehículos, todoterrenos “que nos van a dar una gran versatilidad”. Cuentan con protecciones frontales para salvaguardar la zona acristalada, y en la parte trasera disponen de “toda la equipación necesaria para llevar a cabo asaltos a cualquier tipo de inmueble o para llevar a cabo los dispositivos estáticos de control”.

El Colectivo Vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías denuncia la situación que vuelve a reproducirse en el entorno del Parque Bruil de Zaragoza. Esto se produce apenas unos meses después de la actuación municipal que obligó a clausurar temporalmente el espacio verde para su limpieza, desinfección y restauración.

Durante meses, parte del parque fue ocupada por personas sin hogar, lo que generó graves problemas de salubridad. “Determinadas zonas del parque fueron utilizadas como letrina, acumulándose excrementos y orines, lo que obligó finalmente al Ayuntamiento a cerrar el recinto el pasado 3 de diciembre para proceder a una limpieza profunda y a la desinfección de las áreas afectadas”, explica la asociación.

Las actuaciones previstas incluyen la reposición del césped en las zonas de pradera, la eliminación de roedores, la replantación de especies arbóreas, arbustivas y florales, y la mejora de distintos espacios del parque. Continúa pendiente la renovación del equipamiento infantil y la instalación de aparatos de mantenimiento para personas mayores y deportistas.

Sin embargo, desde el colectivo vecinal advierten de que esta restauración corre el riesgo de verse comprometida. Las personas que anteriormente ocupaban el parque “continúan merodeando por el entorno del barrio” y se están instalando en distintos puntos próximos, como la plaza triangular, el lateral del edificio Trovador o la entrada del Albergue Municipal.

Según denuncian los vecinos, “se está reproduciendo el mismo patrón de comportamiento insalubre, con personas que realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública, además de producirse conductas incívicas que generan inseguridad entre los residentes y usuarios del parque. También se han detectado situaciones de riesgo, como el encendido de hogueras”. Cabe recordar que el pasado mes de agosto se produjeron dos incendios en el entorno del barrio: uno en la calle de Taboada y otro en la pasarela situada sobre la desembocadura del río Huerva.

El funcionamiento del Albergue Municipal

El colectivo vecinal considera necesario abordar el problema desde una perspectiva más amplia, señalando también algunos aspectos relacionados con el funcionamiento del Albergue Municipal (Centro de Acogida e Inserción para Personas sin Hogar). “Solicitamos al Ayuntamiento una intervención coordinada entre servicios sociales, seguridad y salud pública que permita garantizar tanto la atención digna a las personas sin hogar como la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos por parte de todos los ciudadanos”, explica.

Por un lado, el Colectivo señala que la rigidez de los horarios del albergue —cerrado entre las 20:00 y las 08:00— deja fuera a personas que no pueden permitirse una alternativa habitacional, lo que contribuye a que permanezcan en la vía pública en distintas zonas del barrio. Asimismo, la ampliación del servicio de comida gratuita hasta 200 plazas, sin estar vinculada a programas de inserción social, es percibida por el Colectivo como un factor que podría estar generando un efecto llamada.

Por otra parte, recuerdan que existen casos de personas que requieren atención médica especializada y seguimiento sanitario —por ejemplo en situaciones de trastornos mentales graves— y que, en ausencia de dichos recursos, pueden producirse conflictos que afectan a la convivencia.

Como respuesta a estas quejas vecinales, desde el Ayuntamiento de Zaragoza han señalado que están “trabajando en dar soluciones a las problemáticas de la zona”, con más presencia de la Policía Local, la limpieza y con la propia renovación del parque. Esta semana hay prevista precisamente, según el equipo de gobierno del PP, una reunión de seguimiento y valoración entre las consejerías implicadas en el Albergue municipal (Presidencia, Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Sociales).

En este punto, el Consistorio ha vuelto a echar la vista al Gobierno central, como en anteriores ocasiones. “El hecho de que haya personas en la calle durmiendo responde a que el Albergue municipal está completo, pese a que se abrieron más de 100 nuevas plazas con la ampliación de estas instalaciones, de las cuales 57 son subsaharianos que están bajo protección internacional pero que no están siendo atendidos por el Gobierno de España y 41 de ellas son magrebíes procedentes de Francia, Alemania e Italia ante el efecto llamada que está provocando el anuncio del Gobierno de España sobre la regularización de inmigrantes”, argumentan los populares.

Olías del Rey ha implementado nuevas medidas en materia de seguridad ciudadana que “refuerzan” los recursos humanos, “amplían” los medios técnicos de la Policía Local y “culminan” el despliegue de un sistema integral de videovigilanca en todo el municipio toledano.

Según ha informado el consistorio en una nota de prensa, entre las principales medidas destaca la creación de dos nuevas plazas de Policía Local, la adquisición de un dron de última generación y la ejecución de la IV Fase del Plan de Sistemas de Videovigilancia, con la instalación de nueve nuevas cámaras LPR de lectura de matrículas.

Con esos nuevos lectores, Olías del Rey alcanza ya un total de 42 cámaras de videovigilancia, que se sitúan en todos los puntos de acceso y salida tanto de las urbanizaciones como del propio casco urbano. Un sistema que permite “el control inteligente del tráfico rodado y la detección de vehículos sospechosos, incluso en condiciones de baja luminosidad o a alta velocidad”. según explica el Ayuntamiento de Olías del Rey.

Estas actuaciones “consolidan un modelo de seguridad preventiva apoyado en tecnología inteligente y control de accesos”.

Una herramienta “clave” para la “prevención”

“Contar con cámaras en todos los accesos y salidas del municipio nos permite anticiparnos, mejorar el control y colaborar de forma más eficaz con otros cuerpos y fuerzas de seguridad”, ha señalado la alcaldesa, la socialista Charo Navas, quien ha remarcado que se trata de “una herramienta clave para la prevención y la tranquilidad de la ciudadanía”.

La regidora también ha subrayado que “seguimos reforzando y mejorando la seguridad del municipio con más personal y más medios, porque la seguridad es un pilar fundamental para la calidad de vida y la convivencia de nuestros vecinos y vecinas”.

Las medidas implementadas se completan con la instalación de focos disuasorios con detección de movimiento en zonas sensibles, especialmente en instalaciones deportivas, para prevenir actos vandálicos durante la noche.

A diferència d'altres pobles de Mallorca, a penes hi ha trànsit per a accedir a Santa Eugènia, on transcorre un matí tranquil típic d'entre setmana. Enclavat a l'interior de l'illa, aquesta localitat de poc més de 1.800 habitants viu aquests dies, no obstant això, un debat inesperat: la presència, tal com va revelar la setmana passada elDiario.es, de més de mig centenar de càmeres de vigilància la proliferació de les quals ha despertat opinions oposades entre els seus veïns. Mentre uns qüestionen la transparència, la ubicació i la proporcionalitat dels dispositius, que operen sense que la seva legalitat estigui del tot clara, uns altres consideren necessaris aquests artefactes per a garantir la seguretat d'un poble que, segons al·lega l'alcalde i consta a la memòria d'activitats de les policies locals de Balears relativa a 2024, compta amb tan sols dos agents municipals.

“Els caps de setmana només hi ha un policia. Ni Guàrdia Civil ni res”, comenta Ramón, qui atén a aquest periòdic mentre pren un cafè recolzat a la barra d'un dels pocs bars del municipi, poc acostumat a ser escenari de controvèrsies tecnològiques. Preguntat pel renou generat en els últims dies, afirma que no veu “gens dolent” en el fet que les càmeres abundin, a diferents altures, a la via pública del nucli urbà. “No és necessari que ocorri gens greu, basta que un cotxe et pegui en el retrovisor i no et deixin ni un paperet”, afegeix aquest vilatà, qui assegura que “molts veïns ni siquera sabien que hi havia càmeres. Ara porten diversos dies comentant el tema pel renou generat per les notícies. La gent del poble no parla de les càmeres”.

El bar està regentat per Álex i Samanta, els qui, igual que Ramón, creuen pertinents els dispositius davant la manca d'efectius policials. “Aquí ens van entrar a robar, però no arribem a veure qui era perquè anava tapat. També s'han produït altres robatoris. Aquestes càmeres són necessàries, no són per a mirar la gent”, defensen.

“Bastaria que n’hi hagués una a cada entrada del poble”

Caminant pels carrers de Santa Eugènia, un altre veí, Onofre, opina el contrari: “Bastaria que hi hagués una a cada entrada del poble”. Segons la seva opinió, els arguments oferts per l'alcalde sobre la falta d'agents municipals “són excuses”, atès que, en la seva opinió, “la criminalitat no ha augmentat. De tant en tant hi ha hagut algun robatori, però res més”. El resident es mostra, sobretot, indignat amb els punts on estan instal·lats alguns dels dispositius: “Prop del col·legi, de la piscina... Per a mi és molt lleig”.

Marga, una altra veïna, es mostra, de nou, a favor de la implantació d'aquests artefactes: “Fa un parell d'anys no hi havia punts. A la meva mare li van cremar el cotxe i ningú es va adonar. I ni li ho van pagar”. Més enllà de la seva experiència personal, al·lega que les càmeres permeten regular el trànsit del municipi: “En teoria has d'anar a 30, però molta gent va a 50 o 60 i no passa res”.

“Mentre les càmeres no s'utilitzin malament i hi hagi un motiu, no m'afecten”

Altres veus reclamen més informació i transparència mentre expressen la seva confusió: “No era conscient que hi hagués tantes càmeres”, assegura Carol, qui, amb tot, assegura no sentir-se “vigilada”. “Potser el rebombori generat en els últims dies ha magnificat la sensació d'alarma”. Alguns asseguren que no han percebut canvis en el seu dia a dia i que la presència dels dispositius, encara que cridanera, no interfereix en la seva rutina ni els preocupa especialment. “Mentre no s'utilitzin malament i hi hagi un motiu, tampoc m'afecta”, apunta una altra resident.

Per part seva, un altre resident que opta per mantenir el seu anonimat assenyala que prefereix no pensar que camina “sentint que està sent controlat”, encara que reclama més transparència i una justificació més sòlida que la de ser una mesura dissuasiva davant l'escassetat d'agents. Uns altres assumeixen la presència d'aquests dispositius com a part d'una tendència general cap a una major vigilància en els espais públics.

Un altre resident que opta per mantenir el seu anonimat assenyala que prefereix no pensar que camina "sentint que està sent controlat", encara que reclama més transparència i una justificació més sòlida que la de ser una mesura dissuasòria davant l'escassetat d'agents

Tal com ha pogut comprovar aquest mitjà, les terrasses dels tres bars del poble —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— es troben videovigiladas, amb càmeres apuntant directament a les taules i zones de reunió. En tot just quatre carrers —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles i carrer de l’Església— hi ha 25 càmeres. Els dispositius s'alimenten directament de la xarxa d'enllumenat públic i molts d'ells manquen de qualsevol cartell de senyalització que adverteixi de la seva presència. Els pocs que exhibeixen l'avís resulten estar completament obsolets: remeten a lleis derogades, ometen la identificació de la Policia Local com a destinatària de les imatges i no especifiquen el termini de conservació, entre altres informacions rellevants.

Fonts solvents i coneixedores del sistema van apuntar a aquest periòdic que l'alcalde tindria accés directe a les gravacions des del seu ordinador personal, un extrem que el primer edil ha negat rotundament. Les mateixes veus apunten que la infraestructura permetria la visualització multipantalla en temps real, encara que només una anàlisi forense dels seus equips podria determinar si aquesta funció està activa i si també s'ha habilitat la captació d'àudio. De confirmar-se, els terminals que permeten visualitzar les imatges no estarien sota la custòdia exclusiva de la Policia Local, com exigeix la llei.

La legislació espanyola en matèria de captació d'imatges per part de les administracions públiques és clara i restrictiva. Qualsevol ajuntament que desitgi col·locar càmeres a la via pública ha d'obtenir autorització prèvia del delegat del Govern. La norma obliga a justificar la necessitat del sistema, la seva proporcionalitat i el seu impacte sobre els drets fonamentals. Cap punt de vigilància pot activar-se sense aquest permís exprés i amb una fi degudament acreditada.

El Consistori, dirigit pel socialista Pep Lluís Urraca, qui va rebutjar en un primer moment fer declaracions i va remetre qualsevol resposta a l'empresa GrupoX3, amb la qual té contractat el servei de delegat de protecció de dades, assenyala, no obstant això, que només la Policia Local té accés a les càmeres i que ell només les visualitza en cas de que hagi de signar informes on, per exemple, s'afirmi que en el Punt Verd “s'han tirat residus on no toca”. El primer edil assegura que són una mesura dissuasiva i que els ciutadans “poden estar tranquils”, atès que les imatges s'esborren periòdicament.

Urraca afirma que, quan va arribar al Consistori després del govern del PP, hi havia més d'una vintena de càmeres instal·lades, que totes actualment estan fora de servei, que “sempre es posen a petició de Policia Local” i que, en el cas que apuntin a bars, estan pixelades. Tal com va posar de manifest a elDiario.es, la immensa majoria de dispositius són de trànsit i altres es troben en zones on hi ha aglomeracions i flux de gent per festes o ‘tardeos’. Així mateix, aclareix que han estat pagats amb una subvenció del Govern, és a dir, que no han costat diners públics del Consistori.

Mentrestant, Santa Eugènia sembla atrapada entre dues realitats: la necessitat real de vigilar per falta de recursos policials, segons l'ajuntament, i la inquietud d'uns altres que expressen alguns residents. Amb tot, la situació transcendeix el debat local: fins a on pot arribar la vigilància en nom de la seguretat?

A diferencia de otros pueblos de Mallorca, apenas hay tráfico para acceder a Santa Eugènia, donde transcurre una mañana tranquila típica de entre semana. Enclavado en el interior de la isla, esta localidad de poco más de 1.800 habitantes vive estos días, sin embargo, un debate inesperado: la presencia, tal como desveló la semana pasada elDiario.es, de más de medio centenar de cámaras de vigilancia cuya proliferación ha despertado opiniones encontradas entre sus vecinos. Mientras unos cuestionan la transparencia, la ubicación y la proporcionalidad de los dispositivos, que operan sin que su legalidad esté del todo clara, otros consideran necesarios estos artilugios para garantizar la seguridad de un pueblo que, según alega el alcalde y consta en la memoria de actividades de las policías locales de Balears relativa a 2024, cuenta con tan solo dos agentes municipales.

“Los fines de semana solo hay un policía. Ni Guardia Civil ni nada”, comenta Ramón, quien atiende a este periódico mientras toma un café acodado a la barra de uno de los pocos bares del municipio, poco acostumbrado a ser escenario de controversias tecnológicas. Preguntado por el revuelo generado en los últimos días, afirma que no ve “nada malo” en el hecho de que las cámaras abunden, a distintas alturas, en la vía pública del casco urbano. “No es necesario que ocurra nada grave, basta que un coche te pegue en el retrovisor y no te dejen ni un papelito”, añade este lugareño, quien asegura que “muchos vecinos ni siquiera sabían que había cámaras. Ahora llevan varios días comentando el tema por el revuelo generado por las noticias. La gente del pueblo no habla de las cámaras”.

El bar está regentado por Álex y Samanta, quienes, al igual que Ramón, creen pertinentes los dispositivos ante la carencia de efectivos policiales. “Aquí nos entraron a robar, pero no llegamos a ver quién era porque iba tapado. También se han producido otros robos. Estas cámaras son necesarias, no son para mirar a la gente”, defienden.

“Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”

Caminando por las calles de Santa Eugènia, otro vecino, Onofre, opina lo contrario: “Bastaría que hubiera una en cada entrada del pueblo”. En su opinión, los argumentos ofrecidos por el alcalde acerca de la falta de agentes municipales “son excusas”, dado que, en su opinión, “la criminalidad no ha aumentado. De vez en cuando ha habido algún robo, pero nada más”. El residente se muestra, sobre todo, indignado con los puntos en los que se encuentran instalados algunos de los dispositivos: “Cerca del colegio, de la piscina... Para mí es muy feo”.

Marga, otra vecina, se muestra, de nuevo, a favor de la implantación de estos artilugios: “Hace un par de años no había tantos. A mi madre le quemaron el coche y nadie se dio cuenta. Y ni se lo pagaron”. Más allá de su experiencia personal, alega que las cámaras permiten regular el tráfico del municipio: “En teoría tienes que ir a 30, pero mucha gente va a 50 ó 60 y no pasa nada”.

“Mientras las cámaras no se usen mal y haya un motivo, no me afectan”

Otras voces reclaman más información y transparencia mientras expresan su confusión: “No era consciente de que hubiera tantas cámaras”, asegura Carol, quien, con todo, asegura no sentirse “vigilada”. “Quizás el alboroto generado en los últimos días ha magnificado la sensación de alarma”. Algunos aseguran que no han percibido cambios en su día a día y que la presencia de los dispositivos, aunque llamativa, no interfiere en su rutina ni les preocupa especialmente. “Mientras no se usen mal y haya un motivo, tampoco me afecta”, apunta otra residente.

Por su parte, otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina “sintiendo que está siendo controlado”, aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes. Otros asumen la presencia de estos dispositivos como parte de una tendencia general hacia una mayor vigilancia en los espacios públicos.

otro residente que opta por mantener su anonimato señala que prefiere no pensar que camina "sintiendo que está siendo controlado", aunque reclama más transparencia y una justificación más sólida que la de ser una medida disuasoria ante la escasez de agentes

Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Tal como ha podido comprobar este medio, las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras. Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público y muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia. Los pocos que exhiben el aviso resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.

Fuentes solventes y conocedoras del sistema apuntaron a este periódico que el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Las mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.

La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.

El Consistorio, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, quien rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos, señala, sin embargo, que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” dado que las imágenes se borran periódicamente.

Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Tal como puso de manifiesto a elDiario.es, la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y otros se encuentran en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Mientras tanto, Santa Eugènia parece atrapada entre dos realidades: la necesidad real de vigilar por falta de recursos policiales, según el ayuntamiento, y la inquietud de otros que expresan algunos residentes. Con todo, la situación trasciende el debate local: ¿hasta dónde puede llegar la vigilancia en nombre de la seguridad?

Santa Eugènia és un petit municipi de l’interior de Mallorca amb poc més de dos mil habitants, envoltat de camps de vinyes i camins rurals. Viu al marge del turisme, cosa poc habitual a l’illa. Aquesta aparença tranquil·la contrasta amb una realitat inquietant: en recórrer el centre del poble, és possible observar desenes de dispositius de videovigilància instal·lats a baixa altura a fanals, pals d’enllumenat i façanes, orientats cap a carrers, places i, fins i tot, terrasses de bars.

Han estat els mateixos treballadors i veïns del poble qui, els darrers anys, han alertat de la proliferació de càmeres. elDiario.es ha pogut localitzar sobre el terreny més de mig centenar de dispositius actius i visibles, molts d’ells sense senyalització, que conformen un sistema de vigilància sense precedents en un municipi d’aquestes dimensions. El desplegament s’hauria duit a terme de manera paulatina i sense constar en expedients públics, cosa que suggereix una expansió silenciosa i sense control administratiu.

Sorprèn que tots els carrers i accessos a Santa Eugènia estiguin sota vigilància constant, segons ha pogut comprovar elDiario.es després del seu recorregut pel municipi. Aquesta cobertura garanteix que rostres i matrícules puguin ser identificats pràcticament en qualsevol desplaçament dins o cap al nucli urbà. Un altre detall significatiu és que les terrasses dels tres bars del poble —Can Topa, S’Estació i L’Escargot— també es troben videovigilades, amb càmeres que apunten directament a les taules i zones de reunió. En només quatre carrers —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de s’Aljub, carrer de ses Escoles i carrer de l’Església— hi ha 25 càmeres.

Els dispositius s’alimenten directament de la xarxa d’enllumenat públic. D’altra banda, molts d’ells manquen de qualsevol cartell de senyalització que advertesqui de la seva presència i els pocs que en tenen resulten estar completament obsolets: remeten a lleis derogades, ometen la identificació de la Policia Local com a destinatària de les imatges i no especifiquen el termini de conservació, entre altres informacions rellevants.

El batle i la seva 'finestra indiscreta'

Segons fonts solvents i coneixedores del sistema, el batle tindria accés directe a les gravacions des del seu ordinador personal, un extrem que el primer edil no ha volgut confirmar ni negar. Aquestes mateixes veus apunten que la infraestructura permetria la visualització multipantalla en temps real, encara que només una anàlisi forense dels seus equips podria determinar si aquesta funció està activa i si també s’ha habilitat la captació d’àudio. De confirmar-se, els terminals que permeten visualitzar les imatges no estarien sota la custòdia exclusiva de la Policia Local, com exigeix la llei.

Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia

Polideportivo

Camí llogaret de Ses Alqueries

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Las 50 cámaras ilegales instaladas

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Tot apunta que la xarxa de videovigilància desplegada al cor de Mallorca opera de manera clarament desproporcionada, fins al punt d’haver convertit aquest petit municipi en un dels llocs més vigilats d’Europa. Segons les comparatives disponibles, la densitat de càmeres en aquesta localitat és excepcional fins i tot a escala internacional. Amb un mínim de 50 terminals per poc més de 2.000 habitants, el municipi arriba a una ràtio aproximada de 21 per cada mil veïns. A Madrid la xifra ronda les 4,4; a Londres, 13; a Moscou, 19; i a Seül, 24, segons l'estudi The World’s Most Surveilled Cities, publicat per Comparitech el 2023.

Delegació del Govern no les ha autoritzat

El Consell de Mallorca ha aclarit a elDiario.es que aquesta institució no té cap càmera dins el casc urbà del poble. Per la seva banda, Delegació del Govern ha confirmat a aquest mitjà que no consta cap autorització ni supervisió sobre el sistema de videovigilància de Santa Eugènia en els darrers vuit anys. “No hem tingut cap sol·licitud de renovació ni d’instal·lació de càmeres de l’Ajuntament”, assenyalen des de l’organisme.

La Llei Orgànica 4/1997, que regula l’ús de videocàmeres per part de les Forces i Cossos de Seguretat en espais públics, estableix que la instal·lació de càmeres fixes requereix autorització de Delegació del Govern. La validació depèn de l’informe previ de la Comissió de Garanties, presidida pel president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i formada pel fiscal superior, l’Advocacia de l’Estat i un representant del Ministeri de l’Interior. Els ajuntaments han de presentar la sol·licitud amb informes policials que justifiquin la necessitat; la comissió avalua i el delegat del Govern resol.

L’aprovació el 2021 d’una nova llei de prevenció d’infraccions penals va obrir el debat sobre si aquesta norma deixava sense efecte la regulació de 1997. En territoris com Balears, la interpretació jurídica fou que la llei de 2021 substituïa l’anterior, cosa que traslladava la competència als ajuntaments. “El judici de proporcionalitat corresponia al Consistori i no era necessari passar per Delegació”, expliquen les mateixes fonts.

El febrer de 2025, l’Advocacia de l’Estat aclareix en un informe que la llei de 1997 continua vigent i que la instal·lació de càmeres fixes segueix depenent de la validació de Delegació del Govern. Després d’aquesta conclusió, l’organisme a les Illes Balears comunica l’agost als ajuntaments que totes les càmeres instal·lades entre 2021 i 2025 s’han de regularitzar. “Quan s’aprova en ple o per decret de batlia la instal·lació de càmeres, l’autorització dura un any. En vèncer aquest termini, han de demanar renovació”, recorden des de Delegació.

Un mes després, l’Ajuntament de Santa Eugènia envià un correu electrònic per demanar com podien adequar les càmeres. “Digueren que remetrien un informe, però el que arriba és una nota informativa. És un document que cita normatives i llista ubicacions amb una justificació mínima. Els explicàrem que això no pot sostenir la renovació de càmeres fixes i detallàrem com han de procedir, amb exemples d’altres ajuntaments. Des de llavors, no hem rebut més comunicacions ni han presentat res al registre”, assenyalen les mateixes fonts.

L’Ajuntament, dirigit pel socialista Pep Lluís Urraca, rebutja fer declaracions i remet qualsevol resposta a l’empresa GrupoX3, amb la qual té contractat el servei de delegat de protecció de dades. La companyia, consultada per elDiario.es, es limita a citar la Llei 19/2013 de transparència, que fixa un termini mínim d’un mes per respondre, malgrat que la consulta realitzada no s’ajusta a una petició d’informació sotmesa a aquest procediment.

Sense concurs públic

El sistema de videovigilància municipal està format per una desena de zones de gravació, amb diversos dispositius per emplaçament, cosa que elevaria el total a més de cinquanta terminals connectades a un panell de control presumptament allotjat als ordinadors de l’Ajuntament. Tot i que l’accés hauria d’estar restringit als equips de la Policia Local, en aquest cas també s’hauria habilitat accés des de l’ordinador personal del batle, segons sostenen aquestes tres fonts de solvència.

La contractació de l’empresa encarregada de la instal·lació de les càmeres s’ha fet sense que consti concurs públic. Al Portal de Transparència municipal no hi figura cap referència a licitacions, contractes o resolucions relacionades amb la xarxa de videovigilància ni amb els seus costos d’instal·lació o manteniment. Tot i que no s’han fet públics els costos oficials, fonts del sector estimen que cada dispositiu tendria un preu aproximat de 1.600 euros, en funció del proveïdor i de les característiques tècniques del model.

En aquest cas, només consta un acord oficial —aprovat el 8 de gener de 2020 en el ple municipal— relatiu a la instal·lació de tres càmeres de trànsit amb finalitats de control d’accés i seguretat viària. Des de llavors no s’ha registrat cap menció a l’ampliació del sistema. Tampoc figuren contractes ni adjudicacions en el Portal de Transparència que justifiquin l’expansió de la xarxa.

Les actes del ple no recullen debats sobre la instal·lació, supervisió o ampliació del model municipal de control audiovisual, ni informes tècnics o jurídics que avalin el seu funcionament. Aquesta absència de deliberació política i administrativa contrasta amb la dimensió del desplegament, que s’estén pràcticament per tot el nucli urbà.

“No és un xec en blanc”

La legislació espanyola en matèria de captació d’imatges per part de les administracions públiques és clara i restrictiva. Qualsevol ajuntament que vulgui col·locar càmeres a la via pública ha d’obtenir autorització prèvia del delegat del Govern. La norma obliga a justificar la necessitat del sistema, la seva proporcionalitat i el seu impacte sobre els drets fonamentals. Cap punt de vigilància es pot activar sense aquest permís exprés i amb una finalitat degudament acreditada.

El procediment legal exigeix, a més, diversos passos previs: l’elaboració d’un informe tècnic per part de la Policia Local, un dictamen jurídic municipal que avali la legalitat del tractament d’imatges i l’avaluació de la Comissió de Garanties de Videovigilància de Balears, encarregada de verificar que el projecte respecta la intimitat de les persones i els principis del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Només després de completar aquestes fases es pot emetre l’autorització administrativa i procedir a la instal·lació.

Elena Gil, advocada de dret digital i fundadora de Data Guardians Advocats, aclareix que, fins i tot en aquelles càmeres en què no hi ha gravació i només es permet el visionat en temps real, els dispositius estan sotmesos a la normativa de protecció de dades. “L’autorització de Delegació del Govern té una durada d’un any i es va renovant, no és un xec en blanc”, afegeix. L’advocada explica que aquestes càmeres han d’estar instal·lades en espais públics i que no estan pensades per “gravar sons”.

Una vegada instal·lades, els ajuntaments han de complir amb certes obligacions documentals, en les quals han d’“analitzar” i “deixar per escrit quin és el risc que es pretén cobrir i quin és l’impacte”. “Les càmeres al carrer solen tractar dades a gran escala i ser una observació sistemàtica. Això fa que siguin especialment sensibles i, per això, han d’estar especialment justificats els motius pels quals tu vols omplir un lloc de càmeres. A més, les zones videovigilades han d’estar senyalitzades”, explica Gil.

Què passa després amb aquesta gravació? Segons l’experta, les imatges s’han de suprimir en el termini d’un mes, llevat que les autoritats tinguin constància que existeix un fet concret que necessiti ser vigilat o supervisat. En aquest cas, és possible augmentar-ne la duració, però “amb l’única finalitat de la vigilància i únicament per a l’enviament a les Forces i Cossos de Seguretat o als jutges i tribunals”.

Poder polític i control digital

Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa una nova generació de batles socialistes a la Part Forana de Mallorca. El 2015 s’incorporà a l’Ajuntament de Santa Eugènia com a regidor del PSOE i, quatre anys després, es convertí en el primer batle socialista del municipi gràcies a un pacte amb l’agrupació local FEIM-Santa Eugènia.

El 2023 aconseguí majoria absoluta —amb sis regidors davant tres del PP— i fou investit batle per segona vegada, ja sense necessitat de pactes. Des del març de 2025 compagina la batlia amb la Secretaria de Política Municipal del PSIB-PSOE, un càrrec que el situa a la direcció autonòmica del partit, molt pròxim a l’entorn de Francina Armengol.

“És una xarxa desproporcionada”

El manteniment d’aquesta macroxarxa de càmeres està vigent sota el mandat d’Urraca, malgrat que el batle nega tenir cap tipus d’informació al respecte. A partir de la informació publicada per elDiario.es, l’advocada Gil observa “una desproporció” al poble i apunta que “no s’han seguit els mecanismes per autoritzar les càmeres i considerar que són proporcionals i justes”. A més, assenyala que els dispositius han d’estar senyalitzats i que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) té models de cartells.

Més enllà del cas concret d’aquest municipi, Gil lamenta que els ciutadans puguin arribar a acceptar una “vigilància massiva”: “És un problema que es va agreujant a poc a poc. Comencem a normalitzar el fet d’estar vigilats en diferents àmbits, tant per empreses com per l’Estat, cosa que atempta contra tot tipus de principis. Hem de tenir moltíssim de compte amb generalitzar aquest tipus de pràctiques”.

Mentrestant, la vida a Santa Eugènia discorre amb la calma de sempre, entre camps de vinyes, carrers estrets, places assolellades i rutines que amb prou feines canvien. Però, sota aquesta aparença de quietud, un poble sencer podria estar sent observat des d’un despatx municipal, a través d’un sistema de videovigilància inèdit a Espanya.

Santa Eugènia es un pequeño municipio del interior de Mallorca con algo más de dos mil habitantes, rodeado de campos de viñedos y caminos rurales. Vive al margen del turismo, algo poco habitual en la isla. Esa apariencia tranquila contrasta con una realidad inquietante: al recorrer el centro del pueblo, es posible observar decenas de dispositivos de videovigilancia instalados a baja altura en farolas, postes de alumbrado y fachadas, orientados hacia calles, plazas e, incluso, terrazas de bares.

Han sido los propios trabajadores y vecinos del pueblo quienes, en los últimos años, han alertado de la proliferación de cámaras. elDiario.es ha podido localizar sobre el terreno más de medio centenar de dispositivos activos y visibles, muchos de ellos sin señalización, que conforman un sistema de vigilancia sin precedentes en un municipio de estas dimensiones. El despliegue se habría llevado a cabo de forma paulatina y sin constar en expedientes públicos, lo que sugiere una expansión silenciosa y sin control administrativo.

Sorprende que todas las calles y accesos a Santa Eugènia estén bajo vigilancia constante, según ha podido comprobar elDiario.es tras su recorrido por el municipio. Otro detalle significativo es que las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S'Estació i L'Escargot— también se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras.

Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público. Por otra parte, muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia y los pocos que lo exhiben resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.

El alcalde y su 'ventana indiscreta'

Según fuentes solventes y conocedoras del sistema, el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil ha negado tajantemente. Esas mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.

Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia

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FUENTE: ALBERTO FRAILE

Todo apunta a que la red de videovigilancia desplegada en el corazón de Mallorca opera de forma claramente desproporcionada, hasta el punto de haber convertido este pequeño municipio en uno de los lugares más vigilados de Europa. Según las comparaciones disponibles, la densidad de cámaras en esta localidad es excepcional incluso a escala internacional. Con un mínimo 50 terminales para poco más de 2.000 habitantes, el municipio alcanza una ratio aproximada de 21 por cada mil vecinos. En Madrid la cifra ronda las 4,4, en Londres, 13, en Moscú, 19 y en Seúl, 24, según el estudio The World’s Most Surveilled Cities, publicado por Comparitech en 2023.

El Ayuntamiento: “Las cámaras están fuera de servicio”

El Ayuntamiento, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, rechazó en un primer momento hacer declaraciones y remitió cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos. Tras la publicación del artículo, Urraca ha afirmado a elDiario.es que solo la Policía Local tiene acceso a las cámaras y que él sólo las visualiza en el caso de que tenga que firmar informes donde, por ejemplo, se afirme que en el Punto Verde “se han tirado residuos donde no toca”. El primer edil asegura que son una medida disuasoria en un municipio que solo cuenta con dos agentes de Policía Local y que los ciudadanos “pueden estar tranquilos” porque las imágenes se borran periódicamente.

Urraca afirma que, cuando llegó al Consistorio tras el gobierno del PP, había más de una veintena de cámaras instaladas, que todas actualmente están fuera de servicio, que “siempre se ponen a petición de Policía Local” y que, en el caso de que apunten a bares, están pixeladas. Añade que la inmensa mayoría de dispositivos son de tráfico y que otros están en zonas donde hay aglomeraciones y flujo de gente por fiestas o tardeos. Asimismo, aclara que han sido pagados con una subvención del Govern, es decir, que no han costado dinero público del Consistorio.

Delegación del Gobierno no las ha autorizado

El Consell de Mallorca ha aclarado a elDiario.es que esta institución no tiene ninguna cámara en el casco urbano del pueblo. Por su parte, Delegación del Gobierno ha confirmado a este medio que no consta ninguna autorización ni supervisión sobre el sistema de videovigilancia de Santa Eugènia en los últimos ocho años. “No hemos tenido ninguna solicitud de renovación ni de instalación de cámaras del Ayuntamiento”, señalan desde el organismo.

La Ley Orgánica 4/1997, que regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en espacios públicos, establece que la instalación de cámaras fijas requiere autorización de Delegación del Gobierno. La validación depende del informe previo de la Comisión de Garantías, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y compuesta por el fiscal superior, la Abogacía del Estado y un representante del Ministerio del Interior. Los ayuntamientos deben presentar la solicitud con informes policiales que justifiquen la necesidad; la comisión evalúa y el delegado del Gobierno resuelve.

La aprobación en 2021 de una nueva ley de prevención de infracciones penales abrió el debate sobre si esta norma dejaba sin efecto la regulación de 1997. En territorios como Balears, la interpretación jurídica fue que la ley de 2021 sustituía a la anterior, lo que trasladó la competencia a los ayuntamientos. “El juicio de proporcionalidad correspondía al Consistorio y no era necesario pasar por Delegación”, explican las mismas fuentes.

En febrero de 2025, la Abogacía del Estado aclara en un informe que la ley de 1997 sigue vigente y que la instalación de cámaras fijas continúa dependiendo de la validación de Delegación del Gobierno. Tras esa conclusión, el organismo en las Illes Balears comunica en agosto a los ayuntamientos que todas las cámaras instaladas entre 2021 y 2025 deben ser regularizadas. “Cuando se aprueba en pleno o por decreto de alcaldía la instalación de cámaras, la autorización dura un año. Al vencer ese plazo, tienen que pedir renovación”, recuerdan desde Delegación.

Un mes después, el Ayuntamiento de Santa Eugènia envió un correo electrónico para preguntar cómo podían adecuar las cámaras. “Dijeron que remitirían un informe, pero lo que llega es una nota informativa. Es un documento que cita normativas y lista ubicaciones con una justificación mínima. Les explicamos que eso no puede sostener la renovación de cámaras fijas y detallamos cómo deben proceder, con ejemplos de otros ayuntamientos. Desde entonces, no hemos recibido más comunicaciones ni han presentado nada al registro”, señalan las mismas fuentes.

Urraca confirma este extremo: “Enviamos un informe a Delegación del Gobierno y nos respondieron que teníamos que matizar ciertos aspectos del documento que no eran correctos. Desde agosto las cámaras están paradas. La Policía Local ha hecho un informe interno”. Sin embargo, el alcalde no puede especificar cuántas cámaras están instaladas en el municipio. Sobre la falta de peticiones de renovación a Delegación de Gobierno antes de 2021 –las cámaras tienen que ser renovadas cada año–, el primer edil afirma que no tiene “conocimiento ni argumentos”.

Sin concurso público

La contratación de la empresa encargada de la instalación de las cámaras ha sido realizada sin que conste concurso público. En el Portal de Transparencia municipal no figura ninguna referencia a licitaciones, contratos o resoluciones relacionadas con la red de videovigilancia ni con sus costes de instalación o mantenimiento. Aunque no se han hecho públicos los costes oficiales, fuentes del sector estiman que cada dispositivo tendría un precio aproximado de 1.600 euros, en función del proveedor y las características técnicas del modelo.

En este caso, solo consta un acuerdo oficial —aprobado el 8 de enero de 2020 en el pleno municipal— relativo a la instalación de tres cámaras de tráfico con fines de control de acceso y seguridad vial. Desde entonces no se ha registrado ninguna mención a la ampliación del sistema. Tampoco figuran contratos ni adjudicaciones en el Portal de Transparencia que justifiquen la expansión de la red.

Las actas del pleno no recogen debates sobre la instalación, supervisión o ampliación del modelo municipal de control audiovisual, ni informes técnicos o jurídicos que avalen su funcionamiento. Esta ausencia de deliberación política y administrativa contrasta con la dimensión del despliegue, que se extiende por prácticamente todo el núcleo urbano. Sobre la falta de contratos en el Portal de Transparencia, Urraca señala: “Cuando ha hecho falta una cámara, se ha hecho un informe de necesidad y se ha comprado”.

“No es un cheque en blanco”

La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.

El procedimiento legal exige, además, varios pasos previos: la elaboración de un informe técnico por parte de la Policía Local, un dictamen jurídico municipal que respalde la legalidad del tratamiento de imágenes y la evaluación de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Balears, encargada de verificar que el proyecto respeta la intimidad de las personas y los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Solo tras completar esas fases puede emitirse la autorización administrativa y proceder a la instalación.

Elena Gil, abogada de derecho digital, fundadora de Data Guardians abogados, aclara que, incluso en aquellas cámaras en las que no existe grabación y solo se permite el visionado en tiempo real, los dispositivos están sometidos a la normativa de protección de datos. “La autorización de Delegación del Gobierno tiene una duración de un año y se va renovando, no es un cheque en blanco”, añade. La abogada aclara que estas cámaras deben estar instaladas en espacios públicos y que no están pensadas para “grabar sonidos”.

Una vez instaladas, los ayuntamientos deben contar con ciertas obligaciones documentales, en las cuales deben “analizar” y “dejar por escrito cuál es el riesgo que se pretende cubrir y cuál es el impacto”. “Las cámaras en la calle suelen tratar datos a gran escala y ser una observación sistemática. Esto hace que sean especialmente sensibles y, por ello, tienen que estar especialmente justificados los motivos por los que tú quieres llenar un sitio de cámaras. Además, las zonas videovigiladas tienen que estar marcadas”, explica Gil.

¿Qué pasa después con esta grabación? Según la experta, las imágenes deben ser suprimidas en el plazo de un mes, salvo que las autoridades tengan constancia de que existe un hecho en concreto que necesite ser vigilado o supervisado. En este caso, es posible aumentar la duración, pero “con la única finalidad de la vigilancia y únicamente para el envío a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a jueces y tribunales”.

Poder político y control digital

Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa a una nueva generación de alcaldes socialistas en la Part Forana de Mallorca. En 2015 se incorporó al Ayuntamiento de Santa Eugènia como concejal del PSOE y, cuatro años después, se convirtió en el primer alcalde socialista del municipio gracias a un pacto con la agrupación local FEIM-Santa Eugènia.

En 2023 obtuvo mayoría absoluta —con seis regidores frente a tres del PP— y fue investido alcalde por segunda vez, ya sin necesidad de pactos. Desde marzo de 2025 compagina la alcaldía con la Secretaría de Política Municipal del PSIB-PSOE, un cargo que lo sitúa en la dirección autonómica del partido, muy próximo al entorno de Francina Armengol.

“Es una red desproporcionada”

En base a la información publicada por elDiario.es, la abogada Gil observa “una desproporción” en el pueblo y apunta que “no se han seguido los mecanismos para autorizar las cámaras y considerar que son proporcionales y justas”. Además, apunta que los dispositivos tienen que estar señalizados y que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene modelos de carteles.

Más allá del caso concreto de este municipio, Gil lamenta que los ciudadanos puedan llegan a aceptar una “vigilancia masiva”: “Es un problema que se va agravando poco a poco. Empezamos a normalizar estar vigilados en distintos ámbitos, tanto por empresas como por el Estado, lo cual atenta a todo tipo de principios. Debemos tener muchísimo cuidado con generalizar este tipo de prácticas”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la seguridad está “muy garantizada” en Aragón, con casi 3.200 efectivos de Guardia Civil desplegados. También en la provincia de Teruel, donde desarrollan su actividad 684 de ellos y que cuenta con seis agentes policiales por cada mil habitantes.

Grande-Maraska ha asistido este jueves a la inauguración del nuevo cuartel de Guardia Civil en Utrillas (Teruel), donde ha desgranado el despliegue de la Benemérita en la provincia, con 684 efectivos, una de las plantillas “más nutridas” de su historia, que se suma a 131 agentes de Policía Nacional. El resultado, ha manifestado el ministro del Interior, refleja un aumento en el número de efectivos de la provincia de Teruel hasta un 1,4% desde 2018. No obstante, ha reconocido que necesitan“mucho más”.

En siete años, ha continuado Grande-Marlaska, han “logrado revertir la pérdida de más de 300 efectivos en Aragón que se había producido en las legislaturas precedentes, 50 de ellos en las tierras turonenses”.

De acuerdo a los datos publicados en el pasado mes de septiembre, la provincia de Teruel presenta un índice de seis agentes policiales por cada mil habitantes. Ha contrapuesto esta cifra a la media nacional, 3,9 agentes por cada mil habitantes. Una media, ha apostillado, en la que también se sitúa la Comunidad Autónoma de Aragón.

En este sentido, ha defendido que “hay que valorar las circunstancias de cada provincia, por ejemplo, cómo están los núcleos urbanos, para así interpretar los datos en ese sentido”. “Puedo aseguraros que todas y todos los residentes en esta provincia, por supuesto, y también aquí en Utrillas, contáis con un eficiente servicio público de seguridad y vamos a garantizar que así sea, a pesar las circunstancias contingentes que ha dicho el alcalde, pero evidentemente vamos a conseguirlo”, ha pronunciado Grande-Marlaska.

El titular de Interior ha agregado que, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 2025, la criminalidad convencional se ha reducido en un 1% respecto al mismo periodo del año pasado en la provincia de Teruel y que la tasa de criminalidad se sitúa en 29,7 delitos e infracciones penales por cada mil habitantes, es decir, 21 puntos por debajo de la tasa total nacional que es de 50,7 infracciones por cada mil habitantes.

A su juicio, estas cifras respaldan la afirmación de que España “es uno de los países más seguros del mundo” y que “pocos lugares hay en el planeta más seguros y protegidos que estas localidades de Teruel”.

Por último, ha indicado que los datos aportados sobre seguridad en la provincia de Teruel son fruto, en gran medida, “del esfuerzo, preparación profesional y compromiso con el servicio público de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Más efectivos en Utrillas

Una de las reclamaciones del alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, en la inauguración del nuevo cuartel ha sido dotar al cuartel del municipio y de toda la provincia de los efectivos suficientes para garantizar la seguridad en el territorio. Ha precisado que, en la actualidad, hay cuatro agentes cuando debería haber doce.

A este respecto, el ministro del Interior ha recalcado su compromiso “absolutamente firme” con parte del territorio menos poblado de España, donde están “incrementando las plantillas”. En el caso concreto de Utrillas, Grande-Marlaska ha comentado que el hecho de que solo haya cuatro agentes de una dotación de doce responde a “circunstancias contingentes muy concretas”, aludiendo a bajas laborales y de paternidad.

“Estamos trabajando también para que estas situaciones puedan encararse con comisiones de servicio u otras posibilidades de actuación que no vayan en detrimento del servicio integral y completo”, ha aclarado el ministro del Interior.

Este acuartelamiento ha supuesto una inversión de 3,1 millones de euros y ha sido construido a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). Incluido en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE), la edificación ha sido diseñada bajo estrictos criterios de funcionalidad y sostenibilidad, reforzando su operatividad y eficiencia a corto, medio y largo plazo.

El nuevo cuartel constituye un modelo de integración entre “innovación arquitectónica, sostenibilidad y compromiso social”, ha enumerado Sofía Hernanz, presidenta de la SIEPSE. Además de optimizar las capacidades operativas de la Guardia Civil, refuerza su relación con la comunidad, respetando el entorno y respondiendo a las necesidades actuales y futuras.

El proyecto contempla dos edificios independientes: uno destinado a dependencias oficiales y otro a viviendas, separados por un patio de armas. El complejo ocupa una parcela de 3.445 metros cuadrados y una superficie construida de más de 1.000 metros cuadrados, ha detallado la presidenta de la SIEPSE.

Vecinos de Calahorra (La Rioja) se han concentrado en las últimas horas frente a los porches del Ayuntamiento para pedir “vivir en un localidad segura”. La concentración, convocada por redes sociales, se ha producido tras el último altercado ocurrido la madrugada del sábado al domingo en el que un joven fue agredido en las inmediaciones de la calle El Sol de la localidad. El suceso, tal y como confirmó la Guardia Civil, se produjo la madrugada del domingo en la zona del Pasaje de la localicad calagurritana. Una pelea entre jóvenes terminó con un herido en el Hospital San Pedro de Logroño y otra persona detenida. Al parecer, el herido ha recibido un golpe en la cabeza y ha tenido que ser trasladado al hospital de Logroño.

La Glorieta del Quintiliano, lugar de la concentración, se cerró al tráfico rodado. La Guardia Civil movilizó a 83 agentes y su intervenión no fue necesaria más allá del control preventivo y de circulación. También estuvieron presentes agentes de la Policía Local de Calahorra.

“Nos conocemos, sabemos quién respeta las normas y quién no”

En la concentración convocada en las útlimas horas, un joven calagurritano Alejandro Alegría que se definió como “un ciudadano más” tomó la iniciativa para exigir “leyes y medios que protejan a la gente” y aseguró ante centenares de vecinos que “hoy nos reunimos aquí para decir alto y claro que la violencia no tiene cabida en nuestra ciudad. Nuestras calles tienen que ser seguras para todos”. “Nos conocemos, sabemos quién respeta las normas y quién no, y no vamos a permitir que unos pocos manchen la convivencia que tanto valoramos”, ha añadido.

Además, Alegría aseguró que “esto no va de banderas ni de etiquetas, va de algo mucho más simple y justo. Quien la hace, la paga, y de que necesitamos leyes y recursos que realmente protejan a la gente. Con lo que tenemos ahora, es difícil que así sea”. Y añadió que “los jóvenes de Calahorra no vamos a responder con odio, porque el odio solo trae más problemas, y somos una ciudad pacífica. Pero tampoco vamos a quedarnos en silencio. Vamos a responder unidos, defendiendo nuestras calles, nuestra gente y nuestra forma de vivir”. “No pedimos nada extraordinario, solo vivir en paz y con la certeza de que la seguridad está garantizada para todos”, apuntó.

Un manifiesto que recibió el aplauso cerrado de las personas asistentes.

La Glorieta del Quintiliano, lugar de la concentración, se cerró al tráfico rodado. La Guardia Civil movilizó a 83 agentes y su intervenión no fue necesaria más allá del control preventivo y de circulación. También estuvieron presentes agentes de la Policía Local de Calahorra.

También en las últimas horas, y antes de la concentración, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, cuestionaba en los micrófonos de la Cadena SER en La Rioja la versión oficial: “esa es la versión oficial, la de los testigos presenciales dicen que fue una agresión y cuando detengan al responsable estará todo claro”, tratando por tanto como “una versión” las explicaciones de la Guardia Civil. Además, ha urgido a que se esclarezcan los hechos y “quien haya delinquido vaya a la cárcel y se quede una larga temporada”, a lo que ha añadido: “Y si no es español, que pase la cárcel en sus países de origen”.

“El objetivo es anticiparnos a todos los escenarios posibles; por eso, vamos a tener todo el dispositivo policial preparado, para estos días continuaremos con un operativo de cooperación de la Policía Local y la Guardia Civil”, ha informado este domingo la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, tras reunirse con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, el coronel de la 5a Zona de la Guardia Civil y el comisario de la Policía Local.

La junta ha abordado los conflictos surgidos en los últimos días en el municipio, después de que distintas organizaciones de ultras hayan alentado a través de grupos en Telegram y otras plataformas “patrullas” de “caza” a migrantes magrebíes, foco de las persecuciones de estos exaltados que ya se tomaron este viernes la justicia por su mano en respuesta a la brutal agresión sufrida el pasado miércoles contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de un joven presuntamente de origen magrebí.

“Se trata de convocatorias que se han organizado a través de distintos grupos antisistema en redes sociales con comentarios xenófobos e incitando al odio, y esto no se puede permitir, por eso las investigaciones están siendo muy minuciosas”, ha apuntado la delegada.

“Hemos hecho balance de las situaciones acontecidas hasta ahora”, ha continuado la delegada, quien ha recordado que ya hay una persona detenida por desorden público por lanzar objetos a la fuerza. “Pero hay muchas personas identificadas, la Policía Judicial está detrás de todos estos hechos y en breve daremos mas informaciones de los responsables de generar esta situación”.

Sobre los altercados de este sábado en Torre Pacheo, Guevara ha dicho que “tras contener a los dos pequeños bandos que intentaron enfrentarse y disgregarlos, durante toda la madrugada hubo presencia policial por las calles del municipio para evitar nuevos conatos”.

El alcalde de Torre Pacheco, Ángel Roca Tornel, ha agradecido a la Delegación el dispositivo: “Al haber patrullas toda la noche se evitaron males mayores y se pudo contener el altercado; en cuestión de un par de horas la cosa estaba controlada”. A las dos y media de la mañana, ha apuntado, “ya estaba todo tranquilo”.

Tornel ha adelantado que durante la reunión se ha hecho previsión de los medios de los que se va a disponer, “para estar preparados para los próximos días, en los que espero que se pueda dar solución a la violencia”. El alcalde ha lanzado un mensaje de tranquilidad: “En Torre Pacheco lo que queremos es convivir, convivir bien”. Pero también “atajar la delincuencia que tenemos en nuestro pueblo, algo que también hemos abordado y a lo que se dará solución cuando pase la soflama de estos acontecimientos”.

Mantener la convivencia

El coronel de la 5a Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, ha insistido en que se ha organizado un dispositivo “importante” para mantener la convivencia en la localidad “y se reforzarán aquellas zonas más sensibles en un dispositivo conjunto con la Policía Local para evitar más conatos”.

La Guardia Civil, ha continuado, “está investigando todas las actuaciones y todo lo que se ha podido ver para identificar a los autores de los delitos; vamos a recarbar todas las pruebas para presentar ante las autoridades judiciales a todos los que han propiciado este tipo de situaciones”.

Por su parte, el comisario de la Policía Local, José Mercader, ha agradecido la “buena” colaboración con la Guardia Civil, “gracias a la que se han podido evitar situaciones de conflicto indeseables”.

Al menos un detenido y varios heridos

Este mismo domingo la delegada del Gobierno ha confirmado a primera hora el arresto de una persona en el municipio, donde hay además al menos tres personas heridas leves. Guevara ha indicado que “durante todo el día de hoy” se ha mantenido un dispositivo que se ha reforzado con incorporación de diferentes unidades y con la puesta a disposición de “todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino” desde la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid y el Ministerio de Interior, según informa Europa Press.

En el refranero popular podemos encontrar varios ejemplos que resumen a la perfección el contenido de este artículo, como “quien siembra vientos, recoge tempestades” o “cría cuervos y te sacarán los ojos”, entre tantos otros. Los saberes populares indican algo que también corroboran estudios mucho más sesudos en el ámbito de la paz y la seguridad: si inviertes en armas, tendrás violencia.

Diversas investigaciones demuestran que el incremento del gasto militar lleva parejos periodos de mayor inestabilidad. Estos análisis cuestionan un concepto de seguridad militarizado que se ha impuesto como el único modelo de seguridad posible. La realidad es que, más allá de los tanques, las fronteras y las alambradas, hay otras maneras de entender la seguridad. La seguridad humana, la del día a día, se garantiza reforzando los derechos y atendiendo las preocupaciones de las personas que se enfrentan cada mañana al inmenso reto de sostener la vida.

Sin embargo, según el CIS, las amenazas terroristas o la inseguridad están lejos de ser las principales preocupaciones de quiénes vivimos en el Estado español. Esta lista la encabezan aspectos como la vivienda, el paro o la enquistada crisis de la política institucional. A pesar de esto, los recursos y esfuerzos que se destinan a aliviar estos temores están muy por debajo de los que se destinan a garantizar la llamada “seguridad nacional”.

El nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado por el Gobierno cuenta con un presupuesto de 10.471 millones de euros, y servirá para “proteger sus fronteras, su territorio y sus Fuerzas Armadas con una perspectiva integral de 360º”. Puede que este plan sirva para proteger las fronteras (sic) pero, ¿sirve este plan para proteger a las personas que habitamos este territorio? ¿o para garantizar la seguridad de quiénes lo transitan en busca de una vida mejor?

A lo largo de las 21 páginas que tiene el documento, que hace verdaderos equilibrios para justificar lo injustificable, no hay ni una sola referencia a conceptos como democracia o derechos humanos. Hemos normalizado que hablar de seguridad sea hablar de tanques y misiles y que el discurso de los derechos quede fuera de esta esfera. Hemos aceptado la deshumanización de la seguridad como un mal menor.

Si miramos más allá de nuestra fronteras, las principales amenazas contra la vida son la pobreza y la emergencia climática. No obstante, el avance del autoritarismo y las desigualdades, así como las respuestas militarizadas a problemas ambientales, políticos, sociales o económicos son las causas estructurales sobre las que se erigen las mayores amenazas para la paz y la seguridad a nivel global.

Invertir en armas no es invertir en seguridad, es reforzar un negocio sangriento que se lucra con la muerte de miles de personas y que contribuye de manera directa a acelerar la emergencia climática

La industria de la guerra es responsable del 5% de las emisiones globales de CO2. Invertir en armas no es invertir en seguridad, es reforzar un negocio sangriento que se lucra con la muerte de miles de personas y que contribuye de manera directa a acelerar la emergencia climática. Una industria que se nutre de los combustibles fósiles y que reproduce las estructuras más violentas del patriarcado, el miedo como herramienta de control y el uso de la fuerza como única forma de relacionarnos.

¿Cómo vamos a sentirnos seguras en un mundo liderado por estados que están sosteniendo y facilitando el genocidio en Palestina? ¿Cómo vamos a sentirnos protegidas por un sistema que prioriza el beneficio de las empresas sobre los derechos de las personas o del planeta? Más armas no van a detener a fascistas y criminales como Putin, Trump o Netanyahu.

Necesitamos abrir un espacio de diálogo que sea capaz de identificar de manera honesta cuáles son las amenazas reales que ponen en peligro la vida y la sostenibilidad de nuestro planeta y dibuje colectivamente un nuevo modelo de seguridad y de gobernanza global. El fortalecimiento de las democracias participativas, la democratización del derecho, la descolonización de los sistemas de internacionales protección y una transición ecológica justa, son algunos de los mecanismos que ayudarán a contener las amenazas actuales, forjando al mismo tiempo las bases para un nuevo modelo de seguridad que garantice el derecho a una vida digna, libre de miedo, miseria y violencias.

No podemos buscar la paz haciendo la guerra, porque volviendo al refranero popular, esto será pan para hoy, y hambre para mañana.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para aclarar las circunstancias en las que un joven pudo ser herido por la propia Policía vasca en los disturbios registrados el pasado mes de abril por el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao. El joven denunciante es Iker Arana, quien asegura haber perdido “un testículo por las cargas policiales” durante el desalojo debido a que uno de los agentes, según expone, le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna.

Según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento Vasco, la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Ahora bien, ha reconocido que hay una denuncia. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, ha destacado el consejero.

“Tal y como dijo el consejero Bingen Zupiria, la Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, aseguró Arana en una rueda de prensa realizada tras permanecer seis días ingresado en el hospital de Basurto.

El joven anunció en ese encuentro su intención de denunciar a la Ertzaintza, denuncia que fue interpuesta el 23 de abril y por la que se ha abierto un atestado. “Quiero informar de que interpondré las correspondientes denuncias para que se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial. Sé que será un camino largo y duro porque como he visto en casos similares las instituciones del Estado protegen a la Policía y dificultan el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de responsabilidades. Aun siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Quiero destacar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir”, aseguró.

En este sentido, Zupiria ha mostrado en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, ha indicado.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, ha afirmado el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria ha confirmado que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, ha matizado. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, ha subrayado.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, ha informado de que no van a realizar comentarios al respecto.

Cerca de 750 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional han estado opertivos desde que se produjera el apagón ayer lunes a las 12:32 de la mañana. En concreto, un total de 501 guardias viciles han reforzado la seguridad ciudadana, sobre todo en las localidades riojanas en la que el suministro eléctrico se recuperó más tarde. En número de policías nacionales ascendió a 242.

Asimismo, la UME se ha incorporado en el únicmo CECOPI celebrado este martes a las 8:00 horas tras la declaración de la situación operativa 3, aunque no ha sido necesaria su intervención.

Durante la noche del lunes al martes, un dispositivo especial ha seguido garantizando la seguridad ciudadana, en respuesta a las incidencias causadas por el apagón. En las imágenes, vigilancia de un polígono industrial en La Rioja.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha asistido este martes junto a la concejal de Policía, M.ª Carmen Guevara, a una reunión en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid, donde la directora general le ha confirmado la ampliación del catálogo de Guardias Civiles en Los Alcázares. 

“Es una gran noticia para nuestro municipio que por fin podemos celebrar tras muchos meses, incluso años, de reuniones y trabajo para alcanzar esta medida que supondrá un aumento significativo de la seguridad en Los Alcázares”, ha declarado el alcalde de Los Alcázares tras salir de la reunión mantenida en Madrid con Mercedes González, directora general de Guardia Civil.

En cuestión de meses, se ampliará el catálogo de Guardias Civiles de Los Alcázares, lo que se traduce en más presencia de agentes de Guardia Civil en las calles de esta localidad. “Es una medida que responde a las demandas de un municipio que continúa en crecimiento y que se enfrenta a nuevas problemáticas a las que debemos de hacer frente”, explica la concejal de Policía M.ª Carmen Guevara. 

Durante la reunión mantenida este martes en Madrid, Mario Pérez Cervera ofreció a la directora general de Guardia Civil el uso del edificio municipal de CIDETUR para establecer un cuartel de Guardia Civil y mejorar así la condiciones laborales de los agentes y la atención ciudadana. Se trata de un edificio municipal totalmente habilitado y disponible que cuenta con una parcela de más de 2.200 metros cuadrados ubicada en la urbanización Oasis de Los Narejos. 

“Los Alcázares crece y es necesario que al mismo tiempo crezca también la seguridad, y para ello ponemos a disposición todos los medios materiales y humanos de los que disponemos en el Ayuntamiento de Los Alcázares”, concluye Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares.

La ciudad de Sevilla cerró el año 2024 con un total de 51.147 infracciones penales que suponen una caída de la criminalidad del 4,9% respecto a los 53.760 casos de 2023. Así lo apuntan los datos del último balance de criminalidad del Ministerio de Interior, que recogen también que que la delincuencia se redujo un 2,3% en la provincia el año pasado con relación a 2023 y un 0,8% en Andalucía.

Entre las 51.147 infracciones penales registradas en Sevilla capital en 2024, los homicidios dolosos y asesinatos consumados subieron entre 2023 y 2024 un 17,7%, de seis a siete casos, si bien esos mismos delitos pero en grado de tentativa cayeron un 20%, de 40 a 32 casos.

Los delitos contra la libertad sexual cayeron por su parte un 14,4% entre 2023 y 2024, de 368 a 315 casos, mientras los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajaron un 9,9%, de 2.104 a 1.895 casos. Los hurtos caen también un 9,3%, de 17.390 infracciones en 2023 a 15.781 en 2024. Por su parte, sube el tráfico de drogas un 17,8%, de 269 a 317 casos en la comparativa interanual, así como la ciberdelincuencia un 3%, de 9.132 casos en 2023 a 9.402 el año pasado.

Los datos de la provincia

En el conjunto de la provincia, las infracciones penales caen un 2,3%, de 102.860 casos de 2023 a 100.453 en 2024, con 26,7% menos homicidios dolosos y asesinatos consumados, de 15 en 2023 a once el año pasado. También se reduce un 20% en esta misma modalidad delictiva pero en grado de tentativa, al registrar 67 casos en 204 frente a los 84 de 2023.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, por su parte, suben un 12% en 2024 en la provincia respecto a 2023, con 1.517 casos tras los 1.354 del año previo.

Los delitos contra la libertad sexual suben un 3,6%, de 691 en 2023 a 716 en 2024 en la provincia, mientras los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se reducen un 9,2%, de 5.130 a 4.659 casos. También bajan un 7,2% los hurtos, de 25.799 a 23.973 infracciones penales, si bien la ciberdelincuencia sube un 2,2%, de 18.961 a 19.372 casos entre 2023 y 2024.

La Guardia Civil ha detonado una granada de mano originaria de la guerra civil en la localidad de Brihuega en Guadalajara. Fue localizada por un ciudadano en un paraje del término municipal, y estaba “totalmente activa”, a la vez que “muy inestable”.

Hasta el lugar del hallazgo se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Brihuega y de Torija, que permanecieron en el lugar custodiando el artefacto. Seguidamente el Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL) de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, valoró el estado del explosivo, tratándose de una granada de mano tipo OTO, de origen italiano, con la carga intacta.

Tras realizar estas actuaciones, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil, 062, dio aviso al Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) con base en Valdemoro (Madrid), para que se hiciese cargo del artefacto. Una dotación de este Servicio se trasladó al lugar de los hechos, se hizo cargo del explosivo y procedió a su explosión controlada, ya que el mismo se encontraba intacto, con toda su carga explosiva.

Desde la Guardia Civil se recuerda que, ante la aparición de este u otro tipo de munición y/o artefacto, debido a su peligrosidad, como en este caso que se encontraba totalmente activo, la actuación del ciudadano debe limitarse a comunicar dicha incidencia al teléfono de urgencias de la Guardia Civil 062 o al teléfono de emergencias 112 y señalizar la zona para evitar accidentes.

El sindicato Euspel y el movimiento asindical Ertzainas en lucha se han manifestado este lunes por las calles de Bilbao para exigir un “convenio digno” que renueve el actual, congelado durante años, y una equiparación real. Cientos de ertzainas han desfilado por Bilbao tras una pancarta que rezaba “Por un convenio digno. 12 años sin convenio”. “Rechazo de los ertzainas, a un acuerdo a espaldas del colectivo, inconcreto, que nos aleja de la equiparación”, había protestado ya Euspel de antemano en redes sociales, a raíz del acuerdo al que ha llegado ya la mayoría sindical (integrada por Erne, Esan y Sipe) con el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que contempla un incremento bruto mínimo de 4.200 euros por agente.

Desde Ertzainas en lucha, ha acusado a aquellos sindicatos de “traición”. “No conocíamos a nadie que fuera capaz de firmar un contrato, unas escrituras ni un acuerdo regulador sin leer la letra pequeña. Hasta hoy. La des-unión sindical ha firmado un acuerdo de bases sobre el convenio, sin saber en detalle las modificaciones y afecciones a esos emolumentos. Dicen que van a someterlo a votación de sus bases. Nicolás Maduro también lo hizo”, protestó cuando trascendió el acuerdo. “Cargamos un 20% de pérdida de poder adquisitivo desde hace trece años, pero eso no les importa al ofertar miserias, mientras solicitan un compromiso del que ellos carecen”, abundaban. Les acusaron, además, de “firmar la condena de todo un colectivo sin garantizar lo que ocurrirá en el 2028”, año en el que previsiblemente se celebrarán elecciones. Y avanzaban: “No tenemos equiparación salarial, ellos tampoco tendrán paz social, el conflicto continúa”.

El acuerdo de la mayoría sindical

La semana pasada, los sindicatos Erne, Esan y Sipe anunciaron que el pacto recogía una equiparación de las productividades (nocturnos o festivos) y otros complementos con las del resto de funcionarios del Gobierno. Otras medidas del pacto -señalaron entonces- son la anulación de la penalización en las productividades por causar baja o coger licencia. Hay ajustes para la denominada carrera profesional. También se recoge un plus de participación en actividades de control de masas y orden público, en determinadas unidades vinculado a formación.

El consejero Zupiria, por su parte, indicó que el acuerdo permitirá “renovar el convenio laboral” y continuar “modernizando y agilizando la organización” de la Policía vasca. Se estima una inversión de 45 millones de euros. Tras pactar las bases con “mucho diálogo” y “voluntad” por las dos partes, el compromiso es “traducirlas” en un convenio “en el plazo más breve posible”, ha agregado. En palabras de Zupiria, se ha encontrado “un punto intermedio” satisfactorio para las partes. “Hemos alcanzado este acuerdo con el objetivo de que sirva para que Euskadi siga siendo un país seguro y para que la ciudadanía vasca tenga una buena percepción de su seguridad”, ha manifestado también.

Los alcaldes de los pequeños municipios de Cañada de Calatrava, Villar del Pozo y Ballesteros de Calatrava, que, entre todos juntos, apenas superan los 530 habitantes, han mostrado su tranquilidad respecto a la rave que se celebra en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real desde la noche del 31 de diciembre y que reúne a miles de personas.

Los ediles han asegurado a Europa Press que siguen con atención el desarrollo de la rave, aunque han indicado que la gran afluencia de público en los alrededores del aeropuerto apenas se está notando en estos tres pequeños municipios.

Cristina Espadas, alcaldesa de Cañada de Calatrava, ha asegurado que en su pueblo, de apenas 100 habitantes, “se oye un poco la música, pero tampoco es algo que moleste demasiado”.

La edil también ha destacado que “lo más notable” ha sido el incremento de la presencia de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. “Tendríamos que tener una rave todos los días para sentirnos así de seguros”, ha comentado la alcaldesa con un toque irónico.

Según ha explicado, en este pequeño municipio, sus vecinos se enteraron de la celebración de esta macrofiesta la misma noche del día 31, con la llegada masiva de coches, furgonetas y camiones, además de por las redes sociales una vez convocado el evento.

De su lado, el alcalde de Ballesteros de Calatrava, Juan Carlos Moraleda, ha señalado que, en su localidad, de algo más de 370 habitantes, el impacto de la rave ha sido mínimo.

“El día 31 vimos pasar muchas autocaravanas y vehículos en dirección al aeropuerto, pero aquí no ha habido problemas”, ha explicado. Aunque algunos vecinos han podido escuchar el ruido de la música en determinados momentos, Moraleda ha subrayado que no está causando molestias.

La rave, que congrega a miles de jóvenes desde la noche del 31 de diciembre llegados de diferentes puntos del país y también del extranjero, cuenta con una importante presencia policial para prevenir situaciones de riesgo. Pese al alto volumen de la música, los vecinos han indicado que apenas se percibe en las zonas habitadas debido a la distancia. Los alcaldes confían en que la fiesta concluya en los próximos días sin alterar la rutina de sus pueblos.

“Está todo controlado”

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha lanzado también un “mensaje tranquilizador”. “A nivel de orden público está todo controlado”, ha asegurado, y ha reconocido que el momento más complicado se produjo con la llegada de centenares de coches que incluso llegaron a afectar la circulación en la autovía.

El edil ha apuntado que podrían estar participando al menos 2000 personas, con 1000 vehículos, pero que, hasta el momento, no se ha producido ningún tipo de “incidencias ni conflictos”. Chamorro ha explicado que la situación está controlada por Guardia Civil y Policía Nacional, en “permanente coordinación” con los efectivos de la Policía Local y ha avanzado que se realizarán controles aleatorios de droga y alcohol a los conductores.

Por otra parte, el concejal ha pedido que la salida de vehículos se haga de forma “escalonada” una vez acabe la rave, para que “no se produzcan problemas en el tráfico”.