El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha recuperado la estrategia del exalcalde Miguel Zerolo para impulsar el barrio de San Andrés. El Ayuntamiento plantea modificar el Plan General de Ordenación de 2005, para sacar adelante la construcción de un hotel en la capitalina playa de Las Teresitas.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha explicado que será “un hotel pequeño, de 5 estrellas, que contará con 200 plazas” y no será en primera línea de playa sino “detrás de la montaña, en batería militar”. Además, el alcalde resalta que la posibilidad de construir un hotel ya se encuentra recogida en el Plan Especial de Las Teresitas. 

“Se dice que es un hotel pequeño, lo que ellos están apuntando tiene un poco más que el Atlántida y un poco menos que el Hotel Mencey. Por lo tanto, un hotel pequeño no es. No obstante, el planeamiento requiere participación, eso es lo primero y no se está dando”,  explica Patricia Hernández, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz. 

“Nosotros siempre rechazamos esa idea de contar con un hotel en batería y defendimos proteger el entorno natural. El problema es que el Ayuntamiento se ha quedado sin voces críticas. No hay que turistificar cada rincón de la isla. Ellos van a buscar un atajo para poder hacerlo, aunque lo lógico sería esperar a tener una visión de conjunto con un nuevo Plan General que debería darse durante este mandato”, comenta Ramón Trujillo, de IUC. 

Trujillo señala que uno de los motivos por los que CC ha rescatado el plan del hotel en este momento es debido a la desarticulación de los movimientos sociales. “Estaba cantado que un gobierno con Coalición Canaria iba a retomar el plan del hotel y el desarrollismo. En su momento lo salvó la activación de los movimientos sociales y se vino abajo con todo lo que ocurrió luego”. Añade: “Se quiere introducir una presión urbanística excesiva en la zona”.

Sobre el cambio en el Plan General de Ordenación, el que era portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento durante la legislatura pasada explica: “Se debería tener en cuenta el acceso a la playa y el  transporte público, si a la ciudadanía no se le demuestra que puede dejar el vehículo privado habrá tensión en la zona. Es un núcleo que tiene conexión con la ciudad, que se satura sobre todo en verano”. 

Trujillo tiene una postura similar a la que mantiene Patricia Hernández, que señala que la construcción de un hotel en Las Teresitas es un globo sonda para evitar que la ciudadanía hable de los problemas reales de la ciudad: “Tirolinas, hoteles…Son anuncios recurrentes que sacan. Se les ha acabado el libro de los cuentos y han vuelto al capítulo uno de Miguel Zerolo. Hay que recordar que en los planeamientos hay que escuchar a la ciudadanía con proceso participativo y especialmente al pueblo de San Andrés, pero no solo”.

“Hay que recordar que esa playa no tiene iluminación, ni drenaje, ni capacidad de carga. Todos los fines de semana desde abril y mayo, desde que comienza el buen tiempo, hay atascos que no permiten a mucha gente llegar a la playa y al pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No somos capaces de afrontar las infraestructuras, ni el acceso de los visitantes a la playa actualmente. No tiene aparcamientos, que además es el solar que está de forma provisional en el planeamiento. Ni aparcamientos, ni drenaje, ni iluminación”, añade.

Cándido Quintana, portavoz del Grupo de Luchas Sociales en Tenerife y uno de los principales activistas de la Plataforma contra el Mamotreto señala: “Tengo mucho miedo de la iniciativa del grupo de gobierno en estos momentos, relativas en relación a Las Teresitas, porque temo que lo que se pretenda es aflorar de alguna manera lo que abortamos en su día, como fue un edificio de aparcamientos y con lo que la ciudadanía está totalmente en contra. Queremos una playa para el pueblo, limpia de polvo y paja. Es decir, que sea una playa limpia y con las necesidades básicas que requiere una playa”.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de El Pescador de San Andrés ha anunciado que realizará una reunión para estudiar la propuesta anunciada por el Ayuntamiento. 

Cronología

A comienzos de los años 2000 el ex alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, Miguel Zerolo, tenía un plan para la playa más emblemática de Tenerife. Un plan que se forjó a través de uno de los mayores pelotazos de Canarias y que le llevó a ser condenado a 7 años de prisión por el caso Las Teresitas. Sin embargo, la historia de la playa de Las Teresitas no se comprende sin mencionar el caso Mamotreto y el caso Las Huertas.

Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada socialista en el Parlamento de Canarias en 2008, le definió  lo que durante años fue “el Mamotreto” al entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,  Domingo Berriel Martínez, de la siguiente manera: “'La obra cuenta con una superficie aproximada de 4.000 m2, destinada a 404 aparcamientos, plazas de garaje de pago, de pago, y locales comerciales. Nos quitan los hermosos aparcamientos que tenemos ahora y nos obligan a pagar para bañarnos en la playa de Las Teresitas. La construcción invade la zona de protección de servidumbre, sin contar con la autorización preceptiva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la competente para defender nuestro territorio, nuestro patrimonio público, a través de los correspondientes expedientes sancionadores y, en su caso, de demolición”. No sabía Arteaga en ese momento que desde esas palabras hasta el derribo del mamotreto pasaría casi una década, ya que la edificación diseñada por Dominique Perrault fue derribada en 2017.

La tercera pata de Las Teresitas, el caso Las Huertas, se inició cuando a comienzos de los años setenta el Ayuntamiento decide expropiar los terrenos de los vecinos de Las Huertas y Montaña Morera, pero, finalmente, la operación quedó paralizada y ni el Ayuntamiento ni la Junta de Compensación dieron por efectuada la compra. Es en 1998 cuando Inversiones Las Teresitas (ILT), empresa formada por Ingnacio González y Antonio Plasencia, decide ‘adquirir’ los terrenos situados en la zona trasera de Las Teresitas y cometer un expolio sin precedentes. Así, comenzó la trama que terminó con tres casos de corrupción, políticos, empresarios y funcionarios en prisión.

PGO de 2005

Después del pelotazo, la premisa sobre cómo solucionar las carencias de Las Teresitas ha acompañado a la ciudad en los últimos años. En 2018 el actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), hablaba de actualizar el Plan Estratégico que se comenzó en 2007 (durante el mandato de Miguel Zerolo) con el fin de mejorar el entorno de Las Teresitas. En una reunión con todos los agentes sociales y económicos de la ciudad, el alcalde de Santa Cruz planteaba que se debía repensar  la ciudad de manera colectiva.

En 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbaba de manera definitiva el Plan General de Ordenación de 2013 por no contar con una Evaluación Ambiental Estratégica, por esta razón el gobierno municipal quiere modificar el plan vigente en Santa Cruz, el de 2005 (una adaptación del Plan de 1992). Desde el gobierno municipal se plantea esta modificación como la posibilidad de, por un lado, mejorar el frente de la playa (paseo, reorganización del tráfico) y, por otro lado, la de generar beneficios económicos al pueblo de San Andrés. 

Unidas Podemos afeaba en 2020 la postura del PSOE y los acusaba de apoyarlo para continuar gobernando. Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, que tuvo que recular tras votar inicialmente a favor del Plan, señalaba que el documento debía someterse a “modificaciones sustanciales” que facilitasen el transporte público en la zona. A estas críticas se sumaron las de colectivos sociales por seguir adelante con un plan que tenía como objetivo la construcción de un hotel en batería.

¿De dónde surge la modificación del PGO y pará qué? En noviembre de 2023 el Partido Popular y Coalición Canaria llevaban a pleno la modificación de dos puntos del Plan General de Ordenación, uno de ellos referido a la ordenación de Las Teresitas. El Ayuntamiento había encargado esa modificación a la empresa GESTUR y llevaba a pleno la aprobación de dicha modificación. El PSOE recriminaba al grupo de gobierno falta de transparencia y precisión respecto a cuáles serían las modificaciones que se querían llevar a cabo en el PGO y de qué manera afectaba a la ciudad, mientras el PP insistía en que habían hecho llegar toda la información disponible.

Promotora Victoria SL, la empresa que Ignacio González utilizó para desviar el dinero de la trama de Las Teresitas, entró en concurso de acreedores el pasado 3 de septiembre, según consta en un edicto judicial publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge Mírame TV. La nueva situación de la sociedad, que ya se había declarado insolvente durante el pleito civil por la compraventa de la playa, se produce sin que la entidad haya devuelto ni un céntimo de los más de 50 millones malversados en la operación urbanística.

El concurso de acreedores llega dos meses después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sellara un pacto con la familia de Antonio Plasencia, el otro empresario condenado por la Audiencia Provincial, para recuperar el dinero de la compraventa del frente de playa. La cantidad que podría regresar a las arcas públicas, con la suma de intereses, supera los 97 millones. En el acuerdo, que aún no ha sido ratificado por la Audiencia Provincial, Promotora Puntalarga se convierte en fiador solidario del total. De esta manera quedaría garantizada la devolución íntegra de la deuda al Consistorio, pero también se abre la posibilidad para que los Plasencia reclamen al resto de condenados su parte proporcional. Y el patrimonio más grande está en el bolsillo de los González. 

La guerra empresarial entre la familia Plasencia y los herederos de Ignacio González, que falleció en prisión mientras cumplía la pena de Las Teresitas, está servida. Un conflicto en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife todavía juega un papel importante, ya que seguirá siendo el principal acreedor de Promotora Victoria SL y del resto de condenados hasta que se liquide la totalidad de la deuda.

Promotora Victoria SL no es una entidad cualquiera. Se trata de la sociedad matriz de un grupo empresarial que conecta, al menos, con una docena de firmas controladas por la familia González: Vultesa SL, Mesa y Honorio SL, Neumáticos Gran Canaria SL, Multi-Ruedas SL, Canarias de Neumáticos SA, Discan SL, Top Neus Senegal SL, Igan Inversiones SL, Promopalma SA, Promotora Toscal SL y Catesa Foods SL.

Todas estas sociedades tienen hoy como administrador único a Eduardo Buxaderas Sánchez, un economista con experiencia en la liquidación de empresas que, desde junio de 2019, tres meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena de Las Teresitas, ha ido tomando el control de las entidades vinculadas con el clan familiar en sustitución de Ignacio González, que falleció en noviembre, y de sus hijos. Su nombramiento en Promotora Victoria SL se produjo el 12 de diciembre.

En la sentencia penal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife queda probado que tanto Promotora Puntalarga SL como Promotora Victoria SL fueron utilizadas por los empresarios condenados para “financiar y sostener económicamente a Inversiones Las Teresitas”, la sociedad instrumental que Ignacio González y Antonio Plasencia crearon de la nada para comprar el frente de playa. 

Está documentado que después de la operación se produjeron “transferencias de efectivo” desde Inversiones Las Teresitas a las dos empresas principales. Promotora Victoria SL y Promotora Puntalarga recibieron cada una un préstamo sin remuneración de más de dos millones de euros. Después de que el Tribunal Supremo anulara la compraventa, González y Plasencia traspasaron como dividendos otros 42 millones de euros a sus entidades de cabecera.

En el caso de Promotora Victoria SL, el dinero fue recibido como apoderado de la sociedad por Felipe Manuel Armas, el testaferro que González colocó al frente de Inversiones Las Teresitas para obtener el crédito de CajaCanarias que permitió a los empresarios llevar a cabo una trama corrupta con la que ingresaron más de 120 millones de euros sin arriesgar ni un céntimo. Todavía hoy, el rastro del dinero es muy débil.

De los más de 44 millones ingresados en las dos empresas no queda nada, al menos en la superficie. A lo largo del pleito civil y de la ejecución de la sentencia penal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha intentado acreditar que los dividendos se ocultaron en el circuito de empresas construido por los González. De ahí que el Consistorio tenga aún hoy en su mano, incluso después del acuerdo con la familia Plasencia, la llave para recuperar cuanto antes el dinero malversado.

Según el edicto publicado en el BOE, los acreedores de Promotora Victoria SL cuentan con un mes de plazo para comunicar sus créditos a la nueva administración concursal.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y presidente del grupo municipal de CC-PNC, José Manuel Bermúdez Esparza, ha manifestado su “gran alegría” por el acuerdo alcanzado por el actual grupo de gobierno con la familia del empresario Antonio Plasencia para la recuperación por las arcas locales de la mayor parte de los 97 millones de euros malversados en la compra del frente de playa de Las Teresitas. Por esta operación está precisamente cumpliendo pena de cárcel Plasencia, y en ella también resultó condenado su socio, Ignacio González, fallecido en prisión, y el entonces alcalde, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, igualmente preso.

Bermúdez sostiene que ha sido un proceso muy largo el seguido hasta conseguir la devolución de ese dinero, y destaca la labor realizada por la alcaldesa Patricia Hernández en este asunto en el año que lleva de mandato, pero pone en valor igualmente los trámites iniciados en este mismo sentido –reclamar a los empresarios la devolución de los fondos malversados- durante su gestión al frente de la Alcaldía (2011-2019). Rechazó, por ello, las declaraciones de Hernández al anunciar el jueves el acuerdo y en las que restaba todo mérito del éxito al equipo de gobierno de Bermúdez “y ahora se cuelga ella todas las medallas, algo que no se ajusta a los hechos”, precisó.

“Yo no me puedo arrogar lo conseguido y tampoco sé si a partir de las acciones tomadas durante mi gestión en la Alcaldía hubiéramos llegado al mismo acuerdo, pero no es cierto lo que dice la alcaldesa de que durante mi mandato no hiciéramos nada por recuperar lo malversado a las arcas municipales. No todo vale para tratar de obtener rédito político”.

Con todo, José Manuel Bermúdez no quiso entrar en más detalles a la hora de valorar el acuerdo para la devolución del dinero de Las Teresitas “porque no sabemos nada de su contenido, solo lo que comentó la alcaldesa”. El portavoz nacionalista señaló que “ayer jueves pedimos formalmente el contenido del acuerdo para comprobar que efectivamente responde al interés público” y añadió que todos los concejales “debemos estar bien informados y contar con el expediente correspondiente”.

Actuaciones bajo su mandato

El representante de Coalición Canaria hizo recordatorio de las iniciativas adoptadas relacionadas con el coste económico de la operación de Las Teresitas durante su tiempo como alcalde, a partir de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011.

Señaló que en noviembre de ese año el Ayuntamiento, bajo gobierno en coalición de CC y PSOE, respondió a la demanda civil presentada por los propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT) para que el municipio abonara compensaciones correspondientes tras la decisión del Tribunal Supremo de 2007 que anuló el acuerdo de compraventa. “Nuestra respuesta”, apuntó, “fue presentar una demanda de reconvención con respecto a la de ILT, en la que se reclamaba a los empresarios el pago de unos 74 millones de euros (53 millones del coste de la operación y 21 millones por intereses e indemnizaciones por daños y perjuicios).

La demanda civil quedó en espera –por decisión judicial- hasta conocer primero el alcance de la denuncia presentada por lo penal también por el caso Las Teresitas.

Una vez conocida la primera sentencia penal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en abril de 2017, la Corporación, afirma Bermúdez, dio instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que continuara en el ejercicio de las actuaciones procesales necesarias encaminadas a hacer efectivas las indemnizaciones que a favor de la Corporación municipal se recogían en la resolución judicial. La Junta de Gobierno, además, acordó en mayo autorizar la adhesión de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a la solicitud de medidas cautelares de carácter real que planteaba el Ministerio Fiscal. “Ocurrió entonces que la Fiscalía no pidió la ejecución de la sentencia, porque no era firme todavía, y de eso no nos pueden culpar a los que gobernábamos el Ayuntamiento entonces”, sostiene.

El exalcalde concluye que, conocida en marzo de 2019 la decisión del Supremo que mantenía en firme lo fundamental de las condenas establecidas por la Audiencia Provincial, “dicté instrucción a los Servicios Jurídicos para continuar con las actuaciones para la recuperación del dinero público invertido y hacer efectivas las indemnizaciones”. Asegura Bermúdez que después “ya no dio tiempo para hacer mucho más”, toda vez que a los dos meses se celebraron nuevas elecciones locales y el cambio en el gobierno del Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que hace unos días recibió la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que esta desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Inversiones las Teresitas, empresa de Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia (ambos condenados a penas de prisión en el llamado caso Las Teresitas) contra la Orden Ministerial de 5 de enero de 2007.

Dicha Orden aprobaba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 1.476 metros de longitud de la playa de Las Teresitas. De esta manera, la Audiencia Nacional avala la tesis que mantenía la Gerencia de Urbanismo y el propio Ayuntamiento.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazan los argumentos de la empresa recurrente sobre irregularidades y defectos formales, falta de motivación de resoluciones anteriores, imposibilidad de conservar estudios e informes del expediente del Orden Ministerial desestimando cada una de los motivos esgrimidos de impugnación.

La Audiencia Nacional señala en su sentencia que el Plan Especial de Ordenación del frente de Playa Las Teresitas promovido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en tramitación, prevé la creación de un paseo marítimo en el frente de la playa, la ampliación de la superficie de playa seca, la eliminación de aparcamientos y viales y la creación de un parque urbano con equipamientos deportivos, lo cual es indicativo no solo de la posibilidad de recuperación de los terrenos considerados, sino además de la necesidad de destinarlos para los usos acordes al dominio público marítimo-terrestre.

A lo que se añade en el escrito que esta última manifestación está corroborada por la contestación a la demanda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y avala la viabilidad de recuperación de los terrenos para usos relacionados con la protección del dominio público como pueden ser canchas deportivas, jardines, terrazas, etc. así como que según el art. 38.2 del Reglamento de Costas no sería posible declarar la innecesariedad de dichos terrenos para su desafectación.

La Audiencia Nacional además impone las costas procesales a Inversiones las Teresitas y permite interponer ante la sentencia un recurso de casación.

Caso Las Teresitas

El llamado caso Las Teresitas culminó con el ingreso en prisión del exalcalde de CC Miguel Zerolo, de los empresarios Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González.

El caso, por el que el Ayuntamiento compró (contra el criterio de los interventores municipales) unos terrenos muy por encima de su valor real y de los que en realidad ya poseía una parte, ha supuesto el mayor pelotazo urbanístico de Canarias y un quebranto multimillonario a las arcas públicas de la capital tinerfeña, que aún no ha recuperado el dinero malversado.

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha afirmado este martes que votarán en contra del Plan Especial de Ordenación del Frente de Playa de Las Teresitas si no es objeto de “modificaciones sustanciales” antes de que sea llevado a Pleno para su aprobación definitiva.

El portavoz de UP se enmienda “a sí mismo” tras su voto favorable a la tramitación del plan en el último Consejo Rector de Urbanismo, algo que atribuye a una “confusión”.

Unidas Podemos ve “necesario” replantear el modelo de movilidad del plan Especial que, por una parte, prevé llevar tranvías y guaguas hasta la playa de Las Teresitas, “sin decantarse por un modelo eficaz de transporte público colectivo, y, por otra, vuelve a plantear construir aparcamientos en la zona del mamotreto, descartando así otras alternativas”.

Asimismo, comenta en una nota que el plan especial “destruye la continuidad visual” entre San Andrés y la playa con la prevista construcción de un promontorio bajo el que se ubicarían una zona comercial y dos plantas de aparcamientos.

Para Trujillo, “la pérdida de los valores paisajísticos actuales se complementaría con la construcción de un hotel de ocho plantas que contradice el deseo ciudadano de preservar los valores naturales del paisaje que enmarca la playa”.

Por otra parte, apunta que el plan especial actual no da solución al problema de la desaparición de la Cofradía de Pescadores ni preserva espacios para la actividad pesquera tradicional desarrollada en la zona.

Además, señala que el plan “está claramente desfasado” porque ignora la subida del nivel del mar ocasionada por el cambio climático, que conllevará una “obsolescencia prematura” de las intervenciones previstas en la zona.

Reactivar el activismo para defender la playa

“Es más, es muy probable que, en breve, tengamos una nueva legislación para prevenir los efectos del cambio climático, que deje aún más desfasado un plan que aún deberá completar varios trámites para llegar a su aprobación definitiva”, explica.

Trujillo considera también que el Plan de Ordenación del Frente de la Playa de Las Teresitas debe rehacerse respetando el principio de mínima intervención y máxima preservación del espacio natural, manteniendo los valores pesqueros del área y desarrollando una estrategia de movilidad sostenible coherente.

En esa línea, ve necesaria la reactivación del activismo en defensa del frente de playa de Las Teresitas “si el actual gobierno municipal persiste en mantener sin cambios el plan de ordenación de Coalición Canaria y el Partido Popular”.

“Cambio de criterio” del PSOE

El pasado 4 de febrero, el presidente del grupo municipal CC-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, logró sacar adelante una moción para impulsar el desarrollo de Las Teresitas este mismo año.

“La iniciativa reitera el compromiso político del Consistorio para llevar a cabo en 2020 la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación del Frente de Playa de Las Teresitas, aprobado inicialmente en enero y febrero del 2017”, explicó entonces Bermúdez.

En su intervención, el exalcalde llamó la atención sobre “el cambio de criterio del PSOE, que hasta ahora se había opuesto siempre al desarrollo y la aprobación de este Plan Especial, por más que contenía exactamente lo mismo que hoy, que los socialistas rechazaban de plano: el hotel fuera del frente de playa y unos aparcamientos bajo rasante, en la cabecera de playa, en el mismo lugar donde anteriormente se situaba el edificio demolido de estacionamientos”.

“La incoherencia del PSOE evidencia que Patricia Hernández está dispuesta a hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder con el apoyo de los concejales de Ciudadanos, Lazcano y Zambudio, y la cooperación necesaria de los tres ediles de Unidas Podemos en la casi totalidad de asuntos, por lo que son parte imprescindible e indisoluble de los obstáculos puestos a todo lo promovido en el mandato anterior”, añadió.

Las Teresitas, el mayor 'pelotazo' urbanístico de Canarias

La ordenación del frente de playa de Las Teresitas dio pie al llamado caso Las Teresitas, que culminó con el ingreso en prisión del exalcalde de CC Miguel Zerolo, de los empresarios Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González.

El caso, por el que el Ayuntamiento compró (contra el criterio de los interventores municipales) unos terrenos muy por encima de su valor real y de los que en realidad ya poseía una parte, ha supuesto el mayor pelotazo urbanístico de Canarias y un quebranto multimillonario a las arcas públicas de la capital tinerfeña, que aún no ha recuperado el dinero malversado.

Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha afirmado este lunes, 2 de diciembre que, aunque José Manuel Bermúdez (CC), exalcalde de la capital tinerfeña, actuó de manera “muy decorosa” respecto al caso Las Teresitas, cuando se reclamó la devolución del dinero malversado no se pidieron los intereses.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a Radio Marca Tenerife, donde también ha indicado que el nuevo equipo de Gobierno en Santa Cruz, del que no forma parte su partido pero que sí apoya, ha cambiado de actitud respecto al anterior, liderado por Bermúdez, en cuanto al pelotazo urbanístico en la playa chicharrera: “En el nuevo Gobierno ha cambiado la voluntad de recuperar el dinero del caso Las Teresitas: es mucho mayor ahora, hay una voluntad distinta al anterior grupo de Gobierno”.

Respecto a los edificios que la Audiencia Provincial ha embargado a Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el caso, Trujillo ha añadido que “el auto sobre esta cuestión señala que la propiedad es de Plasencia”. Por ello, “recuperar esos casi 100 millones [el valor estimado de la deuda, más intereses, de los empresarios con las arcas públicas] es importante para la ciudad porque se pueden hacer muchas cosas en el municipio”.

Concierto de Juan Luis Guerra

Respecto al concierto de Juan Luis Guerra celebrado en el Carnaval de Tenerife, Trujillo ha opinado que “no se tramitó bien”. Según se ha sabido meses después del espectáculo, el pliego de prescripciones técnicas que figura en el expediente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estableció un coste inicial de 339.000 euros. Sin embargo, se pagaron 428.000 euros a un particular, que aseguraba tener la representación exclusiva del artista, haciendo otro pliego con el importe más alto.

Trujillo explica que lo que está haciendo actualmente el Ayuntamiento es “aclarar” una serie de cuestiones: “No se presentó factura sobre los gastos, no estaba clara la cuestión de la exclusividad de esos artistas ni de la solvencia económica y técnica”. Por ello, ha opinado “no me parece un problema menor”.

“Hay una mala tramitación del expediente y una falta de facturas, que no han aparecido. Es normal que se investigue para ver dónde se encuentra el dinero”, ha afirmado. “No hemos dicho en ningún momento que alguien se haya llevado el dinero”, pero “hay que aclarar y despejar esto”, ha concluido.

Patricia Hernández, alcaldesa socialista de Santa Cruz de Tenerife, ha protagonizado este miércoles un rifirrafe en Twitter con el diputado de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez a cuenta de los dos inmuebles que la Audiencia Provincial ha “bloqueado” y que son propiedad del empresario condenado en el caso Las Teresitas Antonio Plasencia como parte del proceso para recuperar el dinero malversado a las arcas públicas de la capital tinerfeña. 

En uno de esos inmuebles se encuentra actualmente la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Este edificio cuenta con una opción de compra superior a los 40 millones de euros  y, tal y como ha explicado Hernández en rueda de prensa, el Ejecutivo regional ha reservado más de 9 millones en los presupuestos del próximo año por si hiciera efectiva esa compra.

Por el uso de ese inmueble, el Gobierno de Canarias paga 300.000 euros mensuales en concepto de alquiler, lo que supone más de 3 millones de euros al año. La opción de compra resultaría, a medio plazo, más económica y beneficiosa para las arcas públicas que continuar con el pago de ese alquiler.

El otro edificio está situado en Cabo Llanos y el Cabildo de Tenerife, cuando era gobernado por Coalición Canaria con Carlos Alonso al frente, trató de comprarlo a través de una adjudicación a dedo por 29 millones de euros. Esa compra fue paralizada tras las críticas de la oposición, que entendía que se trataba de financiar la deuda del empresario condenado, y tras desvelarse algunas irregularidades en el proceso.

Sin embargo, ahora CC, por boca del diputado José Alberto Díaz-Estébanez y del propio Carlos Alonso, critica que el Gobierno se plantee dejar de pagar el alquiler del edificio de Educación sin ni siquiera saberse aún quién será el titular del mismo de llevarse a cabo la compra el año próximo, si la Justicia o la empresa de Plasencia (si se anulase el embargo). 

Díaz-Estébanez ha criticado que el Gobierno de Canarias se plantee esa compra, a lo que Hernández ha reaccionado diciendo que “estamos aquí”.

Díaz-Estébanez ha contestado entonces si con “aquí” se refería al Parlamento de Canarias apoyando los presupuestos“ o al Ayuntamiento, tratando de impedirlo”.

Hernández entonces ha sido más explícita con una respuesta que ha sido calificada de “zasca” por parte de algunos usuarios de la red social: “Aquí demostrando en los juzgados que es ”De Plasencia“ en lugar de engordar sus cuentas privadas mientras no pagaba a las públicas como intentaba hacer CC”.

Tras la noticia conocida este miércoles de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha embargado de forma preventiva dos inmuebles propiedad del empresario Antonio Plasencia, condenado en el caso Las Teresitas, Coalición Canaria ha publicado un comunicado. En él defiende su actuación en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña para recuperar el dinero malversado por Plasencia y otro empresario, Ignacio González (fallecido la semana pasada en prisión), que asciende a casi 100 millones de euros.

El presidente del grupo municipal CC-PNC, y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez, ha reiterado que “desde 2011, año en que accedí a la Alcaldía, el Ayuntamiento mantuvo inalterada su estrategia jurídica para la recuperación del dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas, con independencia de los procesos judiciales que se fueron dirimiendo y siempre en defensa del interés público”. 

Cien euros devueltos en ocho años

No es la primera vez que Bermúdez hace esta afirmación; casi con las mismas palabras se pronunció el pasado mes de marzo. Sin embargo, tal y como informó entonces este periódico, los hechos no le acompañan, ya que, aunque el exalcalde diga lo contrario, no se produjo ni una sola acción del consistorio dirigida a resarcir el enorme daño patrimonial provocado en las arcas municipales por ese pelotazo urbanístico, el mayor que se haya dado en Canarias. De hecho, en 8 años como alcalde no sucedió nada en favor de la recuperación del dinero. Es más, en la rueda de prensa de este miércoles, Patricia Hernández ha afirmado que cuando ella llegó a la alcaldía (en mayo de este año) solo había 100 euros en las arcas públicas de Santa Cruz referentes al caso Las Teresitas.

Lo que sí hizo el entonces alcalde fue, tal y como denunció el PSOE (entonces en la oposición), nombrar a Juan Víctor Reyes, uno de los dos funcionarios condenados por el caso Las Teresitas, como jefe de servicio en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento chicharrero. Hoy Reyes se encuentra en prisión, junto al resto de condenados.

En el comunicado emitido hoy por Coalición Canaria, Bermúdez responde a Patricia Hernández, actual alcaldesa de Santa Cruz, quien fue la encargada de anunciar en la mañana de este miércoles el embargo de los dos inmuebles por parte de la justicia, así como de otras medidas iniciadas por el Ayuntamiento para recuperar el dinero. Hernández también afirmó que los condenados “han tomado el pelo a la justicia y los ciudadanos intentando no pagar la deuda durante años”, algo que “les ha sido fácil” porque el Ayuntamiento [con Bermúdez como alcalde] no pidió la ejecución de sentencia cuando procedía.

Ante esta afirmación, Bermúdez ha desmentido “categóricamente” que la solicitud de ejecuciones de sentencia fuera original de Hernández y ha insistido en que “justo un día después de conocerse la firmeza de la sentencia” por parte del Tribunal Supremo, dictó una instrucción por la que ordenaba a la Asesoría Jurídica municipal “continuar con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros, para dar cumplimiento a las sentencias en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas”.

Lo que sí se ha hecho en los meses de Hernández en el Consistorio y no en los años de Bermúdez en el mismo ha sido demostrar que Antonio Plasencia está detrás de otras empresas a las que se ha desviado el dinero de la empresa involucrada en el pelotazo, Inversiones Las Teresitas S.L.. También ha sido el Ayuntamiento quien ha solicitado el levantamiento del velo judicial sobre dos de las sociedades del entramado del empresario condenado, entre ellas Carlacand, a cuyo nombre se encuentran los dos inmuebles embargados.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el embargo preventivo de dos edificios propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el pelotazo urbanístico de la compraventa del frente de la capitalina playa de Las Teresitas. En un auto emitido el martes, el tribunal provincial ha iniciado, a instancias del Ayuntamiento ahora gobernado por el PSOE, un proceso excepcional para tratar de recuperar el dinero malversado en esa operación, que en el caso de Plasencia asciende a 50,27 millones de euros.La Sección Segunda de la Audiencia, con el magistrado Jaime Requena como ponente, ha accedido a la pretensión de la corporación y ha iniciado el procedimiento para levantar el velo sobre dos de las sociedades del entramado del empresario condenado, entre ellas Carlacand, a cuyo nombre se encuentran esos dos inmuebles.

Esa decisión, poco común en el ámbito judicial, se adopta en la fase de ejecución de sentencia cuando existen sobrados indicios de la existencia de un entramado societario para tratar de camuflar la responsabilidad civil de uno de los socios en una condena. Con la finalidad de desentrañar esa confusión, la justicia tiene la potestad de levantar el velo sobre esas empresas, es decir, de intervenirlas y administrarlas y, por lo tanto, acceder a sus bienes para que puedan responder con su patrimonio por esa condena.

La medida viene acompañada del embargo preventivo de los dos principales activos de Carlacand: la actual sede de la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife, inmueble por el que el Gobierno de Canarias paga 300.000 euros al mes de alquiler, y el edificio situado en Cabo Llanos que el Cabildo de Tenerife gobernado por Coalición Canaria (CC) trató de comprar, a través de una adjudicación a dedo, durante el pasado mandato por 29 millones de euros.

Según relata el auto de la Audiencia Provincial, esa presunta distracción de fondos para esquivar el pago de la sentencia del caso Las Teresitas se habría producido a través de tres niveles de sociedades. En primer lugar, aparece Inversiones Las Teresitas, la empresa constituida por Antonio Plasencia y por el recientemente fallecido Ignacio González para acometer una operación por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Miguel Zerolo (CC) como alcalde, acabó pagando 52 millones de euros en 2001 por la compra de unos terrenos que, según los técnicos municipales, valían tres veces menos y, además, eran propiedad municipal en parte.

Los magistrados de la sala exponen que hay constancia de una transferencia por valor de 51,7 millones de euros de Inversiones Las Teresitas a Promotora Punta Larga, otra de las sociedades vinculadas a Plasencia. La responsabilidad se extiende ahora a una tercera empresa, Carlacand, participada por Promotora Punta Larga en un 72,4%, en un 13,79% por el propio Plasencia y en un 13,81% por personas vinculadas a este empresario que también ha sido condenado por la extracción ilegal de áridos en el Valle de Güímar.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife habla de un “elevado grado de confusión” sobre el destino de los “formidables ingresos” obtenidos por Inversiones Las Teresitas a partir de la ilegal operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas. Esos fondos habrían sido desviados primero a Promociones Punta Larga por la vía del préstamo no retribuido y, posteriormente, a otra de las empresas del entramado societario, Carlacand, propietaria de los edificios que ahora han sido embargados de forma preventiva.

Los magistrados aluden, a partir de la documentación aportada por el Ayuntamiento, a un proceso que conduce de la transferencia del dinero desde ILT a Punta Larga a la infracapitalización de esta segunda sociedad (con un capital de “solo” 1,2 millones de euros a pesar de disponer de “ingentes reservas”) y de su desvío a la tercera sociedad. Las coincidencias no se restringen a la identidad de los administradores, el solapamiento del objeto social, la ocupación del mismo domicilio o la celebración de la Junta General y de la formulación de cuentas el mismo día. Además, se da la circunstancia de que la adquisición por parte de Carlacand de sus principales activos es coetánea al momento de cobro del precio de la compraventa del frente de Las Teresitas.

El auto convoca a la promotora Punta Larga, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la Fiscalía a celebrar un juicio verbal para resolver el incidente de levantamiento de velo sobre aquella empresa, además de determinar el importe de la condena que le corresponde asumir. La resolución judicial también tiene por presentado el incidente presentado por la Corporación por el mismo motivo contra la tercera sociedad, Carlacand, a la que pretende extender las responsabilidades en el proceso de ejecución de sentencia.

Esta última sociedad dispone de un plazo de veinte días para formular alegaciones contra el embargo preventivo de los dos edificios de su propiedad.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un auto con incidente de embargo inmobiliario sobre dos edificios propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el caso Las Teresitas, con el fin de que sirvan de garantía para afrontar la pena.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, quien ha señalado que las propiedades se corresponden con la actual sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias --por la que se pagan 300.000 euros al mes de alquiler-- y otro edificio ubicado en Cabo Llanos, próximo a la ermita de Regla y que el Cabildo intentó comprar la pasada Legislatura para reconvertirlo en centro sociosanitario.

Hernández ha valorado que se “haya podido demostrar” en el proceso de incidente de ejecución de sentencia que la emprera Carlacand está vinculada a Promotora Punta Larga y por tanto, pertenecen al “entramado societario” de Inversiones Las Teresitas, sociedad que acometió el frente de playa anulado por el Tribunal Supremo.

La alcaldesa ha comentado que con la resolución de la Audiencia “se bloquean” los dos inmuebles y uno de ellos, el correspondiente a la Consejería de Educación, cuenta con una opción de compra superior a los 40 millones --el Ejecutivo regional ha reservado más de 9 millones en los presupuestos del próximo año--.

Además, ha apuntado que los condenados “han movido bienes con la intención de confundir” y por ello, ha advertido de que “si no ingresan el dinero”, el Ayuntamiento pasará “de las acciones civiles a las penales, y será pronto”. “No vamos a parar”, ha agregado.

En esa línea, ha destacado que los condenados “han tomado el pelo a la justicia y los ciudadanos intentando no pagar la deuda durante años”, algo que “les ha sido fácil” porque el Ayuntamiento [entonces dirigido por Coalición Canaria] no pidió la ejecución de sentencia cuando procedía.

“Mientras los condenados movían dinero, el Ayuntamiento miraba para otro lado”, ha apuntado, resaltando que cuando tomó posesión como alcaldesa “solo había 100 euros” en las arcas municipales relacionadas con el caso Las Teresitas y “no se había pedido todo”, de ahí que critique “el colmo del cinismo” que algunos representantes de Coalición Canaria digan ahora que la sede de la Consejería de Educación es de Plasencia.

Quedan 97 millones por recuperar

El Ayuntamiento ha logrado recuperar ya unos dos millones de la sentencia pero aún quedan otros 97 millones, dado que al no afrontar el pago, los intereses por demora siguen aumentando, cantidad que se puede lograr, en parte, con ambos inmuebles, pues el de Educación tiene un valor superior a los 40 millones de euros y el de Cabo Llanos, en torno a las 30 millones, según las estimaciones del consistorio.

Hernández ha comentado también que el Ayuntamiento está estudiando algunos “negocios jurídicos de los condenados que pueden ser constitutivos de delito” pues han movido bienes “con la intención de confundir”, y lamentado que el anterior equipo de gobierno “estuviera quieto”. “No hicieron ninguna acción y el Ayuntamiento tiene el deber de investigar”, ha señalado.

Sobre el pago de la parte de la condena que corresponde al empresario Ignacio González, fallecido en la cárcel la semana pasada, ha indicado que el Ayuntamiento va a proseguir con las acciones y vigilará su herencia.

Ignacio Gonález, el empresario condenado a cinco años de prisión por malversación y prevaricación en el caso Las Teresitas, ha muerto este lunes en la prisión de Tenerife II, según informa Diario de Avisos.

González ingresó en el centro penitenciario el pasado abril para cumplir los 5 años de internamiento a los que había sido condenado, junto al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC Miguel Zerolo, el empresario Antonio Plasencia y el exgerente de Urbanismo de la capital tinerfeña Miguel Parejo.

El empresario retrasó su entrada en la cárcel, una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 28 de marzo, alegando problemas de salud, que fueron desestimados por dos médicos forenses que le examinaron. “Tras el reconocimiento médico del Sr. González Martín, se informa de que el mismo, si bien presenta problemas de salud relacionados con su edad, no presenta en el momento actual una repercusión cognitiva que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto, por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la pena (art. 60 CP)”, indicó entonces el tribunal en un auto.

González acudió al centro penitenciario en silla de ruedas el último día del que disponía para presentarse de forma voluntaria y fue conducido a la enfermería, donde ha pasado estos meses hasta su muerte a los 83 años.

Empresario y político

Nacido en Santa Cruz de La Palma, emigró a Venezuela cuando tenía 17 años y en ese país estudió Economía en la Universidad de Punto Fijo, para regresar en 1962 al archipiélago canario, donde tiene varias empresas y fue presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Padre de cinco hijos, Ignacio González Martín también se dedicó durante un tiempo al ámbito político, y así fue presidente del PP de Tenerife, cargo que dejó en noviembre de 1996 tras unos años convulsos.

Como empresario centró su actividad en la automoción pero también lideró empresas en otros sectores económicos.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, se ha mostrado segura de que Inversiones Las Teresitas (ILT) S.L., empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González, devolverá los casi cien millones de euros que debe al Ayuntamiento por el caso Las Teresitas a pesar de que se haya declarado en concurso voluntario de acreedores.

La alcaldesa señaló en rueda de prensa que la posibilidad de que los condenados por el caso Las Teresitas usaran algún subterfugio para no pagar ese dinero era algo previsible, por lo que desde el Ayuntamiento se están poniendo “todas las diligencias que no se pusieron en los años anteriores y se está trabajando para que las personas que tienen una deuda con la ciudad la paguen”.

Patricia Hernández insistió en que van “a cobrar” a pesar de que se ha dado un “tiempo de oro” a los condenados para poder devolver el dinero, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo. Además, añadió que el Ayuntamiento está en permanente diálogo con los juzgados para que se haga efectiva la sentencia.

“No vamos a parar. Cualquier céntimo que se pierda será por la falta de diligencia del anterior grupo de gobierno para cobrar ese dinero. Nosotros seguimos trabajando y estamos seguros de que vamos a cobrar”, reiteró la regidora.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), ha emitido un oficio en el que ordena a todo el personal adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal que dé los pasos necesarios para recuperar el dinero público “malversado” en la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, cantidad que supera los 62 millones de euros.

Así lo ha anunciado en la propia playa de Las Teresitas, donde Patricia Hernández ha presentado el dispositivo de seguridad, tráfico y accesibilidad que se ha comenzado a prestar a la ciudadanía en las distintas playas del municipio durante el presente verano, al ser preguntada por los medios por el citado oficio, publicado este jueves en el periódico El Día.

La alcaldesa indicó que las personas que han sido condenadas, entre ellas el exalcalde por Coalición Canaria Miguel Zerolo (ya en prisión), y que tienen una responsabilidad patrimonial que afrontar y devolver el dinero a la ciudad de Santa Cruz han hecho una provisión de acciones y de propiedades que al nuevo equipo de gobierno le parece “insuficiente”.

En ese sentido, Patricia Hernández ha emitido un oficio para valorar cómo está la situación y trabajar para que los posibles movimientos de patrimonio en las últimas semanas, meses y años “no impida que la ciudad recupere el dinero que se le hurtó y que así ha sido determinada por sentencia firme”.

Por el denominado caso Las Teresitas, además de Zerolo, también están en prisión el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo; el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González, todos ellos de Coalición Canaria, así como los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas al Ayuntamiento por importe de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros), cuando el precio de tasación de estos era muy inferior, según se desprende de informes periciales que fueron valorados por el tribunal, elevándose, en consecuencia, el precio de tasación en perjuicio del Ayuntamiento.

También está en prisión los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad.

Una de las grabaciones intervenidas en el marco de la operación Lezo, relacionada con la pieza separada que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de ex directivos de Coalición Canaria a cambio de la adjudicación de obras a la empresa OHL, muestra la preocupación que despertó entre los ejecutivos que se encargaban del reparto de las supuestas mordidas la querella de Las Teresitas, el caso de la compraventa del frente de playa de Santa Cruz de Tenerife que ha acabado con el exalcalde de CC Miguel Zerolo en prisión.

En una de las conversaciones mantenidas en diciembre de 2006 entre tres de los imputados, días después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella por el pelotazo de Las Teresitas, el exdirector general de Obra Civil de OHL, Paulino Hernández Ros, expresa en varias ocasiones su inquietud al conocer que Antonio Plasencia, con quien iban de la mano en el concurso de las obras del puerto de Granadilla, estaba implicado: “Hay que tener cuidado, tío”.

La conversación forma parte de una de las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil, a la que también pertenecen los tres audios adelantados el pasado jueves por Canarias Ahora. El diálogo entre los ejecutivos de la multinacional tuvo lugar dos meses antes de que se adjudicasen las obras de abrigo del puerto de Granadilla, en Tenerife, y seis meses después de la inauguración del nuevo muelle de La Estaca, en El Hierro; dos de las actuaciones que investiga en la actualidad el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la pieza número 8 de la operación Lezo. En ambos concursos resultó ganadora SATO, una filial de OHL, que licitó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras constructoras.

En los cortes de la grabación se vincula a tres históricos dirigentes de CC, Antonio Castro, Julio Bonis y Luis Suárez Trenor; con el presunto cobro de mordidas del 3% a cambio de la adjudicación de contratos. Además de lo que se puede escuchar en los audios, en la conversación entre los tres exdirectivos de OHL se vierten opiniones sobre las investigaciones del caso de Las Teresitas y del caso Forum, el constructor Antonio Plasencia, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) o el juez Baltasar Garzón.

Los protagonistas de la charla son, además de Paulino Hernández Ros, conocido como el Villarejo de OHL porque grababa las conversaciones comprometedoras en las que participaba; Andrés Román Solorzano, representante en Canarias de SATO; y Rafael Martín Nicolas, exdirector del departamento de Construcción.

Los tres audios son extractos de una conversación más extensa en la que los ejecutivos departen sobre la reciente noticia de una nueva ramificación del caso Forum Filatélico, instruido también por la Audiencia Nacional, que llevó al juez Baltasar Garzón a ordenar la apertura de una investigación en los juzgados de Tenerife, donde terminó imputado Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria entre 1996 y 2007. La Policía encontró más de 500.000 euros de origen desconocido en sus cuentas. La conversación transcurre de la siguiente manera:

ARS: “Años, sí. Y también pone Garzón en el auto que no existe ninguna constancia de que ese dinero se haya pagado o cobrado. En el mismo auto”.

PHR: “¿Eso Garzón? ¿Es Garzón el que está metido en…?”.

ARS: “Sí, sí, ha sido Garzón. Pero si es que no sé cómo ha llegado este asunto a Garzón”.

PHR: “¡A la Audiencia!”.

ARS: “A mí me da que… Sí, sí, a la Audiencia Nacional, que se ha declarado no competente y se lo ha enviado a los juzgados de Tenerife. O sea, eso se va a dilucidar en los juzgados de Tenerife”.

PHR: “Claro, porque no es un tema de terrorismo, ni es un tema de…”.

ARS: “Allí lo que se comenta es que López Aguilar [actual eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia] ha metido tres fiscales anticorrupción para levantar todos los escándalos del PP y ahora le toca a Coalición Canaria y se han encontrado con este…”.

PHR: “Chollo”.

PHR: “Yo creo es desde el punto de vista político, claro, porque ahora dicen venga, movamos y tal, porque claro, nosotros no somos… Mientras, no sé si nos afectará o no, porque de hecho tiene que seguir funcionando la administración, por eso no va a parar la administración, ¿no?”.

La charla continúa y los dos directivos pasan a analizar otro de los asuntos de corrupción más sonados de Canarias: el caso Las Teresitas. Surgen entonces los nombres de Miguel Zerolo y de Antonio Plasencia, propietario de Promotora Puntalarga, la empresa que participó junto a la filial de OHL investigada y a FCC en la UTE que ejecutó las obras del puerto de Granadilla. Los ejecutivos muestran evidencias de conocer detalles de la operación de compraventa de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, por la que el exalcalde y el constructor están en la cárcel. Y expresan su preocupación.

ARS: “Este lo tenía ya bastante organizado, pero ya con esto pues… Bueno, y luego ha salido…, lo que pasa que ahí no está Luis Suárez; está Miguel Zerolo. Un pelotazo inmobiliario en, no sé si lo habéis oído, en la zona de Las Teresitas”.

PHR: “Sí, también, también (risas)”.

ARS: “Eso me consta que es verdad, eso sí que me consta que es verdad, vamos, estoy absolutamente seguro. Que compraron un par de empresarios un terreno en 30 millones de euros”.

PHR: “Luego recalificaron”.

ARH: “Lo recalifican, venden un tercio al ayuntamiento por 57 millones”.

PHR: “Pagan los 30 millones (risas)”.

ARS: “Los 30 millones se los había dejado CajaCanarias a una sociedad que habían montado y que ni siquiera estaba todavía registrada; le deja 30 millones… Con lo cual, es que es tanto el descaro que lo hacen sin poner los 30 millones de euros”.

PHR: “Claro, claro (risas)”.

ARS: “Porque si tú o yo, si quisiéramos hacerlo, vamos a ponerlos”.

PHR: “Sí, vamos a ponerlos, pero estos ni eso”.

ARS: “Ni eso. O sea, se los deja CajaCanarias, el alcalde de Santa Cruz es consejero de CajaCanarias, o sea, conoce la operación perfectamente, y al cabo de, bueno, hace un año aproximadamente, venden el 90% del 67% restante a Mapfre por 90 millones de euros”.

PHR: “Toma ya, vaya un pelotazo”.

ARS: “O sea, que se han quedado con un 10% y han ganado ya pues ciento…, pues la diferencia entre entre los 90 más 57, 147 menos [incomprensible] 117 millones de caja más el 10% de aprovechamiento; en dos años…”.

ARS: “Los dos empresarios son Antonio Plasencia, que es con el que nosotros vamos a Santiago”.

PHR: “Vamos…”.

ARS: “Sí, vamos en Granadilla”.

PHR: “Ah, ¿y vamos en Granadilla también?”.

ARS: “Vamos en Granadilla; o sea que, es que eso… Ignacio González, que es otro empresario de por allí…”.

PHR: “Pues hay que tener cuidado tío”.

ARS: “Claro, es que yo no sé ahora ya…, ahora yo estoy desconcertado porque en Tenerife ya no sabe uno si es mejor vivir con unos locales de estos de tercera fila, solo para cubrir el expediente, porque es que…”.

PHR: “Cuidado, joder tío”.

Después de que Paulino Hernández mostrase su preocupación tras conocer las informaciones sobre el caso Las Teresitas, el considerado como uno de los cabecillas de la presunta trama se interesa por saber más sobre la ATI, una de las formaciones políticas que fueron semilla de la actual Coalición Canaria y de la que fue tesorero Luis Suárez Trenor.

ARS: “No ha salido en prensa, porque la prensa en Tenerife está totalmente dominada por ATI, o sea, quiero decir, ha hablado de dos empresarios, de tal, pero no salen nombres por ningún lado”.

PHR: “No, el tema fundamental es que… ¿Zerolo este, de quién es? ¿De quién es Zerolo este?

ARS: “ATI”.

PHR: “ATI, ¿ATI qué es? No sé lo que es ATI”.

ARS: “ATI es, digamos, la rama tinerfeña de Coalición Canaria”.

ARS: “O sea, Coalición Canaria es una familia de partidos, esta ATI en Tenerife, está API en La Palma, que es de Antonio Castro, está Asamblea Majorera en Fuerteventura, está ICAN en…”.

PHR: “Y esta que, esta ATI”.

PHR: “¿Y la domina Zerolo?”.

ARS: “La domina Zerolo, Luis Suárez…”.

PHR: “Ah, ”¿Luis también está metido ahí en la ATI?“.

ARS: “Sí, sí, sí. ATI es… Además ahora mismo Coalición Canaria está haciendo aguas por todos los lados menos ATI, o sea ATI es el núcleo fuerte”.

PHR: “Fuerte de…”.

ARS: “Fuerte”.

El diálogo continúa sin que los investigadores de la Guardia Civil hayan detectado afirmaciones de interés para la instrucción del caso. La conversación vuelve a recuperar la atención de los agentes cuando se centran en las obras de Granadilla. Es el momento que se refleja ya en uno de los audios publicados, en el que ARS pregunta si Granadilla es el dos y medio, a lo que RMN contesta que “Granadilla era el tres”, en alusión a lo que los investigadores interpretan como los porcentaje de las presuntas comisiones. El diálogo termina con la afirmación de RMN sobre que a Luis, en referencia a Luis Suárez Trenor, “solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo de El Bufadero, y le dimos tres”. En ese instante, interrumpe ARS para afirmar que “y en La Estaca”, momento en el que se corta el sonido. A partir de entonces, los tres implicados hablan sobre el papel del resto de miembros de las UTE, lo que ha llevado a la Guardia Civil a sospechar de un posible reparto de las comisiones entre las distintas empresas que concurrían juntas a los concursos.

RMN: “Y en La Estaca. Perdón, en La Estaca, en El Bufadero no le dimos, en La Estaca. En El Bufadero fue cuando el tío se le estalló”.

PHR: Pero en La Estaca íbamos en UTE.

ARS: Sí, sí, ese tío.

PHR: Le dio la UTE, ¿no?

RMN: Le dimos nuestra parte, no, no.

ARS: Cada uno lo suyo.

RMN: Y habrá que hacer una [incomprensible] de todo, nosotros entregamos lo nuestro.

La filial de OHL llevó a cabo las obras de ampliación del puerto de La Estaca mediante una UTE con Necso y Fronpeca. La adjudicación se cerró en septiembre de 2002 por 30,8 millones. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas en junio de 2006, en un acto al que acudieron representantes políticos de las distintas administraciones implicadas, entre los que estaba el propio Luis Suárez Trenor. Sobre la figura del expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife continuaron su conversación los ejecutivos de la multinacional.

RMN: “Y de esto, pues la verdad es que yo creo que no llegamos a hablar de cifras, pero sí me suena a mí eso de lo de siempre”.

ARS: “Lo de siempre. Luis lo que sí me dijo, lo que pasa que hace ya tanto tiempo, que necesitaba más rapidez de lo habitual por el tema de que se quiere ir”.

Los ejecutivos de OHL ponen entonces sobre la mesa el nombre de Julio Bonis, exconsejero del Gobierno de Canarias, cuya figura también fue relacionada con el caso Las Teresitas en una de las piezas que terminó archivada. El ex alto cargo de CC reside en México, aunque mantiene abierto con asiduidad el puente aéreo entre España y el país centroamericano. En esta parte de la conversación aparecen dos de los audios difundidos y se alude por segunda vez a Antonio Castro, el expresidente del Parlamento autonómico.

RMN: “Aquí en Canarias hemos hecho alguna cosa a través de Domingo Berriel. ¿Tú conoces a Domingo Berriel?”.

PHR: “Churri”.

ARS: “Lo voy a ver mañana. Pero mucho, mucho”.

RMN: “No, no. Domingo Berriel, no. Me he equivocado yo. Bonis”.

ARS: “Julio Bonis”.

RMN: “Y estamos soltándoselo en México”.

ARS: “¿En Nueva California? ¿Baja California? Tiene allí unos tinglados…

RMN: “Y a través de facturas… Yo no sé…, no sabe decir que no”.

ARS: “Es que Bonis ya es a título… ¿Porque Bonis tú crees que representa a otros intereses?”.

RMN: “Sí, ahí está [incompresible] con el Fernández de…”.

ARS: “¿De Coalición Canaria?”.

RMN: “Del ayuntamiento”.

ARS: “Sí, el que se lo sabe muy bien es Juan Madrigal, el de FCC, muy amigo suyo. Hombre, eso sería…, sería fantástico, lo que pasa es que Antonio Castro…”.

PHR: “No le mezcles, no le mezcles con otro… Son muy reacios, ¿eh?”.

ARS: “Luis, sí. Luis es posible, pero… Porque son muy reacios. Es más, me consta que Antonio reparte incluso al PSOE”.

Esta es la última parte de la grabación que destacan los investigadores. En la instrucción no consta la imputación de ningún dirigente del PSOE de Canarias, aunque en el momento en el que tuvo lugar la conversación intervenida, en diciembre de 2006, los socialistas se encontraban divididos en Tenerife sobre la construcción del puerto de Granadilla. El entonces alcalde del municipio, también del PSOE, Jaime González Cejas, era uno de los principales defensores de la infraestructura.

Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad que crearon en 1998 los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia para adquirir los terrenos de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, se encuentra en vías de disolución por su estado de insolvencia. Hubo un tiempo en que el dinero llenaba de ceros las cuentas de la empresa, gracias a un pelotazo urbanístico que infló su patrimonio en más de 120 millones de euros, hasta que se evaporó de forma progresiva a medida que se acercaba la resolución de una investigación judicial que ha conducido a los dos constructores a la cárcel por delitos de malversación.

La empresa que constituyeron Plasencia y González, con un testaferro de por medio, perdió más de 60 millones de euros de patrimonio neto en solo tres años. Un vaciado que provocó que el valor de Inversiones Las Teresitas, según datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso mirametv.com, pasara de 87,1 millones en 2009 a 26,2 millones en 2012.

Las situación financiera de los dos empresarios y de sus sociedades es uno de los elementos claves de cara a la obligación que tienen, junto al resto de condenados, de hacer frente a la responsabilidad civil que se deriva del delito de malversación por el que se encuentran en la cárcel de Tenerife II. La Audiencia Provincial dejó claro en la sentencia del caso Las Teresitas que los seis reos, entre los que se encuentra el exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, tendrán que devolver al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de forma solidaria, el dinero que obtuvieron por la compraventa del frente de playa de Las Teresitas y por las plusvalías que generó la reclasificación del valle de Las Huertas. Una cifra que, sumados los intereses correspondientes, ronda los 90 millones.

¿Tienen liquidez suficiente los condenados para indemnizar al Ayuntamiento de la capital tinerfeña? Esta es una pregunta que debería de obtener una respuesta lo antes posible, cuando el Consistorio, que se negó a solicitar la ejecución provisional de la sentencia pese a ser consciente de que los procesados habían reducido su patrimonio de forma considerable en los últimos años, ejerza las acciones oportunas como administración perjudicada. Durante el procedimiento de la causa civil, que quedó suspendido hasta la resolución de la vía penal, los servicios jurídicos municipales ya advirtieron del vaciado de patrimonio que había sufrido Inversiones Las Teresitas en solo tres años.

La sociedad de Plasencia y González tenía un patrimonio neto de 87,1 millones de euros en 2009, pero sus cuentas sufrieron “un grave deterioro”, como llegaron a alertar los letrados del Ayuntamiento, hasta reducir su valor a solo 26,2 millones en 2012. Según las cuentas de ILT, la cifra cayó hasta los 24,1 millones en 2017. Tras la sentencia firme del caso Las Teresitas, la sociedad perdió la propiedad de los terrenos del frente de la playa, lo que a su vez redujo de forma drástica el activo no corriente de la entidad y provocó su entrada en números rojos.

La otra gran pregunta es dónde están los beneficios que generó la operación corrupta. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento, tras presentar una demanda reconvencional en 2011, detectaron operaciones sospechosas entre las cuentas de Inversiones Las Teresitas y las dos empresas de cabecera de los constructores, Promotora Puntalarga y Promotora Victoria. Unos movimientos tóxicos a los que ahora tiene que seguir la pista la actual Corporación municipal si no quiere perder una oportunidad única de recuperar alrededor de 90 millones.

Los trasvases de dinero entre ILT y las dos sociedades de cabecera de Antonio Plasencia e Ignacio González son trascendentales, ya que tanto Promotora Puntalarga como Promotora Victoria han sido condenadas de forma subsidiaria al pago de la responsabilidad civil. Es decir, si los procesados no tuvieran capacidad de afrontar el desembolso de la indemnización, el dinero tendría que salir de las dos empresas constructoras.

La insolvencia de ILT contrasta con la rentabilidad que produjo la operación de Las Teresitas para los empresarios. Sin arriesgar ni un céntimo, y por medio de una sociedad que se acababa de constituir y tenía como administrador a un testaferro de González, obtuvieron un crédito de 33 millones de euros de la extinta CajaCanarias. Con ese dinero compraron en 1998 todo el frente de Las Teresitas y la zona de Las Huertas. Tres años después, vendieron los terrenos de la playa por más de 52 millones al Ayuntamiento, que además cambió el uso del suelo del valle trasero para permitir la urbanización de lo que hasta entonces era un área agrícola. La trama se cerró en 2005, cuando Mapfre Inmuebles pagó 90 millones por las parcelas convenientemente reclasificadas.

El vaciado que ha sufrido el patrimonio de Inversiones Las Teresitas es aún más preocupante si se tiene en cuenta que los empresarios, al menos hasta el momento, han eludido afrontar de forma directa el pago de la indemnización. Plasencia y González han presentado bienes para cubrir su responsabilidad civil, algunos de muy difícil amortización por parte de la administración local, cuando lo normal en estos casos es que el Ayuntamiento exija primero el cobro en dinero efectivo, o en productos que se conviertan fácilmente en líquido, a todos los condenados.

Deuda Pública

Deuda PúblicaParte del dinero de la operación de Las Teresitas se subió durante años en un noria. Salió y regresó a las instituciones públicas de diferentes formas, como demuestran algunas de las operaciones en las que se vio inmersa la sociedad de Plasencia y González. Según la documentación consultada, y pese que pueda resultar paradójico que algunas administraciones se hayan financiado con un capital malversado, ambos empresarios llegaron a comprar más de 18 millones de deuda de instituciones canarias, principalmente del Cabildo de Tenerife.

Entre la deuda pública que adquirió ILT con dinero de la operación corrupta se encuentran bonos del Cabildo de Gran Canaria (2,3 millones), la Comunidad Autónoma (1,6 millones) y el Cabildo de Tenerife (11,4 millones y 2,9 millones). Este tipo de operaciones tiene una escasa rentabilidad directa, pero generan importantes ventajas fiscales para los empresarios a través de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

En el caso de la compra de bonos de deuda pública al Cabildo de Tenerife por valor de 11,4 millones, que tuvo lugar en 2006, con un periodo de amortización de ocho años, los intereses de los cinco primeros ejercicios eran de solo el 0,75%, mientras que en el resto se tomó como referencia el Euribor a 12 meses.

La escasa cuantía de los intereses de este tipo de bonos de deuda pública venía compensado por la posibilidad que se ofrecía a los inversores interesados de acogerse a las deducciones fiscales de la Reserva de Inversiones para Canarias que, cuando se materializan de forma legal, suponen un ahorro considerable para las empresas.

Los servicios jurídicos municipales intentaron sin éxito que el juzgado liberara a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el valor de la amortización de los bonos de deuda pública adquiridos por ILT, por lo que la sociedad de Plasencia y González recuperó la cuantía invertida en 2014. Un dinero que también se ha evaporado junto con el resto de plusvalías del pelotazo del caso Las Teresitas.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife envía a prisión a Pedro Sicilia, uno de los empresarios condenados por las extracciones ilegales de áridos de Güímar.

La pena de prisión que deberá cumplir es de un año y tres meses, después de que la justicia haya revocado la suspensión de la condena porque Sicilia no ha cumplido con su obligación de restaurar el daño ecológico provocado.

Además, la sala ha acordado mantener la suspensión de la pena de un año y tres meses de privación de libertad impuesta al condenado Antonio Plasencia, que ya está en la cárcel por el caso Las Teresitas. El auto establece también la remisión de la pena de un año y tres meses de prisión impuesta a José Enrique Morales, requiriendo al condenado para que en un plazo de cinco días designe “bienes y patrimonio suficientes para garantizar la viabilidad del Proyecto de Restauración de la Cantera.

Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) pide a Coalición Canaria (CC) que, si quiere asumir sus responsabilidades políticas por el caso Las Teresitas, debe expulsar a quienes integraron su representación parlamentaria en julio de 2011 “y votaron para que Miguel Zerolo fuera nombrado senador” por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, propone que también deberá dejar fuera de sus listas a quienes en julio de 2001 votaron en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz a favor de la operación de Las Teresitas.

Unidas Podemos recuerda en una nota que, en julio de 2011, un periódico ya advirtió de la existencia de tasaciones del frente de playa de Las Teresitas por un valor muy inferior al que asumiría el pleno.

De hecho, comenta que “hubo destacados representantes políticos que advirtieron públicamente de que el expediente de Las Teresitas iba a pleno sin informe de valoración de los técnicos municipales, y todo apuntaba a que se iba a producir un pelotazo contra las arcas municipales”.

Unos años más tarde, apuntan, la compraventa del entorno de Las Teresitas fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y, por otra parte, la Fiscalía presentó un “demoledor” escrito de acusación contra Zerolo y otros implicados en el caso Las Teresitas.

Así, “fue después de estos hechos cuando Coalición Canaria decidió enviar a Zerolo al Senado sabiendo que esa decisión conllevaba aforarlo ante el Tribunal Supremo y retrasar la acción de la Justicia”.

Unidas Podemos considera también que, en 2011, “Coalición Canaria tenía la obligación de ser perfectamente consciente de la operación corrupta que había protagonizado la persona que elegían para ser nombrado senador”.

Por ello, la confluencia sostiene que “quienes votaron a favor de nombrar senador a un político corrupto humillaron la dignidad del Senado y, asimismo, demostraron una tolerancia hacia la corrupción indigna de cualquier cargo público en cualquier país democrático”.

En su opinión, “Coalición Canaria debe expulsar a quienes tomaron tan indigna y miserable decisión”.

Unidas Podemos recuerda que en el Parlamento de Canarias, en 2011, tenían escaño por Coalición Canaria Isaac Castellano, Flora Marrero, María del Mar Julios, José Miguel Barragán, Belén Allende, María Luisa Zamora, Claudina Morales, José Miguel Ruano o Antonio Castro, entre otros.

Hace 10 años se hablaba del caso Las Teresitas, pero, también, del caso Fórum Filatélico o del puerto de Granadilla. Y sí, es cierto que Fernando Clavijo, Ana Oramas o Barragán no son responsables de los delitos cometidos por Plasencia y Zerolo. Pero tenemos que dejar de hablar de los partidos políticos como si fueran entes con conciencia propia, los partidos están formados por personas que se hacen responsables de las decisiones que se toman.

Ha dicho Barragán en el periódico El Día que la oposición quiere que los nacionalistas se hagan el “harakiri” por el caso Las Teresitas y que ellos ya se disculparon en 2017, cuando salió la primera sentencia. Le faltó decir algo así como: “Oye, esa manía que le ha entrado a todo el mundo con pedir disculpas”. No olvidemos que algunas de las personas que decían que era una persona honesta y que lo abrazaban en público ahora son representantes de la ciudadanía. La complacencia con la corrupción no es cosa de un pasado lejano. El expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchior, llegó a señalar en 2017 que Zerolo llevaba recibiendo “palos” los últimos quince años. “Palos” que no pelotazos, ojo.

Pelotazos y fotos

Pelotazos y fotosComo era de esperar, después de los pelotazos y los palos llegaron las fotos entrando en Tenerife II. Y, claro, con las fotos llegaron las “valoraciones”, o mejor dicho, la ausencia de ellas. Y es ahí donde a algunos les conviene recordar el caso Las Teresitas, un caso sobre el que se dijo durante años que era una minucia administrativa y que Zerolo lo había hecho por el bien de los ciudadanos de Santa Cruz.

Conviene que Coalición recuerde el caso Las Teresitas cada vez que un periodista les pregunta por el caso Grúas, porque los políticos se hacen el “harakiri” cuando la ciudadanía detecta que no están siendo honestos. El mejor instrumento para desacreditar a la oposición es ser honestos, contar la verdad y reconocer los errores. Si Coalición Canaria no toma ese camino se seguirá haciendo “el harakiri” a golpe de providencias, autos y sentencias.

El concejal lagunero y denunciante del caso Las Teresitas, Santiago Pérez, ha señalado que la operación “especulativa urbanística” involucra a Coalición Canaria (CC) en su conjunto, pues “fue promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero fue secundada por CC en todos los planos institucionales y prácticamente por todos sus líderes”.

Según dijo Santiago Pérez en una nota de prensa, “no fue Zerolo y ya está”. “La intervención de la Comunidad Autónoma en este asunto fue jurídicamente decisiva, aprobando la modificación parcial del Plan General de Santa Cruz propuesta por el Ayuntamiento para reordenar el ámbito de Las Teresitas”, ha explicado.

El concejal ha añadido que la última aportación a este proceso ha sido la del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, que “lleva años en ese puesto y no ha tenido la menor diligencia en promover las medidas de aseguramiento que permitirían recuperar el dinero: el paso del tiempo es oro en el mundo de los paraísos fiscales y de las anotaciones electrónicas para evadir bienes y acabar zafándose de la devolución del dinero al pueblo de Santa Cruz”.

Santiago Pérez ha querido recordar que todas las iniciativas que tomó como responsable de los socialistas tinerfeños “estaban encaminadas exclusivamente a recuperar el dinero del sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por el frente de playa (5.500 millones de pesetas) y la participación de Santa Cruz en las plusvalías que se originaron en los valles de Las Huertas y El Cercado (reclasificaciones de suelo que le dieron un valor astronómico)”.

“Es uno de los principios esenciales de nuestro derecho urbanístico la participación de la comunidad en las plusvalías originadas por la acción de los poderes públicos. Fue una reclasificación tan importante que permitió a Inversiones Las Teresitas vender ese terreno por 16.000 millones de pesetas pocos años después. Y de ese dinero el pueblo de Santa Cruz se benefició con cero pesetas”, afirmó Pérez.

El edil aseguró que la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y llevar todo el caso Las Teresitas a la vía penal fue la “última opción” a su alcance “para impedir que el paso del tiempo acabara haciendo olvidar y absolviendo toda aquella operación”.

“Pero la operación de Las Teresitas, cuya importancia viene del perjuicio económico que causó al pueblo de Santa Cruz, no es una cosa en la que participaran solo Miguel Zerolo y el Ayuntamiento, sino que fue toda una operación secundada al más alto nivel por el conjunto de Coalición Canaria (CC)”, insistió.

Para Santiago Pérez, “es evidente, si tomamos en cuenta que el convenio urbanístico se tramitó contraviniendo la regulación establecida por primera vez en la legislación canaria del año 2000, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y los Espacios Naturales, que pasó a regular jurídicamente lo que hasta entonces había sido un territorio sin ley: el de los convenios urbanísticos que se prestaban a abusos y corruptelas”.

Agregó que el convenio de Las Teresitas “fue cumplido antes siquiera de que acabara el plazo para formular alegaciones, como las que presentó en nombre del PSOE, y la reclasificación del suelo incumbía también a las responsabilidades del Gobierno de Canarias”.

“Yo planteé una iniciativa en el Parlamento de Canarias para pedir al Gobierno que, a la vista de que la Fiscalía Anticorrupción había formulado la querella contra la operación, iniciara de oficio el procedimiento para revocar la modificación del Plan Parcial de Las Teresitas y la reclasificación del suelo en Las Huertas y El Cercado, en cumplimiento de un convenio urbanístico que no obligaba al Ayuntamiento. Y se negaron”, apuntó.

Pérez terminó diciendo que todas las iniciativas que tomaron en aquel tiempo, a pesar de la reacción “desmedida” de algunos dirigentes socialistas de Santa Cruz, “estaban encaminadas a impedir que la imagen del PSOE quedara involucrada en aquella operación porque la buena imagen del PSOE es el fruto del trabajo de muchas generaciones de socialistas honestos, comprometidos con la democracia y la defensa de los intereses generales”.

“Es ese legado el que intenté preservar y que me incumbe seguir haciendo hoy porque soy del PSOE aunque no esté dentro”, recalcó Santiago Pérez.

Dos médicos forenses evalúan este martes al empresario Ignacio González para determinar si está en condiciones de ingresar en prisión para cumplir la pena de cinco años y tres meses de cárcel a la que fue condenado por el caso de Las Teresitas.

González, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, alegó el lunes severos problemas de salud para no tener que ingresar en la cárcel Tenerife II, en la que ya pasaron su primera noche por este caso el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo y el empresario Antonio Plasencia.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ordenó que el empresario tinerfeño fuera evaluado por médicos forenses antes de tomar cualquier nueva decisión. 

Tras la confirmación de las condenas por parte del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial ordenó el ingreso inmediato de los acusados por el riesgo de fuga.

La Audiencia también concedió cinco días de plazo a los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín para que ingresen voluntariamente en prisión para cumplir los cuatro años y tres meses que se le impuso de pena al primero y los cuatro años de prisión al segundo. 

Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González están condenados a cinco años y tres meses de prisión, mientras la condena de Miguel Zerolo y Manuel Parejo asciende a siete años de cárcel para cada uno.

El caso de Las Teresitas está relacionado con la compraventa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de los terrenos del frente de la playa por 52 millones de euros cuando el peritaje de las parcelas los valoraban en unos 20 millones de euros.