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Morir en prisión sin devolver lo malversado

El empresario Ignacio González, condenado por Las Teresitas, muere en prisión a los siete meses de su ingreso y sin haber devuelto ni un solo euro de lo que, junto a los demás condenados, malversó a los chicharreros

Resulta llamativo que su estado de salud no le permitiera fallecer en su casa después de que se suavizaran hace menos de un año las condiciones para personas muy enfermas

Ignacio González (izquierda) y Miguel Zerolo (centro), exalcalde de Santa Cruz y exsenador de CC

Ignacio González en el juicio de Las Teresitas. CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

Salvando las consideraciones humanas que conducen a lamentar la muerte de cualquier persona, el fallecimiento en la prisión Tenerife II del empresario Ignacio González, de 83 años, merece algunas aclaraciones.

1.- Los dos presos más viejos y más ricos. Ignacio González compartía prisión con los demás condenados por el caso de La Teresitas, entre ellos su socio Antonio Plasencia, los dos presos más viejos de Tenerife II, pero a su vez los más ricos. Ambos (y sus familiares) optaron desde el principio por que ambos empresarios, ejecutores principales del “pelotazo de libro” ejecutado en el frente marítimo de esta playa cumplieran sus cinco años prisión antes de ver aliviadas sus condiciones penales mediante el pago de la cantidad a la que fueron condenados por sentencia firme del Supremo. La condena no solo era de privación de libertad, sino de restitución de las cantidades malversadas mediante la responsabilidad civil. Solo Antonio Plasencia ha pagado una pequeña parte señalando algunos de sus bienes.

2.- No han devuelto lo malversado. La condena del caso Las Teresitas obligaba a ambos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, a responder de forma solidaria del pago de lo malversado, 52 millones de euros de principal (lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife les pagó por el frente de playa de Las Teresitas para que no lo urbanizaran) más otros 47 millones de intereses devengados desde que se inició el largo proceso penal. El convenio por el que el mismo Ayuntamiento, entonces en manos de Coalición Canaria, bajo la alcaldía de Miguel Zerolo (también en prisión), les otorgó derechos urbanísticos en Valle de Huertas supuso unas plusvalías de 90 millones de euros cuando las fincas fueron vendidas a una filial del grupo Mapfre. Por lo tanto, Plasencia y González se embolsaron 142 millones de euros de los que solo tienen que devolver 99.

3.- El Ayuntamiento les reclama ahora. Ninguno de los consistorios de Coalición Canaria que siguieron a las sentencias sobre Las Teresitas (la de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la del Tribunal Supremo) reclamaron jamás a los condenados la responsabilidad civil a la que fueron obligados, esos casi 100 millones de euros. Es decir, se negaron a ejecutar la sentencia. Ha sido ahora, con la llegada del PSOE a la alcaldía de la mano de Patricia Hernández, cuando han comenzado las acciones judiciales para reclamar esa cantidad. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento se han tropezado con verdaderos entramados societarios para tratar de ocultar bienes de los que poder tirar para cobrarse al menos en propiedades.

4.- ¿Por qué murió Ignacio González en la cárcel? Cuando la sentencia de Las Teresitas se tornó firme, en abril pasado, los abogados del empresario pidieron a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que se le dispensara de cumplir la condena en prisión dado su estado de salud. Dos médicos forenses lo evaluaron y ambos coincidieron en que sus dolencias no le impedían cumplir con su obligación ante la sociedad. Su caso se asemeja bastante al de Eduardo Zaplana, al que una jueza le denegó la libertad cuando se encontraba en prisión preventiva a pesar de su delicada salud. Fue a raíz de ese caso cuando el Ministerio del Interior (Instituciones Penitenciarias) suavizó muchas restricciones impuestas por el Gobierno del PP, y en diciembre de 2018 entraron en vigor varias normas que facilitan ahora que los internos con escasa peligrosidad y con enfermedades graves pudieran abandonar la prisión.

Unos dicen que González Martín sufría un cáncer, otros que un avanzado alzheimer, en cualquier caso extraña mucho que permaneciera en prisión si sus condiciones de supervivencia eran tan precarias como se han descrito estos días. Habría que comprobar si sus representantes legales formularon en tiempo y forma la correspondiente petición, bastante asequible tras esa última reforma.

5.- Los beneficios penitenciarios, previo pago de lo malversado. En cualquier caso, parece evidente que el preso fallecido no cumplía con uno de los requisitos básicos para poder acogerse a algún tipo de beneficio penitenciario distinto al de las razones de salud: haber devuelto a la sociedad lo que le sustrajo, además de haber cumplido al menos un tercio de la condena.

6.- ¿Quién pagará ahora la deuda de Ignacio González? La responsabilidad penal es personal, pero la civil es hereditaria. Es decir, si los herederos del empresario fallecido aceptan su herencia, deberán asumir también sus deudas. Es más que probable que a estas alturas nadie asuma la herencia de Ignacio González. En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dan por sentado que los movimientos societarios y patrimoniales detectados conducen a pensar que el fallecido no ha dejado ningún bien a su nombre. En cualquier caso, lo decidirán los tribunales de justicia, ante los que ha acudido el consistorio desde hace unas semanas.

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