Un total de 17 pasteres han arribat entre el dimarts i aquest dimecres a les costes de Balears, la meitat a Formentera, amb més de 200 migrants a bord.

Segons la informació facilitada per la Delegació del Govern, les últimes comunicacions corresponen a quatre embarcacions arribades el dimarts i deu ja aquest dimecres.

Quant a les del dimarts, a les 12.00 hores s'ha rescatat a 19 persones d'origen magrebí en terra en zona de S'Estufador (Formentera). A les 13.00 hores s'ha rescatat a 15 persones d'origen subsaharià també a S'Estufador.

A les 14.15 hores s'ha rescatat a 23 persones d'origen magrebí a tres milles al sud-est de l'illa de Mallorca i a les 21.25 hores s'ha rescatat a un total de vuit persones d'origen magrebí en terra en Es Caló de Sant Agustí (Formentera).

Quant al dimecres, són deu les embarcacions. A les 00.30 hores s'ha rescatat a 22 persones d'origen magrebí en terra en una carretera de Formentera. A les 02.01 hores s'ha rescatat a un total de nou persones d'origen magrebí en terra en Platja d'es Migjorn, Formentera.

Més tard, a les 03.26 hores, s'ha rescatat a un total de 18 persones d'origen magrebí a vuit milles al sud de Formentera. A les 03.15 hores s'ha rescatat a 17 persones d'origen magrebí a 0,2 milles de Cabrera.

A les 03.15 hores s'ha rescatat a un total de 22 persones d'origen magrebí en terra en Platja d'Es Migjorn. A les 03.15 hores s'ha rescatat a 13 persones d'origen magrebí, també en terra a la Platja Es Migjorn.

Gairebé a la mateixa hora, sobre les 03.15 hores, s'ha rescatat a un total de tres persones d'origen magrebí en terra en Platja s'Arenal (Llucmajor). A les 04.40 hores s'ha donat amb sis persones d'origen magrebí en terra a S'Estanyol (Llucmajor, Mallorca).

A les 04.51 hores s'ha rescatat a un total de 15 persones d'origen magrebí quatre milles al sud de Cabrera. A les 05.35 hores s'ha rescatat a 15 persones d'origen magrebí en mar a sis milles al sud de Cabrera.

Més tard, a les 05.40 hores i a dues milles de Formentera, han estat interceptades tres pasteres més amb 54 persones migrants d'origen magrebí a bord.

Mentrestant, a les 11.30 hores s'ha interceptat a 30 persones d'origen subsaharià en la zona del cap Falcó, a Cabrera. Gairebé simultàniament, a les 11.30 hores, s'ha rescatat a 13 persones d'origen magrebí en la mateixa zona.

Més de 500 persones des del dilluns

Dilluns van ser set les embarcacions rescatades amb 97 persones migrants a bord. D'aquesta manera, el recompte dels últims tres dies ascendeix a 36 embarcacions amb més de mig miler de migrants.

Un total de 17 pateras han llegado entre el martes y este miércoles a las costas de Balears, la mitad a Formentera, con 237 migrantes a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y 14 ya a este miércoles.

En cuanto a las del martes, a las 12.00 horas se ha rescatado a 19 personas de origen magrebí en tierra en zona de S'Estufador (Formentera). A las 13.00 horas se ha rescatado a 15 personas de origen subsahariano también en S'Estufador.

A las 14.15 horas se ha rescatado a 23 personas de origen magrebí a tres millas al sureste de la isla de Mallorca y a las 21.25 horas se ha rescatado a un total de ocho personas de origen magrebí en tierra en Es Caló de San Agustí (Formentera).

En cuanto al miércoles, son diez las embarcaciones. A las 00.30 horas se ha rescatado a 22 personas de origen magrebí en tierra en una carretera de Formentera. A las 02.01 horas se ha rescatado a un total de nueve personas de origen magrebí en tierra en Platja d'es Migjorn, Formentera.

Más tarde, a las 03.26 horas, se ha rescatado a un total de 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sur de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 17 personas de origen magrebí a 0,2 millas de Cabrera.

A las 03.15 horas se ha rescatado a un total de 22 personas de origen magrebí en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí, también en tierra en Playa Es Migjorn.

Casi a la misma hora, sobre las 03.15 horas se ha rescatado a un total de tres personas de origen magrebí en tierra en Playa s'Arenal (Llucmajor). A las 04.40 horas se ha dado con seis personas de origen magrebí en tierra en S'Estanyol (Llucmajor, Mallorca).

A las 04.51 horas se ha rescatado a un total de 15 personas de origen magrebí cuatro millas al sur de Cabrera. A las 05.35 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en mar a seis millas al sur de Cabrera.

Más tarde, a las 05.40 horas y a dos millas de Formentera, han sido interceptadas tres pateras más con 54 personas migrantes de origen magrebí a bordo.

Mientras tanto, a las 11.30 horas se ha interceptado a 30 personas de origen subsahariano en la zona del cap Falcó, en Cabrera. Casi simultáneamente, a las 11.30 horas, se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí en la misma zona.

Más de 500 personas desde el lunes

El lunes fueron siete las embarcaciones rescatadas con 97 personas migrantes a bordo. Este miércoles, de momento, son diez las pateras comunicadas con 140 personas.

De este modo, el recuento de los últimos tres días asciende a 36 embarcaciones con más de medio millar de migrantes.

A las puertas de la larga campaña electoral de 2024, que culminará con las elecciones presidenciales en noviembre, Joe Biden está sopesando la posibilidad de introducir cambios de calado en la política migratoria de Estados Unidos que endurecerían el control de las fronteras y abordarían una cuestión que se ha convertido en una de sus mayores vulnerabilidades políticas de cara a una probable reedición del duelo contra su rival Donald Trump y su retórica antiinmigración.

Un cambio de rumbo que representa también un riesgo para Biden, que llegó a la Casa Blanca en 2021 prometiendo “recuperar la humanidad y los valores estadounidenses en nuestro sistema migratorio” tras los cuatro años de mano dura de Trump. Poco después de jurar el cargo, Biden se puso manos a la obra para deshacer las políticas migratorias de su predecesor republicano y, al mismo tiempo, envió al Congreso un amplio paquete legislativo que incluía vías para conseguir la ciudadanía estadounidense para millones de migrantes que viven en el país.

El ambicioso paquete legislativo cayó con estrépito en el Capitolio, ya que los líderes demócratas tenían pocas ganas de enfrentarse a la siempre espinosa cuestión de la reforma migratoria. Desde ese momento, la política migratoria ha virado bruscamente hacia la derecha, dejando a los demócratas, y también al presidente, en la difícil situación de tener que negociar con los republicanos las medidas fronterizas que tanto habían condenado.

La llegada masiva de migrantes, a un ritmo excepcionalmente alto, en la frontera sur con México, así como los feroces ataques republicanos a la respuesta del presidente, que consideran tibia, han puesto esta cuestión en primer plano de la agenda política. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de llegar a un acuerdo encaminado a limitar la llegada de migrantes a la frontera suroeste de Estados Unidos.

Un grupo bipartidista de legisladores del Senado ha mantenido conversaciones con la Casa Blanca sobre un acuerdo fronterizo que desbloquearía la ayuda a Ucrania e Israel ya que los republicanos no enviarán ayuda a Ucrania sin garantías de mayor dureza frente a la crisis migratoria. Una y otra cuestión han quedado aparcadas hasta después de las vacaciones de Navidad. “Todos sabemos que en la frontera tenemos un problema: el presidente, los demócratas”, señaló Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, en la última sesión de los senadores antes de su receso vacacional. “Nuestro objetivo es lograr avanzar en esta cuestión a nuestra vuelta”, añadió.

Biden, en la encrucijada

Sin embargo, para muchos cargos demócratas, defensores de los derechos de los migrantes y líderes progresistas, los profundos cambios que Biden sopesa para la ley de asilo y la aplicación de las leyes fronterizas son casi indistinguibles de las políticas de su predecesor. Argumentan que Estados Unidos tiene la responsabilidad humanitaria de proporcionar refugio a los millones de migrantes que huyen de la violencia, la pobreza y los desastres naturales.

En un discurso en las escalinatas del Capitolio a principios de mes, el senador demócrata por California Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, señaló que “volver a las políticas de la era Trump no es la solución. De hecho, no hará más que empeorar el problema”.

Padilla, el primer latino en presidir el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza del Comité Judicial del Senado, instó al presidente a oponerse a las propuestas de seguridad fronteriza de los republicanos: “Detención masiva, destripar nuestro sistema de asilo, el Título 42 con esteroides. Son propuestas inconcebibles”.

Sin embargo, muchos estadounidenses, especialmente republicanos, perciben el aumento de la llegada de migrantes sin documentos que llegan a la frontera sur como un problema que requiere medidas urgentes. Según una encuesta de AP-NORC, casi la mitad de los adultos estadounidenses afirman que reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México debería ser una “prioridad alta” para el Gobierno del país.

Mientras tanto, los sondeos muestran un profundo descontento entre los partidos con la gestión de Biden en materia de migración y seguridad fronteriza. En una encuesta realizada en diciembre por el Wall Street Journal, el 13% de los votantes consideraba la migración y la situación en la frontera entre Estados Unidos y México como la cuestión que más les preocupaba, por delante de la situación económica.

Los votantes desaprobaban la gestión de la frontera por parte de Biden por un margen de más de dos a uno. Preguntados sobre quién creían los votantes que gestionaría mejor la cuestión, el 54% dijo Trump frente al 24% que dijo Biden, con diferencia la mayor distancia entre los dos posibles candidatos entre todas las cuestiones analizadas.

Esto supone un cambio con respecto al mandato de Trump, cuando los votantes tendían a dar ventaja a los demócratas en migración y rechazaban en gran medida los intentos de los republicanos de fomentar la hostilidad hacia los migrantes.

Los demócratas han luchado durante mucho tiempo para articular una agenda migratoria cohesiva y proactiva. Sus divisiones sobre cómo arreglar el maltrecho sistema de migración del país se desvanecieron durante el mandato de Trump, ya que el partido se unió contra la retórica del republicano contra la inmigración y las políticas de línea dura.

En la campaña presidencial de 2020, Biden prometió revertir el enfoque de Trump y apostar por políticas más humanitarias. Pero a medida que un número récord de migrantes sin documentación llegan a la frontera y buscan refugio en ciudades a cientos de kilómetros de distancia, Biden sufre la presión de los críticos republicanos y los aliados demócratas para abordar un problema que ambos partidos consideran una “crisis”.

“La Casa Blanca se encuentra en una situación muy delicada desde el punto de vista político”, señala Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, un grupo de defensa de los migrantes. En opinión de Cárdenas, Biden no debería “ceder” a las demandas republicanas, sino redoblar los esfuerzos “sin precedentes” de la administración para ampliar las vías de migración legal y los permisos de trabajo. Si bien afirma entender las limitaciones de lo que Biden puede lograr mediante la acción ejecutiva, insta al presidente a ser “audaz” y arriesgarse para atraer a una gran parte de los electores demócratas, como los jóvenes y los votantes situados más a la izquierda.

“Este gobierno tiene que demostrar que está dispuesto a impulsar alguna medida significativa en favor de las comunidades de migrantes”, afirma. “Si no lo hacen, va a ser muy difícil que los electores que están sensibilizados con la situación y con los derechos de los migrantes los voten en noviembre”.

Todo parece indicar que Biden considera que un acuerdo con los republicanos sobre seguridad fronteriza le beneficiará más que perjudicarle políticamente. Los que están de acuerdo con este enfoque argumentan que es poco probable que los partidarios de los derechos de los migrantes apoyen a Trump, cuyas políticas aborrecen, y que probablemente se verán motivados a acudir a las urnas por otras cuestiones como el derecho al aborto y la defensa de los valores democráticos.

“En lo que respecta a los demócratas, se trata de un gran lastre”, subraya Ruy Teixeira, investigador del American Enterprise Institute y coautor de ¿Dónde se han ido todos los demócratas?. “Harían bien en empezar a intentar deshacer parte del daño”, valora. En los grupos de discusión que se han organizado en vísperas de la campaña de 2024, Teixeira afirma que los votantes, incluidos los latinos, expresan una profunda ansiedad sobre la migración y consideran que la frontera está “fuera de control”. En su opinión, Biden tiene que dejar de preocuparse por la reacción de los grupos de derechos de los migrantes y los progresistas y empezar a presumir de las medidas que su gobierno está impulsando para frenar el flujo de migrantes, como la construcción de una sección del muro de Trump. “Ahora tiene lo peor de ambos mundos, ya que impulsa medidas duras contra los migrantes y luego alude vergonzosamente a ello de vez en cuando y afirma tener las manos atadas”, dice. “Con lo cual, la izquierda de su partido le ataca por lo que ha hecho y los votantes no saben qué ha hecho”.

A principios de este año, varios gobernadores republicanos empezaron a transportar en autobús y avión a miles de migrantes desde sus estados, especialmente Texas, a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York, Washington y Chicago. La táctica fue condenada por los grupos de defensa de los derechos de los migrantes por considerar que es inhumana y solo persigue fines políticos, pero también puso de manifiesto la tensión a la que se enfrentan las ciudades estadounidenses, donde los funcionarios demócratas afirman que la afluencia de migrantes ha desbordado los centros de acogida, las escuelas y los hospitales. En los últimos meses, varios alcaldes y gobernadores demócratas han pedido a la Casa Blanca que intensifique su respuesta federal a lo que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha calificado de “crisis humanitaria nacional”.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tras un repunte de tres meses que se acercó a máximos históricos, las detenciones por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur cayeron un 14% en octubre, antes de repuntar de nuevo en noviembre.

A pesar de la preocupación por la frontera, una encuesta de Gallup de julio reveló que dos tercios de los estadounidenses siguen considerando que la migración es positiva para el país. Y los demócratas señalan que los republicanos exigen nuevas restricciones a la migración legal en un momento en que los economistas afirman que Estados Unidos necesita más trabajadores para hacer frente a la escasez de mano de obra. “Necesitamos trabajadores. Necesitamos mano de obra. Tenemos que ser competitivos en el futuro”, dijo recientemente la congresista Verónica Escobar, demócrata de Texas. “Los migrantes nos hacen mejores”.

Medidas contrapuestas

Durante gran parte de su presidencia, Biden ha presentado la oleada migratoria hacia Estados Unidos como un reto hemisférico: el aumento de la violencia, las crisis económicas y la agitación política empujan a millones de migrantes hacia las fronteras estadounidenses. En respuesta, el Gobierno de Biden ha buscado una combinación de nuevas vías legales para que los migrantes entren en el país junto con más restricciones para los que cruzan la frontera de forma ilegal. Algunos aspectos de este planteamiento han recibido elogios de los grupos de defensa de los derechos de los migrantes. Pero algunos también han acusado a la administración de “latigazo” político.

Este año, el Gobierno de Biden amplió el estatus legal temporal a casi 500.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio, huyendo de la crisis económica y humanitaria en su país de origen. Semanas después, EEUU anunció que reanudaba los vuelos de deportación a Venezuela. La medida, que provocó fuertes reacciones de grupos de defensa de los derechos de los migrantes, se produjo después de que los agentes detuvieran por primera vez a más migrantes venezolanos que mexicanos.

El Gobierno de Biden también anunció recientemente que no tenía más remedio que construir hasta 32 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera con México, rompiendo una promesa de campaña de no levantar ni un metro más del muro fronterizo de Trump. La administración, que renunció a más de 20 leyes y regulaciones federales para permitir la construcción de barreras en el Valle del Río Grande de Texas, dijo que no tenía otra opción porque los fondos ya habían sido autorizados por el Congreso durante la presidencia de Trump. 

De cara al año electoral, Biden se está centrando en el que probablemente será su rival. El presidente condenó recientemente la retórica demonizadora de Trump, incluidos los comentarios nativistas de que los migrantes indocumentados “están envenenando y destruyendo la sangre de nuestro país” y la promesa de ser un dictador “el primer día” para cerrar la frontera sur con México. La campaña de Biden también ha aprovechado las informaciones que apuntan a que, si Trump logra presentarse como candidato y es elegido para un segundo mandato, planea tomar medidas aún más duras contra la migración, con planes que incluyen deportaciones masivas y campos de detención.

Mientras tanto, la Casa Blanca afirma que las políticas migratorias de Trump son las culpables de la creación de algunos de los atrasos que están abrumando a los tribunales de inmigración. Los funcionarios también argumentan que los republicanos del Congreso se han interpuesto en el camino de las solicitudes para financiar más agentes de la patrulla fronteriza, trabajadores sociales, jueces y funcionarios judiciales.

Sin embargo, hasta ahora esos argumentos no han calado entre los votantes, que creen que el presidente ha hecho poco por abordar el problema. Si las negociaciones entre el Senado y la Casa Blanca llegan a buen puerto, la Casa Blanca espera que permitan a Biden mostrar avances en un tema que lo ha perseguido durante todo su mandato.

Algunos demócratas se muestran escépticos. Acusan a los republicanos de negociar de mala fe, diciendo que sólo están interesados en convertir el asunto en un arma, no en abordarlo. Cárdenas señala que los republicanos no dejarán de atacar a Biden en materia de migración, incluso si cumple con sus demandas de control fronterizo. “Cambian las reglas del juego sobre la marcha”, lamenta. “Y luego te quedas atascado con políticas que ni siquiera abordan el problema”.

Traducción de Emma Reverter

Tras avanzar alrededor de 70 kilómetros desde Tapachula, más de 6.000 migrantes continúan su camino por México en su intento de presionar al Gobierno mexicano durante la visita de una delegación estadounidense liderada por el secretario de Estado, Antony Blinken, para abordar el repunte migratorio con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Mientras el mandatario mexicano ha anunciado “acuerdos importantes” alcanzados con EEUU, sin que especifique detalle alguno, los migrantes piden un visado humanitario que les permita transitar libremente por el país hasta alcanzar la frontera con EEUU.

Este grupo, que partió en Nochebuena con casi 10.000 personas como la caravana más numerosa del año, a llegado a Escuintla, municipio del estado de Chiapas. Los migrantes y activistas acompañantes han exigido diálogo con el Gobierno de México, que este miércoles recibió a una delegación de Washington conformada por Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Ante el encuentro, el coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, quien acompaña la caravana, ha expresado su malestar al considerar que la inmigración está siendo instrumentalizada con el objetivo de alcanzar intereses económicos o políticos. “México no es el patio trasero de nadie”, ha dicho el activista, quien ha añadido que los migrantes “no son moneda de cambio”. “No creemos que haya un beneficio (por la reunión), creemos que debe haber un razonamiento y una razón humana para mitigar esta problemática, que es este éxodo de la pobreza”, ha indicado a la Agencia EFE.

José Carlos carga a su hijo en brazos en Escuintla. Es hondureño y pide a ambos gobiernos que permitan su tránsito por el país de forma legal. Han decidido atravesar México es porque huyen de la miseria, de las pandillas y buscan trabajar para sostener a su familia, explica. “Que se pongan de acuerdo los dos países entre México y Estados Unidos, los presidentes Joe Biden y López Obrador, que nosotros no aguantamos la pobreza y por eso salimos de ahí”, manifiesta. “Que se pongan la mano en la conciencia porque somos pobres y gente trabajadora, no andamos haciendo desmadre (desorden) y nada de eso, vamos a trabajar, a echarle ganas. Si ellos llegan a un acuerdo para beneficiarlos, sería bueno”.

Al término de la reunión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que el encuentro concluyó con “importantes acuerdos” en economía, seguridad y migración ya que “ahora más que nunca es indispensable la política de buena vecindad”, sin embargo, no ha especificado de qué pactos se tratan. “Se lograron importantes acuerdos en beneficio de nuestros pueblos y naciones. Ahora más que nunca es indispensable la política de buena vecindad”, añadió. López Obrador se ha mostrado dispuesto a ayudar, pero quiere ver avances en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y Venezuela, dos de las principales fuentes de migrantes, junto con más ayuda para el desarrollo para la región, informa la agencia AP.

El lunes, la principal prioridad de México parecía ser lograr que Estados Unidos reabriera los cruces fronterizos que estaban cerrados debido al aumento de migrantes. Hablamos de la importancia de la frontera, y de la relación económica… la importancia de reabrir los pasos fronterizos, eso es una prioridad para nosotros“, ha dicho la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

Por su parte, Blinken, ha resaltado en la red social X que la asociación entre Estados Unidos y México “es crucial para la prosperidad y la seguridad” en ambos países y “en todo el continente americano”. “Es bueno discutir estos temas y nuestros esfuerzos compartidos para reducir la migración irregular con López Obrador hoy en la Ciudad de México”, señaló el funcionario estadounidense.

El flujo migratorio no cesa

La caravana avanza mientras este diciembre se registran cifras históricas de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés) confirmó el martes la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre. De los 10.000 migrantes que comenzaron su camino el domingo pasado, se han dispersado en varios grupos en los municipios de Mapastepec, Pijijiapan y Arriaga, pero el grueso de unos 6.000 están en Escuintla.

El activista mexicano de CDH avisó que este jueves el grupo más numeroso caminaría durante la madrugada con destino a Mapastepec, por lo que recorrerían otros 35 kilómetros y harían un plantón por un periodo de 24 horas para que el Instituto Nacional de Migración (INM) los atienda.

Sin una respuesta positiva del Gobierno mexicano, seguirán caminando en este grupo, al que bautizaron 'Éxodo de la pobreza', hasta abandonar Chiapas rumbo al norte del país.

Migrantes vulnerables

Dentro de la caravana avanza Jonás Sosa, un migrante venezolano que forma parte de unas 700 personas de grupos vulnerables que podrían obtener una visa por razones humanitarias de México por su discapacidad. “Ya es hora de que nos tomen atención a nosotros, a las personas con discapacidad, están viendo el esfuerzo tan grande que estamos haciendo, caminando tantos kilómetros con nuestra discapacidad para llegar hasta aquí”, sostiene.

Viaja con sus hijos y su esposa desde Tapachula. Camina con dificultad, apoyado en sus muletas, pero comenta que ya no soporta caminar más kilómetros, dado que sus prótesis lo han debilitado. “Yo al menos ya no aguanto a caminar más, quisiera que nos ayudaran y se pongan la mano en el corazón, por favor, la gente de Migración y del Gobierno, los que tienen la capacidad para ayudarnos”, dice Jonás Sosa.  

Una caravana de más de 6.000 migrantes de una veintena de nacionalidades continuará su marcha este miércoles desde la frontera sur de México, ante la visita de la visita de una delegación estadounidense liderada por el secretario de Estado, Antony Blinken, para abordar el repunte migratorio con el Gobierno mexicano.

El grupo, que partió esta Nochebuena con casi 10.000 personas como la más numerosa del año, salió del municipio de Huixtla este martes hasta llegar a la aduana del sur del estado de Chiapas, donde se arrodillaron para rezar.

Los migrantes pidieron a los funcionarios de Estados Unidos y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que permitan su avance. En este contingente viaja Rosa, originaria de El Salvador, donde era trabajadora del hogar antes de abandonar el país por la falta de empleo, por lo que ahora pretende llegar a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida, pero se ha topado con los obstáculos del Instituto Nacional de Migración (INM) de México. “Hay muchos retenes y nos deportan”, ha dicho a la Agencia EFE.

“Estamos pidiendo documentos para poder llegar a la frontera norte, pues hay muchas madres que van al sueño americano. En nuestros lugares a veces no está la suficiente economía y empleo, entonces nos toca venir para México para cruzar al otro lado”, ha relatado.

Un éxodo y una crisis internacional

La caravana avanza mientras López Obrador espera este miércoles la visita urgente de una delegación de Washington formada por Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“Vamos el miércoles a tener una reunión con una comisión que viene de Estados Unidos. Nosotros los invitamos para que se trate el tema migratorio”, ha apuntado el mandatario mexicano en su conferencia matutina de este martes.

Este diciembre se han registrado cifras históricas de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés) confirmó este martes la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre de 2023.

Política migratoria cuestionada

En este contexto, el director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, quien acompaña a la caravana, ha cuestionado el encuentro entre México y Estados Unidos por el rechazo a los migrantes.

“Se reúne México para pedirle dinero a Estados Unidos y se lo va dar para combatir a los más pobres, a los que Andrés Manuel López Obrador (dijo) que iba a defender”, ha señalado el activista a EFE. “Han criminalizado a las mujeres, los niños y han criminalizado la defensa de los derechos humanos en México”, ha agregado.

Pese al discurso de apertura de López Obrador, el migrante venezolano Nery Jesús Menzana señaló que el Gobierno de México no está convencido de ayudar a la migración. Por ello pidió a ambos gobiernos que, antes de frenarlos o reunirse para controlar el flujo migratorio, deberían cooperar con el fin de mejorar las condiciones de sus pueblos para que sus ciudadanos no migren.

“Si el pueblo migra, es porque algo le falta al Gobierno para satisfacer las necesidades de ese pueblo, migrar para buscar una nueva esperanza de vida. Y si tú te reúnes con un país, para negarle la migración a tu pueblo, mejor reúnete con tu gobierno para que le prestes (recursos) al pueblo para que no migren”, ha añadido.

Hasta la tarde de este martes, la caravana estaba en el municipio de Villa Comaltitlán, donde descansarían hasta salir este miércoles a Escuintla.

En vísperas de la visita de una delegación de Estados Unidos para abordar la crisis migratoria, una caravana de más de 10.000 migrantes partió este domingo de la frontera sur de México en pleno día de Nochebuena para presionar a ambos gobiernos.

Los miles de migrantes de 24 nacionalidades salieron caminando desde la ciudad fronteriza de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, la madrugada de este domingo y se arriesgaron a caminar hasta Álvaro Obregón.

Este contingente de personas, en su mayoría niños, mujeres y familias completas, caminó por la carretera federal 200 y cruzó el primer retén del Ejido Viva México, donde los observó pasar únicamente personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

La delegada de Protección Civil, Julissa Esther Briones Magaña, confirmó a EFE que son 10.000 personas en contexto de movilidad, por lo que recomendó a la población migrante que salvaguarde su salud y la de sus hijos y al mismo tiempo les pidió a los conductores que manejen con precaución por este éxodo masivo de personas.

De acuerdo con Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), esta caravana es el éxodo más grande de este año y podría superar las 15.000 personas que van a caminar los días que puedan para llegar a la Ciudad de México en su primer punto.

“Hay un tapón y un nudo humano que está reflejado en este grupo que encabezamos, le decimos al estado mexicano que no nos deja otra que caminar por la carretera hasta que el INM y el dedo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diga sí o no. Hoy caminamos los más pobres de los más pobres de los que estamos en la cúspide de la necesidad, los que no tenemos dinero para pagar visas o polleros”, dijo Villagrán.

El migrante venezolano Jesús Silva, quien viaja con su esposa, contó a EFE que en Ciudad Hidalgo los agentes de migración lo subieron a una unidad y lo llevaron a la estación migratoria Siglo 21, donde les dieron un oficio para abandonar México.

“Realmente la opción es caminar, me apoyo en la caravana, porque es donde nos sentimos más seguros con hermanos latinos que estamos saliendo con un nuevo sueño, con una esperanza de vida”, compartió Silva.

El migrante hondureño José Wilmer Fernández Caballero, quien mostró su resolución positiva de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ha intentado salir de Chiapas, pero las autoridades migratorias les dicen que no vale nada y que no sirve.

“De nada sirvió estar tanto tiempo en Tapachula, tiempo perdido, siempre me bajan y me regresan, aquí llevamos la resolución positiva, pero siempre me bajan de la combi (autobús) y me dicen que no vale nada”, relató.

Esta caravana caminó unas cuatro horas desde Tapachula al ejido Álvaro Obregón, donde sus integrantes vivieron la Navidad debajo de árboles, techados, sobre la maleza, el piso, cartones, colchonetas y sábanas que cargan para poder pasar esta noche que debería ser familiar, en paz y de mucha alegría, pero en la que han emprendido este viaje con tal de llegar a los Estados Unidos.

El pasado junio Pilar Kaltzada (Donostia, 1970) fue nombrada presidenta de Save The Children, organización en la que ha formado parte desde distintas posiciones, incluido el voluntariado. Su objetivo, defender los derechos de los niños y, en cualquier situación de emergencia, trabajar en conseguir una respuesta humanitaria para cada conflicto. “Nuestra razón de ser es la protección de los derechos de la infancia, por lo que uno de los principales retos es hacer ver que todavía hoy es necesario defender y poner sobre la mesa la necesidad de que la infancia sea la prioridad de las políticas públicas y de la respuesta humanitaria. La inversión en justicia social tiene que ser una inversión de infancia”, señala a este periódico.

Es un reto que con cada nueva emergencia social se complica cada vez más y más, si se tiene en cuenta que, como Kaltzada critica, la agenda tiene poca capacidad para integrar la realidad del mundo. “El hecho de que ahora estemos mirando con esta angustia hacia los territorios ocupados de Gaza no significa que no esté ocurriendo nada en Yemen, que sigue habiendo una guerra abierta en Ucrania o que hay miles y miles de niños y niñas en este momento emprendiendo rutas de migración. Es un problema que la opinión pública no sea capaz de gestionar que hay más de un conflicto a la vez”, lamenta.

¿Qué supuso para usted que la nombraran presidenta de Save The Children?

Mucha alegría, pero también responsabilidad. Es una organización a la que llevo vinculada muchos años desde diferentes posiciones. He recorrido todas las etapas, porque he sido socia, voluntaria y ahora presidenta. He conocido la organización desde distintos lugares y me hace mucha ilusión contribuir ahora desde la presidencia.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la ONG?

Todas las organizaciones que tenemos un mandato doble, un mandato de defensa de derechos y un mandato de respuesta humanitaria, estamos en un mundo en el que tanto los derechos como la necesidad de respuesta humanitaria son gigantescos. Nuestra razón de ser es la protección de los derechos de la infancia, por lo que uno de los principales retos es hacer ver que todavía hoy es necesario defender y poner sobre la mesa la necesidad de que la infancia sea la prioridad de las políticas públicas y de la respuesta humanitaria. La inversión en justicia social tiene que ser una inversión de infancia.

En estos momentos los ojos del mundo entero están puestos en Gaza. ¿Cuál es la situación de los menores allí?

Todo el mundo tiene en este momento metidas en la retina algunas imágenes y tenemos también la información que recibimos desde este terreno. Save The Children tiene un equipo de personas desde hace muchísimos años trabajando y viviendo allí y estamos viviendo todo lo que está ocurriendo con muchísima preocupación. La infancia es la principal perdedora en cualquier situación de emergencia y, esto es una emergencia humanitaria. Nuestra organización surgió en 1919 como respuesta a la situación absolutamente insoportable que sufrían los niños y niñas en el contexto de aquella guerra mundial. De hecho, la razón por la que se creó Save the Children fue para proteger a la infancia, independientemente del bando en el que estuvieran viviendo. Dijimos entonces y llevamos diciendo más de un siglo que todas las guerras se declaran contra la infancia porque son quienes más sufren una guerra sin tener, por supuesto, nada que ver en el desarrollo del conflicto. Por lo tanto, todas las guerras tienen un impacto diferencial en la infancia.

En el caso de los territorios ocupados, debemos tener en cuenta que su población muy joven y que el número de niños y niñas que viven en territorios ocupados es muy alto. Por lo tanto, sabemos que quien más está sufriendo es la infancia. Según los datos que recibimos casi el 40% de las muertes han sido niños y niñas. Sabemos que los datos de que al menos que la información que recibimos es que casi el 40% de las bajas han sido ya niños y niñas, por lo que el impacto en la infancia es absolutamente brutal. Además, conocemos que hay heridos y fallecidos, pero no somos capaces de evaluar aún el impacto en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en Gaza en este momento.

Es un problema que la opinión pública no sea capaz de gestionar que hay más de un conflicto a la vez

En ese sentido, ¿cómo valora la posición del Gobierno de España, Estados Unidos y la Unión Europea en el conflicto palestino-israelí?

La posición que puedan tener los Estados es una cuestión que deberán resolver los Estados. Desde una organización de enfoque humanitario lo que tenemos que exigir de todas las maneras posibles es que haya un alto al fuego, que se permita de una vez por todas la entrada a la ayuda humanitaria y que esa entrada sea segura para la población civil y para los trabajadores de ayuda humanitaria, porque en este momento no podemos actuar. En los casos casi esporádicos que se ha permitido la entrada de cierta ayuda humanitaria, son vías que ni son seguras ni son constantes, la necesidad de ayuda humanitaria que existe en este momento probablemente es algo que no hemos visto, desde luego en la historia reciente. Y sin embargo, todas las organizaciones estamos a la espera de que se abran corredores en los que realmente sea seguro poder actuar. Es fundamental que esta sea la petición más allá del resto de peticiones que puedan hacerse. La nuestra tiene que ser una petición claramente de mandato humanitario. Vivimos con muchísima preocupación y con mucha angustia la situación en la que están nuestros compañeros y compañeras en terreno, pero sobre todo en la que está toda la población y específicamente, en nuestro caso, niños y niñas.

¿A la sociedad le importa más un niño en función de si es de Gaza, de Ucrania o de Yemen?

Está claro que la preocupación social tiene mucho que ver con la agenda y la agenda parece que tiene poca capacidad para integrar la realidad del mundo. El hecho de que ahora estemos mirando con esta angustia hacia los territorios ocupados de Gaza no significa que no esté ocurriendo nada en Yemen, que sigue habiendo una guerra abierta en Ucrania o que hay miles y miles de niños y niñas en este momento emprendiendo rutas de migración. Es un problema que la opinión pública no sea capaz de gestionar que hay más de un conflicto a la vez. Durante este mes, además de los territorios ocupados en Gaza, han ocurrido ocho terremotos en Afganistán. En este momento hay miles y miles de niños y niñas saliendo de Afganistán porque se cierra la frontera con Pakistán. Son situaciones de auténtica crisis humanitaria en las que no somos capaces de poner el foco. Creo que tenemos que hacer una revisión muy profunda como sociedad para aceptar que el mundo es un lugar muy complejo y que las respuestas que tenemos que dar no pueden ser simples. No podemos gestionar solo un conflicto porque es absolutamente injusto para los niños y niñas que están sufriendo el resto de conflictos que están absolutamente silenciados, pero siguen ocurriendo.

Tras la guerra de Ucrania, por un lado, y el aumento de los flujos migratorios de personas provenientes de países empobrecidos, por el otro, el número de refugiados y migrantes está aumentando, entre ellos muchos menores. ¿A qué se enfrenta un niño que migra? 

Tenemos que pensar que los niños tienen agencia, no son solamente personas que se dejan llevar o que van perdidas en sus procesos migratorios. Son poblaciones valientes que tienen gran capacidad de resistir. Es absolutamente injusto que no existan condiciones de vida en tu territorio y que te veas obligado a marcharte, sea por la pobreza o por cuestiones de conflictos armados, que la mayoría de los casos suelen ir muy entrelazados. Se enfrentan a una a un viaje en el que la vulneración de sus derechos es prácticamente completa. En muchos casos están sometidos a todo tipo de vejaciones, de situaciones que o son o rozan lo delictivo. Muchos niños y niñas emprenden ese viaje porque realmente no tienen otra solución y tienen que hacerlo en condiciones en las que carecen absolutamente de la protección que deben tener, porque son menores, pero son personas que son sujetos de derecho. Mientras no existan rutas migratorias seguras con el nivel de protección extra que requieren, las personas menores van a estar enfrentándose a un auténtico calvario. Es un camino de absoluta vulnerabilidad. Es muy importante que cambiemos la mirada sobre las personas que migran en general y sobre los menores en particular, y que seamos muy exigentes a la hora de garantizar los derechos cuando acceden a nuestro territorio.

¿Sufre más violencia una niña que migra?

Todos los niños y niñas están sujetos a los mismos riesgos de vulnerabilidad, pero como en toda la vida, no hay ninguna situación que sea neutral desde el punto de vista de género. Las niñas, además, se enfrentan a situaciones en las que diferencialmente están en mayor riesgo. El tránsito de las mujeres en los procesos de migración es un tránsito que tiene sobre todo una carga de riesgo asociado a lo sexual, asociado a todo tipo de violencias que que que necesita tener un tratamiento diferencial. Las niñas se exponen muchísimo más y es por eso también que en la mayoría de los casos son muchísimo más invisibles. En la típica imagen de menores llegando a costas difícilmente vemos a las niñas. ¿Dónde están? Porque ellas también han salido de sus lugares de origen, pero no las vemos. No descubro nada si digo que muchas niñas terminan en redes de trata o que su propio cuerpo es un cuerpo de abuso. Hay poco conocimiento todavía sobre cómo impacta realmente el proceso migratorio en las niñas, pero sabemos por los testimonios que recogemos que son especialmente vulnerables. Muchas veces vemos, por ejemplo, que en una entrada a través del mar llegan mujeres con bebés y en muchas ocasiones esos niños han sido engendrados durante el proceso migratorio y desde luego no ha sido voluntariamente por parte de las mujeres.

Tenemos un concepto limitado de pobreza. También es pobre un niño que no puede comprar unas gafas o en casa no tiene dónde estudiar

Otra de las cuestiones que están trabajando en la ONG es la lucha contra el matrimonio infantil. Según sus datos en el mundo hay un matrimonio forzoso cada 7 segundos. ¿Qué se puede hacer para evitar que sigan ocurriendo situaciones de ese tipo?

Lo que debemos hacer es entenderlo en el contexto. Comprender cuáles son las raíces de estas prácticas y tratar de proteger a las menores y cambiar sus condiciones de partida para que esta práctica, tan extendida en el mundo y tan invisible, cambie. Hay que trabajar en el terreno con las propias niñas, porque ellas son una fuerza poderosa de cambio. En muchas ocasiones se realiza un enfoque externo y limitado, por eso desde Save The Children se trabaja con un enfoque comunitario en el que son las propias comunidades las que ofrecen alternativas a esta práctica que vulnera el derecho de las niñas, que las condena con crueldad. Si somos capaces de proveerles de herramientas, de alternativas, de formación y de modos de subsistencia, en muchas ocasiones ese matrimonio que las comunidades más tradicionales pueden ver como una alternativa de vida deja de ser una opción.

España es el segundo país europeo en el que más niños y niñas “malviven”. ¿Qué situaciones sufren estos niños y niñas? ¿La sociedad española es consciente de ello?

Aquí hay siempre un debate abierto, porque como sociedad tenemos una imagen de pobreza muy limitada. Sin embargo, la pobreza en España no tiene por qué solo ser esa imagen de un niño que pide en la calle, también es un niño que, por ejemplo, no puede hacer frente a un gasto necesario como comprarse unas gafas o que en casa no tiene un sitio en el que ponerse a estudiar o no pueden encender la calefacción. El concepto de pobreza es relativo porque un niño pobre en España puede no ser pobre en otro lugar del mundo. La privación que estamos viendo aquí tiene que ver con la mala calidad de las condiciones de vida del entorno familiar vivienda, renta, acceso a recursos básicos como pueden ser el refuerzo de educación y sobre todo una subordinación absoluta a los medios más básicos. Hay niños que si no comen en el comedor escolar, directamente no comen. O niños que vienen a nuestros centros y no se quitan el abrigo, porque están acostumbrados a llevar abrigo en interiores porque no tienen calefacción en casa.

¿La sociedad es consciente de ello?

No. No somos conscientes porque hay muchos tipos de pobreza y algunas son más difíciles de ver sobre todo porque la pobreza sigue teniendo un estigma brutal socialmente. Miramos hacia otro lado porque nos incomoda darnos cuenta de que en nuestra sociedad del bienestar conviven personas que no pueden ni de lejos acercarse a lo que llamamos bienestar. La pobreza es difícil de ver, pero está entre nosotros. Hay ciudades en las que conviven las luces de grandes centros comerciales con viviendas con falta de luz, como puede ser en la Cañada Real, que está a pocos kilómetros de un Madrid con un consumo lumínico espectacular y en el que pronto vamos a ver las luces de Navidad, cuando hay lugares en los que no cuentan con electricidad para calentarse. No estamos hablando de tener electricidad para tener acceso a Internet o ver la televisión, son personas que no tienen ni para calentarse y no pasar frío en su propia casa.

La eurodiputada Sira Rego (Valencia, 1973) ha viajado esta semana a Italia para empaparse en el terreno de la situación en la que se encuentra el país ante la tensión migratoria justo cuando las negociaciones para la nueva regulación de la UE se acercan a su fase final. Y ha vuelto a España preocupada por lo que califica como una “gestión muy reaccionaria del proceso migratorio” que se ha contagiado al resto de capitales. Advierte de que el texto amenaza con vulnerar “de facto” el derecho al asilo, al mismo tiempo que sitúa la solución en la militarización.

A pesar de su viaje a Italia, ha tenido un ojo puesto en la “performance” de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Se muestra optimista respecto a la reedición de la coalición en la que Izquierda Unida, dice, tiene que seguir formando parte del Gobierno. Y pide que no haya posiciones maximalistas en la negociación en referencia a la apuesta de ERC y Junts por el referéndum de autodeterminación. “Lo importante es que estemos en el terreno de la política en todo lo que tiene que ver con Catalunya. No podemos estar sujetos a presiones partidistas de ningún tipo”, dice en una entrevista telefónica con elDiario.es.

Ha viajado estos días a Italia, en plena crisis por el incremento de llegadas y con la negociación del paco migratorio en su recta final. ¿Cómo ha visto situación en el terreno?

Nos hemos encontrado una situación muy complicada en Italia, una sociedad en la que la cuestión migratoria pesa muchísimo y sobre todo una gestión muy reaccionaria del proceso migratorio que está pesando mucho en la agenda europea. Los titulares que estamos viendo de Meloni y Von der Leyen reuniéndose en Túnez para fraguar un acuerdo no dejan de ser una declaración de intenciones y un acuerdo tácito entre una parte de las fuerzas que representan el Parlamento Europeo para asumir como propias las líneas maestras de la extrema derecha en el Pacto de Migración y Asilo. Lo que vemos es que lo que está haciendo Meloni no deja de ser un adelanto de lo que se plantea que sea ley a partir de que se apruebe el Pacto de Migración y Asilo: un proceso de persecución y de criminalización de las ONG muy grande y del propio fenómeno migrante.

En el texto que están negociando los gobiernos lo que se ve son más barreras de entrada y ampliación de los plazos de detención. ¿Esto sucede ya en Italia? 

Nos reunimos con el responsable de la OIM en Italia y en Malta, y reconocía que no había aumentado en términos globales el número de personas migrantes que llegaban con respecto a otros años, es decir, también hay una utilización de las llegadas para construir una narrativa determinada. Hay un incremento muy fuerte del presupuesto europeo que irá destinado a la militarización y externalización de fronteras. Si hace unos años esto nos parecía escandaloso, ahora ya es una cuestión que está normalizada. Igual que está normalizado que haya centros en los que se retiene a personas que son migrantes y, en muchos casos, personas que son solicitantes de asilo. Lo que se hace en el pacto de inmigración y asilo, de facto, es que se suspende el derecho al asilo. Esto va en contra del derecho internacional. Se plantean unos procedimientos que hacen muy complicado que se obtenga el derecho al asilo y se regulan figuras que suspenden los derechos hasta que se acredite la situación. 

Hay puntos de la frontera exterior de la UE en los que es imposible pedir asilo porque no hay físicamente posibilidad de acercarse a solicitar asilo. Esto entra en contradicción con algo que creemos que sería una solución para evitar todo esto, que es articular vías legales y seguras con las vías legales y seguras. Sería una manera también de articular las llegadas, evitando que hubiera mafias que trafican con personas en determinados países y, sobre todo, evitaría que hubiera gente jugándose la vida en el mar.

Con este acuerdo, en los términos en los que se están negociando, ¿se corre el riesgo de que la Unión Europea vulnere los derechos de las personas migrantes por ley, es decir, que se legalice el incumplimiento? 

Claro, es que nosotros lo que denunciamos precisamente es que esta es la dinámica de todo el Pacto de Migración y Asilo. En la medida en la que tú suspendes el derecho al asilo, automáticamente estás normalizando y legalizando la vulneración de un derecho humano. Todos los acuerdos con terceros países se basan precisamente en esto, en la suspensión de derechos. Lo que pasa es que nos lo llevamos fuera de territorio de la Unión Europea para no ver lo que está sucediendo en otros lugares. Lo que estamos viendo es un patrón similar en el que hay muchísimas personas que vienen de sitios que están que estarían sujetos a protección internacional, personas que huyen de conflictos bélicos y que, sin embargo, están retenidas en muchos campos en el perímetro exterior de la UE. Pero es que los acuerdos con terceros países lo que hacen es externalizar todo esto, militarizan esto y lo que hacen de facto es convertir en normal la suspensión y la vulneración de un derecho.

Hemos visto como actúa Frontex en las fronteras exteriores de la UE. Frontex es una agencia europea que está financiada con dinero público. Ha incumplido los derechos humanos y esto obedece a un problema político de primer orden y hemos conseguido que dimitiera la persona responsable de Frontex. Sin embargo, la política y la orientación de Frontex no ha cambiado sustancialmente y lo que hemos visto en las visitas que hemos hecho a la frontera exterior es que Frontex no ha tenido ningún problema en devolver barcos de personas migrantes incluso hacia territorio libio sabiendo de antemano qué es lo que está sucediendo en Libia, porque tenemos ya casos y testimonios escandalosos de lo que está sucediendo en Libia, en algunos casos con financiación y con fondos de la Unión Europea.

Respecto al acuerdo con Túnez, uno de esos terceros países, las fuerzas progresistas han pedido su retirada pero, ¿lo ve factible?

Las fuerzas progresistas hemos pedido la retirada de los acuerdos con terceros países siempre, porque son acuerdos con terceros países que normalmente no son democracias, en los que no hay garantías del cumplimiento de los derechos humanos. Esto se podría resolver de otra manera. Desde luego, llegar a acuerdos con terceros países que son regímenes antidemocráticos y entregarles la llave del proceso migratorio, no parece la mejor idea para hacer una buena política de migración. 

Europa maneja enormes cantidades de recursos públicos para el control y la externalización de fronteras de los procesos migratorios. Si esos mismos recursos, en lugar de ponerse para frenar la migración de esta manera, se pusieran a trabajar de una manera más constructiva, el fenómeno migratorio sería completamente diferente y sería con un patrón en el que se respetarían los derechos humanos y se garantizaría el bienestar de quienes llegan, pero también de quienes acogen en términos de suficiencia porque hay recursos para ello.

La migración no es un problema. La migración también es una oportunidad para los lugares de llegada, porque se generan marcos de convivencia positivos, porque se generan procesos también de bienestar comunitario, porque hay que ver también lo que aportan las personas migrantes, incluso a la economía. Siempre se ve desde el discurso de la extrema derecha, en la que se acusa de manera absolutamente injusta y además poco rigurosa de lo que soporta la sociedad con las personas migrantes. Y nunca se pone el foco en lo que aportan a las economías europeas: el trabajo de las personas que llegan a Europa y del rol social y comunitario que suponen las personas migrantes en los lugares de llegada. El enfoque tiene que ser otro, que puede ser y que debe ser constructivo.

Usted va a ser ponente en la sombra del pacto migratorio, ¿tienen los grupos alguna línea roja para el Parlamento Europeo en la negociación, como por ejemplo rechazar el pago de 20.000 euros por cada refugiado rechazado?  

No tengo constancia de que haya formalmente ninguna línea roja. Sí que hay un cierto espíritu en función del grupo político para garantizar alguna cuestión vinculada a los derechos humanos. Pero yo sinceramente estoy preocupada porque hay una voluntad de cerrarlo cuanto antes y esto se va a hacer a costa de una serie de concesiones. Por ejemplo, Meloni ya se ha plantado en el Consejo y, de momento, ya ha dicho en el marco de esta negociación que exige que se incremente la presión contra las ONG. Esto es una mala noticia, pero no deja de ser un ingrediente más que tememos que se asuma como válido, es decir, que la derecha parlamentaria esté dispuesta a asumir esta concesión. 

Se está trabajando con firmeza para que no haya repetición electoral. Es importante que vayamos hacia un acuerdo histórico para avanzar hacia la convivencia. No podemos estar sujetos a presiones partidistas de ningún tipo por parte que comprometa esto

¿Le ha sorprendido la posición del gobierno de Pedro Sánchez en esta negociación?

Nosotras seguimos manteniendo una posición más de grupo parlamentario y más desde la posición de la izquierda nítidamente a este nivel. Por ejemplo, la solidaridad de la carta no es una opción, sino que decimos que tiene que haber un reparto vinculante y solidario con un corte profundamente humanitario. Son elementos en los que nosotros tenemos una posición que hemos defendido. Es legítimo que cada grupo político defienda su posición en el Parlamento Europeo. En cuanto al Gobierno, somos una coalición que tiene una serie de acuerdos firmados que respetamos y que trabajamos en torno a ellos. Pero luego, hay un despliegue político en otras instituciones y en otros marcos que legítimamente cada uno defiende y, de alguna manera, trabaja sobre ellas de una manera completamente normalizada.

Son un Gobierno de coalición, ¿creen que seguirán siéndolo o que habrá elecciones después de que ERC y Junts hayan mandado un mensaje de que hay que avanzar en un referéndum de autodeterminación? 

Se está trabajando con firmeza para que no haya repetición electoral y para tener un gobierno progresista cuanto antes. Nuestro país lo necesita sobre todo después de estas semanas de que han retrasado la conformación de este gobierno, sabiendo además Feijóo que no tenía números para precisamente para tener una investidura exitosa y, sobre todo, viendo un Feijóo que ni siquiera tenía una alternativa y una propuesta de país. Lo que hemos visto ha sido una performance, una representación, que lo único que ha hecho ha sido dilatar la conformación de un gobierno que yo creo que urge tener. Yo soy optimista en cualquier caso. 

¿Cómo ven la posibilidad de que dentro del acuerdo se establezca mimbres que conduzcan a un referéndum de autodeterminación? ¿Es asumible?

Lo importante es que estemos en el terreno de la política en todo lo que tiene que ver con Catalunya y esto ya nos parece un enorme avance. Es importante que vayamos hacia un acuerdo histórico para avanzar de una manera decidida hacia la convivencia. El compromiso en torno a esto es lo sustancial. No podemos estar sujetos a presiones partidistas de ningún tipo por parte que comprometa esto. Más allá del detalle o de la concreción, creemos que lo importante es la voluntad, que yo creo que ya es explicita, de resolver políticamente todo esto. Después de haber parado por la mínima el avance reaccionario, no podemos jugárnosla otra vez. Ahora lo que toca es garantizar que hay un gobierno basado en un eje social para que avance el país teniendo en cuenta que ya hay un compromiso y hay una voluntad de avanzar en torno a un acuerdo para la convivencia.

¿Cómo va a ser la negociación dentro de Sumar? Estamos viendo que Yolanda Díaz ha dejado, por ejemplo, a Podemos sin portavocías, que no han intervenido en el debate de la investidura... ¿Se está negociando ya dentro de Sumar la formación del Gobierno?

Ahora se inicia todo el proceso de negociación. En Izquierda Unida estamos muy convencidos de que hay que construir la casa por los cimientos. Hace una semana en nuestra Coordinadora General adelantamos ya el debate en términos programáticos, de qué ejes tienen que ser los ejes políticos en torno a los que conversar. Y es una buena aproximación para tener el debate en el espacio de Sumar y que nos permite también sentarnos a dibujar cómo queremos que sea el Gobierno. Nosotros hemos adelantado un poco este debate planteando cuáles son los ejes políticos que consideramos importantes: trabajo garantizado, garantía de vivienda pública, empresa pública de energía, financiación local, sistema estatal de cuidados, es decir, elementos de programa político que nos permitan avanzar y clarificar la negociación y el proceso de investidura. 

¿Izquierda Unida reclamará tener presencia en el Consejo de Ministros?

Izquierda Unida lógicamente reclamará formar parte del Gobierno.

Con la salida de Alberto Garzón Izquierda Unida se encamina a la renovación del liderazgo. ¿Está Sira Rego en las quinielas?

Nosotros somos una organización muy deliberativa que toma las decisiones colectivamente. Es verdad que Alberto Garzón ya no es diputado. Izquierda Unida sigue teniendo una dirección política y cuando llegue el momento de emprender la renovación, será un debate colectivo y seguro que hacemos una propuesta que cuenta con muchísimos compañeros y compañeras valiosísimos para la nueva Dirección Política de Izquierda Unida. Pero ahora mismo estamos muy centrados en lo que tiene que ver con cerrar todo el proceso de gobierno y con las urgencias que tiene el país. Más adelante, cuando toque, cuando llegue el momento de iniciar el proceso asambleario de Izquierda Unida, tendremos un debate colectivo en el que seguro que muchos compañeras y compañeros valiosos que tenemos formarán parte de la próxima lección política. 

Claudia Parrales llegó desde Nicaragua hace tres años, cuando tenía 23. En aquel momento, debido a su situación irregular, falta de contactos en el país y desconocimiento, se puso a trabajar cuidando a una persona mayor en un caserío de Euskadi, algo que se convirtió en una pesadilla que a día de hoy recuerda como “un infierno”. “Me trataban muy mal. Tenía que trabajar de interna atendiendo a una persona mayor 19 horas al día, desde las 07.00 hasta las 02.00 de la mañana, no me dejaban ducharme ni lavar mi ropa. Solo podía descansar los sábados a partir de las 12.00 y hasta los domingos por la noche, todo eso por 800 euros al mes y sin festivos”, explica Parrales a este periódico. “Me tenían casi como a una esclava y se aprovechaban porque yo era una niña que acababa de llegar y no conocía a nadie”, lamenta.

No duró mucho en aquella situación, hasta que encontró otra casa en la que cobraba un poco más, unos 900 euros y libraba los fines de semana, pero sin contrato ni días festivos. “La persona mayor que tenía que cuidar estaba encamada y yo tenía que cuidarla y dormir con ella en su habitación. Como tenía alzhéimer, se podía despertar en mitad de la noche y me despertaba a mí. Recuerdo que la habitación era muy pequeña y me pasaba los días encerrada en esas cuatro paredes”, explica Parrales, que confiesa que la situación le generó “depresión y ansiedad”. “Aguanté un año, porque le pedí a mi jefe que me hiciera contrato y no quiso. Cogí mis cosas y me fui”, sostiene.

Parrales reconoce que pudo haber denunciado esas situaciones ante la policía, pero no se atrevió. “Pensé que no valdría la pena denunciar, acababa de llegar y no conocía a nadie. Las migrantes recién llegadas sufrimos un doble luto, por la vida que dejamos atrás y por los malos tratos que sufrimos aquí, por eso estamos más vulnerables...No me atreví”, confiesa. Ahora, con 26 años, sigue trabajando cuidando a personas mayores, pero solo algunas horas al día. “Ya no estoy de interna y la diferencia es abismal, cuido a una persona unas horas y su familia es muy buena, también se encarga de los cuidados por lo que puedo tener vida yo también. La situación de las personas que llegamos desde el extranjero es muy dura porque se aprovechan. En la segunda casa el que era mi jefe solo quería contratar a personas recién llegadas, porque así sabían menos de sus derechos y se podía aprovechar de ellas”, detalla.

Las migrantes recién llegadas sufrimos un doble luto, por la vida que dejamos atrás y por los malos tratos que sufrimos aquí, por eso estamos más vulnerables

Claudia Parrales — Trabajadora en el sector de los cuidados

Sandra Milena González llegó desde Colombia hace tan solo diez meses, pero gracias al apoyo de su hermano, que lleva años residiendo en Bilbao, su experiencia ha sido diferente. “Vine como turista, pero al ver la tranquilidad con la que se vive aquí decidí buscar trabajo y quedarme”, indica. Así, se puso a buscar trabajo en asociaciones y recursos de búsqueda de empleo, hasta que encontró la posibilidad de cuidar de una persona mayor. “Yo no tenía experiencia cuidando a personas mayores, solo a mis padres y abuelos. De hecho, no sabía que se podía ganar dinero cuidando a las personas, entiendo que las extranjeras nos dedicamos a ello porque las personas de aquí no quieren y me parece bien. Si no tienes documentación lo más probable es que acabes o limpiando o cuidando”, explica González, de 48 años, que asegura que “por suerte” sus experiencias en el cuidado de personas mayores “hasta ahora están siendo muy buenas”, pero que ha escuchado “historias realmente duras de otras mujeres”.

Ambas se conocieron en el proyecto Ertzean, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de personas de origen extranjero que trabajan en el sector de los cuidados. Para ello, imparten clases de orientación y formación en el sector de los cuidados de personas dependientes y con discapacidad. “Como sabíamos que las personas, en su mayoría mujeres extranjeras, que se dedican a los cuidados tienen horarios muy complicados o están de internas y no suelen tener disponibilidad para asistir a los cursos de formación profesional para formarse como cuidadoras, pensamos en un proceso de formación adaptado, en el que puedan asistir a clase los sábados y con el que reciban un certificado”, explica Andere Goirigolzarri, responsable del proyecto y miembro del Grupo SSI organización que lo gestiona junto a la Fundación Social Ignacio Ellacuría, el Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi) y la Universidad de Deusto.

Gracias a ese certificado de profesionalidad, según asegura Goirigolzarri, pueden acceder a mejores empleos en el sector de los cuidados. “Tienen clases prácticas con herramientas como grúas y reciben formación para saber cuidar adecuadamente, porque muchas de ellas no habían realizado estas labores en su país. Así pueden conseguir trabajos con mejores condiciones, como en residencias, donde no viven con la incertidumbre de que si la persona mayor a la que cuidan se muere, ellas se quedan sin trabajo”, indica.

La gente me llama ilegal, pero yo no lo soy, solo quiero una vida mejor

Sandra Milena González — Trabajadora en el sector de los cuidados

Ertzean es uno de los tres proyectos elegidos el año pasado en la convocatoria KunaCO proiektuak, de BBK Kuna, que busca proyectos de que tengan como objetivo la consecución de los ODS en Euskadi en general y en Bizkaia en particular. Cuenta con una financiación por parte de BBK Kuna de BBK 50.000 euros y se enmarca dentro del reto Migración y prosperidad. Desarrollo económico y social inclusivo.

Se inició el pasado septiembre y está previsto que siga activo al menos hasta agosto. El 95% de las personas que han pasado por él son mujeres y tienen dos perfiles distintos: por un lado, personas recién llegadas sin permiso de trabajo ni de residencia y, por otro, personas con permiso de trabajo y de residencia que quieren profesionalizarse en el sector de los cuidados. “Muchas de ellas tienen situación irregular y tratamos de orientarles. Nuestra intención no es solo formar a las personas extranjeras, sino acompañarles en su proceso de regular su situación y generar lazos con ellas. Les orientamos para que puedan trabajar en el sector y también en otros sectores, pero no mediamos con las empresas ni con las familias que les contratan”, aclara.

“Nos están ayudando mucho porque nos enseñan a cuidar y a cuidarnos a nosotras como cuidadoras, algo que es muy importante. Nos enseñan a utilizar herramientas y hacemos prácticas, es una oportunidad muy grande para nosotras y, después de lo que he vivido aquí, lo agradezco mucho”, reconoce Parrales, opinión con la que coincide González, que añade “llegamos aquí buscando oportunidades y un mejor futuro. La gente me llama ilegal, pero yo no lo soy, solo quiero una vida mejor, como todos, imagino”, concluye.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, ha lamentado que no se dé un “flujo de información completo” sobre el salto a la valla de Melilla, ocurrido el pasado mes de junio y ha criticado la “responsabilidad compartida” de los Gobiernos de España y Marruecos en ese suceso, que acabó con la vida de decenas de personas. También ha exigido “que se permita realizar investigaciones en profundidad” que aclare qué fue exactamente lo que ocurrió aquel día.

González Morales ha participado este viernes en una conferencia en la Universidad de Deusto de Bilbao con motivo de la celebración del XXV aniversario del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. La cita ha contado además con la asistencia del Lehendakari, Iñigo Urkullu.

A preguntas de los presentes, González Morales ha sido cuestionado por la tragedia ocurrida el pasado mes de junio en la frontera entre Nador y Melilla, donde fallecieron 23 migrantes. El Relator Especial de las Naciones Unidas, que en su conferencia ya había calificado de “muy preocupantes” cuestiones como las devoluciones en caliente, ha incidido en que “no existen los limbos” jurídicos entre estados, de tal forma que, a veces lo que se da es una “responsabilidad compartida”.

Según ha denunciado, ante la situación generada en la valla de Melilla no existe un “flujo de información completo” y ha recordado el propio Defensor del Pueblo también ha advertido de la “información incompleta” que se ha dado sobre lo acontecido. Por ello, González Morales ha reclamado que se permitan llevar a cabo “investigaciones en profundidad” que incluyan “un monitoreo por parte de la sociedad civil”.

“No se garantiza el derecho al acceso a la justicia. A veces se adoptan estos acuerdos con países que no pueden considerarse países seguros como para que permanezcan allí o sean enviadas allí personas migrantes o que buscan refugio, que además muchas veces son puestas en detención en condiciones inhumanas. Por lo mismo es que hemos dicho de manera reiterada que no deberían llevarse a cabo estos acuerdos de manera que impliquen estas formas”, ha concluido el relator.

En Irún, a pocos metros de la frontera con Francia, 150 personas miran de frente al río Bidasoa, ese que une dos países y que, a la vez, los separa, actuando como frontera natural. Miles de exiliados superaron sus aguas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, huyendo de la represión. Solo entre abril y junio de 1938, fueron 5.000 los que cruzaron el río. Pero, aunque la dictadura acabó, el Bidasoa sigue siendo una frontera a superar para miles de personas que migran en busca de una vida mejor. Y no todos lo consiguen: solo en 2021, sus aguas se cobraron 9 vidas.

En ese lugar, donde algunos caminos empiezan y otros acaban, hay un monolito con versos del bertsolari Amets Arzallus que rezan: “En doloroso recuerdo de los migrantes que dejaron aquí su último aliento. Fronteras que cierran el paso a los migrantes que abren caminos”. Esas 150 personas se encuentran frente al monumento para rendir homenaje a aquellos que perdieron la vida, antes de disponerse ellos mismos a cruzar el Bidasoa. Pero no son migrantes, sino que conforman la Caravana Abriendo Fronteras.

Se trata de una iniciativa nacida en 2016 para visibilizar la situación de las personas migrantes y refugiadas alrededor de toda Europa. En estos seis años de vida, han organizado convoyes por Grecia, Ceuta y Melilla o Sicilia para seguir los pasos de quienes usan esas rutas migratorias y denunciar, in situ, los peligros con los que se encuentran.

Este año, los organizadores de la Caravana han querido recordar al medio millón de personas que se exiliaron por la guerra y el franquismo y, para ello, han organizado una ruta de 10 días en los que han recorrido más de 1.700 kilómetros desde Irún hasta Turín. “Llevamos muchos años denunciando fronteras y, esta vez, quisimos venir más cerca de casa, para denunciar que nuestras fronteras también vulneran derechos”, dice María Viadero, una de las personas que participan de la caravana.

Quienes se han sumado a esta iniciativa han seguido (en autobús) los pasos de los exiliados republicanos en una ruta que les ha llevado, por ejemplo, a Rivesaltes, al norte de Perpiñán, donde se ubica un campo de concentración en el que fueron recluidos miles de españoles. Pero este campo no desapareció una vez acabada la guerra, sino que siguió en funcionamiento hasta 2007 como Centro de Retención Administrativa, el equivalente a un CIE español.

“Son espacios con mucha fuerza que nos evidencian que no hemos hecho memoria, que no hemos aprendido y que la historia se repite constantemente”, asegura Chiqui Lima, una de las organizadoras de la Caravana Abriendo Fronteras. “Que nos horrorice lo que pasó aquí durante la guerra, pero nos dé igual lo que pasaba hace cinco años, nos indica que nos queda mucho trabajo por hacer”, se lamenta en una videollamada desde la costa francesa.

Un pasado que se repite

Esta caravana, que cuenta con la participación de diversos colectivos antirracistas españoles, italianos y franceses, ha congregado a 150 personas provenientes de diversos lugares de España y que responden a diferentes perfiles. Jóvenes universitarios comparten comidas y catre con jubilados de ochenta años o con personas refugiadas o activistas. “A medida que avanzamos, nos reciben colectivos locales que ayudan a las personas que están en ruta migratoria. Ellos nos acogen y nos alojan donde se puede, en polideportivos o en tiendas de campaña”, dice Viadero, quien resume bromeando que “en la caravana, el suelo es un compañero fiel”.

Al contar con la complicidad y participación de asociaciones locales, esta caravana visibiliza los problemas con los que se encuentran las personas refugiadas, ya sean las del siglo pasado o las de la actualidad. Por ello, a medida que avanzan en su camino, van organizando charlas, formaciones o manifestaciones abiertas a cualquiera que se quiera unir. “Estamos muy poco concienciados y a mucha gente le cuesta demasiado poco cerrar los ojos ante las masacres a personas refugiadas”, añade Viadero, quien lamenta que “tras tantos años, las fronteras sigan trayendo muerte”.

Esta caravana junta el pasado con el presente, viajando en el tiempo a medida que avanza el cuentakilómetros del autobús. Así, van desde la Maternidad de Elna, en la que una monja suiza permitió el nacimiento de 600 hijos de españolas recluidas en campos de concentración franceses, hasta Massi, un refugio fundado en 2018 en los Alpes italianos, que asiste a personas refugiadas durante su periplo migratorio.

“Estamos repitiendo los errores del pasado. Tenemos miles de cadáveres olvidados en campos en el extranjero y no aprendimos que las fronteras significan muerte”, reivindica Lima, quien se reconoce muy emocionada y preocupada después de esta caravana. “Hemos hablado con hijos de exiliados españoles y es estremecedor, no solo por lo que pasó, sino porque el fascismo está volviendo y no estamos haciendo nada”, se lamenta.

Durante los 10 días que ha durado la caravana, que acabó el pasado domingo en Barcelona, se han mezclado diversas emociones, desde la solidaridad y el compañerismo hasta la rabia y la tristeza. Estas 150 personas han hecho aflorar la memoria de entre los restos de los campos, a la vez que han colaborado con quienes tienden la mano a los refugiados que hoy cruzan Europa. “Mientras no afrontemos el pasado, el presente seguirá doliendo”, apuntan las organizadoras de la caravana.

La mayor caravana migrante de los últimos años, con cerca de 15.000 personas, solo ha durado cinco días. La marea humana se ha dispersado, pero sus integrantes siguen su camino por México hacia Estados Unidos. Esta vez, el grupo no fue disuelto con violencia por la policía y la Guardia Nacional, sino con una nueva estrategia que también ha cogido por sorpresa a los propios migrantes.

El Instituto Nacional de Migración ha otorgado a los participantes de la caravana un salvoconducto de 30 días, durante los cuales pueden permanecer en México sin el riesgo de ser deportados. Cuando el principal grupo de la caravana migrante descansaba en Mapastepec (Chiapas), tras dos días de caminata bajo el sol y las fuertes lluvias desde Tapachula, todo dio un giro de 180 grados.

Durante la tarde del viernes, los Grupos Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración de México montaron una mesa en la cancha de baloncesto donde hasta ese momento descansaban los integrantes de la caravana. Los agentes empezaron a pedir los papeles a miles de personas para, según aseguraron, otorgarles un permiso de estancia regular de 30 días. Se cumplía una promesa lanzada días antes por Luis Villagrán, activista del Centro de Dignificación Humana que se ha erigido en el líder de la caravana y a quienes todos llaman “el abogado”.

Ante miles de personas y micrófono en mano, Villagrán se había comprometido a conseguir que las autoridades mexicanas expidieran documentos que dieran a los migrantes entre 30 y 180 días para salir del país por alguna de las fronteras o para regularizar su situación solicitando una visa humanitaria en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Estas palabras habían provocado el júbilo de los migrantes, aunque no todo el mundo se creía esa promesa, teniendo en cuenta que las anteriores caravanas habían sido reprimidas con fuerza en el Estado de Chiapas.

Dicho y hecho. El pasado viernes, tras haberse elaborado listado de las familias y personas que conformaban la caravana migrante, comenzaron a llevar decenas de autobuses a la cancha de baloncesto convertida en refugio improvisado de los migrantes. Hasta las tres de la mañana, los participantes de la caravana fueron trasladados en los buses para llevarlos a la aduana de Huixtla, donde les otorgaron los permisos temporales.

Con el salvoconducto en la mano, las miles de personas que habían estado unidas hasta entonces, se dispersaron. Se acabó así la caravana migrante, pero no el camino de sus integrantes. En pequeños grupos de familias o amigos, se dirigieron a las estaciones de buses de Huixtla hasta colapsarlas. Su objetivo: avanzar lo máximo posible hacia el norte, con el fin de llegar cuanto antes a la frontera con EEUU, situada a 3.000 kilómetros de Huixtla, con la garantía de encontrarse en el país legalmente, por lo que no pueden ser deportados.

Lo primero que hicieron fue hacer varias copias del ansiado salvoconducto que acredita su estancia regular en el país. Su miedo es que, durante el trayecto hacia la frontera estadounidense, la policía les rompa los documentos y los deporte a sus países de origen. La mayoría denunciaba que ya habían tenido muchos problemas con la policía de Guatemala que les había extorsionado a su paso por ese país para dejarles continuar con su viaje hacia el norte.

“Están jugando con nuestras ilusiones”

Algunos desconfiaban. Mientras esperaba montarse en los buses, la salvadoreña Alba Elisa decía: “Están jugando con los sentimientos e ilusiones que cada uno de nosotros tenemos, porque ya no sabemos si nos van a ayudar para seguir adelante o para atrás”. La mujer criticaba el hecho de que los buses los llevaran hasta un punto localizado a 66 kilómetros de donde se encontraban, y desde donde habían llegado caminando dos días antes. “Hemos venido con los pies llenos de llagas y hemos aguantado sol, lluvia y sin comer y ahora nos llevan para atrás”, indicó, mientras se preguntaba “dónde está el abogado que nos defendía”. Elisa, que huía de la “dictadura” en la que, a su juicio, se ha convertido El Salvador con el régimen de excepción, esperó que, si les iban a dar el papel, al menos que luego lo respetaran y no lo rompieran los de la migración “más adelante”.

Pese a sus dudas iniciales, que eran compartidas por muchas personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración otorgó finalmente el salvoconducto que acabó por disolver la caravana migrante más grande conformada hasta ahora, integrada por personas de 20 nacionalidades diferentes. La mayoría de ellas se dirigen ahora hacia la frontera entre México y Texas, en Acuña o Piedras Negras, en el norteño estado de Coahuila, donde ya han empezado a llegar los primeros migrantes, con el fin de cruzar el Río Bravo. Buena parte de ellos proviene de Venezuela, como Ivone Katerin Bravo Rodríguez. “Siento algo de tranquilidad porque ahora voy a viajar más segura con un salvoconducto que me va a permitir circular sin ningún tipo de problema con las autoridades de migración ni con la policía”, recalca la mujer, que busca ayudar a su hijo de 18 años.

La decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar carta blanca a los migrantes para que circulen libremente por el país se produce a escasos días de la Cumbre de las Américas en la que el presidente de EEUU, Joe Biden, hizo un llamamiento a una migración “segura y ordenada”, si bien ni siquiera asistieron los presidentes de aquellos países más emisores de personas que buscan asilo o refugio, como el propio Obrador o los mandatarios de Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua.

La decisión del Ejecutivo mexicano responde únicamente a la presión de la caravana, que se conformó el pasado lunes, después de que miles de personas llevaran meses en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, a la espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les dieran una visa humanitaria de un año para permanecer en ese país o intentar llegar a EEUU sin sufrir una detención. Las miles de peticiones se fueron acumulando y los migrantes se quedaron estancados en una ciudad donde se iban quedando sin dinero, lo que les obligaba a mendigar y vivir en las calles, incluso con niños pequeños.

Ante esta situación, los migrantes se desesperaron y conformaron una nueva caravana que únicamente llegó hasta Mapastepeq, ciudad del Estado de Chiapas a casi 2.000 kilómetros de la capital mexicana. Allí se instalaron miles de personas con la intención de seguir avanzando, aunque sorpresivamente, el Instituto Nacional de Migración les envió una veintena de buses y les otorgó un salvoconducto con el que, en teoría, pueden viajar a Ciudad de México a tramitar su visa humanitaria o abandonar el país.

Pero la inmensa mayoría de migrantes no desean ninguna de las dos opciones, sino que, en lugar de regresar al sur a sus países de origen o quedarse en la capital esperando una visa humanitaria que les permita vivir en México, están aprovechando la oportunidad para subir al norte en autobuses. Lo están haciendo en pequeños grupos y no en forma de caravana, lo que conlleva un mayor riesgo, a diferencia de lo que sucedió con la primera caravana migrante de 2018 en la que más de 7.000 personas lograron llegar de manera segura a Tijuana.

Los migrantes se encuentran actualmente en una situación de mayor vulnerabilidad al dirigirse sin la protección de la caravana a una zona fronteriza controlada por el crimen organizado que se dedica al tráfico de personas. La Casa del Migrante en Saltillo ya ha denunciado que “la policía del Estado de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración aterrorizan a personas migrantes en la central de autobuses” impidiendo que puedan continuar su camino, pese a contar con el citado salvoconducto. Medios locales han publicado en redes sociales cómo algunos migrantes son bajados de los autobuses en retenes por parte de la Guardia Nacional que les bloquea su viaje hacia el norte.

Buses retenidos cerca de la frontera

“Nos detuvieron en Ciudad Castaños, en el Estado de Coahuila y nos tienen aquí, hay mucha gente, muchos niños, no sabemos qué hacer”, asegura por teléfono una de las migrantes de Venezuela que en los últimos días había emprendido viaje hacia la frontera con EEUU. “Están deteniendo a todos los buses, los hacen regresar y nos quieren tirar otra vez a la ciudad de Monterrey cuando hemos pagado cada uno 280 pesos. Dicen que, si no nos regresamos a la ciudad de Monterrey, nos van a deportar a nuestro país”, denuncia por teléfono.

Poco después, informa que los han devuelto a Monterrey. Otro migrante de Venezuela confirma que antes de llegar a la Ciudad de Castaño, “la Policía nos está reteniendo porque nos dice que no podemos avanzar, cuando antes en un punto migratorio, agentes de migración subieron y nos dejaron avanzar. ¿A quién debemos hacer caso si tenemos visa transitoria en todo México?”, se pregunta.

En uno de los vídeos enviados por una de las migrantes que se encontraba en un bus retenido se ve a agentes policiales fuertemente armados que obligan a bajarse del bus a los pasajeros. “No somos delincuentes y no estamos cometiendo ningún delito, sino que solamente estamos peleando por nuestro derecho y lo que nos prometió Migración México, así que, por favor, la Policía tiene que respetar ese derecho”, se escucha a uno de los migrantes.

Luis Gabriel López, originario de Chiquimula, en Guatemala, viaja junto a su pareja y su bebé de siete meses. “No me planteo regresar, porque si volvemos, nos matan a mí y a mi esposa, dado que tenía un taller de enderezado de pintura y me pedían 50.000 quetzales (6.600 euros) de extorsión y no lo tengo, por lo que mejor decidimos dejar nuestro país”, revela.

Por su parte, Walter Centeno, originario de Nicaragua, afirma que tampoco puede volver a su país. “Quienes somos contrarios al Gobierno de Daniel Ortega, nos vemos en la obligación de salir de nuestro país para protegernos porque ya no tenemos seguridad y corremos el riesgo de que nos encarcelen y torturen”, lamenta. El joven, de 24 años, denuncia que su vida está “totalmente en riesgo” y espera un nuevo destino en San Francisco, el lugar que desea alcanzar.

A los migrantes que logren cruzar a EEUU les espera otro obstáculo: el Título 42, que les impide solicitar asilo. Se trata de una norma que impulsó el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 y que permite negar la entrada a quienes consideren un peligro para la salud pública. Biden ha seguido aplicando la regulación para evitar la propagación del coronavirus. Aunque este año decidió eliminar esta norma, no le fue posible ponerlo en práctica: un juez federal de Luisiana suspendió la intención del Gobierno de EEUU de volver a la situación anterior en la que los migrantes podían solicitar asilo, su única esperanza para dejar atrás sus países.

La posibilidad de ser deportados no impide que miles de migrantes continúen viajando en buses hacia la frontera norte de México con un papel otorgado por las propias autoridades de migración y que se ha convertido en su tesoro con el que confían cambiar su destino. Las personas migrantes ven su ‘sueño americano’ más cerca que nunca y no están dispuestas a renunciar a él tras haber recorrido miles de kilómetros en su búsqueda.

La IX Cumbre de las Américas, por primera vez en Estados Unidos desde su primera edición en 1994, empezó este miércoles en Los Ángeles marcada por la decisión del gobierno demócrata de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Casa Blanca, que no aclaró hasta el último minuto del lunes su decisión de no invitar a estos países, terminó por generar un debate entre los representantes de los distintos gobiernos latinoamericanos.

Por ese motivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no asistir. Mientras que el argentino, Alberto Fernández, después de muchas idas y vueltas, decidió viajar a Los Ángeles, sobre todo por su condición de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Mensaje de Biden a América Latina

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles por la noche que la democracia es un “sello distintivo” del continente americano y pidió aumentar la cooperación entre los países de la región. “Volvamos a unirnos y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es el rasgo definitorio de la historia americana, sino un ingrediente esencial de los futuros americanos”.

“En esta cumbre, tenemos una oportunidad de unirnos en torno a ideas audaces, medidas ambiciosas y de demostrar a nuestro pueblo el poder increíble de las democracias de dar beneficios concretos y hacer que la vida sea mejor para todos”, añadió.

El mandatario desatacó que la democracia “está bajo asalto en todo el mundo” y que la Carta Democrática Interamericana recoge el compromiso de los países de la región con la “promoción y la defensa” de la democracia. Además, propuso una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estará destinada al sector privado.

“Volvamos a unirnos y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es el rasgo definitorio de la historia americana, sino un ingrediente esencial de los futuros americanos”, dijo Biden.

La atención de Biden se centrará el jueves en la crisis climática, mientras que el viernes firmará con otros países la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración”, en la que se espera que haya compromisos concretos para gestionar los flujos migratorios que podrían implicar a España y a Canadá, según la Casa Blanca.

“En esta cumbre, tenemos una oportunidad de unirnos en torno a ideas audaces, medidas ambiciosas y de demostrar a nuestro pueblo el poder increíble de las democracias de dar beneficios concretos y hacer que la vida sea mejor para todos”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Los grandes ausentes

Los mandatarios de México, Bolivia, Guatemala y Honduras decidieron no participar de esta cumbre como respuesta a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El tema ha sido objeto de debate en las últimas semanas en la región. Argentina y México pidieron por la participación de estos tres países. Finalmente, la administración Biden decidió no invitarlos.

La cumbre no contará con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, como protesta por el veto a estos países. Marcelo Ebrard, canciller de México, pidió este miércoles a Estados Unidos que impulse “otro tipo de relación en las Américas” basada en el “respeto mutuo, la no intervención y el beneficio” de todos los países de la región.

“La organización que tenemos en las Américas debe evolucionar, incluso propuse hace un momento que tomásemos en cuenta lo que decía el presidente Roosevelt de la buena vecindad para hacer una política en función de la no intervención y el beneficio mutuo”, dijo Ebrard.

Previo a esas declaraciones, el canciller mexicano dijo que papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) está “agotado” y propuso una “refundación” de las relaciones entre los países americanos. “Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados ante esa realidad”. Ebrard además sostuvo que es “vergonzoso papel en el reciente golpe de Estado en Bolivia”.

En ese sentido, un activista del Partido Socialista y Liberación de los Estados Unidos, interrumpió un discurso del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, acusándolo en su papel en la destitución por la fuerza del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en 2019.

Venezuela es el tema que protagoniza, una vez más, la agenda en la región. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó este miércoles al líder opositor venezolano Juan Guaidó para reafirmar que lo sigue reconociendo como presidente interino de Venezuela, en medio de la polémica por las ausencias en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles.

Caravana migrante

Mientras en Los Ángeles el presidente de Estados Unidos recibía a los mandatarios de América Latina, en Tapachula, en el estado de Chiapa que limita con Guatemala, partía una caravana de migrantes con 15.000 personas, de unos 20 países, hacia Estados Unidos.

Muchos de los migrantes han conseguido los papeles necesarios para transitar México, conocidos como Forma Migratoria Múltiple, que les acredita la estancia legal en el país por 186 días, para moverse de manera legal por México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detectó a más de 1,7 millones de personas sin papeles en la frontera con México en el último año, hasta el 30 de septiembre del 2021. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su último informé registró un incremento del 89% interanual en el número de migrantes en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 de enero a marzo.

Las Naciones Unidas en Los Ángeles

El secretario general de la ONU, António Guterres, viajó este miércoles a Los Ángeles para participar en la mañana jueves de la Cumbre de las Américas, según informó la organización.

Guterres tiene previsto asistir a la sesión plenaria de líderes de este jueves y a una cena con los mandatarios presentes en la ciudad californiana. El diplomático regresará el viernes a Nueva York, según dijo su portavoz en un breve comunicado.

Muchas son las voces alzadas en las últimas semanas frete a la situación vivida entre la frontera de Bielorrusia y Polonia (UE), donde más de 2.000 personas – según apunta ACNUR y OIM- procedentes de terceros países permanecen aún acampadas, soportando situaciones infrahumanas.

Entre aquellas voces que apuestan por la “Europa Fortaleza” y las orientadas hacia el endurecimiento de sanciones hacia Bielorrusia, desde Fundación Cepaim llamamos hacia un cierre de filas en la defensa y garantía de los Derechos Humanos.

Tal y como apuntaba el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, sea cual fuere la situación vivida en los recientes días en las fronteras exteriores de la UE, esta “no justifica los muros, ni las alambradas”.

Nuevamente, hablamos de priorizar la vida, la protección ante la vulnerabilidad y, en definitiva, la Defensa de los Derechos Humanos frente la utilización e instrumentalización de las personas que a día de hoy continúan acampadas, siendo utilizada con fines meramente políticos.

Es en situaciones como esta donde la Unión Europa ha de demostrar liderazgo, convencimiento, garantía y aplicación de cuantos derechos son garantizados por la normativa tanto internacional como comunitaria, acreditando sus principios y valores fundacionales y su dimensión social.

De esta manera, además de garantizar el suministro de la ayuda humanitaria que las entidades sociales presentes en la zona vienen reclamando, es necesario garantizar y facilitar el acceso al sistema de protección internacional en frontera. Y es que la práctica más que preocupante desarrollada por parte de Bielorrusia, no debe permitir una carrera a la baja por parte de la Unión Europea, dejando en suspenso las obligaciones en materia de asilo y protección internacional.

Tanto es así que desde el propio Considerando 26 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 De junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, ya se establece que “con vistas a garantizar un acceso efectivo al procedimiento de examen, los funcionarios que entren en primer lugar en contacto con personas que busquen protección internacional, en particular aquellos que lleven a cabo labores de vigilancia de las fronteras terrestres o marítimas o que realicen controles fronterizos, deben recibir la información oportuna y una formación adecuada sobre cómo reconocer y tratar solicitudes de protección internacional, entre otros, tomando en consideración las directrices pertinentes elaboradas por la EASO.

Los Estados miembros, así, deben estar en condiciones de establecer procedimientos de admisibilidad y/o examen del fondo que permitan decidir sobre las referidas solicitudes en lugares como lo es la frontera entre la UE y Bielorrusia en circunstancias como las que nos acontecen. Tanto es así, que – continúa dictando la Directiva- “Cuando se presuma que nacionales de terceros países o apátridas (…) que se encuentren en puestos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores, pueden desear presentar una solicitud de protección internacional, los Estados miembros les facilitarán información sobre la posibilidad de hacerlo”

Además, y en relación a la más que desprotección sufrida entre las personas acampadas en la frontera europea, la directiva establece que: “en caso de llegadas de un número elevado de nacionales de terceros países o de apátridas que presenten una solicitud de protección internacional en la frontera o en las zonas de tránsito (…) podrán aplicarse también esos procedimientos a condición de que dichos nacionales de terceros países o apátridas sean alojados en condiciones normales en las proximidades de la frontera o de la zona de tránsito, recordando además, que frente a los discursos que enaltecedores de la soberanía nacional, tanto el Derecho de la UE como el CEDH prohíben el rechazo en la frontera de las personas a países en los que corren riesgo de persecución u otros perjuicios graves (principio de no devolución), recordando, para mayor abundamiento, que hace escasamente un mes el propio Parlamento Europeo planteaba la posibilidad de llevar ante la Justicia Internacional al régimen bielorruso por sus continuas violaciones de los Derechos Humanos.

Ante tal situación, no existe negociación posible. Está en nuestras manos hondear la bandera de una Unión Fortaleza blindada por rechazos en frontera, muros, y concertinas o, por el contrario, la bandera de una Unión acogedora, responsable y solidaria con las diferentes situaciones de desplazamientos humanos que se dan ante sus ojos y orientada hacia el establecimiento de vías seguras de inmigración por la que apostamos en Cepaim. La bandera de una Unión que clama por invertir en fronteras y externalizar derechos o la que es ejemplo y vanguardia en la defensa y garantía de los Derechos Humanos, sea cual sea la disyuntiva que se presente ante sus ojos.

Y es que, tal y como establecíamos en situaciones como la vivida en Ceuta hace escasamente medio año: “Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, en tiempos de paz y de guerra, y son inalienables. No caben excepciones”.

Bajo un puente y resguardada en carpas de plástico en un suburbio de San Pedro Sula, Lilian María describe sus muchas preocupaciones tras meses a la intemperie. Su barrio desapareció por la ferocidad de las lluvias, pero ahora lo único en lo que piensa es saber algo de su hijo. Se despidió de él hace poco más de una semana, cuando se incorporó a la última caravana migrante que intenta avanzar por Centroamérica con dirección a Estados Unidos. “Estoy pensando en él, porque a saber si lo golpearon o si está preso”, dice en el campamento improvisado donde duerme desde el paso del huracán Eta.

Si la situación social en Honduras era complicada antes de 2020 -con un 40% de la población viviendo en indigencia y un 70% en pobreza-, el coronavirus y los dos huracanes que azotaron la región a finales del año pasado terminaron de darle el tiro de gracia a una población cansada de no encontrar respuesta en las autoridades.

Abandonados a su suerte, acosados por la violencia de pandillas, la delincuencia, sin opciones laborales y con un sistema de salud colapsado que ya contaba con una ocupación del 90% antes del confinamiento, muchos prefieren jugársela con la esperanza de garantizar a sus familiares una vida mejor a través del envío de remesas, que representan el 20% del Producto Interior Bruto nacional. Ya no escapan de forma anónima y clandestina, con los riesgos que implicaba caer en manos de alguna red de trata de personas durante el camino. Ahora, como lo han hecho en distintas caravanas desde 2018, vuelven a organizarse para protegerse de manera colectiva.

“No nos llega ni para tortilla, ni queso”

Lilian María y su familia vive bajo lonas entregadas por iglesias cercanas y se alimentan a base de comida donada. Su hija acaba de dar a luz. “La acabo de traer del hospital, bien tiernita. Y no tiene ni cama”, lamenta la mujer hondureña. “No nos llega ni para tortilla, ni queso”, continúa para describir la precariedad que, dice, empujó a su hijo a sumarse a las cerca de 9.000 personas que partieron unidas desde la estación de autobuses de San Pedro Sula el pasado viernes. El plan, explica, consistía en que él migrase a Estados Unidos para ayudar a su madre, su hermana y al recién nacido.

En el punto de partida de la caravana estaba también el pasado viernes María Belén, de 22 años y también oriunda de Chamelecón, en las afueras de San Pedro Sula. La joven decidió invertir el poco dinero en llegar a México por su cuenta en varios autobuses y esperar allá a la caravana para ir juntos hasta la frontera norteamericana.

No ha tenido suerte. Su intención se vio frustrada cuando la policía guatemalteca la detuvo y la deportó, a pesar de que el convenio CA4 permite circular libremente y sin necesidad de un pasaporte por los tres países que limitan con Honduras. Desde el pasado fin de semana, buena parte de la caravana se encuentra varada en Guatemala, después de que las fuerzas de seguridad del país frenasen su camino con porras y gas lacrimógeno. Alrededor de 1.800 integrantes del grupo han sido ya deportados a Honduras.

“Volveré a intentarlo el mes que viene”

Una vez retornada a su país, María Belén ha regresado el mismo campamento donde vive Lilian María. Su vivienda también se ha perdido tras las inundaciones: “Me fui para darle a mi mamá y a mi abuela lo poco que teníamos y que perdimos por el huracán. La casa, todo”.

La hondureña cuenta que no pudo estudiar el Bachillerato porque tuvo que abandonar los estudios para ponerse a trabajar. “No me daba tiempo para seguir estudiando porque acá no dan oportunidades para que uno se prepare mejor”, explica la mujer. No quiere vivir de la caridad, insiste, y la única salida que encuentra es volverlo a intentar. Ya tiene fecha para partir de nuevo hacia Estados Unidos: “Salgo el mes que viene. A ver si la suerte me acompaña”, remata.

Quien sí regresó al terreno donde tenía su casita es Mayra Suyapa. Con láminas de chapa y nylon ha tratado de reconstruir su vivienda, aunque más alejada del río. “Donde nosotros vivimos está feo. Ni maquinaria -para limpiar la zona- nos han traído, está empozada toda el agua también”, con el peligro que representa por la propagación de enfermedades. Y continúa describiendo la tragedia que pasaron: “Hasta un tío se me ahogó, enrollado en una hamaca. Lo rescataron los bomberos. Ahí está en la morgue todavía creo yo, no lo hemos ido a reclamar, no tenemos ni ataúd, ni cómo enterrarlo”.

Aunque el Valle de Sula -una de las zonas agrícolas más productivas, al norte del país- haya sido uno de las regiones más afectadas por los huracanes, se calcula que casi la mitad de toda la población hondureña fue damnificada por el paso de Eta e Iota. Desde todos los departamentos se sumaron integrantes a la caravana migrante. Johnatan Josué, de Lempira (sector occidental), aceptaba el riesgo que implicaba. Nora Torres, de Danlí, El Paraíso (al sur), se fue por la necesidad de empleo: “Si se trabaja, es para el día a día”, decía para describía la realidad de un país donde más de la mitad de los asalariados antes de la crisis de la COVID-19 trabajaban en la economía informal. Estos empleos han caído desde el inicio de la pandemia lo que ha disparado la mendicidad en el país.

Esperanzados con Joe Biden

“Acá la verdad no se puede vivir”, decía Junior Alexander justo antes de emprender la caminata que pretendía atravesar Centroamérica y México, hasta llegar a EEUU. Este hombre partió de Tegucigalpa con su mujer y su hija para unirse con la caravana migrante en San Pedro Sula. Ellos también perdieron su casa a causa de la catástrofe climática. Tampoco tienen ya donde vivir.

También desde la capital de Honduras se había sumado Norma Amador, quién igualmente se quedó en la calle por las inundaciones. Ella, como tantos otros, se encontraba esperanzada de que la investidura de Joe Biden implicara un beneficio para los migrantes. Las expectativas con el cambio de administración en Estados Unidos con inversamente proporcionales a su enojo con el gobierno hondureño. Sus quejas llegan sobre la falta de anticipación ante la inminente llegada del huracán Eta, el primero de los dos huracanes que golpearon en un lapso de diez días.

El presidente entrante ha prometido dar la nacionalidad a once millones de inmigrantes en situación irregular que se viviesen en EEUU antes del 1 de enero de 2021. Ella no cumpliría ese requisito, pero se aferra a él a ciegas. “Esperamos en nombre de toda la caravana que cumpla su palabra y que nos ayude. Que nos de oportunidad. Nosotros somos personas luchadoras que queremos salir adelante, no tenemos nada. Solo pedimos un poquito de trabajo”.

Martina García muele los granos de maíz suficientes como para hacer unas cuantas tortillas y las sirve a sus hijos y a su nieto para el desayuno con una pizca de sal. García, una mujer de 40 años, se ve obligada a racionar los últimos sacos de mazorcas de maíz de la familia, ya que la sequía y las prolongadas olas de calor relacionadas con el cambio climático han destruido las cosechas de Guatemala. Una cifra sin precedentes de pequeños agricultores pasa hambre.

El año pasado, las autoridades sanitarias registraron más de 15.300 casos de malnutrición aguda en niños menores de cinco años; un aumento de cerca del 24% desde 2018. Es la cifra más elevada de casos de malnutrición aguda desde 2015, cuando una grave sequía destruyó las cosechas de todo Centroamérica.

Las comunidades rurales del Corredor Seco, una región que se extiende a lo largo de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, son las más afectadas. Algunas familias indígenas, como la de García en Jocotán, que ya estaban en una situación de gran vulnerabilidad antes de esta crisis, se encuentran entre las más perjudicadas. “Tengo suerte si puedo encontrar flores de calabaza”, lamenta una demacrada García: “Pero la mayoría de nosotros sólo comemos tortillas de maíz”.

Oxfam señala que, tras una temporada de lluvias irregular y una cosecha poco prometedora, Guatemala ha perdido casi el 80% del maíz cultivado. A muchas familias solo les quedan pequeñas mazorcas de maíz con granos descoloridos que parecen dientes carcomidos. En octubre de 2019, un bebé de una comunidad cercana murió tras muchos días sin comer. Según Oxfam Guatemala, por lo menos 33.000 niños sufren desnutrición aguda y necesitan tratamiento médico urgente.

Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo, si exceptuamos los países en guerra. Una mezcla nociva de violencia, pobreza y corrupción ha obligado a millones de personas a huir hacia el norte en busca de seguridad. Ahora, la sequía, la hambruna y la lucha por hacerse con los cada vez más escasos recursos naturales se han convertido en factores determinantes del éxodo.

La situación parece que está empeorando: según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, 2019 fue el año más seco de la década con sólo 65 días de lluvia. Los pequeños agricultores guatemaltecos dependen de las lluvias, que son cada vez más erráticas, y la mayoría carecen de fuentes alternativas de agua.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cerca de un millón de guatemaltecos, el 15% de la población, no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias diarias.

En 2019, casi 265.000 guatemaltecos que emigraron para escapar de la amenaza de hambruna y en busca de trabajo, seguridad y protección alimentaria, fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos; un 130% más que el año anterior. Según los analistas y los propios migrantes, el hecho de que cada vez sean más las personas que pasan hambre en toda la región es un factor que contribuye al aumento de las caravanas de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos por tierra.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han reaccionado con agresividad y con medidas represivas. De hecho, afirman que los migrantes y refugiados son delincuentes y los acusan de subversión política.

El hambre no es un fenómeno nuevo en Guatemala: al menos el 60% de la población vive en la pobreza, cientos de miles dependen de la ayuda alimentaria y casi el 50% de los niños sufren un retraso en el desarrollo físico y cognitivo debido a la desnutrición crónica.

Pese a esta dura realidad, los expertos alertan de que el cambio climático representa una carga añadida. Las comunidades más vulnerables, que durante mucho tiempo han sido ignoradas y se han sentido reprimidas por el gobierno, se sienten desbordadas ante las dificultades adicionales derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos.

En declaraciones a la agencia Reuters, Marc-Andre Prost, asesor regional de nutrición del PMA, ha señalado que “el cambio climático no ha causado esta situación, pero sin lugar a dudas empeora una situación que ya no puede ser asumida por estas comunidades”.

Como ya hicieron sus predecesores, el recién investido presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se ha comprometido a hacer de la desnutrición infantil una prioridad nacional, pero el presupuesto de 2020 para el Ministerio de Sanidad propone una disminución de 27 millones de dólares, mientras que el de Defensa aumentaría en 13 millones de dólares (el Congreso no aprobó el presupuesto en noviembre, y los detalles del nuevo presupuesto aún no se han dado a conocer).

Para García, la situación es desesperada: la ayuda alimentaria aún no ha llegado a su cantón, así que una vez que el maíz se agote en marzo, deberá encontrar un trabajo extenuante recogiendo café, o de lo contrario se arriesga a morir de hambre. No hay ninguna garantía de que encuentre trabajo, ya que un hongo que come hojas conocido como roya, que prospera en condiciones cálidas, también ha devastado los cultivos de café. García, que está débil por el hambre crónica, afirma: “Me pagarán 4 dólares diarios, pero si recojo menos de 46 kg, no me pagarán”.

Traducido por Emma Reverter

Kumar y su esposa cenaban en su casa de Gujarat en el norte de India. Sin esperarlo, comenzaron a llover piedras contra las ventanas. Kumar, de 24 años, dice que mientras se ponía a cubierto alcanzó a ver un coche que se iba. En el parachoques llevaba una pegatina del BJP, el partido nacionalista hindú que gobierna India.

Un par de meses después, la pareja regresaba en moto a casa de noche. Venían de un pueblo cercano en el que habían hecho campaña a favor del Congreso Nacional Indio, principal rival del BJP en las elecciones generales que se celebrarán el año que viene. Cuatro hombres a los que Kumar reconoció como partidarios del BJP bloquearon la carretera frente a ellos. Los esquivó, perdió el control y se cayó. Le pegaron tal paliza que no pudo caminar en 10 días. Quiso denunciar, pero cuando llegó a la comisaría un grupo de miembros del BJP le impidieron entrar.

Poco después, un pariente le contó que lo estaban buscando de nuevo. Kumar y su mujer decidieron dejar el país. Kumar dice que temía por su vida, quien pidió no citar su nombre completo para proteger a sus familiares en India. “Pensé que iban a matarme”.

No pasó mucho tiempo antes de que ambos embarcaran en un avión rumbo a México. El número de personas de India que hacen lo mismo con la intención de pedir asilo en Estados Unidos no deja de aumentar. Los indios son la nacionalidad más representada entre los detenidos en la frontera sur de EEUU que no vienen de Centroamérica. Su cifra sólo es superada por la de latinoamericanos. En 2018, último año con cifras disponibles, fueron detenidos casi 9.000 indios. Una década antes esa cifra fue de sólo 77.

Cuando atraviesan medio mundo para llegar a Estados Unidos se enfrentan los mismos peligros que otros migrantes. Violación, robo e incluso asesinato. Una niña sij de seis años murió cruzando el desierto de Arizona a mediados de junio del año pasado. Una vez que llegan a su destino no disminuyen los riesgos. Cinco solicitantes de asilo indios llevan más de 90 días en huelga de hambre en protesta por su detención en un centro del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) en Luisiana. Dos de ellos ya han sido obligados a ingerir alimentos.

Uno ha dicho a The Guardian que dejó India después de recibir amenazas por parte de los nacionalistas hindúes por convertirse al cristianismo. “Nunca he cometido un delito. Nunca he estado en la cárcel”, ha explicado.

En octubre, las autoridades migratorias mexicanas deportaron a 311 ciudadanos indios, la mayoría de Punjab –estado más norteño del país– en lo que se ha considerado una repatriación “sin precedentes”.

Son muchos los motivos que llevan a migrar. Muchos abogados especialistas en casos de inmigración ante las autoridades de Estados Unidos creen que el incremento del número de personas de India está vinculado con el ascenso del BJP y la violencia sectaria que está inspirando. Deepak Ahluwalia, uno de esos abogados, cree que “si uno tiene en cuenta cuando comenzó este repunte [de la violencia], nace del momento en que el BJP llega al poder”.

Desde que Narendra Modi se convirtió en Primer Ministro, las turbas de nacionalistas hindúes han campado a sus anchas. Al menos el 90% de los crímenes de odio religiosos de la década pasada se registran desde que Modi asumió el poder según Factchecker.in, una plataforma india que sigue el tema. Las víctimas suelen ser musulmanes, miembros de las castas más bajas y otras minorías. Se han denunciado conversiones forzadas, palizas mortales y linchamientos. Grupos extremistas han atacado a personas a las que acusan de robar o matar vacas, sagradas para los hindúes. Esas turbas hindúes han asesinado al menos a 44 personas entre mayo de 2015 y diciembre de 2018 según un informe reciente de Human Rights Watch.

La policía no ha investigado con diligencia, mucho menos ha perseguido a los responsables de tales hechos. Los líderes nacionalistas hindúes han llegado a defender los ataques. La Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional ha denunciado “el apoyo y la incitación a la violencia colectiva contra las minorías religiosas”, según un informe publicado en abril.

En diciembre, el parlamento indio aprobó una controvertida ley de ciudadanía que muchos consideran abiertamente discriminatoria contra los musulmanes. Las protestas han sido importantes y se han sucedido a lo largo de todo el país. Su aprobación no es más que la última de una serie de ataques contra los musulmanes por parte del gobierno Modi. Ha habido miles de detenciones de musulmanes en Cachemira y en el noroeste del país se ha desatado una reforma legal sobre la ciudadanía que podría dejar a millones de personas, la mayoría musulmanas, en situación de apátridas.

Algunos investigadores creen que lo que sucede con los migrantes indios que tratan de llegar a Estados Unidos tiene una motivación más económica. Tayyab Mahmud, profesor de derecho en la Universidad de Seattle que ha testificado como experto en casos de asilo de ciudadanos indios cree que “la visión de conjunto no es una de persecución sino de migración económica”. John Lawit, abogado especializado en derecho migratorio explica que la mayor parte de sus clientes son campesinos Sij que han perdido sus tierras debido a las grandes empresas agrícolas.

Pero otros abogados que han representado a solicitantes de asilo indios dicen que han visto casos de violencia en razón de cuestiones identitarias, ya sea el cristianismo, el islam, la identidad de género o la pertenencia a una casa determinada.

Harjinder Singh, un solicitante de asilo de Punjab ha explicado que el viaje desde India a Estados Unidos es demasiado caro para quienes migran por motivos económicos. En su caso, dice que dejó Punjab porque recibió una paliza de miembros del BJP por ser miembro del partido Sij: “Aquí sólo llegan quienes tienen los 40.000 dólares para pagarse el viaje”.

Los solicitantes de asilo indios suelen temer que si se quedan en su país, aunque sea lejos de su lugar de origen, pueden sufrir violencia por parte de turbas. Las entrevistas con los migrantes sugieren que muchos han elegido viajar a Estados Unidos porque ya tienen familia o amigos viviendo en el país. Algunos migrantes indios vuelan a Europa y de allí a México. Otros van directamente a Centroamérica o más al sur y se suman a la ruta migrante que atraviesa México.

La mayoría de los indios, como Kumar, cruzan la frontera cerca de Caléxico, en el desierto californiano. Los coyotes los dejan cerca del muro fronterizo, no demasiado alto en ese lugar, y les dicen que salten y caminen. Así lo relata Eduardo Jacobo, portavoz de la patrulla fronteriza de El Centro, a la que pertenece Calexico. Ninguno de los agentes habla Punjabi ni Hindi, explica Jacobo. Hasta que logran un intérprete, se comunican con gestos. “Los coyotes siempre los llevan a los mismos lugares. Siempre parecen asustados y perdidos”.

Traducido por Alberto Arce

Unos 200 migrantes hondureños, entre los que hay hombres, mujeres y niños, han partido este martes por la noche en una caravana hacia el sector de Corinto, punto fronterizo con Guatemala, como parte de una movilización masiva que en principio estaba anunciada para el miércoles. El destino final es Estados Unidos, a donde quieren migrar por la falta de empleo y la inseguridad que continúa viviéndose en el país.

La ausencia de liderazgo al frente de la organización de la caravana ha propiciado que esta se desdoble en dos puntos fronterizos con Guatemala. El primer grupo ha decidido ir por el sector de Corinto (caribeño departamento de Cortés) tras no alcanzar un acuerdo con otro grupo que se mantiene firme en iniciar la ruta mañana vía Agua Caliente (departamento occidental de Ocotepeque).

La concentración de las centenares de personas, procedentes de varias regiones de Honduras, ha sido como en otras cuatro caravanas que salieron entre octubre de 2018 y abril de 2019, en una central de autobuses interurbano en el extremo sur de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras. En la central de autobuses continuaban esta noche unas 500 personas, muchos de ellos niños acompañados por sus padres.

Rechazo a politizar la caravana

Antes de que el primer grupo saliera hubo manifestaciones de rechazo contra el exdiputado Bartolo Fuentes, del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya.

Mientras algunos de los migrantes le exigían a Bartolo que se retirara de la caravana y no les acompañará porque no quieren politizar la movilización masiva, el exdiputado acusó a uno de los participantes de ser “coyote” o traficante de personas. “Él es un coyote, no puede ir en la caravana”, arengaba Fuentes rodeado de muchos de los migrantes, algunos de ellos insistiendo en irse por Agua Caliente y otros por Corinto.

Una de la migrantes, procedente de Villa Nueva, Cortés, ha dicho a Efe que pedirá las personas que encuentren en el recorrido hacia la frontera con Guatemala que les ayuden con coches para niños, pañales, ropa y alguna comida porque “son pobres y necesitan ayuda”.

Organismos de derechos humanos, representantes de las Naciones Unidas y de iglesias, entre otros, están acompañando a la caravana, a la que nadie convocó oficialmente, sino que se hizo una convocatoria general a través de redes sociales.

Desde la primera caravana, de octubre de 2018, las autoridades hondureñas han difundido campañas con llamamientos a no viajar de manera irregular por el peligro que implica por las bandas criminales y traficantes de personas. Estados Unidos reitera el mensaje, además, de que no les concederá asilo y de que, por el hecho de que viajar con niños, no les permitirán ingresar a ese país.

Miles de migrantes hondureños, entre 100 y 150 diarios, según organismos de derechos humanos, abandonan su país con destino a Estados Unidos desde hace muchos años, pero en octubre de 2018 sorprendieron al hacerlo en caravanas, aunque muchos no pudieron pasar de México y fueron deportados. 

El 15 de octubre de 2018, Alberto Pradilla (Pamplona, 1983) empezó su cobertura de la caravana migrante en la frontera de Guatemala y México con una pequeña mochila negra, una libreta y escasas prendas de ropa. En el puente que separa Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, empezó a escuchar a algunos de los miles de “hombres y mujeres con sus hijos a hombros que clamaban, desesperados”, que permitiesen su paso: “Jóvenes que, de puro hastío, se lanzan al Suchiate para cruzar irregularmente al otro lado”, relataba en su primera crónica enviada a Plaza Pública.

Con esa pequeña mochila negra y poco más, caminó junto a la caravana migrante durante un mes y medio hasta su llegada a Tijuana, la parada previa a su destino final (EEUU). Alberto Pradilla contó el fenómeno migratorio con la cercanía propia de ser testigo desde dentro, aproximándonos a la realidad de cada jornada a través de numerosas crónicas y reportajes publicados en distintos medios, entre ellos Plaza Pública, Público, Gara y 5W. Por ese trabajo, Alberto Pradilla acaba de ser galardonado en la primera edición de los Premios Desalambre, con los que eldiario.es reconoce el trabajo periodístico con enfoque de derechos humanos y especializado en migraciones.

Además, Pradilla acaba de publicar el libro Caravana: Cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad (Debate 2019, México), su segunda obra tras el ensayo El judío errado (Txalaparta 2010).

Tras varios años cubriendo la actualidad política desde Madrid y Euskadi, en 2017 Pradilla se mudó a Guatemala, país en el que trabajó de manera irregular, resalta en distintas ocasiones para describir la paradoja que marca las políticas fronterizas. En la actualidad, trabaja en México en el medio Animal Político.

¿Por qué decidió escribir este relato y contar la caravana desde dentro?

Es la historia de un momento en concreto, no es una historia que refleje los flujos migratorios ni actuales ni anteriores. Es un momento que dudo mucho que se pueda repetir. Escribir un libro me parece imprescindible. Algunos consiguieron su objetivo y llegaron a Estados Unidos, y creo que tenía que haber constancia de ello. Luego, aquellos que quieren justificar la criminalización de los migrantes reescriben la historia. Vivimos en un mundo en el que cada vez hay mayor hostilidad y mayor presión hacia la migración.

¿De dónde venía el interés de los países centroamericanos por frenar la caravana?

No creo que se frene. Lo que se frena en las fronteras es a los migrantes pobres. Es a quienes se ataca, se detiene, se encierra y se deporta, porque no tienen un montón de dinero para pagar a polleros [traficantes] ni a las redes corruptas que siguen funcionando a todo trapo.

La caravana supuso la visibilización de un drama. Esa visibilidad le dio protección al grupo de migrantes, pero por otra parte también proporcionó las imágenes que Donald Trump quería para hablar de invasión y promover ese discurso racista.

Entonces, ¿cuál es el interés de los gobiernos? Por parte de Estados Unidos, promover ese discurso racista. La dinámica política de Trump se sustenta básicamente en ese rechazo al inmigrante. Trump ha conseguido chantajear y presionar a todos los países; tanto a México, para que sea el muro de EEUU, como a los países de Centroamérica.

¿Por qué, aunque se intenten imponer, los países centroamericanos acaban cediendo frente a Estados Unidos?

Centroamérica ha sido el patio trasero de Estados Unidos, que ha operado en esa zona para imponer golpes de Estado como los de Honduras o Guatemala, para financiar ejércitos criminales, como el de El Salvador, o apoyar en Nicaragua la contra (grupos insurgentes). No podemos obviar que el éxodo centroamericano tiene mucho que ver con la injerencia de Estados Unidos a lo largo de décadas.

Muchas veces se considera a Trump como el presidente con las políticas migratorias más restrictivas y feroces, pero Obama es el que acumula el mayor número de deportaciones desde EEUU.

Yo creo que ahora estamos viendo políticas que no se habían puesto en práctica hasta ahora y que son políticas criminales. La devolución de solicitantes de asilo a lugares peligrosísimos, como Nuevo Laredo (México) como Matamoros (México), incluso como Tijuana (México), es otra política criminal.

En temas de inmigración, ¿los medios de comunicación se dedican a poner en el centro de la diana a los presidentes de derechas, y se les consiente menos que a los gobiernos de izquierdas?

Sí, es algo que le pasa mucho a México. López Obrador, que su lema era “primero los pobres”, no se cumplió, y habría que añadir, sí, primero los pobres, siempre y cuando no seas centroamericano, porque entonces lo primero que van a hacer es detenerte y deportarte.

Habrá que comparar posteriormente las cifras de detenciones y deportaciones de López Obrador, que es el primer presidente que se presenta como abiertamente de izquierdas, con Peña Nieto o con Calderón o con Fox; es decir, ahí tendremos una radiografía real de hasta qué punto el Gobierno mexicano se ha plegado a los intereses de Estados Unidos y, en este caso, de Trump.

¿Conoce algún modelo migratorio que funcione?

La verdad es que no. Por desgracia el modelo de contención, detención y deportación que existe aquí en México, sucede en Turquía, sucede en Marruecos. Aceptamos a los migrantes que son blancos, ricos y que tienen dinero. Yo he estado dos años trabajando de forma ilegal en Guatemala, tenía dinero, yo estaba como turista y no tenía permiso de trabajo, y a mí, sin embargo, no me ha puesto a nadie ningún problema. Si yo hubiese sido un hondureño, ¿habría tenido tantas facilidades?

Teniendo en cuenta que EEUU pudo instrumentalizar la caravana para lanzar mensajes xenófobos, ¿la considera un fracaso?

Pues depende. Creo que la caravana sirvió para visibilizar algo que normalmente estaba entre las sombras. Parece que la sociedad quiere que el migrante viva en las sombras, no queremos que el migrante reivindique. Joder, todo el mundo serio se conmovió con el éxodo de Centroamérica y sin embargo, un año después, las políticas han sido más regresivas, más violentas, más de persecución, y echamos la culpa a la caravana, pero realmente es que la violencia sigue en Guatemala, en México, en Honduras.

¿La caravana marcó un antes y un después en las migraciones y la actitud de la gente hacia ellas?

La caravana mostró lo mejor y lo peor que puede mostrar. Hubo xenofobia, pero también se nos olvida que hubo muchísimo apoyo. En Chiapas, Oaxaca, Veracruz, que son estados de México muy humildes, la gente salía a la calle a darles cobijo y algo de comida. Me parece que esa actitud es la vacuna perfecta contra el Trump que todos llevamos dentro.

“Ayúdenme”, grita con desesperación una mujer centroamericana que, entre lágrimas, tira del brazo de su hijo pequeño mientras un agente de migración de México le agarra del otro brazo para introducir al niño por la fuerza en una furgoneta. “Véngase”, le dice. El menor llora y reclama su chancleta, que ha perdido durante el forcejeo. A empujones, un agente de la Policía Federal mexicana trata de meter en otro vehículo a otra migrante que se resiste. Un joven corre a toda velocidad para evitar que un policía y un funcionario del Instituto Nacional de Migración le atrapen. Finalmente, es detenido.

Son algunas de las escenas que dejó la redada contra la última caravana migrante que atraviesa México con destino a EEUU que tuvo lugar el pasado lunes. Cientos de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador se encontraban caminando en Pijijiapán, en el estado mexicano de Chiapas y fueron sorprendidos por la Policía Federal y agentes de migración, que arrestaron a 371 personas.

Las autoridades mexicanas usaron la fuerza también contra los niños, que fueron obligados a detener su camino y a subirse a varias furgonetas, pese a su negativa y sus llantos. Tras presenciar estas detenciones, algunos migrantes cogieron piedras y palos para evitar correr la misma suerte.

El giro del Gobierno en política migratoria

Desde la primera caravana de 7.000 personas que partió el pasado 13 de octubre desde la localidad hondureña de San Pedro Sula (todavía no había tomado posesión Andrés Manuel López Obrador), no había ocurrido nunca un operativo de tal envergadura contra su trayecto en territorio mexicano. Sí que hubo redadas a pequeña escala, sobre todo, en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la Policía Municipal recorría las calles y detenía aleatoriamente a los migrantes, a quienes acusaba de portar o consumir drogas o alcohol en la vía pública.

Más allá de estos arrestos selectivos, el anterior presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, permitió circular libremente a la primera caravana migrante. La Policía Federal llegó a conseguir transporte durante el camino de la caravana y custodiar los camiones en los que viajaban.

Cuando López Obrador alcanzó la presidencia del país el pasado diciembre, dio un paso más allá y otorgó una visa humanitaria a más de 12.000 migrantes que se sumaron a la nueva caravana que partió el pasado 14 de enero desde San Pedro Sula, con el objetivo de que pudieran residir y trabajar en México por un año. Miles de centroamericanos pernoctaron durante días en el puente Rodolfo Robles, que separa Guatemala y México, a la espera del trámite para conseguir ese documento, que les permitía circular libremente hasta la frontera de EEUU sin el riesgo de ser detenidas. Muchas de ellas no lo lograron, ya que López Obrador puso fin a esta iniciativa el 28 de enero.

Desde entonces, la administración mexicana ha dado un giro de 180 grados en su estrategia migratoria, cediendo a las presiones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha acusado a México de no hacer nada para frenar la migración y ha amenazado con cerrar la frontera sur, algo que finalmente no se ha concretado.

El Gobierno mexicano ha suspendido temporalmente desde el pasado 15 de marzo las operaciones de la Oficina de Trámites de Regulación Migratoria en Tapachula (Chiapas) dejando en un limbo a miles de migrantes, entre ellos, 1.000 personas de nacionalidad cubana, que pretendían solicitar un permiso para transitar libremente por el país.

El Ejecutivo mexicano también ha comenzado a deportar a migrantes de Honduras de la nueva caravana, tal como hizo el pasado 13 de abril al enviar en avión a 217 personas de ese país a San Pedro Sula al estar “en condición de estancia irregular en México”. La mayoría eran familias que viajaban con menores de edad.

Organizaciones de derechos humanos mexicanas han criticado el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Ha habido una reacción del Estado muy violenta que no esperábamos con este gobierno”, ha dicho Salva Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en declaraciones a la Agencia Efe.

En una de las paradas de la primera caravana migrante, los integrantes durmieron en el Parque Central de Huixtla (Chiapas). En esta última, denominada 'Caravana Madre', fueron desalojados de ese lugar y obligadas a dormir en condiciones de hacinamiento en un minúsculo campo de baloncesto a las afueras de este municipio, que carece de cualquier servicio básico, como baños, duchas o servicios médicos.

Carla Bodine aseguraba tener “miedo a la deportación” hace una semana, a su paso por Huitxla. La mujer se marchó el pasado 10 de abril de Honduras junto a su hija de 16 años y sus dos hijos gemelos de año y medio. “Vamos al río a hacer nuestras necesidades”, explicaba Bodine, quien explicaba que antes de llegar a Huixtla, “la migración [los agentes] nos quería agarrar, pero logramos escondernos”. Pese al endurecimiento del control migratorio, confiaba en entrar en EEUU para reencontrarse con su hermano en Nueva York. “Mucha gente de la primera caravana lo logró y así vamos a entrar nosotros”, remarca.

“Evitar que sean víctimas de los coyotes”

Además de caminar decenas de kilómetros cada día bajo un intenso sol y sin comer apenas, las personas que migran juntas en la caravana se enfrentan a ser detenidas por el camino. López Obrador asegura que su intención es “cuidarlas y, para eso, se les pide un registro para saber de dónde son y tener sus datos generales, sobre todo, en el caso de familias con niños”.

El presidente justificó el operativo que se saldó con casi 400 arrestados para evitar que sean víctimas de los 'coyotes' que trafican con las personas que se dirigen a EEUU. “No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad, ya que en otros tiempos hemos tenido asesinatos de migrantes en el norte y no queremos eso”, afirmó en una rueda de prensa un día después de la redada.

Pese a que las imágenes muestran empujones y agarrones a las personas migrantes que fueron detenidas, incluidos a menores de edad, el mandatario recalcó que las fuerzas habían “actuado con mucho respeto a los derechos humanos de los migrantes y lo vamos a seguir haciendo”, por lo que tildó de “incidente” lo ocurrido en Pijijiapán.

Asimismo, Lopez Obrador lanzó el mensaje a Trump de que va a seguir habiendo migrantes, debido a las “circunstancias de pobreza y abandono que existen en Honduras, Guatemala y El Salvador”, por lo que dijo que este problema “no se resuelve con deportaciones”. Por ello, instó al Gobierno de EEUU a que con urgencia “apoye el desarrollo en los países de Centroamérica con recursos económicos para impulsar proyectos productivos que creen empleo y atemperar así el problema migratorio”. “Tenemos que buscar la solución sin pelearnos con el Gobierno de EEUU y protegiendo a los migrantes, que tienen derecho a vivir libres de miseria”, concluyó.

Este discurso choca con las reiteradas amenazas de Trump de recortar los 450 millones de dólares de ayuda económica que destina anualmente a los países de Centroamérica como castigo por no frenar el flujo migratorio, empujado por el hambre, la miseria y la violencia.

A sus 24 años, Esther Bonilla salió de la ciudad hondureña de El Progreso con sus hijos de tres y seis años. “No quiero volver a mi país. Temo por la vida de mis hijos y, por eso ando aquí arriesgando la vida de ellos. Me duele mucho porque duermen mal, comen mal y el viaje es muy duro”, aduce. Critica que el Gobierno de Juan Orlando Hernández “es un desastre, porque allí somos muchas personas pobres y ni nos voltean a ver”. Augura que, a este paso, “con tanta pobreza, algún día se va a vaciar Honduras”.

Pese a que, en un principio, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, había advertido de que en esta última caravana iban a llegar 20.000 migrantes, ahora reconoce que no han alcanzado tales cifras. Según sus datos, finalmente han recibido seis caravanas de unas 2000 personas cada una. Sánchez ha incidido en que el Gobierno mexicano pretende brindar atención humanitaria a los migrantes, primero les pidió que “respeten nuestras leyes y nuestras autoridades y acepten su registro en el Instituto Nacional de Migración”, uno de los argumentos con los que justificó las detenciones del pasado 22 de abril.

“En Honduras, a las mayores de 30 no nos contratan”

El Gobierno de México trata de satisfacer las exigencias de Trump intentando que se reduzca la cifra de migrantes que pretenden llegar a ese país. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, espera que el Congreso apruebe pronto la ampliación de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo a las personas de Honduras y El Salvador, sumándose así a las de Guatemala y Belice que ya gozan de este derecho. Este documento les permite entrar y salir del país para trabajar en las localidades situadas en la frontera con Guatemala, al sur.

Una de las potenciales beneficiarias puede ser Iris Lorena Fonseca Pérez, de Santa Bárbara (Honduras), quien viaja en la nueva caravana, pero su intención no es llegar a Estados Unidos, sino quedarse en Puebla (México), donde va a intentar “luchar” para ayudar a sus cinco hijos, que se quedaron en su país. “Tengo 45 años y soy licenciada en Enfermería, pero en Honduras está bien crítico el trabajo, ya que a las mujeres mayores de 30 años no nos dan un empleo. Solo quieren jóvenes”, lamenta.

Llegar a EEUU

María Suyapa Murillo, de 42 años, procede de San Salvador. Su meta es llegar a California para trabajar “de lo que caiga”, con el fin de “sacar adelante” a sus tres hijos, que siguen en su país. Tras separarse de su pareja porque “no era responsable en el hogar y mucho menos de sus hijos”, Suyapa explica que tuvo que hacerse cargo de ellos sola, pero la falta de empleo la empujó a sumarse a esta caravana que no esperaba que fuese “tan dura”.

En los tres primeros meses del año, según la secretaria de Gobernación, han transitado por México “cerca de 300.000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los EEUU”, mientras que en el último mes han sido deportadas 15.000. La mayoría, como María, abandonaron sus lugares de origen en busca de un futuro mejor alejado de la violencia y la pobreza que asolan Guatemala, Honduras y El Salvador. Buena parte del PIB de estos tres países depende de las remesas de las personas migrantes que viven en EEUU y que gracias a precarios trabajos, envían a sus familias cientos de dólares mensuales para que puedan salir adelante.

Rosa Pineda es una de las migrantes que lograron llegar a EEUU en la primera caravana junto a su hija de 17 y su hijo de 12 años. Ahora se encuentra en Minessota, en casa de una estadounidense que los acogió, según explica por teléfono a eldiario.es. Ahora está pendiente de una cita judicial programada para el próximo 20 de mayo en la que solicitará no ser deportada, así como un permiso de trabajo, como le ha recomendado su abogada.

Descarta pedir asilo teniendo en cuenta que “solo lo están dando a aquellas personas que demuestren con pruebas que su vida corre peligro si regresan a su país”. De momento, y a la espera de saber si será o no deportada, Pineda asegura orgullosa que su hijo ha recibido varios reconocimientos en la escuela por ser un alumno ejemplar.